Del presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud. Se trata de un proyecto iniciado en moción de varios diputados que, además, regula el cultivo y uso personal adulto de cannabis, e incorpora mediante modificación de la Ley 20.060 el derecho a la información sobre seguridad alimentaria y sobre la presencia de aditivos dañinos para la salud en los alimentos.
Se reciben dos oficios de la Ministra de Salud que responden a solicitudes de esta Comisión. En uno se informa el estado de respuesta al oficio 447, relativo a los motivos de una eventual despriorización del virus de la inmunodeficiencia humana (del lugar 82 al 87) para incorporarlo a las garantías GES; y en otro se informa sobre el número actualizado de especialidades médicas existentes en cada una de las regiones del país.
Asimismo, se tienen dos oficios de la Subsecretaría de Educación: uno responde a la Comisión e informa sobre la situación que afectó a un estudiante de medicina en la Universidad de la Frontera, y otro comunica la carta remitida por la vocera y Secretaria General de la Fundación, doctor Avicena. Se recibe, además, un oficio del Director de Salud Metropolitano Norte, mediante el cual se informa a la Comisión sobre los fundamentos y motivos del oficio remitido al subsecretario de Redes Asistenciales, en el que se solicitaría la postergación del proyecto de hospital de la zona norte y el traspaso de fondos para 2025.
Se presentan 11 oficios que dan cumplimiento a la información requerida por la Ley de Presupuestos en relación al primer trimestre del año 2025; un reclamo de un particular por estar bloqueado por el sistema de salud con NASA; una denuncia de un particular por acoso laboral en contra del director de Servicio de Salud Atacama; y una denuncia de un particular sobre irregularidades respecto al comportamiento de FONASA e IPS, relacionados con descuentos aplicados al monto de su jubilación y a la PGU. Además, se recibe una carta de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Salud dirigida a UNFUSIS.
En relación a la discusión del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud en el marco de la ley 21.674, se solicita que se dé lectura al mismo; no obstante, el texto se encuentra disponible en la cuenta, por lo que se puede acceder a él para su lectura. Asimismo, se comunica una nota que informa sobre el pareo acordado entre la diputada Ana María Gazmuri y el diputado Andrés Sely para la sesión de hoy, y se informa el reemplazo de la diputada Bravo por el diputado Felipe Donoso.
Eso es todo. Muchas gracias. Quisiera ofrecer la palabra, sobre la cuenta, a los miembros de la Comisión.
No, no hay ningún comentario sobre la cuenta. Bueno, sí, agradecer también a la ministra de Salud que haya contestado los oficios. Todavía hay algunos pendientes, creo que es súper importante poder dar respuesta, así que valoramos mucho que nos estén llegando esos oficios, que los vamos a hacer también llegar la respuesta a quienes trabajaron con nosotros para la solicitud.
Bueno, voy a dar… perdón, doctor Rosa, diputado Rosa, ah, espérenme. Sobre la cuenta, presidenta, en relación al primer oficio y respecto de la modificación del libro quinto, entiendo que es un tema que está acordado por parte del Ministerio para seguir adelante la tramitación. Estamos preocupados, junto a todas las agrupaciones y colegios profesionales que han sido parte de este proceso desde el año 2020. Yo presenté el primer proyecto, que es uno de los refundidos, y celebro que se esté dando pie, pero me gustaría saber si vamos a tener dentro de este mes o el próximo ya la vista de este proyecto, que está ahora con suma urgencia.
Muchas gracias, presidenta. Sí, vamos a, sí, diputado Rosa, vamos a optimizar el tiempo. De hecho, ya acordamos hacer una reunión extraordinaria el lunes a las 3 de la tarde acá para poder ir sacando rápido lo que tenemos pendiente y tomar el Código Sanitario, dándole todo el empuje para que, a ver, en este período salga. Ya van tres períodos que está acá en el Congreso del Código Sanitario, así que comprendo perfectamente. Yo, como voy a dar solamente 15 minutos máximo para varios, voy a darle la palabra a… es que se la voy a dar primero, perdón, doctor Pando. Tenemos una invitada que viene a manifestar un problema de su distrito. Ella no es de la comisión; la diputada Arce me ha pedido hoy día que presente, para luego dejarla libre para el resto de sus actividades. Así que yo sé que el doctor Palma es muy caballero y no se va a enojar.
Muchas gracias, presidenta. Saludo a toda la comisión, también a la ministra y su equipo. Justamente, la semana pasada, presidenta, mi equipo se reunió con dirigentes de la FENAD, Nacional y funcionarios del Hospital de San José de Maipo, quienes nos pudieron mencionar algunas irregularidades que quiero exponer.
