Senado - Familia, Infancia y Adolescencia - 15 de abril de 2025

El minuto, por favor, para iniciar la Comisión de Familia. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia. La sesión de hoy está citada, en primer lugar, para elegir un nuevo presidente de la comisión. Como se señaló en la sesión anterior, se recibió el reemplazo permanente del senador Osandón por el senador Juan Luis Elbergue y, posteriormente, el reemplazo permanente del senador Castro por la senadora Campillay. En consecuencia, la comisión queda integrada por la senadora Campillay, el senador Walker, la senadora Carvajal, la senadora Aravena y el senador Farnry Selvér. Lo que corresponde ahora es la elección del nuevo presidente de la comisión. No sé si tienen alguna proposición, senadora Aravena. Sí, saludar al equipo de la comisión y, por supuesto, a los colegas Walker y Campillay. Lamentablemente, no está presente nuestra presidenta actual, Carmen Gloria Aravena, quien nos ha señalado que se encuentra en una actividad en La Moneda a propósito de la Comisión por la Paz y el Entendimiento; por tanto, habría sido bueno contar con su presencia, pero ya tendremos la ocasión de felicitarle por su importante gestión, dado que seguirá formando parte de la comisión. Para los efectos y conforme al punto de la tabla, propongo como presidente de la Comisión de Infancia y Adolescencia a la senadora Fabiola Campillay, quien pasa a ocupar la presidencia por este año. Muy bien. Voy a dar cuenta de una comunicación fechada el 9 de abril del año en curso, del secretario ejecutivo subrogante del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señor Nicolás Anglas Gallardo, mediante la cual se remite el informe sobre estándares internacionales al servicio de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo el cuidado del Estado en el sistema de justicia juvenil. Dicho documento se ha enviado a todos los correos de los senadores y de sus asesores. Además, quiero hacer presente que se han recibido diversas solicitudes de audiencia para el proyecto que figura hoy en tabla, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Correspondientes. Las solicitudes han sido presentadas por la Fundación Mujer, Derechos y Cuidados; la señora Carolina Lizana, del Programa Parentalidad Positiva Triple P; el señor Richard Gálvez, de Idea País; la directora de Estudios, señora Emilia García, de Libertad y Desarrollo; y el coordinador para el Congreso Nacional, señor Juan Ignacio Gómez, de Acalis Latam, de la Fundación Ronda. Asimismo, se han solicitado participar como oyentes la Fundación Ronda, la Fundación Mujer, el Hogar de Cristo y la asesora legislativa de la senadora Carmen Gloria Aravena, señora Magdalena Alarcón.

y si vamos a aceptar la participación de oyentes. Hasta el momento nosotros hemos solamente recogido las solicitudes y le hemos expresado a las personas que eso es una decisión de la Comisión. Adelante, Senado, por favor. Sí, yo creo que hay que acceder a las solicitudes de las organizaciones que quieren acompañar la tramitación del proyecto, y me alegro mucho de que este proyecto esté erradicado en esta Comisión. Vamos a ver hoy día la presentación. Y, junto con ello, yo creo que, tratándose de la Comisión de Familia e Infancia, no podemos abstraernos de las dos situaciones graves respecto de niños utilizados como esclavos que hemos conocido en los últimos días: tanto el caso de esta niña boliviana como el caso de otro niño que era utilizado como esclavo, prácticamente por su madrastra, situación que han dado a conocer los medios de comunicación, que es un tema gravísimo, sin perjuicio a la tramitación del Sistema Nacional de Cuidados, que es lo más importante, lo más prioritario. Yo dedicaría, por lo menos, el comienzo de una sesión –la próxima sesión podríamos empezar más temprano, invitar a la subsecretaria de la niñez y al defensor de la niñez– para que informen a esta Comisión qué medidas en específico se han adoptado y, por supuesto, al Fiscal Nacional frente a estos hechos, que son gravísimos: niños utilizados como esclavos en nuestro país en pleno siglo XXI. Gracias, Presidente. Gracias, Presidenta. Primero, mis palabras son para felicitarla por su asunción hoy día como Presidenta de esta comisión importantísima. Es el éxito que, sin duda, va a tener la tramitación de importantes proyectos. El proyecto que está hoy día en tabla, efectivamente, es el Sistema Nacional de Cuidados, que aborda la temática de muchas mujeres y que, en la práctica, nos distingue a nivel internacional, a propósito de hacernos cargo de cómo, con responsabilidad y con ayuda y colaboración del Estado, somos capaces de generar espacios que permitan, obviamente, resguardar y tener cuidados, pero además una visibilidad y un respaldo por parte del Ejecutivo. Así que creo que es súper relevante que a este proyecto le demos la máxima celeridad, que avancemos y