Cámara de Diputados - Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo - 22 de abril de 2025

Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión: confirmaciones para la sesión de hoy del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, señor José Pérez, quien concurre junto a los representantes, señor Francisco Bustamante y Paul Lalluel, para tratar temas...

Respecto de la situación que afecta a funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor, se menciona lo siguiente: Oficio número 8954 de la Ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, y número 6630 de la Seremi de Salud de Atacama, en respuesta a oficios número 181 y 182 de esta comisión, acerca del establecimiento de la Casa de la Empanada de la Comuna de Caldera. Oficio número 20.359 del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual se comunica que la Cámara acordó remitir el proyecto de ley que modifica la Ley 20.060 para incorporar el derecho a la información sobre seguridad alimentaria y sobre la presentación de aditivos dañinos para la salud en los alimentos, de boletín 17.496, y que será despachado por la Comisión de Salud. Boletín número 101 de la Biblioteca del Congreso Nacional, referido a la coyuntura económica nacional y escenario internacional. Reemplazo para la sesión de hoy: – Del diputado señor Roberto Arroyo al diputado señor Gonzalo La Carrera. – Del diputado señor Cristian Moreira al diputado señor Joaquín Lavín. Pareo para la sesión de hoy: – De la diputada señora Sofía Cid y del diputado señor Alejandro Bernales. – Además, hay otro pareo del diputado Barrera con el diputado Eduardo Durán. Finalmente, se presenta el informe del presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, señor Camilo Guzmán, sobre riesgo sistémico en la agricultura global y su impacto en la seguridad alimentaria de Chile. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se abre la palabra respecto de la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. ¿Varios? No hay palabras. ------------------------------------------------------------ Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: Recibir por diez minutos al Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el señor José Pérez, quien expondrá sobre la situación que aqueja a las y los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). El señor Pérez concurre junto a los representantes, señor Francisco Bustamante y Paul Launi. Se ofrece la palabra a don José, y se menciona: “Si quisiera, quizás lo pueden acompañar.” Los invitados vienen en camino. Se comenta, entre interrupciones: “Ok, tienen que esperar … este sistema moderno y enredado. Ahí está, perdón, lo puse.” Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio de saludar a los integrantes de esta comisión. Aprovechamos también para saludar la gestión de la coordinación administrativa de la Secretaría, que históricamente ha atendido a la ANEF y, por supuesto, a las abogadas y abogados presentes, quienes han asumido un rol estratégico de acompañamiento de esta función pública, lo cual deseo destacar. Efectivamente, estamos acá y concurrimos no solo para relatar la preocupación, sino también para ocuparnos de dos aspectos centrales que se relacionan con la razón de ser del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC): – Ocuparnos de las consumidoras y consumidores de nuestro país. – Estar disponibles para acompañar aquellos procesos que hemos tenido que vivir por tercera vez – la primera vez este año, pero ya la tercera en los últimos dos años – me refiero al corte de energía eléctrica del 26 de febrero. Por costumbre y por responsabilidad pública, nosotros no únicamente planteamos los temas corporativos, sino que también destacamos el rol sociopolítico de identificar y atender las necesidades urgentes de la ciudadanía. Somos, además, usuarios y usuarias afectados por este corte. Debo ser responsable en lo que voy a decir. Efectivamente, se ha configurado un dispositivo, que se actuó de forma más orientada hacia las empresas que hacia las consumidoras y los consumidores. Este dispositivo fue creado, entendemos, sin el conocimiento del director, Juan Gaya Herrera, y por la ex jefa de gabinete y el ex jefe de comunicaciones, sin haber escuchado al equipo técnico del SERNAC. Esto es más que una denuncia, es una alerta de que esto no puede volverse a repetir. Lo expongo, señor presidente, por su intermedio, para alertar que dicho dispositivo, que tenía un nombre – se llamaba Pagón – lo decíamos técnicamente: no tenía ningún fundamento, solo presentaba la característica de que…

