En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta.
Gracias, señor Presidente. En esta sesión se han recibido para la cuenta los siguientes documentos:
En primer término, oficio de su excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta con urgencia suma el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, que se encuentra en tabla en esta sesión.
También se recibe el oficio 20.367 del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual se informa que la diputada doña Lorena Fríes Monteleón reemplazará de forma permanente en la comisión al diputado Gonzalo Vinter Etcheverry, quedando conformados nueve integrantes permanentes.
Oficio de la Corporación, por el cual se remite a segundo informe el proyecto de ley que modifica el Código Procesal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario; proyecto que es de autoría del diputado Leonardo Soto y que vuelve en segundo trámite reglamentario, con indicaciones para regular cómo aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptibles de ser abonados a la pena privativa de libertad impuesta al condenado.
Asimismo, se recibe oficio de la Corporación mediante el cual, a solicitud del diputado Cristiano Araya Lerdo de Tejada, se acuerda remitir a nuestra comisión, como técnica, el proyecto que modifica la Ley del Tránsito y el Código Penal, a fin de agravar las sanciones aplicables a ciertas conductas asociadas a la conducción de vehículos motorizados.
También se reciben proyectos iniciados en moción: uno que modifica la Carta Fundamental para garantizar la vida del ser humano en gestación y otro que modifica la Carta Fundamental para resguardar el saldo de la cuenta de capitalización individual que las personas tienen al iniciar los trámites para su jubilación.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia a la sesión de hoy de don Ernesto Muñoz, su Secretario de Justicia, acompañado de la señora Gabriela Peña, asesora de los abogados de la Dirección Jurídica; doña Paula Recavarri y don Francisco Molina.
Por su parte, el Ministerio Público, Fiscalía Nacional, confirma la asistencia al señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, acompañado de la Directora Ejecutiva Nacional, doña Mónica Naranjo; del profesional de la Dirección de Estudios, don Gonzalo Droguet; de la señora Sonia Flores Rubio, edecán; del teniente coronel; del periodista Leslie Trollund y del fotógrafo Luis Bos.
Asimismo, se recibe oficio de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, por el cual se acuerda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer sobre el proyecto de ley de segundo trámite constitucional de reforma integral al sistema de adopción en Chile.
Posteriormente, se recibe oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se responde al oficio 141 de la Comisión con motivo del proyecto que modifica la responsabilidad penal adolescente. Este oficio se hará llegar, vía correo electrónico, a todas y todos los integrantes de la Comisión.
Se recibe, además, el correo electrónico de la señora Macarena Pino, presidenta de ANFRENSEM (asociación de funcionarios de la Fiscalía Regional Militar Metropolitana, Centro), mediante el cual se remiten minutos de observaciones al plan de fortalecimiento del Ministerio Público, comprometido en la sesión del martes 15 de abril del presente año, cuyo análisis fue efectuado por varias asociaciones del Ministerio Público y de funcionarios.
La señora Camila Martí, de la Comisión de Incidencia de la Fundación Abogados por los Animales, solicita ser invitada en representación de dicha fundación, con motivo del debate del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados.
Asimismo, por correo electrónico, la diputada doña Carolina Marzán solicita invitar a exponer, respecto a este mismo proyecto, a las personas que a continuación indica: doña Paula Herrera Maldonado y doña Katherine Uribe Vélez.
De igual forma, la señora María Isabel Pávez, del área legislativa de la Fundación Derecho y Defensa Animal, solicita ser invitada con motivo del debate del mismo proyecto que sanciona penalmente nuevas formas de maltrato animal.
Por último, se han recibido solicitudes para asistir como oyentes a la sesión de hoy, con motivo del proyecto que modifica los cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, por parte de la señora Paulina Ruiz Tapia, Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios AFREN-SUR, y don Gonzalo Valdés, Secretario de AFREN-CEM.
Se procederá con los acuerdos correspondientes.
Que van a participar, ¿no es cierto? Tenemos, primero, respecto al nuevo proyecto sobre maltrato animal, solicitudes de las 12, número 12, que es la Fundación Abogados por los Animales. Si le parece, señor secretario, tomemos acuerdo por las tres solicitudes que han llegado para que puedan participar de la discusión. Perfecto.
