El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. El prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, buenos días, señor Presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala.
13 para hoy, 15 de abril. Se han recibido oficios de su Excelencia al Presidente de la República, por lo cual se hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos:
• Proyecto que moderniza la oferta en la educación parvularia.
• Proyecto sobre armonización de la Ley 21.302, que quiere el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica, y la Ley 20.032 que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
– Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que moderniza la oferta en la educación parvularia.
– Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para fortalecer la respuesta frente a conductas consideradas de especial gravedad.
• Informe de la Comisión de Familia, recaído en el proyecto inicial mensaje, con urgencia calificada de simple, que modifica la Ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el caso que indica.
• Proyecto iniciado en moción de los diputados Naranjo y Sáez y las diputadas señoras Pizarro, Plasencia, Santibáñez y Serrano, que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte.
• Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Caamaño, Aedo, Barría, Cifuentes, Ollarzo y Undurraga, don Alberto, y las diputadas señoras Arce y Medina, que modifica la Ley 21.554, a fin de prorrogar el plazo para la condonación y reorganización de deudas de aseo municipal.
• Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Parquiesi, Sid y Del Real, y de los diputados señores Araya, don Cristian, Carter, Jürgensen, Moreno, Romero, don Agustín, Schubert y Trisotti, que modifica la Ley 18.290 de tránsito para permitir la solicitud de renovación de licencia de conducir, realizada ante la Dirección de Tránsito respectiva, como habilitante para la conducción en las condiciones que indica.
• Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ahumada, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar los requisitos para ser elegido Presidente de la República.
• Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Veloso, Orsini y Snyder, y de los diputados señores Lago Marcino, Ollarzo y Pinter, que modifica la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para aumentar el plazo de subrogancia del alcalde que postula a la reelección.
• Finalmente, proyecto iniciado en moción de los diputados Rivas, Arroyo, Bobadilla y Romero de Agustín, que modifica la Carta Fundamental en materia de requisitos para obtener la nacionalidad chilena.
Esa es toda la cuenta para hoy, señor Presidente. Gracias, señor prosecretario.
Sobre la cuenta, damos la palabra.
La palabra: el diputado Undurraga.
Presidente: El punto 5 de esta cuenta, que pide modificar la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte – asignado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dado que la única pena de muerte existente hoy en día está en el Código Militar –, ¿puede repetir, por favor? Se escucha muy bajo.
Ahora sí.
En el punto número 5 de la cuenta, el proyecto que pide modificar la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte, dado que la única parte que se relaciona con dicha pena tiene que ver con el Código Militar y la traición a la patria, solicito que, en lugar de asignarlo a la Comisión de Constitución, se traslade a la Comisión de Defensa.
¿Existe un acuerdo para eso?
No; no hay acuerdo.
¿Votación?
Sí, se va a ir a votación.
En votación, entonces, la solicitud de reasignar el proyecto respectivo – punto 5. Ahí está.
Punto 5 de la cuenta que lo ha solicitado el diputado Andorraga. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Resultado de la votación: por la afirmativa, 34 votos; 28 en contra. Se aprueba.
Diputado Benjamín Moreno tiene la palabra sobre la cuenta. Y después el diputado... Diputado tiene la palabra.
—Gracias, presidente. El proyecto 10, que trata sobre temas de requisitos para nacionalidad, está para la Comisión de Constitución. Yo pediría que, después de Constitución, pase también a Gobierno Interior, para que se vean esos temas. Eso nomás.
¿Le parece a la sala entonces que pase a Gobierno Interior? ¿No le parece? No hay acuerdo.
En votación. Un minuto para poner en la pantalla, por favor. Desde Constitución, han votado todos los señores y señoras diputadas. Han votado todos los señores y señoras diputadas. Resultado de la votación: por la afirmativa, 27 votos; 34 en contra; 5 obtenciones. Rechazado, entonces.
Tiene la diputada Serrano y después el diputado Rútico Echea.
Diputada Serrano tiene la palabra sobre la cuenta.