Las empresas no recibieron tantos reclamos de las y los usuarios de nuestro país. Sin embargo, para nosotros esa omisión y ese nivel de gravedad tienen un alto impacto, por lo que nos ocupamos y orientamos la tarea de presentar esta observación junto con la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, en la que fueron nombrados Francisco Bustamante, presidente, y Pablo Líez, secretario. Hablamos de este tema con el director del servicio una vez que llegó a su feriado legal, ya que el impacto fue notorio y de público conocimiento: se registraron pérdidas de vidas, daños en equipos eléctricos, deterioro de enseres, afectaciones en los alimentos y desplazamientos en algunas ciudades, como ocurrió en Santiago, donde se evidenció el caso de personas que, volviendo a su trabajo, caminaron durante 10 horas. No podía ser que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentara una característica de omisión y de blindaje, cuando las empresas—sobre todo las distribuidoras de energía en los tres niveles—tienen la obligación de rendir cuentas. Nosotros no pretendemos antagonizar a las empresas, pero sí es necesario que rindan cuentas de manera pública, informando a la ciudadanía cuáles son aquellos factores evitables cuando hay vidas en juego. Este tema está muy vinculado al quehacer de las y los funcionarios del SERNAC, quienes desempeñan un rol estratégico y se encuentran disponibles para ejercer una función de obligación pública preventiva. Es importante resaltar, presidente, que, por evidente que resulte, este aspecto es central en el ejercicio de la función pública. No pretendemos anticiparnos frente a situaciones de este tipo; no tenemos control sobre las empresas, pero sí el compromiso de acompañar los reclamos y atender a la ciudadanía. Existe, además, un punto débil que abordamos con el director. Durante una misión, de forma muy franca, se evidenció el desconocimiento en cuanto al acompañamiento técnico que los profesionales, con el conocimiento adecuado, deberían brindar para apoyar a la ciudadanía frente a los cortes de energía. De igual forma, en temas relacionados con la usura en créditos y contratos, hay un equipo humano encargado de crear dispositivos de acompañamiento inmediato para los usuarios, dispositivo que lamentablemente se omitió en el caso del 26 de febrero del presente año. Cuando se debilita la credibilidad y la confianza en el trabajo de estos profesionales, nosotros, como ANEF, no podemos permanecer en silencio. Queremos dejar constancia de este llamado de atención, no como una crítica destructiva, sino como una alerta proactiva que enfatiza la obligación de que la función pública no se limite a crear dispositivos internos por empresa. Las propias empresas cuentan con mecanismos para responder, investigar y canalizar las respuestas de los consumidores; sin embargo, el ente público, representado por el Senado, debe estar plenamente disponible para cumplir el rol que establece la ley, la cual se ha fortalecido y ha recibido su apoyo desde este recinto. Adicionalmente, es preciso señalar que hubo mucha demora y dilación. Lo conversamos a comienzos de marzo con el director y fue necesario dialogar con el ministro de Economía y la subsecretaria de Economía para que esto derivase en una intervención más política, dado que era evidente que la ciudadanía iba a reclamar. No podíamos quedarnos como meros observadores pasivos ante una situación que afectó a todo el territorio nacional, evidenciada en el corte de energía. Afortunadamente, el ministro Grau y la subsecretaria actuaron con prontitud, lo que subraya otro aspecto relevante. Disponemos de un formato de diálogo social con todos los gobiernos y, en particular, con el actual, mediante un protocolo de trabajo basado en un diseño sindical que establece temas de interés común; se trata de un acto de confianza suscrito tanto por las autoridades como por la organización sindical de los servicios.