Es de público conocimiento que, durante la discusión del reajuste del año presupuestario 2025, se incorporó la prórroga del teletrabajo en el sector público, siendo la norma clara en indicar que es facultad del jefe de servicio otorgar el teletrabajo, beneficiando hasta en un 20% de su dotación que cumpla con ciertos requisitos, como el cuidado de niños o personas dependientes y que no afecte el funcionamiento del servicio, entre otras cosas.
En ese sentido, el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, por medio de su directora, dictó resolución número 48 con fecha 9 de enero de 2025, aplicando esta prórroga en los recintos de salud de su dependencia. Sin embargo, dicha orden no fue acatada por el Hospital de San José de Maipo, cuyo director en ese momento, siendo subrogante, fue el doctor Ricardo Urbina, quien hasta el 25 de marzo extendió la resolución número 301 que establece las condiciones para desarrollar el teletrabajo dentro del hospital.
Lo mencionado anteriormente es que se ha afectado a distintos trabajadores, quienes han visto cómo la idea de conciliación de vida familiar y trabajo no se ha cumplido por una decisión arbitraria y sin justificación del director subrogante del Hospital de San José de Maipo. Por ello, solicito el acuerdo de esta comisión para oficiar al Servicio Médico Metropolitano Suroriente, a fin de que informe lo siguiente: el nivel de avance del proceso de postulación y adjudicación de teletrabajo para el año 2025, de conformidad a lo establecido en la ley de reajuste del sector público del 2025, con especial énfasis en las resoluciones que lo ordenan. Adjudicación.
Funcionarios beneficiados y las comunicaciones con los servicios médicos referentes al proceso mencionado: todo tipo de documentos, ya sean antecedentes que den cuenta de la comunicación con el Hospital San José de Maipo respecto al proceso de postulación y adjudicación del teletrabajo para el 2025, así como las fiscalizaciones realizadas al mismo hospital por la materia indicada; y, por último, el proceso de investigación para determinar medidas disciplinarias contra este director subrogante del Hospital San José de Maipo por retrasar innecesariamente y arbitrariamente el proceso de postulación y adjudicación de teletrabajo para el año 2025. Eso quería yo comentarle, señora Presidenta, y espero que esta Comisión pueda dar la unanimidad para llevar a cabo estos oficios. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vamos a hacer el oficio; ahí me imagino una unanimidad para poder enviar ese oficio al director del Servicio de Salud Metropolitana Sur Oriente, con las consultas y con los antecedentes que espero usted nos haga llegar. Así que está todo, sigue su proceso. Adelante, diputado Palma.
Gracias, Presidenta.
Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio saludo a la Comisión, a la Ministra y a las personas que la acompañan. Tengo dos temas que pueden ser bien acotados.
El primero es que, en relación al Bono PAD que iba en beneficio de las personas que están en busca y en espera de abdominoplastía por abdominofláxido, que es la causa conocida como huatita delantal, se emitió un protocolo por parte de Ponaz para que, en el caso de abdominoplastías, se condicione el Bono PAD a que el paciente debe estar al menos dos días internado en reposo. Esto va a generar un problema, ya que las clínicas se van a resistir a realizar estos procedimientos, simplemente por falta de conveniencia económica. El Bono PAD implica que los pacientes van a pagar 1.700.000 pesos de infracción, siendo el bono total de 3 millones y medio, y yo presiento –hemos estado lo conversando con las organizaciones de PODES, particularmente– que las clínicas no van a querer tomar esta prestación. Entonces, por su intermedio, quería aprovechar que está el Ejecutivo acá y hacer las consultas; de todas maneras, voy a oficiar al respecto. Es preocupante, pues estaban extremadamente contentas las personas por el logro del Bono PAD en esta condición, pero creo que esto de alguna manera es ponerle palo en la rueda. No sé cuál es la explicación que pueda tener Ponaz al respecto.
El tema dos, Presidenta, es que en mi distrito, particularmente en la comuna de Puente Alto, hay quejas de pobladores con movilidad reducida importante, es decir, que no se pueden desplazar ni siquiera en silla de ruedas hasta los spam y no están siendo muchos de ellos vacunados. La explicación que se les ha dado es que no estarían los recursos para el reforzamiento del plan de vacuna intradomiciliario. En las circunstancias en que realicé las consultas a la subsecretaria de Salud Pública, ella me indicó que esto, por convenio, normalmente llega a hacerse a más tardar en el mes de junio, y como los alcaldes tienen conocimiento de tal situación, ponen en marcha este plan en espera de los recursos. Es inaceptable que hoy día se le diga a la gente que, por no contar con recursos, no se puede contratar personal de apoyo o financiar vehículos de desplazamiento hacia los domicilios. Puente Alto es una comuna extremadamente grande, una de las más populosas de Chile, y estoy sumamente preocupado; esta situación es muy probable que se esté repitiendo en otras comunas. Hoy oficié a la Subsecretaría para formalizar la información, pero quería ponerlo en conocimiento de esta Comisión, ya que puede ser sumamente grave si se estuviese dando en otros contextos, en otras comunas, en otros distritos.
