En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, saludar a todos los presentes, a los colegas y también a nuestros invitados que están acá, que pronto ya en el segundo punto de la tabla vamos a pasar a ellos.
El acta de la sesión 87 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 88 queda a disposición de la Comisión.
Secretario, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos:
Una nota del Fiscal Nacional, quien da la excusa de asistir a esta sesión. Sin perjuicio, dice que, en su representación, asistirán en forma telemática el Director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual, don Mauricio Sovino Meléndez, y el abogado asesor de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, don Nicolás Santander Acras.
También, señora presidenta, se recibe una nota del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien se excusa de asistir a esta sesión debido a compromisos adquiridos con anterioridad relacionados con las labores propias de su cargo. Señala, asimismo, que el motivo de la invitación para la que fue convocado alude a funciones que no le competen al Servicio Nacional de Migraciones, sino al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en particular al Programa de Apoyo a Víctimas y a la División de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, quien coordina la Mesa Intersectorial de Trata de Personas.
También se recibe una nota del Ministro de la Corte Suprema.
Diego Sinpertille, quien invita a la presidencia, convoca a la mesa de la Comisión a una reunión presencial el 8 de mayo en Santiago para trabajar sobre el sistema de cuidado alternativo y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes, junto a diversos actores. Se adjunta un programa, que haremos llegar, Presidenta, al presidente electo. También se recibe un oficio del Comité para la Prevención de la Tortura, en el que se solicita remitir a la Comisión un informe sobre estándares internacionales para prevenir la tortura en adolescentes y jóvenes bajo custodia del Estado en el sistema de justicia juvenil. Dicho informe se basa en tres años de monitoreo en 35 recintos del país y busca fortalecer el cuidado y prevenir malos tratos, y se ofrece presentar a esta Comisión.
Se recibió, Presidenta, también un reemplazo de la diputada Concha por la diputada Ahumada, que ya está presente en sala, un reemplazo de la diputada Gasmuri por la diputada María Candelaria Acevedo, y un reemplazo de la diputada Consuelo Veloso por la diputada María Francisca Bello. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta; gracias.
Secretario: Ofrezco la palabra sobre la cuenta, puntos varios. ¿Alguien desea plantear algún punto?
Diputada Francisca: Presidenta, buenas tardes, muchas gracias. Además de su última sesión, quisiera agradecerle por todo el trabajo realizado en esta Comisión. Tengo dos puntos varios. Voy a tratar de ser muy concisa, ya que sé que tenemos otro invitado. El primero se refiere a un correo que debió haber llegado a los correos de los diputados, emitido por la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (ANTRAP). Quedamos, junto con el sindicato, en que yo leía la carta. Es muy breve.
A nuestra consideración, la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, organización representativa de trabajadores y trabajadoras que diariamente se desempeñan en la protección de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, se dirige a ustedes con el propósito de manifestar una profunda alarma y un grito desesperado respecto a la actual situación del servicio y su grave impacto en la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que integran el sistema de protección.
A lo largo del tiempo, hemos observado –y lo hacemos con creciente inquietud– la mantención de estructuras organizacionales que no responden a los principios fundamentales de la Convención sobre el Derecho de los Niños, ratificada por Chile, y que ostenta rango supralegal conforme al artículo 5, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Asimismo, esta estructura incumple lo mandado en la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niña y Adolescencia, que exige una acción coordinada, especializada y eficiente por parte del Estado, incluyendo todos sus órganos.
La realidad en los centros de administración directa del servicio, así como en los programas de residencia en general, es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son víctimas de vulneraciones constantes, mientras que los trabajadores y las trabajadoras sufren condiciones laborales precarias, exposición a agresiones, sobrecarga y abandono institucional. Esta situación, lejos de ser un fenómeno nuevo, responde a una inercia del Ejecutivo que no ha implementado los cambios estructurales y normativos necesarios para transformar realmente el sistema, el servicio y el sistema de garantía.