Para orientarse a la tarea de definir cuáles son los temas subsistemas en materia de desarrollo laboral, de crisis financiera, de falta de fiscalización, de habitabilidad del espacio laboral, de condiciones de mejoramiento económico, etc., pero pensando siempre en atender mejor a la ciudadanía. Y eso se enmarca en la crisis que vivimos en el periodo estival, lo cual ya he señalado anteriormente para no repetirlo. Entonces, hoy día queremos reafirmar que estamos disponibles para validar ese protocolo, ya que hemos garantizado, como lo hace ANEF, lo que quedó demostrado por el testimonio de nuestros compañeros, quienes se encontraban con una demora involuntaria. Muchas gracias. También pueden comentar algunos pormenores desde el interior del SERNAC, sin que ello constituya una valoración negativa, sino que reconoce que esta situación, de mucha gravedad, tiene un impacto en la gestión pública. Y como a nosotros nos corresponde, a quienes abrazamos la educación pública y realizamos una buena ejecución de las políticas públicas, era pertinente poner en conocimiento de esta comisión –de la cual usted es presidente–, para dejar claros los aspectos ocurridos el 26 de febrero, hechos que no son menores y que aún están pendientes de respuesta para la ciudadanía en todo el territorio nacional. Por supuesto, se vincula este trabajo con un protocolo formal suscrito por la organización sindical, en el que participan el presidente, Francisco, y Paul, con garantía de la Mesa. Así se conversa, mirando al futuro, para contribuir a que nunca más se desconozca el equipo técnico y profesional, que conoce su trabajo y los dispositivos reales, y para acompañar a los consumidores y consumidoras en nuestro país, de modo que no se sientan solos, sino respaldados en el rol estratégico de la Función Pública del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite, pueden complementar nuestros compañeros aquí presentes, que son dirigentes sindicales de este importante servicio al consumidor. En este espacio me encuentro, por supuesto, disponible para responder consultas o comentarios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don José. Le damos ahora la palabra al Presidente de la Asociación de Funcionales del SEMAC, el señor Francisco Bustamante. Hola, muchas gracias, señor presidente, por intermediar. Primeramente, agradezco la oportunidad de exponer ante usted la problemática institucional que estamos viviendo como servicio. En segundo lugar, agradezco al señor ministro Nicolás Drauz, ya que cumplió su palabra y, en una semana, designó a una persona para intervenir en la institución en el rol de subdirector nacional, el señor Matías Carrasco. Hemos sostenido un par de reuniones con él y con el enviado del ministro, para avanzar en la problemática que enfrentamos como funcionarios. El principal problema que experimentamos como institución es la desconfianza que existe entre los funcionarios hacia la imagen del Director Nacional. Esto se debe no solo a la carta que le hicimos llegar, sino también a la gestión externa. Como bien indicó el presidente, se han suscitado diversas intervenciones desafortunadas por parte de la administración. La pieza central fue el famoso caso del “apagón”, en el que el Director Nacional hacía uso de su expediente legal y las personas encargadas de la institución implementaron una nueva estrategia que ningún funcionario conocía, lo que ha generado considerables incomodidades y sanciones. En primer lugar, realizaré un pequeño análisis sobre lo sucedido en el caso del apagón. Se llamó a los consumidores a realizar sus reclamos ante SERNAC, se inventó un proveedor inexistente y, por consiguiente, se mintió a la ciudadanía. Una vez ingresado el reclamo, el servicio enviaba una carta en la que se detallaban todas las etapas a llevar a cabo. Muchas gracias.

