En nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión. Las actas de las sesiones 154 y 155 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 156 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará cuenta de la lectura. Gracias, presidenta.
Se han recibido los siguientes documentos.
Comunicación del jefe de comité de diputados de CEE Independientes, por lo que informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Héctor Barriga.
Correo electrónico de la diputada Giovanna Ahumada, quien solicita dar lectura a la carta que se anexa del Sindicato de Profesores y Profesionales de Educación del Colegio Subvencionado Netland School, establecimiento de la ciudad de Antofagasta, fundado en 2012 como parte de la red educacional Magister.
Correo electrónico del señor Jorge Martínez, por medio del cual señala que la Universidad de Santiago de Chile, representada por la secretaria ejecutiva del convenio Universidad Iberoamericana Mineducusat, doña Marta Maturana, no ha entregado los títulos profesionales con código QR, según un circular de la División de Educación Superior que solicita a las universidades entregar los títulos con dicho código. Sostiene que esta situación les está generando problemas en la inscripción en el Registro Civil y en otros trámites personales.
Reiteración de copia de correo electrónico dirigido al presidente de la República, en el que se denuncia malos tratos, abuso y matonaje por parte de la secretaria general de la USACH, señora Sandra Barrera. Se adjunta una declaración de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la USACH, una querella por hurto presentada ante el XIV Juzgado de Garantía de Santiago y un archivo de audio.
Correo electrónico del señor Héctor Castillo, de San Miguel, a través del cual se identifica como alumno ingresado de la carrera de Derecho de la UNICIT, la universidad que se encuentra siendo administrada por un administrador de cierre y con un convenio vigente entre la USACH y el Ministerio. Asimismo, la universidad denuncia irregularidades cometidas por el administrador de cierre y los docentes a cargo de tomar los exámenes de grado a los alumnos egresados, a saber: arbitrariedades, abuso de poder y delitos de falsificación de firmas ideológicamente falsas. Hace presente que cuenta con antecedentes y documentos que avalan sus dichos acusatorios y solicita audiencia.
Con la comisión. Esto, a la cuenta, presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Ahumada.
Muchas gracias, presidenta. Saludo a usted, a todos los presentes y a los invitados en la sala. Hice envío de una carta que recibí de los profesores y trabajadores de Netland School, una escuela subvencionada, para informar que existe una situación sumamente compleja: hay recursos públicos involucrados, más de 2.000 niños con las clases suspendidas y aproximadamente 30 días en esta situación. Considero pertinente que la comisión conozca la situación a través de esta carta, la cual también fue enviada al Senado. Asimismo, quisiera aprovechar para pedir oficios respecto a esta situación. Diputada, específicamente, el oficio y a quién iría dirigido.
Gracias, presidenta. La solicitud del oficio está relacionada con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Trabajo, ya que, como comenté, aquí hay recursos públicos y se están vulnerando derechos, tanto de los trabajadores como de los alumnos. Es importante que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y esta comisión tengan conocimiento de la situación y sepan cómo se están administrando estos recursos para poder ejecutar el proyecto del programa Netland School en Antofagasta.
¿Habría acuerdo entonces para oficiar tanto al Ministerio de Educación como, desde esta comisión, oficiar al Ministerio del Trabajo, según lo solicita la diputada Ahumada?
No.
¿Alguien más tiene palabras sobre la cuenta?
¿La tiene ahí, diputada?
¿Usted la leyó la carta?
No, leí solamente la...
¿Habría acuerdo para leer la carta a la que hace alusión la diputada Ahumada?
Secretario.
Presidenta, la carta señala lo siguiente:
"Reciban un cordial saludo del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación del Colegio Netland School. Nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación para exponer una serie de acontecimientos que afectan gravemente a nuestra comunidad educativa y que evidencian una preocupante priorización del lucro sobre la calidad de la educación y los derechos laborales de nuestro establecimiento educacional.
Netland School es un establecimiento de la ciudad de Antofagasta, fundado en 2012, como parte de la red educacional Magister junto a los colegios Antonio Rendich, San Esteban y San Agustín. Desde sus inicios, Netland School se levantó como un proyecto educativo vanguardista, con una misión y visión centradas en la excelencia académica, el emprendimiento, el inglés, el deporte y las tecnologías. Dicha propuesta de valor se vio reforzada a través de alianzas estratégicas a nivel educacional con instituciones tales como la Universidad Cambridge, Microsoft y Google, posicionando al establecimiento como un referente regional en educación, destacado no solo por sus resultados académicos en mediciones nacionales tales como SIMSE o PSU-PAES, sino también como una de las mejores empresas para trabajar, según la encuesta Great Place to Work.
