Muy buenas tardes. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
Se han recibido los siguientes documentos: un correo de los jefes del Comité PPD Independientes y del Comité Frente Amplio e Independientes, por lo cual informan que la diputada doña Marcela Riquelme reemplazará de manera temporal en esta sesión a la diputada Carolina Marzán.
También se ha recibido una copia de la invitación remitida por la diputada señora Emilia Nullado, de parte de la ministra secretaria general de la Presidencia, a la sesión de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se está realizando el día de hoy, 15 de abril, de 9 a 20 horas, en el edificio Moneda Vicente Nereo, para justificar su inasistencia a la sesión de hoy.
Y por último, se ha recibido una comunicación del jefe de la bancada del Partido Socialista, en la que informa que la diputada doña Ana María Bravo...
De manera temporal en esta sesión se da la palabra a la diputada Emilia Noyado, quien se había justificado previamente. Se ofrece la palabra sobre la "cuentita" y otros temas a don René Alinco.
— Gracias, señor presidente.
Era sobre el asunto del acuerdo establecido respecto al viaje de la Comisión a la región de Aysén. Con su presencia, justamente, estuve conversando ayer con el ministro de Agricultura, y la idea es concretar ese acuerdo, porque parece que el ministro se va al extranjero durante un tiempo medio prolongado. Tengo entendido que el ministro viaja el día 28 de abril. Mi solicitud es ver si es posible que la Comisión se reúna ese día, pues nos conviene y nos sirve mucho contar con la presencia del ministro en Aysén cuando esté la Comisión de Agricultura.
Este viaje estaba programado prácticamente el año pasado, pero la visita de la Comisión se suspendió en enero, debido a que el presidente convocó una sesión para el proyecto de reforma previsional, lo que alteró el panorama. Además, llegaron la distrital y las vacaciones de enero-febrero, y el tiempo siguió su curso. Por ello, sugiero y pido que, si es posible, la Comisión se constituya en Aysén el día en que el ministro ya se encuentre en la región; estimo que estará dos días. Se debe coordinar y amarrar esa agenda, ya que, al parecer, había tres diputados de la zona.
— Sí, gracias, diputado Abelín.
Efectivamente, ayer se sostuvo una conversación con el ministro de Agricultura respecto de la posibilidad de fijar una fecha para la sesión de la Comisión de Agricultura en la región de Aysén, en Coyhaique, puntualmente. Él indicó que en el mes de mayo estaría gran parte del tiempo fuera de Chile, producto de su intervención en relación con el alza de aranceles comunicada por Estados Unidos y Norteamérica a países de distintas latitudes, motivo por el que debe realizar gestiones en aquellos países que importan productos agrícolas chilenos. Asimismo, señaló que en la última semana o en los tres últimos días del mes de abril estaría en la región de Aysén y desearía que la Comisión sesionara en esos días. Se mencionaron las fechas lunes 28, martes 29 o miércoles 30; no se definió exactamente el día de sesión, pero son las fechas disponibles.
Conversé con parlamentarios de la zona, particularmente con el diputado Calixto, quien propuso el lunes 28 o el miércoles 30, dado que el martes 29 tiene otro compromiso. La idea es contar con la concurrencia de los parlamentarios de esa región, que son tres, y de algún otro integrante de la Comisión, de modo que se logre el quórum adecuado. Es decir, que, sumándose a la presencia del diputado Alinco, la diputada Marcia Rafael y dos más de la Comisión, se conformen los cuatro miembros indispensables para su funcionamiento.
— Sí, por favor, diputado.
Aunque pueda parecer modesto, la experiencia nos indica que, cuando conversábamos con una de las asesoras del ministro, se sugirió la posibilidad de realizar la sesión en junio o julio, pero esos meses no resultarían viables, ya que no asistirán.
