Senado - Seguridad Pública - 15 de abril de 2025

En nombre de Dios y de la patria se inicia la Comisión de Seguridad. Saludamos al flamante nuevo Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, que ha hecho su estreno con un poquito de trabajo; y saludamos también al jefe de la edición jurídica de la Subsecretaría, don José Tomás, a la coordinadora jurídica y legislativa, señora Stephanie Walzer, y a los senadores y senadoras integrantes de esta comisión. Bien, el primer punto de la tabla es recibir en audiencia al señor Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, para conocer los lineamientos, planes y programas del nuevo ministerio, intercambiar ideas con los miembros de la comisión, revisar los proyectos en tabla y evaluar cuál será la coordinación para definir el camino a seguir de esta comisión. Contamos con un resumen de la cantidad de proyectos existentes en la comisión: hay 50 en total; desde el año 2023, que fue el primer fast track legislativo, se deducen aproximadamente 20 proyectos pendientes de los fast track legislativos. Dentro de ese grupo queremos someter a consideración del Ministerio de Seguridad Pública cuáles son los proyectos que generan interés y cuáles han quedado, por las contingencias del tiempo, sin mayor efecto. Los miembros de la comisión, aquellos con antecedentes anteriores al año 2023, serán sometidos a consideración, y es probable que algunos sean enviados a los archivos del Congreso Nacional. Por lo tanto, le ofrezco la palabra, señor Ministro, para que informe a esta comisión sobre sus planteamientos. Muchas gracias, señor Presidente, y gracias también por la intervención de la Senadora y del Senador. He preparado una pequeña presentación para dar el contexto de la instalación del ministerio, que ustedes conocen relativamente bien, y en la cual quiero focalizarme en algunas cuestiones tanto de la instalación como de la implementación y el desafío a enfrentar de aquí en adelante. Es importante destacar el consenso sobre el cual se desarrolló el Ministerio de Seguridad Pública en este Congreso Nacional, consenso que permitió que el ministerio fuese despachado en enero de este año y publicado en febrero del mismo año. Se trata de la tramitación de un proyecto de ley de 18 años de antigüedad. La agenda en materia de seguridad pública ha estado muy presente en todas las administraciones: desde las primeras iniciativas de la administración del presidente Lagos hasta la decisión, tomada por el Ejecutivo, de continuar gestionando el proyecto de ley del expresidente Piñera. En ese proceso, además de retomar otra iniciativa, existió una discusión previa relevante, cuyo propósito central era obtener resultados del proyecto de ley y no buscar otra iniciativa que no aportase lo mismo. El Ejecutivo optó por emitir una indicación sustitutiva, lo que generó una gran discusión en torno al eje y la estrategia de seguridad pública, vinculados al fortalecimiento de las instituciones. Es importante recordar el contexto en que este proyecto finalmente se despachó, en el marco de una estrategia de consenso entre el Ejecutivo y este Congreso Nacional. Dicho consenso fue articulado mediante fast track legislativos, que comprendieron tanto una dimensión institucional—no solo con la creación del Ministerio, sino también con el fortalecimiento de otras instituciones—como una dimensión procedimental, que implicó una cantidad significativa de reformas legislativas en materia de seguridad. Como bien saben, hasta esta fecha se han despachado cerca de 70 proyectos de ley en el contexto de esa agenda, dejando al país con una considerable actualización legislativa en esta materia.