Muchas gracias, Presidenta.
(inmediatamente después)
Gracias, diputado Palma. Bueno, me imagino que el tema de FONASA habría que revisar el protocolo, porque en el fondo… ¿Ah? No, pues, pero los protocolos clínicos –me imagino que no los hace FONASA–, pero ¿por qué FONASA dice que tiene que estar dos días hospitalizados? Ese es el cuestionamiento, ya que a lo mejor FONASA está basando su protocolo en lo que dice la sociedad, etcétera, respectiva.
Sí, Fita, no lo sé. Ministra, le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio al parlamentario y a todos los asistentes. No solamente preciso que FONASA no hace protocolos clínicos, lo que hace es preparar una canasta de costeo de las prestaciones en base justamente a lo que usted mencionaba. Creo que hay que preguntarle a FONASA con qué base se definió la canasta, que normalmente es “a lo más, no a lo menos”. Pero creo que es bueno preguntar. Esto vamos a hacerlo: vamos a oficiar al director de FONASA para pedirle cuál es la causa y si eso podrá afectar el interés de las clínicas. A mí no me parece tan seguro que afecte el interés de las clínicas un día más de hospitalización, pero puede ser. Para el primer punto, usted va a oficiar por acá, por la Comisión.
Ok, entonces, a continuación, el diputado Lagomarsino.
Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, dos puntos. El primero es solicitarle, muy gentilmente –y sé que usted lo tendrá bien en consideración– colocar en discusión y votación en particular el proyecto de ley, coloquialmente llamado GESA automático. El plazo para indicar observaciones era hasta el 11 de abril, plazo que ya se cumplió. En segundo lugar, esta semana fuimos testigos del dramático hecho en el cual una paciente, siendo atendida prehospitalariamente en una ambulancia en la comuna de Limache, fue acuchillada en el interior de la ambulancia, situación que sin duda se suma al Hospital Padre Hurtado, el hospital blindado de nuestro país, en medio de agresiones permanentes. Considero que es un tema muy sensible, que cada vez toma más fuerza y que, lamentablemente, no podemos controlar. Propongo evaluar la posibilidad de tener una sesión conjunta de las comisiones de Salud y Seguridad Ciudadana para abordar esta materia; si no somos capaces de darle la discusión y conducción necesaria, a mediano plazo tendremos aún más dificultades para atender a los sectores, sobre todo vulnerables, donde se están produciendo dichas agresiones.
Muchas gracias, Presidente.
Gracias, diputado Lagomarsino. Entonces, voy a conversar con el presidente de la Comisión de Seguridad para determinar cuál podría ser el mecanismo más adecuado. ¿Le parece, diputado Rosa?
Gracias, Presidenta. Bueno, saludo a los colegas parlamentarios, a la ministra y a los invitados. Solo quería hacer una solicitud por oficio; no me gusta usar mucho este lugar para eso, pero a veces hay que tomar la tribuna y presionar a algunos ministerios que no están dando el ancho en ciertas cosas. En el caso de la construcción de hospitales en los ríos, tenemos dos que van muy bien –Río Bueno y Los Lagos avanzan un 15% en ambas obras–, pero hay un tercero que está relacionado con un hallazgo arqueológico. Se demostró que se han trasladado hallazgos –restos antiguos, restos óseos– que no eran originarios del lugar, sino que fueron trasladados durante la labor de relleno del hospital original, hace ya más de 50 años. Lamentablemente, este proceso, en el que interviene Monumentos Nacionales (a cargo del Ministerio de Cultura), no ha respondido a la velocidad que requiere el caso, pues se reúnen con menor periodicidad de la necesaria para impulsar las obras públicas y sanitarias. Claro está que la comunidad se encuentra presa del clima electoral; hay muchos candidatos organizando marchas y actividades, cuando en realidad se trata de un tema entre privados, ya adjudicado por parte de Obras Públicas y por mandato del Ministerio de Salud. Los privados deben ejercer también su derecho a que Monumentos Nacionales otorgue la autorización para continuar con el contrato. Lamentablemente, estas cuestiones, por su complejidad, no se comunican adecuadamente.