A comienzos del gobierno habíamos acordado con el ministro una fecha determinada, que fue más o menos en junio o en julio, cuando había nevado en Aysén. Por sugerencia de las autoridades regionales del agro, se indicó que no se realizara el viaje porque resultaba peligroso –se llegó a mencionar que había casi un metro de nieve–, asumiendo que la autoridad competente debía declarar peligrosidad en los caminos. Para nosotros y, en especial, para los campesinos, el ideal es que la actividad se realice en condiciones adversas de invierno, para que vean la realidad. No obstante, por la experiencia que tuvimos esa vez, ya no creo que las autoridades regionales hayan cambiado su opinión. Cabe señalar que, aunque cambió el ministro –o mejor, el Ceremi de aquella época–, el actual Ceremi, que hoy funge como jefe de gabinete de la subsecretaria, es aún más influyente; por ello, viajar en junio o julio continuaría siendo peligroso.
Por eso, insisto en que debemos asegurar que haya acuerdo para que la comisión se constituya, y no tengo duda de que el diputado Calixto estará presente. Teniendo en cuenta esta situación, sé que se habían propuesto otras dos fechas durante el mes de mayo; pero, considerando los hechos ocurridos recientemente con el tema de los aranceles y la evidente ausencia del ministro en nuestro país, esas dos fechas quedan lamentablemente sin posibilidad de sesionar en aquella región.
En consecuencia, nos queda aprovechar la visita del ministro en las siguientes fechas: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de abril, para poder sesionar en esa región. Solamente tendríamos que tomar el acuerdo para efecto de hacer las comunicaciones del caso, considerando que se trata de una semana distrital –no legislativa– y, por ello, debemos pedir la autorización en los comités parlamentarios correspondientes a las actividades distritales.
Diputada Baiset: Tiene la palabra.
Respecto al tema del ministro, se señaló que, a partir de mayo, estaría al menos tres semanas fuera, entre traslados y los días que deberá permanecer en el extranjero, ya que no solo se encontrará en un solo lugar, sino que visitará varios países de Asia.
¿Alguna otra consulta respecto al tema o se toma como acuerdo pedir la autorización a los comités?
El día de la sesión –podríamos solicitarlo cuando corresponda–; disculpe, señor presidente, consulté recién con los asesores del ministro y están verificando la agenda exacta para determinar si, a lo mejor, podemos hacerlo el lunes por la tarde o el miércoles por la mañana, o bien, si contamos con la presencia de otros miembros de la comisión que sustituyan al diputado Calixto, hacerlo directamente el martes. Necesitamos precisar la agenda para fijar una fecha, sin perjuicio de que se ha acordado hacerlo en esas fechas relativas, y pedir autorización a los comités en esos términos.
¿Esa información se la van a entregar durante el transcurso de la sesión? Se hará lo más rápido posible, para tener la certeza de la información y tomar el acuerdo sin forzar ahora la decisión.
Entonces, quedó pendiente el acuerdo para efecto de establecer el día.
—¿Algún otro tema?
Sí, señor, don Félix Bueño, palabra adelante.
Gracias, señor presidente. Quiero aprovechar para agradecer, también en nombre de varios, las gestiones realizadas en la sesión pasada. Yo reclamé con mucha insistencia, ya que 88 agricultores de la comuna de Chimbarongo no recibieron el bono de emergencia climática del año 2023, por diversas razones y, a su vez, por la coordinación de la Seremia de Agricultura de la región de O’Higgins. Sin embargo, se pudo resolver, avanzar y gestionar gracias a la labor de la subsecretaria de la cartera de Agricultura, Ignacia Fernández. Yo creo que el nivel de…
y además de celeridad para lograr estos recursos y también programas de productividad para estos pequeños agricultores de la comuna de Chimbarongo, donde yo soy parlamentario. Así que quiero, también por su intermedio, presidente, darle las gracias por la gestión, por la celeridad. No puedo decir lo mismo del ministro, pero alguien tenía que hacer cabeza y también dar la cara. Lo quería mencionar en esta Comisión de Agricultura. Muy bien, diputado Buqueño. ¿Alguien… otro tema?
Entonces, pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante de la responsabilidad penal el hecho de cometer el delito en zonas rurales (Boletín número 12.096-07). Se encuentra invitada y presente en esta sesión la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitão. Muchas gracias, Subsecretaria, por su presencia en esta comisión. Sin más, le entregamos la palabra a la Subsecretaria. Adelante.
Muy buenas tardes, diputadas, diputados, presidentes. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, por permitirme comentar el proyecto de ley que está en desarrollo en esta comisión, el cual se está analizando y se encuentra en este primer trámite constitucional.
