Bueno, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Oportunamente, el coordinador analista de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Rodrigo Ruiz, remitió a vuestros correos los siguientes antecedentes respecto a esta partida: ficha presupuestaria, documento que expone los antecedentes presupuestarios e institucionales correspondientes a la partida, basándose en las disposiciones contenidas en el Proyecto Ley 2025; estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones de informar, contenida en la Ley de Presupuestos 2024 al mes de septiembre; análisis preliminar realizado al presupuesto de la partida, recaído en el Proyecto 2025; asimismo, se les hizo llegar el documento enviado por el Ministerio de Bienes Nacionales, dando cuenta tanto de la ejecución presupuestaria de 2024, que quedó pendiente, como del presupuesto para 2025; y, por último, se remitió también un documento elaborado por la BCN con análisis presupuestario 2024-2025 y ejecución en agosto de 2024. Esa es la cuenta, señor presidente.
¿Algo sobre la cuenta, diputado Cifuente? ¿Tenemos el listado de las partidas que vamos a ver hoy? Si fue enviado, se lo reenvío o, si lo tienen impreso por ahí, lo tienen. Les recuerdo: de 9:30 a 10:30 horas, Bienes Nacionales; de 10:30 a 11:00 horas, Servicio Electoral; de 11:00 a 14:00 horas, Interior y Seguridad Pública; de 15:00 a 17:00 horas, Vivienda; y de 17:00 a 19:00 horas, Las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Muy bien. ¿Alguien más sobre la cuenta? No. Bueno, de acuerdo a la tabla, entonces nos corresponde hoy conocer la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio y el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2025, correspondiente a la partida 14 del Ministerio de Bienes Nacionales.
Y tenemos como invitados e invitadas a la señora Ministra Marcela Sandoval, bienvenida, Ministra, a la subcomisión; a la jefa de la División de Planificación y Presupuestos, la señora Valentina Gómez; y al jefe del Departamento de Presupuestos, el señor Néstor Zavala. También tenemos como asistente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda al jefe del sector Vivienda y Bienes Nacionales, el señor Mario Flores. ¿Está la dipresa? Ahí, muy bien, bienvenido. Además, se suman los analistas, el señor Raúl Guerrero y Arturo Méndez, y de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, el señor Rodrigo Ruiz, quien está acá atrás acompañándonos como siempre.
Bueno, Ministra, el mes pasado no alcanzamos a ver la ejecución del Ministerio, así que vamos a partir con eso, ¿cierto? Le rogaríamos que fuera bastante concisa en esta parte, apuntando principalmente a lo que vimos anteriormente en las dificultades que tuvo para la ejecución y en otros aspectos que usted considere relevantes. De ahí, pasamos al fondo que tiene que ver con el presupuesto del año 2025. Tiene la palabra, Ministra.
Ministra: Gracias, Presidente. Saludo por su intermedio a los senadores y diputados integrantes de esta subcomisión. Vamos a hacer, acogiendo el llamado de esta subcomisión, una presentación bien sucinta respecto a la ejecución presupuestaria. Y, dado que estamos reportando en este mes, ya en octubre, actualizamos todos los datos a septiembre, para que tengan la información lo más actualizada posible respecto a la ejecución presupuestaria del gasto por programa del Ministerio de Bienes Nacionales. En la primera lámina, hemos puntualizado los cuatro programas que tiene el Ministerio: el de la Subsecretaría, el de regularización, el de administración de bienes y el de catastro. Y, como verán en los números, efectivamente el gasto a septiembre es prácticamente el estimado; vamos muy en orden a lo que hemos proyectado, con una ejecución del 73% en el programa 1 y del 80% en el programa 2.
Programa 3, más de lo estimado en la administración de bienes, 116% y 70% en el programa de catástrofe. En definitiva, vamos en un 96% de la ejecución al mes de septiembre del 2024.
Vamos a ver respecto a los gastos operacionales de la partida 14, los distintos subtítulos que incluye nuestra ejecución presupuestaria, la ejecución operativa; ahí tenemos un porcentaje de avance de 73%, lo que también proyecta que a diciembre del 2024 tengamos ejecutada prácticamente la totalidad de nuestros gastos operacionales. Es algo que, en general, ha sido una tendencia del Ministerio de Bienes Nacionales y que hemos tratado de resguardar, para que estos gastos sean ejecutados durante el transcurso del año y no al final del período.