Sin embargo, el 6 de septiembre de 2023, el colegio, junto al Colegio San Agustín, fue vendido a la Fundación 2R, entidad a cargo de la red de colegios Santa Tomás a nivel nacional. Con esta adquisición, la Fundación pasó a administrar un total de nueve colegios de subvención compartida. Desde el inicio de la gestión de la Fundación 2R en 2024, nuestro sindicato ha enfrentado significativas dificultades, tanto en la comunicación con sus representantes, lo que ha impactado negativamente la dinámica de trabajo que por 11 años había caracterizado a nuestra comunidad educativa, como por reiteradas prácticas antisindicales, tales como hostigamiento de funcionarios, remoción arbitraria de sus cargos, modificaciones unilaterales de los anexos de trabajo, y tratos vejatorios y humillantes a funcionarios, todos los cuales han sido denunciados ante la Inspección del Trabajo y organismos respectivos, generando un alto nivel de estrés y angustia entre los funcionarios del establecimiento, lo que se ha materializado en un aumento exponencial de licencias médicas por temas psicológicos y psiquiátricos.
Asimismo, hemos observado que el actual sostenedor ha incurrido en graves vulneraciones de derechos a nuestros estudiantes, evidenciando una preocupante priorización del lucro a costa de la calidad educativa, sumado a una alarmante precarización de los recursos."
Nuestros estudiantes se han visto afectados por la falta de contratación de docentes de reemplazo, lo cual ha derivado en cursos que han permanecido por más de dos meses sin profesores de especialidad. Asimismo, se ha registrado una disminución de los insumos de limpieza y aseo, así como la nula mantención de insumos tecnológicos esenciales para la labor educativa, tales como computadores, proyectores en sala y fotocopiadoras, lo que incluso obligó a posponer evaluaciones por la falta de este recurso básico. En el comedor de los alumnos de kínder es evidente la carencia de mobiliario necesario, afectando directamente el bienestar y la comodidad de los estudiantes más pequeños.
Adicionalmente, se han realizado acusaciones de maltrato a estudiantes, como ocurrió el año pasado con una estudiante con espectro autista de cuarto medio, por parte del director designado por el sostenedor, don José Cornejo Díaz, lo que derivó en denuncias ante la Superintendencia de Educación y los Tribunales Civiles. Ante estos hechos, la Fundación intentó manipular los relatos de los docentes testigos.
El actual sostenedor, como medida de amedrentamiento a los trabajadores que manifestaban desacuerdo con sus políticas educativas y laborales, llevó a cabo durante el transcurso del año 2024 diversos despidos de docentes y paradocentes críticos, amparándose en la causal de necesidades de la empresa y dejando por periodos significativos del año el establecimiento sin inspector general, director académico de enseñanza básica y encargado de convivencia para médicos, lo que significó una sobrecarga laboral para el resto del personal de la unidad educativa.
Estas prácticas de hostigamiento y amedrentamiento se han extendido asimismo a nuestro sindicato, fundado en octubre de 2017 y que actualmente cuenta con 92 socios. Con el antiguo sostenedor se mantuvieron dos negociaciones colectivas exitosas en 2017 y 2021, cuyos contratos colectivos habían regulado positivamente las relaciones laborales. A finales de 2024, el sindicato presentó un nuevo proyecto de contrato colectivo, evidenciando un significativo aumento en la afiliación, pasando de 33 a 91 socios, en respuesta a las malas prácticas laborales del sostenedor.
En este contexto, asociado a la negociación del actual contrato colectivo, se iniciaron conversaciones con don Marco Antonio González, director ejecutivo de la Fundación, y doña Marcela Vargas, encargada de personas de dicha institución. Durante los 45 días de negociación se intentó establecer una agenda de trabajo basada en el respeto y el bien común para nuestros socios y la comunidad educativa. Sin embargo, se evidenció una negativa sistemática por parte de los representantes de la Fundación a llegar a acuerdos consensuados y ajustados al derecho, enfrentándose a constantes cambios de fecha de reuniones y a la imposición de excluir a nuestros asesores, bajo el argumento de que solo entorpecían el proceso de negociación. En las reuniones se produjeron además comentarios peyorativos, descalificatorios e incluso una grave amenaza por parte del director ejecutivo de la Fundación, quien llegó a amenazar con quemar el colegio si no se cedía a sus demandas. El 4 de marzo de 2025 y, adicionalmente, el 18 de marzo se incumplió una reunión previamente pactada; posteriormente, el asesor legal fue recibido con hostilidad por parte de los representantes. Todo ello constituye claras muestras de hostigamiento y amedrentamiento a nuestra organización sindical, lo cual, según nuestra legislación, está expresamente prohibido y penado como parte de la protección de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
Finalmente, la negociación fue condicionada a la aceptación de un bono de 500.000 pesos con plazo fatal el 21 de marzo, lo que llevó a la votación unánime a favor de la huelga en rechazo a esta presión indebida. Tras el inicio, el 1 de abril, de la huelga legal, se ha evidenciado una persistente falta de diálogo efectivo y la ausencia de voluntad por parte del sostenedor para entregar soluciones concretas a nuestras legítimas demandas. A pesar de la continua disposición al diálogo y de haber buscado diversas instancias para avanzar hacia un acuerdo, la postura intransigente por parte del sostenedor no solo ha dilatado innecesariamente el conflicto, sino que también ha vulnerado el espíritu de la negociación colectiva y el respeto por los derechos de los trabajadores.