Con esa claridad a la ciudadanía se crea una falsa inseguridad respecto al proyecto, cosa que el proyecto se va a realizar; obviamente, la empresa tiene el contrato, tiene el mandato y está construyendo dos hospitales más. Sin embargo, lamentablemente se utiliza la tardanza de Monumentos Nacionales y del Ministerio de la Cultura en responder para crear un daño a la paz y a la credibilidad de los procesos institucionales, y creo que eso tenemos que resolverlo también. Cuando hablamos del silencio administrativo que mencionábamos respecto a la permisología, de ministerios que se tardan demasiado, pienso que Monumentos Nacionales es uno de ellos, y tenemos que oficiar desde esta comisión, pues no es solo el caso del Hospital de la Unión, sino varias otras obras a lo largo del país que están retrasadas por la poca rapidez con la que responde esta institución, que aparentemente se reúne cada 90 días; eso es impensable en un país desarrollado que aspira a niveles de excelencia dentro de la OCDE. Por ello, oficiaremos para que el Ministerio de las Culturas tome la rienda del asunto y presione rápidamente para que los informes necesarios para la vigilancia arqueológica del desarrollo de la obra se generen a mayor velocidad.
Sí, son casos que se han repetido en varios hospitales, sin contar el Hospital Salvador, el cual tomó muchos años para estar listo. Además, todas las construcciones de hospitales —ya sean concesionadas, entregadas o licitadas por el MOPO— también son responsabilidad del Ministerio de Salud. Por ello, considero importante que el Ministerio de Salud desarrolle un módulo informativo para dar cuenta de la situación y "bajar plumas", ya que, como bien decía el diputado Rosa, al ser periodo electoral cualquier elemento, aunque sea justificado y razonable, es usado a favor o en contra. Por esta razón, oficiaremos para solicitar y difundir la información correspondiente.
Me voy a tomar dos minutos para un barrio, justamente a raíz del tema del Código Sanitario. Me han invitado, esta semana, me parece que es el viernes, a los colegios profesionales para un evento—a un conversatorio en el que expondré también sobre el Código Sanitario. Incluso, realizaremos algo que no se había hecho en mucho tiempo: reabriré un periodo de audiencia, ya que muchos gremios me han solicitado esta oportunidad, pues hace cinco años fueron invitados a hablar y hoy día la situación ha cambiado considerablemente.
La otra cosa, aprovechando que está la Ministra de Salud acá, quisiera decirle que he recibido cuatro o cinco cartas de trabajadores, de grupos de trabajadores, de profesionales universitarios y de las distintas áreas técnicas —ya que tantas asociaciones han surgido— manifestando que han pedido reiteradamente ser atendidos por el ministerio y no lo han sido. No sé si se trata de una percepción o de una realidad, pero quería manifestarlo, ya que, aunque no me corresponde interferir en las decisiones del Ejecutivo, sí es importante señalar el descontento y la sensación de lejanía que se percibe entre el ministerio y los trabajadores.
Cerramos con estos puntos varios. Ah, ya, se me había olvidado el diputado Romero, que llegó atrasado. Diputado Romero, adelante. Romero, es bueno para la salud, es bueno para el alma. Presidenta, salude a la Ministra y a los invitados presentes.
Quiero hacer la siguiente pregunta. Hace algunos días me han consultado, a través de distintos medios de prensa, por la campaña de inmunización. Yo quería preguntarle, con ocasión de dicha campaña, cómo va, porque lo que he visto en la prensa son cifras hasta más o menos mediados de marzo de 2020 y no he visto nada posterior. Algunas personas me han comentado que vamos bien en la inmunización de influenza, pero que no tan bien en la de COVID, la cual obviamente tiene un tema bastante polémico; mientras que la de influenza se lleva a cabo como una campaña nacional. Además, Presidenta, quisiera preguntarle a la Ministra de Salud, por su intermedio, cómo está la situación viral en Chile. Tengo entendido que se han registrado aumentos de virus respiratorios; ¿cuánto impacto está teniendo esto en la red pública y qué medidas se están tomando para evitar un posible colapso, dado que parece que este año se avecina un fuerte episodio respiratorio? Si fuera posible, que se nos ilustre cómo se está robusteciendo nuestra red pública para prevenir desenlaces fatales. Muchas gracias, diputado Romero.
Le doy la palabra a la Ministra de Salud para que pueda responder.
Muchas gracias, Presidenta. Hoy revisé un correo electrónico enviado por una agrupación a la cual contesté, ya que efectivamente, en el Ministerio tenemos una dinámica para recibir las distintas agrupaciones. Normalmente, como Ministra, me reúno con las agrupaciones nacionales y, de manera continua, mantengo coordinación a través de la Secretaría de Redes. No siempre es posible reunirse con cada establecimiento, ya que ello implicaría una agenda excesivamente extensa, por lo que la reunión se concentra en las agrupaciones nacionales. La semana pasada, por ejemplo, me reuní con agrupaciones de profesionales tras una actividad realizada en el Ministerio; aprovechamos, estando en el Congreso, para sostener una reunión en el Hospital Traumatológico con una de ellas. Posteriormente, enviamos una carta de respuesta y se definió un itinerario de trabajo, el cual ya era conocido por ellos desde el año pasado y con el que he mantenido comunicación continua mediante cartas firmadas tanto por el subsecretario como por mí, en relación al trabajo desde el punto de vista gremial.