Nuestra asociación ha manifestado permanentemente su disposición al diálogo y ha presentado propuestas concretas, entre ellas la necesidad urgente de crear un sistema efectivo de turnos para los equipos de trabajadores en la atención directa a niños, niñas y adolescentes, lo que permitiría resguardar tanto los derechos de los niños como las condiciones laborales de los trabajadores. Esta medida, largamente postergada, es coherente con los principios de especialización, no discriminación e interés superior del niño, y con el derecho a la vida y al desarrollo integral consagrados en los artículos 3, 6 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, así como con los artículos 7, 8, 13, 14 y siguientes de la Ley 21.430.
Asimismo, es indispensable avanzar en la separación objetiva de los sujetos de atención, superando definitivamente el modelo del SENAME, tal como lo establece la legislación que creó la nueva institucionalidad. Sin embargo, en la práctica, esta separación no se ha implementado plenamente, lo que genera una confusión institucional y funcional que repercute directamente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Frente a este escenario, hacemos un llamado al Honorable Congreso Nacional y, en particular, a la Cámara de Diputados, para que ejerza su rol fiscalizador y político conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución, promoviendo la citación de las autoridades competentes.
Incluyendo a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Hacienda y el Director Nacional del Servicio de Protección Especializada, a fin de rendir cuentas de las medidas adoptadas o de la falta de estas para cumplir con los mandatos legales y tratados internacionales vigentes.
Asimismo, instamos a las comisiones de Familia, Derechos Humanos, Desarrollo Social y Hacienda, entre otras pertinentes, a que nos puedan convocar, visiten los recintos de residencias, escuchen a sus trabajadores y, por sobre todo, a los niños, niñas y adolescentes que allí habitan, quienes no pueden seguir esperando indefinidamente que el Estado actúe con la diligencia debida.
Este es un llamado urgente y una grave advertencia que hacemos desde la legítima representación de quienes sostienen la institucionalidad día a día y desde la convicción de que los niños, niñas y adolescentes merecen más que buenas intenciones; merecen políticas públicas efectivas y coherentes en su dignidad de derecho. Esperamos de ustedes la misma urgencia con que se atienden las situaciones en los centros del país y la firmeza para exigir una respuesta política ante la crisis que, esencialmente, es de responsabilidad del Ejecutivo.
Yo, por eso, Presidenta, si usted tiene para bien y la Comisión, podríamos citar a Antrap para que nos contara qué está sucediendo y a qué se refieren en esta carta que nos enviaron a todos los diputados y diputadas y que hoy he querido leer, porque en eso quedamos con el dirigente Felipe.
Y, por último, Presidenta, quiero volver a poner sobre la mesa una situación de la que creo que todos estamos al tanto, la cual ha salido en los medios de prensa y considero que esta comisión es muy importante que la trate, pues no podemos dejarla pasar. En las últimas semanas hemos sabido de dos casos de situaciones de esclavitud, porque creo que no pueden tener otro nombre ni otra forma de expresarlo. Uno tiene que ver con una niña que es vendida por su propia familia para realizar trabajos de servidumbre, y otro, con un niño esclavizado por su madrastra en el norte del país; ambos sometidos a vejaciones, humillaciones, maltrato físico y psicológico, privados de comida y obligados a dormir en el patio.
Esta situación no solamente es indignante, sino que también nos parte el corazón, pues los niños y niñas deben recibir un cuidado especial. En ese sentido, considero que esta comisión no puede quedar indiferente y, si bien estas denuncias son realizadas por parte de la ciudadanía –y menos mal que existen denuncias por tratarse de condiciones inhumanas–, la pregunta que me hago es: ¿existirán más niños y niñas en estas mismas condiciones? ¿Habrá, a lo largo de nuestro país, niños que estén durmiendo en el patio, que no sean alimentados y, sobre todo, que no estén escolarizados? El sistema de escolarización en Chile, especialmente el municipal, cuenta con una red para verificar si los niños están siendo escolarizados.
Sé que está acá el Defensor de la Niñez, y a mí me gustaría que pudiésemos, ya sea en esta oportunidad o en futuras, exponer los planes de prevención y detección temprana. Creo que ahí podríamos empezar a definir nuestro rol fiscalizador y cómo hacemos eco en este Congreso respecto a lo sucedido.