Como ustedes ya saben, la idea matriz del proyecto es incorporar una agravante de responsabilidad criminal especial para sancionar delitos cometidos en las zonas rurales, considerando que existe, por parte del agresor, un aprovechamiento de la distancia que separa a su víctima del auxilio de la fuerza pública. Así, el texto establece en su número 22: ejecutar delitos en zonas rurales aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja de la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública.
Quiero comentar, a propósito de este proyecto de ley, algunas de las tareas realizadas y algunas consultas que se nos han hecho en varias oportunidades respecto del trabajo de prevención del delito en sectores rurales, tanto en relación con el proyecto como con la pertinencia de abordar temas de seguridad en las áreas rurales. En este sentido, se han desarrollado varias fuerzas de tarea público-privadas, que son instancias de coordinación intersectorial en las que participan diversas instituciones, ministerios, servicios públicos y actores privados, con el fin de comprometer esfuerzos institucionales destinados a la prevención del delito, incivilidades o violencias asociadas a fenómenos delictuales.
Estas fuerzas de tarea surgieron de la necesidad de asesorar al gremio agrícola, a partir de varias reuniones sostenidas con la Subsecretaría en materia de prevención situacional frente a delitos, entre ellos robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, en bodegas, galpones, así como robos de insumos y/o maquinaria, entre otros. Además, se lograron integrar mejoras en materia de persecución penal, capacitaciones y fiscalizaciones. Se constituyó una mesa en la región de O’Higgins en 2023 y otra en marzo de 2025 en Maule y Biobío, y, de acuerdo a diversos compromisos presidenciales, se debieran constituir fuerzas de tarea en Coquimbo, Los Lagos y la Metropolitana, también vinculadas al ámbito rural.
Por ello, estas fuerzas de tarea –y, en particular, la de la región de O’Higgins, que fue la región piloto para desarrollar estas iniciativas– avanzaron en tres acciones específicas. La primera fue la implementación de un protocolo para denuncias de robos en predios agrícolas, que estableció un procedimiento único de denuncia, un proceso estandarizado para fomentar la presentación de denuncias y un formulario complementario para casos de robo en lugar no habitado, entendiendo que, en muchas oportunidades, existe cifra negra en estos casos, ya sea por el monto, etcétera, lo cual desincentiva la denuncia y afecta la planificación de los servicios policiales y la generación de la información necesaria para determinar el número y la frecuencia de este tipo de delitos.
De este tipo de delitos. Por otro lado, se creó un foco investigativo de robo en predios agrícolas en conjunto con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, y se desarticuló, en particular, una banda criminal vinculada al delito de robo en lugar no habitado, que afectó a varias empresas de la región de O'Higgins, realizándose este procedimiento en abril del 2024.
Asimismo, se fortalecieron fiscalizaciones preventivas intersectoriales orientadas a abordar las principales rutas de transporte agrícola. Se han realizado 13 jornadas de fiscalización en las comunas de Graneros, Codegua, Rengro, Mayor, Alascabras, Plasillas, Santa Cruz, Marchiego, Epumanque y Peralillo. Durante ese periodo se efectuaron alrededor de 800 controles vehiculares, controles de identidad, infracciones y detenciones con órdenes vigentes, acciones realizadas entre enero y diciembre del año 2024.
Otra área de trabajo fue la capacitación en agroquímicos dirigida a Carabineros, a la PDI y al Ministerio Público, que contó además con la participación de la Seremia de Agricultura y con exposiciones a cargo del SAC y AFIPA, orientadas a potenciar los procesos investigativos de estos delitos, conocer usos, riesgos, manipulación y normativa vigente, y abordar temas de prevención situacional en predios agrícolas para fortalecer las condiciones de seguridad. Se realizaron visitas exploratorias en distintos campos para levantar información y, posteriormente, se elaboró un informe técnico con recomendaciones de prevención situacional para predios agrícolas.
