Senado - Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía - 16 de abril de 2025

Nos ponemos de pie en el nombre de Dios y la patria. Damos inicio a esta comisión. Vamos a saludar a los senadores que nos acompañan: el señor Puchel, el senador Gaona; el honorable diputado don Víctor Pino; el subintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas; y el señor fiscal, señor Federico Ález, del Ministerio de Obras Públicas, que nos acompaña junto a don Carlos Esteves y don Tomás Mendoza. También se encuentra presente la subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, representada por la subdirectora, señora Denise Charpertier. Secretario, ¿tenemos cuenta? —Sí, señor presidente. Ha llegado un oficio del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en las glosas de la Ley de Presupuestos, se remiten detalles de obras realizadas mediante el financiamiento otorgado por dicha entidad. Además, ha llegado un oficio del director nacional del SAC, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en las glosas de la aludida ley, se informa sobre las actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables. También se recibió una comunicación del presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región del libertador Bernardo Higgins, con la opinión de la entidad respecto del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, con el objeto de establecer la participación igualitaria de los comuneros en las organizaciones de usuarios de agua. Documento ya enviado a sus correos. Finalmente, los comités resolvieron remitir a la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, para que sea informado por esta instancia el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas.

...con el objeto de facilitar la construcción de tranques de uso agrícola, ya despachado por la Comisión de Agricultura, iniciativa que será incorporada en la tabla de la próxima semana, con o sin informe de esta comisión. Razón por la cual, si la Comisión lo estima pertinente, toda vez que esto eventualmente se vería en la próxima sesión del miércoles –y quedaría en la tabla también ese mismo día–, se podría solicitar autorización a la sala para que se informara mediante certificado, por ser probable que se deba informar inmediatamente después de terminar la sesión. ¿Les parece recabar ese acuerdo? ¿Les parece que informemos solamente con un certificado? Lo importante del proyecto de tranque es tener conocimiento de qué se trata, ya que, como Comisión de Recursos Hídricos, nos solicitó la señora Rapport revisar este proyecto. Es probable que los asesores puedan informarnos y realizar un buen análisis del alcance que tiene, para elaborar el informe o certificado que se presentará a la sala. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ok, el próximo miércoles. Acordado. Bueno, hoy hemos sido citados para revisar el proyecto de segundo trámite constitucional que modifica la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, para prorrogar los plazos establecidos en el artículo vigésimo transitorio (Boletín N° 17.265-09). Este proyecto es de moción del diputado señor Víctor Pino, por lo que le damos la palabra, diputado, para que nos explique el proyecto. Muchas gracias, presidente. Agradezco a la Comisión el poder poner en tabla este asunto y, en honor al senador, también participar para escuchar a la Superintendencia. Se encuentra presente el superintendente, don Carlos, asesor del Ministerio de Obras Públicas; la subdirectora; y nos acompaña Denise Charpentier, encargada de la tramitación de este proyecto. Considero que este proyecto ingresó algunas semanas antes de comenzar el plazo de fiscalización. Fue ingresado en la Cámara y lo sacamos nosotros justamente pensando en poder aprobarlo, dado el contexto en que las directivas de muchos Servicios Sanitarios Rurales se acercaron a los miembros de la Comisión para comentarnos sus temores, principalmente al inicio de la fiscalización de la Superintendencia, lo que establece la modificación de la ley N° 20.998. Esta ley, como ustedes saben, también se encuentra en un contexto de trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y los distintos Servicios Sanitarios Rurales del país; un proceso que aún no ha generado el fruto esperado, es decir, un proyecto de ley que debería ingresarse ya sea en la Cámara o en el Senado, lo cual aún está por determinar. Por ello, cuando ingresamos la moción, pensamos que era importante atender el requerimiento de los representantes de los Servicios Sanitarios Rurales para brindarles mayor tranquilidad. Asimismo, se busca que, dentro de estas modificaciones, incluidas en un proyecto de ley algo más amplio, se otorguen los tiempos necesarios para que los involucrados puedan prepararse mejor. Sabemos, por lo expresado por el superintendente en esta Comisión, que ellos han estado capacitando y que en esta sesión se espera que el superintendente comente o explique la situación, lo cual agradecemos, ya que es muy importante que los Servicios Sanitarios Rurales cuenten con la cercanía de la Superintendencia, considerando el impacto que implica iniciar una fiscalización, algo completamente nuevo para ellos, quienes trabajan sin fines de lucro y sin vinculación a una empresa.