Como ustedes saben, si bien las demandas son todas legítimas, superan las posibilidades presupuestarias con las que contamos. Por ello, cada año definimos una prioridad clara en relación a estas demandas gremiales. Para el año pasado, la prioridad número uno fue la negociación y aprobación de la asignación técnica, tarea que se realizó con el apoyo de todos ustedes. Esa asignación ya se está pagando a los técnicos en enfermería (TENS), cumpliendo un compromiso del mismo Presidente y constituyendo un trabajo que se gestó durante décadas para lograr, por primera vez en el gobierno, el reconocimiento de las carreras técnicas en el ámbito de la salud. Este avance resulta fundamental, dado que el desarrollo del país requiere también el impulso de las carreras técnicas, y no un enfoque exclusivo en la formación universitaria.
Para este año, todos los temas relacionados con el contexto de la carrera funcionaria –de interés para las agrupaciones profesionales– han sido abordados. En coordinación con la Dirección de Presupuestos, evaluamos la posibilidad de eliminar los grados más bajos de la escala y presentar esta propuesta para el presupuesto 2026, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Ese compromiso fue informado por escrito. Al mismo tiempo, las agrupaciones han continuado manifestando su interés en el tema de la carrera funcionaria, solicitándonos trabajar en una propuesta –aunque no necesariamente en forma de proyecto de ley– que actualice propuestas previas. Acordamos trabajar con el encargado de la reforma y se les iba a indicar una fecha para el inicio del trabajo; sin embargo, ellos solicitaron que la fecha fuera anticipada. En esa situación, el subsecretario se reunió con ellos y asignó una fecha para el comienzo del trabajo, fecha que posteriormente reafirmé en una reunión personal. En definitiva, mantenemos un contacto continuo con las agrupaciones.
Yo, cada vez que voy a terreno, que es prácticamente todas las semanas, recibo cartas y trato en lo posible de contestarlas cuando las recibo, porque a veces llegan a través del sistema y no me llegan directamente, a pesar de que vayan dirigidas a mi persona. Así que esa es la situación de la discusión o de las negociaciones con las agrupaciones gremiales. Nosotros también tenemos otras prioridades desde el punto de vista de recursos humanos, tenemos también los DFL de la autoridad sanitaria, de redes asistenciales y de la central de asistimiento, que son los temas que están en el prioritario para ver si podemos incorporarlo dentro del presupuesto, pero para el 2026.
Con respecto al tema de la cobertura de vacunas, agradezco la pregunta. La verdad es que nosotros este año, como hemos mencionado, adelantamos la campaña de vacunación al primero de marzo, pensando que podría haber una circulación adelantada de los virus respiratorios. Nosotros, semana a semana, estamos dando a conocer en las redes sociales la circulación de virus respiratorio; yo acabo de recibir el correo desde el Instituto de Salud Pública, con la curva de vigilancia, que indica que todavía estamos en un predominio del rinovirus. Efectivamente, la circulación de virus respiratorio comenzó adelantadamente, por lo que fue muy oportuna nuestra decisión de adelantar la vacunación al 1 de marzo.
Lo que más circula en este momento es el rinovirus, seguido por influenza A; después viene adenovirus y, en tanto, el SARS-CoV-2 está bastante más bajo, ya que el brote está bajando. Si ustedes tienen la oportunidad de mirar, nosotros vamos a reproducir la curva viral en las redes sociales. Se observa claramente un ascenso, el cual comenzó justo la semana después de que iniciáramos la campaña de vacunación, siempre liderada por el rinovirus, que es el virus del resfriado común. Este virus lo empezamos a vigilar recién el año pasado; antes no lo observábamos. Por lo tanto, cuando se compara con otros años, no se aprecia la sombra de ese virus, lo que nos permite tener una visión mayor del virus del resfrío, el cual, en algunos casos, se complica y tiene una circulación mucho más extendida que otros virus con una circulación estacional más puntual, como es el caso de la influenza, cuyos brotes normalmente duran de 6 a 8 semanas y luego pasan, aunque a veces se produce un rebrote en primavera. El rinovirus tiene una presencia más sostenida a lo largo del tiempo.
Recordar que en esa inmunización estamos incorporando, por segundo año, el anticuerpo monoclonal para el virus respiratorio sincicial, el cual ya se incorporó en el presupuesto del Programa Nacional de Inmunizaciones. Nosotros estamos haciendo una inversión de 100 millones de dólares en productos biológicos para la inmunización; es la inversión más grande que se realiza en relación al tamaño poblacional de esta región, y se ha traducido en muy buenos resultados en el invierno pasado, lo que esperamos se refleje también en este invierno en cuanto a la morbilidad de los niños pequeños.
