El acta de la sesión 158 se da por aprobada y la sesión 159 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la cuenta.
Señor Presidente, se han recibido dos pareos para la presente sesión. El primer pareo es uno acordado por el diputado Mauro González y el diputado señor Andrés Giordano, y también el del diputado señor Juan Santana con el diputado Frank Zauberbaum. Eso está a la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario.
Bienvenido, diputado Alavés. Diputados, solicito autorización para que ingresen quienes están en la espera telemática.
Habíamos pedido por la Cámara de Comercio de Santiago; está don Francisco David, María Teresa Vial, Daniel Fernández y Fernando Aguirre, de la CPC. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Puntos varios. Se ofrece puntos varios, diputados. Pídanlo como punto varios. Presidente, un punto varios. Primero, felicitarlo, ¿ah? Que, más allá de que estemos en vereda opositora, los felicito por esa mayoría absoluta que tuvo en su, digamos, proclamación como presidente. Presidente, tomando en cuenta que ya han pasado varios presidentes antes que usted, si es posible invitar al Bafona bajo su mandato, sería bueno para terminar con esos puntos varios y partir con otros. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Alavé. Vamos a acoger su propuesta; vamos a invitar al Bafona. Ahí coordinemos entonces cuándo hacemos la invitación. Ya, otro punto varios. Ya, pasemos entonces a la orden del día. Como les había comentado por el grupo que tenemos para coordinarnos, esta sesión tiene por objeto tratar dos puntos. Primero, el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica; estamos a la espera de que ingrese una indicación por parte del gobierno y la idea es que hoy terminemos todas las exposiciones relativas a ese proyecto y luego nos dediquemos solamente a discutir el contenido, el detalle, cuando ingrese la indicación y allí lo vamos a poner a votación en general. Y el segundo punto es avanzar en la extensión de la duración del permiso postnatal parental, para lo cual vamos a invitar al señor Jorge Rojas, quien no pudo exponer la semana pasada porque estaba en la Comisión de Economía y no le alcanzaron los tiempos. Con esos dos elementos vamos a cerrar esta sesión.
Partimos con el primer estudio del proyecto de ley originado en el mensaje del señor Presidente de la República, que modifica la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Hemos invitado a la señora Margarita Paz Araya Flores, Presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS), muy bienvenida. También hemos invitado a la señora María Teresa Vial Álamos, Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), quien está saludándonos telemáticamente. María Teresa, bienvenida. Asimismo, a don Daniel Fernández Koprich, Presidente del Directorio de la Cámara Marítima y Portuaria, y a la señora Macarena Letelier Velasco, Gerente General de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Los veo conectados.
No vamos a pasar asentando, así que seguiremos el orden señalado. Son muchas exposiciones; a cada una les daremos 10 minutos para poder alcanzar a todos. Les pido, por favor, ceñirse al tiempo, ya que luego también habrá quizás algunas consultas de los parlamentarios. Con fe, por favor, adelante, señorita Margarita Paz Araya Flores. Ya son las 3:10. Adelante, doña Margarita, en el botón.
Buenas tardes a todos y a todas. Soy Margarita Paz Araya Flores, Presidenta Nacional de CONFEDEPRUS. CONFEDEPRUS es una confederación nacional de profesionales de la salud; representamos a trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Chile. Ustedes dirán que tenemos nosotros que decirles esto, pero la verdad es que hemos sido bastante insistentes respecto y muy expectantes a las posibilidades de modificar la ley 16.744, ya que desde hace bastante tiempo hemos venido levantando las graves dificultades que afronta el personal de salud por no contar con cobertura en enfermedades y, además, por intoxicaciones derivadas de trabajar en ambientes contaminados.
Es necesario hacer un preludio de esta presentación, invitándoles a reflexionar acerca del escenario actual que vivimos en los hospitales públicos de Chile y la evidente precarización en la que se encuentran tanto los trabajadores como la comunidad, debido a la falta de recursos en nuestros hospitales. Eso es conocido para todos y todas. Es importante considerar para nosotros todo lo que la Organización Internacional del Trabajo ha señalado y declarado…
Sin duda que todas estas materias en relación al entorno laboral son relevantes para nuestros trabajadores y trabajadoras, y que efectivamente hoy día también existe un deber del Estado de protegerlos en este ámbito.