que, obviamente, también se escuche a todas las organizaciones. Me imagino que la Presidenta va a poder determinar los momentos de tal forma que podamos agilizarlo. Este es un proyecto muy importante, muy prioritario para Chile. Y lo segundo, en relación al tema tan doloroso que uno le toca ver –no solo por lo ocurrido con este niño, sino también por la situación que venimos viviendo, con el aumento de niños fallecidos a causa de balas, a consecuencia del crimen organizado y otras materias que lo hemos hablado con el señor que sigue en los minutos–, sería bien valioso, tal vez en esa sesión que ha propuesto el senador Walker, poder mirar el diagnóstico y cómo el Estado está operando respecto a las políticas públicas de defensa de los niños, entendiendo que hay aumento, como digo, de la tasa delictual, en casos de niños utilizados y, con mucho dolor, he recibido datos en mi región sobre una alza importante del abuso sexual infantil. Entonces, creo que hoy día merece, en este inicio de trabajo de comisión –o este año legislativo más formal– hacernos cargo de los diagnósticos y, sobre todo, generar mecanismos y una mayor injerencia desde nosotros, desde el punto de vista legislativo y del Senado. Yo, el día de ayer, me encontré con el gobernador justamente de la región y él nos decía que sería importante, ya que somos parte de la Comisión de Infancia, en algún momento visualizar qué está pasando en el norte, en el tema norte de la situación de los niños, además a propósito de la inmigración y otros temas. Creo que sería interesante que se pudiera tener a la vista. Gracias, Presidenta.

Ya, iniciar la sesión con el único proyecto que está en estado. En este momento se encuentra la subsecretaria de evaluación social; está presente la señora Paula Poblete. Secretaria, por favor, tiene la palabra. Buenos días, presidenta. Felicitaciones también por su nombramiento. Saludo por su intermedio a la senadora Carvajal y al senador Walker. La ministra Toro está en una comisión paralela, tramitando el proyecto de ley de adopción; en su nombre voy a presentar el proyecto, pero debiera sumarse muy pronto y también la ministra Orellana. ¿Me ayuda usted con la …? Sí, gracias. Lo primero, obviamente, son los antecedentes; no son noticias nuevas para ustedes. Vivimos un tiempo de emergencia de los cuidados a propósito del envejecimiento poblacional, del aumento de la esperanza de vida y de la reducción de la fecundidad, lo que redunda en un aumento de la población con dependencia funcional. Hemos observado, y ustedes seguramente también en sus circunscripciones, que la necesidad de apoyos y cuidados es transversal y creciente, aunque se acentúa en los estratos socioeconómicos de menores ingresos. La política pública se ha centrado en las personas que requieren cuidado. Desde los años 90 hasta la fecha ha habido un desarrollo institucional relevante en ese sentido, no así en las personas que brindan estos cuidados; en ambos casos, las coberturas de la oferta pública son bajas. Los cuidados, además, son centrales en la economía, pero, como todos sabemos, no tienen ningún reconocimiento ni retribución, generando pobreza y agobio en las personas que realizan esa labor, que generalmente son mujeres. Por lo tanto, esta realidad tensiona tanto la política como a las propias familias y supone desafíos de todo tipo en el corto, mediano y largo plazo. Como dato de antecedentes, tenemos que, esperamos, en apenas 25 años más tendremos un tercio de la población mayor de 60 años. Actualmente, estimamos que más de un millón de personas realizan labores de apoyos y cuidados a personas en situación de dependencia. El 85% de quienes realizan estas labores destinan 8 o más horas diarias a este trabajo y son mujeres. El 9,8% de la población adulta del país, es decir, 1,5 millones de personas, se encuentra en situación de dependencia. El 35% de las mujeres en edad de trabajar señalan que no buscaron un empleo remunerado por encontrarse a cargo de distintas labores de cuidado o trabajo doméstico, mientras que, en el caso de los hombres, esta explicación se da en apenas un 3,7% de ellos. Sabemos que durante la pandemia la tasa de participación laboral femenina disminuyó en un 50%. En el primer trimestre, de noviembre a enero del 2020, la participación femenina pasó del 53,3% —antes de que empezara la pandemia— al 42% cuando estábamos en pleno pic de la pandemia, en el trimestre de abril a junio, cuando apenas 4 de cada 10 mujeres estaban en el mercado laboral. Ahora sí, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Vamos a ahondar en los tres temas que hemos estado abordando: por un lado, el reconocimiento y la participación; por otro, la ampliación de la oferta de apoyos y cuidados; y, finalmente, el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso. En esos tres temas vamos a desarrollar algunas ideas, primero en relación al reconocimiento.