A propósito de este trabajo, se incorporó al Plan Regional de Seguridad Pública un diagnóstico regional mediante la primera consulta comunal rural, que recogió la percepción de seguridad de los habitantes de las comunas rurales, con el objetivo de priorizar el abordaje preventivo de las problemáticas delictuales en esta población. Este diagnóstico se aplicó en los consejos comunales de seguridad pública entre enero y abril del 2024, con la participación de 256 municipalidades a nivel país, abarcando casi todas las comunas clasificadas como rurales, que suman 270, si no me equivoco. A partir de los resultados obtenidos se elaboró un Plan de Acción Rural que constituye una hoja de ruta para un abordaje intersectorial de las problemáticas de seguridad presentes en los territorios priorizados en cada región. En dicho plan se registraron 1.806 acciones, implementadas con un avance del 86%; algunas regiones alcanzaron el 100% de ejecución (Atacama, Maule, Orocanía, Los Ríos y la Metropolitana) y en otras 10 regiones el avance fue de entre 67% y 94%.
¿Por qué se mencionan estas acciones? Porque representan una experiencia piloto para visibilizar y evaluar los resultados de las medidas emprendidas, y para avanzar no solo desde el ámbito normativo punitivo —como propone este proyecto—, sino también desde el enfoque de acciones específicas con pertinencia territorial y vinculadas a zonas rurales. Este ha sido un tema muy relevante no solo en este último tiempo, sino en general en materia de seguridad, y ya en el año 2024 se había desarrollado todo este plan de trabajo en zonas rurales, siendo importante su visibilización.
Por supuesto, a partir del nuevo Ministerio de Seguridad se espera que la especialización en esta área permita que las fuerzas de tarea, o aquellas que hayan sido desarrolladas como tales, puedan profundizar sus acciones de forma sistemática y periódica, dejando de ser experiencias piloto o voluntarias de una autoridad para consolidarse como acciones sistemáticas en materia de prevención y abordaje de temas de seguridad. Por ello, se plantea que el Ministerio analice la posibilidad de transformarlas mediante eremías u otras herramientas e instrumentos, para que se implementen con mayor continuidad y se integren en planes de acción específicos en cada región.
Finalmente, paso a comentar el tema del proyecto de ley en particular, el cual entendemos orientado positivamente, pues busca en el fondo desincentivar la comisión de delitos en zonas rurales, haciendo hincapié en que el agresor suele actuar de alguna manera sobre sí mismo.
Seguro, conociendo que la capacidad de respuesta de la fuerza pública se ve limitada por factores geográficos y territoriales, tenemos algunas aprehensiones y aspectos que se pueden mejorar o señalar para conferir mayor eficacia a esta norma.
En primer lugar, existen ya normas del Código Penal que abordan diversas agravantes. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 12 contempla como agravante la alevosía, es decir, obrar de manera segura y aprovecharse de circunstancias que facilitan la impunidad del delito; comprendiendo que las agravantes deben probarse, podría señalarse la ubicación del predio para aplicar esta misma consideración. Asimismo, el numeral 12 del mismo artículo establece como agravante la comisión del delito en horas nocturnas o en ámbitos despoblados, agravante que podría aplicarse en estos casos.
Por otro lado, el artículo 456 bis prevé una agravante especial para los delitos de robo y hurto cuando se cometen en lugares carentes de vigilancia policial, en entornos oscuros, solitarios, sin tránsito habitual o que, por cualquier otra condición, favorezcan la impunidad. Es decir, la regulación penal vigente permite utilizar esta agravante en relación con el objetivo que se persigue con su incorporación, en línea con la problemática que busca resolver el proyecto.
No obstante, si se pretende establecer de forma explícita y vinculada a zonas rurales esta agravante, surgen ambigüedades que es crucial abordar. En primer lugar, no se define con claridad qué es una zona rural. En Chile coexisten diversas definiciones sobre este concepto, por lo que omitir una definición precisa en la ley podría derivar en aplicaciones arbitrarias y vulnerar el principio de legalidad. Una alternativa sería establecer la zona rural como la exclusión de zonas urbanas, por ejemplo, en relación con los Planos Reguladores. De igual forma, respecto a las comunas rurales, es relevante precisar que, aunque en Chile la mayoría de las comunas (más de 270 de 345) se clasifican como rurales, dentro de ellas coexisten áreas urbanas y rurales, lo que hace indispensable una definición clara.