El personal sanitario en el sector público, nosotros como trabajadores de la salud, somos los cuidadores del Estado. En ese sentido, señor Presidente, la importancia de presentar acá es hacer el llamado a esta comisión para señalar quién cuida a los trabajadores que cuidan a quienes habitamos este Estado. El personal definido como esencial hoy día pareciera no recibir el cuidado que merece. Somos garantes de la vida y la salud de la población y, por lo tanto, nos definimos a nosotros mismos como un pilar fundamental para la garantía de un derecho también esencial, que es la salud de todos y todas quienes habitamos este país. Esto constituye un elemento clave para el desarrollo social y económico, ya que unas buenas condiciones del personal de salud repercuten positivamente en el desarrollo económico del país, tal como lo confirman organismos internacionales.
Tenemos grandes brechas en materia de trabajo decente; ya es bien conocida por esta Comisión la exposición de todas las áreas en que se vulneran derechos. Hace un tiempo, expusimos ante ustedes estas carencias y celebramos que hoy ya podamos contar con un incentivo al retiro permanente, logro obtenido en la última negociación pública. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar en otras materias, como la carrera funcionaria y la seguridad laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras. Hoy, particularmente, queremos centrar la discusión en torno a esta ley, apelando al logro del derecho a la integridad física de quienes laboran en estas condiciones.
La falta de garantías de seguridad e integridad física se ve reflejada también en la ausencia de reformas legislativas que obliguen a las administradoras de seguridad laboral a asumir la prevención y el tratamiento de accidentes y enfermedades derivadas de la exposición a agentes contaminantes. Hoy se evidencia que las administradoras de salud no se hacen responsables de las intoxicaciones que sufren los trabajadores de la salud pública en sus hospitales. ¿Por qué? Porque el marco regulatorio actual establece que se actúa en función de la faena, del trabajo, lo que implica que, a pesar de estar afectados, nuestros trabajadores de la salud no reciben la protección necesaria. Esto afecta a toda la población de Quintero, Puchuncabí, a nuestros niños, niñas, adolescentes y a todas las familias, debido al eje de contaminación existente. La regulación de la ley 16.744 impone a las aseguradoras hacerse cargo del tratamiento, de modo que un trabajador intoxicado no puede acudir a la aseguradora, no se le emite una licencia médica ni se le hace el seguimiento correspondiente.
Además, contamos con estudios –conversamos con el Seremi de Salud del Paraíso– que indican, mediante investigaciones epigenéticas de la Universidad del Paraíso, la existencia de mutaciones genéticas en relación con la exposición a estos agentes contaminantes, lo que podría tener efectos a largo plazo en la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Si bien este ejemplo se ilustra con el personal de salud, sin duda es una problemática que afecta a todos los habitantes del territorio.
En ese sentido, señor Presidente, por su intermedio y en conjunto con toda la Comisión, creemos que existen determinados espacios geográficos que, por sus altas condiciones de riesgo para la vida, la salud de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente, han sido denominados –y son conocidos– como zonas de sacrificio. En Chile, el primer cónclave sobre el impacto ambiental y el desarrollo comunal estableció como zonas de sacrificio las localidades de Quintero, Puchuncabí, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco. Particularmente, hoy observamos y visibilizamos esta grave situación en Quintero y Puchuncabí. Los trabajadores y trabajadoras presentan náuseas, mareos y cefaleas, y laboran en condiciones en las que se ha normalizado esta sintomatología; es frecuente que se tomen cinco minutos para que pasen las náuseas, o que, al llegar a Quintero, se detengan en la ruta para vomitar antes de continuar hacia sus labores. Esta situación, además de ser recurrente, no genera que las administradoras asuman responsabilidades, ya que no se categoriza como accidente laboral ni como enfermedad.
La zona de Quintero-Puchuncabí fue declarada como saturada, dada la concentración anual y latente de contaminantes evidenciada en diversos estudios. En este contexto de contaminación ambiental, es fundamental prestar especial atención a todos los trabajadores públicos que están en faenas dentro de esta zona de sacrificio, entendiendo el concepto de entorno laboral de manera amplia.
Tal como lo define la OIT, se entiende por ello todo aquello que rodea el desempeño de las funciones y no solamente la faena, tal como señala el actual marco regulatorio. En lo que respecta al derecho internacional, es preciso destacar que, en materia de derechos humanos relacionados con la vida y la salud de las personas en ejercicio de una prestación laboral, cabe resaltar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 3 y 23), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4.1 y 5.1), la Carta Democrática Interamericana (artículo 10) y la Declaración de las Organizaciones Internacionales del Trabajo Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento.