Respecto de los ingresos operacionales, recordemos que nuestra cartera es una de las que más recauda para el Estado y, ahí, es importante la nota al pie que colocamos. En el año 2023, el Ministerio de Bienes Nacionales, considerando solo los ingresos respecto de su giro –esto es, el arrendamiento, las concesiones y las ventas, que constituyen nuestro giro principal–, obtuvo un resultado operativo bruto de un poco más de 70.000 millones, cifra superior a la de varias empresas públicas, sin considerar, por supuesto, Codelco y Enap, cuyo resultado operativo bruto es del orden de 61.000 millones. Esto se sustenta en las estadísticas de Finanzas Públicas de 2014 a 2023 y resulta relevante, ya que una de las metas perpetuas del Ministerio de Bienes Nacionales es la administración rigurosa del patrimonio fiscal, acompañada de una recaudación importante para el fisco por concepto de arriendos, concesiones y ventas. Se observa, además, una comparativa de la ejecución 2023 respecto a la ejecución a septiembre del 2024; tenemos cifras similares en las concesiones, las cuales pueden parecer en un rango algo más bajo respecto al periodo anterior, dado que muchas de estas concessiones culminan, digamos, en su cierre durante estos meses. Es en ese momento cuando se concretan los trámites y, al tratarse de concesiones onerosas, estamos hablando de grandes inversiones privadas. Actualmente, contamos con ingresos operacionales de 67.000 millones, un poco más y fracción; respecto al año anterior se observa un delta que se explica también por el monto de las concesiones que se están concluyendo, muchas de ellas en trámite durante este último trimestre.
Me preguntaba el presidente de la subcomisión por algunas dificultades que hemos enfrentado este año, relacionadas en gran parte con la contingencia. Tuvimos el mega incendio en la Región de Valparaíso, lo que, evidentemente, implicó disponer y reacomodar funciones. Pusimos a disposición, para atender el mega incendio, la plataforma IDESTILE, que es la infraestructura de datos geoespaciales que monitorea la información territorial del Estado. Nos configuramos como punto focal para colaborar con los distintos ministerios –entre ellos el Ministerio de Vivienda, CENAPRED y los ministerios de enlace–, así como con la distribución de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y otras tareas adicionales. Además, en respuesta a la emergencia del incendio en Valparaíso, se impulsó la reposición de títulos de dominio y la colaboración en materias de reconstrucción. Hay situaciones, como bien saben, en las que existen asentamientos en lugares no habilitados, donde se presentan dificultades geográficas y asentamientos irregulares, por lo cual se requirió disponer de equipos desde el nivel central para atender la emergencia. En este contexto, hemos realizado una reposición de título de dominio, es decir, un trámite –una garantía jurídica muy relevante para las personas que perdieron todo, del orden de…
Mil reposiciones de título de dominio. Yo diría que esa fue una contingencia que efectivamente nos obligó a reacomodar nuestras funciones, más no significó un gasto adicional, sino más bien reorientar y concentrar, sí, mucho equipo en ese sector. Hemos tenido algunas tareas que son parte de nuestro quehacer, pero que también nos han demandado mayor celeridad, y que tiene que ver —y lo vamos a explicar también en el proyecto de ley 2025— con que a veces nuestro ministerio es invisible en términos de los resultados finales de un proyecto; por ejemplo, hidrógeno verde, estrategia nacional del litio, plan de emergencia habitacional. Pero yo siempre digo, como ministra de esta cartera, que sin suelo fiscal muchos de esos proyectos no avanzarían.
Entonces, hay compromisos de gobierno que tienen que ver con las energías limpias, renovables y no convencionales, y que efectivamente hemos tenido que destinar. Hay una unidad especializada en el Ministerio de Bienes Nacionales que se concentra en esas tramitaciones para sacar adelante los proyectos Ventana Futuro. Hemos estado colaborando con el Ministerio de Minería, puntualmente, en la Estrategia Nacional del Litio y, también evidentemente —y ustedes como bien sabrán—, dentro del Plan de Emergencia Habitacional nuestro compromiso ha sido la transferencia de suelo fiscal. Ya hemos cumplido en distintas regiones con la entrega de la transferencia total, y eso no significa que se haya empezado a construir necesariamente, porque eso ya depende de los Servius, pero nuestra meta está cumplida en varias regiones del país.
Evidentemente, esas son parte de nuestra tarea habitual, pero que sí han exigido a este ministerio cumplir en el menor tiempo posible. Además, hay otros temas relacionados con el 2025 que nos han exigido modernización interna de nuestro proceso. Estamos trabajando en un rediseño del flujo de tramitación de las concesiones onerosas, de manera que en el 2025 podamos mostrar resultados en el primer semestre en la disminución de plazos. Nuestras concesiones, en general, tienen etapas y plazos; sin embargo, aquellas concesiones onerosas mayores tienen un promedio de tramitación de un año y medio, y queremos disminuir ese plazo. Asimismo, nos preparamos para una discusión que esperamos próximamente en la Comisión de Medio Ambiente respecto a las concesiones marítimas. Este es un paréntesis, pero se nos exige como Ministerio estar preparados en materia de tramitaciones en general.