Para abordar algunos aspectos en que el Estado de Chile no los tenía adecuadamente regulados, acompañado de fenómenos, especialmente criminales, que han tenido alto impacto en el país y respecto de los cuales eran desconocidos o por lo menos acotadamente ejecutados, ese contexto permite explicar por qué la ley publicada por este Congreso tenía que abordar una cuestión central: cómo distintos organismos públicos, con propósitos de política pública y competencias diversas, pueden actuar con un propósito común, pese a que sus estructuras organizacionales son muy distintas. Existen ministerios, servicios públicos dependientes de diversos ministerios e instituciones constitucionalmente autónomas como el Ministerio Público. Por ello, tratar de construir una unidad de gestión a partir de una heterogénea estructura administrativa, en la propuesta central de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no es simplemente asignar un casillero en la administración pública. El gran cambio —y ese es, por lo menos, el enfoque que el Ejecutivo ha tenido— es que el mandato principal de la ley es implementar un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad. De hecho, la profusa legislación aprobada en el Congreso durante estos últimos años, y la que se sigue tramitando en este Congreso Nacional, tiene como elemento común el tratar de generar condiciones de actuación eficaz en instituciones heterogéneas con propósitos diversos, pero que deben lograr un resultado común. Ese gran desafío es el desafío de la gestión pública en materia de seguridad. Lo digo en los siguientes términos, por su intermedio, señor presidente: nosotros podemos seguir aprobando leyes —y algunas son indispensables—, pero si no ponemos foco en la gestión pública en seguridad, buena parte de ellas pueden terminar siendo simples declaraciones formales, en el fondo. En primer lugar, es relevante lo vinculado a la creación del Sistema de Seguridad Pública, que incorpora una serie de instrumentos establecidos en la ley, algunos de los cuales requieren complementación reglamentaria, a los que me referiré más adelante. En segundo lugar, se debe fortalecer el control hacia las policías y sus mecanismos de inversión. En tercer lugar, la gestión policial, no solo desde la perspectiva estratégica sino también operativa, debe diferenciar claramente los roles de la Subsecretaría de Prevención del Delito en aquello que la ley denomina “factores de riesgo”. Se trata de una legislación que, por primera vez en el sistema institucional chileno, define la prevención normativamente con un propósito muy específico en materia de seguridad. ¿Por qué es tan relevante? Porque, si bien la persecución penal cumple ciertos propósitos, ésta es consecuencia de la comisión de hechos que, en general, deseamos evitar; ese es el punto central. Los hechos se pueden prevenir mediante elementos preventivos, ya sean aquellos vinculados a cuestiones operativas de intervención de las policías o a los factores de riesgo, que constituyen el gran mandato de la ley. Por último, como recordarán durante la discusión —sobre todo en la parte final y en lo que fue abordado en la Comisión Mixta— se trató el Sistema Nacional de Protección Ciudadana y la idea del régimen unificado, en la cual el Ejecutivo tiene ocho meses para enviar el proyecto de ley, probablemente en el mes de junio. ¿Por qué importa todo esto? Porque la gran interrogante que tenía el Ejecutivo, especialmente en relación con el mandato conferido al Presidente de la República tras la publicación de la ley en los primeros días de febrero, era si se utilizaría todo el plazo establecido —es decir, un año para la dictación de los decretos con fuerza de ley, muy estructurados para el traspaso y la puesta en marcha del nuevo ministerio desde el punto de vista estrictamente administrativo, lo que implicaría desplazar la implementación del ministerio al febrero del próximo año, para la próxima administración— o si se haría el esfuerzo de iniciar su proceso de implementación de inmediato. No se trata solo de llevar a cabo un conjunto de herramientas administrativas, sino de instalar prácticas de gestión en la administración pública en materia de seguridad. El Ejecutivo apostó por esta última opción. El mandato del presidente fue...

Muy claro en relación a la elaboración de los decretos con fuerza de ley, en las etapas próximas a la discusión legislativa en la parte final de este Congreso se conformó una unidad de implementación que abarcaba desde detalles simplemente administrativos, como la infraestructura donde se iba a instalar el Ministerio, hasta aquellos destinados a la elaboración de los decretos con fuerza de ley. El mandato que recibimos establecía que esto tenía que estar operativo para el primero de abril, y esa fue la forma en que trabajamos, permitiendo que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a funcionar a partir de esa fecha. Esto tiene varias implicancias que explican el modelo de gestión pública asociado a esta ley. Por un lado, se trata de una institución de único foco. En contraste, las instituciones de múltiples propósitos –como era el caso del Ministerio del Interior– tienen objetivos de política pública tan diversos que, en ocasiones, estos