Para estos efectos, es de suma relevancia considerar también el Convenio 148 de la OIT, que, si bien no está ratificado por Chile en la actualidad, establece garantías imprescindibles en estas materias para trabajadores y trabajadoras. En este pilar preventivo resulta fundamental establecer un pilar laboral en la Ley 16.744, relativo a accidentes y enfermedades profesionales, para que nuestros trabajadores gocen de la garantía de su salud frente a los riesgos a los que se ven expuestos.
Creemos, presidente, por su intermedio, que lo anterior evidencia una situación preocupante para quienes desempeñan funciones en zonas de sacrificio, por lo que es necesario ampliar el concepto preventivo recogido en los artículos 184 y siguientes, Título I del Libro II del Código del Trabajo, enriqueciendo la normativa laboral con los avances científicos reconocidos en la Ley 19.300 de las bases generales del medio ambiente, y reconociendo, asimismo, a quienes desempeñan labores en la Administración del Estado.
En este contexto, consideramos relevante avanzar hacia una modificación de la Ley 16.744, contemplando especialmente en ella los riesgos asociados a las zonas declaradas como latentes y saturadas de acuerdo con la Ley 19.300, en que se desarrolla la prestación de servicios. Además, debe considerarse que la Administración del Estado está obligada a tomar las medidas suficientes, oportunas y necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus funcionarios, informando respecto a los posibles riesgos y manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las diversas faenas, así como proveyendo los implementos necesarios para prevenir accidentes.
Hoy en día, los trabajadores de la zona de Quintero Puchuncabí no cuentan con elementos de protección personal específicos que les permitan sobrellevar su exposición a estos agentes. Desconocemos, hasta el día de hoy, que el Servicio de Salud haya dispuesto en su protocolo medidas específicas para el reguardo de los trabajadores, algo que se ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Salud.
En consecuencia, presidenta, y por su intermedio de toda la Comisión, como trabajadores y trabajadoras de la salud pública, solicitamos que se considere e incorpore en la modificación de la Ley 16.744, más allá de las distintas instancias que definirán la regulación o determinación de las enfermedades profesionales, una actualización de las categorías de tales enfermedades, considerando aquellas derivadas de la exposición a agentes de contaminación ambiental al desarrollar actividades laborales en zonas denominadas como saturadas, y que asimismo se contemple la intoxicación por agentes como un accidente de trabajo. Todas estas propuestas han sido acogidas y están en conocimiento, en particular, del diputado Hernán Palma Pérez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, quien ha estado dispuesto a complementar estas indicaciones necesarias para este proyecto.
En su momento fue presentada la ministra Janet Jara, quien manifestó la intención de revisarlo en esta instancia legislativa. Sabemos que la ministra ya no se encuentra en esa función, pero es importante mencionarlo, ya que Confedeprus es la única organización que representa a los profesionales de la salud en la Mesa del Sector Público. Por ello, también solicitamos a esta Comisión, por su intermedio, que oficie al Ministerio de Salud para que informe cuáles son las medidas definidas para prevenir y proteger la integridad física del personal de salud del hospital de Quintero, cuyos trabajadores y trabajadoras viven estas situaciones cotidianamente.
Finalmente, instamos al Ejecutivo a considerar, como medida reparatoria, avanzar hacia el otorgamiento de una asignación por desempeño en los territorios vulnerados, similar a aquella que se otorga en otros territorios afectados.
Instituciones de atención primaria. Cierro con esto, presidente. Para nosotros, como Confedeprus, ha sido fundamental la defensa de la salud física y mental de nuestros trabajadores. Somos los trabajadores; somos la organización que ha tenido al centro la defensa de un derecho humano fundamental, como la integridad física, la vida y la salud de quienes laboramos en este espacio. Y, por lo tanto, esperamos que esto sea acogido por la comisión y que, como antecedente, se presente al Ejecutivo para que patrocine estas indicaciones, tal como ya se manifestó durante el contexto de negociación de la mesa sector público presidencial.
Perfecto, muchas gracias, doña Margarita Paz Araya, por su exposición. Si hay alguna pregunta o acotación, tenemos varios invitados, así que tratemos de ser muy sucintos en la conversación. Diputados Andón y, luego, diputado Hernán.