En este contexto, las concesiones han formado parte del rediseño de modernización en el que hemos concentrado varios equipos de la División de Planificación y Presupuestos, de la División de Bienes y de todos aquellos que trabajan también en la implementación de la Ley Digital en el Estado.
Presidente: Quedo abierta a consulta y me equiparé también. Sí, vamos a hacer esta pausa para que formulen preguntas sobre esta parte.
Presidente: Bienvenido, senador. Bienvenido también; no le había dado la bienvenida a todos los senadores y diputados. Buena jornada a todos hoy.
Diputado Mejía (Tata Mejía): Gracias, presidente. Gracias, presidente. Estimada ministra, observé que tenía un 37% de ejecución en el ítem 24, que comprende transferencias corrientes, puestos de valor patrimonial, fortalecimiento de rutas patrimoniales, entre otros. En línea con lo que decía el presidente, se han encontrado problemas para ejecutar ese ítem, ya que el 37% a septiembre es bastante bajo y es sumamente importante, dado que las transferencias corrientes son un tema de alcance global y nacional.
Además, quiero hacer una pregunta —si no tiene la respuesta ahora, me la puede dar después—: en la región de Araucanía, los vecinos de Ilicanray reclaman constantemente por la península de Ilicanray, que está tomada. Se trata de una concesión en la que se están talando bosques y árboles; se tomó la entrada que tenía el Colegio Bautista, se han usurpado incluso los baños por parte de una comunidad, y construyeron al lado un local comercial, para el cual también se están dando concesiones a los comercios ambulantes. Entonces, al final, no sé si efectivamente esa concesión está vigente.
¿Es la comunidad completa la que está tomada o es una persona que llegó de Santiago, que se tomó parte de la comunidad, que es la que está ahí? Entonces, si no me lo puede responder, por favor, quiero averiguarlo, porque la verdad es que la Cámara de Comercio de Reagan-Rey nos ha dicho varias veces que la comunidad está muy complicada: los boteros y todo, que se tienen tomada la península y que la concesión habría vencido. Y es más, cuando le dieron la concesión, empezaron a talar bosque y a sacar árboles de adentro, lo que no está permitido. Entonces, no sé: ¿cómo controlan las concesiones? ¿Cómo lo hacen en este caso? Y si efectivamente es cierto lo que los vecinos nos dicen. Gracias, presidente.
Muy bien. Sí, vamos a tomar varias preguntas. Está primero el diputado Cifuente y, de ahí, el senador García Ruminó y el senador Insulza.
Gracias, presidente. Buenos días, ministra. Este año comenzó la primera expropiación de terreno en una caleta, en la caleta Sierra, en la región de Buquimbo. Yo creo que es un hito histórico para el ministerio y para el país, y por tanto, las felicito realmente por haber logrado una demanda histórica, no solo de la región, sino de muchas caletas en el país. Mi pregunta es: ¿dónde están considerados esos fondos, esos recursos en el presupuesto del año 2014? Están explicitados y, en caso de que se establezca una glosa especial para la ley de caletas el próximo año, ello se confirmaría. Gracias.
Muy bien, senador García.
Muchas gracias, presidente. Muy breve: tengo una consulta en relación con los ingresos, que entiendo provienen básicamente de las concesiones, y particularmente del litio. Aquí, ustedes indican que van a recibir, por rentas de la propiedad, por un lado, 18.000 millones y, en la otra, 32.000 o 32.300 millones; y, en la Subsecretaría, cuentan con una transferencia aproximada de 16.000 millones, o sea, la mitad de lo que reciben por renta de la propiedad, la cual destinan al financiamiento de gobiernos regionales. Siempre hemos albergado grandes esperanzas de que estos ingresos, en especial los provenientes del litio, contribuyan de manera significativa al financiamiento de programas sociales. Igualmente, me parece adecuado que se asignen a gobiernos regionales, pero mi pregunta es: ¿cómo se prevé la situación este año? ¿Habrán más ingresos por concesiones, particularmente de litio, o serán menores o iguales, manteniéndose la misma distribución? No dispongo de los datos comparados, por lo que me gustaría conocerlo. Gracias, presidenta.
Muy bien, gracias, senador Insulza.
Quisiera preguntar por el tema de la regularización de propiedad. En mi región existe una gran cantidad de propiedad no regularizada, y, además, muchas personas que, arrendando viviendas —supongo que con las rentas que ingresan—, no han conseguido, durante muchos años, llegar a ser propietarios de sus bienes. Quisiera saber si usted pudiera contarnos de qué manera ha progresado este tema, ya que confieso que en este periodo —y considerando que el Presidente de la República en su primer mensaje presidencial señaló que uno de sus objetivos era alcanzar el mayor grado de regularización de la propiedad posible, sin tratarse de puras tomas, ya que son personas que generalmente están instaladas sin perjuicio de nadie e inclusive pagan renta—, se evidencia que hay pocos recursos destinados a regularizar la propiedad. Esa es mi pregunta. Tiene la palabra. Gracias, presidente.