Como es un servicio sanitario normal, una empresa sanitaria concesionada, en la cual hay directorios, gerentes y diferentes empleados que hacen que se mueva la maquinaria sanitaria. En estos casos, los servicios sanitarios rurales, al ser en muchas ocasiones gestionados casi en su totalidad de manera voluntaria por ciudadanos de nuestro país, se les torna muy complicado entender la figura de la fiscalización que la Superintendencia iba a imponer sobre ellos. Entonces, APR Chile, uno de quienes se ha acercado a hablar con nosotros, y FENAPRU, la Federación Nacional de APR, también estuvo con nosotros en la discusión, pues agrupan a una gran cantidad de servicios sanitarios rurales en el país. Y bueno, cuando aprobamos este proyecto en la Cámara, también fue aprobado por una amplia mayoría. Se aprobó en la sala por amplia mayoría de los diputados, lo cual nos dejó ver que no solamente nosotros, en la comisión, estábamos interesados —lo aprobamos prácticamente por unanimidad para avanzar en esta discusión—, sino que también los demás parlamentarios de distintos partidos políticos transversalmente estaban disponibles para poder hacer esta prórroga a partir del 20 de noviembre de 2026. Bueno, ya comenzó en este momento la fiscalización; inició en noviembre del 2025 para los servicios sanitarios rurales más grandes. Es del año pasado, perdón, pero tienes toda la razón, Carlos. El año pasado, justamente en el 2024 —atendiendo a que han pasado ya algunos meses— habría que ver cómo la comisión va a poder dirimir si, desde ahora en adelante, se para esa fiscalización, en caso de que se haya llevado a cabo alguna. A lo mejor todavía no se ha implementado esta fiscalización por parte de la Superintendencia; eso lo podría decir el señor Rivas, si es que se ha fiscalizado algún servicio grande en este momento. Hasta el momento de la discusión en la Cámara todavía no se había iniciado el proceso, por lo que no teníamos mayores antecedentes. Por lo tanto, lo que se está planteando es poder prorrogar por dos años los periodos de inicio de las fiscalizaciones: para los APR grandes —que, de acuerdo a nuestra visión, partirían el 20 de noviembre de 2026—, para los segmentos medianos el 20 de noviembre de 2027 y para el segmento menor el 20 de noviembre de 2028. No son una gran cantidad de APR en el segmento mayor. El señor Rivas, junto con la subdirectora, debe contar con los antecedentes más concretos de la cantidad de servicios que deberían ser fiscalizados, pero sí, al momento de ir hacia los de mediano y menor tamaño, aumenta la cantidad de servicios sanitarios rurales fiscalizados, lo que también nos puede generar, a la larga, una de las inquietudes de los directivos de los APR, quienes decían tener incluso ganas de renunciar en su momento. Tenían ese temor de que la fiscalización de la Superintendencia, al conocer cómo fiscaliza a las concesiones sanitarias, generara situaciones de preocupación. Así que, presidente, la verdad es que esto atiende, más que nada, a un llamado recibido en su oportunidad, cuando estuvimos haciendo recorridos territoriales y presentamos esta moción parlamentaria, atendiendo también a las necesidades de un sector importante de la población. Los APR abastecen a cerca de casi tres millones de personas en el país y sus dirigentes lo hacen, en la mayoría de las veces, con mucho sacrificio y requiriendo gran cantidad de tiempo. En la medida en que esta comisión pueda atender esta solicitud, yo creo que ellos estarán muy agradecidos. Así que, gracias, presidente, por el espacio. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al señor superintendente, señor Jorge Rivas. Muchas gracias, presidente, y aprovecho de saludar, por supuesto, a toda la comisión. Permítanme compartir pantalla, no hay problema. A ver, para guiar un poquito la conversación: el diputado ha hecho un buen contexto y yo quisiera complementarlo un poquitito con algunos temas que me parecen relevantes, antes de mostrarles algunas láminas en particular. Yo quisiera recordar…