Gracias, presidente. Bueno, saludar a Confedeprus. Yo aquí quiero hacer una pequeña apreciación general. Cuando se habló de que en las zonas de sacrificio hay muchas personas que, por ejemplo, presentan náuseas, se indicó que las náuseas son un problema de contaminación. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué? Yo sé que ustedes son trabajadores de un gremio específico, pero ¿no será, de alguna forma, estirar la esponja? Es decir, resulta preferible que nos incluyan en este proyecto de enfermedades profesionales, en lugar de limitarse a terminar con la contaminación. Porque imagino que las náuseas afectan a profesores, niños, abuelos, y no necesariamente a las personas que ustedes representan.
Al ingresar acá, me parece que la gestión debería orientarse a terminar con el tema de la contaminación, más que a encuadrar la situación como una enfermedad profesional. Esto se debe a que, cuando comenté en la conferencia de Confedeprus, tenía la expectativa de que se abordara el caso de aquellas personas expuestas, por ejemplo, a los rayos X, a la radiación o, no tengo idea, a zonas que presentan algún tipo de infección. Me llamó la atención el enfoque que se dio a las zonas de sacrificio: ¿por qué se centraron en ellas y no en todas las personas que trabajan en Chile y que, efectivamente, pueden sufrir consecuencias derivadas de su ambiente laboral, como la exposición a rayos X o resonancias, sobre lo cual los médicos podrán explicar mejor? Gracias, diputado Sándor.
Sí, bueno, presidente, muchas gracias por su intermedio en saludar a los integrantes de la comisión y, particularmente, a doña Margarita Paz Araya y a Catalina Segovia, connotadas dirigentes de Confedeprus. Recogiendo lo que plantea la colega Jimena Sondón, no es menor que ellas representen justamente a los gremios de la salud a nivel nacional, por lo que el foco de atención se concentra ahí, sin que ello signifique desligarse de lo que acontece en el entorno. De hecho, este es un tema que impacta a toda la comunidad y a todas las zonas de sacrificio. O sea, si no se detiene esta situación, hoy día Chile se convertirá en un país en sacrificio.
Creo, además, que preocupa profundamente que si estas personas se vean afectadas de manera integral –no solo físicamente, sino también mentalmente–, ello se traducirá en licencias médicas, en rotación de personal y en ausentismo laboral, lo que impacta negativamente a la comunidad. Es razonable lo que plantea la diputada Osandón: hay que prestar atención también a este aspecto desde el ámbito ministerial.
Sabemos, presidente, que la ley 16.744 es una normativa bastante antigua, que precisa actualización; data, si mal no recuerdo, del año 1968. Es una ley rezagada que requiere incorporar modificaciones, y me voy a sumar, como indicaba doña Margarita, a través de indicaciones en esta moción. Asimismo, quiero señalar que acá se está sentando un precedente, ya que esta situación seguramente se repetirá en otros espacios. Hemos hablado, por ejemplo, con el mismo diputado Sandón, sobre lo que ocurre con los trabajadores de las Vestos en industrias como La Vulcanita, ubicada en Puente Alto, o Pizarreño, en Maipú, donde las personas que laboraban en medios de Estado terminaron sus días con benzoetelioma, con carcinomas muy malignos, o con secuelas de asbestosis y fibrosis respiratoria.
Entonces, considero que el impacto del medio ambiente en la salud del entorno –especialmente de los trabajadores que habitan en él– resulta un tema crucial.
Bueno, la salud no es menor y por eso este proyecto me parece extremadamente pertinente. Eso, Presidente, muchas gracias. Gracias, Diputado.
Bueno, ahora para comentar las consultas, las intervenciones, dos minutitos y cerramos. Adelante.
Por su intermedio, Presidente, Diputada, señalarle que todos aquellos elementos que usted menciona y que son parte de los trabajos que desempeñamos, los trabajadores de la salud, la exposición a elementos biológicos, químicos, rayos X, están contemplados y los cubre la ley 16.744 hoy día. Lo que no cubre son todas estas afectaciones que tenemos a razón de la contaminación ambiental, ya que no reconoce el entorno ni la contaminación medioambiental como un agente provocador de enfermedades. Por eso es que lo presentamos acá y, sin duda, compartimos que lo estructural sería terminar con las zonas de sacrificio.
Gracias, doña Margarita Paz. Ustedes solicitaron un oficio para conocer los protocolos de resguardo que existan para los trabajadores de la salud. Esta es la Comisión de Trabajo, cuyo propósito es defender los derechos de los trabajadores, es decir, debatir sobre trabajo y seguridad social. Así que, si hay acuerdo, ¿podemos oficiar al Ministerio de Salud para solicitar esta información?
