En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes.
Junto con saludar a senadores y a nuestros invitados, el senador Durresti me ha pedido que, por esta sesión, lo reemplace la presidencia, pues estaba en un seminario. Entonces, voy a estar presidiendo esta sesión y, obviamente, dando la palabra a los invitados.
Secretario, no tenemos cuenta; no sé si alguno de los senadores tiene algún punto que plantear.
Senador Lagos: me voy a borrar mi comentario, gracias.
Tenemos como invitados, en primer lugar, recibir al alcalde de la comuna de Hualpén, el señor Miguel Rivera, a quien saludamos. Él se referirá a la situación que afecta al Parque Pedro del Río Zañartu de dicha comuna.
En segundo lugar, se continuará con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el instrumento de conservación denominado "Río Protegido" y modifica la Ley 19.300 en la forma que indica.
Asimismo, contamos con la presencia de la Dirección General de Aguas, representada por el señor Rodrigo Sangüesa; aún no ha llegado, pero debe estar por llegar.
De la Universidad Austral de Chile, contamos con la participación de la académica investigadora Nicole Colín, a quien saludamos.
Y de la Pontificia Universidad Católica, contamos con la presencia del director del…
Programa Derecho y Medio Ambiente, profesor Ricardo Irarrázabal. Bienvenido, profesor. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con el punto uno. Antes del alcalde, ofreceremos la palabra al senador Gastón Saavedra, representante de la región del Bío Bío, para dar una introducción y, posteriormente, al alcalde.
Gracias, presidente. En estricto rigor, soy uno de los tres representantes en el Senado de la región del Bío Bío, para no atribuirme una representación que no me corresponde, pero agradecerle que se haya recibido al alcalde de Hualpén, señor Miguel Rivera, quien se encuentra a mi diestra. Se trata de una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años. Es un territorio que forma parte del patrimonio biodiverso de la región y del país, y debe ser considerado de igual relevancia que el Santuario de la Naturaleza o el Parque Pedro del Río Zañartu, que es una donación de don Pedro del Río a la provincia en su momento, y que hoy pertenece a la región y al país. Se trata de un legado filantrópico, cuyo parque tiene un fuerte componente botánico, relacionado con las especies y otros elementos que se conservan para la visita y la enseñanza de las futuras y actuales generaciones.
Cabe señalar que el Fondo Ramoncho está establecido como santuario de la naturaleza desde 1976, abarcando 326 hectáreas y funcionando además como un pulmón verde no solo para la comuna de Hualpén, sino para la región del Bío Bío y, en consecuencia, para el país. Es evidente que Hualpén ha debido sobrellevar diversas situaciones, especialmente al convivir con malos vecinos. Uno de ellos es la refinería, que presenta una elevada emisión de dióxido de carbono y cuenta con una planta generadora de energía eléctrica de PET-COT, cuya operación afecta la salud de los habitantes de Hualpén. Espero que el alcalde pueda ahondar en este aspecto y solicitar a la comisión información precisa sobre el monto de los impuestos verdes que paga la refinería al país. Planteo esto ya que, si bien se sabe que corresponden a cinco dólares por cada tonelada de emisiones de estos gases, es importante conocer el total generado en la región, dado que dichos fondos se transfieren al erario central.
El planteamiento del alcalde está orientado a la búsqueda de recursos públicos que permitan transformar este territorio en un gran reservorio natural, que proteja las especies arbóreas y la flora y fauna propias de este lugar. Solicitaría, presidente, que se considere esta petición como parte de los acuerdos derivados de la intervención del alcalde, en el marco de identificar los recursos generados en la región del Bío Bío y transferidos al nivel central, en tanto que se trata de una empresa pública y resulta fundamental en el proceso de descentralización fiscal. Porque, en última instancia, Hualpén se queda con la mala calidad de vida y los efectos adversos en la salud de sus más de 100.000 habitantes, pese a que se distribuyen ciertos fondos; por ello, es necesario redirigir los recursos generados por la emisión de gases de efecto invernadero y de material particulado.
Eso es por mi parte. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias, senador Gastón Saavedra. ¿Les parece a la Comisión solicitar un oficio de información? Hemos tomado nota, y, además, sumando los antecedentes que puedan entregar el senador Saavedra y el alcalde en sus exposiciones, se propone acordar de inmediato la emisión de dicho oficio por parte de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo? Bien, entonces.
Ahora, alcalde de Hualpén, señor Miguel Rivera, en el tiempo asignado como primer punto de la agenda –entendiéndose que posteriormente se tratará otro punto para continuar con el proyecto de ley–, por favor, adelante, alcalde.
Gracias. Muchas gracias, presidente.
En su nombre, saludar a los señores senadores. La semana pasada tuvimos la misma oportunidad en la Cámara de Diputados.