Situación que no se cumplió. Se habla de 18 días hábiles una vez que ingresa el reclamo y se hace la gestión ante el proveedor. 18 días hábiles de tramitación y asunto que no se cumplió. En la carta también se informa que el Senado recibe reclamos y lo informará a la empresa, cosa que a la fecha todavía no se hace. Hemos tenido, a propósito de los apagones, el año pasado también hubo un apagón en el mes de mayo, en el que el gobernador, señor Orriego, en conjunto con una asociación de consumidores, ingresó una demanda. Y esto está tipificado en la Ley del Consumidor, en el artículo 54H, en el inciso tercero, que dice textualmente: “El servicio no podrá iniciar este procedimiento una vez que se hayan ejercido acciones colectivas respecto de los mismos hechos y mientras ésta se encuentre pendiente.” Esto se relaciona con un PBC que inició el servicio con las empresas eléctricas. Asimismo, una vez iniciado el procedimiento, ni el servicio ni quienes se encuentren legitimados para ello, de conformidad a esta ley, podrán ejercer acciones para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores respecto de los mismos hechos, mientras el procedimiento se encuentre en trámite de acción. Es decir, el director nacional nuevamente no cumplió la ley porque abrió el procedimiento voluntario y colectivo, pese a que ya sabía, o debía saber —ya que fue de conocimiento público— que las asociaciones de consumidores se habían reunido con el gobernador metropolitano para iniciar demandas colectivas. Esto fue en mayo del 2024. Todavía estas acciones se encuentran en juicio. Nos parece grave porque no hubo el relacionamiento con las otras autoridades, sobre todo con el gobernador de una región, ni con las asociaciones de consumidores. También, a propósito de ese mismo caso, en un PBC se está negociando por montos menores a los que indica la ley. Estos montos están detallados también en la ley, como se establece en el artículo 25A de la Ley del Consumidor: en los casos de suspensión para la paralización o prestación injustificada de uno de los servicios señalados en el inciso segundo del artículo 25, el proveedor deberá indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado por cada día sin suministro, con un monto equivalente a 10 veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior a la respectiva suspensión, paralización o prestación del servicio. Dicho monto deberá descontarse del siguiente estado de cuenta. Se negoció con las empresas un monto menor, lo que significa que los consumidores reciben menos indemnización de la que les corresponde. Por lo tanto, el director está actuando fuera del marco legal que rige el servicio. Y esto pasó también con los cortes de luz. Como yo les decía un momento atrás, el ministro envió a una persona; estábamos negociando con ella. Hemos tenido tres reuniones ya desde que llegó para abordar los temas rápidamente, como ha sido la Ley de Maltrato por la Ley Karim. El día de ayer ya se le notificó a los denunciantes que se rechazó la vista fiscal para seguir haciendo un par de acciones respecto al tema. También tenemos, dentro de los temas, el teletrabajo, en el cual, increíblemente, somos uno de los pioneros que postulamos en el año 2018-2019. Hicimos el trabajo, la pega completa para tener el teletrabajo y, a la fecha, no logramos colocar en práctica el pilotaje del artículo 67. Son las grandes premisas que estamos trabajando en estos minutos y, sin contar los cambios estructurales que estamos sufriendo como institución. Gracias. Permiso. Sí, tiene la palabra don Polo. Muchas gracias, señor presidente, diputadas, diputados de esta comisión. En verdad, para nosotros como Asociación de Funcionarios, el grave problema que nos suscita este conflicto que tenemos hoy día radica, así como dijo el presidente de la asociación, en tres...

Factores principales. Uno, en el daño a la imagen del servicio. Como todos ustedes saben, la confianza en el SERNAC es altísima por parte de las y los consumidores del país y, sin embargo, esta situación pone en peligro dicha imagen. En segundo lugar, se pone en riesgo la función pública de las y los trabajadores, porque esto daña no solamente la imagen, sino también la forma en que las y los consumidores perciben a los funcionarios, pensando que, en vez de estar al servicio de ellos y cumplir el mandato legal, nos dedicamos a hacer negocios bajo cuerda. Y en tercer lugar, por cierto, se afecta la fe pública. Los consumidores que acuden al SERNAC son ciudadanos de los sectores más vulnerables del país. No es común que gente que compre un Tesla o un Mercedes Benz acuda a reclamar; se trata de personas de comunas con menos recursos, gente vulnerable, lo que nosotros hemos definido como hipervulnerables, que no cuentan con un sistema de equilibrio en el mercado, en el comercio electrónico o en el comercio financiero. Entonces, lo sucedido no solo daña, sino que además vulnera una cuestión que se siente profundamente en el seno de la función pública: el trabajo al que nos dedicamos día a día, por el que