Además, desde el punto de vista de la técnica legislativa y del derecho penal, se observa que esta agravante se basa en una condición estructural del territorio en lugar de en la conducta. Se estaría señalando un territorio al cual se le atribuye una agravante, cuando en realidad las agravantes están orientadas a la conducta de la persona que comete el delito, como lo establece el Código Penal al considerar la actuación sobre seguro o en despoblado, valorando la decisión del agente de aprovecharse de determinadas circunstancias, más que la ubicación per se.
Finalmente, es importante señalar que, al establecer la agravante, no queda claro si se trata de dos condiciones copulativas o de una única condición. La redacción actual señala: "ejecutar delitos en zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y ventaja que supone la barrera que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública", lo que genera ambigüedad en cuanto a si la agravante se aplica únicamente por cometer delitos en zonas rurales o también cuando se combinan ambas situaciones.
O sea, se entiende que el hacerlo en zona rural es aprovecharse de la situación. Sin embargo, no queda explícitamente claro, desde el punto de vista de la técnica penal, y yo estoy pensando más bien en que quien aplique la norma finalmente termine aplicando este agravante y, por no haber sido posible probarlo, se exima del mismo; o sea, que no se logre el objetivo de desincentivar la comisión de delitos en este tipo de lugares. Por lo tanto, esos son los comentarios que podemos hacer y, obviamente, estamos abiertos a las preguntas y comentarios de la comisión. Muchas gracias.
Hace la palabra, señores diputados, señoras diputadas. Don Félix, muy bien. Hay que encender el micrófono, está apagado. Hola, hola, hola. Gracias, presidente. Primero, quiero, por su intermedio, valorar el proyecto de ley que se presenta a través de la Subsecretaría. Hay varios temas que noté y que tienen que ver con el proceso de análisis que se realizó para llegar a este proyecto, contando con antecedentes y con visitas exploratorias (lo cual considero muy positivo, ya que es fundamental estar en terreno). También se destaca el tema de la participación ciudadana, que otorga mayor consistencia como insumo a los proyectos, transformándolos en herramientas tangibles. Creo que sería bueno, al llevar a cabo estas reuniones y mientras se va diseñando el proyecto, considerar los distintos problemas que se presentan en los sectores rurales, apartados o de difícil acceso. Por ejemplo, en la región de O’Higgins, se realizó la última reunión en 2023, en Navidad, en Lolol, en la comuna de Litueche y en Paredones, sectores rurales y apartados donde la comunicación es deficiente, por no decir nula. En Lolol, específicamente en el sector de La Cabaña, donde habitan alrededor de 300 familias, no se cuenta con mecanismos para avisar a Carabineros o Bomberos en caso de incendio; además, carecen de conectividad con la empresa de telefonía, y los caminos se encuentran en mal estado, siendo que los mismos vecinos deben repararlos debido a la falta de recursos. Considero que la vinculación o coordinación con otros ministerios o subsecretarías, para entregar más insumos en la elaboración del proyecto, sería muy provechosa, pues permitiría integrar estos elementos como herramientas de análisis. Asimismo, resulta relevante el tema de la definición de lo que es rural. Para complementar, sería conveniente incluir en estas visitas exploratorias los planes de acción que permitan revisar periódicamente la conectividad de internet y telefonía —tema de gran importancia—, así como los accesos a estos servicios, para vincularlos también con la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones. Muchas gracias, Presidente.
Gracias, presidente, subsecretaria. Muchas gracias también por asistir a la comisión, y se agradece la presencia de varios ex subsecretarios y ministros que, de no haber podido venir, al menos se hizo constar. Tengo un par de comentarios sobre el asunto. Primero, todos entendemos que al presentar un proyecto éste tiene unas ideas matrices o una base que puede ir modificándose, por lo que es posible que existan errores en el diseño o en las palabras mismas; y esa es precisamente la esencia del debate. Por lo tanto, no considero grave que se presenten imprecisiones o aspectos similares, ya que es lo que debemos analizar en esta primera instancia del fondo. En ese sentido, usted señalaba que la agravante se aplicaría por el lugar y sugería que, eventualmente, uno podría considerarla en hospitales o en otros sitios. Aquí tengo que discrepar, ya que usted proponía fijarse en las formas en que se aprovecha la situación por parte de quien comete el delito, razón por la cual se mencionan los lugares despoblados. Sin embargo, en este caso nos centramos en los lugares rurales, los cuales tienen una definición que incluye, entre otros aspectos, una menor densidad poblacional y un reducido acceso a servicios, normalmente...
