En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario da cuenta de los documentos llegados a la comisión. "Gracias, señor presidente."
Para esta sesión se han presentado los siguientes documentos para la cuenta: Se recibió oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo código penal, así como urgencia simple para el proyecto que modifica el código penal para tipificar como delito la zoofilia, que se discutirá en la sesión de mañana. Se expone, además, un proyecto iniciado en moción para tipificar los delitos de robo y receptación de medidores de agua potable; otro proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para reemplazar la denominación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la de Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Bienestar Animal; el proyecto iniciado en moción de la diputada señora Ahumada, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de aumentar los requisitos para ser elegido Presidente de la República; y, por último, un proyecto iniciado en moción que reforma la Carta Fundamental en materia de requisitos para obtener la nacionalidad.
Lo que pide, en definitiva, la Comisión es despachar a la brevedad posible el proyecto sobre fortalecimiento positivo que está hoy en tabla, el cual fue presentado por la Subsecretaría de Seguridad Pública de acuerdo con la ley 21427, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Se solicitará asimismo un informe sobre los resultados de la supervisión y seguimiento del plan anual de gestión operativa y administrativa 2024 de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Asimismo, se reiteró que la Comisión del mercado financiero fue remitida únicamente al Senado y que, en ese sentido, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Relaciones Exteriores se dirigirán al Senado para exponer la situación que se está provocando en el escenario internacional económico por las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos. Se destacó, además, que se han perdido oportunidades para conversar con ambos ministros.
La Secretaría intervino indicando: "Buenas tardes a todos. Ustedes presenciarán una situación relacionada con votaciones que deberán efectuarse en algún momento. No obstante, se ha establecido el plazo hasta las 15:15, por lo que, si a las 15 horas algún diputado hace presente el cumplimiento del horario de citación, se procederá en consecuencia."
Posteriormente, se informó que el director se comunicó efectivamente con la Secretaría, manifestando la disposición para asistir en los próximos días. Se espera que la nueva Presidencia coordine, junto con la Secretaría, que dicha intervención se realice a más tardar la próxima semana, según indicó el diputado Franco.
Finalmente, el presidente comentó a los diputados de zonas rurales que se ha observado una situación compleja respecto a los revalúos fiscales de las propiedades agrícolas. Tras conversaciones con los miembros de la Comisión de Agricultura, se ha recibido una solicitud para formar una Comisión de Agricultura mixta con el Senado bicameral, por lo que se insta a los colegas pertenecientes al Comité a considerar esta propuesta.
NACIONALIDAD CHILENA. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte. Oficio de la Corporación a solicitud del diputado don Francisco Gondurraga. Se remite a la Comisión de Defensa Nacional para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica. El proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para proscribir la pena de muerte fue inicialmente asignado a esta comisión. Se informa que, para el día de hoy, la diputada doña Lorena Fríes reemplazará al diputado Gonzalo Vinter. Asimismo, se comunica el pareo entre la diputada doña Pamela Giles Moreno y doña Camila Flores Oporto para la sesión del martes, 15 de abril.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Jaime Gajardo, acompañado de don Pedro Vega, asesor de don Mox Loli; asesor de don José Francisco… José Valenzuela, asesor; y don Francisco Molina, asesor de la División Jurídica.
La Fiscalía Nacional confirma la asistencia del señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, acompañado de la Directora Ejecutiva Nacional, doña Mónica Naranjo; de la gerente de la División de Estudio, doña Ana María Morales; del profesional de la División de Estudio, don Gonzalo Droguet; del teniente coronel, doña Sonia Flores; del periodista, don Francisco Pincheira; y del fotógrafo, don Luis Bos.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) confirma la asistencia en forma presencial de su Presidenta, doña Luz María Fernández, y en forma telemática la participación de don Erick Ramírez, don José Miguel Cáceres y doña Carola Díaz, directores nacionales.
La Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro (AFREMCEN) confirma la participación en forma telemática de la señora Macarena Pino, Presidenta.
La Asociación de Funcionarios y Fiscalía Metropolitana Oriente (AFREMOR) confirma la asistencia presencial de su presidente, don Claudio Carballo.
Por su parte, la Asociación de Funcionarios y Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional confirma la asistencia del señor Cristian Vivallos, fiscal y tesorero de la entidad.
La Federación Nacional del Ministerio Público (FENAMIP) confirma la asistencia de su presidente, doña Paulina Ruiz Tapia.