—Gracias, presidente. En el mismo tenor del proyecto anterior, en el punto número diez de la tabla, el proyecto número 8, que también modifica los requisitos para ser elegido Presidente de la República, debe pasar a Gobierno Interior. ¿Existe acuerdo?
No hay acuerdo. En votación, han votado todos los señores y señoras diputados, según lo que se muestra en la pantalla. Resultado de la votación: por la afirmativa, 22 votos; 42 en contra; 5 abstenciones. Rechazada la petición.
Diputado Rutecocha no va a tomar la palabra. ¿Existe diputada Molina sobre la cuenta?
Tiene la palabra.
—No es sobre la cuenta, sino que no me apareció la imagen para votar, ni en la anterior ni ahora. Me refiero al artículo 232 de nuestro Reglamento. El día jueves, presidente, recién pasado a las 10 de la mañana, fueron citadas tres comisiones para hablar sobre los narcoaviones; tres comisiones en las que debían estar presentes 39 diputados. Llegamos solo siete, y la comisión fracasó. Es una vergüenza, presidente, ya que, como conversé con nuestro secretario general, don Miguel Landero, habían alrededor de 38 personas invitadas dentro de la Subsecretaría de Defensa: el director, el señor general de aviación y director de la DGAC, el director general de la Policía de Investigaciones, con todos sus equipos, y no alcanzamos el cuórum mínimo, que era de tres diputados por comisión.
Ahora bien, de acuerdo a la información entregada en el día de ayer por parte del señor presidente de la Comisión…
El gobierno interior, el señor Hoyarzo, manifestó que sí se habían hecho coordinaciones con los presidentes de las otras dos comisiones, que son Seguridad y Obras Públicas. Aún así, presidente, no llegaron los honorables diputados a las 10 de la mañana a ejercer sus funciones. La verdad es que es una vergüenza tremenda. Eso quería plantearlo, presidente. Yo espero que esto no se vuelva a repetir, porque nos pagan para trabajar y no para quedarnos acostados en la casa. Gracias, Presidente.
Sobre el punto, existe otro sobre el punto. Diputada Mixi, después yo voy a aclarar acerca de lo que esta presidencia ha tomado en consideración. Diputada Mixi, después yo voy a hablar. Gracias, Presidente. Yo quería pedir que se sacara de las intervenciones del diputado que recién habló el término “narcoavión”. Yo creo que es una falta de respeto, porque esos son programas de una visa de reunificación familiar. Me parece que, si queda así registrado, como lo planteó el diputado, es una falta de respeto. Son políticas públicas: una visa, que está en la ley, y los aviones, los vuelos; y ahí quedó muy claro: se trataban de vuelos de reunificación familiar a personas ciudadanas.
Muchas gracias. No voy a dar más palabras sobre el punto y voy a explicar. Esta presidencia ha tomado conocimiento de lo que ha pasado en esa sesión. Hubo un problema de descoordinación grande, importante, desde el comité y desde las secretarías; por lo tanto, vamos a tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, diputado Becker. Para que no vuelva, número uno; y segundo, sin perjuicio de esto, vamos a aplicar las normas con respecto a la asistencia, que tiene que tomar la secretaría. Eso es. No hay más puntos. Sobre el punto, se cerró. Vamos al orden del día.
Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en mensaje, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, correspondiente al Boletín No 12234-02. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra. De acuerdo con los comités parlamentarios, este proyecto se votará en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 16 de abril.
Rinde el informe de la Comisión de Defensa Nacional el diputado Francisco Undurraga, y rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Frank Sauerbaum. Por favor, diputado Undurraga, si puede pasar a leer el informe.
Gracias.
Gracias, Presidente, honorables colegas. En nombre de la Comisión de Defensa Nacional, procedo a informar el proyecto de ley iniciado en mensaje por el Senado que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Se trata de una iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad y que la Comisión presenta a esta Cámara luego de cinco años de tramitación, en los que se ha modificado sustantivamente la fisonomía que el Senado le otorgó al sistema de inteligencia. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en introducir cambios en el sistema de inteligencia del Estado, en cuanto a su organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad.