Respondiendo al senador Mellao, respecto al ICANRAI, voy a pedir un informe detallado a la Seremia de Bienes Nacionales para atender esa situación. Y, cuando me toque, iré a la región de la Araucanía Nueva...
Podamos ir al lugar, juntos, a ver. En cuanto a esos temas, el año pasado se comprometió, a tres años, aumentar la fiscalización y los fiscalizadores. Se implementó un plan de fiscalización—también a través de denuncias—para que tanto las delegaciones provinciales como las presidenciales y los municipios colaboren en ese proceso. Debido a que, muchas veces, la capacidad del Estado de llegar a distintos lugares a fiscalizar se ve limitada en términos de dotación, se han generado distintos mecanismos. De hecho, se han recuperado varios inmuebles que habían estado en desuso en distintas regiones –no únicamente en la Región de la Araucanía– o que, al ser inmuebles fiscales, fueron recuperados mediante fiscalización por denuncia.
Respecto al subtítulo 24 que usted me preguntaba, existen dos nudos críticos. Uno se relaciona con el programa indígena, específicamente con los procesos de consulta; en este caso tenemos la del Cerro Igi y la de Puyehue. Los procesos de consulta se suelen programar en un trimestre y, por diversas razones, se tiende a cerrar casi al fin de año. Ahora estamos de nuevo en ciernes con Puyehue, pero esa dificultad evidencia la complejidad de atender las disyuntivas territoriales en el programa indígena.
El otro nudo es el Plan de Gestión Territorial Regional, que se refiere a los proyectos patrimoniales. Muchas veces, las licitaciones se efectúan por altos montos, de acuerdo con los requisitos que tiene el Estado; en ocasiones, no llegan oferentes o éstos no cumplen con todos los requisitos, por lo que es necesario emitir nuevos llamados a licitación, lo que retrasa el proceso. Hemos modernizado incluso nuestros procesos de respuesta para acotar dichos procedimientos, pero aún así se identifica un nuevo crítico que tiene que ver específicamente con los proyectos patrimoniales de recuperación (más que de índole productiva). En general, tanto los procesos indígenas como la gestión territorial patrimonial se concentran en la ejecución durante el último trimestre, una tendencia que se ha tratado de revertir, pero que refleja una realidad compleja.
Respecto a lo que señalaba el diputado Ricardo Cifuente, efectivamente Caleta Sierra fue un hito muy esperado. La implementación de la ley Caleta no se había realizado, y fue algo que el ministerio debió abordar en diálogo con los distintos gremios y representantes de los pescadores, no solo en la Región de Coquimbo, sino también en otras regiones del país. Recuerden que, durante la tramitación de esta ley, se produjo un movimiento en Caleta Sierra marcado por la toma de un camino, lo que generó grandes complejidades. Así, se inició una mesa de trabajo, apenas asumí dicha responsabilidad, con los sindicatos de pescadores asociados a la Región de Coquimbo y a Caleta Sierra, lo que permitió alcanzar un diálogo y posibilitó el inicio del proceso expropiatorio. Esto es fundamental, ya que abre la posibilidad de transformar las caletas en núcleos productivos y turísticos, y no solo en concentraciones en torno al recurso del mar. Además, desde Obras Públicas se ha comprometido para el año 2025 el fortalecimiento de la infraestructura en algunas caletas. No obstante, respecto a la proyección para el próximo año, la verdad es que no está contemplada; es un tema complejo que debe ser abordado para dar continuidad a la implementación de la ley Caleta.
Respecto al litio, el senador José García Ruminó nos preguntaba por la transferencia correspondiente. Por ley, debemos transferir el 65%, y dado que la tendencia es recaudar más, se busca asegurar que se cumpla dicha transferencia.
Cumplimos con la transferencia a los gobiernos regionales y estamos también en conversación con ellos para que, efectivamente, esos recursos vayan destinados a inversión regional, proyectos que también beneficien y muchas veces contribuyan a que programas sociales se desarrollen en esa región. El litio, particularmente, es una fuente de riqueza indudable y, por lo tanto, esperamos también que haya mayor recaudación. Esa ha sido la tendencia, ha ido en alza, pero por ley estamos transfiriendo el 65% a los gobiernos, senador Insuls.