De que llevamos cuatro años y medio con esta ley vigente, que se ha ido postergando en algunas atribuciones en los distintos organismos que intervenimos. Hace cuatro años y medio tuvimos la discusión de, bueno, ¿qué pasa con esta ley si los servicios sanitarios, los APR, son capaces de implementarla al igual que el Estado? Y la verdad es que yo creo que coincidimos todos en que en ese momento era muy necesario postergar el inicio de varias cuestiones de la ley, porque efectivamente ni los APR ni nosotros, como Estado, estábamos bien preparados para lanzarnos en esta tarea que era bien titánica, un desafío no menor para el país. Coincidimos en que había que ir posponiendo esto, y yo les voy a mostrar en la siguiente lámina cuántos años postergamos el inicio de la ley. Todos entendemos que una ley es algo beneficioso para la comunidad, para la ciudadanía, y por lo tanto, ojalá la ley pudiese llegar lo antes posible. Pero no estábamos preparados, teníamos que postergar. Han pasado cuatro años y medio y, en ese momento, asumimos un compromiso: esto no era simplemente postergar para quedarnos de brazos cruzados, sino que íbamos a trabajar arduamente para que esta ley realmente pudiera implementarse. Sobre todo, nosotros como Estado teníamos que trabajar en estar mejor preparados y, además, sintonizar con el mundo APR. Yo hago mi autocrítica como superintendente y como superintendencia. Hace cuatro años y medio no entendíamos del todo cómo funcionaba el mundo rural. Nosotros estábamos acostumbrados a operar con empresas sanitarias, donde, obviamente, hay leyes bien estrictas con sanciones que muchas veces son muy importantes, ya que se trata de empresas con fines de lucro y con una lógica distinta a la de los APR. Por lo tanto, teníamos una distancia con la comunidad y con el entendimiento de cómo funciona realmente el mundo rural. Pero han pasado cuatro años y medio, y de verdad me siento orgulloso de todo lo que hemos avanzado para que las cosas sean diametralmente distintas a como eran en aquel entonces. Hace cuatro años y medio, decidimos trabajar durante todos estos años para que la implementación fuese efectiva y beneficiara a la comunidad, que es lo que tiene por objeto la legislación. Respecto a la tarificación, nos postergamos entre 2027 y 2029, dependiendo del tamaño de los APR. En el caso de la fiscalización —que quizás es lo que nos convoca más hoy— corrimos varios años en los plazos: para los mayores en noviembre del 2024, para los medianos en noviembre del 2025 y para los menores en noviembre del 2027. Aquí está el compromiso que, de alguna manera, consideramos que había que honrar. Nosotros, en particular, teníamos trabajo que hacer y debíamos recorrer un camino de preparación; no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Esto no era postergar sin motivo, sino trabajar en otras áreas. Y eso es lo que quiero contarles en esta presentación: todo lo que hemos trabajado para honrar ese compromiso de estar mejor preparados. Ustedes pueden ver que, en el año 2019, cuando aún no había ley, la superintendencia en todo Chile contaba con 201 funcionarios. Con la entrada en vigencia de la ley, aumentamos la dotación por los servicios sanitarios rurales, pasando de 201 personas al día de hoy a 259. La inmensa mayoría de ese aumento se destinó al mundo rural. De igual forma, en cuanto a vehículos, teníamos 18 y doblamos esa cantidad, ya que, dada la dispersión geográfica, tenemos que ser capaces de llegar a todas partes. También creamos una unidad de servicios sanitarios rurales, contratamos gente con otro perfil—porque una de las quejas era que se aplicaba la lógica de la empresa sanitaria, lo que no respondía a la realidad rural— y nos preocupamos por desarrollar habilidades relacionales en nuestros funcionarios, de manera que tengan mayor apego al mundo rural y se fomente una relación comunitaria mucho más cercana, algo que incluso ha sido reconocido por los propios dirigentes, quienes afirman que hoy el diálogo es totalmente distinto. Yo solo quiero decirles que...