Y la otra es en calidad de oyente: doña Paulina Ruiz Tapia, Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Frense, y don Gonzalo Gómez Valdez, Secretario de la Frense. ¿Hay otro acuerdo que tomar? Entiendo que no. Serían todos.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Vilavaca.
Sí, presidente, dos cosas. Primero, respecto al proyecto que busca regular los días de cumplimiento de pena para aquellas personas que se encuentran con algún tipo de medida cautelar privativa de libertad. Viene con un par de indicaciones que son bastante menores para la sala, y es un proyecto que ya debatimos ampliamente. Yo pediría que, en la primera sesión de la vuelta a la distrital, lo establezcamos como de fácil despacho. Creo que será un proyecto que podemos zanjar rápidamente para que vuelva a la sala y siga avanzando en el proceso legislativo.
Y segundo, se ha presentado un proyecto de autoría del suscrito que busca modificar diversos cuerpos legales a fin de sancionar más severamente determinadas conductas relacionadas con el tráfico vial y el manejo de vehículos motorizados. En particular, se propone una modificación en el Código Penal respecto a los accidentes de tránsito provocados por personas que conducen sin licencia, buscando sancionar también a quienes facilitan el uso de vehículos a personas no habilitadas y a aquellos que omiten los deberes mínimos de diligencia en la conducción. Esto surge particularmente a raíz de algunos casos a nivel nacional de homicidios culposos producto de este tipo de conductas. Hoy día, muchas personas no cumplen las normas de tránsito, no poseen licencia de conducir profesional y, al final, terminan siendo sancionadas como una mera falta de la ley del tránsito. Si bien el homicidio culposo es figura penal, las penas actuales resultan mucho más débiles de lo que deberían ser. Por ello, mediante este proyecto de ley se plantean conductas agravadas y sanciones accesorias para quienes faciliten dichas situaciones.
Me gustaría, señor presidente, que en mérito del trabajo que se está desarrollando en la comisión, podamos revisar dicho proyecto lo más rápidamente posible. Esto se da por un caso en particular en la comuna de Valdivia, en el que una conductora, con un importante número de infracciones por conducir sin licencia y manejando de manera cuasi delictual, asesinó a un niño menor de edad y dejó a su abuela, quien lo acompañaba, con lesiones graves. Y esa persona, teniendo la primera conducta penal, saldría casi impune respecto a un grave homicidio cometido en la comuna. Por ello, es imperativo evitar que se presente de inmediato en tabla.
Gracias, Presidente.
Gracias, diputado Itabaca. Los consideraremos dentro de la priorización para que ambos proyectos queden por secretaría.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Bien, quiero solicitarle a la comisión, si le parece… perdí el papeleto. Quisiera solicitar, si me permiten, habilitar la intervención de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, perteneciente a las Corporaciones de Asistencia Judicial, para que puedan intervenir durante los primeros cinco minutos de esta sesión. Ellos están en una movilización nacional y nos han pedido la posibilidad de exponer en la comisión, por cinco minutos, la situación que están viviendo y la movilización que se está desarrollando en todo Chile.
Por ello, invitamos a don Marcelo Inostrosa, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, y le ofrezco la palabra hasta por cinco minutos para que nos cuente un poco la situación. Don Marcelo, aquí tiene que ir, ahí abajo.
Señor presidente, a través de su intermedio, agradezco el espacio a los honorables diputados y diputadas de esta comisión.
Tal como usted señala, las corporaciones de extensión judicial, agrupadas en la Federación Nacional de Justicia –que reúne a los ocho gremios de las cuatro corporaciones de extensión judicial– nos encontramos desde el 2 de abril en una movilización que tiene el carácter de indefinida, desde Arica hasta Punta Arenas. Una situación que nosotros no propiciamos, que no patrocinamos, y que de verdad nos complica, porque entendemos que nuestro deber, nuestra función, es acercar la justicia a la gente más desposeída de este país.