Respecto a la regularización, efectivamente es una brecha histórica que no solo se resuelve con modernización, en el tema de la regularización de la pequeña propiedad de raíz. En muchas regiones hemos repuntado, pero en la macrozona norte nos encontramos efectivamente con la situación de que, al haber más suelo fiscal, se presentan ocupaciones de carácter irregular (no estamos hablando de la ocupación ilegal, es decir, de personas que han estado recibiendo en ese lugar durante mucho tiempo). En el sur, lo hemos resuelto con algunas estrategias de erradicación, por ejemplo, en el caso de Puerto Octay en la provincia de Osorno, y hay otras situaciones que se han resuelto con estrategias de erradicación de asentamientos que, tras muchos años, se han transformado en polos urbanos al contar con todos los servicios.
En el caso de la regularización –y ahí lo verán ustedes en la propuesta de ley 2025–, en general, los recursos siempre han sido de continuidad; no se ha producido aumento alguno, y para el proyecto de ley 2025, y este año también, lo hemos resuelto con recursos de municipios, convenios entre municipios y gobiernos regionales. Esto reviste, en general, al Ministerio de Bienes Nacionales, que opera y funciona en articulación con los municipios y con los gobiernos regionales. Sin embargo, evidentemente, eso está sujeto a los vaivenes de la contingencia, por lo que no necesariamente podemos asegurar que esto ocurrirá en un mes u otro.
Tenemos una demanda de regularización de la pequeña propiedad de raíz que se cubre con el presupuesto de la Nación, el cual, en general, siempre ha sido de continuidad, y el Delta se cubre con los convenios entre municipios y gobiernos regionales. Existe, efectivamente, la necesidad de fortalecer este proceso. Nosotros, en términos de gestión, hemos proyectado para el 2025 la simplificación de algunos procesos, planteando, por ejemplo, puntos de regularización en algunas comunas y colaborando con actores municipales y regionales, de manera de llegar a lugares a los que al Estado a veces le cuesta mucho arribar. Este es un desafío importante para nuestra cartera, y evidentemente, debemos hacerlo de forma articulada en el territorio. La región de la Araucanía, por ejemplo, es una de las que más regularizamos, lo cual también se debe a la dinámica establecida anualmente y a que existe un procedimiento bien definido, además de las transferencias del Gobierno Regional, que resultan muy importantes.
Ahora bien, hemos aumentado las transferencias de gobiernos regionales para la regularización de la pequeña propiedad de raíz, y hay que decirlo, eso contribuye de manera significativa. Esto no se aplica tanto a quienes inicialmente fueron ocupantes ilegales o legítimos, sino a personas que recibieron propiedades y, por distintos motivos, no han podido concluir el proceso desde hace muchos años. Llevo siete años en este tema y todos los años vamos con el senador Durán, además de buscar mayor fuerza al dialogar con el subsecretario o el ministro; este año, sin embargo, no he hecho parte de este periodo.
El problema siempre es el mismo: queremos comprar y ahora se nos tiene que transferir el terreno, pero el precio es demasiado alto, y las posibilidades de negociar precios de alguna manera son muy limitadas. Quizás habría que revisar eso, porque, francamente, se está hablando de la zona del Colinda, que colinda con Cerro Chuño, donde hay muchos pequeños empresarios; me refiero a aquellos que colindan y que están agrupados en dos asociaciones, AP y Ajisma, quienes cada año reafirman la misma petición: ¿por qué no retasan el proyecto? Se indicó anteriormente que se podía hacer, pero nunca se termina. Y lo que es peor, ministro, es que nunca se va a terminar, porque si usted visita esos lugares, por ejemplo, los talleres mecánicos ya están tan llenos de cosas que habría que solicitar incluso grúas desde Antofagasta para lanzarlos, lo cual imposibilita la operación; al mismo tiempo, regularizar su propiedad parece que no va a ocurrir nunca tampoco. Tal vez debería existir algún plan especial para ese tipo de casos.
Sí, respecto de lo, por su intermedio, presidente, y en relación a lo que señalaba el senador José Miguel Insulza, no hemos reunido con ese presidente. Ah, que ya lo hicimos, sí, pero él no ha podido asistir, seguro, porque efectivamente, y junto con el senador Durana, hemos ido a la región para ver en terreno ese tema. Es algo de arrastre, y hemos considerado distintas fórmulas. El tema del avalúo del suelo fiscal, en efecto, debe basarse en las fórmulas vigentes; pero en otros lugares, por ejemplo en la región de Tarapacá, en situaciones similares se han implementado concesiones a largo plazo y arrendamientos. Algunos están en situación de arrendamiento, si mal no recuerdo, y buscan la venta, por lo que se está viendo un tema de deslinde.