Muchas gracias, Presidenta.
Sí, también voy a retomar el punto, colega, porque efectivamente, diputada, la semana pasada estuvo acá Antrap y nos dejó a todos una carta, la cual ya leímos personalmente, pues había llegado. En esa oportunidad se habló de la Presidencia y, más adelante, se iba a dar la oportunidad de que estuviesen presentes ellos y otras organizaciones, o sea, ya está cubierto. En cuanto al segundo punto que usted plantea, efectivamente, hoy ya estamos citados y convocados como comisión para tratar el tema.
Sí, es que, diputada, está tratado para ello y los invitados están para abordar esos dos casos que usted plantea. Más que nada, quería dejar claro que esa fue la situación del día de hoy o la invitación que hicimos. Y lo otro, para pasar a lo que es la votación, ofrezco la palabra sobre algún otro punto. Diputada Pizarro tiene la palabra.
En esta Comisión, no es, ante el diputado —por su intermedio, Presidenta—, sino antes; yo solo quería señalar que, entendiendo lo que implican los invitados, considero que el punto que toca la diputada Francisca Abello, por intermedio de la Presidenta, es…
La entrada a un mundo que yo creo que es más profundo que dos casos. Entonces, yo pido que podamos agilizar el trabajo de la mesa que aquí nos planteamos para poder abordar estos temas, porque es la única manera, más allá de escuchar opiniones de nosotras y nosotros, de ir tomando cartas en el asunto. Esa era mi… Gracias, diputada.
Bueno, para ya pasar al punto uno de la tabla, yo quería dar unas palabras solamente para valorar el espíritu de esta comisión, un discurso de despedida, ¿cierto? Valorando el espíritu de la Comisión que, a pesar de nuestras diferencias políticas, siempre ha habido un buen ánimo y un compromiso con la infancia, y eso lo quiero destacar. También, algo que hemos trabajado durante todo este tiempo: la intención de armar esta mesa de trabajo que, más allá de nuestra Comisión de Familia, ya está organizada. Valoro enormemente este avance, y la vamos a poder concretar en los próximos días, ya que al menos he hecho las consultas en la sala, hablé con el secretario general y recibí la directriz de cómo puede aterrizar este tema por parte de nosotros, los legisladores de esta comisión. Además, aprovechamos para hacer la invitación al Defensor y a todos nuestros invitados, para que conozcan de lo que vamos a trabajar, aportando desde el área legislativa en auxilio y para superar esta crisis que, lamentablemente, ya lleva muchos años. Así que, desde ya, quiero valorar el trabajo de la Comisión a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado. Algunos proyectos no han salido con informe positivo, pero veo el compromiso con nuestros niños y el ánimo de sacar esta mesa adelante. Muchas gracias también por la colaboración en ese sentido.
Secretario, le doy la palabra para ya empezar la votación.
Bien, señores diputados, vamos a elegir la nueva mesa. Presidente o presidenta, vamos a… Creo que cada uno ya tiene una cédula. La tiene, ¿cierto? Sí. Bien, necesito que en su cédula, primero que todo, coloquen el nombre de ustedes, de quien vota. Ya está. ¿La puedo? La puedo. Ah, fantástico. La tecnología está muy buena hoy. Y lo que necesito es que, en esa papeleta, coloquen la persona o personas que ustedes sugieran para ocupar el cargo de presidente o presidenta de la mesa. Eso es lo que deben hacer ahora mismo. ¿Puede ser uno o más de uno? Exactamente.
Vamos a ir viendo los votos uno a uno. Recogidos, son los siguientes:
Diputada Consuelo de Los Ángeles Veloso, en este caso reemplazada por la diputada Bello, Lorena Pizarro.
Diputada Ana María Gózmurie, en este caso reemplazada por la diputada Candelaria, Lorena Pizarro.
Diputada Lorena Soledad Gloria Pizarro (por Lorena Pizarro).