En cuanto a la cantidad de vacunas aplicadas, ya superamos los 5.300.000 dosis. Incluso hay un video de don Francisco en el que se cuenta el cómputo de cuántas vacunas se pusieron hasta el viernes. Ese número, de 5.300.000, respalda la campaña de vacunación, lo que representa alrededor del 50% de la cobertura; estamos bastante adelantados en comparación con otros años, ya que partimos adelantados con la vacunación. Ha habido un gran esfuerzo comunicacional y un amplio despliegue de la subsecretaría y de los distintos ministros, quienes se vacunaron en la Plaza de la Constitución, junto a un puesto instalado para ello. También se ha trabajado considerablemente con los municipios y las clínicas, a las cuales se les enviaron vacunas a los vacunatorios acreditados por el Programa Nacional de Inmunizaciones, de manera que se realizó la vacunación durante los fines de semana en las distintas regiones del país, con actividades en todas ellas.
Ciertamente, como usted menciona, en el caso del COVID-19 la vacunación está cercana al millón de dosis, cifra mucho menor, ya que en distintos países —y nosotros no escapamos a ello— existe una dificultad mayor para vacunar contra el COVID-19, ahora que la circulación del virus no está en aumento y el pico de transmisión ha pasado. Sin embargo, nos interesa que todas las personas con factores de riesgo se inmunicen, y seguimos siendo uno de los países de la región, e incluso del mundo, que más ha avanzado en la inmunización contra el COVID-19, a pesar de todas las dificultades que ello implica.
Muchas gracias, ministra, por la información. ¿Alguna duda? Diputado Romero, es su pregunta, ¿no? Vaya a vacunarse. Se vacunó, de veras, pues yo estaba con él.
A mí me vacunaron por los dos brazos. Ya, bueno, es importante hacer llamadas a vacunar. Yo creo que nosotros mismos de la comisión deberíamos abogar. Bueno, vamos al punto: respecto de las audiencias por parte de la ministra, me alegro de que se haya planteado el formato y la participación de las organizaciones nacionales, porque a veces se produce un abuso por parte –sobre todo de las agrupaciones que están acá en la Quinta Región–, lo hemos conversado varias veces. Quería recordarle que la gente del SAMO nacional desea reunirse con usted y que se le dé una respuesta desde hace más de un mes.
Y lo otro es felicitar al equipo por el despliegue comunicacional en la vacunación, pues alcanzar los 5 millones y medio de vacunados a esta altura, considerando que el año pasado se vacunaron 9 millones y medio para la influenza y entendiendo lo ocurrido en Europa, es un mérito muy grande. Espero que todos sigamos vaciándonos, que estamos todos vacunados en los dos brazos, para evitar las complicaciones que ya sufrió el hemisferio norte.
Muchas gracias, diputado Rosa.
Bueno, damos por cerrado el asunto varios. No, ya se acabó el asunto. Yo creo que se planteó que en el Ministerio había una negativa a recibir a los gremios. Me acaba de escribir la dirigente de Confedeplus para decirme que está confirmada la cita con la señora ministra el día 28 de abril, lo cual se agradece; es importante decirlo. Yo también le mandé la carta al subsecretario, en realidad, para no recargar a la ministra, ya que muchas cosas podría hacer también el subsecretario.
Así, vamos a partir entonces con la orden del día. Continuamos la discusión del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas indicadas en el boletín número 17.397-11. Se invita a presentar, en un plazo de 10 minutos, al señor Patricio Fernández, ex superintendente de salud, y al señor Javier Fuenzalida, presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, participando junto al fiscal, señor Juan Pablo Pómez.
Bienvenidos; partimos entonces con el señor Patricio Fernández, quien ya ha estado varias veces acá en la casa, así que adelante. Miembros de la comisión, a la señora ministra, al señor superintendente de salud y a sus asesores, y al señor presidente ejecutivo de la sesión.
En honor al tiempo, traje una presentación que se las entregarán después, pero me voy a demorar mucho, por lo que prefiero ir al contenido hablando directamente.
A ver, primero destaco que este proyecto de ley tiene varios aspectos positivos en relación a los requerimientos que se presentan cuando uno interactúa con la Superintendencia. Se observaba que existían problemas, sobre todo en la Intendencia de Prestadores, y hay algunos reparos que uno podría señalar o, incluso, propuestas de mejora, como evaluar la necesidad de que esta Intendencia de Prestadores actúe como juez árbitro. Yo le tengo un poco de miedo a duplicar la estructura, pues actualmente, si mal no recuerdo, la Intendencia de Fondos cuenta con más de 60 abogados, y quizás se necesitarían los mismos 60 para la Intendencia de Prestadores.
