Sesión. La señora secretaria entonces hará lectura a la cuenta.
Presidente, hay un reemplazo para la sesión del día de hoy. El diputado señor Cuello va a reemplazar a la diputada Jael Diomen.
Igualmente, existe una excusa de la ministra de Salud, la señora Ximena Aguilera Sanhueza, por contar con agenda anticipada respecto al horario de la comisión; sin embargo, hace presente y está conectada. Señala, si fuere necesario responder, a la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, la señora Camila Silva Oliverio.
Asimismo, el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, será representado en esta sesión por don Pablo Jolquiera, subjefe del Departamento de Estudios de la DIPRES.
Posteriormente, se ha recibido un oficio en el que, además, el Presidente de la República ha colocado urgencia suma al despacho de proyectos presentado hoy en tabla, el cual promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial.
La subsecretaria de Justicia responde, en orden, a dar a conocer el estado de implementación del nuevo servicio de reinserción social particular juvenil, en particular el grado de cumplimiento de los compromisos pactados con los funcionarios del Sename.
En materia de traspasos, hay un oficio extenso en el que se exponen todos los antecedentes, los cuales se refieren a la consulta sobre la implementación, la votación general, los puros títulos, la jefatura, el servicio, la infraestructura, la oferta programática, el modo de intervención y otros aspectos. Todos estos antecedentes están en la cuenta del día de hoy y se subirán, ya que originalmente venían en un documento compacto.
Por último, se ha recibido un oficio del Instituto de Salud Pública que incluye el informe de gestión del año 2024, con resultados en materia de bioequivalencia y certificación de buenas prácticas de manufactura.
Certificación de calidad de los medicamentos, resolución de la demanda de exámenes de histocompatibilidad y considerar más los resultados 2024 y desafíos 2025 de metas y compromisos relevantes de la gestión institucional. También se lo puedo mandar por correo.
Por último, la Contraloría General de la República ha hecho llegar un informe que ha señalado, como reservado, respecto de los gastos que deben informar a la Contraloría, distintos personajes como el Presidente de la República, Subsecretaria de Interior, Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros de Chile, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Ejército de Chile, Policía e Investigaciones y Ministerio de Defensa Nacional.
Como ha pedido que sea reservado, no puedo hablar con usted, Presidente; tampoco se sube, y si ustedes quieren saber el contenido, tiene que acordarse una sesión secreta para que se lo haga conocer.
En relación a ese informe, si alguien quiere conocer, como decía la secretaria del contenido, sobre los gastos específicos que realizan algunas instituciones del Estado – gastos reservados, el Presidente y las instituciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros y, en general, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la nación – podríamos fijar el inicio de una sesión para poder leerlo. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces nos organizamos para establecer el inicio de una sesión secreta.
Lo que sucede es que no es que se pueda leer de forma general, tiene que acordarse una sesión secreta para que la persona explique los gastos reservados, ya que la Contraloría informa y está señalando que han cumplido en comunicar los antecedentes reservados. Por ello, se podría optar por una sesión secreta, o bien cada diputado o diputada podría acudir de manera particular, de forma reservada, incluso en la oficina.
Sin embargo, fijemos una sesión secreta para que se presente la información. Cabe señalar que no sé si vendrá la Subsecretaria de Interior, el Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas, pues ellos rinden cuenta en la sesión de la comisión de inteligencia, que es secreta, y los gastos reservados se informan cada seis meses. Por ello, no sé si será pertinente verlo acá. No tenemos el quórum para tomar el acuerdo de sesión secreta; actualmente somos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo tomamos después, cuando tengamos nueve, y definimos cuáles son de nuestro interés, ya que algunos pueden estar relacionados con defensa o inteligencia. Ahí está, Naranjo. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien.
Secretaria: Realmente, ya que está acá, el representante de la IPRES también ha recibido el cumplimiento del presupuesto del sector público. Además, recuerdo que el diputado Sáhuaman, en el minuto, lo pidió: copia de los decretos que aprueban contratos de préstamo, la nómina de decretos totalmente tramitados con cargo a la asignación subvención y, asimismo, el informe del cuarto trimestre de 2024 sobre el Fondo de Reserva de Pensiones, el Fondo de Estabilización Económica y Social, y también el primer trimestre de la nómina de proyectos de inversión de cada partida presupuestaria de ingresos y gastos del Gobierno Central. Esa información llegó. Esa información llegó...