terminan rivalizando entre sí. Si bien en ciertos casos se logra escala de eficiencia en un modelo multipropósito, generalmente se sacrifica algún objetivo de política pública. Una de las razones que explica la creación de este Ministerio es precisamente ese único foco: una política pública permanente basada en evidencia. Este enfoque no es simplemente una expresión retórica, sino la forma en que la ley está planteada y redactada. Si se van a adoptar políticas y planes en materia de seguridad pública, deben hacerse en base a evidencia; lo que implica abordar la seguridad desde una perspectiva más amplia que el simple orden público o la persecución penal. Por ello, los énfasis en la prevención resultan tan relevantes. Más adelante me referiré a la política de seguridad pública, uno de los aspectos que está mandatado al Ministerio y cuyo objetivo era implementarla en el segundo semestre de este año, venida trabajando desde hace tiempo. Si se quisiera señalar cuál es el gran objetivo para los próximos años en esta materia, se debería apuntar hacia la reducción de los delitos violentos y la disminución del índice de temor. Por ejemplo, en lo que respecta a los delitos violentos, se trataría de llevar las tasas a niveles comparables a los de hace 10 años –no a 3 por cada 100.000 habitantes, ojalá fuese incluso menos– y, en cuanto al índice de temor, es importante recordar que, para finales del año pasado, Chile se encontraba en torno al 27. Esto evidencia que la diferencia entre el índice de victimización y el de temor es mínima, y que Chile es el país del mundo con los mayores índices de temor, lo que denota una sociedad que vive del miedo; hoy tenemos el doble del índice de temor que hace una década. Por ello, cuando se habla en materia de seguridad pública es necesario ir más allá de la dimensión estricta de la persecución penal y los temas de orden público, abarcando los aspectos vinculados tanto a la reducción de la tasa de delitos violentos como a la disminución del temor. Este es, sin duda, uno de los objetivos consensuados que el país debe abordar en los años venideros. La idea de especialización en la atención de todo el territorio nacional, basada en un modelo de gestión pública fundamentado en la coordinación y cooperación, requiere un trabajo interagencial muy activo. Este modelo tiene diversas dinámicas, ya que, como es bien sabido, la administración pública recurre con frecuencia a esta retórica de coordinación, apoyada en un principio general de la misma. Durante la tramitación de este proyecto, este Congreso puso especial énfasis en ello, pues sin coordinación no hay resultados. En definitiva, las capacidades de coordinación y cooperación entre órganos –con estructuras muy heterogéneas– son fundamentales para alinear la política de persecución penal del Ministerio Público, institución autónoma, no solo a las políticas de las policías, que en cierto modo dependen del Ministerio de Seguridad Pública, sino también a las políticas sectoriales; por ejemplo, a la convergencia de las políticas de aduanas, de Impuestos Internos y del SAC en la agenda de seguridad. Esto no se logra por arte de magia ni simplemente mediante mandatos normativos, sino a través de unidades de gestión sumamente eficaces diseñadas para ese fin.

Ven la estructura del nuevo Ministerio de Seguridad. El ministro de Seguridad tiene tres servicios públicos dependientes de distinta naturaleza: Carabinero, la Policía de Investigación y la Agencia de Ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad, que forma parte de otra discusión que vuestras señorías también tuvieron, comenzó sus operaciones en enero de este año. Tiene una estructura compuesta por dos subsecretarías, lo cual presenta virtudes y defectos; pero para esto es el modelo para el cual está estructurado, con el gran propósito de que ambas trabajen conjuntamente. En materia de seguridad pública, las estructuras sobre las cuales se diseñaron, más allá de las unidades de staff (clásicas, jurídicas, de administración y finanzas), son las que se enfocan propiamente en la línea de trabajo. En el caso de seguridad pública, crimen organizado, terrorismo y fronteras, la organización funciona como una división. En tanto, seguridad y orden público está estructurada como otra división, de la cual dependen algunos departamentos que en estos días se han discutido, por ejemplo, el de seguridad, orden público y eventos masivos, y el de control y planificación institucional en el caso de las policías, correspondiente a la división especializada que mantiene un vínculo cotidiano con el Ejecutivo, abarcando desde cuestiones de personal, inversión y recursos hasta aspectos operativos. En materia de prevención del delito se integran prevención social, desarrollo territorial y seguridad privada. Por la estructura con la que fue aprobada la Ley de Seguridad Privada, esta área quedó como división dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ambas subsecretarías disponen, recordando que en este ministerio se da la convergencia de dos grandes estructuras administrativas: la Subsecretaría de Prevención del Delito, que proviene del Ministerio del Interior, y las estructuras que se incorporan a la Subsecretaría de Seguridad