Conocimiento y la participación. Lo que hemos hecho es unos diálogos ciudadanos, donde contamos con el apoyo de ONU Mujeres y participaron más de 12.000 personas, generalmente todas ellas cuidadoras, para escuchar todas sus demandas, necesidades y anhelos. Constatamos que las personas que requieren cuidados presentan una baja cobertura en los programas y que hay una necesidad de orientar las prestaciones y los apoyos hacia la autonomía. Dentro de lo que pudimos rescatar de las personas que cuidan se evidenció muchísima invisibilización, ausencia de servicios y prestaciones para reducir la sobrecarga de este trabajo, empobrecimiento sostenido –ya que al dedicarse prácticamente exclusivamente al cuidado no pueden desarrollar una actividad remunerada– y limitaciones para sus proyectos de vida propios, dado que se dedican de forma 24/7, lo que les impide no solo trabajar de manera remunerada, sino también realizar sus propias actividades. En consecuencia, se presenta una necesidad muy grande de respiro y tiempo libre para el autocuidado, generación de ingresos económicos y de poder ingresar al mercado laboral. Otra cosa que identificamos en términos generales es la falencia de los instrumentos de focalización, así como la insuficiencia de recursos humanos, financieros y logísticos para el funcionamiento de los programas. En materia de reconocimiento, un paso sustantivo que dimos como Estado de Chile ha sido poder identificar a las personas cuidadoras. Es fundamental, previo al desarrollo de cualquier programa público, identificar a quienes se beneficiarán de esa política para poder estimar dónde están y cuánto costaría. Por ello, desde noviembre de 2022, cuando se habilitó la posibilidad en el registro social de hogares de identificarse como persona cuidadora, hemos entregado la credencial de persona cuidadora a casi 170.000 personas, de las cuales el 86% son mujeres. Esta credencial permite a las personas, además de autoidentificarse con orgullo, obtener atención preferente en diversas instituciones públicas listadas. Asimismo, se otorga acceso prioritario y beneficios monetarios de descuento en la red de empresas Chile Cuida, la cual sigue creciendo día a día al sumar instituciones tanto públicas como privadas. Las empresas involucradas entregan estos beneficios a quienes poseen la credencial, impulsando iniciativas para que se reconozca y se visibilice el cuidado. Desde el ministerio, patrocinamos a estas empresas, visibilizando también el compromiso del sector privado con la corresponsabilidad social en materia de cuidado. Como les decía, el segundo tema que vamos a abordar es la ampliación de la oferta de apoyos y cuidados, y aquí podemos identificar como aspecto central el programa 08, que es el programa presupuestario que agrupa a los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que tienen algún vínculo con el Sistema Nacional de Cuidados. En ese contexto, un esfuerzo muy relevante realizado por el Gobierno fue que ese programa, destinado para este presupuesto, presentó un crecimiento del 37% para este año, aprobado por ambas Cámaras. Allí, entonces, están principalmente…

Ubicados en el ítem 3, digamos, ahí en el dibujito 3, se encuentran los servicios de apoyos, ayudas técnicas y habitabilidad, y competencias y empleo. En competencias y empleo podemos destacar el programa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es el programa 4-7, el cual permite el cuidado de los niños, niñas y adolescentes mientras sus madres pueden desarrollar actividades remuneradas en el mercado laboral. Por otro lado, el programa 08, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incluye al RELAC, la Red Local de Apoyos y Cuidados, que es el programa, digamos, señero, junto con los centros de adultos mayores, el programa de cuidados domiciliarios, el fondo de subsidios a los establecimientos de larga estadía, los condominios de viviendas tuteladas, las residencias para adultos en situación de discapacidad, el programa de tránsito a la vía independiente, las ayudas técnicas, el estipendio y los centros comunitarios de cuidado. Todos esos programas tuvieron un crecimiento sustantivo en sus presupuestos para este año, principalmente el de la red de cuidados. También hemos avanzado en la primera política de apoyos y cuidados, la cual, por cierto, podría tener una duración distinta si el proyecto que hoy día está iniciando su segundo trámite se aprobara. La duración de la política está pensada ahora para cinco años, pero con la ley podría llegar a diez. El objetivo de esta política es instalar una nueva forma de organizar socialmente