Y es posible que la pueda enviar a los correos. Eso significa que muy pesado. La fórmula es verla en los correos, en los correos que abran el correo de la cuenta, y ya están cumplidos. Si se envía al celular, estará en la página. ¿En la página de la Comisión? En la página de la Comisión de Hacienda. A quien le interese, allí debe estar el link de esta sesión en la cuenta.
—¿Algo sobre la cuenta?
—Alguien quiere hablar sobre la cuenta.
—No.
—Varios, entonces. Diputado Mellao.
Presidente, esto se ha hecho recurrente cada año. No sé si al resto de los diputados, pero a mí, del Colegio Contadores, me llega un reclamo reiterado acerca de los problemas informáticos de la operación Renta, problemas que ya se han expuesto anteriormente. Se señala que seguimos con una plataforma paupérrima, con códigos bloqueados, caídas de páginas web del Servicio de Impuestos Internos e inconsistencia de información. Si se deja guardar la información, cuando se quiere retomar, ya no se encuentra. Mandan pantallazos y expresan lo frustrante y penoso que es ver que colegas a nivel nacional estemos colapsados, teniendo solo ocho días para terminar este proceso para los contribuyentes que deben pagar el impuesto a la renta.
Además, preguntan: ¿Quién paga las multas por no declarar renta en los plazos establecidos? No se cumple para los contadores ni para nuestros asistentes. El artículo 19, número 1 de la Constitución, que asegura a las personas la integridad psicológica, se ve afectado cuando amanecemos trabajando intentando que la página cargue las rentas. Necesitamos que amplíen el plazo hasta el 30 de mayo de 2025, mientras reparan la plataforma.
En tercer lugar, invito al director nacional y al ministro de Hacienda a trabajar en sus oficinas para constatar in situ la problemática que experimenta el Colegio Contadores. Yo quiero que la comisión envíe al director la carta que ellos mandaron, con los pantallazos, en la que evidencian los reiterados problemas de la página del Servicio de Impuestos Internos, justo cuando se está realizando la declaración. La situación se repite año tras año, presidente.
Me parece, diputado Naranjo y diputado Cifuente, que estamos en varios. Presidente, creo que muchos nos hemos informado de ese fraude tributario de 240 mil millones de pesos, en el que aparecen involucrados 51 empresarios. Sería bueno que el director de Impuestos Internos nos informara sobre esta investigación. También lo citamos para un día.
Presidente, para tratar de organizarnos en las próximas semanas, entiendo que mañana debiese ingresar el proyecto del FES y que se presenta a la cuenta hoy en la tarde. Quisiera saber cuál será el timing con el que trabajaremos en las próximas semanas, partiendo de la base de que la próxima semana es distrital, y entiendo que el proyecto tiene discusión inmediata o de suma urgencia. Agradecería tener alguna información al respecto, presidente.
Muy bien. ¿Algún otro varios?
—No.
—Bueno, respecto a lo que se nos viene: hoy veremos el proyecto de Medio Ambiente, relacionado con los residuos orgánicos. Mañana en la mañana a las 10:30 en el Senado les llegó la citación para recibir el informe de Finanzas Públicas. Además, como decía usted, diputado Cifuente, todo indica que en la tarde se expondrá el proyecto del FES; deberíamos verlo mañana en la tarde. Conversé con el ministro, y me comentó que la presentación es bastante extensa, ya que casi todo el proyecto está relacionado con Hacienda más que con Educación. En el área de Educación se discutió durante bastantes semanas, así que es probable que aquí suceda lo mismo, y él me indicó que para la presentación se necesitarían al menos dos o tres sesiones, porque es muy largo.
Entonces, lo vamos a estar viendo desde…
A partir de mañana y en las sesiones que continúan, eso nos dará tiempo también para ver si se propone invitar a alguien que exponga al respecto, en caso de que tengan algún experto o alguien que se quiera referir, ya que a mí ya me han escrito federaciones de estudiantes que quieren exponer. Entonces, para que se hagan la idea, vamos a partir con el FESP, al menos durante dos o tres sesiones, de acuerdo con lo que me dijo el ministro, que era lo que duraba su presentación.