Sí. Sí, hay un tema que no se me puede escapar: a propósito de oficio, nosotros oficiamos en tres oportunidades desde la Comisión de Salud para conocer las mediciones de las estaciones de impacto ambiental y, hasta la fecha que yo sepa —no sé si ustedes recibieron, nosotros nunca recibimos—, le pediría si se puede reoficiar desde esta comisión al Ministerio del Medio Ambiente para conocer los indicadores de impacto ambiental en esa zona en particular. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias, doña Margarita. También empatizo mucho, pues somos de la zona de Quintero Puchuncabía y conocemos muy bien su situación.
Vamos con el orden que habíamos señalado al inicio. Doña María Teresa Vial Alamos está conectada. Déjeme un segundo, que aquí nos estamos ordenando en la sala, y le doy la palabra.
Muchas gracias.
(Chao, que estén bien. Chao, chao.)
Ya, doña María Teresa, tiene usted la palabra. Son 10 minutos, son las 3:30, así que dejemos también un espacio para consultas e intervenciones de los parlamentarios. Adelante, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Presidente, por su intermedio. Saludo a los otros miembros de la Comisión. Lamento no poder estar ahí, pero justamente teníamos reuniones por lobby a las dos y media de la tarde, por lo que fue imposible asistir presencialmente. Agradezco la posibilidad de asistir de esta manera.
Voy a ser muy breve. No sé si puedo proyectar una presentación que tenemos y que ya mandamos. No hay problema, ya que tiene habilitado el compartir pantalla. Cristina, ¿tú puedes compartir o comparto yo? Perfecto. Estoy acá con Cristina Vigo, que también es parte de nuestro equipo legislativo. Estamos en las conclusiones, las cuales deberían ser la primera.
Aquí vemos perfecto, así que no hay problema. Ya, continuando, quiero agradecer nuevamente y señalar que la Cámara de Comercio de Santiago tiene 2.500 socios, de los cuales el 70% son pymes y medianas empresas. Nosotros, por supuesto, tenemos a todos los socios ligados al sector comercio, pero también contamos con representación de la minería, la construcción y el área de salud, entre otros. Por ello, creemos tener una visión de paraguas bastante amplia.
Respecto a lo que busca el proyecto, nos vamos a referir solamente a estos tres puntos: crear un sistema autónomo de calificación de enfermedades profesionales; incluir a los trabajadores independientes a través de la monocotización; y, fortalecer la regulación y la fiscalización de los organismos administradores del sistema.
Preguntas. Respecto de la modificación de la creación de esta nueva institucionalidad para la calificación de enfermedades profesionales, si bien empatizamos con la necesidad de seguir avanzando, recién escuchamos ahí a CONFEDEPRUS y Evian...
En todos estos años ha habido cambios y necesitamos tener un mejor sistema. Nos parece que este sistema que se está creando puede tener rigideces que afecten la eficiencia y, a su vez, vemos un riesgo en la carga administrativa y en los costos operativos adicionales que no necesariamente se traducen en una mejor calidad de servicio.
La verdad es que tenemos una preocupación permanente cada vez que evaluamos proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y de los trabajadores, sin olvidar el 8,5% de desempleo que tenemos hoy: son 819.000 personas buscando trabajo y, de ese 8,5%, un 9,3% son mujeres. Tampoco podemos obviar la informalidad, que representa el 26% y equivale a más de 2.400.000 personas, muchas de las cuales mantienen vínculo de subordinación y dependencia. Por ello, es importante tener presente esta realidad y tratar de no seguir elevando los costos de contratación, ya que ello incide directamente en la posibilidad de generar nuevos empleos.
Hemos observado, a través de los proyectos de ley que hemos impulsado –como el de las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo, entre otros– que, si bien cada uno tiene un propósito muy loable y compartido, también han provocado efectos secundarios, como el aumento del costo de contratación y, consecuentemente, un mayor desempleo y una mayor informalidad. Además de la carga legislativa, se suman el cambio tecnológico y problemas internacionales, por lo que es fundamental facilitar alternativas que permitan a las personas encontrar trabajo sin afectar el músculo de contratación de las empresas.