Y respecto al Cerro Chuño, para terminar, en particular, hemos realizado la recuperación de suelo fiscal en algunos lugares. De hecho, el año pasado se regularizaron más de 40 hectáreas—si mal no recuerdo—donde se instalaban talleres mecánicos de manera precaria; se efectuó un desalojo importante y está programado realizar otras acciones, porque efectivamente es un problema para la región. Así que mantendremos informado respecto a esa situación, particularmente de las dos agrupaciones a las que usted hace referencia.
Muy bien, avancemos. Diputado, disuente. Esta es la última, yo creo, ¿no? Y procedamos para ver el presupuesto. Yo diría que ya estamos en el 25, con los temas a tratar. Qué lástima lo que dice usted, Ministra, de que no tengamos recursos en esa ley, que es una obligación del Estado. Yo sé que lo pondré en una situación difícil, pero nuestra misión es dar la pelea para que el programa sea tan importante como se requiere y se cuente con recursos.
La pregunta es: ¿ustedes hicieron la solicitud a Hacienda y ésta la negó, o realmente no tienen como prioridad instalar esa política fiscal el próximo año? Esa es la primera pregunta.
La segunda es: ¿por qué no intentamos hacer un convenio con los gobiernos regionales para también asumir esto, ya que a ellos les importa mucho? En la región, por ejemplo, se está creando un convenio entre distintas instituciones del Estado, lo que tengo entendido que también involucra a ustedes, junto con el FOS y otras entidades. Estamos hablando de grandes cantidades de plata. Esa es la segunda consideración: analizar la posibilidad de poner una glosa y solicitar a Hacienda que contribuya a conformar, a través de distintos recursos, un plan.
Otro aspecto que da pena es ver la puesta en valor del territorio fiscal, como el plan de gestión territorial y otros proyectos, que suman 48 millones de pesos. Es mejor no incluirlo, pues resulta vergonzoso. Yo sé que ustedes no son los responsables; sin embargo, estoy mirando hacia atrás y creo que, en este caso, Hacienda debe asumir algún mea culpa, porque resulta realmente poco serio. En esto voy a insistir: aunque no es responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, los responsables deben asumirlo de alguna manera, de lo contrario, es una vergüenza.
Muy bien, Ministro. Para responder al senador Cifuente, se ha dado prioridad al plan de implementación de la ley Caleta, que no sólo incluía procesos expropiatorios, sino que también abarcaba caletas que están en propiedad fiscal, en la región de Tarapacá y en la región de Coquimbo. Lo que hicimos fue comprometer nuestra gestión y recursos para, a partir del próximo año, continuar con el plan de las caletas que están en territorio fiscal y con las conversaciones ya iniciadas con los sindicatos y gremios, ya que efectivamente será una buena señal y no podemos detener el avance.
En cuanto a la gestión con los gobiernos regionales, para las caletas el valor aumentó respecto de la tasación inicial y contamos con una coordinación con el gore de Coquimbo. Hemos estado abriendo esas conversaciones, pues consideramos que es una solución y una alternativa de gestión. Seguiremos adelante con las caletas que están en territorio fiscal.
Queremos dar esa buena noticia igual el próximo año y, en aquellos casos en que necesitemos recursos adicionales, vamos a ir a conversar con los gores. Ya con el gore Coquimbo nos fue bien respecto de cerrar el proceso expropiatorio de Caleta Sierra.
– Gracias, diputado.
Muy bien. ¿Hacemos entonces, ministra, en el presupuesto?
Sí. Vamos a ir rápidamente respecto a las definiciones estratégicas del Ministerio de Bienes Nacionales. Como misión institucional, ya señalaba antes, nuestro ministerio incide en muchas políticas de Estado y de Gobierno. Tiene como misión reconocer y gestionar la propiedad fiscal, colocándola al servicio de necesidades sociales, ambientales, culturales, económicas y de seguridad del país; regularizar la pequeña propiedad de raíz a través de una gestión descentralizada, pero también articulada con distintos actores, con principio de satisfacción usuaria y perspectiva de género. Debemos contribuir a la reducción del déficit del suelo para vivienda, a la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, al fortalecimiento de espacios de memoria y derechos humanos, al crecimiento productivo y energético, así como a la protección y el acceso al patrimonio natural y cultural en beneficio de la totalidad de los habitantes de Chile.
Como verán, nuestra misión abarca diversos temas y está muy relacionada con la naturaleza eminentemente territorial de nuestro ministerio.
Respecto a la partida 14, las definiciones estratégicas se mantienen; la mayoría son de continuidad, pero hay una que en especial me gustaría que pusieran atención y que tiene que ver con contribuir a la soberanía nacional y la seguridad pública, mediante la destinación de inmuebles fiscales al Ministerio del Interior y a las distintas fuerzas de orden y seguridad, así como con la realización de acciones de restitución administrativa de terrenos fiscales, que es en definitiva la recuperación del suelo fiscal y la ejecución de desarmes y desalojos.