Diputado Sá: Sólo quiero preguntar: ¿los invitados e invitadas participarán únicamente en calidad de expertos, por el nivel de la discusión que se presenta acá? No se trata de gente que se exprese como a favor o en contra de forma individual, ya que nosotros también lo votamos en general. Además, la Comisión Técnica es educadora. Disculpen, la señora secretaria nos va a explicar cómo proceder.
Esta comisión establece que, en cuanto a la tramitación, el proyecto corresponde a la Comisión de Educación, a la Comisión Técnica y a Hacienda, ya que la mayoría de los artículos señalados son de esta última. Por lo tanto, en las audiencias no necesariamente participarán únicamente personas expertas, sino también personas aludidas, interesadas o representantes de asociaciones, ya que no es habitual que solo se presente una persona de forma individual, como se ha hecho tradicionalmente en esta comisión, señor presidente. Y considerando que la mayoría de los artículos son de Hacienda, estamos en lo cierto con los diputados.
Sí, mañana partimos con la presentación, porque tiene que iniciarse en algún momento. Se aprovechará el tiempo, especialmente al contar con la urgencia calificada de “Suma”.
Quisiera profundizar un poco más en la cuestión: entiendo que el proyecto tiene urgencia de suma, pero como la próxima semana tenemos sesión distrital, debiésemos acordar con el ministro un calendario de tramitación que nos permita definir mejor la urgencia con la que lo trataremos. De lo contrario, podría no tener mucho sentido escuchar hoy una parte y luego perder dos semanas para retomar la siguiente. Quizás, acordar un calendario más definido nos podría servir para una mejor tramitación del proyecto. Yo creo que mañana es la oportunidad para conversar con el ministro, quien ya se está programando para venir, y ahí nos explicará en detalle la estructura del proyecto, que en su totalidad tampoco conocemos. Tal vez esa división en la exposición también tenga relación con la estructura del mismo; no lo sabemos aún. Les propongo, pues, escuchar al ministro mañana y, a partir de allí, elaborar un gráfico completo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
La orden del día tiene que ver con tratar el proyecto de iniciativa del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que promueve la valorización de los residuos orgánicos y el fortalecimiento de la gestión de los residuos a nivel territorial, conforme al Boletín N° 16.182-12, con urgencia calificada de “Suma”. Para ello, tenemos como invitados a la Ministra de Medio Ambiente, la señora Maisa Rojas Corradi; al jefe del Subdepartamento de Estudio de la Dirección de Presupuestos, el señor Pablo Jorquera Mijo; y a la Jefa de División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de Salud del Ministerio de Salud, la señora Camilia Silva Olivares, quien estará conectada telemáticamente en caso de que surja alguna duda.
Conforme a lo anterior, le damos la palabra a la ministra para que nos exponga.
Ministra: Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas presentes. Me acompaña también Tomás Sallés, jefe de nuestra Oficina de Economía Circular, y si me permite, entre Tomás y yo procederemos con la presentación. Yo comenzaré y, posteriormente, Tomás se referirá a los artículos particulares que le corresponde revisar a esta comisión.
Empezamos con un diagnóstico. Se trata de un proyecto que denominamos de residuos orgánicos o de residuos vegetales, haciendo alusión a aquello que normalmente se desecha, por ejemplo, en la cocina; sin embargo, la cuestión es un poco más amplia que eso.
Tenemos una situación, ustedes todos deben saberlo, bastante compleja en cuanto a la disposición final de residuos. Aunque Chile tiene un estándar bastante bueno, la mayoría de nuestros residuos terminan en rellenos sanitarios y no en vertederos. Estos rellenos han ido disminuyendo gradualmente; algunos están a punto de cerrar o ya deberían haber cerrado, y existe una complejidad considerable para tramitar ambientalmente nuevos rellenos sanitarios. Siguiente, por favor.
Existe también una composición particular de los residuos municipales. Un estudio realizado hace unos años concluyó que casi el 60% de la basura que sale de nuestras cocinas corresponde a residuos orgánicos, una proporción muy alta. Si evitamos que estos residuos terminen en la bolsa de basura y, por tanto, en el relleno sanitario, se reduce la presión sobre estos sitios y se pueden alargar de manera importante su vida útil. Además, recordemos que ya está vigente la Ley REP, la ley de reciclaje, que ha permitido separar entre un 25% y un 28% de los residuos de nuestros hogares para su reciclaje. De la composición actual de la basura se desprenden varias opciones para mejorar nuestra gestión de residuos. Sin embargo, en general los residuos orgánicos, pese a algunos pilotos de reciclaje, no están siendo valorizados en el país. Siguiente, por favor.