En ese contexto, señalamos las razones de esta movilización. Nosotros, en agosto del 2023, firmamos un protocolo con, en ese entonces, el subsecretario –hoy día Ministro de Justicia, don Jaime Gascardo–, en el que se comprometió a atender las aspiraciones de los trabajadores de las corporaciones de extensión judicial. Por una parte, avanzar en la homologación de remuneraciones. Esto, de forma gráfica, es: "igual pega, igual paga". Tenemos abogados, trabajadores sociales y psicólogos que, en Punta Arenas, ganan una cantidad de plata, y en una comuna cercana, en la misma región, ganan una cantidad completamente diferente. Es una situación tan grave que solucionar el tema de raíz significaría disponer de algo así como 35.000 millones de pesos. Nosotros no estamos pidiendo esa plata, porque entendemos que las prioridades del Estado son múltiples y que las necesidades deben satisfacerse con criterios de equidad y de realidad; pero queremos avanzar, y lo que estamos pidiendo es nada menos que el cumplimiento de la palabra empañada por el ahora Ministro de Justicia.
Se llegó a este protocolo de acuerdo, suscrito en agosto del 2023 con numerosos bemoles. Se acordó que se implementaría, a contar de marzo del 2024, para favorecer a los profesionales no colegiados –que debieron comenzar en enero, con un primer traspiegue en marzo– y, a fines del 2024, debía estar el estudio para implementar la homologación respecto a los profesionales. Eso no ocurrió, y la primera oferta concreta la tuvimos ya estando en movilización. Son cantidades que, para el área fiscal, son realmente insignificantes. La oferta del Ministerio de Justicia, en un primer momento, fue de 1.280 millones de pesos; después de una semana de negociaciones, consensuamos una cifra de 2.800 millones, y, en la última reunión, nos ofrecieron 1.100 millones de pesos. La verdad es que parece una falta de respeto estar sentados en una mesa para que terminen ofreciéndonos un piso inferior al que teníamos en la primera conversación. Los trabajadores de las corporaciones de extensión judicial no merecen ese trato, y nosotros los representamos aquí y en todas las instancias pertinentes.
Pero, aparte de eso, hay otra cuestión fundamental que es necesaria asumir como parte de la labor del Estado: el compromiso con la justicia. Hemos sido muy leales con el Ejecutivo para patrocinar el proyecto de SNJ, porque esperamos que, si no es la panacea, vaya a significar un avance importante en lo que es la justicia en Chile, en el sentido de "poner los pantalones largos", ya que recordemos que las corporaciones son el mayor operador de la justicia en este país. En ese contexto, existen situaciones que no pueden esperar a que ese proyecto de ley se concrete. En materia de líneas de infancia, en Santiago, tenemos abogados que están patrocinando 900, 700 causas, lo cual es inviable, ya que implica altos costos de salud y afecta la eficiencia en la atención de esos niños, quienes se supone son la prioridad del Estado.
Asimismo, contamos con una línea adulto mayor compuesta por 32 profesionales en todo el país para atender a un público que asciende a 3,5 o 4 millones de personas. Estos profesionales –abogados y trabajadores sociales– no cuentan con equipos administrativos, secretarias ni técnicos. Tenemos abogados agendando reuniones, llamando por teléfono y malgastando horas profesionales que podrían dedicarse a cuestiones mucho más relevantes, atendiendo todas las materias del derecho en las que tienen participación los adultos mayores en Chile. ¿Es eso viable? ¿Es eso serio?
Por ello, nos alzamos, y, lamentablemente, ya entramos a la tercera semana de movilización, y no queremos seguir en esto. Hay que reconocer que hemos tenido algunos acercamientos y que el subsecretario aquí presente ha mostrado voluntad de conversar y gestionar, pero la verdad es que todos sabemos que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y nosotros no podemos seguir esperando.
En ese contexto, agradecemos el espacio, relevamos el compromiso y la abnegación de todos los trabajadores de las cuatro corporaciones de extensión judicial del país, que día a día hacen que la justicia sea una realidad en Chile, y pedimos de ustedes el apoyo para conversar con quienes abren la billetera fiscal, para que la DIPES también entienda que no solo el criterio económico es relevante, sino que estamos hablando de los pilares de la paz en Chile: la justicia, esa justicia con la que todo el mundo se llena la boca.
Nosotros en la trinchera todos los días hacemos realidad. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, don Marcelo Inostrosa. En el tiempo, yo, antes de ofrecer la palabra sobre este tema, quería pedirle la anuencia a la comisión para invitar al señor subsecretario a esta mesa, ya que también, a lo mejor, podría participar para aclarar algunas dudas. Bien, ¿no? Sí. Diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra.