los cuidados, con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas que requieren dichos cuidados, pero también de quienes los cuidan, con miras a reconocer este trabajo, así como retrasar, prevenir y atender la dependencia, promover la autonomía y transversalizar la corresponsabilidad sobre los cuidados en ámbitos tanto sociales como de género. Es importante decir que, con esto, Chile se suma a los esfuerzos de la región en el avance de sistemas que puedan integralmente enfrentar los cuidados. Los aspectos generales de esta política y del plan en el cual se materializa –el cual está concebido para un horizonte de dos años, pero que, si esta ley se aprobara, podría extenderse a cinco– definen los compromisos y las acciones sectoriales en materia de apoyo y cuidado, compromiso que suscriben diversas instituciones. La idea es operativizar los objetivos estratégicos y los ámbitos de acción de la política para lograr los resultados que todos esperamos. El plan tiene definidos sus objetivos, ámbitos de acción, resultados esperados, compromisos sectoriales de todas las carteras involucradas, así como las acciones y metas en materia de apoyos y cuidados. Como se indicó, son varias las instituciones involucradas: hay 14 ministerios, con 100 medidas en total –56 de ellas son medidas de gestión, 36 programáticas y 8 normativas. En una tablita se resumen estas 100 medidas, especificando cuáles se asocian a cada uno de los seis objetivos estratégicos y a las distintas carteras involucradas. Se ha realizado un arduo trabajo de articulación para lograr un acuerdo común entre estos 14 ministerios –más de 20 subsecretarías–, poniendo a disposición todo el esfuerzo para articularse de manera que, en el fondo, sea el Estado quien se coordine y no las personas, quienes no tengan que ir resolviendo problemas de forma independiente. Finalmente, el tercer tema que presentamos es el proyecto de ley en concreto, en el cual se destacan los motivos principales para establecer este sistema de manera legal.

Lo que esperamos es entonces dar acceso a una red integral de servicios y de prestaciones de apoyos y cuidados a personas con dependencia. Ese es el objetivo: dar acceso a una red de servicios y beneficios también a las personas cuidadoras de estas personas con dependencia. Ofrecer una puerta única de entrada a estos servicios y beneficios para quienes cuidan y para quienes requieren de cuidados, garantizando por ley esta sinergia y esta complementariedad de los servicios y prestaciones del Estado destinados a los apoyos y cuidados, de modo que no dependa de la buena voluntad de las autoridades de turno, como ha ocurrido en estos meses de trabajo, e implementando entonces una estrategia de Estado para prevenir la dependencia, promover la autonomía y cuidar con mayor corresponsabilidad social y familiar. ¿Cuál sería entonces el objeto de la ley? Son dos, principalmente. Uno, reconocer el derecho al cuidado y el derecho al cuidado en sus múltiples acepciones. Se reconoce a todas las personas el derecho al cuidado, el cual comprende tanto el derecho a cuidar como a recibir cuidados y a practicar el autocuidado. Este derecho se garantizará de manera gradual y progresiva a las personas que, durante su curso de vida y en atención a su situación de dependencia o por no haber alcanzado su plena autonomía, requieran recibir cuidados, garantizándose asimismo el derecho a las personas cuidadoras, sean estas remuneradas o no. El segundo objeto de la ley es la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que tiene por finalidad promover la autonomía, la autovalencia y la vida independiente, prevenir al mismo tiempo la dependencia y proveer apoyos y cuidados en un marco de corresponsabilidad social y de género. ¿Quiénes serían, de acuerdo a estas definiciones, los titulares del sistema? Por un lado, según el curso de vida, hay personas que son dependientes; en ese sentido, se incluyen niños, niñas y adolescentes, pero también, por no haber alcanzado su plena autonomía, están las personas con discapacidad. Asimismo, algunas personas mayores presentan dependencia. En general, los titulares del sistema son las personas con dependencia y, por supuesto, las personas cuidadoras, sean estas remuneradas o no. En algo en lo que avanzamos con este proyecto de ley es en la incorporación de una serie de derechos para las personas cuidadoras no remuneradas. Este es uno de los avances sustantivos, al reconocer una población que hasta el momento no había sido objeto de política pública. Se listan una serie de derechos, como por ejemplo: ejercer los cuidados en