Incluso frente a la mediación voluntaria y las gestiones realizadas en la Dirección del Trabajo, la Seremia de Educación y la Superintendencia del Ramo –incluyendo la denuncia por falta de mobiliario e insumos–, no se ha logrado un acuerdo. En las reuniones de mediación solo se ha discutido la propuesta de la Fundación 2R, en la que se incentiva la asistencia a clase a cambio de un bono, sin abordar las problemáticas de financiamiento. La negativa a pagar los días de huelga, mientras la Fundación sigue recibiendo la subvención estatal, genera la inquietud de que exista una estrategia para lucrar con los días de paralización, replicando lo ocurrido en otros colegios de la Red Santo Tomás durante sus periodos de negociación colectiva y posterior huelga legal.
Además, se han ejecutado prácticas antisindicales por parte del sostenedor durante este periodo de huelga legal. Por ejemplo, desde el inicio del año escolar no se contaba con una sala de profesores habilitada para el desarrollo del trabajo administrativo, obligando al personal a trabajar en la biblioteca, lo que ocasionó dificultades de espacio y almacenamiento de material hasta el 31 de marzo. Sin embargo, durante el periodo de huelga, dicha sala fue habilitada para docentes no sindicalizados, incluyendo la asignación de casilleros que previamente utilizaban los profesores en huelga.
Cabe señalar que, en el establecimiento, funciona un comité de bienestar, financiado parcialmente por el sostenedor y las cuotas de los socios, destinado a convenios y actividades de celebración. Si bien valoramos la existencia de este comité por su potencial para contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales y personales de los trabajadores, lamentamos que efectivamente no se hayan cumplido dichos propósitos.
Profunda mensaje que esta instancia está siendo utilizada por el sostenedor como una herramienta para socavar la legitimidad y la labor del sindicato, promoviendo acciones paralelas que dividen a los trabajadores, generan confusión y debilitan el proceso de negociación colectiva. Esta práctica no solo contraviene el principio de libertad sindical, sino que también afecta negativamente el clima laboral y la cohesión del equipo docente y asistente.
Con los antecedentes expuestos, queremos manifestar nuestra firme convicción de que la Fundación 2C está precarizando gravemente el proceso educativo, tanto en lo referido a insumos pedagógicos, recursos materiales y recursos humanos, como en la modificación y desvirtuación arbitraria del proyecto educativo original que dirige a nuestro establecimiento, lo cual constituye una ordenación directa del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y de la libertad de enseñanza establecido en nuestra Constitución. Dichos principios deben ser resguardados especialmente cuando la educación se financia con fondos públicos y se ofrece bajo un marco normativo que promueve la pluralidad y el respeto a los proyectos educativos diversos. A ello suma una preocupante orientación hacia el lucro con fondos estatales, situación que no solo vulnera el espíritu de la Ley General de Educación 20.370, sino que además sienta un peligroso precedente para las otras fundaciones educacionales, fomentando prácticas que desnaturalizan el carácter público de la educación subvencionada y atentan contra el derecho de las y los estudiantes a recibir una enseñanza de calidad, equitativa y coherente.
Por lo que consideramos imperioso que se supervise de manera rigurosa la gestión de esta fundación y las condiciones en las que maneja sus relaciones laborales, así como la calidad de los recursos que entrega a los estudiantes. Finalmente, manifestamos nuestra preocupación ante la práctica histórica de la Fundación 2R de desvincular aproximadamente al 10% de los trabajadores sindicalizados al término de las negociaciones colectivas. En nuestro caso particular, como sindicato de profesores y profesionales de la educación, la mayoría de nuestros miembros son fundadores del proyecto educativo y tienen una participación significativa en la institución. Solicitamos a esta honorable comisión tomar conocimiento de esta grave situación y considerar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos laborales, la calidad de la educación y la integridad del proyecto educativo en Netland School y en otros establecimientos que puedan estar enfrentando problemáticas similares bajo la administración de la Fundación 2C.
Agradeciendo de antemano su atención y gestión, saludo atentamente al Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación Netland School.
Eso es, Presidenta.
Muchas gracias, Secretaria.
Quisiera solicitar, además, extender este oficio, porque la diputada Ahumada lo solicitó en general para el Ministerio de Educación, pero creo súper pertinente que vaya dirigido también, sobre todo, a la subsecretaría, perdón, a la Superintendencia de Educación. ¿Habría acuerdo? ¿Alguna otra palabra respecto de la cuenta?
Breve, diputada Ahumada, por favor.
Sí, solo agradecer. Haber escuchado, era sumamente importante que todos se enteraran de la situación grave que está ocurriendo y, si esto no se resuelve, ojalá se puedan citar para que lo vean directamente aquí en la comisión.
Muchas gracias.
Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta?
Se ofrece la palabra para puntos varios. Tengo anotado al diputado Santana, posterior al diputado Borges.
Diputado Santana.
Gracias, Presidenta.