Sobre el punto, señor Presidente: la situación que hoy día viven las corporaciones de asistencia judicial es dramática, y no solamente hoy día. Es la historia; lo compartimos cuando discutimos el proyecto de ley que modifica y crea este nuevo sistema de servicio de acceso a la justicia. Dijimos en aquel momento que, en la medida en que no se logre considerar a los trabajadores que ganan paupérrimos sueldos, estos sueldos -los menores del servicio de acceso a la justicia- son absolutamente deplorables, con unas condiciones e infraestructuras igualmente deplorables.
La razón para generar este nuevo servicio de acceso a la justicia era poder ir mejorando de a poco, con la expectativa de que el Ejecutivo desarrollara acciones para elevar la calidad de los servicios que prestan los funcionarios de las corporaciones. Porque, al final del día, quienes pagan el plato roto son los usuarios de las corporaciones. Me consta el trabajo que, al menos en mi región, realizan cada una de las Corporaciones de Asistencia Judicial en cada comuna. Todos los que tuvimos la práctica profesional pasamos por allí y sabemos el tremendo esfuerzo que se requiere.
Por lo mismo, le pediría, señor Presidente, que desde la comisión le exijamos al Ejecutivo claridad respecto a esto, ya que lo que vive la Corporación de Asistencia Judicial es también vivido por Gendarmería, que es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, y se necesita una mirada urgente. No entiendo que pasen tres semanas en movilización sin ningún tipo de acuerdo, mientras usuarios esperan con ansia tener acceso a la justicia, situación que es responsabilidad de nuestro gobierno.
Diputado Sánchez:
Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera señalar que estoy plenamente de acuerdo con lo manifestado por el diputado Ilavaca. Todos los que tuvimos que hacer la práctica después de estudiar Derecho sabemos el nivel de precariedad con el que operan las corporaciones de asistencia judicial. El servicio que se entrega es, además, fuertemente subsidiado por el trabajo forzoso que realizan los egresados de Derecho, siendo esta una carga que implica seis meses de prácticamente trabajo esclavo para el Estado de Chile.
Tenemos esta situación en el país, y el sistema y el servicio de la Corporación de Asistencia Judicial depende de un montón de trabajadores que ni siquiera reciben remuneración. Con tales condiciones, ¿no se habrá agotado la capacidad del Estado de Chile para pagar un sueldo digno a los profesionales? Esto añade al escándalo de la situación. Ahora, también hay que ser sincero: esto no es una cuestión exclusivamente de responsabilidad de este gobierno, ya que ningún gobierno en la historia del país ha logrado resolver este problema. Francamente, lo encuentro una locura. No entiendo cómo, de todos los servicios públicos existentes, un tema tan crucial como el de las corporaciones de asistencia judicial –del cual dependen las personas en mayor precariedad y necesidad de asistencia jurídica– no esté resuelto.
Me gustaría aprovechar para hacerle al subsecretario una consulta, porque esta cuestión tiene una derivada que, hasta el momento, no ha quedado suficientemente clara: ¿cuál es la situación de los postulantes que están, por fecha, terminando su práctica o que deberían estar terminando su práctica? ¿Producto de este paro se les está extendiendo aún más la práctica?
Porque en el fondo, a ver, no es solo una cuestión de empatía profesional, por el hecho de ser abogado y porque me tocó vivirlo. Siempre he encontrado escandaloso esta práctica, pero que terminemos con una situación en la que, habiendo cumplido esos seis meses, estos jóvenes no reciban el documento necesario para poder iniciar sus trámites para jurar, lo que después les permitirá acceder a un empleo o mejorar sus condiciones de remuneración. Yo lo consideraría, además, una nota que añade aún más al escándalo de lo que estamos discutiendo. Por supuesto, todo mi apoyo, y espero que el Ministerio de Justicia lo resuelva a la brevedad. Gracias.
Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Pamela Giles. Antes, a propósito de lo que han dicho, si les parece, vamos a tomar un acuerdo para oficiar al señor Ministro. Bueno, le ofrezco la palabra entonces a la diputada Giles.