El Servicio Médico Legal acompaña el informe del primer trimestre del año 2025, partida 10, glosa 11, sobre “los amantes y halladas de independencia”, destinado a todos los integrantes de la comisión; además, se trasmite oficio reservado dirigido al presidente de la comisión, referente a la glosa 22 sobre ascensos del personal. Asimismo, se junta oficio del Servicio Médico Legal sobre el segundo semestre, relativo a la mesa interinstitucional de adopción esforzada y regular en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que será remitido a todos los integrantes de la comisión.
La señora Francisca Baeza, abogada de la Comisión Legislativa Fundación Derecho y Defensa Animal, solicita respetuosamente poner en tabla el proyecto 16.369-16, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear una Comisión Permanente de Protección y Bienestar Animal.
La señora Natalia Césped Flores, Presidenta de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Funcionarios de la Fiscalía Regional Sur, solicita exponer respecto al plan de fortalecimiento del Ministerio Público.
Finalmente, se recibe una comunicación de la diputada, señora Ahumada, en la que se solicita priorizar el Boletín 16.673-07, que modifica la Carta Fundamental en materia de prerrogativas a las personas que han desempeñado el cargo de Presidente de la República.
Diputada Ahumada:
—Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo al ministro, al fiscal nacional y a todos los presentes en esta sala. Efectivamente, he solicitado que se ponga en tabla y en discusión este proyecto, que busca atender el recurso de todos los chilenos. Como ejemplo, señalo al presidente Boric, pensando en los recursos que se pueden destinar para la subvención y mantención del futuro de un expresidente. Por ello, considero importante analizar este punto y hago un llamado al propio presidente para que dé una señal de apoyo a esta moción. Se trata del Boletín 16.673-07, actualmente en discusión en esta comisión.
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Por otro lado, en el transcurso de la sesión se aborda el siguiente tema:
Diputado:
—Se presenta un fenómeno en relación con lo ocurrido en el tema del fiscal de predios rurales. El propio director de Impuestos Internos, reconociendo un error en el cálculo, ha indicado que se ha producido un alza en exceso, en promedio entre un 44 y un 52%. Cabe destacar que, paradójicamente, esta situación se ha manifestado en las zonas del norte de Chile y en la zona centro-sur. Además, el presidente ha comunicado que se deja un documento producto de un dictamen de la Contraloría, fechado el 2 de abril, en el que se anuncia el inicio de una investigación especial en el Servicio de Impuestos Internos, relativa a eventuales irregularidades en el proceso de revalúo de bienes agrícolas efectuado durante el año 2024.
—Se han designado dos fiscalizadores y se hace saber que es prioridad establecer la mayor disposición para realizar esta investigación de forma acuciosa. Le quiero pedir dos cosas, señor presidente: primero, que se auxilie a los comités para establecer una comisión provisorio –denominada “comisión picamilon”–, ya que el sistema que emite el certificado definitivo no está funcionando; esta situación ya escapa de la mano de los directores regionales. Por ello, solicitamos se oficie al Director Nacional para que explique qué ocurre con el sistema que no da los certificados de validación al subsidio.
Por último, argumento que, tras conversar con el Director Regional, se hizo una petición para que se enviara una nota en la que se comunique que, mientras el sistema se resuelve, no existe un documento definitivo y solo se puede acceder al beneficio con el certificado provisorio. Propongo, señor presidente, que se busque una solución, ya que llevamos meses en un trámite absurdo: el Servicio de Impuestos Internos exige un documento que ellos mismos establecen y, sin embargo, no pueden emitirlo, lo que afecta directamente la postulación a subsidios de vivienda. En este sentido, y si es conveniente, podamos redactar un oficio para enviarlo al Director.
Diputado (tras pausa):
—Tengo entendido que vamos a citar al Director de Impuestos Internos. ¿Por qué no aprovechamos esta ocasión para incluir todos los puntos planteados por el diputado en cuestión?
Diputado:
—Gracias, señor presidente. Quiero hacer alusión al mensaje de WhatsApp que nos envió la secretaria, relativo a la sesión que se llevará a cabo en el Senado mañana, en la que participarán la Comisión de Relaciones de Hacienda del Senado y la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar los efectos de las medidas arancelarias del presidente Trump. Considero una vergüenza lo que está ocurriendo, y me da la impresión de que nuestra comisión no ha logrado representar con firmeza la necesidad de que estos encuentros se establezcan mediante acuerdos. Aunque legalmente no es posible, y lo ha expuesto la secretaria, creo que la actitud de la Comisión de Hacienda del Senado es insuficiente. Es necesario, incluso, representar al ministro de Hacienda, quien concurre cada semana a esta comisión junto a la directora de presupuesto, y que, en varias ocasiones, se niega a colaborar adecuadamente.