Respecto de la modificación que establece un régimen transitorio para los trabajadores independientes, que contempla una cotización sobre un ingreso mínimo, quiero ser muy honesta: nosotros tenemos un proyecto que hemos conversado con Hacienda y con la exministra del Trabajo, cuyo objetivo es ayudar, a través de la tecnología, a que las personas que no están sujetas a un contrato de trabajo empiecen a formalizarse. Esta modificación contribuye a ese proyecto, y, aunque valoramos la ampliación de cobertura a estos trabajadores independientes, insistimos en la importancia de nuestro propio proyecto.
Si seguimos, en cuanto a las nuevas facultades de supervisión, fiscalización y eventual intervención en casos de incumplimiento grave, si bien reconocemos la necesidad de fortalecer la fiscalización, nos preocupa que estas nuevas facultades sobrepasen incluso las atribuidas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto de las cajas de compensación, las cuales han operado con razonabilidad durante 70 años. Cabe destacar, y poner otro disclaimer, que somos socios fundadores de Caja La Araucana y hemos designado personas en su gobierno corporativo; no obstante, esa participación se limitó únicamente al origen, ya que dicha caja está vinculada a la Cámara de Comercio de Santiago. Consideramos que las facultades de la CMF son razonables, mientras que las establecidas en este proyecto podrían llegar a plantear problemas constitucionales, especialmente en lo que respecta al uso correcto de recursos privados, dado que estas instituciones intermedias, al no recibir recursos del Estado, cuentan con protección constitucional. Además, nuevamente, nos inquietan las rigideces y la carga administrativa que se derivarían.
En definitiva, entendemos que es crucial mantener una imparcialidad técnica y evitar aumentos desproporcionados de costos para las empresas, ya que esto impacta directamente en la posibilidad de contratación. El éxito del sistema depende de una evaluación, implementación rigurosa, objetiva y transparente de las medidas propuestas.
La siguiente. Queremos proponer una evaluación del impacto que podría tener esto antes de aplicar los cambios, realizar los estudios que proyecten cuánto podría impactar este “músculo de contratación”, las distintas alzas de probables primas de cobertura y la sostenibilidad del sistema. Creemos que es una oportunidad única para incorporar herramientas de digitalización y de trazabilidad que, a través de plataformas digitales, aseguren eficiencia, transparencia y también criterios objetivos, como por ejemplo, protocolos médicos o guías clínicas reconocidas, que permitan dar una certeza anticipada respecto de cuáles son las enfermedades que, según ciertos parámetros, se van incorporando a la lista de enfermedades profesionales y cuáles deben ser esos requisitos.
Creemos que tenemos una oportunidad única para digitalizar, ponerle trazabilidad a eso y hacerlo más eficiente finalmente para las personas. Asimismo, vemos la oportunidad para incorporar auditorías externas independientes, de manera que se puedan revisar las decisiones y asegurar que estos criterios técnicos ayuden a que el sistema funcione de mejor forma.
Y, finalmente, eso. Gracias. Estamos atentos a las preguntas que puedan ser.
Muchas gracias, doña María Teresa. Quedó muy claro. Le vamos a pedir que nos envíe la presentación para distribuirla a los parlamentarios.
– Complementario: No sé si puedo enviarlo junto con la presentación.
– Sí, por supuesto. Dice lo mismo, pero con un poquito más de data.
– Perfecto, no hay problema. Envíe el documento para que lo tengamos a mano para cuando discutamos el articulado.
Diputado Sandón: Gracias, Presidenta. Agradezco la exposición de María Teresa. Y aquí yo quiero hacerle un comentario a usted, Presidenta, si pudiéramos. Sabemos que el gobierno, en este minuto, está llevando a cabo una mesa de trabajo con las mutuales justamente para ir avanzando en este proyecto. Pero es muy interesante, cuando uno escucha tanto a la Cámara de Comercio de Santiago como a la Confedeprus, averiguar si estas instituciones están participando o no, ya que cada una tiene una mirada muy sectorial. En el caso de la Cámara de Comercio de Santiago, es cierto que hay que tener cuidado porque contamos con cifras de desempleo preocupantes, sobre todo en lo que respecta a las mujeres, lo que conlleva un aumento en los costos. Toda acción que se tome tiene una consecuencia posterior y se vive de forma particular, y tal vez no colectiva. Además, resulta importante verificar –y, por cierto, lamentablemente el Ejecutivo no está, lo dejamos por última la pregunta de la mañana– si efectivamente han tenido reuniones, si son parte de la mesa o si podrían ser invitados, ya que creo que los efectos económicos son relevantes en la medida en que son reales y absolutamente calculables. Así que esa es mi inquietud.