Con menor presencia policial, con peores accesos y una serie de factores que inciden en ello. No estamos diciendo que exista un agravante por el hecho de cometer el delito en el sector rural de determinada comuna – sector rural definido por los nanorreguladores. Entonces, yo creo que eso sí engloba una realidad que también va de la mano con el aprovechamiento de quien comete el delito. Si hay una persona que es vecino de un carabinero o de una comisaría, probablemente no se meterán ahí. ¿Se están aprovechando de la situación? Sí, se están aprovechando, y por eso se describe este proyecto y el fondo. Eso es lo primero.
Entonces, yo discrepo con usted. Y lo segundo es que usted señalaba que hay que considerarlo desde el punto de vista técnico penal. ¿A qué se refiere exactamente con eso y cuál es su experiencia en materia penal para sostener que incorporar como agravante el hecho de cometer el delito en un sector rural o de difícil acceso – tal como expusieron la semana pasada algunos alcaldes (recuerdo especialmente el caso de Colina, que mencionó contar con lugares del radio urbano a 8, 10 o 12 kilómetros de difícil acceso) – genera falencias desde el punto de vista penal? Gracias, diputado Moreno. Tiene la palabra la diputada Riquelme.
A continuación, diputado Jurgensen y Labra. Muchas gracias, presidente. Saludo, por su intermedio, a la subsecretaria y agradezco también su presencia en un tema tan importante para nosotros, que tenemos principalmente comunas rurales. Es importante recalcar el origen de este proyecto. Todos recordamos los sucesos ocurridos en la comuna de Graneros; incluso, su alcalde fue invitado por la comisión. Fíjense que existen datos relevantes que justifican, en alguna medida, la necesidad de sancionar a quien se aprovecha de las condiciones propias de las zonas rurales, es decir, el hecho de tratarse de zonas apartadas, carentes de cercanía y conectividad, lo cual es fundamental.
Fíjese, por ejemplo, que en Pichilemu – como se mencionó hace poco por algunos colegas, incluido el diputado Bugueño – existen zonas, y también en la provincia de Cardenal Caro, donde no se puede aplicar la tobillera porque no hay señal electrónica. La tobillera, una medida tan importante y eficaz para ciertos delitos, no se puede implementar en esos lugares por la falta de conectividad. Esto ocurre también en localidades como Coya, que se encuentran a un paso dentro de la comuna de Machalí, donde sucede lo mismo.
Quiero destacar este punto, ya que los diputados de la región de O’Higgins hemos solicitado transversalmente un aumento en la cantidad de fiscales. Desde el año 2016 hasta la fecha se mantiene la misma cantidad de fiscales, por ejemplo, en la unidad de análisis criminal y focos investigativos – fuerza de tarea compuesta por cuatro fiscalías – mismos que estaban asignados en 2016, a pesar de que el número de delitos en las zonas rurales se ha más que duplicado.
Nuestra región fue castigada, subsecretaria, al contar con un fiscal que no era del agrado del fiscal nacional, producto de la disputa entre el fiscal Abbot y el fiscal Arias. Lo expreso con gran responsabilidad, pues fue castigada nuestra región completa y no se nos asignaron más fiscales. Hoy en día enfrentamos un tremendo déficit en esta materia y no contamos con recursos para aumentarlos. Además, todos los parlamentarios firmamos una carta hace tres años solicitando el aumento de la dotación del Ministerio Público, y todavía no hemos recibido respuesta a ello.
¿Y por qué es tan grave? Porque, al igual que mencionó el colega Bugueño, en Lolol se detectó un laboratorio, al estilo de lo que se muestra en la serie Breaking Bad, dedicado a la fabricación de metanfetamina.