llegamos contentos y orgullosos, hoy se ve menospreciado por un terrible error que afecta también a las y los trabajadores. El clima generado en esta última administración, especialmente con el Director Nacional, ha dañado gravemente el ambiente laboral. En menos de un año, cerca de 80 funcionarios renunciaron, no por motivos económicos, sino simplemente porque el ambiente laboral ya no era sostenible. Estas situaciones son las que queremos exponer y, por ello, solicitamos sus buenos oficios, señor Presidente, para que, por su intermedio, se actúe ante todos los integrantes de la comisión; no se trata únicamente de resolver la situación a través del enviado y del personero que designó el ministro—con quienes efectivamente estamos negociando y buscando alternativas y caminos de solución a los problemas detectados—sino también de reconocer que la gestión del actual Director Nacional ha dañado gravemente la imagen y la función pública del SERNAC. Muchas gracias, Don Paul. ¿Se abre la palabra? Si no hay más comentarios, quisiera expresar que indudablemente es fundamental mantener un buen clima laboral y poder atender a los llamados de nuestros sindicatos y organizaciones de trabajadores. En ese sentido, destaca el rol del sindicato propiamente tal, la Asociación de Funcionarios del SERNAC, y la labor que está desempeñando Néstor Lanez, lo cual es importante y relevante. Quizás podríamos oficiar al Servicio Nacional del Consumidor para que informe cómo han sido abordadas las denuncias internas que se han presentado. ¿Están de acuerdo? Señor Presidente, ¿existe algún documento con las denuncias para precisar, dado lo amplio del tema? ¿O algún documento con la decisión respecto a dichas denuncias? Diputado Barrera: Sí, señor Presidente. Comparto que es necesario oficiar para obtener respuestas sobre todas estas denuncias. Sin embargo, lo que expuso el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) cuando inició el procedimiento relativo al tema del corte es algo grave, ya que el Director nos presentó hace dos semanas una versión completamente distinta. Yo salí convencido con lo que me dijo el Director y le creí. Recuerdo que se utilizó el ejemplo de la colusión en los casos de “confort”, explicando que la gente no podía demandar al fabricante directamente porque el producto se vendía a través de un intermediario, y que, para evitar esas situaciones, se implementó un procedimiento nuevo para hacer más efectiva la denuncia. Eso fue lo que entendí y por lo que quedé convencido; sin embargo, aquí se escucha otra versión.

Distinta, y creo que eso también hay que preguntarlo porque no estaba en la minuta. O sea, en la minuta se habla de otros aspectos, como los plazos, pero del procedimiento también hay que preguntarlo, ya que aquí se expone algo completamente distinto y que, además, fue manifestado en la Comisión, lo recuerdo porque yo estaba presidiendo accidentalmente ese día. Gracias, presidente, y por su intermedio, diputado Boris Barrera. Nosotros, junto con los compañeros sindicalistas, nos comprometemos a complementar esta información y a precisar también el punto focal de lo que para nosotros es central. Lo que está ocurriendo y lo ocurrido no es menor, porque aún no se ha respondido a una solicitud ciudadana. Y lo que señala el diputado, por su intermedio, presidente, es, obviamente, un blindaje para las empresas, para decirlo de manera correcta y responsable. Esto concuerda con lo expuesto en esta síntesis, que, si bien no recoge todas las derivadas, resume el malestar y la desconfianza que generan los equipos técnicos y profesionales, quienes conocen cuáles son los verdaderos dispositivos cuando debemos responder como Estado frente a estos apagones o por la falta de diligencia de las empresas. Además, tiene que ver con otras connotaciones, como se mencionó anteriormente en la presentación del presidente de la Organización Sindical. Y quizás, presidente, para el cierre, nuestros compañeros también puedan aportar algo en esa línea. Presidente, ¿y? Sí, tiene la palabra don Fondo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, complementando aquello, el grave problema es que la sensación que se instala en la opinión pública es que el servicio no está cumpliendo su mandato legal, no está actuando en favor de las demandas ciudadanas. Nosotros siempre recordamos, brevemente, la anécdota de que, cuando fue la crisis asiática, se empezaron a cobrar gastos de cobranza de manera arbitraria por distintos acreedores y se tuvo que legislar. En este caso, efectivamente, el problema lo tiene la transmisora y no la distribuidora, pero hemos constatado que existe un vacío legal: los afectados por la situación, las y los consumidores, no pueden demandar a la distribuidora, ya que ésta alegará no tener vínculo con la transmisora. Sin embargo, nosotros, como institución, tenemos la obligación de detectar estas falencias en la legislación y promover proyectos de ley que permitan solucionarlas, porque no podemos esperar que la gente electrodependiente, los pequeños