Sí, señor presidente, yo, en lo personal como ciudadana, puedo concordar, por supuesto, en la necesidad de resolver este problema, pero, como siempre, quiero ser tremendamente clara y decir que esto es una instancia legislativa y en ningún caso una instancia de escucha gremial ni sindical. Es más, quiero recordar que los diputados tenemos expresamente prohibido participar en reivindicaciones gremiales de manera directa, lo cual, si no me equivoco, es incluso causa de inhabilidad según Ley Orgánica.
Los he escuchado todos con mucho respeto. Me parece muy bien, señor presidente, que usted haya decidido entregarle cinco minutos a la persona que viene en representación, sin embargo, quiero pedir que se respete nuestro reglamento y nuestra razón de ser. Esta es una instancia legislativa; no veo que aquí exista alguna propuesta legislativa que pudiera ser del caso, ni cuál puede ser la intervención que nosotros pudiéramos tener, y se nos está poniendo, señor presidente, en una situación al límite de la legalidad, en mi opinión. Por ello, le pediría que lo dejáramos hasta aquí.
Bien, les pido silencio; voy a terminar con la ronda de palabras y ofrecer la palabra a la diputada Lorena Fríes, y luego al diputado Leiva y al diputado Soto.
Respecto al punto que estamos discutiendo, voy a pedir al señor secretario, el diputado Benavente, que revise nuestro reglamento. Pero, mire, nosotros también tenemos un rol constitucional de fiscalización y de representación que no nos podemos cercenar. Presidente, primero que todo, empatizo con la situación que viven los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, ya que la tramitación legislativa siempre ha sido no solo bien recibida, sino que sus planteamientos han sido acogidos favorablemente en esta Comisión.
Sin embargo, señor presidente, me gustaría señalar, en función de la ortodoxa interpretación del Tribunal Constitucional respecto de la celebración de un contrato de compraventa —puesto que el Tribunal hace símil a suscribir o celebrar— que el artículo 60, número 4 de nuestra Constitución establece que se sacará de su cargo al diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio o que ejerza cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o en representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes.
Por ello, invito a la prudencia en esta Comisión, pues, bajo el análisis del último fallo del Tribunal Constitucional —del cual estoy en absoluto desacuerdo y que nuestro partido ha sufrido las consecuencias—, si esa es la interpretación que se mantendrá, cada uno de nosotros podría verse implicado en una causal de inhabilidad conforme al artículo 60, número 4 de la Constitución. Entonces, ojo con ese tema, señor presidente. Solo eso.
Es muy distinto, es muy distinto. Voy a seguir ofreciendo la palabra. Yo creo que, en democracia, a un parlamentario nadie le puede cercenar su rol.
de representación y de fiscalización, por lo tanto es distinto celebrar un contrato con el Estado. No, pero uno puede opinar, o sea, para eso nos cercenamos. Les pido silencio. Bueno, quien quiera concurrir en esa supuesta interpretación a Isabel Legalidad podrá continuar. Yo le voy a ofrecer la palabra a la diputada Fríes, si quiere intervenir.
Diputada Fríes: Gracias, presidente. Voy a limitar la palabra en función de lo que han dicho mis colegas anteriormente, saludando el trabajo que realiza la Corporación de Asistencia Judicial y señalando que la mayoría de los informes en materia de derechos humanos indican que el acceso a la justicia es uno de los graves problemas que tenemos en Chile. La Corporación ha sido central para, al menos, reducir esta violación de derechos.
A propósito del tema que se plantea, existe un proyecto en tabla para verse en sala, que es el de envejecimiento integral. En ese proyecto hay un informe financiero que establece, digamos, un presupuesto para la Corporación de Asistencia Judicial en relación al programa de personas mayores. Quiero saber cuál es la evaluación que hacen al respecto, ya que efectivamente se trata de un empuje, un apoyo para la tremenda labor que realizan. Muchas gracias.
Diputado Soto: Muchas gracias, señor presidente. Mire, nosotros tenemos funciones legislativas que cumplir y las ejercemos formalmente, con amparo constitucional en la sala y en comisiones. Contamos con fuero parlamentario e inviolabilidad en nuestras opiniones y votos, en la medida en que las ejerzamos en esta condición, y yo no voy a renunciar a un derecho que se lo han ganado todas las civilizaciones occidentales y que nos permite, en este caso particular, analizar un conflicto de la administración pública que afecta a todos los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial.