Diputada Mónica Tamara Arce, Lorena Pizarro; Carolina Tello Rojas, Lorena Pizarro; don Jorge Zafirio, diputado de Irarrazabal; don Felipe Donoso, diputado de Irarrazabal; doña Natalia Romero, diputada de Irarrazabal; don Francisco Undurraga, diputado de Irarrazabal; doña Francesca Muñoz, diputada de Muñoz; Juan I... diputado de Irarrazabal también; diputado de Irarrazabal, por el mismo; diputada Concha, por el diputado Irarrazabal; sí; y diputada Ana María Abrao por diputada Pizarro.
Tres. Siete votos. Cero abstención.
¿Qué tal? Resultado de la votación: Presidenta. Siete votos para el diputado Irarrazabal; seis votos para la diputada Pizarro. No hubo abstenciones. ¡Ella está más alta de la silla!
—¿Y usted la autoría ahora?
—Sí.
—¿Y la campana?
Muchas gracias a todos los colegas, bueno, a los que votaron por mí en particular, por la confianza, y sepan: el resto de las diputadas, que aquí seguiremos trabajando como creo que he ido demostrando en este tiempo, con altura de mira, con visión centrada sobre todo en el interés superior del niño –lo hemos dicho antes– y algo que deberíamos empezar a instaurar, que es la perspectiva de familia. Yo creo que eso es algo que podemos ir sembrando. Me he preparado para esto. Hemos estado desarrollando algunos proyectos, con una visión transversal, precisamente. Y espero que, por lo mismo, esta labor sea fructífera, porque efectivamente la familia, núcleo fundamental de la sociedad hoy tan golpeada y de la que nacen todas las crisis sociales, requiere mucho apoyo para que ella y Chile salgan adelante. Así que cuenten con ello.
Y de nuevo, muchas gracias a todos.
Secretario.
Para continuar con la orden del día, invitamos al defensor de la niñez, Anuar Quesille Vera, a exponer sobre el punto por el que ha sido convocado. Por favor, defensor, toda suya la palabra.
Buenas tardes, por su intermedio, Presidente, saludar a las distinguidas diputadas y diputados presentes en la Comisión. Aprovecho también de felicitar la nueva Presidencia. Esperamos que, desde nuestro rol, podamos colaborar y seguir trabajando juntos en, como usted lo señalaba, el reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que, desde ya, cuente con nuestra disposición a colaborar en los temas que son pertinentes y que, en definitiva, convocan y fundamentan el mandato de la Defensoría de la Niñez.
Bien, la verdad de las cosas es que es difícil empezar a hablar en esta Comisión, en este contexto y esta semana. ¿Por qué lo digo? Porque, si bien estamos convocados –y así lo indica la invitación–, al hablar sobre la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es inevitable referirse a situaciones que han tenido un impacto en los medios de comunicación y en la opinión pública. Hemos visto que niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas de entornos violentos, donde han muerto niños a consecuencia de circunstancias asociadas al deporte. Además, los medios han informado de casos que grafican una situación que, como decía la diputada, no es excepcional, sino que evidencia un grave problema que afecta actualmente a este colectivo. Probablemente, luego de mi presentación, me señalarán que estamos llenos de diagnósticos y que, en definitiva, ya no basta con diagnosticarlos, sino que debemos pasar a la acción. Esa frase, típica de quienes muestran cifras, invita a asumir medidas concretas.
Lo que quiero decir es que, cuando no se adoptan medidas pertinentes para entregar estándares de protección efectiva a niños, niñas y adolescentes, los diagnósticos se agravan. Recuerdo que, en julio del año pasado, convocamos a todos los parlamentarios y parlamentarias a concurrir a la Defensoría de la Niñez, con el fin de adoptar un acuerdo que permitiera poner fin a la muerte de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego. En ese entonces, el diagnóstico indicaba que hasta la fecha se habían registrado 25 fallecimientos por esa causa durante el año 2024; sin embargo, tras esa reunión, donde realizamos todas las gestiones que estaban dentro de nuestros mandatos, el número aumentó a 51. Este agravamiento evidencia la importancia de los diagnósticos y la necesidad de seguir actuando.