Estos problemas en la gestión de residuos tienen una traducción en problemáticas sociales y ambientales relevantes. Se muestra, a continuación, una figura con datos satelitales que revelan las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. Por ello, es crucial evitar que los residuos orgánicos terminen en los rellenos sanitarios, ya que su descomposición emite metano y contribuye al cambio climático. Siguiente, por favor.
Con ese diagnóstico, desde el Ministerio del Medio Ambiente llevamos varios años enfrentando este problema. Se implementó un programa de reciclaje orgánico que se llevó a cabo entre 2017 y 2022, y en 2021 se publicó una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos al año 2040. Asimismo, contamos con el programa de Comunas Circulares, a través del cual apoyamos a diversas comunas que han iniciado pilotos de reciclaje de residuos orgánicos; ejemplos de ello son La Pintana, Santa Bárbara, Puerto Vares y Ancud, esta última luego de una crisis importante en Chiloé por el tema de los residuos, lo que impulsó medidas para reciclar al máximo y disminuir gastos considerables. Siguiente, por favor.
La propuesta es evitar que estos residuos terminen en los rellenos sanitarios, es decir, que vayan mezclados en la bolsa de basura, y promover la separación en origen. Existen diversas alternativas: en mi departamento, por ejemplo, dispongo de una lombricera para mis residuos orgánicos, mientras que alguien que vive en una casa puede contar con una compostera, soluciones comunitarias o incluso plantas de compostaje de distintos tamaños, incluyendo instalaciones de biodigestión que también producen gas.
El proyecto de ley dice evitar, pero da muchas opciones distintas porque la realidad de las distintas comunas del país, obviamente, es distinta. Siguiente, por favor.
Entonces, yo voy a leer ahora solamente el objetivo de la ley, que es reducir la cantidad de residuos que se eliminan, incentivando la disminución de su generación y fomentando su valoración a través de la instauración de obligaciones para el manejo diferenciado de los residuos orgánicos domiciliarios. Y aquí viene la otra parte: he hablado antes de los residuos orgánicos, pero el proyecto es más amplio, ya que también tiene el objetivo del fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos a nivel de los municipios y de las regiones, con el fin de promover su manejo ambientalmente racional, proteger la salud y mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando el cuidado, protección y regeneración del medio ambiente. Ese es, entonces, el objeto de la ley. Siguiente, por favor.
La ley tiene entonces cuatro ejes, siendo lo más sustancial los instrumentos para el manejo diferenciado, pero como ya mencioné, también incluye instrumentos para la planificación y la gobernanza. Hemos visto que cuando a nivel de las regiones se toma en serio la gestión de los residuos, esto ayuda mucho a que, a nivel regional, con los municipios se pueda gestionar de mejor manera. Hay algunos instrumentos de apoyo y, además, una línea relacionada con la ley REP –la ley de reciclaje–, que tiene una gradualidad en su implementación. Siguiente, por favor.
Entonces, a modo de resumen, esta es una ley que tiene múltiples beneficios y de naturaleza bien distinta. Por un lado, aumenta la vida útil y reduce la necesidad de construir más infraestructura de disposición final, con las complejidades en gasto y sociales que esto implica. Se espera una disminución de las emisiones de metano por descomposición anaeróbica en los residuos orgánicos, hecho que forma parte de la estrategia para enfrentar el cambio climático. La generación de compost mejora los suelos y se obtienen otros subproductos de alto valor, es decir, nutrientes muy valiosos. También existe la posibilidad de generación de empleos verdes y oportunidades de emprendimiento. Y, como finalmente todo esto depende de que se realice la separación en origen, se incorpora una componente de sensibilización y educación ambiental.
Le paso la palabra a Tomás ahora, para que se refiera específicamente a los temas que le corresponden a esta comisión. Tiene la palabra, don Tomás.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las diputadas y diputados presentes.
Bueno, yo me voy a referir a las distintas normas que toca esta comisión, yendo una a una y explicando brevemente de qué se trata. Siguiente, por favor.