Hualpén es una comuna que se encuentra ante Talcahuano de Concepción. La mitad de su territorio es un santuario de la naturaleza, declarado en el año 76. Esta comuna tiene una particularidad bastante importante: dentro de la provincia de Concepción, dicho santuario es el único pulmón verde que está quedando, y alberga una tremenda biodiversidad de animales, flora y fauna, con pingüinos, ballenas, delfines y una infinidad de otras especies en su costa.
Hoy día se presenta una oportunidad que consideramos preciosa, ya que parte de los dueños de estos fundos –alrededor de seis fondos que componen este santuario, el cual es privado– están poniendo a disposición la venta de más de 360 hectáreas. Ante ello, existen diversas alternativas para que el Estado, en su defecto, pueda hacerse cargo de este terreno y entregárselo a CONAF o a alguna otra institución que lo administre, ya sea a nivel nacional o, como mencionaba el senador Savera recién, incorporando las más de 600 hectáreas que hoy conforman el fondo Pedro del Río Zañartu, donado a la ciudad de Concepción, mediante su compra y anexión.
Pero también convivimos con un mal vecino: una refinería, ubicada en la planta de la comuna de Hualpén, que refina cerca del 60% de lo que moviliza el país en la refinación del petróleo. Fíjense que, como dato, en los años 2023 y 2024, en Apo, esta planta ha tenido multas que superan los 4.700 millones de pesos por eventos calificados como generadores de perjuicios. A menos de 300–400 metros de dicha planta, que funciona además como termoeléctrica, se ubica un establecimiento educacional, un colegio con más de 350 niños; el año pasado se tuvieron que suspender clases debido a cefaleas, mareos y otros problemas.
Estimados senadores, esta es una empresa del Estado de Chile, y el mismo Estado frecuentemente exige a los privados cumplir con obligaciones que no acatan. Lo que hoy planteamos a esta comisión –y por lo que agradecemos profundamente la oportunidad de expresarnos– es la necesidad de generar leyes en Chile o, en lo estrictamente necesario, que el Estado se encargue a través de las multas de ENAP, para que dichos recursos no vuelvan únicamente al Tesoro de la Nación, dejando en la comuna solo migajas. Es inaceptable que se cobre una patente municipal de 25.000 pesos a una empresa que, el año pasado, contaba con más de 400 millones de dólares en activos positivos.
Tengan presente, además, que hace tres años y medio, esta misma empresa no pagaba patente alguna, y que desde el año 2017 la comuna de Hualpén ha experimentado, según un estudio realizado por el EULA –uno de los estamentos más prestigiosos en estudios medioambientales encargados por el Gobierno Regional– un aumento del 200% en sus emisiones de dióxido de carbono. Esto hace que, lamentablemente, Hualpén aporte más del 11% del dióxido de carbono generado en la región del Bío-Bío, siendo la única explicación lógica de ello la actuación de ENAP.
La verdad es que esta situación me genera una complicación importante, y solo pretendo dar la posibilidad a Mario, quien profundizará en aspectos técnicos, de que se aborde este problema, sin perder de vista el contexto de la pandemia.
De las multas, presidente, podríamos comprar perfectamente estas hectáreas. Además, queremos estas hectáreas para la conservación, para que los vecinos y vecinas, no solamente la comunidad de Pemex, sino también la provincia y la región del Bío-Bío, puedan seguir manteniendo este punto y este espacio intacto, y únicamente en ese sentido. Entonces, hay un sinfín de otras alternativas. Los gobiernos regionales también han comprado hectáreas de terrenos, de santuarios de la naturaleza, para poder preservar, y el sector privado muchas veces lo ha hecho. Hoy tuvimos una recolección de firmas, más de 16.000, no solamente de gente de Hualpén, sino de la provincia y de la región, que consideran importante seguir conservando estos espacios naturales.
Pues bien, nosotros creemos que esta fórmula, que permite la posibilidad de utilizar los recursos de las multas, siendo una empresa del Estado de Chile, o los recursos de este impuesto verde —como decía el senador Saavedra recién—, se puede aplicar perfectamente. Solamente, por la cantidad de emisiones del año pasado, se generan alrededor de 2.400 millones de pesos disponibles. Es decir, existen mecanismos y fórmulas; lo que necesitamos hoy, y vuelvo a reiterar, es la posibilidad de que tanto el Senado como, en su momento, lo hizo la Cámara de Diputados, puedan oficiar, ya sea al presidente de la República o, en su defecto, a algún ministerio con la capacidad para estudiar la posibilidad de que, con estos recursos, se realice esta compra y se preserve nuevamente esta área de terrenos, tan importante para la diversidad, no solamente en Hualpén, sino en la provincia y en Gran Concepción.
Muchas gracias, alcalde.
El senador Chamón me ha pedido la palabra. Primero, quiero señalar que el historial que tiene ENAP en relación con la afectación al medio ambiente es largo. Contarles que me tocó, antes de ser parlamentario, en el año 2001, iniciar acciones contra ENAP por un derrame de petróleo en la desembocadura del río Concagua, lo que culminó en una transacción del Consejo de Defensa del Estado y permitió la creación del humedal protegido en la desembocadura del río Aconcagua.