Pública, provenientes de los equipos de seguridad pública que estaban en el Ministerio del Interior. Además, se integran estructuras sobre las eremías y otras vinculadas a los departamentos provinciales de seguridad pública, que probablemente formarán parte, una vez instaurados, de los consejos regionales. Este Congreso aprobó la existencia de dos consejos de coordinación institucional: uno vinculado a seguridad pública y otro relacionado con la prevención del delito. El gran objetivo en la etapa de implementación, aquellas cuestiones domésticas que pueden resultar poco atractivas públicamente, es que seguridad pública y prevención del delito trabajen conjuntamente y de forma transversal, evitando la creación de dos silos institucionales dentro del ministerio, lo cual rompería el propósito perseguido por el Congreso. En este sentido, se busca facilitar prácticas institucionales, como el intercambio de datos. De hecho, este Congreso aprobó una unidad estratégica que permite definir la política en materia de seguridad a mediano y largo plazo. Esa unidad, que depende directamente del gabinete del ministro, está sistematizando y ordenando los trabajos (por ejemplo, en el caso de Evidencia) que tienen ambas subsecretarías para operar de manera unificada; un aspecto clave en la etapa de implementación. Por último, en cuanto a la idea de las eremías, el Ejecutivo enfrentó un dilema administrativo concreto: no podía, más allá de los anuncios del presidente, tomar decisiones formales sobre la estructura del Ministerio de Seguridad hasta el 1 de abril. Voy a ejemplificarlo: el presidente hizo el anuncio el jueves de la semana anterior al martes, en el caso de mi nominación. Mientras tanto, seguí ejerciendo como subsecretario del Interior y todas las publicaciones de acciones en las cuales estuve involucrado solo pudieron difundirse a través de redes sociales.

Personal, como subsecretario del Interior. ¿Por qué? Porque, mientras no existiera formalmente el Ministerio de Seguridad Pública, no se podía hacer referencia a ninguna de ellas. ¿Cuál fue la estrategia, a propósito de la Secretaría Regional ministerial de Seguridad Pública que abordó el Ejecutivo? Distinguir el día 1, que es la etapa de instalación, del régimen. ¿Por qué es relevante? Porque los traspasos de funcionarios, de conformidad con la ley que se aprobó, no solo se referían a nivel nacional, sino que también a nivel regional. Por lo tanto, las eremis de seguridad pública están constituidas por funcionarios traspasados de las delegaciones presidenciales. Lo segundo, hay atribuciones que hoy día pasan a los eremis y hay algunas que siguen siendo concurrentes o de cooperación o colaboración con los delegados presidenciales. Lo que no podía pasar, a partir del día 1, es que tuviésemos dos autoridades sometidas a rivalización; eso es lo primero. Y lo segundo, que en la gestión administrativa doméstica, que tiene que ver con el funcionamiento del personal, existiera una autoridad responsable. Para ello, el Ejecutivo tomó la decisión de que, mientras se elaboran las ternas por parte de los delegados presidenciales —que es lo que establece la ley—, asumieran como interinos a algunas personas que tenían la calidad de encargados de prevención del delito en las respectivas regiones. No los quiero latir con cuestiones administrativas, pero una cantidad importante de estos funcionarios eran contratados honorarios. Por lo tanto, la posibilidad de que algunas de esas personas pudieran asumir interinamente era relativamente acotada, dado que los cargos de los cuales provenían eran de contratación honoraria. Y para aquellos casos en que no se pudo nombrar a estas personas, se acudió al orden de subrogancia legal para el Seremi de Seguridad Pública. El primer subrogante legal que se estableció —en primer orden de subrogancia en las regiones destinadas a seguridad pública— es Justicia, y la razón, relativamente simple, es que ese sector es el más afín a seguridad pública, fundamentalmente porque gestiona el Consejo Regional para el Sistema de Enjuiciamiento Criminal y administra dos instituciones del sistema de seguridad pública: Gendarmería y, por otro lado, CENAME o el Servicio de Reinserción Juvenil. En el mes de mayo, antes de la primera quincena, debiésemos tener el nombramiento de los eremis definitivos, en un contexto también de cooperación y colaboración, no solo en la región, sino también con los actores relevantes de la misma, incluidos los parlamentarios, en el entendido de que es un propósito común de todos que la instalación del Ministerio de Seguridad sea administrativamente exitosa en estos términos. De hecho, si me permiten un comentario que considero conveniente transparentar, se les pidió a todas las autoridades regionales que la distribución de "preferencias" o "tendencias políticas" en una región no formara parte de la ecuación, ya que lo que importaba era la etapa de instalación. Y en ese sentido, lo que se tiene es, fundamentalmente, que quien posee el mando de las policías —desde el punto de vista administrativo— actúa bajo el auxilio de la fuerza pública a requerimiento del delegado, quien es secretario ejecutivo del Consejo Regional de Seguridad y Prevención del Delito y está a cargo de