La palabra fiscalización, me gustaría hacerles entender qué significa. La fiscalización es cuando la Superintendencia visita, en este caso a una PR o a una empresa sanitaria, y constata cómo está operando dicha empresa, además de verificar si existe algún incumplimiento a la normativa. Si se detecta un incumplimiento, se emiten inspecciones, y si dicho incumplimiento cumple ciertas condiciones establecidas en la normativa, se aplican sanciones. Evidentemente, esa palabra asustó mucho a los APR, ya que se les podía multar. Lo que nosotros acordamos cuando postergamos la ley es que la Superintendencia no va a pensar en sanciones, y yo quiero confirmar que no hemos aplicado ni una sola sanción, porque entendemos que hoy en día el foco no está en las sanciones, sino en la educación y en la preparación. Es por ello que hemos cambiado la palabra fiscalización por visitas técnicas, que en esencia cumplen la misma función, salvo que no llegan a la parte de imponer sanciones en caso de incumplimiento. Cabe destacar que la mayor cantidad de incumplimientos que hemos detectado –y que seguramente seguiremos detectando– tiene que ver con asuntos que no son responsabilidad de la PR, ya que se originan por falta de infraestructura o infraestructura en mal estado que debe renovarse, lo cual recae en otro organismo del Estado. Por lo tanto, la sanción no se aplicará a la PR, por ejemplo, si la bomba está mala o si falta un estanque. Hemos realizado muchas visitas técnicas, equivalentes a una fiscalización pero sin la parte sancionadora. En estas visitas, nos apersonamos, observamos cómo están las cosas y cómo opera la instalación, y elaboramos un acta en la que formulamos recomendaciones a la comunidad y a los operadores de la PR. Se les indica, con base en nuestra experiencia, cómo podrían resolver determinados problemas: “Consígase esto, haga esta otra cosa”, y vamos orientando en cada visita técnica. La experiencia ha mostrado que estas visitas son muy bien recibidas, ya que ayudan al operador de la PR a mejorar la operación de su sistema. Asimismo, durante el período 2023-2024 hemos realizado más de 500 visitas colaborativas, equivalentes a una fiscalización sin sanción, distribuidas por las distintas regiones, y cada año vamos aumentando su cantidad. Esto es parte de nuestro rol, que seguiremos desempeñando en todo lo que corresponda. Aparte de las visitas colaborativas, hemos impartido capacitaciones durante el período 2023-2024, dirigidas a los operadores y al personal que trabaja en los APR de cada región, en coordinación con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Estas capacitaciones han permitido acercar el diálogo y mejorar nuestra perspectiva, ya que se transmiten elementos básicos para ofrecer un buen servicio, y han sido muy valoradas por los participantes. Además, hemos llevado a cabo talleres para mejorar y entregar a los APR los manuales de fiscalización, con los que en el futuro la Superintendencia realizará sus procesos de revisión. En estas visitas técnicas elaboramos un documento que establece, de manera clara, lo que se va a revisar para que el servicio sea mejor. Por ejemplo, se destaca la importancia de la presión en el servicio, ya que ésta es fundamental para que el califón prenda y se pueda disponer de agua caliente para ducharse; sin una presión adecuada, no se podría garantizar un buen funcionamiento. Los manuales de fiscalización, que se iniciaron hace cuatro años y medio con una primera versión poco adaptada al mundo rural y con un lenguaje poco entendido, han sido revisados y mejorados durante varios años con la colaboración de los propios APR.