Fundamentalmente, lo que dice relación con la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía. Los diversos actores deberán actuar de forma preventiva, eficiente y coordinada ante amenazas externas e internas, y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que se enfrenten.
Contenido del proyecto. La propuesta legislativa que nace de esta comisión busca materializar esta idea matriz en el siguiente contenido, cuyo resumen es el siguiente:
Uno, definición y principios. Ante el diagnóstico compartido de que la ley vigente posee una base conceptual limitada, el proyecto actualiza las definiciones de inteligencia y contrainteligencia e incorpora, como nuevas definiciones, las de inteligencia de Estado e información residual. Lo anterior tiene el propósito de que la planificación y toma de decisiones permitan enfrentar efectivamente los riesgos y amenazas a la seguridad del Estado, al orden constitucional, a la integridad territorial, a la soberanía nacional y al ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. Para ello, los órganos y servicios que integran el sistema de inteligencia deben cooperar y compartir entre sí la información que generen, idea que se reitera en varias partes del proyecto. Además, en su actuar deberán observar los principios de respeto al Estado de Derecho, prioridad y responsabilidad, control y oportunidad, adaptabilidad y anticipación.
Estimados colegas, les pido, por favor, que bajemos el tono de la conversación para poder escuchar el informe que rinde el diputado Andrú Raga. Voy a esperar que la bancada comunista… Por favor, les pido diputados que bajen el tono. Puede continuar, diputado Undurraga. Muchas gracias.
Dos, nuevos instrumentos de planificación de inteligencia. Con la finalidad de apoyar las tareas de planificación de la inteligencia, el proyecto crea los siguientes instrumentos: la Política Nacional de Inteligencia de Carácter Público, que establecerá los lineamientos y objetivos estratégicos a mediano y largo plazo para la inteligencia de Estado, la cual es elaborada por la Secretaría Ejecutiva encargada de la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia y su plan estratégico.
Tres, nueva institucionalidad del sistema de inteligencia.
Perdón, presidente. Estimado colega, les pediría si pudiésemos bajar el tono de la discusión para poder seguir escuchando al diputado Undurraga. Diputado Undurraga, puede continuar. Muchas gracias.
Punto número tres, nueva institucionalidad del sistema de inteligencia. En lo tocante a la organización y funcionamiento del sistema de inteligencia del Estado, el proyecto crea los siguientes órganos:
A) La Secretaría Ejecutiva de Inteligencia, como servicio público centralizado de carácter técnico y especializado, dependiente, funcional y directamente del Presidente de la República, cuyo objetivo será proveer de inteligencia de Estado al Presidente en todas las funciones de Estado.
B) El Consejo Interministerial de Inteligencia, de carácter permanente y consultivo, que asesorará al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia de Estado; para ello, estará integrado por los ministros de Gobierno Interior, de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
C) El Comité de Inteligencia de Carácter Estratégico, destinado a la planificación, coordinación y cooperación mutua del sistema de inteligencia de Estado.
D) El Centro de Fusión de Inteligencia, que será el receptor de la información que elaboren los organismos y servicios de inteligencia, con un doble fin: por un lado, administrar un sistema de clasificación de la información y, por otro, analizarla, fusionarla y elaborar inteligencia de Estado que estará disponible para dichos organismos y servicios.
En el ámbito operativo, quizá el cambio más importante es el cambio de la información.
Importante es que se reemplaza la actual Agencia Nacional de Inteligencia por una nueva Agencia Nacional de Inteligencia Civil, que será un servicio público centralizado de carácter técnico y especializado y que estará sometido a las dependencias del Ministerio a cargo del Gobierno Interior solo para efectos administrativos.
Dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil se crea la Escuela de Inteligencia, que será la entidad de capacitación y perfeccionamiento en materia de inteligencia del personal de la agencia.
Además, el proyecto crea dentro del sistema de inteligencia la categoría de órganos colaboradores para efecto de recibir y aportar información relacionada con actividades que afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o la defensa de la Nación. Tienen esa categoría la Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Secretaría General de la Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.