Una experiencia previa que hay que evaluar es cómo hacer que el sistema de reclamos sea más amigable para las personas. ¿Por qué lo digo? Porque se presenta con frecuencia que, cuando una persona sufre algún problema de maltrato –o lo que sea– con una clínica o un prestador, reclaman a la Superintendencia de Salud, pero muchas veces no saben si lo están haciendo ante la de Fondos o la de Prestadores. En ocasiones, se les indica que “no, yo soy incompetente, esto va para Fondos”, y muchos reclamos quedan en el límite.
Asimismo, existe la situación, por ejemplo, en el caso de la ley de urgencia, en la que una persona ingresa un reclamo ante la Intendencia de Fondos y otro ante la Intendencia de Prestadores para efectos del condicionamiento de la atención. Esos son puntos en los que se debe tener especial cuidado para que eso no ocurra y se multiplique. Otro cuello de botella que tiende a surgir es que, si ampliamos la facultad de la Intendencia de Prestadores, lo más probable es que los reclamos…
También se aumenta en el sentido de que es el cuello de botella que puede suponer la segunda instancia ante el Superintendente de Salud. Hoy día, eso existe y es innegable, y hay que resolverlo.
Me parece que la inteligencia artificial o elementos de modernización deberían superar la estructura de hace 10 o 20 años, en la que simplemente se otorgan más facultades o se recurre al arbitraje. Hago presente ese punto.
En relación a la fiscalía, se podría evaluar si realmente se requieren dos áreas de reclamo; quizás podríamos ser más eficientes contando con un solo tribunal que funcione de esa manera, sin multiplicar el gasto fiscal.
En materia del Consejo Asesor de la Superintendencia de Salud, estoy en desacuerdo. Siempre he pensado que no es necesario que el Estado sea tan pesado. Considero que la figura de un ente descentralizado, con una persona elegida—ya sea por alteración pública o por designación del Presidente—estaría en condiciones de liderar la institución sin necesidad de un consejo consultivo, pues cuenta con las herramientas para hacerlo. Dicho esto, y considerando que las comisiones de reforma proponen un cambio en la estructura de gobernanza, se debe tener especial cuidado con los puntos en los cuales se plantea que dicho consejo tenga injerencia, en especial en temas como la aprobación de la cuenta pública (la cual obedece a la gestión del año anterior) y en aspectos relacionados con el personal y la capacitación. Además, sería importante analizar por qué no se optó por un nombramiento con participación del Congreso, ya que la alteración pública tampoco ha garantizado excelencia absoluta ni rapidez en los nombramientos.
Me parece positivo lo que se busca con la ley de derechos del paciente, pero no logro entender el afán por limitar excesivamente los plazos. Es decir, si realizo un requerimiento al prestador y este no responde, dispongo de períodos muy acotados para reclamar, cuando en general los plazos de prescripción son de 5 años, tal como reconoce la Contraloría.
Con respecto a la implementación de facultades regulatorias a la Intendencia de Prestadores, estoy de acuerdo en principio, pero es necesario tener especial cuidado con la dispersión normativa. Podríamos estar sometidos a criterios variables, lo que derivaría en la emisión de instrucciones circulares y un afán regulatorio que provoque problemas interpretativos para los propios prestadores, pudiendo dar lugar a judicialización, recursos de protección y reclamaciones. Limitar claramente el alcance de dicha facultad resulta correcto, pero actualmente está planteado de manera muy vaga.
En materia de responsabilidad de los funcionarios públicos o de los directivos de establecimientos, la idea es acertada; sin embargo, no queda claro cómo se materializará en la práctica, dado que la estructura actual sigue siendo dependiente del ente rector, que es el Ministerio de Salud. Por ello, para asegurar que esta facultad se efectúe, se podría no solo solicitar la instrucción de un sumario, sino también informar a la Contraloría, que según su ley orgánica posee las facultades necesarias para ello.
En materia de acondicionamiento de la atención, existe un problema evidente al analizar la cantidad de multas y sanciones impuestas a los prestadores institucionales, lo que se refleja también en los juicios civiles por cobros. Las formas en que los prestadores pueden apegarse a la ley y garantizar ciertos cobros sin incurrir en abusos resultan cada vez más complicadas. Es necesario revisar este aspecto, ya que, aunque actualmente no se puede condicionar la atención, algunas disposiciones legales han perdido su aplicación práctica. Por ejemplo, el pagaré ha dejado de tener eficacia, al igual que el registro de datos de una tarjeta de crédito—prácticamente obsoleto en contextos como el de un hotel—y el certificado de un empleador. Se debe analizar el condicionamiento de la atención para garantizar tanto el derecho del prestador institucional a cobrar lo que le corresponde como el derecho de la persona a no ver condicionada su atención por razones económicas.