Y nos enfocamos primero con los APR mayores, hoy día estamos con los medianos, y hemos modificado y mejorado estos manuales de fiscalización para que los APR entiendan en qué lenguaje estamos hablando y por qué es importante ir cumpliendo lo que sale en esos manuales. Vuelvo a insistir: la inmensa mayoría de estos temas se traduce en que se requieren algunas inversiones que no son de responsabilidad de la PR, sino de otra institución del Estado, que es la que tiene que hacer las inversiones. Ahí hay una foto de la que se ha trabajado en todo Chile; ustedes pueden ver la cantidad de talleres para la revisión de los manuales de fiscalización. El 2023 y el 2024 son cientos de talleres en los que nos hemos reunido con todos los APR señalados. Ha sido un trabajo bastante arduo. Aquí les pongo una foto del producto. Nosotros tenemos como entregables estos manuales de fiscalización que hemos mejorado con los propios APR y que han sido muy bien recibidos. Son documentos físicos que, por supuesto, también están en PDF. Tenemos manuales de derechos y deberes para los APR y para los usuarios, por lo que hemos puesto a disposición del mundo rural una serie de documentos que han sido muy bien valorados y que hemos construido con ellos. Partimos sin mirarlos mucho y, mediante una autocrítica, en cuatro años y medio nos hemos empapado de todo lo que el mundo rural nos ha dicho y lo hemos plasmado en estos documentos. Finalmente, incluyo un pequeño gráfico de un rol muy importante para la Superintendencia. Aquí tenemos un APR, un prestador que es un servicio sanitario rural, que es distinto a una empresa sanitaria, ya que se trata de la propia comunidad organizada que ofrece un servicio básico y entrega agua potable a su comunidad. Este operador, muchas veces, tiene discrepancias con el usuario, la persona en su casa que abre la llave y paga la cuenta; y a veces se producen problemas. La CIS tiene el rol de mediar. A veces tiene razón el APR y, otras veces, tiene razón el usuario, por lo que nosotros debemos mediar con una mirada súper objetiva e imparcial. No hemos difundido que tenemos esta atribución de recibir reclamos; la tenemos, pero aún no la hemos querido difundir mientras no se publique la nueva ley que se está revisando. Pueden ver cómo, de a poquitito, ha subido la cantidad de reclamos; el año pasado se estabilizó en los 700 y tantos reclamos. Este es un rol muy relevante, ya que muchas veces se cometen errores que, como observador independiente y neutral, podemos resolver. Está también la Mesa Única Nacional, a la que hizo alusión el diputado Pino, y se va a mejorar la legislación, la cual requería una mejora. Creo que se han logrado amplios consensos y entiendo que esto está muy próximo a presentarse, siendo una mejora a la legislación que es muy necesaria para una correcta implementación. Antes de dar el último mensaje, quiero decirles que, efectivamente, la CIS ya está fiscalizando a los APR mayores desde hace seis meses. No ha habido ningún cambio respecto a lo que se hacía antes, porque antes se llamaban visitas colaborativas y hoy se llama fiscalización, pero son exactamente lo mismo. Observamos, detectamos incumplimientos y déficits, y elaboramos un acta con las recomendaciones a la PR; todavía no estamos pensando en imponer sanciones, dado que debemos ir de a poco. Esto ya está operando: con los APR mayores ya está en marcha y, con los APR medianos, empezará a operar en noviembre. Los manuales de fiscalización ya se revisaron con los APR mayores el año pasado y ahora estamos terminando de revisarlos con los APR medianos, por lo que ya estamos listos para la fiscalización, o, en otras palabras, para la visita colaborativa. No hemos tenido, de verdad, ningún problema ni queja, incluso por parte de los APR. ¿Por qué? Porque ya estamos cercanos a ellos, entendemos sus dificultades y estamos implementando esta fiscalización colaborativa en la práctica. Les traigo solo tres casos de por qué creemos que esto tiene que seguir operando, ya que realmente es útil el rol de la Superintendencia en lo que hacemos hoy día. Llamémosle visita colaborativa o fiscalización, el nombre que queramos ponerle, pero contar con nuestra presencia ha sido muy positivo. Les quiero comentar, por ejemplo, sobre un agua potable rural en la Región de Arica. Ellos estaban conectados a la empresa sanitaria porque no tenían agua.