Acerca de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil es pertinente consignar que uno de los fundamentos de este cambio es que se ha identificado la ausencia de capacidades operativas y de agentes propios en la actual Agencia Nacional de Inteligencia, junto con la necesidad de fortalecer una perspectiva integral de la seguridad, no exclusiva del orden público, y de contar con una agencia civil de carácter operativo y multisectorial. Hago hincapié en que tendrá un carácter netamente operativo, multisectorial y con capacidades propias. Su fortalecimiento también se refleja en que los cargos de director y subdirector serán de dedicación exclusiva e incompatibles con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado o con cualquier otro empleo o servicio recibido con fondos fiscales o municipales.
En lo tocante al personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, el proyecto propone la creación de una carrera funcionaria con un estatuto afín, la formación de agentes civiles a través de la Escuela de Inteligencia, la ejecución de actividades de inteligencia con medios propios en el área de sus competencias y la ampliación de su votación. El personal de la agencia no podrá tener afiliación política alguna en los 36 meses previos a su nombramiento, y todos deberán efectuar la declaración de patrimonio e intereses a que se refiere la Ley 20.880.
Adicionalmente, el proyecto crea procedimientos especiales en los ámbitos judicial, laboral y administrativo para las causas que involucren a personas de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, con el fin de asegurar la reserva de la información que pueda afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional.
En materia de defensa o inteligencia policial, el proyecto contempla los siguientes cambios: los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones deberán fijar sus objetivos de acuerdo con la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia. Todos ellos deberán enviar información residual al centro de fusión para el cumplimiento de sus objetivos y podrán promover relaciones de cooperación y colaboración con los servicios de inteligencia de otros países o de órganos internacionales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia e Institucionales de la Nación.
En cuanto a los procedimientos especiales número 5 de obtención de información, la reforma propone añadir uno o más a los cuatro autorizados hoy, el de la entrada y registro en lugares cerrados, y establecer expresamente que la Agencia Nacional de Inteligencia Civil podrá ejecutarlo sin necesidad de recurrir a las agencias policiales. Asimismo, se modifica el ámbito de utilización, que ya no será para el objetivo de resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de la amenaza del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, sino para velar por la seguridad del Estado.
la integridad territorial y la soberanía nacional. Además, por tratarse de medidas excepcionales que afectan los derechos y garantías constitucionales y, asimismo, para contribuir al fortalecimiento del nuevo sistema que el proyecto diseña, se establece que estos procedimientos deben contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional de Inteligencia del Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia del Estado. La planificación de dicho procedimiento debe asegurar la protección de la identidad de los funcionarios responsables de su ejecución y el secreto de la misión y de quienes la llevan a cabo, así como la implementación de mecanismos que permitan la negación plausible de cualquier vínculo entre los funcionarios, los organismos o servicios de inteligencia a los que pertenezcan y la misión realizada. Por las mismas razones, la iniciativa legislativa refuerza el procedimiento de autorización de estos procedimientos especiales, aumentando por un lado las exigencias que debe satisfacer la solicitud de autorización judicial y, por otro, elevando de rango la autoridad judicial encargada de dar la autorización, cambiando un ministro de corte de apelaciones por el presidente de la Corte de Apelaciones, en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia y donde se iniciará, debiendo las Cortes de Apelaciones adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para resguardar el secreto de las actuaciones y garantizar la celeridad y oportunidad para resolver.
6. El proyecto crea un sistema de clasificación de la información, lo que constituye una innovación importantísima. Todos los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros emitidos por los organismos y servicios del sistema de inteligencia o por su personal, o que obren en su poder, se declaran clasificados cuando su conocimiento por personas no autorizadas pueda representar una amenaza o causar perjuicio a la seguridad del Estado, al orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. Las categorías de clasificación son tres: secreta, reservada y confidencial, en atención al grado de protección que se requiera. De manera residual, los documentos que no sean clasificados bajo estas categorías tendrán carácter de público. Quienes tienen la potestad para asignar la calidad de clasificación a una materia son el secretario ejecutivo de inteligencia y los directores y jefes de los organismos y servicios de inteligencia, y deberán hacerlo mediante una decisión fundada. Como ya se mencionó, el órgano que administrará el sistema de clasificación de la información es el Centro de Fusión de Inteligencia. En cuanto a la vigencia de la clasificación, la categoría secreta será de 30 años, la reservada de 15 y la confidencial tendrá una vigencia de 10 años, pudiéndose prorrogar todas ellas por iguales periodos. La única autoridad que podrá acceder sin restricciones a las materias clasificadas en este ámbito es el Presidente o Presidenta de la República.