la ejecución de la política en materia de seguridad en la región. Esto no altera las competencias de coordinación general que tiene el delegado presidencial en la respectiva región. Esta primera fase era clave. Lo quiero ejemplificar en un caso: el Ministerio comenzó a funcionar el primero, el tres. Se estaban entregando los resultados del informe consolidado de homicidios consumados, que es un informe del Estado de Chile —no es del Ejecutivo, ya que también participa el Ministerio Público—, y se evidenció no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. En ese ámbito, participaron tanto los delegados como quienes, por ahora, estaban ejerciendo los interinatos en materia de seguridad pública. Esa continuidad institucional es clave para que no se produzcan vacíos administrativos que, aunque puedan considerarse domésticos, son esenciales para el correcto funcionamiento de la institucionalidad. Y aquí tengo cuáles son las tareas en las que está involucrado hoy día el Ministerio, más allá del día a día, que es muy intenso. Si bien la agenda es abrumadora, no hay que perder de vista que el propósito perseguido es la instalación.

Correcta y adecuada del Ministerio de Seguridad en este pedido e instalar buenas prácticas institucionales para su funcionamiento. La primera tiene que ver con la constitución de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito. Para ello, el Ejecutivo fijó como horizonte que, antes del término del mes de abril, estuvieran constituidos ambos consejos. El Consejo Nacional de Seguridad Pública se constituye este jueves y el Consejo Nacional de Prevención del Delito se constituye la próxima semana, el próximo jueves. Estos dos consejos son claves, ya que cada uno está asociado a orientaciones específicas, y son fundamentales para la aprobación de la política de seguridad pública, pues el Ejecutivo desea que ambos consejos la aprueben conjuntamente. Además, hay algunos ministerios que se repiten en ambos consejos, lo que hace sentido que se pueda tener una reunión unificada. Lo segundo tiene que ver con el reglamento orgánico. Recordar que este congreso mandó un reglamento estableciendo la estructura orgánica, por lo que el Ejecutivo ha elaborado un organigrama, el cual les mostré recientemente, sobre el cual se está trabajando. Es esencial, pero nosotros podemos seguir funcionando con el mandato legal que tenemos hasta ahora. Los siguientes tres puntos son claves. Primero, el reglamento del sistema de seguridad pública. En este aspecto se juegan muchas cosas para el funcionamiento del ecosistema de seguridad pública en Chile. La gran apuesta que tiene la ley, como señalé al inicio, es un modelo de gestión pública en materia de seguridad, definido en lo que la ley denomina el sistema de seguridad pública. Este mecanismo implica cooperación y coordinación entre autoridades públicas. Además, el Congreso estableció como parte de la estructura del sistema mecanismos de colaboración público-privada, por ejemplo, para conformar comités interministeriales, comités de tarea o fuerzas de tarea en concreto. La ley está aprobada para que operen en el contexto del sistema de seguridad pública, pero, siguiendo la filosofía de la ley, deben fundamentarse en objetivos, metas e indicadores. De lo contrario, el sistema institucional correría el riesgo de llenarse de fuerzas de tarea que, al carecer de temporalidad, se prolonguen indefinidamente. Como ejemplo, refiérase al proyecto de ley que se está discutiendo recientemente sobre el robo de cables de cobre, el cual contempla medidas preventivas, medidas de investigación e información vinculada a aspectos de inteligencia, implicando también inversiones por parte de las compañías. Estas compañías, asociadas a ese tipo de cables, pueden ser muy diversas: desde empresas de telecomunicaciones hasta empresas eléctricas o productoras. Técnicamente, esto podría organizarse como una fuerza de tarea público-privada en la que cada actor tenga sus obligaciones e indicadores, pero, una vez cumplido su cometido, dicha fuerza de tarea debe concluir. El eje central del diseño institucional es, precisamente, alcanzar resultados. El segundo punto tiene que ver con SIGPOL, la gran apuesta de la gestión coordinada policial. Se busca la instalación del reglamento del SICPOL y el Ejecutivo pretende establecer el Centro de Coordinación Policial, como ustedes bien saben, para operaciones complejas al inicio del segundo semestre de este año. Con las policías ya se está trabajando. Esto se implementa en un contexto de relación muy fluida entre ambas instituciones y altos mandos, permitiendo que el Centro de Coordinación Policial replique los mecanismos de colaboración que se están desarrollando de forma permanente en las unidades de coordinación estratégica del norte, centro y sur, las cuales integran no solo a ambas policías, sino también a Gendarmería, Aduana e Impuestos Internos, generando flujos de trabajo muy relevantes para investigaciones complejas. El tercer punto tiene que ver con el reglamento de transferencia de información. Cabe recordar que, también en este ámbito, una de las grandes apuestas del Congreso es fortalecer las facultades que tiene el Ministerio de Seguridad para requerir información.