En primer lugar, la pregunta sería: ¿están participando en esta mesa? Me anticipo a que la respuesta sería no, pero sería deseable que esa mirada también se incluyera en la mesa de trabajo.
Presidenta: Ya, diputado Sando, vamos a acoger su solicitud y mañana preguntaremos al ministro, quien ya está citado acá presencialmente y confirmó.
Diputado Sandón: Tengo otra consulta, doña María Teresa. A propósito del tema del aumento de los costos de contratación y de los costos operativos, ¿existe algún tipo de proyección en función del proyecto original que se haya realizado por parte de su organización de la Cámara, para que nosotros también podamos ponderar los efectos político-económicos que provoca esto dentro de la propia estructura administrativa de las cajas? Dejo esas dos preguntas y, con ello, cerramos su presentación.
Doña María Teresa: Muchas gracias, Presidente, por su intermedia. Bueno, no hemos sido invitados a la mesa y estamos siempre dispuestos a participar. Yo creo que, como contexto, tenemos que señalar que en los últimos años hemos incrementado el costo de contratación en un 24% nominal (aproximadamente un 19% real). A esto se debe sumarle el impacto que tendrá nuestra nueva reforma de pensiones, que, si bien se materializa en un lapso largo, acelera la digitalización de muchas empresas en el comercio. Somos muy intensivos en mano de obra, en especial de mano de obra femenina, y la verdad es que estamos preocupados. No hemos hecho el...
Análisis exacto de esta nueva normativa, porque es muy difícil calcularla. Por ejemplo, en el sector transporte tenemos un 10% de las enfermedades laborales calificadas como tal; pero si los criterios no son objetivos, se produce un aumento del 20% en la prima que deben pagar las mutualidades, sin que sepamos cuál será el efecto en el empleo. La verdad es que lo que nos preocupa es el efecto acumulado que estamos observando y la imposibilidad de generar empleo.
Como les señalaba, si uno lo analiza –y si me permite, señor Presidente– podríamos enviar el estudio que tenemos. Siempre habíamos observado una correlación entre crecimiento económico y generación de empleo, pero en los últimos años hemos visto un desacople. ¿Y ese desacople es legislativo? Sí, por supuesto, aunque también tiene un componente internacional y tecnológico, lo que está dejando a cada vez más gente atrás. Creo que para todas estas normativas debemos tener mucho cuidado, ya que no se trata sólo del efecto de la ley en sí, sino del efecto acumulado.
Si me permite comentarle, tenemos, por ejemplo, una nueva categoría de startups en la cámara. Cuando escuchamos el ingreso de estas startups, lo primero que señalan es que trabajan para intentar emplear la menor cantidad de trabajadores posible y no depender excesivamente del recurso humano. Esto nos preocupa, porque lo vemos muy acelerado y necesitamos no contar con nueve millones de personas en la masa laboral, sino alcanzar los diez millones y medio que debieran estar incorporadas.
Muchas gracias, doña María Teresa. Agradecemos que nos envíe también esa información para tenerla a mano cuando debata la indicación que está preparando el Gobierno. También acogemos lo que señala la diputada Sandoval; mañana tendremos en este recinto al nuevo ministro del Trabajo, quien presentará su agenda, y en ese contexto plantearemos estas inquietudes.
Para ir alternando entre modalidad presencial y telemático, pasamos a dar la palabra a nuestros invitados de la CPC. Por favor, en el escenario se encuentran Macarena Letelier Velasco, gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y la acompaña Gabriel Boric. Usted tiene la palabra; son 10 minutos –son las 3:45– para que se posibilite resolver alguna duda. Adelante.
Muchas gracias por la invitación. A través suyo, señor Presidente, saludo a todos los diputados y diputadas. La verdad es que hemos escuchado las distintas presentaciones y se ha dicho bastante de lo que nosotros traíamos, por lo que voy a tratar de resumir en los ejes principales que nos convocan con este proyecto. Es evidente que la salud es primordial para los trabajadores y trabajadoras, ya que son el pilar de las empresas. Sin embargo, nos preocupa que hoy, con este proyecto de ley, estemos frente a organizaciones y corporaciones… Sí, hay un chichaco. Ya, perdón, ya vienen para acá. (Pausa de 30 segundos).