7. Creación de nuevos tipos penales. Con el fin de garantizar el resguardo de la reserva de la información y la corrección en la tramitación de la autorización para recurrir a los procedimientos especiales de obtención de información, su ejecución y el logro de sus fines, el proyecto crea 10 nuevos tipos penales, aprovechando también la sistematización de los tipos penales dispersos en la ley vigente. Los sujetos activos de las conductas consideradas como delitos son todos aquellos que participen de alguna manera en el ciclo de la inteligencia: los funcionarios públicos que accedan a materias clasificadas, los directores, jefes o funcionarios de los servicios y organismos de inteligencia que intervengan en los procedimientos especiales de obtención de información; los presidentes de la Corte de Apelaciones que deban autorizar dichos procedimientos; y los fiscales, judiciales, diputados y senadores (as) en relación con las materias clasificadas de las que tomen conocimiento. Por último, el proyecto refuerza el control parlamentario.
A. A la Comisión le corresponderá tomar conocimiento de la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado y le podrá sugerir modificaciones. En caso de que dichas sugerencias no sean incorporadas, el ministro encargado del Gobierno Interior deberá enviar un informe a la Comisión, con los fundamentos de tal rechazo.
B. Una vez al año, el secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado deberá comparecer ante esta Comisión Especial para dar a conocer los objetivos del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, sus lineamientos generales y su estado de avance.
C. Independientemente de esta comparecencia anual, el proyecto faculta a la Comisión para citar al Secretario Ejecutivo de Inteligencia para que informe respecto a las políticas nacionales de inteligencia y el Plan Estratégico de la misma. Se estipula que el Secretario Ejecutivo estará obligado a comparecer a la sesión fijada por la Comisión y que su inasistencia será sancionada de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
D. Además, se pone término a un debate siempre presente sobre el alcance del secreto de la Comisión, al ordenar que las sesiones de la Comisión Especial sean siempre secretas y sancionar penalmente cualquier transgresión del deber de secreto por parte de sus integrantes.
Acerca del reforzamiento del control parlamentario, quisiera añadir que el Senado también participará en tomar conocimiento de la propuesta de Política Nacional de Inteligencia de Estado y le podrá sugerir modificaciones al ministro del Gobierno Interior. Asimismo, la existencia de materias clasificadas como secretas, reservadas o confidenciales no optará a la entrega de antecedentes de información que soliciten la Cámara de Diputados, el Senado o que requieran de los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, mediante el uso de sus respectivas facultades. Dicha información se proporcionará únicamente por intermedio del ministro respectivo o del Secretario Ejecutivo de Inteligencia, cuando corresponda y siempre que su entrega no comprometa el resultado de la operación en curso, la seguridad e identidad de los agentes ni las fuentes de información.
Finalmente, para efectos reglamentarios de constancia, se deja constancia de lo siguiente: el proyecto fue aprobado en general por la mayoría de los votos; debe ser conocido por la Comisión de Hacienda; el articulado contiene preceptos orgánicos constitucionales y de quórum calificado; y se consultó a la Corte Suprema con fecha 22 de enero del año 2025. El proyecto modifica en su totalidad el texto aprobado por el Senado. Para el despacho de esta iniciativa, el Presidente de la República hizo presente la urgencia calificada de discusión inmediata, lo que se encontraba vigente en el momento del despacho del proyecto por la Comisión.