Y se logró conectar a la empresa sanitaria por un convenio 52 bis, ¿qué se llama? 52 bis. En algún minuto, el APR empezó a tener bajas presiones, y el APR pensaba: “Oiga, Aguas del Altiplano”, que era la sanitaria, “aquí me está dejando con bajas presiones, tiene un problema.” Fuimos a ver al APR, a ver qué era lo que estaba pasando, y en la visita colaborativa a la fiscalización nos dimos cuenta de que, en realidad, no se trataba de un problema en Aguas del Altiplano, sino que el APR tenía una conducción con una rotura. Esa anomalía estaba provocando que se operara mal una válvula reductora de presión, lo cual generaba un aumento de la presión en el tramo afectado. Se le enseñó al APR que dicha reductora de presión debía operarse de la manera correcta para evitar estos inconvenientes. Adicionalmente, solicitamos a la empresa sanitaria que, de buena voluntad, realizara una revisión; y en esa ocasión se constató que las bombas estaban instaladas al revés, por lo que se procedió a corregirlo de inmediato. Así se logró solucionar el problema con una visita de la SIS, pues contamos con un equipo preparado para detectar este tipo de situaciones. En otro caso, en el APR de GIF, no alcanzaba el agua y se presentaban algunos problemas de calidad, situación que llevó a complementarla con agua del Gobierno Regional mediante camiones que llegaban al jive. Sin embargo, en algún momento se producían cortes, y surgieron varios reclamos de personas que decían que se les estaba cobrando de más. Al revisar la situación, se detectó que el agua que transitaba hacia el jive no podía ser facturada, ya que era regalada por el Gobierno Regional, que la había suministrado de forma gratuita. Además, se observó que al cortarse el agua, entraba aire a las redes y el medidor seguía registrando, aun cuando en realidad no circulaba agua. Por ello, le explicamos al APR: “Esto es típico en los cortes de agua; usted no puede cobrar por aire, debe cobrar solo por agua.” Ante esta situación, el APR se allanó, entendiendo el inconveniente, y rebajó la cuenta a todos los clientes afectados, evitando que estos tuvieran que pagar de más. El último caso, muy concreto, se presentó en otro APR, en Los Lirios, en la Región de O’Higgins. El APR aplicó una multa de 1.400.000 pesos a dos usuarios, pues entendía que estos habían intervenido en el sistema del APR, algo expresamente prohibido por la ley, ya que no se puede intervenir en la red pública. No obstante, esos usuarios nos reclamaron y solicitaron a la Superintendencia: “Ayúdeme, que me están cobrando esto, por favor, dígame qué está pasando.” Se constató que no se trataba de una multa bien aplicada, puesto que lo que hicieron fue intervenir la red interior de su casa: en un caso se instaló un baño y, en otro, se montó una planta elevadora para paliar la baja presión en el predio. Cabe aclarar que esas intervenciones se realizaron en la red interior, mientras que el APR tiene competencia solo en la red pública, es decir, hasta la entrada de la casa. En consecuencia, se procedió a rebajar la multa a los clientes. Son tres casos sencillos que ilustran la importancia del rol de la Superintendencia en la mediación entre el APR y los usuarios. Finalmente, nosotros creemos que la Superintendencia está más que preparada para la fiscalización, la cual continúa realizándose mediante visitas colaborativas. Ya opera en los mayores y está próxima a hacerlo en los medianos, habiendo cumplido cada uno de los hitos planificados durante estos cuatro años de prórroga. Por ello, estamos listos para seguir cumpliendo sin razón para detener este proceso. Seguiremos realizando visitas colaborativas, exactamente como lo venimos haciendo. Y es que, cuando uno se cuestiona: “¿Qué pasa con los menores?”, creemos que todos tenemos inquietud con ellos, pues son quienes cuentan con menor respaldo.