La primera norma es el artículo 4 del proyecto de ley, que es un núcleo central y establece la obligación para los municipios de ofrecer alternativas de manejo diferenciado. Como decía la ministra, se deja un amplio rango a los municipios para que vean cómo lograr este objetivo, pero tienen la obligación de establecer dichas alternativas. Además, el artículo establece que, cuando el municipio comience a manejar los residuos de forma diferenciada, deberá dictar una ordenanza que regule la operación de este manejo diferencial a nivel local y manda al Ministerio de Medio Ambiente a dictar una ordenanza tipo para que sirva de modelo. Siguiente, por favor.
Otro artículo que concierne a la comisión es el artículo 8, que forma parte del eje de planificación y gobernanza. En este eje se establecen, fundamentalmente, tres aspectos: se crea la Secretaría Ejecutiva de Residuos a nivel de cada región, que actuará como instancia para coordinar la acción del Estado en esta materia; además, se imponen dos obligaciones de planificación, una para los gobiernos regionales y otra para los municipios. Este artículo detalla, en el caso de los gobiernos regionales, que deberán elaborar sus planes, estableciendo reglas, duración, mecanismos de actualización y seguimiento.
De manera similar, el artículo 10 se refiere a los planes de residuos locales que deben elaborar los municipios o, en su defecto, asociaciones de municipios, ya que el proyecto de ley también contempla la posibilidad de que se asocien o incluso que los gobiernos regionales asuman la gestión de los residuos en un territorio. Nuevamente, el artículo establece las reglas para la elaboración, aprobación, duración y mecanismos de seguimiento de dichos planes. Siguiente, por favor.
Seguimiento, entre otros. Siguiente, por favor.
Luego, también está el artículo 13 de desperdicio de alimentos, que fue un artículo que ingresó al proyecto de ley en el paso por la Comisión de Medio Ambiente y establece que las empresas que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios y tengan ingresos anuales sobre las 25.000 UF no podrán destruir elementos, debiendo donarlos a organizaciones registradas en el Registro de Instituciones Sin Fines de Lucro, distribuidoras y receptoras de productos cuya comercialización se ha vuelto inviable. Siguiente, por favor.
Luego vamos al artículo 18, que introduce varias modificaciones a la Ley de Rentas Municipales para adecuar ciertas normas y hacerlas compatibles con este proyecto de ley. En particular, corresponde a esta comisión la modificación del numeral 2 de este artículo, que agrega un artículo 6 bis a la Ley de Rentas Municipales, el cual regula la tarifa de aseo estableciendo ciertos principios, entre ellos el de sostenibilidad económico-financiera. Asimismo, se manda al Ministerio de Economía dictar un reglamento que establezca cómo debe calcularse dicha tarifa; se ordena la incorporación de incentivos de valorización de los residuos orgánicos en esta tarifa; y se manda la incorporación de un tratamiento especial y diferenciado para los llamados sobregeneradores, es decir, aquellos que generan más de 60 litros de residuos al día, quienes actualmente pueden ser objeto de una tarifa especial por parte del municipio. Muchos municipios ya aplican esta medida de forma aislada, pero el proyecto busca generalizarla para que exista una señal de precio que incentive la disminución de los sobregeneradores.
Además, el numeral 5 reemplaza el artículo 9 de la Ley de Rentas Municipales y establece que los municipios deben celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que sea esta entidad la encargada de cobrar los derechos de aseo, salvo en el caso de las patentes municipales y de los sobregeneradores, cuyos cobros continuarán efectuándose a nivel municipal. Este mecanismo es clave para fortalecer el financiamiento de los municipios, ya que actualmente existen alrededor de un 40% de los contribuyentes de tarifas de aseo que son cobrados directamente por el municipio, lo cual resulta ineficiente dado que la tasa de recolección es muy baja. En contraste, el tramo adicional, que incluye tanto el derecho de aseo como las contribuciones, funciona adecuadamente gracias a los convenios existentes con la Tesorería. Por ello, se busca generalizar este mecanismo exitoso para todo el tramo. Además, se manda a la subdirectora y a la Tesorería a elaborar un convenio tipo que permita una operación más fluida de este sistema. Siguiente, por favor.