Finalmente, quisiera terminar destacando el relevante trabajo de la Mesa Técnica compuesta por integrantes de la Comisión, sus asesores y el equipo de asesoría legislativa de la Subsecretaría del Interior, pues esta modalidad de trabajo permitió avanzar en un tema complejo, según consta en la página 231 del mencionado informe. Otro elemento que permitió concluir el estudio del proyecto fue la permanente buena disposición tanto de los integrantes de la Comisión como de los equipos de la Subsecretaría del Interior, lo cual ha sido reconocido recíprocamente. Aprovecho en este instante para hacer un reconocimiento a la Secretaría de la Comisión de Defensa, liderada por John Schmock, ya que sin su colaboración no habría sido posible ordenar este trabajo y lograr, tras más de cinco años de esfuerzo, concluir y ponernos de acuerdo prácticamente en todo el articulado por unanimidad, gracias a la buena voluntad de los miembros titulares y de los miembros de reemplazo que vinieron y actuaron en la Comisión. Pero esto no habría sido posible no solamente por la voluntad política.
Tanto de este presidente como de la Presidenta Flores, que fueron quienes nos tocó conducir esto, si no hubiéramos tenido la sabiduría, tranquilidad y orden del secretario John Smoot y de su equipo, así que muchas gracias. Rinde. Gracias, diputado.
A continuación rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Carlos Bianchi.
Gracias, Presidente.
Estimados colegas:
La Comisión de Hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. Concurrió en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el subsecretario del Interior de la época, señor don Luis Cordero, hoy Ministro, quien estuvo acompañado de la asesora de la cartera, señora Leslie Covarrubias, y del jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos, señor Pablo Corquera.
La idea matriz de la iniciativa consiste en introducir cambios al sistema de inteligencia del Estado en materia de organización y funcionamiento, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, fundamentalmente en lo relacionado con la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía. Con esta modernización se pretende que los diversos actores actúen preventiva, eficiente y coordinadamente ante las amenazas externas e internas, y provean información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
De acuerdo con el texto despachado por la Comisión de Defensa Nacional, el proyecto establece como destinatarios de la inteligencia del Estado al Presidente de la República y a los ministros de Estado, para lo cual se rediseña la estructura orgánica distinguiendo entre integrantes plenos y colaboradores, y se fortalece el funcionamiento del Comité de Inteligencia del Estado como entidad estratégica orientada a la planificación y coordinación del Sistema de Inteligencia. Se crea también el Consejo Interministerial de Inteligencia del Estado como un órgano asesor y una Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado en calidad de servicio público técnico destinado a proveer la información al Presidente de la República.
Se refuerza, además, el control judicial sobre los procedimientos especiales de obtención de información; se fija un procedimiento para clasificar la información y se agrega un nuevo catálogo de delitos relacionados con las tareas de inteligencia. También, en materia institucional, la actual Agencia Nacional de Inteligencia se consolida como un servicio público centralizado y técnico orientado a producir inteligencia, para lo cual se adicionan nuevas funciones y recursos, entre los que destaca una Escuela de Inteligencia.
En lo referido a la incidencia fiscal, si a los colegas esto les puede además interesar y parecerles importante, les solicito encarecidamente que puedan tomar asiento y solo pedir el mínimo respeto. En lo referido a la incidencia fiscal, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que la nueva Secretaría Ejecutiva de Inteligencia contará con un total de 43 funcionarios, lo que, agregado a los gastos operacionales y en recursos tecnológicos, significará desembolsos por 3.531 millones en el año de su instalación y 2.842 millones en régimen. En la Agencia Nacional de Inteligencia, por su parte, se contempla un incremento de la dotación actual para llegar de manera progresiva a 355 funcionarios en el plazo de cuatro años, alcanzándose entonces una erogación permanente que ascenderá a 10.338 millones.