comerciantes o quienes perdieron su alimento queden sin indemnización. Asimismo, se ha generado un conflicto que, por la gestión de la actual dirección, afecta las relaciones entre las asociaciones de consumidores, organizaciones de la sociedad civil que permiten a los consumidores accionar sin depender exclusivamente de una decisión política o de un mandato legal. Fortalecer el mercado también significa fortalecer a los consumidores, ya que somos nosotros quienes gastamos nuestra plata cada día. Desde el pancito en la mañana con el té en el cebollito estamos tomando decisiones de consumo. Y cuando debemos tomar decisiones de consumo de mayor envergadura, necesitamos estar protegidos, informados y contar con una educación para el consumo que nos permita ser ciudadanos consumidores responsables de nuestras acciones. Eso, presidente, muchas gracias. La Comisión, entonces, ¿estamos de acuerdo para que oficiemos respecto de esto, de modo que el SERNAC pueda relacionar estos antecedentes con los que complementan la asociación de funcionarios del SINAG y la NEP? Sí, con los antecedentes presentados. ¿Acordado? Acordado. Muchas gracias por su presencia y por tener siempre abiertas las puertas para recibirlos en esta Comisión. Bien. Procedamos, en relación a la orden del día, a comenzar la discusión general de los siguientes proyectos de ley iniciados en mociones. Para los proyectos números uno y dos de la tabla se invita a exponer las y los diputados autores de la iniciativa legal. Se encuentra a cargo la exposición de los diputados: señor Jorge Guzmán, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calixto, Christian Matheson, Víctor Pino, Hotuiti Teao y Francisco Undurraga; y de las diputadas: señora Ana María Bravo, Sofía Cid y Flor Weisse, que proponen modificar la ley N°20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura, según consta en el boletín N°17163-03.

Está presente el diputado Guzmán, acompañado de la señora Paola Coronado, quien es madre del joven Diego Álvarez Albornoz, disculpe, Albornoz Coronado, y a quien, a propósito de este caso, se inspira este proyecto de ley que lidera el diputado Guzmán. Se le da la palabra al diputado para que exponga respecto a los alcances de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Saludo a toda la comisión; muchos de sus miembros también son autores de esta iniciativa. Agradezco, señor presidente, a la comisión por haber adoptado el acuerdo de poner este proyecto en tabla. Se trata de un proyecto ingresado desde hace algún tiempo, pero, dada la alta carga de trabajo de la comisión, entendíamos que se pondría en tabla cerca del mes de marzo; por ello, agradecemos que se haya realizado. Al mismo tiempo, quiero adelantar que entendemos que este es un problema que requiere solución, motivo por el cual hemos sostenido conversaciones con el ministro de Economía, con la subsecretaria de Turismo y con Senatur, ya que no pretendemos tener todas las respuestas, sino encontrar, en conjunto y con los parlamentarios de esta comisión, una solución al problema planteado. Dicho eso, señor presidente, solicito se le dé la palabra a Paola Coronado, mamá de Diego Albornoz Coronado, un joven que perdió la vida haciendo turismo aventura en Chile. Por haber conversado con ella y conocer su experiencia, nace esta iniciativa legal que busca dar solución a un problema que enfrentamos en nuestro país. Señor presidente, si me autoriza, le entrego la palabra a doña Paola. Buenas tardes, señores diputados y diputadas. Como ya escucharon, mi nombre es Paola. Soy madre de Diego Sebastián, quien el 21 de febrero de 2024 falleció en un salto en Benji, en San José de Maipo. Nosotros somos de Talca y viajamos como turistas a San José de Maipo, donde nos encontramos con mucha publicidad de deporte aventura. Llegamos a un lugar que exhibía una gigantografía de más de 6 metros, con un portón abierto y anuncios publicitarios, y allí se contrató un servicio de salto en Benji, al que mis dos hijos iban a lanzarse, además de un servicio de dron. Mi hijo quiso lanzarse antes que su hermana y antes que otra persona que se encontraba en el lugar. Había un instructor, o mejor, un pseudo instructor, que lanzó a mi hijo y le colocó el arnés de manera inadecuada. Mi hijo falleció por asfixia posicional cervical externa; el arnés lo ahorcó durante más de 30 minutos y el instructor fue incapaz de prestarle ayuda porque no tenía conocimientos de rescate. Mi hijo perdió la vida frente a mis ojos y a los de su hermana. Yo no pude ayudarlo; perdí al hombre de mi vida. Me enloquecí, pero también transformé este dolor en lucha, ya que, paradójicamente, mi hijo había realizado una tesis. Estudiaba Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule y entregó su tesis el 9 de enero, un mes antes de fallecer, en la que dejó estipuladas todas las falencias existentes en el turismo: la falta de coordinación entre entidades gubernamentales, que Senatur no actúa como fiscalizador sino como promotor, y que la informalidad llena este país de personas.