Quiero sacar a colación algo que señaló también el diputado de La Vaca: en la tramitación del proyecto del Sistema Nacional de Acceso a la Justicia, que tramitó este gobierno al principio de este período, se llegó a acuerdos explícitos con el Ministerio de Justicia para producir la homologación de las remuneraciones, no solo dentro de la Corporación—donde ya se observa una asimetría importante, injustificada—sino también con otros programas de defensa judicial que se asimilarán al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Me refiero, por ejemplo, a los programas que están en la Sociedad de Prevención del Delito y otros más. Todos ellos deben homologarse en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Hubo un compromiso explícito de carácter legislativo que resolvió los nudos que impedían que el proyecto avanzara en el gobierno anterior. Por eso se avanzó en este proyecto y se aprobó en la Cámara, porque resolvía estos nudos. Se acordó, de manera formal, que el ministro de Justicia actual —entonces subsecretario— avanzaría gradualmente en la homologación de remuneraciones: primero con los auxiliares técnicos, que entiendo ya se hizo en una primera parte, y luego con los sueldos de los profesionales, que presentan asimetrías inaceptables.
Espero que a partir de este conflicto se retome esa conversación y se acceda a ella efectivamente. No hay nada más odioso en una institución que tener diferencias de remuneración entre personas que trabajan una al lado de la otra sin justificación racional, lo que produce una disfuncionalidad tremenda en el servicio, y la Corporación está sufriendo esa situación. Espero, señor presidente, que podamos apoyar el cumplimiento de ese compromiso de carácter ministerial y, si es necesario, invitar o citar a representantes de la Dirección de Presupuesto que tienen que ver en esto, porque no podemos permanecer indiferentes ante un servicio que se desmorona, afectando de manera permanente y transitoria a todos los usuarios, especialmente a los más pobres de este país.
Muchas gracias.
Diputado Benavente: Le ofrezco la palabra sobre el punto.
Diputado: Gracias, presidente. Primero, antes que nada, una precisión al diputado Leiva. Me parece muy positivo que el Partido Socialista ahora esté leyendo la...
La Constitución, debieran haberla leído antes y nos habría pasado lo que todos sabemos. Ahora, lo que me atormenta es cuánto tiempo va a durar el llanto del fallo, porque yo no sé, a cada rato nos recuerda el fallo del diputado Leib y el llanto ya se ha extendido demasiado. Hay un organismo que se llama FIFA.com, diputado Leib. Respecto a lo que estamos hablando, a ver, un poco lo que decía el diputado Soto aquí.
Yo sería bueno que el subsecretario nos explicara por qué el gobierno le quitó la urgencia o no le ha dado la urgencia al proyecto de servicio de acceso a la justicia. Es un proyecto vital en el que se van a cumplir una serie de compromisos y es vital justamente por lo que estamos hablando. No me estoy pronunciando sobre el tema de que hoy día estén paralizadas las funciones; estoy diciendo que es un proyecto vital para hacer justicia con todos aquellos funcionarios de la Corporación, hasta el momento, y que después pasan a formar parte del servicio de acceso a la justicia, justamente para reconocer la dedicación de esos funcionarios, como señalaba el diputado Sánchez, quienes hicieron en algún momento prácticas, algunos hace más tiempo que otros, y sabemos lo sacrificada que es la labor de la Corporación. Además, ese proyecto contiene otro elemento muy importante que hoy día la ciudadanía reclama y que fue negado por algunos que hoy día están en el gobierno, en la forma de la Defensoría de las víctimas. Entonces, ese proyecto tiene doble importancia. A mí me parece fundamental, y sería importante que el gobierno nos explique por qué no le ha dado urgencia o, incluso, le quitó la urgencia, porque en esta Cámara lo aprobamos de manera, yo creo, bastante expedita. No fue una tramitación tan dificultosa, no hubo tantos puntos discordantes ni nada de eso. Entonces, la verdad es que ese proyecto debería aprobarse rápido.
Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. No sé si algún otro parlamentario quiere intervenir sobre este punto. Nos vamos a evitar el oficio y vamos a solicitar un acuerdo para pedirle al señor ministro; pero ya que está el señor subsecretario con nosotros, le vamos a ofrecer la palabra sobre esta situación que está afectando a la Federación Nacional de Acceso a la Justicia de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Entiendo que el proyecto de acceso a la justicia está con urgencia suma en el Senado, en la Comisión de Hacienda, en segundo informe, si me permite la comisión, y yo quiero pedirle a la Secretaría, a propósito de algo que ha dicho el diputado Leiva, que podamos solicitar una información formal respecto de los antecedentes que entrega. Yo creo que lo peor que nos podría pasar a este Congreso Nacional es cercenar nuestras atribuciones parlamentarias, incluso poniendo en riesgo nuestra inmunidad parlamentaria en nuestro rol en las comisiones y en la sala. Además, soy partidario de ampliar la inmunidad a propósito de la fiscalización en los territorios. Entonces, si es necesario hacer una modificación, una reforma, una propuesta, hay que hacerlo. Le vamos a pedir un informe a la Secretaría, para dejar muy en claro.
Bien, le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario para que nos dé cuenta sobre esta grave situación que afecta a las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile y cuáles son las vías de solución, entendiendo hoy día que están paralizadas. Muchas gracias, señor presidente.
Como subsecretario, no quiero entrar al detalle de negociaciones que están en curso. De hecho, antes de entrar a esta Comisión tuve otra reunión con la directiva de la FENADASC acá y, para respetar los ámbitos de reserva de lo que estamos conversando, no voy a entrar en el detalle. Lo que sí puedo decir es que, como Ejecutivo, nunca hemos dejado de conversar y de ofrecer soluciones durante estas semanas. Y, por cierto, como en toda negociación, tenemos distintas interpretaciones respecto de cuál es la solución adecuada. Hace tiempo ya contamos con un porcentaje importante de acuerdos y Marcelo, por su condición de presidente, lo sabe. Vamos a hacer todo lo posible para que esta semana se obtenga un resultado positivo, y sobre eso yo diría que vamos avanzando, señor presidente.
Si me permite, más que hablar del conflicto en particular y del acuerdo que es parte de las negociaciones, quisiera comentar acerca del contexto, porque evidentemente lo que nosotros observamos, tal como se estaba...
Por los señores diputados: es el efecto de una política pública que se ha construido sin unidad y que tiene expresión a propósito de la existencia de cuatro corporaciones de asistencia judicial, las cuales han tenido durante el tiempo criterios y gestiones distintas. En el último tiempo –y yo diría que desde este gobierno– se ha empezado a homologar, de manera tal, que en las rendiciones de cuentas y en los compromisos que asumen las corporaciones con el Ejecutivo, a través de la transferencia de fondos, se vayan uniformando estas políticas. Esto ha estado en curso aún antes de lo que usted señalaba, por su intermedio, señor Presidente, diputado Sota, a propósito de la conversación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensa de las Víctimas, proyecto que, de hecho, creo que en los últimos 40 años se han presentado cerca de seis o siete iniciativas.
Hoy día estamos a puertas de, por fin, generar una institucionalidad adecuada para un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que es el acceso a la justicia, y que de manera muy importante va a solucionar, hacia el futuro, muchos de los problemas que nos han conducido a situaciones donde existen esquemas por homologar. En ese marco, señor Presidente, hay una serie de instancias –como en toda creación de servicio– en las que se producirán homologaciones relacionadas, entre otras, con políticas de remuneración y encasillamiento, con un despliegue gradual, como ha sido habitual en este tipo de reformas, para que podamos observar en las distintas regiones de nuestro país la implementación de este servicio. El compromiso del Gobierno es, como usted bien decía, avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto, que está con suma urgencia; se renovó el 15 de abril y estamos trabajando para que pronto se ponga en tabla y lo aprobado en esta comisión, que está a punto de salir, pueda ver la luz y logremos esa salida institucional.
El efecto de lo anterior es que hoy, como Ejecutivo, haremos todo lo posible para que, al implementar ese servicio, las brechas estén al máximo reducidas y, sin entrar en detalles, pronto podamos lograr un acuerdo favorable para todos.