Pero también levantamos con mucha fuerza la voz respecto a la situación de daño ambiental que se produce, fundamentalmente, en la bahía de Quintero-Puchuncaví. De hecho, cuando se producen episodios de contaminación ambiental, fuimos de los primeros en señalar a ENAP como responsable. Se nos dijo, incluso mediante un acto alto ejecutivo —hoy esa persona es diputado de la República—, negando con negacionismo la responsabilidad de ENAP. El tiempo nos dio la razón y, finalmente, se emprendieron acciones, tanto en ese caso como respecto de ENAP en la región del Bío-Bío, donde la importación de petróleo iraní provocó las emanaciones que todos conocemos, tanto en esa región como en nuestra región de Valparaíso.
En Valparaíso se tomaron las providencias necesarias para evitar la emanación y el contacto con agua y oxígeno de las piscinas que contenían ese petróleo. Además, denunciamos la presencia de dioxinas y furanos, fundamentalmente en la comuna de Concón, donde enfrentamos un grave problema de contaminación, permanente y persistente. Por ello, en su momento exigimos que ENAP adquiriera, como compensación, los predios contiguos a ENAP-Concón, precisamente para preservar una zona de preservación ambiental, que contaba con una rica biodiversidad; y eso se logró, en cierto modo, cuando ENAP tuvo que adquirirlos.
El problema es que dichos predios han sido cerrados; debieron transformarse en un parque para estar a disposición de la comunidad. Lo que hizo ENAP fue adquirir esos predios y, posteriormente, cerrarlos y cercarlos. Con ello no se cumple el objetivo que pretendíamos, que era convertir la zona en un área de preservación ambiental, un parque que evitara la expansión urbana y, además, que permitiera que la riqueza y la biodiversidad del lugar fueran de acceso público, lo que no ha ocurrido.
También quiero dejar en claro que nuestra experiencia con ENAP ha sido desastrosa desde el punto de vista del cumplimiento de las normas ambientales. Así, el senador Lago y yo, como senadores de esta región, hemos levantado la voz respecto a estos hechos...
La contaminación ambiental, ah, los tres, y el senador Latorre, teníamos cuatro senadores incluso en esta comisión, que éramos todos, que levantábamos la voz frente a la contaminación ambiental de ENAP, y debemos decir que la experiencia que tenemos respecto a ENAP es mala, pero más aún lo es en relación con la contaminación que se ha registrado en la bahía de Quintero Puchuchaí. Nos tocó negociar con ENAP, en algún momento, la posibilidad de establecer planes de compensación a los pescadores artesanales, para que pudieran dedicarse a la limpieza de playas en lugar de a la pesca artesanal en Quintero y Puchuchaí.
Entonces, yo quiero decirle que esta es una empresa del Estado altamente responsable y que lo mínimo que puede hacer es contribuir buscando fórmulas que permitan adquirir algún predio para que sea, no un terreno cercado, sino uno abierto y aprovechable por la comunidad.
Gracias, senador. Y me ha pedido la palabra también el senador Gaona.
Bien, yo quisiera hacer algunas consultas. Primero que todo, dar la bienvenida al señor alcalde y a quienes lo acompañan. Entiendo, a partir de la lectura del documento, que este es un terreno privado, ¿no, señor senador? Y ese terreno privado se encuentra dentro de un santuario de la naturaleza. Seguramente, para que ese lugar fuera declarado santuario, tuvo que contar con el acuerdo del propietario. Resulta curioso, entonces, que se pretenda venderlo ahora, porque, en estricto rigor, para realizar cualquier actividad en ese terreno —dado que se trata de un santuario de la naturaleza— cualquier proyecto debería someterse a evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte, me imagino que debe existir un plan de manejo o, en su defecto, que esté en curso el proceso para establecer dicho plan, el cual determine los usos, procedimientos y todo lo necesario que se puede realizar allí. En ese sentido, de verdad no veo la urgencia de que el Estado adquiera un terreno de carácter privado, que claramente resulta inviable para desarrollar proyectos de uso intensivo. En el fondo, ¿para qué va a comprar el Estado un terreno que, si el privado lo puede gestionar, luego se podría firmar un acuerdo y elaborar un plan de manejo? Es decir, no tiene sentido que el Estado compre un terreno inviable para desarrollar actividades, ya que, en términos de conservación, no hay riesgo de que se construyan o desarrollen obras que alteren el paisaje, el ecosistema y la preservación, dado que resulta inviable cualquier proyecto en ese santuario de la naturaleza, considerando las características que ustedes han descrito y mencionado.