En materia de la Superintendencia de Salud, la intendencia de…
Fondo de Salud resuelve los reclamos a través de un criterio que se denomina prudencia y equidad. Eso le ha permitido ir construyendo cierta jurisprudencia, resolviendo situaciones más allá incluso de lo que el propio texto de la ley establece. Ojo, no son las mismas materias las que están sometiéndose al conocimiento de la Intendencia de Prestadores; por lo tanto, hay que evaluar muy bien si ese concepto de prudencia y equidad es o no aplicable efectivamente a la Intendencia de Prestadores, y vuelvo a plantear el tema de hacer más eficiente el sistema de reclamo. Creo que sería importante, quizá, establecer alguna instancia de coordinación con la Seremi de Salud. Nos pasaba mucho que la Seremi, efectivamente, tiene un ámbito normativo de fiscalización, por lo que sería bueno que en la ley se estableciera esa debida coordinación con la Superintendencia.
En materia de hechos y deberes del paciente, creo que hay que darle una vuelta también al tema de la oportunidad, considerando cómo está la lista de espera y el tema de las propias garantías de oportunidad establecida, porque en la práctica se observa un porcentaje importante de reclamos por temas de oportunidad de atención. El problema es que, al igual que ocurre en los tribunales, las personas que reclaman aparentemente tienen la posibilidad de saltar la fila en comparación con quienes están en lista de espera. Esto hay que tratar de evitarlo y normalizarlo, objetivando mucho más el proceso para que no se convierta en reclamo.
Yo diría que esos aspectos, además de otros que quizá quisiera plantear, como la posible creación de un ente centralizado para la fiscalización, requieren atención. Me parece que hay poco rol de la Intendencia de Fondos en este contexto; la Intendencia de Fondos también podría contribuir en el tema del GES, y quizás todos los funcionarios —o gran parte de ellos— de la propia Superintendencia de Salud pudieran estar capacitados para ejercer funciones de fiscalización. Durante la pandemia, se contaba con apenas cinco o seis fiscalizadores, lo que evidenciaba las limitaciones de la entidad fiscalizadora. Por ello, se podría considerar que muchos más funcionarios actúen indistintamente en funciones de Intendencia de Fondos e Intendencia de Prestadores, evitando la duplicidad de estructuras.
Eso lo expongo en términos generales, con los diez minutos que me he excedido; si requieren más detalles o una opinión por artículo, más adelante me lo pueden solicitar en un informe escrito. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, don Patricio, procederemos a hacer una ronda de preguntas; escucharemos las dos intervenciones y, posteriormente, se le dará la palabra al Superintendente si lo requiere, y a los diputados para que realicen las preguntas pertinentes. Así que le doy la palabra, con mucho gusto, a don Javier Juan Salinas.
Muchas gracias, presidenta. Saludo también a los diputados y agradezco sinceramente la invitación. Hemos venido varias veces a esta comisión con estos temas, y siempre valoramos que nos hayan convocado, especialmente en un punto que nos afecta directamente. Me acompaña Juan Pablo Gómez, nuestro fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Chile con 40 años de experiencia en Derecho Procesal. Él formará parte de la presentación que acompaña mi intervención. Trataré de ser muy sucinto, aunque dejaré una minuta a los diputados con todos los antecedentes, ya que estos son los titulares que observamos y contamos con más datos que se plasmarán.
Brevemente, expongo que nosotros atendemos 49 clínicas en Chile, en las cuales se atienden aproximadamente 10,8 millones de personas al año, se registran 2,1 millones de días cama, 450 mil intervenciones quirúrgicas, 3 millones de atenciones, casi 80 millones de exámenes, y trabajan 210 mil personas directas en el sector privado de prestadores. Es el sector que representamos y siempre menciono ese mismo número, pues es importante que quede establecido en la comisión. Durante la pandemia, aportamos cerca del 40% de las camas críticas, lo que formaliza que somos parte integral del modelo de salud chileno. En ese marco, hemos estado siempre alineados con el Ministerio; la ministra ha hablado de las vacunas y nosotros formamos parte del programa de vacunación desde su inicio, en esa misma línea.
Nuestro rol, en el contexto y sobre este proyecto particular, valorado en beneficio de los pacientes, es el siguiente: valoramos los esfuerzos orientados a mejorar la salud de las personas y, aunque tenemos observaciones que presentaremos respecto del proyecto, somos los fiscalizados y no estamos en contra de la fiscalización. Creemos, en la práctica, que es importante establecer una nueva institucionalidad y fortalecer la existente.