Luego, el artículo 20 introduce una modificación muy puntual al Código Tributario, propuesta por la misma Tesorería en la discusión del proyecto. Esta modificación altera la norma que prohibía a los conservadores de bienes raíces inscribir en su registro de transferencia de propiedades cuando no se comprobaba el pago de todos los impuestos fiscales, de modo que, a partir de ahora, no solo se exigirá el pago de los impuestos fiscales, sino también la saldación de otros créditos a beneficio fiscal o municipal, incorporándose así el derecho de aseo como una de las deudas que debe estar saldada antes de poder transferir una propiedad. Siguiente, por favor.
Luego pasamos a los artículos transitorios que debe revisar la Comisión. Uno de ellos, el sexto transitorio, establece que los municipios deben incorporar estos mecanismos de pago en función de lo que se desecha, regulado en el proyecto al inicio de la fase 2 de la fase transitoria de la ley. Aunque no se detalla en la presentación, la ley se implementa por fases (fase 1, fase 2 y fase 3) en las que se activan gradualmente las obligaciones, estableciéndose que en la fase 2 ya debe estar operando este sistema.
A continuación, el séptimo transitorio dispone que los municipios deben suscribir los convenios mencionados en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, y que la Tesorería recaudará y cobrará únicamente las deudas que se generen a partir de la fecha de suscripción de dichos convenios. Siguiente, por favor.
Finalmente, el octavo transitorio de gasto fiscal establece que el mayor gasto fiscal que implique la aplicación de la ley durante el primer año, en lo referente al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Economía y a la Tesorería, se financiará con cargo a sus respectivos presupuestos. Además, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar lo anterior con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, y para los años posteriores, la aplicación de la ley se financiará con recursos asignados en la ley de presupuestos.
Y finalmente, el artículo undécimo transitorio que dice que durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Fondo para el Reciclaje que establece la ley 20.920, la ley REP, podrá destinar al menos un 30% de su presupuesto a proyectos de gestión de residuos orgánicos para que este mecanismo de apoyo también pueda ser usado para facilitar la implementación de la ley. Finalmente, y esta es la última lámina, se presenta un resumen del informe financiero de este proyecto de ley, que como ven tiene gastos para el nivel central del Estado para tres servicios: la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Servicio de Tesorería y la Subsecretaría de Economía. Lo anterior contempla fundamentalmente la contratación de dos funcionarios en el Ministerio y dos funcionarios en Tesorería, la elaboración e implementación de la campaña comunicacional de difusión de la ley en su inicio, el desarrollo de un sistema informático para la cobranza de los derechos de aseo por parte de Tesorería, y un apoyo al Ministerio de Economía para elaborar el reglamento que regula la tarifa de aseo que ellos están mandatados a elaborar. Muchas gracias.
Sí, muy bien. Palabras. Está el diputado Sáez, primero el diputado Sifuente. ¿Quién más? Levanta la mano. Diputado Naranjo. Gracias, presidente.
Agradezco la presentación. Valoro la iniciativa. Me parece bien llamativo que algo tan simple haya tardado tantos años en este país en poder ponerse en discusión y que veamos los residuos orgánicos con una perspectiva de valorización económica y no solamente como lo hemos tratado históricamente, es decir, básicamente como basura, que desechamos y después no nos hacemos cargo de lo que sigue. En ese sentido, esta es una iniciativa muy importante y que, creo, aborda de forma integral, además, las dificultades que tienen los municipios, como se ha expuesto acá, para poder efectivamente cobrar los derechos de aseo que corresponden tanto por residuos domiciliarios como también a sobregeneradores o a tenedores de derechos, que son industrias u otro tipo de compañías. Me parece que al generar los incentivos para que los municipios se encarguen más bien del marco normativo, es decir, de establecer una ordenanza al respecto —que además va a tener un modelo guiado por el Ministerio de Medio Ambiente, que ojalá suceda en un tiempo prudente—, la situación debería mejorar.