Lo, entonces estamos viendo que en nuestras comunas rurales se ha instalado el crimen organizado, aprovechándose de la falta de conectividad y de la ausencia de comisarías. Fíjense que, en Codegua, se han entregado vehículos de carabineros por parte del gobierno regional; sin embargo, no contamos con suficiente personal. Hay siete carabineros en la comuna, con un vehículo y una moto, y ninguno de ellos tiene licencia para manejarla. Asimismo, en Graneros llegó otro vehículo, pero no hay dotación para operarlo, ya que el gobierno regional se ha dedicado a financiar más vehículos sin contar con el personal necesario. Es para nosotros un problema serio el tema de los delitos en la ruralidad.
Y, aprovechando la presencia de la subsecretaria, quiero manifestar por qué estamos tan alarmados: nosotros, que somos de esta comisión de corazón, representamos a la zona rural y a los agricultores, y realmente existe un gran sufrimiento y una notable falta de seguridad en esos sectores, situación que ha sido aprovechada por el crimen organizado. ¿Han visto tierra fértil en esos espacios, ideal para fomentar delitos tan graves como el narcotráfico? Eso es, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Riquelme.
Tiene la palabra el diputado Júri.
Muchas gracias, Presidente. Quisiera saludar a la señora subsecretaria y agradecerle, al igual que mis colegas, su presencia el día de hoy acá. Hago mías las palabras de la diputada Riquelme: el crimen organizado está instalado en el sector rural; en las comunas más pequeñas de nuestro país se establece con mayor facilidad, pues es mucho más sencillo operar en localidades donde hay escasa presencia policial. Además, en esos espacios hay mayor margen para desarrollar actividades ilícitas, como se evidencia en Espetona, donde ya se han establecido laboratorios para producir droga. Imagínense lo que hemos llegado a ver.
Quisiera comentar, señora subsecretaria, que efectivamente, tal como dice el diputado Benjamín Moreno, cuando se presentan estos proyectos de ley se hace porque se escucha a los afectados. Esa es la génesis de este proyecto, que, al igual que cualquier otro, está sujeto a mejoras. Por ello, se han recibido distintos aportes en la discusión. La semana pasada, un profesor reconocido, el profesor Ignacio Riz, junto con un equipo de profesionales del SNA, examinó el proyecto y ofreció sugerencias para perfeccionar los aspectos que usted ha mencionado.
Creo que será oportuno recoger dichas ideas para traer indicaciones que nos permitan sacar adelante un buen proyecto, tarea que llevaremos adelante en conjunto con otros diputados. También quisiera aprovechar esta oportunidad, tal como lo hizo la diputada Requielena, para señalar que lo que deseamos es que el gobierno asuma un rol mucho más activo en estos proyectos. El mundo del agro, la zona rural y la gente de campo se encuentran en un total desamparo, situación que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo. Por ello, este proyecto de ley, de data del periodo pasado, no tuvo la acogida que esperábamos en ese momento, pero tengo fe en que este gobierno se hará cargo, nos ayudará a mejorar el proyecto y, ojalá, le otorgue la urgencia necesaria para que salga adelante rápidamente.
Quisiera preguntarle: ¿cómo ve usted o qué análisis puede hacer respecto al plan Calle Sin Violencia? Claramente, esta medida puede tener un efecto en lo que ocurre en sectores rurales, ya que se redestina dotación policial de localidades pequeñas hacia zonas urbanas para cumplir con dicho plan. Esto podría equivaler a desvestir a un santo para vestir a otro. Me gustaría conocer su análisis al respecto: ¿realmente tiene impacto o no?
Una vez más, agradezco su presencia acá, pues demuestra que, junto al gobierno, están igualmente preocupados por este serio problema que debemos abordar de forma decidida.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, diputado Jurgensen.
A continuación, la palabra de la diputada Paula Labra.
Muchas gracias, Presidente. Me voy a tomar de las palabras...
Diputado Jürgens, diputado Morino, voy a agradecer su presencia también, como lo mencionó la diputada Riquelme y agradecer que se le esté dando la relevancia al tema de la seguridad rural, y que no se trate de "llorones" a los alcaldes de las comunas rurales que se quejan de la inseguridad.