Bueno, aprovechando la presencia del subsecretario de Educación Superior, yo quería informar que ayer nos reunimos junto a dirigentes de Asistentes de la Educación de la Región de Atacama; habían sido invitados también integrantes de una organización de psicopedagogos para plantearle al subsecretario, cuestión que ya lo hemos hecho también acá en la comisión, una situación por la que atraviesan los psicopedagogos de todo el país que trabajan en el sistema educativo. Es decir, que el sistema, permanentemente, todos los años le genera inestabilidad laboral, no garantizándole su continuidad dentro de las labores que cumplen al interior de un establecimiento educacional. Esto es bien parecido a lo que ocurrió con los coordinadores de los programas de integración escolar, ya que el sistema les obliga o les exige que, para permanecer dentro de escuelas o liceos cumpliendo las labores que tradicionalmente realizan, tengan que sacar una doble titulación, la carrera de Educación Diferencial. Es decir, una carrera que está hoy día entregándose en el mercado de la educación superior –digo el mercado, porque muchas instituciones privadas lo hacen– y continúa entregándose esta formación en circunstancias en que, en el propio sistema educativo, no se reconoce como tal una carrera por la cual muchos estudiantes llevaron adelante estudios de cuatro o cinco años. Entonces, a mí me parece que es muy complejo que hoy día el mismo Estado, a través del sistema educativo, le esté exigiendo otra carrera para poder permanecer dentro del establecimiento. En un contexto en el que, como ya lo hemos conversado varias veces, señora Presidenta, no hay suficientes profesores en nuestro país; hay cientos de profesionales que cumplen labores pedagógicas y educativas dentro de los establecimientos, pero que el sistema, en última instancia, solo genera incentivos para que estos, digamos, salgan del sistema.
Nosotros le planteamos ayer esto al subsecretario porque yo creo que, en general, es importante que el Estado –no solamente este gobierno, ya que el problema viene de larga data– adopte una actitud un poquito más agresiva respecto a cómo se forman, en primer lugar, los docentes. Se podría aprovechar a aquellos profesionales que hoy día realizan labores de docencia –ingenieros comerciales, periodistas– y, dado su compromiso con la educación, se les podría permitir realizar clases en el marco, por supuesto, de algún programa complementario de estudios.
Y esa misma situación, Presidenta, yo creo que el Ministerio debiese adoptarla también con los psicopedagogos. Allí hay bagaje, experiencia y conocimiento en las labores que estos profesionales cumplen dentro de un establecimiento educacional. A mí me parece que prescindir de ellos sería, en primer lugar, un despropósito y, en segundo lugar, otro despropósito que el Estado no pueda resolver una situación por la que atraviesan, insisto, miles de psicopedagogos. Hoy pongo el caso de la gente de la región de Atacama, pero tengo la impresión de que en todos los distritos pasa exactamente lo mismo.
Entonces, quisiera que solicitemos un oficio, como Comisión de Educación, dirigido al Ministerio de Educación para conocer, en primer lugar, cuántos psicopedagogos cumplen funciones en el interior de establecimientos educacionales a lo largo del país y bajo qué condiciones lo hacen. ¿No? Eso.
Muchas gracias, diputado Santana. ¿Habría acuerdo para el oficio solicitado por el diputado? Acordado.
El diputado Borges tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, saludar por su intermedio a toda esta comisión que hace mucho tiempo que no venía a exponer, pero vengo por una situación puntual. Ustedes saben que el 1 de enero de este año el SLEP de Chiloé inició su funcionamiento en todo el archipiélago de Chiloé y hoy nos encontramos en una situación complicada, estimada Presidenta, porque en la Escuela Padre Hurtado, de la comuna de Castro, la comunidad educativa –especialmente los apoderados– está haciendo un llamado a que, de manera urgente, el Servicio Local de Educación Pública tome acciones inmediatas ante problemáticas como inundaciones, goteras, falta de mantenimiento en techumbres y estufas, extintores vencidos y escasez de personal, incluyendo apoyo para niños con necesidades especiales, como el autismo severo. Natalie Astudillo es la vocera de los apoderados y se encuentra en una situación compleja.
Y como el SLEP, desde enero, está bajo esta administración, me gustaría saber cuáles son las medidas que se van a tomar para mejorar la infraestructura de este establecimiento educacional. Sé que hay otras situaciones menores, pues al tratarse del inicio del SLEP, pero me parece que en esta escuela la situación es más crítica, considerando las condiciones en que se encuentran los niños, especialmente ahora en abril, cuando ya nos acercamos a un invierno crudo en el archipiélago.
Además, estimada Presidenta, me gustaría pedirle a la Comisión información específica sobre el SLEP en el archipiélago de Chiloé: cuánta gente ha sido contratada y cuánta falta por contratar, ya que se ha contratado personal, pero no sabemos cuándo terminarán de hacerlo. Si en algunas comunas falta personal, podríamos solicitar un oficio para conocer, al menos, lo que se prevé en este primer semestre.
Diputado, consulta: ¿lo que usted expone corresponde a qué parte del archipiélago?