Por ello, se vuelve difícil justificar que el Estado adquiera dicho terreno, salvo que la intención sea estrictamente de conservación. Sin embargo, yo mismo desearía que el Estado también adquiriera terrenos en otros santuarios de la naturaleza, como en Estero Derecho, en la Raja de Manquegua en Salamanca, y en otros terrenos privados que nos gustaría que se integraran en un plan estatal. Si la lógica es evitar que se construyan proyectos que dañen o afecten, no le veo urgencia. Ahora bien, si la intención es efectivamente establecer un parque de conservación, ello se asemejaría más a un negocio para el privado que a un compromiso real de conservación.
Por eso me preocupa el requerimiento. Si me lo pueden aclarar, hablo desde la ignorancia a partir de lo poco que he leído, ya que no dispongo de mayores antecedentes, por supuesto.
Gracias, senador Lago, tiene la palabra. Senador Gaona se adelantó, pues comenzábamos antes de su intervención, planteándome esa pregunta: si se trata de un santuario, tal vez falte información y se trate solo de un fragmento de la península, no de la totalidad. También puede ser que el fraccionamiento termine en viviendas irregulares o en otra clase de situaciones que se alejen del plan de manejo, como se ha visto en la zona norte de Chile, a lo largo de la costa, donde se desarrollan segundas viviendas en sectores «vulnerables», asentamientos irregulares de facto en los que nadie desalojó ni se impone el Estado de Derecho. Esto constituye una preocupación que se podría argumentar, especialmente si se parte de la premisa de contar con este parque y de que, ojalá, el Estado lo implementara.
Lo que sí creo es que la competencia de este proyecto, apoyado por fondos estatales, es considerable, ya que el Estado también está impulsando la compra de terrenos a particulares para solucionar asentamientos irregulares. No estoy diciendo que la sustentabilidad o la conservación medioambiental tengan mayor prioridad que la solución habitacional, pero quiero reiterar que he impulsado temas similares en la comunidad de Valparaíso, como fue el caso del ex Parque Pumpín, que posteriormente fue asumido por La Chilena Tabaco.
Se vendió y lo compró un grupo importante económico chileno que quería hacer 22 departamentos, 8 torres y 10 bloques. Una solución era –está bien–, no se pudo hacer por razones de que el proyecto estaba mal hecho y no se cumplió la regla de contraloría; pero, la verdad, sigue siendo un terreno privado y ahí podrán construir, tal vez, otras cosas, ya que no es un parque ni está destinado a tal fin.
Entonces, la solución, que corta el atajo, es que lo compre el Estado con fines de conservación. Para ello hay que tener buenos argumentos que lo respalden. La pregunta que hacía el senador Gaona es bien pertinente: si fraccionan, como está en la minuta, y se venden las 347 hectáreas, ¿qué van a hacer allí? Puede que no se convierta en un parque, pero esa es la cuestión. Y, además, si se trata de la totalidad del terreno –todo el área geográfica– o solo de una parte, tal vez la que funciona como santuario y la otra no, en cuyo caso, con mayor razón, el argumento cobra fuerza.
Por otro lado, si hoy día es algo inhabitado y el fraccionamiento que se quiere hacer del fondo resulta administrativamente bien llevado y jurídicamente transparente –en donde lo que hay son traspasos de propiedad, registros conservadores, etc.– ¿o vamos a estar hablando de estas cuestiones en un descampado, loteando sitios que no pueden lotearse por metros cuadrados que no corresponden, lo cual terminaría replicando la realidad que tenemos en muchas comunas de Chile?
Como para apoyar el proyecto, tal vez la intervención podría ayudar a responder estas inquietudes. A saludar al director general de Agua que nos acompaña: se le solicita acompañar desde la Municipalidad de Hualpén, recoger la inquietud de los senadores y cerrar este primer punto, dejándonos, obviamente, con la minuta en caso de contar con antecedentes adicionales. Se agradece, entendiendo que hay un siguiente punto en tabla. Bien, adelante. Muchas gracias a los senadores, muchas gracias, presidente.
Mi nombre es Mario Tapia, soy profesional de la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo de la Municipalidad de Hualpén, y a continuación haré una breve contextualización y trataré de responder también a las preguntas que han estado planteando.
Este es el contexto general de lo que es el Santuario de la Naturaleza. Tenemos un mapa geográfico en el que se muestra la ciudad de Concepción, ubicada a menos de 10 kilómetros de la península de Hualpén, la cual está resaltada en verde. En su intermedio se sitúa la comuna de Hualpén. Es importante mencionar que este es uno de los bosques costeros más cercanos a la ciudad de Concepción y constituye, por tanto, un importante pulmón verde no solo para la comuna de Hualpén, sino para la provincia de Concepción.
Aquí se observa más de cerca lo que corresponde a Hualpén: en el sector amarillo se halla la población y, en el sector morado, el polo industrial. En este último, se encuentra, entre otros, ENAP en un cordón industrial donde se ha desarrollado la construcción del puente industrial. Más hacia allá, se ubica la planta de tratamiento de aguas servidas de Bío, que opera para Hualpén, Talcahuano, Concepción, Hualquill y Guayante, siendo una de las más importantes de la provincia de Concepción.