En lo que respecta a los temas de la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el panorama no es distinto. Mi presentación se desarrollará de manera directa y acotada, abordando tres aspectos fundamentales:
En primer lugar, dar cuenta del escenario actual en materia de estos delitos tan graves que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes.
En segundo lugar, ilustrar brevemente las acciones que hemos impulsado desde la Defensoría de la Niñez, conforme a nuestras facultades legales. Cabe destacar que no somos una institución que busca reemplazar el mandato de los ministerios o servicios, sino que nuestro accionar se centra en el marco legal que nos es propio.
Y, en tercer lugar, exponer cuáles son las recomendaciones que consideramos importantes adoptar y abordar con sentido de urgencia, en las cuales el trabajo de esta comisión tiene un rol fundamental.
A propósito de lo sucedido en las últimas semanas, es importante abordar los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes. Menciono, por ejemplo, lo que señalaba la diputada Abello sobre la situación que manifiesta ANTRAP, tema que también hemos tenido la oportunidad de conversar con los trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional de Protección Especializada, así como con la dirección y jefatura del servicio.
En primer lugar, se deben considerar aquellos delitos relacionados con la explotación de niños, niñas y adolescentes en modalidad comercial, es decir, actos ejecutados por adultos para obtener acciones de significación sexual a cambio de una retribución.
En segundo lugar, la explotación o utilización de niños, niñas y adolescentes para la generación de material de abuso, que incluye la producción, difusión, comercialización y almacenamiento de dicho material, ya sea en actividades sexuales reales o simuladas, o en la exposición de sus partes genitales con fines sexuales.
Explotación sexual en contextos de viajes y turismos, ¿verdad? Se utilizan a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales a cambio de una remuneración por parte de nacionales y extranjeros que se desplazan de su lugar habitual de residencia en calidad de viajeros o turistas. Por otra parte, se presenta la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, la cual se configura mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de menores—tanto dentro como fuera de la frontera—mediante amenazas u otra forma de coacción para obtener su asentimiento con fines de explotación. Además, no podemos olvidar el delito de tráfico, definido por el cruce ilegal de un país a otro, donde existe consentimiento, pero cuya finalidad se reprocha por la utilización de niños, niñas y adolescentes.
Con ello, tenemos una serie de delitos. ¿Por qué se establece este marco conceptual? ¿Por qué estos delitos ocurren actualmente en Chile? No lo decimos nosotros. Hace dos semanas publicamos un panorama estadístico en nuestro diagnóstico sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el país. Dicho documento ya fue enviado, vía oficio, a esta comisión, y en él se da cuenta de una situación muy preocupante: la irrupción del crimen organizado, según datos proporcionados por el Ministerio Público.
En este informe se destacan cifras importantes. Del total de niños, niñas y adolescentes victimizados por delitos identificados con el crimen organizado, la situación ha ido en aumento. La región más crítica es Ariquipar y Inacota, donde, en comparación con otras regiones, la tasa es un 2.572% mayor que la tasa nacional. Se observa una proporción similar de víctimas, tanto de nacionales como de extranjeros, ya que el crimen organizado no hace distinción de nacionalidades; en el caso de los niños, niñas y adolescentes extranjeros, el 51% del total de víctimas no es de nacionalidad chilena.
Los delitos asociados al crimen organizado, conforme a la información del Ministerio Público, son principalmente tráfico, trata de personas, robos, secuestros y sustracciones. En relación a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata o tráfico, el informe arroja un total de 34 casos entre 2016 y 2023. Cuando la diputada Abello, a través del presidente, señalaba que los casos mencionados no eran los únicos, tenemos aquí una constatación de que, efectivamente, no se trata de episodios aislados. En la presentación—que no se aprecia claramente en la pantalla—se detalla que, de estos 34 casos asociados a la trata, la mayoría de las víctimas son mujeres (91%), mientras que el 9% son hombres. Estos casos afectan principalmente a menores en rangos de edad de 1 a 5 años, de 14 a 15 y de 16 a 17 años, correspondiendo en su mayor parte a adolescentes; las nacionalidades de las víctimas incluyen Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia y Perú.