La respuesta es: la Escuela Padre Hurtado, en la comuna de Castro.
Asimismo, quisiera, si me permite añadir, que a la solicitud de oficio se le incluya el tema de las remuneraciones, ya que tengo entendido que, no sé si era en Castro o en otra comuna –menciono casos en Quellón, Keilén y Ancud– se han presentado problemas en infraestructura y pago. Me gustaría contar con la información de cuánta gente ha sido contratada y cuánta falta por contratar, pues desconocemos cuándo se terminarán los contratos y se regularizará la situación. Pero lo más importante es la regularización de la infraestructura, estimada Presidenta, porque en esa escuela, como he mencionado, los alumnos se encuentran en condiciones tan precarias que resulta indignante tener que mostrar videos de dónde están haciendo clases a causa de las intensas lluvias de estos últimos días.
Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo entonces para lo señalado por el diputado Borges y lo que adicioné respecto de los pagos pendientes a los trabajadores de la educación?
Acordado. Diputada Medina tiene la palabra.
Gracias, Presidenta, y saludo a toda la Comisión. Quisiera exponer un tema que, la verdad, me preocupa, me ocupa y tiene muy pocas soluciones. Son temas que venimos oficiando hace mucho rato y son respecto al tráfico de drogas en el que están involucrados nuestros estudiantes de la enseñanza media. En mi distrito, desde el año pasado, hemos estado oficiando respecto a la muerte que se le dio a un estudiante en Lota. Esto ocurrió hace poco también en la comuna de Nacimiento: un adolescente de 15 años que regresaba desde su establecimiento educacional fue asesinado antes de llegar a su domicilio en la calle. Hace poco, nuevamente, otro estudiante resultó apuñalado en Lota, situación que se ha reiterado.
Los establecimientos educacionales se quejan de no disponer de las herramientas necesarias para combatir el tráfico de drogas, ya que los alumnos no pueden ser revisados. Hemos impulsado iniciativas como la instalación de detectores de metales y un mayor control en la entrada a los establecimientos, pero la facilidad con la que se portan armas blancas, combinada con el rechazo de estas medidas por parte de la Contraloría, continúa representando un problema. Hoy día, nuestros asistentes de educación, profesores y guardias de seguridad tienen que enfrentar y separar peleas con armas blancas al interior de los establecimientos, situación reiterada en la educación pública, municipal o de los SLEP, donde el personal carece del apoyo necesario para resguardarse en este tipo de situaciones.
Sabemos que expulsar a estos alumnos es una solución transitoria, pues finalmente ellos siguen merodeando fuera de los establecimientos. Existe constancia de que han sido o están siendo usados por grandes traficantes de drogas, quienes se aprovechan de que, a la ley, estos menores son inimpugnables. Además, las atribuciones de la policía para ejercer control son nulas. Por ello, considero urgente oficiar al Ministerio de Educación para conocer qué acciones se están tomando ante estos hechos, que lamentablemente se repiten en todo el país. Hoy día también tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad, que se supone posee nuevas competencias y podría accionar en conjunto para ponerle freno a esta situación, que se ha salido de control y pone en riesgo a toda la comunidad educativa, generando temor en nuestros profesores y asistentes.
Por lo tanto, solicito levantar este oficio, pues esta problemática no es exclusiva de mi distrito, sino que se repite en todas las comunas, especialmente entre los alumnos más vulnerables. Recientemente, en Nacimiento, una madre descubrió en el WhatsApp de su hijo conversaciones en las que se organizaba el tráfico de drogas y su venta dentro del establecimiento, lo que la llevó a denunciar a la policía. Se detuvo a la otra persona involucrada, quien fue sorprendida en posesión de dosis de droga y de arma blanca. Esta es una herramienta que deben utilizar los padres. Siempre he sostenido que las familias no son ajenas al control y cuidado de sus hijos, pero es el Estado el que debe entregar más herramientas.
Por ello, solicito oficiar al Ministerio de Educación para conocer qué propuestas y acciones se están implementando frente a estos hechos de violencia. ¿Le parece si, además, oficiamos al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito? ¿Habría acuerdo para esta solicitud? Acordado.
Diputado Maya, punto Faria.
Gracias, Presidenta.
Quise tomar la palabra porque en las horas de esta mañana recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de un estudiante secundario en Arica. Entendemos que se está investigando y que se debió a razones naturales. Quisiera expresar mis más sentidas condolencias a su familia, amigos, compañeros de curso y a toda la comunidad educativa del estudiante Benjamín Melo Labraña, del Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva. Especialmente, envío mucha fuerza a su madre, Marta Labraña, imaginando el dolor que debe estar experimentando esa familia, esos compañeros de curso y esa comunidad educativa. Desde esta Comisión de Educación, les envío mi solidaridad y mis condolencias, esperando que también se haga partícipe esta Comisión.
Y lo segundo que quería exponer, Presidenta, es que yo...