Asimismo, en el sector de la desembocadura del río Bío Bío se localizan cinco areneras que están generando importantes problemas en materia de degradación del borde costero, situación que también estamos tratando de regular de alguna forma. Esto colinda con dos santuarios de la naturaleza: el Santuario de Naturaleza de la Península de Hualpén y, recientemente, el santuario declarado en la desembocadura del río Bío Bío, condiciones similares a las planteadas en el ejemplo de la desembocadura del río Concagua. También se encuentran dos humedales urbanos declarados, el humedal Vasco da Gama y el humedal Price.
Hualpén se define como una zona de sacrificio, no al azar, sino como una realidad documentada. En su informe el doctor David Ball, relator de las Naciones Unidas sobre Derecho Humano y Medio Ambiente, reconoce a Hualpén como una zona de sacrificio, al igual que ocurre en Coronel, Mejillones, Huasco y Quintero Puchuncabí. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Transición Sociológica Justa no la incluye en su lista de comunas prioritarias, lo cual es totalmente injustificado considerando que cumplimos con los criterios. De hecho, ello se evidenció en el caso concreto del subsidio de reconocimiento eléctrico, que se otorgaba a las comunas que tenían termoeléctrica y estaban involucradas en esa estrategia. Inicialmente, Hualpén no fue incluida por falta de antecedentes sobre la existencia de una termoeléctrica en la comuna. A nivel municipal logramos justificarlo, y hoy Hualpén también es una de las comunas beneficiadas con el subsidio eléctrico, junto a otras como Coronel y Quintero Puchuncabí.
Por lo tanto, técnicamente, no solo a partir de la existencia de una termoeléctrica, sino también por la alta carga contaminante que enfrentamos, en el informe del relator de las Naciones Unidas se pudo justificar que efectivamente somos una zona de sacrificio, pese a que la Estrategia Nacional de Transición Sociológica Justa no nos incluyó.
Incluye, por lo tanto, no prioriza medidas también en materia de recuperación ambiental y social, como sí lo hace con otras comunas bajo el principio de compensación ambiental, que es un poco al que estamos apelando.
En AP Refinería, bueno, se presentan distintos eventos, como mencionaba el alcalde. Está a 300 metros de la zona urbana y existen diversas noticias que han generado conmoción en la comunidad. Por ejemplo, en 2022 se determinó que AP Refinería deberá pagar 3.000 millones de pesos en indemnización a vecinos por episodios de contaminación, sentencia que llegó a través de los tribunales, siendo un precedente importante, ya que se estableció mediante el accionar de la justicia que ENAP era una empresa contaminante.
ENAP, además, en materia ambiental recibió una multa de 1.400 millones de pesos, la más alta impuesta a una empresa estatal por la Superintendencia de Medio Ambiente, debido al recambio de una antorcha que, desde 2004 hasta 2019, no se realizó. Por lo tanto, la Superintendencia llevó a cabo un proceso sancionatorio que, actualmente, ENAP está apelando en los tribunales ambientales.
Otras noticias incluyen la evacuación de estudiantes de cinco establecimientos de Hualpén –Fuerte Dolores, Agap, entre otros–, niños principalmente y adultos mayores, por problemas de cefalea y dolores de cabeza.
Aquí se destaca un dato importante relacionado con las emisiones: en Hualpén existen 14,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante, lo que representa tres veces el promedio nacional (4,7 toneladas) y regional (4,9 toneladas). Además, en materia de promoción se encuentra por encima de comunas como Talcahuano y Coronel.
Según el análisis de inventario de gases de efecto invernadero, realizado por el gobierno regional para su plan de cambio climático, se establece que ENAP es responsable del 11,11% de las emisiones del sector energía regional en la comuna de Hualpén, siendo responsable del 82% de las emisiones en ese mismo sector.
El mismo informe técnico detecta una anomalía crítica: la Región del Bío Bío concentra la mitad de la capacidad de refinación del petróleo del país, y en las figuras se observa una tendencia marcada al alza, pasando de 43,3 toneladas de dióxido de carbono por gigatonelada de petróleo en 2017 a 142 en 2020, lo que representa un crecimiento superior al 200%. Además, el informe señala que no se conocen cambios en los procesos de refinación del crudo que pudieran justificar tal incremento, por lo que sugiere verificar los datos primarios y los organismos correspondientes, ya que, pese a que la generación de petróleo se ha mantenido constante desde 2017, las emisiones han aumentado en forma dispar, lo que podría indicar una anomalía en los procesos.
El Fundo Ramuncho se ofrece hoy en el portal inmobiliario. Se trata de 327 hectáreas, dentro de un total de 2.662 que conforman el Santuario de la Naturaleza; el Fundo Ramuncho, que es parte del santuario, se promociona como una oportunidad inmobiliaria para la construcción de cerca de 627 viviendas en el sector, situación que ha promovido una especulación en el mercado.