Continúo señalando que, creo, todos estamos de acuerdo en que existen oportunidades de perfeccionamiento. Recordemos que, en el tema de la tasa nacional de accidentabilidad en el trabajo, hemos recorrido un camino conjunto de manera tripartita: el Estado, el sector privado y los trabajadores y trabajadoras. En el año 1969 la tasa de sinestralidad por accidentes laborales fue de 35,3%, y en el año 2023 se redujo al 2,6%. No cabe duda de que, mientras se trate de accidentes, debemos mejorar los sistemas. Nos preocupan un par de cosas, honorables parlamentarios, y es que la idea matriz de este proyecto es modificar el actual…
Sistema de calificación de enfermedades profesionales. Quiero recordar que hoy día está un reglamento en la Contraloría, el 109, que busca hacer esto a través de la vía administrativa. Se han hecho bastantes presentaciones al respecto; lo comentamos en su minuto con la exministra Jara. Es bueno tenerlo a la vista en su tramitación y ver qué dice la Contraloría en su minuto.
Pero, si bien este es la idea matriz del proyecto, vemos que se está tratando también de incorporar normas en los gobiernos corporativos de las mutuales y de las cajas, que son instituciones, corporaciones privadas y sin fines de lucro. Perdón, debiera haber hecho una prevención: vengo en mi rol de gerente general de la CPC, pero soy directora de una de las cajas. Me gustaría que quedara constancia de eso; si otro día me invitan con ese sombrero, no lo aceptaré.
Es importante destacar que muchas instituciones en nuestro país funcionan bien y tienen buenos números; las instalaciones son de primer nivel. En el caso de las cajas, no reciben aportes del Estado, y existen estadísticas —como las que vimos hoy con Pablo en la misma sesión respecto a la satisfacción de los usuarios de las mutuales— que llaman la atención. Además, les quiero hacer presente que solo el 15% de los reclamos son acogidos en relación a la calificación de las enfermedades profesionales. Por supuesto, creemos que hay espacios para mejorar, pero no para cambiar el sistema.
Respecto a la normativa aplicable a los gobiernos corporativos, nos preocupa. Estamos frente a organizaciones que fueron creadas en su origen, a mediados del siglo pasado, por las instituciones empleadoras. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago lo explicó cuando estuvo en la Caja Araucana; la Cámara Chilena de la Construcción, en la Caja Los Andes; y, asimismo, las mutuales son parte de iniciativas privadas que luego han sido reguladas y fiscalizadas con buenos resultados. De hecho, las cajas son fiscalizadas por la CMF y por la Suceso, al igual que las mutuales.
¿Es necesario que la institucionalidad esté abarcada también por el Estado en la definición de las contrataciones, en los gastos en publicidad y en los riesgos? Creemos que, a partir de la experiencia con este tipo de organizaciones, no es oportuno ni necesario. Las mutuales y las cajas son corporaciones privadas sin fines de lucro, que cuentan con su regulación y fiscalización, y funcionan como organismos intermedios de la sociedad, amparados en el artículo primero, inciso tercero, de la Constitución. Entrar a la autonomía de este tipo de organizaciones es muy peligroso para toda la sociedad.
Asimismo, queremos hacer eco de un potencial vicio de constitucionalidad en este proyecto. Se trata, además, de avanzar hacia la eficiencia y la desburocratización de las instituciones, sean públicas, privadas o de carácter mixto. Actualmente, las mutuales y las cajas tienen gobiernos corporativos controlados por la CMF, cuentan con la Suceso para revisar sus planes anuales y disponen de un fiscalizador muy importante en el caso de las cajas, que es el usuario final, el trabajador o la trabajadora, y los pensionados, quienes eligen libremente a cuál afiliarse. Incorporar injerencia del Estado cuando existen otros servicios que verdaderamente requieren mayor atención, no resulta propicio.
Dicho eso, pensamos que siempre hay espacios para mejorar. Es importante incorporar la digitalización y una mayor eficiencia en la fiscalización existente, sin que ello signifique crear una nueva institucionalidad burocrática para el sistema de calificación de enfermedades.
Por todo lo expuesto, nos encantaría que nos invitaran a esa mesa de trabajo, como me comentaba Pablo, ya que no queda mucho tiempo y siempre tenemos muchas ganas de aportar. Desde la CPC, en el Consejo Superior Laboral, hemos trabajado este año con el Ministerio del Trabajo y con las organizaciones sindicales de forma muy enriquecedora. Consideramos fundamental contar con todas las miradas, especialmente las de los gremios, que cumplen un rol facilitador entre el mundo público y el privado, representando intereses generales.
Por último, presidente, un concepto que tanto ha calado...