Sé que es difícil por el trabajo que tiene esta comisión, que es una de las comisiones que más pega tiene, que más proyectos de ley pasan por acá, por el Congreso. Entonces, pero aún así, en pedir no hay engaño, dicen. Yo quería solicitar que, en vista del abandono educativo que vemos en Arica, principalmente de las universidades estatales, en este caso la Universidad de Tarapacá, y de lo que hemos visto de problemas de infraestructura –los colegios cerrados por fecas de ratones o de palomas–, ya es mucho lo que está pasando en Arica. Y yo le quería pedir, Presidenta, que pudiéramos analizar la posibilidad de que sesionara la Comisión de Educación en una sesión especial en Arica. Quizás no ahora, quizás en una próxima comisión, pero creo que es momento de que la Comisión de Educación pueda ir a los territorios y encontrarse con la realidad de frente. Lamentablemente, desde acá, desde el centro, desde las diferentes regiones de donde es cada uno de los diputados y diputadas que está acá, muchas veces no se mira hacia el norte y no se ve lo que está pasando en la frontera. La realidad de la frontera es muy diferente a las condiciones que tenemos en el resto del país. Es una realidad de zona extrema, donde hay personas, niños y niñas migrantes, y donde sufrimos el abandono del Estado durante décadas. Así que quería pedir también que existiera un acuerdo –no sé si ahora o en algún momento– para que la Comisión de Educación haga una sesión especial en Arica.
Diputado Maya: ¿Le parece si, como Comisión, hacemos extensivas las condolencias a la familia del estudiante que usted menciona? Lo que usted estaría solicitando es realizar una sesión y una visita inspectiva a los colegios del servicio local. Sí, creo que puede ser una sesión especial que incluya visitas a colegios del SLEP en este caso, además de escuchar a las comunidades educativas, centros de estudiantes, universidades, centros de formación técnica, profesores, asistentes de educación y, obviamente, estudiantes. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado Maya?
Acordado. Gracias, diputado.
Diputado Cornejo: Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo al señor subsecretario de Educación Superior que nos acompaña en esta nueva sesión. Presidenta, yo quiero ser majadero porque, una vez más, voy a reiterar un requerimiento que no solamente planteo yo, sino también otros parlamentarios de esta comisión. Se refiere a la asistencia o a la posibilidad de verificar una sesión especial para poder trabajar junto a la directora nacional de la JUNAED. Está pendiente, desde hace meses, desde el año pasado, que estamos pidiendo la presencia de la directora nacional, y ella aún no ha comparecido en esta Comisión de Educación para dar cuenta de una serie de irregularidades que se iniciaron a comienzos del año pasado, entre las que se incluyen plazos no cumplidos que estaban comprometidos en esta comisión, incluso por parte del propio ministro. Así es que me parece urgente volver a insistir en la necesidad de llevar adelante esta reunión de trabajo con la directora nacional de la JUNAED.
Y, por otro lado, Presidenta, yo voy a volver también a insistir en poder tener una sesión de trabajo con la subsecretaria de Educación Parvularia y la vicepresidenta de la JUNJI a nivel nacional, para conocer las inquietudes que hemos ido planteando en la comisión y, de alguna manera, tener antecedentes sobre la paralización de actividades a nivel nacional que hubo por parte de los gremios que representan a los profesionales y equipos técnicos de la JUNJI. Eso, Presidenta.
Sí, Diputado.
Bueno, nosotros estamos trabajando junto a la Secretaría, justamente con las cosas que han quedado pendientes y que se han solicitado, para poder tener una propuesta en respuesta a cada una de las solicitudes, tanto de audiencias como de visitas inspectivas a los territorios, ya que tenemos que hacerlo en consonancia con las discusiones de los proyectos de ley, entre otras cosas. Pero vamos a dar una propuesta para que, obviamente, saquemos esas solicitudes adelante.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer un punto vario.
Continuando con la fiscalización del Servicio Local del Pino, durante la semana pasada nos reunimos con el comunal del Colegio de Profesores de La Pintana, quien nos dio a conocer una serie de irregularidades. Entre ellas, se señaló que no existen respuestas de medios de comunicación formal entre los trabajadores de la educación y los funcionarios de este servicio local; que se han realizado descuentos en planilla de la cuota gremial, los cuales, sin embargo, no son transferidos al Colegio de Profesores desde hace cinco meses, arriesgando, obviamente, la suspensión de sus dirigentes; y que se han efectuado descuentos a trabajadores por supuestos créditos, cuando no existe tal obligación contraída, mientras que a aquellos que sí la tienen, no se les ha aplicado el descuento correspondiente ni se les ha abonado el pago de dichos créditos. Asimismo, se ha evidenciado un retraso en el pago de bienes, como el bono de reconocimiento profesional, el de mención, el de trayectoria y el bono prioritario, que en el caso de La Pintana corresponden a la mayor parte de los establecimientos.
Dicho lo anterior, además de ser una grave manifestación de mala administración financiera, la situación podría interpretarse, tal como lo han establecido nuestros tribunales laborales de justicia, como una apropiación indebida del patrimonio de los trabajadores. En este sentido, solicito el acuerdo para oficiar al Servicio Local El Pino y a la DEP, a fin de que se refieran a los hechos mencionados, los motivos de estos errores, cómo se van a subsanar y las medidas correctivas que estén en curso.