Respecto al contexto turístico actual, se mencionan lugares como Playa Ramoncho y Playa Los Cuervos. Lamentablemente, al tratarse de un sector privado, el Estado ni la municipalidad pueden invertir en temas de accesibilidad, infraestructura o equipamiento para atender a la gran cantidad de habitantes y turistas que lo visitan. Asimismo, existen otros recursos turísticos, como el Mirador Punta Pangal y el Mirador Cerro Tetanorte, que se ubican en las 320 hectáreas adyacentes, para las cuales, desafortunadamente, tampoco se han realizado inversiones hasta la fecha.
En cuanto a la gestión turística en Ramuncho, se han reportado problemas relacionados con asentamientos irregulares, los cuales se ubican por encima de la línea de alta marea. Esto impide que el Estado, a través de la Armada, pueda actuar si el sector privado no presenta las denuncias correspondientes para su desalojo. Como consecuencia, dichos asentamientos se mantienen en la zona, generando campamentos durante todo el verano, con criaderos de chanchos, producción de aguas servidas y un aumento en la delincuencia y contaminación en la zona.
Hace poco, en 2022, se reportó el hallazgo de una mujer apuñalada en el camino Ramuncho, en el sector mencionado, y se han evidenciado problemas de emergencia, ya que la falta de accesibilidad impide el acceso de ambulancias y bomberos a estas áreas.
Por último, se plantea la existencia de alternativas en el marco del Sistema Nacional Silvestre de Áreas Protegidas, que permitirían la materialización de proyectos de infraestructura para dotar de equipamiento y accesibilidad a estos sectores; sin embargo, actualmente, esos financiamientos no resultan viables.
Sectores privados y la voluntad del propietario no han estado en poder avanzar hacia una solución concreta que nos permitiría mejorar los accesos de seguridad, los accesos de los turistas, centros de informaciones ecológicas e incluso el desarrollo del turismo sostenible a partir de hospedaje, que es una posibilidad de desarrollo productivo que vemos en la península de Hualpén. Los baños, que son una de las grandes problemáticas, tampoco hemos podido materializar debido a que no tenemos las condiciones.
Lo que nosotros pensamos son básicamente cuatro políticas a nivel internacional, regional y nacional que creemos nos hacen coherentes con lo que estamos solicitando en esta medida. Primero, a través de la ley marco de cambio climático, lo que hace el Estado es comprometerse a la restauración. Se habla de que es importante restaurar y de apuntar hacia allá para poder generar mayores absorciones de gases de efecto invernadero. De hecho, la ley descarta derechamente lo que es el modelo forestal; hoy en día Ramucho está plantado con plantaciones forestales, así que, efectivamente, si es una zona de conservación tiene una regulación totalmente distinta. Sin embargo, los proyectos de desarrollo forestal se han llevado a cabo desde el año 1976 hasta la fecha. Efectivamente, hoy en día los propietarios han tenido inconvenientes para poder cosechar, ya que se les está pidiendo, desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, un estudio de impacto ambiental, lo que encarece el proyecto y lo hace inviable económicamente. De hecho, creemos que esa es una de las razones por las que el propietario hoy en día está vendiendo, pues no ve la posibilidad de que puedan forestar.
Sin embargo, el desarrollo inmobiliario también se ha presentado como una alternativa. En el año 2018 se presentó un proyecto que contemplaba la construcción de más de 1.200 viviendas en el sector, de uso intensivo, lo que generó una férrea defensa de la ciudadanía y terminó haciendo inviable el proyecto; hasta la fecha, también se han estado presentando algunos proyectos. La ley marco de cambio climático habla de la necesidad de restaurar, y la estrategia de transición sociológica justa habla de lo necesario que es compensar a las zonas de sacrificio. Nosotros creemos que Hualpén es una zona de sacrificio que requiere una compensación ambiental.
Asimismo, se habla de conservar la política regional de biodiversidad, reconociendo al Santuario de la Naturaleza como un área prioritaria para su conservación. Vemos una oportunidad muy importante en el nuevo plan de fortalecimiento industrial de la región del Biobío, que plantea un esfuerzo importante por parte del Estado para desarrollar la industria en el sector a partir del cierre de Huachipato. Ahí se reconoce de manera directa la necesidad de diversificar la marcha productiva y se menciona el turismo sostenible como posibilidad para lograrlo. Creemos que el Fondo Ramancho cumple un rol clave en este nuevo modelo de desarrollo y que se podría financiar a través del mismo plan de fortalecimiento industrial, que moviliza cerca de 6.800 millones de dólares en la región, entre lo privado y lo público, para llevar a cabo distintos proyectos.