condiciones de igualdad y dignidad y decidir en torno a ellos en un marco de corresponsabilidad social y de género; acceder a los programas, servicios y prestaciones del sistema que les permitan reducir la carga y las horas dedicadas a los cuidados en beneficio de su desarrollo personal; y que el Estado promueva que accedan a oportunidades de trabajo decente en condiciones de igualdad y sin discriminación arbitraria, así como al descanso y al disfrute del tiempo libre. Por otro lado, se establece que las personas cuidadoras no remuneradas podrán acceder a instancias de formación, capacitación y certificación de cuidados, de conformidad con la oferta que haya en ese momento disponible. Tendrán que ser oídas y podrán participar en el marco de los mecanismos de consulta y de participación que se establezcan en el sistema. Además, tendrán acceso de forma prioritaria a programas, servicios y prestaciones de atención de salud mental, un aspecto muy relevante que surgió en muchos de los diálogos ciudadanos en los que participaron miles de personas, y también podrán acceder, de forma preferente y oportuna, a todas las instituciones públicas y privadas que brindan atención al público.

Los objetivos del sistema los hemos agrupado en tres. Por un lado, lo vinculado con la oferta. Ahí la idea es poder planificar y coordinar la oferta en función de los desafíos, evidentemente demográficos, que decíamos al principio; establecer gradual y progresivamente la oferta programática existente; supervisar los programas y servicios de apoyos y cuidados públicos, privados o provistos por la comunidad; y evaluar también los programas y servicios de apoyo y cuidados públicos. Por el lado del fomento y la formación, lo que buscamos es fomentar la inversión pública y privada, fomentar la formación en servicios de apoyo y cuidados y, además, informar y educar a la sociedad. Finalmente, uno de los objetivos del sistema es promover la corresponsabilidad social y de género. Como ya lo decíamos, es necesario que nos organicemos como sociedad de un modo distinto frente a los cuidados, promover el reconocimiento social del trabajo de las personas cuidadoras no remuneradas, promover la protección de los derechos de todas estas personas que definimos como titulares del sistema y adoptar medidas para evitar la dependencia y promover la autonomía. El sistema, entonces, tiene tres aristas: una es la política misma, que incorpora toda la regulación a través de dos instrumentos —la política y el plan— y los propios programas del sistema, donde se concentra toda la oferta; y otra es la gobernanza, que la hemos dividido en tres niveles: a nivel político, a nivel ejecutivo y a nivel participativo. A nivel de la oferta principal, el proyecto contiene como oferta central la actual red local de apoyos y cuidados, el RELAC, que es un programa presente a lo largo de todo el país entregando acompañamiento a las personas con dependencia y a sus personas cuidadoras. Los principales componentes son el plan de cuidado, el Servicio de Atención Domiciliaria y los servicios especializados. La oferta inicial de este sistema, contenida en el proyecto, es el programa 4-7, que, como ya lo decíamos, cuida a los niños mientras las mamás están en sus actividades remuneradas, además de todos los programas del programa presupuestario 08, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. La idea es que ingrese nueva oferta, sumándose a los más de 50 programas que ya están en funcionamiento, entregados a través de 11 servicios públicos y pertenecientes a distintos ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Educación. Así se busca ofrecer cuidados en instituciones y en la comunidad, cuidados en el hogar, servicios de apoyo, ayudas técnicas y habitabilidad, promoción de la corresponsabilidad, competencias y empleo, además de transferencias monetarias. En cuanto a la gobernanza, hemos dividido el sistema en tres niveles. A nivel político, estaría coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y existiría un Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidado; a nivel ejecutivo, se establecería una Secretaría de Apoyos y Cuidados y un Comité Regional de Cuidados, en el cual participarían el gobernador o gobernadora y los alcaldes de cada región; y a nivel participativo, se conformarían un consejo de la sociedad civil para los apoyos y los cuidados y un consejo regional de la sociedad civil para los apoyos y cuidados. En general, tanto a nivel del Estado como del sector privado, este proyecto de ley consagra algunos deberes orientados a fortalecer la corresponsabilidad social.