La ministra hacía referencia en su presentación a la conflictividad que se ha generado en Chiloé, producto de no contar con soluciones de ningún tipo. En Chiloé no contamos con un relleno sanitario; estos, aunque no son la panacea y resultan mejores que un vertedero, deberían aspirar como país a soluciones de mayor estándar. En Chiloé ni siquiera es posible, y no es posible —entre otras razones, creo, porque hasta este momento no han existido los incentivos necesarios para que las distintas comunas dejen de lado sus negativas o sus intereses más particulares en función de una mirada más integral del territorio—. Entonces, me queda una duda que me gustaría plantear, que quizá este no sea el proyecto que lo aborde, pero: ¿qué sucede con el rol del gobierno regional, de los gobiernos regionales en todo esto? Ya sea en términos de establecer convenios para favorecer a municipios que de pronto están más desprovistos de recursos, tanto económicos como profesionales, o en cuanto a cómo el gobierno regional ordena su territorio y genera instrumentos propios de una región para poder dar cuenta de este problema de tal manera que no sea un municipio peleando contra otro, porque los vecinos de acá no quieren tener esta solución cerca y los del otro lado tampoco, y al final, nadie le pone el cascabel al gato.
Por último, presidente, estamos ante una oportunidad relevante de darle una vuelta a nuestro modelo de desarrollo, de potenciar circuitos económicos locales, de dinamizar la economía circular y de lograr en algunos territorios —no sé si como una solución extendida—, ya que en la presentación se veían biodigestores, por ejemplo, y hay un montón de empresas que hacen lobby permanentemente para ser favorecidas en su interés de proponer este tipo de soluciones en determinados lugares. Hasta ahora, eso ha tenido muy poco eco porque el costo todavía es bastante alto, en definitiva, como que el Estado no puede...
Estaría en condiciones de favorecer soluciones como esta. Creo que si este proyecto de ley avanza, evidentemente hay instrumentos que pueden viabilizar ese tipo de soluciones que a mí me parecen relevantes, tanto para el tratamiento como para la generación de energías que permitan suplir, por ejemplo, los nefastos efectos que tiene en el caso del sur de Chile el uso indiscriminado de la leña como forma de calefacción. Gracias, presidente.
Muy bien. Antes de dar la palabra a los que siguen... Se me fue, error mío, preguntar si desde Pablo Jorqueras, desde la DIPRES, tiene algo que agregar, o también estaba la representante del Ministerio de Salud y si quería aportar algo antes de que sigamos, pues tal vez pueda entregar algún antecedente que genere alguna duda. Entonces, la señora Camila Silva, ¿está ahí presente? ¿Tiene algo que agregar sobre el proyecto o qué comentar?
—Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha claro. Señor presidente, por su intermedio, deseo saludarlos a los diputados y a las diputadas aquí presentes y manifestar que, en términos generales, este proyecto nos parece adecuado, con la única excepción del artículo 13 que se mencionó en la presentación del Ministerio de Medio Ambiente. Frente a ello, el Ejecutivo desea dejar constancia de que considera inadmisible el artículo 13 del presente proyecto de ley por los siguientes motivos.
El inciso tercero del mencionado artículo establece que "la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, pudiendo adoptar las medidas inspectoras, correctivas, preventivas y sancionatorias establecidas en el libro 10 del Código Sanitario". De la lectura de este inciso se concluye que, por su intermedio, se están creando nuevas funciones para las secretarías regionales ministeriales de salud, lo que implica un gasto fiscal. Esta disposición contraviene la regla constitucional establecida en el artículo 65, inciso 3º, que señala que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos y las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.
En este sentido, el inciso tercero del artículo 13 obliga al Estado a financiar nuevas facultades asignadas a las secretarías de salud, afectando así el presupuesto público. Asimismo, esta disposición vulnera lo establecido en el artículo 65, numeral 2 de la Constitución, que dispone la creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados —sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado—, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. En efecto, el mencionado inciso crea nuevas funciones para las secretarías de salud que actualmente no existen, lo que refuerza su carácter inadmisible desde el punto de vista constitucional.
Por todo lo anterior, señor presidente, queremos dejar constancia de esta prevención de constitucionalidad respecto al artículo 13 del señalado proyecto. Eso es lo que nosotros podemos decir. Muchas gracias.
Muy bien. Tengo entendido que esa fue una indicación que se incorporó en la comisión técnica; por ello se declara inadmisible. Sin embargo, según me explica la señora María Eugenia, dado que fue aprobada en dicha comisión técnica, ya forma parte del proyecto y no podemos declararla inadmisible, salvo que se rechace el artículo completo o el inciso en cuestión. En ese sentido, tiene la palabra entonces el diputado Cifuente.