En concreto, nosotros vemos tres alternativas:
Primera, que el Estado compre el Fondo Ramancho, incorporándolo como medida concreta en el Plan Regional de Cambio Climático, el cual promueve la restauración de ecosistemas, la adaptación y la mitigación. Ramancho cumple con todos esos criterios: bosques fragmentados, especies exóticas y vulnerables a incendios; por lo tanto, podría ser una medida específica de ese plan regional para materializar su compra.
Segunda, que NAP lo adquiera como medida de compensación ambiental. La ley marco 21.455, en su artículo 15, permite que los proyectos de restauración se certifiquen como absorción de emisiones. Es decir, la carbono neutralidad establece que, básicamente, se puede seguir emitiendo, pero hay que compensar con lo que se absorbe. Nosotros creemos que es importante que la compra del Fondo Ramancho permita equilibrar justamente sus emisiones, quedando registrado como una acción para avanzar en la carbono neutralidad. Por ejemplo, Anglo American adquirió la totalidad del Santuario de los Nogales en Loa Nechea para su conservación, con la justificación de absorber emisiones de gases de efecto invernadero. En ese caso, el parque de conservación está abierto a la comunidad, y se han destinado infraestructuras para que ésta pueda participar.
Tercera, y esta es especialmente importante para este espacio, es impulsar un proyecto de ley para crear un fondo de compensación ambiental territorial. Las multas a los contaminantes, que ascendieron anteriormente a cerca de 4.400 millones, se destinan al presupuesto nacional. Proponemos, efectivamente, una política que asegure que esas multas se reinviertan en los mismos territorios afectados, tanto en materia de recuperación social como ambiental, en estricto rigor. La solicitud que estamos haciendo podría financiarse justamente destinando esos recursos de las multas ambientales, dado que la comuna de Hualpén ha sido sacrificada en este tipo de iniciativas.
Bien, muchísimas gracias. Sí, lo único que les pido es recordar que tenemos dos invitados, y que debemos tener mucho cuidado, pues somos dueños de los predios.
Se está planteando la compra por parte de una empresa del Estado respecto a un predio. Me gustaría saber si esa información es correcta. Bueno, el predio está a la venta vía licitación pública: ya se puso un piso de 4.700 millones de pesos y el avalúo fiscal es de 1.500 millones de pesos. Hoy día está en licitación pública, y la lectura es que el propietario lo está vendiendo justamente porque el modelo de negocio no es viable. Nosotros, como municipio, estamos trabajando en el plan de manejo junto con los propietarios; en ese plan se deben definir áreas de conservación y zonas de uso sustentable. Las zonas de uso sustentable permitirán la realización de construcciones, por lo que existe viabilidad a través de la norma para que las inmobiliarias puedan construir en esa zona. De hecho, es muy probable que suceda con algunos propietarios, ya que estos no solo quieren destinar su terreno a la conservación, sino que también buscan algún tipo de desarrollo económico en el sector. Ese es el trabajo que llevamos a cabo ahora: zonificar y ajustar la norma urbanística del plan regulador para factibilizar tanto la conservación como el desarrollo sustentable de la península.
Bien, senador Gaona, y vamos cerrando el primer punto, por favor. Según la consulta, ¿no se ha intentado constituir un derecho real de conservación de manera que, sin comprar el predio, este quede gravado y destinado exclusivamente a la conservación? Sí, lo hemos intentado en las conversaciones que hemos mantenido con los propietarios; lamentablemente, su voluntad no ha avanzado en esa dirección. Han avanzado en lograr la zonificación a través de un plan de manejo, pero ese plan, que se ha tratado de levantar desde el año 2003 —esta es la tercera vez que lo intentamos— no se ha concretado. ¿Por qué? Porque sin un plan de manejo no tenemos definidos objetos de conservación, y sin esos objetos los procesos de fiscalización quedan estancados, permitiendo construcciones irregulares sin control alguno. Por ello, para determinar esos objetos de conservación se requiere avanzar en el plan de manejo y, para ello, un acuerdo con los propietarios, el cual lamentablemente no se ha alcanzado.
Lo que queremos plantear es que se está construyendo de manera irregular, se está talando bosque nativo y, hoy día, no existen marcos regulatorios, lamentablemente, porque no se ha podido avanzar. No es por falta de voluntad del municipio, sino por la voluntad de privados que, aun teniendo declarados sus terrenos como santuarios de la naturaleza desde el ’76, no han colaborado para establecer una regulación. Legalmente, tampoco tenemos la posibilidad de actuar, pues no contamos efectivamente con un plan de manejo ni con condiciones que permitan preservar y conservar este espacio. No se trata de comprarle al privado ni de ejercer un poder indebido, pero no podemos permitir que se acumulen terrenos mal gestionados o se conviertan en microbasurales. Este espacio debe ser preservado y cuidado. Insisto: es el único espacio de la Región del Biobío que presenta estas condiciones hoy día. En un par de años más, la situación será distinta.