Por otro lado, también quiero mencionar a la Municipalidad de La Pintana, que en el 2024 habría comprometido un proyecto de conservación de 500 millones de pesos, aproximadamente, destinados a mejorar la infraestructura de la sala de profesores y los baños del Liceo Parque de las Américas. Sin embargo, a la fecha dicho proyecto no se ha desarrollado. En este sentido, solicito el acuerdo para oficiar a la municipalidad con el fin de transparentar el estado de desarrollo de este proyecto. ¿Habría acuerdo para ambos oficios? Muchas gracias, comisión.
No habiendo más palabras de puntos varios y entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que modifica la Ley 20.129, la cual regula nuevas exigencias para ingresar a las carreras y programas de pedagogía. El boletín es el número 17442-04, se encuentra en primer trámite constitucional y tiene urgencia calificada de simple. Hemos invitado al Ministro de Educación, quien no se encuentra, pero está nuestro Subsecretario, señor Víctor Orellana Calderón. Le damos la bienvenida a él, a sus asesores y a todos los presentes en la sala. Me imagino que va a exponer; subsecretario, ya tiene lista la presentación. Lo escuchamos.
Muchas gracias, Presidenta. Primero, quisiera saludar al Ministro Cataldo, con quien estuvimos junto acá, pero que se tuvo que ausentar por la tramitación de un proyecto – entiendo que es el de modernización de la educación parvularia – y teníamos planificado trabajar conjuntamente en la presentación. No hay problema, yo puedo comentar en qué consiste este proyecto y cuál es su sentido, y quedo abierto a cualquier inquietud que tengan las y los Diputados.
El proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.199 resulta en lo inmediato en el cumplimiento de un compromiso. Este proyecto ingresó el 28 de marzo, aunque tuvo número de boletín con posterioridad a esa fecha; sin embargo, se cumple de parte del Ejecutivo el compromiso adquirido en la Comisión Mixta que se formó durante la tramitación de la última ley de reajuste, la cual definió que esta práctica, que se había llevado adelante en los últimos años – no solo en este gobierno, sino también en otras administraciones – de suspender la entrada en vigencia de los criterios de incorporación a las pedagogías establecidos en la Ley de Carrera Docente en el contexto de la última reforma educacional emprendida por el gobierno de la Presidenta Bachelet, allí tanto oposición como gobierno tomaron el compromiso de…
El gobierno tomó el compromiso de llevar adelante un proyecto de establecer una solución definitiva a esta dificultad, a este problema, y nosotros cumplimos en el envío de este proyecto. Pero para que se comprenda bien, más allá del cumplimiento del compromiso que tenía el Ejecutivo a partir de la Comisión Mixta, voy a presentar de manera más global la problemática.
Chile dio un paso importante en la aprobación de la última reforma educacional, construyendo una arquitectura institucional que fortalece tanto la formación inicial docente como la carrera docente. En la Ley 20.903 creamos el sistema de desarrollo profesional docente, se modificaron aspectos que regulan los requisitos para el acceso a la pedagogía, de tal manera de hacer de la pedagogía una profesión más selectiva, y también se crea un sistema único de evaluación docente. No obstante, como todas las políticas públicas, en la medida en que se evaluó la implementación de esta política, se evidenciaron algunos resultados no esperados que obligan al Ejecutivo y a la política en general a corregir estas dificultades, para poder asegurar la adecuada implementación de los consensos que se alcanzaron en esa ley aprobada por las principales fuerzas políticas con representación en el Parlamento.
¿En qué consiste esta problemática? Consiste en que, después de la evaluación del PNUD y la evaluación que realiza el Consejo de Rectores de la implementación de esta política, y a partir del último informe de la UNESCO que plantea la existencia de un déficit de profesores, se identifica una desconexión entre la oferta formativa de educación superior en pedagogías y las necesidades docentes del país y sus territorios. La matrícula en pedagogía cayó un 43% entre el año 2018 y el 2022, y si entraran en vigencia, tal cual se pensaron en su momento por el legislador, las exigencias adicionales a las pedagogías, la caída proyectada sería de un 40% adicional de aquí al 2026; es decir, del agregado de 2018 al 2026, nos veríamos con una disminución tremendamente significativa.
En distintas instancias y por diversas organizaciones se ha proyectado que para el año 2030 habrá un déficit de docentes idóneos y especialistas. Quiero ser preciso: de docentes idóneos, primero, porque no todas las personas tienen formación inicial docente; muchas están en el aula con autorizaciones de naturaleza administrativa. Además, de docentes especialistas, pues no todos los docentes, incluso teniendo formación inicial, imparten clases en la materia que corresponde a su formación disciplinar. Por ejemplo, en la región de Atacama solo un 14% de las horas de física (no de educación física, sino de física) son impartidas por profesores de física, mientras que el 86% restante corresponde a docentes de otras disciplinas que no son necesariamente especialistas.