En cuanto a la trata de niños en situación de movilidad humana, se observa que, en términos del delito de tráfico de migrantes, durante 2022 se registraron 30 casos que afectaron a niños entre 1 y 7 años, mientras que en 2023 se reportaron 15 casos, con víctimas comprendidas entre 1 y 17 años. Es decir, existen casos que son denunciados y que el Estado puede pesquisar; detrás de todo esto puede existir una cifra negra que aún no se ha identificado y que también puede aparecer en los medios de comunicación sin que las instituciones registren formalmente su acontecimiento.
Por último, respecto al panorama estadístico entregado por el Instituto Nacional de Estadística sobre casos policiales, se observa que en el delito de trata—tanto por explotación sexual como por trabajos forzados—se identificaron 13 casos en 2022, 23 casos en 2023 y 1 caso en 2024, sumando un total de 17 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. De igual forma, en el delito de tráfico de migrantes se registraron casos desde 2022 hasta el primer semestre de 2024.
Se identifican un total de 44 niños, niñas y adolescentes víctimas de tráfico.
Y el otro tema, que resulta más preocupante aún, tiene que ver con el panorama de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Acá tenemos cifras que son realmente abrumadoras y justamente preocupantes. ¿Por qué? Porque entre 2022 y 2023 se identificaron 2.184 niños, niñas y adolescentes víctimas conocidas de explotación sexual en denuncias que ingresaron al Ministerio Público. De estos casos, un total de 1.024 fueron identificados como víctimas en contextos de denuncias producto de la explotación sexual o facilitación de esta, y las regiones que tienen las tasas más altas son, como se observa en la presentación, Magallanes, Arica, Los Ríos, Los Lagos y Valparaíso.
Ahora, respecto de las denuncias de explotación sexual presentadas por profesionales de proyectos del Servicio de Protección Especializada, cuando se analizan los casos con hechos de explotación sexual contra niños, ha sido posible identificar 619 víctimas. Esto significa que cada mil niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado hay tres víctimas de este grave delito. La región de Magallanes nuevamente presenta la tasa más alta y se evidencia que el agente principal agresor son los integrantes de la comunidad.
Luego, en materia de contextos presenciales —es decir, la explotación sexual presencial— se ha identificado un especial aumento en el año 2024, ya que pasamos de 777 delitos ingresados por facilitación y explotación sexual en 2023 a 1.317 delitos ingresados en 2024, lo que representa un aumento de un año a otro de un 69,5%.
También, en lo que respecta a la explotación sexual en contextos digitales, se informa, conforme a lo levantado por el Ministerio Público, de un aumento del 45% en el total de los delitos ingresados entre 2022 y 2024. Entonces, ahí tenemos el panorama.
En el caso que también llama la atención, se evidencia un problema en la forma en que el Estado se enfrenta a esta problemática y en la oferta destinada a atender y abordar adecuadamente la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. En esa lámina, que es muy pequeña, se quiere graficar que, respecto de los programas de prevención del Servicio de Protección Especializada —que justamente deberían abordar este tipo de casos— existe un problema importante dado por las listas de espera. No hay un nido crítico en los programas de diagnóstico, el cual alcanza el 76% del total, seguido de intervenciones ambulatorias con un 22% de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual que están en lista de espera.
Se puede ver que los principales problemas en la atención de niños y niñas víctimas de explotación sexual se encuentran en los programas de explotación sexual, en los programas de prevención focalizada y en los programas especializados de reparación al maltrato. Es decir, la oferta actual no está cumpliendo adecuadamente el abordaje de un delito cuya tasa se ha incrementado y crecido a lo largo de los años.