Lo que pedimos, básicamente, es que el Estado de Chile, que produce cerca del 70% de la matriz energética que nos permite movilizarnos, actúe de manera justa con la comuna que represento. Porque hoy le deja a la comuna de Hualpén una ganancia de apenas 25.000 pesos por ser la que refina el 70% del combustible que mueve al país. Créanme, si tuviésemos la posibilidad de cerrar ENAP, el mismo Estado a los tres días dejaría de abrir sus operaciones, ya que de lo contrario, desde Coquimbo hacia Punta Arenas no habría combustible. Entonces, lo que pedimos es que ENAP evalúe, a través de las multas que recauda en mi comuna —donde incluso tengo que suspender clases a niños—, la posibilidad de que este espacio no quede a nombre de la Municipalidad de Hualpén, sino que se le pueda entregar a CONAF o a cualquier institución capaz de administrarlo.
Entendemos, quizá, la lógica de lo que señalaba el senador Lago, de que el Estado tal vez no puede concurrir a comprar y que no se puede transformar en una ley o en algo que se haga en todo el país. Sin embargo, creemos que el Estado debe hacer algo de justicia en la comuna de Hualpén, y esa justicia implica que espacios naturales tan preciados para nuestra comunidad puedan preservar sus condiciones para las giras de estudio que realizamos con nuestros niños y niñas, a quienes se les suspenden clases, porque ENAP tiene un evento que le llaman, pero son…
de contaminaciones terribles y a eso tienen que estar sometidos los más de 100.000 habitantes que hay dentro de la comuna de Hualpén. Entonces, lo que planteamos es que, efectivamente, a través de estas multas que pasan de un bolsillo del Estado de Chile a otro, se genere algo compensatorio para la comuna que yo represento. Y eso es lo que estamos pidiendo: que estas multas por episodios medioambientales se puedan emplear en la compra de espacios para poder preservarlos, no a lo mejor a través de la legislatura, sino solicitándole a ENAP o al Estado que, en las empresas que generan contaminación, parte de esas multas se queden en el territorio o, en su defecto, cuando una empresa del Estado de Chile opere totalmente en el territorio, se utilicen para poder comprar, invertir y hacer lo que sea necesario. Eso, Presidente. Muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias al alcalde Miguel Rivera, a la comuna de Hualpén y también al equipo de Manitavia por la presentación. Ellos viajaron especialmente a esta sesión, y traen sus propuestas, que tendremos que canalizar también desde la comisión y ver las iniciativas. Pasamos al siguiente punto de la tabla, que, si quieren, pueden permanecer o quedar liberados en el fondo, porque seguimos con el siguiente punto de la tabla: seguir tramitando el proyecto de ley. Estamos en periodo de audiencia, en la discusión en general del proyecto Río Protegido, que modifica la 19.300. Y ahí tenemos como invitados –y les damos al tiro la palabra– nuestros invitados del mundo académico, el profesor Ricardo Irarrázabal, de la Universidad Católica, y la profesora doctora Nicole Collín, de la Universidad Austral.
En primer lugar, la misión octava. ¿Presidente? Sí. ¿Evian? Sí. Entendiendo, claro, que estamos modificando la ley 19.300 –que ha sido parte de un trabajo arduo de esta comisión–, se abre la posibilidad de incorporar este texto en la modificación de la permisología ambiental, logrando finalmente una tramitación mucho más expedita. Se lo planteo simplemente para ver si podemos fijar un criterio y, a lo mejor, lograr que los textos contemplados en este proyecto se incorporen en el otro. O sea, se lo planteo para ver si hay voluntad o no, porque seguir parchando la ley en pequeños temas podría significar, en ciertas circunstancias, la posibilidad de darle más prontitud a la tramitación. Se lo dejo planteado: si hay voluntad o no.
Asimismo, el proyecto de permisos sectoriales está naciendo, entiendo, en su última etapa, para votar luego en sala en primer trámite, y este proyecto se encuentra recién en la etapa de audiencia. Hemos dicho que el presidente de la comisión, Alfonso Urresti, ha pedido que las primeras sesiones sean con el mundo académico, después con la institucionalidad, el mundo organizacional y la sociedad civil; en definitiva, faltaría aún incorporar las indicaciones correspondientes. Estamos en el periodo de audiencia.
Bien, se ofrece la palabra a la profesora académica, doctora Nicole Collín, de la Universidad Austral de Chile.
Muchas gracias por la instancia para poder compartir parte del conocimiento de los ríos en Chile y su importancia. Voy a compartir una presentación para difundir información, con datos duros y evidencia. Para contextualizar, la presentación tendrá seis puntos principales: primero, un contexto global de la problemática de los ecosistemas de ríos, sus atributos ecológicos y funciones; algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, en la protección de ríos; un diagnóstico actual de los ríos en Chile; y, por último, la oportunidad que representa la generación de la figura de Río Protegido.
Para comenzar, es muy importante hacer hincapié en la declinación actual de la biodiversidad de agua dulce, que hasta el momento…