Muy bien, señor secretario, eso esperamos, que se resuelva rápidamente esta situación que afecta a las corporaciones de asistencia judicial. Quiero agradecer, por supuesto, a don Marcelo Inostrosa, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, por su participación, la cual se extendió por más de cinco minutos, pero que resultó necesaria dada la importancia de la situación que se vive en el país. Muchas gracias.
¿Puede agradecer?
Sí, sí. Estaba prendido. Por cierto, señor Presidente, quiero agradecer, como ha sido ya una tradición en esta comisión, la posibilidad que han tenido los trabajadores del acceso a la justicia en Chile –del mayor operador de la justicia en nuestro país– de conversar cara a cara respecto a estas situaciones que nos aquejan y que, al final, se traducen en una justicia mayor y mejor para Chile. No puedo dejar pasar lo señalado. Efectivamente, hay acuerdos en la mesa; la verdad es que no son privados ni secretos, están en los medios y en las redes, y ustedes pueden verlos. Pero también quiero revelar una situación: se ha tratado de criminalizar el movimiento. El pasado jueves se difundió otro comunicado de la Secretaría de Justicia en el que se señalaba que, por la intransigencia de los trabajadores, no se llegaba a acuerdos. No puedo dejar pasar esta oportunidad, porque las palabras construyen realidad y esas realidades construyen mundos. En ese contexto, lo que pido es paridad y respeto en el diálogo, ya que hemos sido súper leales con este gobierno, como con todos los gobiernos de este país en el trabajo sindical. Las faltas de respeto no serán aceptadas nunca. Por ello, agradezco la posibilidad de vernos cara a cara y de relevar estos temas urgentes para todo el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Marcelo Inostrosa, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Chile. Un saludo a todos los funcionarios del país, en especial a los de la Región de Aysén.
Bien, muchas gracias. Continuamos con la orden del día. Vamos a iniciar la tramitación en particular del proyecto de ley. El segundo trámite constitucional inició con el mensaje que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, Boletín N° 16.374-07, con urgencia suma.
Esto se encuentra con nosotros el señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, y también muchos integrantes de su equipo; así como, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, a quien ya saludamos. Se ha excusado el señor Ministro de Justicia. Le pido la anuencia a la Comisión para que tanto el señor Fiscal como el señor Subsecretario puedan ser acompañados por sus asesores en esta discusión en particular. Los que deseen podrán acompañarnos.
Bien, señor Secretario, si usted nos puede orientar a la Comisión. Gracias, señor Presidente.
Tenemos a disposición el comparado que contiene las indicaciones presentadas al proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Las únicas indicaciones que alcanzaron a estar dentro del comparado —porque llegaron con posterioridad— son las que están acompañadas en una fotocopia que se va a distribuir en este instante.
Hemos recibido indicaciones, señor Presidente, tanto parlamentarias como también del Poder Ejecutivo, por lo que habrá que considerarlas cada una de ellas. Quedo en silencio, por favor, en la sala.
Estas son las indicaciones que se están acompañando en forma separada, presentadas por el presidente de la Comisión, don Miguel Ángel Calixto. Sin embargo, existe otra que tiene la particularidad de ser igual a la de la mano izquierda.
Voy a explicar las mías. Las suscribí; provienen desde la propia Fiscalía, pues lo vimos con la asesora técnica de la Fiscalía, y por eso las presenté como propias y las pondré a discusión. ¿Cuáles son las mías? Esta consta de cuatro hojas, la misma que la del presidente.
No sé cuáles son las indicaciones que se han presentado fuera del comparado; se han presentado dos conjuntos de indicaciones fuera del comparado, fuera de la fecha que fijamos para los efectos del comparado solamente, por lo que no producen otro efecto.
Por otra parte, las indicaciones del presidente, don Miguel Ángel Calixto, constan de cuatro hojas y comienzan con una serie de modificaciones, encabezando con: “Número uno, sustituya el artículo 20 por uno nuevo.” Estas son las indicadas por don Miguel Ángel Calixto.
Respecto al diputado Videla, se entiende que sus indicaciones están en el comparado y son, en esencia, las mismas, por lo que se espera que venga a explicarlas en esta sesión.
Yo he expuesto las mías, que son la propuesta que me hizo llegar la Fiscalía.