—Gracias, presidente. La verdad es que esta es una ley muy interesante que, además, intenta resolver un problema muy grave en Chile. Los países que van creciendo económicamente normalmente tienen problemas significativos con la basura y con la disposición final. Y eso que lo que se vivió en los países que llegaron a ser ricos hace 10 o 15 años, en Chile se observa cada día con más fuerza: los microbasurales por todos lados, en fin, la disposición final en rellenos sanitarios que son precarios. Y aquí lo que estamos haciendo es ir al origen, digamos, ahí donde la
Se puede ordenar de distintas maneras, de tal forma que exista un procedimiento específico de acuerdo a las características que cada caso presente. Me parece que ese principio es un buen principio. Sin embargo, conociendo este tema desde hace años, desde la Subdere, considero que la cuestión que no podemos solventar es la facultad que tienen los municipios, y más que la facultad en sí misma, son los recursos de que disponen y la posibilidad de, efectivamente, llegar al origen y separar los residuos en origen. No sé si en Chile habrá 20 municipios que tengan alguna capacidad para hacer esto, pero estoy seguro de que hay 200 que no tienen ninguna capacidad.
Entonces, mi inquietud va por el lado de preguntarle a la ministra y a los asesores respecto de cómo prevén que esto se va a financiar por parte de los municipios, ya que en el informe financiero no vi ninguna alusión a mayores recursos en este sentido. No veo cómo se podría disponer de la basura hoy día y retirarla de manera separada; ello implicaría, entre otras cosas, contar con camiones para retirar la basura de manera diferenciada, lo que se torna muy difícil dada la precariedad que hay en los municipios de Chile actualmente.
Lo otro es cuál es la disposición o la capacidad que tendrán las personas en las viviendas. Aquí me pregunto fundamentalmente por lo que ocurre en las viviendas sociales, departamentos, edificios y, especialmente, en las tomas, donde hay un desorden de todo carácter, no solo en materia de disposición final de residuos, sino también en la distribución de calles, acceso al agua potable, electricidad, entre otros. Hasta ahora ha habido una incapacidad absoluta del Estado para ordenar eso y regular, en este caso, el retiro de la basura de forma adecuada.
Un tercer aspecto tiene que ver con cómo, en un plazo determinado, se va a incorporar una cierta cultura en las familias y en los individuos que conforman esos hogares para que tengan la capacidad de diferenciar en dónde depositar los residuos. Recuerdo haber trabajado en un programa, un crédito con el Banco Alemán en dos o tres períodos, que venía desde antes incluso, y fuimos incapaces de implementarlo, incluso para financiar rellenos sanitarios en algunas comunas, como en Chiloé, entre otros. Precisamente, esto se debe a que la gente no entiende la idea de que la separación en origen forma parte de la solución y es esencial para el tratamiento. Hay países que lo han logrado a punta de décadas de trabajo; Francia, París o Londres son ejemplos de los más desarrollados, donde hay una inversión del Estado que resulta notable. No sé si ustedes saben, pero los basureros no están al aire libre; están en zócalos y solo pueden ser intervenidos por agentes del Estado, en contenedores muy reservados, fuera de la calle. Se requiere una inversión muy alta, que demanda no solo ingeniería, sino también un compromiso indispensable para iniciar este proceso, pese a las dificultades que implicaría implementarlo en nuestras ciudades.
Entonces, mi pregunta tiene que ver con si se han consultado o reunido con los municipios para conocer cómo ven tanto el financiamiento de este trabajo adicional como estos otros aspectos que se consideran. Y una cuestión particular: en alguna parte se mencionó el artículo 13 —perdón, que fue aquí declarado sorpresivamente inconstitucional, pero después nos dimos cuenta de que tenía razón—, ya que se hace alusión a la destrucción de alimentos, a la imposibilidad de destruir alimentos, estableciéndose que estos deban donarse a organizaciones registradas en el Registro de Instituciones Sin Fines de Lucro, etcétera. Entonces, mi pregunta es si esos alimentos tienen que estar todavía en condiciones sanitarias que les permitan ser donados. Como no lo dice el resumen—puede que en el artículo lo diga y yo no lo haya leído—, me gustaría que hubiese alguna aclaración al respecto. Supongo que estamos hablando del...