son los que son más vulnerables de alguna manera. Yo creo que que vamos a llegar bien, porque efectivamente con los menores todavía, dado que es para el 2027 y quedan dos años y medio, nosotros en este tiempo hemos planificado para llegar bien con ellos. Vamos a revisar los manuales, los vamos a acoger; ya hemos revisado manuales y los vamos a seguir acogiendo, ya que creemos que podremos cumplir sin problemas, pues han dado bien la cosa. Sin embargo, se entiende que puede haber inquietud con el segmento de los menores, ya que son más vulnerables y tienen menos recursos. Por ello, uno podría plantear la idea de abrir algún espacio, pese a que pensamos que vamos a llegar bien. Quizá uno incluso podría sugerir revisar esto un año antes del 2027; por ejemplo, en noviembre del 2026, dado que aún quedan dos años o dos años y medio para seguir trabajando. Si dentro de dos años vemos que estamos todos medio acogotados y que no llegamos, se podría revisar nuevamente. Pero, en lo que a mí respecta, veo que hoy la cosa va bien y, si hace falta más plazo, se pondrá más plazo. Aunque resulta extraño pedir más plazo faltando todavía dos años y medio, a nosotros nos parece que, dada la situación, no tiene mucho sentido, ya que la cosa está bien encaminada. Presidente, muchas gracias. Gracias, señor superintendente. Se ha integrado también con nosotros la señora senadora Yanna Proboste, senadora permanente en esta comisión. El señor fiscal, ¿tiene algo que decir? – No, muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Se le da la palabra a la señora subdirectora, la señora Denise Charpertier. Hola a todos y todas. Señor presidente, por su intermedio, saludo a todos los presentes. No sé si se me escucha bien. – Se le escucha muy bien, muchas gracias. Bueno, en lo que refiere a fiscalización, no es una materia propia del quehacer de la subdirección, sino del de la superintendencia; por lo tanto, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos en el fondo. Solo quisiera señalar que, respecto a lo planteado al inicio, de los 2.400 servicios registrados como operadores de servicios sanitarios rurales, en el segmento mayor son 280 a nivel nacional, los cuales ya están en proceso de fiscalización, como indicó el superintendente. En el segmento mediano tenemos 419, que sería el que está pronto a entrar en proceso de fiscalización a fin de año, y el resto, más de 1.600, corresponderían a los menores. Asimismo, quiero manifestar mi preocupación por el segmento menor, que agrupa a aquellas localidades que cuentan con 300 o menos viviendas abastecidas y que, generalmente, están distribuidas en zonas aisladas con mayores dificultades de conectividad, acceso a información, caminos y servicios. Este es el segmento que, a nuestro juicio, habría que observar con una mirada diferente a la del segmento mediano y mayor. En cuanto al cumplimiento de metas relacionadas con el fortalecimiento y la capacitación para la implementación de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, la subdirección ha ejecutado un plan intensivo de capacitación con las universidades regionales y el sector público en general. El año pasado se capacitaron más de 2.500 dirigentes mediante cursos certificados y se realizaron 49 talleres a nivel nacional, en los que participaron más de 5.000 dirigentes. Este es un trabajo cuyos resultados se verán a mediano plazo, ya que llevamos dos años con este plan de capacitación que apunta a implementar mejoras de operación y administración, de modo que, cuando entren en plena vigencia las facultades de fiscalización de la CIS, la comunidad esté mucho más preparada para atender estos requerimientos y prestar sus servicios.