Todos los otros puntos son de continuidad y tienen que ver con asegurar el acceso y el resguardo al patrimonio natural y cultural mediante el catastro de la propiedad fiscal; en segundo lugar, disponer del suelo fiscal para contribuir al déficit de vivienda; en tercero, fomentar el uso social y comunitario de la propiedad fiscal, lo que implica la entrega de concesiones gratuitas o permisos de uso a distintas organizaciones sociales. Hemos puesto el énfasis en mujeres, en organizaciones ambientales, también en personas mayores y, además, en organizaciones TEA –que en ocasiones no se menciona– que han presentado en el último tiempo una demanda considerable en distintas regiones del país.
En cuarto lugar, el tema de nuestra contribución a la seguridad nacional; en quinto lugar, los derechos territoriales de los pueblos indígenas; en sexto lugar, la disposición de terrenos fiscales para proyectos productivos, abarcando distintos tipos de industria, incluidos también, por supuesto, la contribución a las energías renovables, la estrategia del litio y siempre con el componente de mitigación del cambio climático; y, por último, la regularización de la pequeña propiedad de raíz, poniendo un especial énfasis en mujeres y pueblos originarios.
Ahí tenemos el caso de la Araucanía, donde contamos con un convenio con CONADI que nos permite regularizar, y en algunas regiones del país se cuenta con un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para regularizar específicamente a mujeres en contextos de ruralidad, pero también a mujeres indígenas. Partimos con la región del Bío Bío, pero se han sumado otras regiones, incluida la Araucanía.
Y para el próximo año, o sea, para el 2025, vamos a tener un convenio implementado con INDAP respecto a tierras y al trabajo de tierras para jóvenes y mujeres.
Bueno, ya lo he mencionado –no quiero ser reiterativa–, pero efectivamente tenemos un ministerio que incide en distintas políticas del Estado: plan de emergencia habitacional, seguridad pública, gestión de la emergencia, derechos humanos, estrategia nacional del litio, protección medioambiental –sobre todo en lo que tiene que ver con parques y reservas nacionales– y, por supuesto, en algunos temas relacionados con la convivencia intercultural y la restitución de tierras y lugares ceremoniales para pueblos indígenas.
Cabe puntualizar dos temas característicos de Bienes Nacionales: en primer lugar, generamos ingresos al Estado de Chile por un orden de 100.000 millones anuales a través de la administración de la propiedad fiscal; y, en segundo lugar, más allá de tramitar las solicitudes, no funcionamos como una ventanilla única de tramitación.
Sino que somos un ministerio que evalúa, que planifica la gestión del territorio para diversas políticas públicas y ese ha sido el norte que hemos querido también reforzar en nuestro gobierno.
Tenemos tres énfasis y desafíos presupuestarios para el 2025 y en esto hemos concentrado también nuestros esfuerzos. En primer lugar, mejorar la calidad de servicio de atención ciudadana. Ahí está el enfoque en la disminución de los tiempos de tramitación a través de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la ley de transformación digital, pero también la modernización de algunos sistemas que después los vamos a ver en detalle, con especial énfasis en la tramitación de concesiones.
En segundo lugar, aumentar las riquezas para Chile. Esto significa lograr mayores ingresos a través del desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la cartera de arriendo, venta y concesiones, que lo vamos a explicar, y que tiene que ver también con atender mejor el tema de la morosidad de los pagos, así como tener mejor control respecto de los distintos contratos de concesiones y arrendamientos.
Y en tercer lugar, contribuir a la seguridad pública y soberanía nacional. Hemos sido firmes en este gobierno en cómo generamos, por un lado, la restitución administrativa a través de la fiscalización del suelo fiscal que ha sido ocupado ilegalmente, pero también el apoyo –y esto es bien relevante– al Plan Nacional de Complejo Fronterizo. Ahí hemos desarrollado un rol de colaboración con este plan que lo lleva, específicamente, la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Y ahí no solo hemos dispuesto propiedad fiscal en aquellos pasos fronterizos que se tienen que transformar en complejo fronterizo, sino también hemos dispuesto equipos que van a terreno, además de equipos tecnológicos. Todo lo que tiene que ver con las herramientas que usa nuestro equipo de catastro, dispuestas, digamos, para apoyar el Plan Nacional de Complejo Fronterizo y Zonas Aisladas.