La sesión pasada, para poner en discusión los temas referidos a la dieta de los expresidentes –cuándo debiera comenzar a operar o aplicar– algunos señalan que, una vez que se jubilan, se presentan varias mociones. Yo lo primero que pediría a nuestra Secretaría es que hiciera la recopilación de todas las mociones presentadas por parte de parlamentarios, para tenerlas a la vista y así tomar un acuerdo para exponerlas en discusión. Perfecto, presidente. Si le parece, ya tenemos avanzado eso y lo haremos llegar por correo electrónico a todos los integrantes.
Bien, quiero también comunicar a la Comisión que mañana vamos a discutir varios temas y, a propósito, la diputada Ahumada, asuntos relacionados con la protección animal. Hay un proyecto de zoofilia que tiene urgencia del Gobierno del Ejecutivo y que lleva bastante tiempo en nuestra comisión. Se aprobó en sala, vino con indicaciones y el Ejecutivo se comprometió a presentar una redacción armónica para la comisión de mañana. Espero que así sea y podamos resolver rápidamente el tema de la zoofilia. Asimismo, solicitamos que el Ministerio del Interior se presente mañana con la propuesta redactada, tal como lo planteó la ministra –o mejor, la subsecretaria, perdón–. También existe un proyecto de registro de maltratadores animales, que se presentaría mañana y lo trae el Gobierno para que ustedes puedan informarse. Cabe mencionar que, además de los diputados de esta comisión, hay otros miembros de la bancada de protección animal. Según me dice el señor Secretario, mañana vendrá la ministra con las indicaciones propuestas, Macarena Lobos.
Bien, iniciamos entonces el orden del día. ¿Le da, sí, diputado Hilavaca?
Sí, presidente, antes de entrar en la orden del día, la semana pasada quedó pendiente la nominación de la Subcomisión de Reglamento de la Cámara. Como me tocó presidir en esa sesión, no quise tomar la decisión, toda vez que considero que esa determinación debería ser tomada por usted como presidente.
Gracias, presidente.
Muy bien, gracias, diputado Ilavaca, y agradezco también el apoyo en la presidencia durante la sesión pasada, en la Comisión Mixta la semana anterior. Tenemos que designar a cuatro integrantes de la comisión, más el presidente, según lo informado por el señor Secretario de la Cámara, para conformar esta subcomisión que resolverá las modificaciones al reglamento. ¿Cómo resolvemos, señor Secretario?
Sí, el secretario general, a quien encontré hace poquito, me recordó el tema de constituir esta subcomisión de reglamento, con el propósito de revisar algunos aspectos que están regulados y que habría que perfeccionar. Han ido surgiendo distintos temas, como la cada vez más frecuente ocurrencia de que los proyectos van cambiando de comisión, situación que está causando problemas porque no se respeta el criterio de la Secretaría. En definitiva, es importante considerar que las comisiones técnicas definen su competencia en función de las materias que conocen. Por ello se han creado comisiones –como la creada por la Ley de Hacienda, y ésta de Constitución, Justicia y Reglamento, o la de Vivienda–, cada una con su ámbito de competencia, pero en ocasiones un proyecto termina en una comisión que no corresponde al tema. Entonces, uno de los aspectos a regular es esta integración.
¿Cómo resolvemos la integración? Yo, presidente, creo que sería adecuado contar con, por ejemplo, dos integrantes de la izquierda, dos de la derecha y el presidente, que es de centro. Me parece una buena opción. Por ello, se le pide a los integrantes de las distintas bancadas que propongan, si tienen interés, ya sea una solución inmediata o bien que traigan una propuesta para que tomemos la decisión mañana. Perfecto, de aquí a mañana tratemos de resolverlo.
Continuar entonces con la tramitación en general en esta sesión 246 para continuar con la tramitación en general del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, Boletín 16.374-07 con urgencia suma. Saludamos para este efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Cajardo, y a todo su equipo; también al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, a quien le damos la más cordial bienvenida junto a su equipo, que ha expuesto la posición de la Fiscalía en la comisión anterior. ¿Quién más nos acompaña? Representantes de la Federación Nacional del Ministerio Público y de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, quienes se encuentran como oyentes. Son cinco los expositores presentes, que representan a esas entidades.