Personas que creen tener conocimientos y no los tienen, que juegan con la vida de las personas. Porque mi hijo fue víctima de un empresario turístico que, hasta el día de hoy, sigue ejerciendo en el sector. Cuatro meses después del fallecimiento de mi hijo, este empresario se alternó sus apellidos y creó una nueva razón social dedicada al turismo, sin que yo pudiera hacer nada contra ello, pues en Chile no existe ningún sistema que proteja a los turistas. Muchos me podrán decir que mi hijo practicó el turismo aventura. Es verdad, pero no nos hagamos los ciegos: el turismo aventura se practica aquí en Chile. De hecho, en octubre de este año se realizará una cumbre mundial de turismo aventura, en donde se evidencia que no existen normativas, legislación ni fiscalización. El lugar donde mi hijo se lanzó estaba abierto con publicidad y no contaba con un permiso vigente. Sus registros en SERNATUR desde el 2016 no aparecían como vigentes, pero resulta que en la página de SERNATUR todavía figura Mundo Dínamo. ¿Qué significa eso? Que lo que mi hijo dejó estipulado en su tesis era cierto: las entidades gubernamentales no están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué me impulsé? Porque quise transformar mi dolor en un homenaje a mi hijo, un ser maravilloso, un joven de 23 años, dirigente estudiantil, jugador de rugby y gran amigo. Después de pasar por una gran tragedia, decidí canalizar mi dolor en honrarlo y luchar por el cambio, porque eso era lo que mi hijo soñaba: aportar a esta sociedad, justo como lo demostró con sus estudios. Entonces, ¿a quién le toca luchar por esto? A mí. Por eso alcé la voz y he tocado muchas puertas, señores diputados. Gestioné que, después de seis meses, los letreros de publicidad fueran retirados de San José, tras enviar numerosas cartas y presentarme ante un consejo municipal para indicarle al alcalde que esa publicidad no había sido removida. Además, el dueño del recinto, hace más de un mes, quiso reabrir el local y SERNATUR nos dio la respuesta de que no tiene injerencia para prohibir su funcionamiento. Por ello, necesitamos normativas severas y legislar de manera efectiva. El turismo aventura se practica en Chile. Discúlpenme, señores diputados, por lo que voy a decir, pero, a lo mejor, si esto le hubiese pasado a uno de ustedes, las cosas hubiesen sido distintas. A mí me tocó perder al hombre de mi vida, pero no me voy a cansar de luchar, y agradezco a todos los que nos están apoyando. Esta no es una causa exclusiva de una persona, es una causa transversal, un problema de país. Somos seis veces elegidos como el mejor país turístico mundial, ¿y dónde está la seguridad y la calidad que entregamos en el turismo? Debemos darle mayor injerencia a SERNATUR y a la Subsecretaría. Ahora tengo mucho conocimiento de turismo; he aprendido y, gracias a Dios, me he rodeado de gente que me ha ayudado en este camino.