Por otro lado, existe una insuficiencia de la oferta formativa en pedagogías. Entre 2018 y 2022 la oferta de programas cayó un 17,9% y entre 2022 y 2024 descendió un 14,1%. Esto tiene un impacto relevante en las regiones; para dar una noción de magnitud, por ejemplo, la pedagogía en artes solo está presente en cuatro regiones del país, la pedagogía en educación técnico profesional en dos regiones y la pedagogía en física en tres regiones. Esto probablemente pueda imputarse al aumento de las exigencias que trajo la normativa de aseguramiento de la calidad, ya que en esta misma ley se instauró la obligatoriedad de los programas de acreditación en los programas de pedagogía. Recordemos que en Chile solo existen dos clases de programas de formación que cuentan con acreditación.
Es obligatoria la acreditación de las medicinas y las pedagogías que requieren ser acreditadas. Es decir, toda institución de educación superior, toda universidad que imparte carreras de pedagogía, tiene que acreditar sus programas. Esto, naturalmente, el sistema lo interpretó como un aumento de los costos en la provisión de dichos programas, lo que llevó al cierre de varios de ellos.
Pero está muy bien que exista la acreditación obligatoria, ya que tiene un efecto en la oferta a nivel regional, acentuando las dificultades derivadas de la heterogeneidad y las distintas diferencias que se presentan en regiones extremas y en ciertas disciplinas, como indiqué. Este problema, insisto, ha sido identificado como global; es decir, la dificultad o la falta de una relación adecuada entre la oferta de educación superior y las necesidades de los territorios del país ha sido señalada por el PNUD, por la UNESCO y también por el documento que nos hizo llegar, a inicios del año 2024, el Consejo de Rectores, organismo que establece asesoría en las políticas públicas.
Luego, el Ministerio de Educación se plantea cómo enfrenta este problema. Es decir, tenemos un problema, y en eso hay consenso, pero la pregunta es: ¿qué hace el Ministerio de Educación, qué hace el gobierno y qué hace el Estado de Chile para afrontar este desafío? Naturalmente, no existe una pura bala de plata.
Lo que vamos a discutir en esta comisión representa un aspecto parcial y acotado de una política global en el marco del Plan Nacional Docente, que impulsa el Ministerio de Educación. Dicho plan se divide en tres ejes para enfrentar esta dificultad: el eje de dotación, acceso, cobertura y atracción a la pedagogía (en el cual se centra la discusión de hoy), el eje de fortalecimiento del desarrollo profesional docente y el eje de reconocimiento y bienestar docente. Para ello, en 2024 se lanzó el Plan Nacional Docente, que incorpora una serie de medidas relativas a estos tres ejes. Este proyecto cumple un papel en el eje de acceso, dotación y formación inicial docente. Su esquema conceptual intenta sintetizar el esfuerzo que realizamos para articular la oferta de educación superior con las necesidades y potencialidades de los territorios.
En el ámbito de la educación superior, y como hemos dialogado a propósito de otros proyectos en Chile, aún debemos avanzar significativamente en la relación entre nuestra oferta académica y las necesidades del país. A menudo, se señala —incluso por sectores de oposición en la prensa escrita— que, en algunas áreas, podríamos tener un sobrestock de profesionales o técnicos. Sin embargo, también puede darse lo contrario: el país requiere no solo de profesores idóneos y especialistas, sino también de capacidades para la formación de estos profesionales y profesoras a lo largo de todo el territorio nacional, evitando asimetrías tales como que la pedagogía en física solo exista en tres regiones del país.
Con este esquema, intentamos establecer una serie de incentivos para que las instituciones de educación superior no solo creen programas de pedagogía en todo el territorio nacional, sino que además los fortalezcan y se formen comunidades académicas que investiguen y se vinculen con el sector escolar. Esto implica el desarrollo de instrumentos de política pública que, si bien no tienen rango legal necesariamente, son fundamentales.
Podría detallar, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el Plan de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, mediante el cual, durante nuestra administración, hemos introducido un refuerzo en forma de financiamiento suplementario a las universidades públicas que tienen una determinada proporción de matrícula en pedagogía, como sucede en los planes de crecimiento. El lunes de la próxima semana, durante la inauguración del año académico en la Universidad de Atacama, visitaremos dicha institución, y hemos recibido el plan de crecimiento de la Universidad de Atacama, que contempla la creación de varias carreras de pedagogía que la región requiere y que, actualmente, no cuenta con oferta académica en esta área.
Es decir, a través de los planes de crecimiento tanto de las universidades públicas como de las tradicionales, mediante nuestro Plan de Fortalecimiento de las Universidades del Estado, impulsamos la existencia de estos programas. Pero, naturalmente, no se trata solo de incentivar la creación de programas, sino también de dotar a las instituciones de educación superior y al Estado de un sistema de monitoreo que identifique qué programas se requieren y, a su vez, facilitar a las personas el acceso a estos programas, garantizando siempre la calidad de la formación y el buen desempeño.