En otro aspecto relacionado con la seguridad, el apoyo a las policías ha sido notable. Ya llevamos, creo que, 35 inmuebles transferidos a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en este periodo de gobierno, y esto es bien relevante porque no solo ha significado una mejora para retenes, comisarías o lugares donde se emplazan las instituciones policiales, sino también para escuelas de formación. Hemos entregado, y vamos a continuar con aquello; ya tenemos varias solicitudes en trámite con lugares destinados para escuelas de formación. Recientemente hemos ampliado el permiso, la concesión de más terreno para el grupo de formación de Carabineros de Viña del Mar, lo que permitirá duplicar la dotación de la Región de Valparaíso, pasando de 240 a 480 carabineros. Y en Ñuble también se ha transferido un terreno que posibilitará la primera escuela de formación del territorio, en una región de la cual más carabineros salen del país y que, hasta ahora, debían trasladarse a otras regiones. Estos son ejemplos ya implementados, y continuaremos con esa transferencia y el trabajo conjunto con Carabineros y con la PDI.
Ya, acá está la partida 14, el resumen general respecto a los distintos programas de Subsecretaría, regularización, administración de bienes y catastro. Esos son nuestros programas. El presupuesto 2025 contempla 55.000 millones 489.708 pesos. La distribución de las partidas se encuentra en la tabla y, en el detalle, lo vamos a explicar a continuación.
Programa de Subsecretaría de Bienes Nacionales
Este programa incluye distintos gastos en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, el ítem vehículos, mobiliario, equipos informáticos y programas también informáticos. Más del 30% del presupuesto 2025 solicitado se encuentra en este programa, lo que evidentemente se explica por las necesidades urgentes de fortalecer la gestión, lo que significa, puntualmente, modernización y transformación digital, la implementación de un nuevo sistema de administración de contratos que es prácticamente obsoleto –está del año 2000–, y la renovación de tres vehículos que ya tienen la vida útil cumplida y/o están fuera de funcionamiento, y ustedes comprenderán que la labor de fiscalización...
La modernización de nuestros equipos es fundamental para llegar a zonas, sobre todo aisladas, y ahí necesitamos vehículos que estén en completo funcionamiento y hoy día eso no ocurre.
Dentro de la modernización y transformación digital, quisimos puntualizar, también especialmente, todo lo relacionado con acogernos a la modernización y transformación digital de la Ley 21.000. Y eso significa agilizar y mejorar nuestras tramitaciones y servicios. Puntualmente, lo que vamos a hacer es priorizar el desarrollo de un nuevo sistema informático de tramitación para los trámites de arriendo y las distintas concesiones: concesiones onerosas a largo plazo, concesiones gratuitas a largo plazo y también permisos a corto plazo para organizaciones que tienen, principalmente, fines sociales y que son gratuitas.
Bueno, respecto a la transformación digital, yo les mencionaba que hay una necesidad urgente de parte del Ministerio de Bienes Nacionales de mejorar el sistema de administración y contrato. Se trata de un sistema que data de 2009. Efectivamente, la problemática que presenta no es solo que es obsoleto, sino que también arroja errores en la cobranza, lo que significa que muchas veces los deudores querían pagar o ponerse al día en sus obligaciones; es un tema que no es trivial, pues permite recaudar de forma insuficiente. Además, el sistema generaba errores, presentando en muchas ocasiones duplicidad de pago y en otras, omitiendo reflejar las deudas. Por ello, se realizó un diagnóstico completo y se estableció como prioridad su mejora. Esto, además, ha sido señalado por la Contraloría General de la República en varios informes de años anteriores, por lo que resultaba necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales concentrara un esfuerzo en modernizar su sistema de administración y contrato. Asimismo, esto trae consigo otra problemática: no solamente se trata de la falta de recaudación, sino también de que un sistema anticuado desincentiva la inversión.
Hemos estimado que, por concepto de morosidad, con la implementación de nuestro sistema podríamos recuperar 2.000 millones de pesos anuales, lo que significaría una recaudación más acorde a la realidad y evitar tanto las morosidades como los errores en estos sistemas.
En cuanto al programa de regularización, el presupuesto es prácticamente de continuidad y se desglosa en gastos de personal, bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes. Los recursos contemplados en el proyecto de ley permiten atender una cobertura proyectada de alrededor de 9.000 solicitudes de regularización. Adicionalmente, en un volumen similar se pueden regularizar casos vía convenios, de manera que la estimación es llegar a unos 18.000-19.000 expedientes de regularización en el año 2025.
Respecto al programa de administración de bienes, el desglose se encuentra en la tabla correspondiente, pero cabe destacar que este programa incluye la recuperación y fortalecimiento de rutas patrimoniales, el plan de gestión territorial, la gestión y normalización de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales, así como la regularización de títulos de dominio y la gestión de la propiedad fiscal asociada a pueblos indígenas.
Finalmente, en lo que concierne al programa de administración de bienes y la normalización de ocupaciones irregulares en inmuebles fiscales, tenemos como propósito reducir este número, que ha aumentado gradualmente año a año según lo detectado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Si bien la fiscalización ha presentado resultados positivos, nuestro compromiso es gestionar y normalizar 1.750 casos.