¿Qué pasa con el sistema de justicia? La Defensoría de la Niñez tiene la función limitada de intervenir judicialmente frente a determinados delitos. Uno de los delitos por los cuales tiene legitimidad para intervenir es el delito de explotación sexual. ¿Cuándo interviene la Defensoría? Cuando, evidentemente, los niños, niñas y adolescentes víctimas no cuentan con representación jurídica y se asume la figura del querellante institucional. Se han presentado un total de 46 querellas por delitos de explotación sexual y una por un delito de trata con fines de explotación sexual, y en su mayoría han sido cometidos contra niñas y adolescentes mujeres que están en el servicio de protección y en residencias de protección por parte del Estado. Además, del total de las querellas deducidas entre 2020 y 2024, solamente se han obtenido cuatro condenas; 26 de las causas se encuentran en investigación desformalizada y 8 en causas formalizadas con imputados conocidos. Esto evidencia la necesidad de fortalecer el rol investigador del Ministerio Público, mediante la dotación de fiscales especializados y una estrategia de abordaje que permita responder con sentido de urgencia al sistema de justicia y, en consecuencia, determinar medidas pertinentes para niños, niñas y adolescentes.
Otra acción importante que se debe señalar tiene que ver con la participación de la Defensoría de la Niñez, durante 2023-2024, en jornadas regionales para justamente arribar a una…
Una instancia que se denominó la Mesa Cuatripartita, donde participa el Servicio Nacional de Protección Especializada, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría de las Niñas, con el objeto de identificar cuáles son los focos que se deben justamente priorizar para efectos de hacer frente a la problemática de la explotación sexual y, obviamente, los temas en los cuales existe un compromiso, ¿verdad? Justamente elaboramos este panorama, estas conclusiones y un compromiso del Fiscal Nacional, del Ministro de Justicia y del Director de Servicio para mejorar la coordinación intersectorial, que actualmente está muy, muy, muy deficiente en esa materia; fortalecer la dotación suficiente de equipos especializados en las policías, en Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones y en el Ministerio Público, así como también conferir mayor cobertura de especialización y recursos a los programas de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que precisamente tienen por finalidad cumplir con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 50 de la ley 21.430, el cual se encuentra en una situación crítica. No hay cobertura; los abogados, las abogadas y los equipos multidisciplinarios están colapsados respecto al número de causas que reciben y, por lo tanto, no pueden proveer esa representación jurídica en contextos de, justamente, idoneidad, tal como lo dispone la norma.
Participamos en la Mesa Intersectorial y en la Mesa Interinstitucional de trata de personas, y ahí lo importante es el trabajo que se está realizando, al que estamos tratando de motivar para que, justamente, contar con este documento lo antes posible se concrecte en la construcción de un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de trata. Muchas veces las instituciones actúan desarticuladamente, ya que no existe una comunicación eficaz de las acciones que realiza un servicio o un organismo determinado, lo que, justamente, muchas veces produce falta de atención o incluso sobreintervención. Este protocolo, en el que participamos en nuestro rol de observador técnico, pretende principalmente, entre otras cosas, generar –o, más bien dicho, ordenar– la forma en que el Estado se hace cargo de las situaciones de trata que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Luego, hemos hecho una serie de recomendaciones, ¿verdad?, porque actualmente Chile aún no tiene vigente el marco contra la explotación sexual, que depende de la Sociedad de la Niñez. Ahora, con la publicación y la toma de razón de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, entendemos que se va a construir este marco, ya que este para la acción contempla obligaciones para todos los organismos públicos y todas las instituciones que tienen un grado de mandato para abordar adecuadamente esta materia. En términos concretos, también creemos que hay desafíos en materia de agenda legislativa. Creemos que es importante que el Ministerio de Justicia impulse reformas legislativas que permitan sancionar diversas modalidades de explotación sexual; esto implica, al menos, considerar reformas legislativas que tipifiquen y penalicen las conductas de violencia sexual cometidas en entornos digitales, incluida en ellas la violencia digital en un sentido integral y la explotación sexual que se perpetra en dichos entornos. Si bien existe una tipificación del delito de explotación sexual, la explotación sexual en entornos digitales aún está carente de tipificación y, por ende, de una sanción que se ajuste a los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. También hemos sugerido la realización de reformas legislativas que aumenten las penas en la producción, difusión y comercialización de materiales abusivos y de abuso sexual respecto de niños, niñas y adolescentes; que excluyan la aplicación de penas sustitutivas a las personas autoras de explotación sexual en su diversa modalidad, incluidas aquellas consumadas en entornos digitales; y que incorporen, a la ley 20.393 –la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas– los delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, contenidos en los artículos 367 al 367 del Código Penal.