Sin restricciones, salvo aquellas que pudieran comprometer investigaciones. Si uno pudiera resumir uno de los inconvenientes históricos en materia de seguridad pública durante los últimos 20–25 años, es cómo se comparte la información. Esto fue un propósito deliberado del Congreso, en términos de que el Ministerio de Seguridad tuviera una competencia muy intensa en esa materia. El Ejecutivo considera que estos tres temas –el sistema de seguridad pública, SIGPOL y el reglamento de transferencia de información– debieran ir en un solo reglamento, aunque son mandatos distintos, y que pueden abordarse conjuntamente. El reglamento del sistema de seguridad pública ya cuenta con un borrador que será sometido en los próximos días a consulta de los respectivos ministerios, y se espera que pueda ser enviado contra Luría los primeros días del mes de junio. La razón fundamental es tratar de tener los instrumentos para el funcionamiento del sistema de seguridad pública por vía reglamentaria en el segundo semestre. Sin perjuicio de ello, la constitución del Consejo de Seguridad Pública esta semana y las prácticas institucionales desarrolladas en el último tiempo pueden ir consolidando trabajos previos a la aprobación formal del reglamento. Además, se destaca la relevancia de los certificados de pertinencia para efectos de la inversión en las fuerzas policiales. En cuanto a la Política Nacional de Seguridad Pública, ésta constituye un mandato claro de la ley y debe ser sometida a ambos consejos, lo que gatilla otra serie de institucionalidad asociada. El objetivo principal, que forma parte de un debate preliminar, es que el país debiera avanzar en los próximos años hacia el gran objetivo de reducir delitos violentos y disminuir el índice de temor, estableciendo metas muy específicas asociadas a indicadores para su cumplimiento. Por ejemplo, reducir delitos violentos y el índice de temor son objetivos relativamente compartidos, lo que permitiría luego definir objetivos más específicos, como contar con cárceles seguras. No sirve tener un sistema de persecución penal eficaz si no se garantiza que las instalaciones carcelarias sean seguras y que las personas en su interior puedan desarrollar adecuadamente sus labores. De igual forma, la Política Nacional de Seguridad Pública es un trabajo que se venía desarrollando desde el Ministerio del Interior; de hecho, existe un borrador al cual se están haciendo ajustes y que será sometido a consulta de expertos y de los sectores en las próximas semanas, de modo que ambos consejos, de forma unificada, puedan aprobar la versión final en sesión plenaria, tal como exige la ley. El propósito central que el Ejecutivo ha tenido hasta ahora en esta etapa de instalación es desarrollar un ministerio a cargo de una política de Estado permanente. El Congreso tomó la decisión de sacar a la seguridad del Palacio de La Moneda, es decir, separarla del Ministerio del Interior, precisamente para que la contingencia de la política cotidiana no absorba la agenda de seguridad. Por ello, no sólo jurídicamente, sino también simbólicamente, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra en su exterior. Soy consciente de que este es un año complejo, un año de elecciones, pero creo que en los elementos estructurales en materia de seguridad pública existe un acuerdo relativamente transversal, y lo esencial para nosotros es permitir su instalación de modo que se puedan seguir cumpliendo los objetivos aprobados por la ley. Insisto: podríamos seguir aprobando leyes, pero si no ponemos foco en la gestión pública en materia de seguridad, lo que se puede terminar teniendo es más un estado de papel, situación que ninguno de nosotros desea para el país. Por ello, es fundamental contar con objetivos con indicadores de medición claros y sujetos a rendición de cuentas. Con esto concluyo, señor presidente. Conforme a la ley, semestralmente el Ministerio de Seguridad debe rendir cuenta a este Congreso, siendo lo razonable que dicha rendición se efectúe en el mes de junio de este año, para mantener la política regular al final de cada semestre.