Ahora me tomo la palabra de la diputada Riquelme y del diputado Jürgens, y me voy a aprovechar de su presencia para hacer algunos puntos y algunas consultas sobre lo que hemos visto en la presentación y lo que conocemos que se ha trabajado en temas de seguridad rural. Creo que podemos ver un popurrí de cosas, por lo que es importante que aclaremos un poco y podamos evaluar la efectividad de las distintas líneas de acción.
En primer lugar, se plantea que se conformaron fuerzas de tarea público-privado. Me interesa especialmente conocer que, en la Región del Maule, se dice que dichas mesas han sido constituidas este año; me parece muy positivo el avance en esa línea. Sin embargo, me gustaría saber –y quizás podamos oficiar como comisión– quiénes conforman estas mesas, quiénes las lideran, cuáles son los objetivos planteados y cuáles son los recursos asociados.
En segundo lugar, la subsecretaria nos comentó respecto a un Plan de Acción Rural que ha avanzado, según se señala, en un 86% de cumplimiento, y menciona nuevamente, felizmente, que la Región del Maule cuenta con un 100% de ejecución. Creo que sería bueno, presidente, que como comisión pudiésemos oficiar para conocer cuáles han sido esos avances a nivel nacional, ya que a mí me interesa especialmente la Región del Maule, pero resulta importante tener un panorama completo.
Específicamente, por su intermedio, me gustaría consultarle a la subsecretaria: el 31 de enero de 2024, el ministro Esteban Valenzuela comprometió una política de seguridad integral rural. Me gustaría saber si usted conoce qué era esta política y si tiene algún vínculo con las acciones que usted mencionó, pues el ministro en la Comisión lo desconoció.
Y la última pregunta a la subsecretaria, por su intermedio, presidente: el año pasado, en 2024, a través de convenios de transferencia con municipios de comunas rurales se realizaron traspasos de recursos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito; específicamente, en la Región del Maule se traspasaron 615 millones a 12 comunas. Solicito que se oficie, a nivel nacional, respecto a la efectividad de esos recursos y se nos informe, subsecretaria, si se mide el impacto de dichos recursos en pro de la seguridad rural, así como si dicho programa continuará durante el presente año. Esas son mis consultas. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Laura, respecto a los oficios que usted solicitó, no sé si la subsecretaria tendrá la información; de lo contrario, lo haríamos por oficio una vez que la subsecretaria exponga.
Solicito la palabra también la diputada Flor Baize.
Gracias, presidente.
Este tema es muy, muy relevante. Sumado a lo que han señalado los parlamentarios anteriores, nosotros tuvimos, en la Región del Bío Bío –mi distrito comprende la provincia de Arauco y Bío Bío, Los Ángeles, particularmente– un seminario el pasado viernes, organizado por el medio La Tribuna, que fue muy relevante respecto a los robos de productos e insumos agrícolas, y en general a la amenaza que hoy enfrenta el mundo rural.
Si bien un aspecto es el tratamiento de las agravantes, también es indispensable la tipificación del delito de robo de insumos, de productos agrícolas y de maquinaria, ya que muchas veces estos hechos se catalogan únicamente como robo en zonas no habitadas, o, como lo vimos con el diputado Ratt en otra moción parlamentaria, se debe tipificar de forma específica. A mi parecer, ambos enfoques son importantes y relevantes, sobre todo considerando que hoy día existen bandas de crimen organizado. No entraré en detalle con respecto a otros aspectos de la producción, insumos, fertilizantes, robos de animales o de ganado, o a las cosechas que deben pagar peaje, y a todos los planes como "Cosecha Segura" –planes que en el fondo no prosperan ni avanzan–; así, para qué decir, vayamos al ejemplo del "Estadio Seguro", y veamos lo sucedido.
Entonces, hoy día aquí tenemos roles. Nosotros, desde lo legislativo, junto con la subsecretaria de Prevención del Delito y todos los organismos que deben controlar y sancionar estos delitos adecuadamente, tenemos una tarea muy importante. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, presidente, consideramos que presentaremos incluso una indicación sustitutiva, ya que entendemos que no es necesario incorporar una nueva agravante, sino que ya contamos con la número 12, tal como lo expuso acertadamente la subsecretaria.