En términos consolidados, el mayor desembolso fiscal implícito…
En la implementación del presente proyecto de ley llegará a 6.202 millones en el primer ejercicio y 14.065 millones al cuarto año. En materia de financiamiento se dispone que el mayor gasto fiscal originado por esta ley durante su primer año se imputará a la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de percibir los suplementos que autorice el Ministerio de Hacienda desde el Tesoro Público. En los ejercicios posteriores se adecuará a lo aprobado en las respectivas leyes de presupuesto. Los integrantes de la Comisión consultaron sobre la estructura originada de la nueva institucionalidad y observaron una posible incongruencia en la inclusión de la Agencia Nacional de Inteligencia en la orgánica del Ministerio del Interior, en reemplazo del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Bueno, gracias, presidente. La verdad que, para partir, confieso, me llama un poco la atención que en un proyecto que ha sido declarado de fast track prioritario en la agenda de combate al crimen organizado no contemos aquí con el Gobierno, que evidentemente tiene un rol central que cumplir. Este es un proyecto que involucra cambios estructurales en la manera en que hemos entendido la inteligencia y el combate al crimen organizado, y por lo tanto, para serle franco, me habría gustado contar con el Gobierno. Pero, da la impresión de que hay cosas más importantes que hacer que preocuparse por la inteligencia del Estado.
Presidente, hoy enfrentamos un cambio estructural en la manera en que se ha llevado adelante el combate al delito en nuestro país. Chile, hasta hace poco, era un país en el que los delitos violentos se veían de lejos, en el que la organización de bandas transnacionales era algo excepcional y en que teníamos una lógica de bandas muy apegadas a ciertos territorios y clanes familiares, normalmente vinculadas al microtráfico. Hoy, todo eso ha cambiado. Lo que tenemos en Chile es crimen transnacional, involucrado principalmente a través de los reclutamientos, es decir, personas que reclutan menores de edad para cometer delitos y, de esa manera, articular bandas organizadas que, mediante el robo de celulares o el robo de vehículos –los famosos portonazos–, generan caja para aumentar su poder de fuego y su capacidad de robo, especialmente en materia de narcotráfico.
Esto lo hemos venido conociendo; ya va a ser hoy la cuarta sesión de la Subcomisión de Crimen Organizado. Hemos tenido invitados extranjeros y todos nos reiteran lo mismo: uno de los ejes centrales, presidente, es contar con una inteligencia de nivel, y acá se está avanzando en esa dirección. La verdad es que todavía subsisten para mí ciertas dudas acerca de lo que se está presentando. Evidentemente es un avance, pero si no somos capaces de entender que el sistema de inteligencia –la capacidad de anticiparse, la capacidad de interceptar las comunicaciones de manera eficaz, la capacidad de identificar georreferenciadamente a quienes cometen delitos– no forma parte integral de nuestra estrategia, entonces, presidente, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentar al crimen organizado.
Por eso, presidente, al menos lo voy a votar a favor en general, aunque hay ciertos aspectos particulares que valdría la pena revisar y reflexionar. Si no somos capaces, presidente, de contar con una estrategia de combate contra el crimen organizado que sea auditable, conocida y con seguimiento, donde se cuente con personas expertas, no hay ninguna posibilidad de ganarle al crimen organizado. Vemos con preocupación que, aún hoy, esto forma parte de la trifulca política. La verdad es que el crimen organizado, presidente, es poliamoroso; le gustan todas las tendencias políticas que le sirvan para el billete y para el bolsillo, y, por lo tanto, si no somos capaces de construir una estrategia de Estado, nos va a ganar el crimen organizado. He dicho, gracias, Presidente.
Tiene la palabra, a continuación, el diputado Gustavo Benavente y, con posterioridad, la diputada Carmen Gertz. Gracias, Presidente. Presidente, este proyecto que tiene por objeto introducir cambios al sistema de inteligencia del Estado, en cuanto a su organización, funcionamiento y modo en que se integra con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, resulta muy innecesario. Además, este proyecto también tiene por objeto proteger las instituciones democráticas, tanto de amenazas internas como externas. Hoy, presidente, nos enfrentamos a una realidad dramática: el crimen organizado, el terrorismo y, en general, la delincuencia –siempre operando bajo bandas criminales que actúan impunemente y llevan temor y miedo a los chilenos– y es necesario un sistema de inteligencia que…