Presidente. Muchas gracias, señor ministro de Seguridad. Vamos a iniciar el diálogo con los señores y señoras senadores. Tiene la palabra, don Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludo al ministro de Seguridad y le deseo éxito en la tarea que ha asumido hace 15 días, ya que es un hombre destacado en el derecho y ha tenido distintas responsabilidades en el Gobierno; no me cabe ninguna duda de que lo hará de la manera más ejemplar posible en el tema número uno que tenemos hoy en Chile. Tres cosas, señor presidente, quiero remarcar: Primero, en regiones –y ahí la experiencia de cada senador podrá señalarlo–, en estos 15 días se ha observado una debilidad, no porque los servidores sean interinos, sino porque aún no se muestra el vigor ni la corporalidad de toda la envergadura que implica este nuevo ministerio para efectos de un territorio, en este caso para una región determinada. En ese sentido, me interesa saber, por su intermedio, cuál es el diseño y, además, las titularidades, las cuales considero que tienen plazos excesivos; ya que esta ley fue promulgada el 27 de enero y entiendo que se tiene como máximo hasta el 15 de mayo para contar con todas las titularidades y el empoderamiento, algo muy importante, sobre todo en el manejo civil de las policías en cada territorio y región. La región de Ojin, que yo represento, lo sabe muy bien, pues el subsecretario ha tenido que enfrentar un incremento enorme y creciente de la criminalidad en los últimos dos años, y por muy cerca de Santiago que se esté, esa situación representa a muchas regiones con altos niveles de crimen organizado. Segundo, quisiera abordar el tema que se presentó en sesión de comité, en la cual me corresponde representar al Comité Socialista. Ayer se definió ordenar la mesa para una sesión especial por el tema de la violencia rural –a propósito de los hechos ocurridos en Granero, entre otros–, ya que esto afecta a todas las regiones del país. Por lo tanto, se le solicitará al ministro un plan o un diseño para esa sesión, que aunque aún no cuenta con fecha, se celebrará pronto en sala. Me gustaría que ofreciera algunas luces respecto al estado en que se encuentra el Ejecutivo, separando un poco lo que corresponde a Araucanía de lo que involucra el Macro Frontera Norte, puesto que estamos hablando del conjunto de zonas en las que se manifiesta violencia rural. Tercero, a raíz de la coyuntura ocasionada por lo ocurrido en el Estadio Seguro, le pregunto al ministro: ¿cuál es la razón o fundamento por el que ha calificado al Ejecutivo respecto a la infiltración –o la ausencia de infiltración– de las barras por el crimen organizado, lo que ha llevado a dar por fenecido dicho plan? Y, en consecuencia, ¿cuál es el reemplazo de este plan? Los eventos de fútbol no pueden mantenerse suspendidos indefinidamente y deben retomarse. Hay una situación delicada y grave, y entendemos que habrá un departamento de orden y seguridad encargado de ello. ¿Quién lo integrará? ¿Qué estructura tendrá? ¿Cómo se implementará en los próximos días? ¿Qué se comunicará al público, en especial a los hinchas, que hoy observan una suspensión que se percibe como un desastre? Además, ¿por qué el ministro ha estimado que Carabineros no puede volver a los estadios? Yo, desde pequeño, asistía a partidos en los que siempre estaban presentes Carabineros, lo que generaba un efecto disuasivo que impedía incidentes graves como los que estamos presenciando. Por último, señor presidente, planteo que existe un proyecto de ley denominado “Salvemos el Fútbol”, que ingresó hace 11 meses al Senado y se encuentra en segundo trámite, permaneciendo únicamente en la Comisión de Deportes. Este proyecto adopta medidas especiales para el resguardo y la seguridad dentro de los recintos; fue aprobado en general hace seis meses por la sala y lleva seis meses en discusión sin que se esclarezca en qué detalle se encuentra. En mérito a lo expuesto, reitero mis interrogantes y solicitudes de respuesta a estos puntos. Muchas gracias.