Pero una cuestión importante que también hemos promovido desde la Defensoría de la Niñez es que el Estado, y particularmente el gobierno de turno, adhiera y ratifique el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación y el abuso sexual, conocido como el convenio de Lanzarote. Es un convenio del Consejo de Europa que contiene una cláusula que permite que estados que no son parte del Consejo de Europa puedan adherir. ¿Qué es lo importante de esto? Que este convenio genera una serie de propuestas de política pública que han tenido resultados positivos en contextos europeos y que podemos traer como buenas prácticas. Aquí hay una deuda pendiente por parte del gobierno para efectos de contribuir a justamente ratificar este convenio que en términos de...
De conveniencia, no hay ningún tipo de contradicción ni política ni ideológica contra un tema que tiene aceptación transversal y en el que hemos identificado la necesidad de avanzar. También hemos abogado por promover una regulación normativa integral sobre entornos seguros que establezca deberes específicos y responsabilidades del sector empresarial. Para ello, estamos elaborando un estudio. Además, en algún momento en esta misma Comisión hicimos una presentación sobre la agenda legislativa de la Comisión de Familia, que hemos actualizado, en la que se identificaron cuáles serían los proyectos de ley prioritarios para avanzar en esta temática, los cuales quedarán a disposición de la Comisión para evaluar cómo se puede progresar en esta materia.
A propósito de lo que mencionó la diputada por intermedio de la Presidenta respecto a los casos de connotación pública: a mí me gustaría referir dichos casos, pero el problema es que existe una prohibición de un tribunal de familia de informar públicamente sobre ellos. Son casos que la Defensoría de la Niñez conoce y en los cuales hemos tenido algún grado de actuación; por ello, me limitaré a exponer la información, salvo que la Comisión acuerde hacerlo en una modalidad que no sea transmitida al público, justamente por los datos sensibles que podríamos exponer. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Un saludo al Defensor y a su equipo.
En primer lugar, yo quería hacer un punto, Presidenta, en cuanto a la respuesta que nos dio el Director del Servicio Nacional de Migraciones, don Luis Eduardo Thayer, cuando se excusó argumentando que este tema no es parte de su competencia. Con respecto al caso de la niña, creo que todos lo leímos en detalle: la niña cruzó desde otro país, fue vendida en Bolivia y cruzó sin ninguna documentación, acompañada por dos personas que no eran sus padres y sin registro ni en su país de origen ni en Chile. Esto es una muestra de la crisis migratoria que estamos teniendo en nuestro país, ya que la niña llegó sin ningún documento y se presentó la situación de trata de personas. Como ya conocemos la tipificación del delito, quisiera manifestar, por intermedio de la Presidenta, mi molestia frente a la respuesta del Director, quien se desentendió completamente del caso a pesar de que ya se habían expuesto los antecedentes.
Por otro lado, en relación al sistema escolar, como es el caso del niño de Iquique, tenemos un punto muy neurálgico. La educación y las redes de apoyo requieren un trabajo intersectorial de distintos ministerios, como Salud y Educación. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el niño no está en el sistema educacional, se retira y no existe interconectividad para confirmar que sigue estudiando? Esta situación resulta gravísima. Por ello, Defensor, quisiera profundizar en este tema, ya que entiendo la complejidad de la problemática; he revisado las cifras y he estado muy pendiente de ellas, y sé que debemos avanzar fuertemente en estos aspectos. Quisiera centrarme en dos elementos: primero, cómo la niña cruza sin documentación desde Bolivia y las consecuencias que esto genera, y segundo, cuántos otros niños están viviendo esta misma situación al no estar registrados ni en su país de origen, ni en Bolivia, ni en Chile u otros países (tengo entendido, por ejemplo, que los niños venezolanos tampoco cuentan con documentación, como se explicó en la Comisión de Relaciones Internacionales). Por ello, es una situación tan profunda y compleja que se requiere una coordinación latinoamericana para gestionar los registros y avanzar en esa línea.