Entonces, con la presencia del señor ministro y del señor fiscal, se ofrece la palabra a los expositores. Se define un tiempo: ¿ocho minutos? Bien. Se le ofrece la palabra a doña Paulina Ruiz Tapia, presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público.
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Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los presentes a esta sesión. Yo soy presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público y represento a la Fiscalía Oriente, a la Fiscalía Occidente, a la Fiscalía de Atacama y a la Fiscalía Sur. He presentado una exposición a la Secretaría, la cual entiendo que se hará llegar con mayores detalles, pero como dirigente de la institución me corresponde señalar que este proyecto es urgente para nosotros, para los funcionarios, porque evidentemente existe una sobrecarga laboral importante en la institución, la cual se ve incrementada con la instalación en nuestro país del crimen organizado, no solo en el ámbito penal, sino también en el apoyo a las víctimas y a los testigos.
Nuestra institución está llamada a grandes desafíos, pero con los recursos deficientes que tenemos hoy no podemos cumplir plenamente, pese al esfuerzo de sus funcionarios. En la presentación, que espero tengan a la mano, se detallan algunas de las funciones de las que desarrollamos los funcionarios, para que se evidencie el rol relevante que tienen tanto en la Fiscalía como en la tramitación de las causas, tema fundamental en una causa penal: contactos con los tribunales, con las policías, entre otros. En el Senado también expusimos las problemáticas que enfrentamos, que son varias, ya que se han promulgado diversas leyes que han venido a incrementar nuestra carga laboral. En este momento, nuestra institución tiene un índice de 3,9 fiscales.
por cada 100.000 habitantes. Y ese déficit, porque es un déficit si lo comparamos con otros países, también se refleja en el número de funcionarios. Es muy importante para nosotros que este proyecto salga adelante y que se promulgue a la brevedad. Hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando en este proyecto y, efectivamente, a fines del 2023 necesitamos recursos humanos, no solo por el aumento de los delitos, sino también por las lesiones psicológicas que sufren las víctimas. Cada vez hay más violencia en los delitos. Uno conversa con los funcionarios, especialmente de los turnos de flagrancia, que trabajan 24 horas los 7 días de la semana atendiendo las denuncias ciudadanas. La violencia es un factor relevante en el aumento de los delitos. Tenemos que tomar medidas contra esta situación, por eso hoy les pido que, por favor, apoyen este proyecto por la ciudadanía. La sensación de inseguridad de la población es muy importante y hay que acusar recibo de aquella situación.
No sé si voy a tener el tiempo para especificar profundamente en este tema, pero existe un aspecto humano muy relevante, sobre todo en la población que está más desprotegida y no cuenta con suficientes recursos; muchas veces la Fiscalía es lo único que tienen, y nosotros no podemos prestar el servicio en las condiciones en las que nos encontramos. Existen muchas otras situaciones descritas en la presentación, que ojalá puedan leer, y de las cuales apunta este proyecto a mejorar, porque de verdad nos importan nuestros usuarios. No queremos ver el sufrimiento de chilenos y chilenas en torno a este cáncer que es la delincuencia, ahora contaminada por el crimen organizado.
Esperamos, por ello, que ustedes nos apoyen y podamos sacar este proyecto adelante. Claro que no es la situación perfecta que quisiéramos, pues reconocemos la limitación de recursos. Por eso también nos interesa que se instale una mesa con el Ministerio de Justicia para trabajar en aquellos temas no incluidos en el proyecto, especialmente el incentivo al retiro, que afecta de manera global a los servicios públicos, y atender otras situaciones relativas a las carreras funcionarias, que son de todo el interés de los trabajadores del Ministerio Público.
Este proyecto incluye, positivamente, un elemento que mis afiliados me han pedido destacar: la asignación profesional. Nosotros, a diferencia de otros servicios públicos del Poder Judicial, no recibimos asignación profesional en todos los estamentos. Esta situación ha generado un perjuicio notable entre los trabajadores, quienes se han desmotivado, ya que, habiendo estudiado y aportado con su preparación al desarrollo de su cargo, no reciben dicha asignación. Históricamente, el Ministerio Público no ha contemplado este beneficio para ciertos estamentos, lo cual representa un error garrafal en la redacción de la ley orgánica que hoy tratamos de corregir.
Por mi parte, les pido que tomen conciencia de que esta iniciativa busca solucionar y paliar la nueva delincuencia que enfrentamos en Chile, atendiendo mejor a las víctimas y testigos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Paulina Ruiz Tapia, Presidenta de la Federación Nacional del Ministerio Público. Yo entiendo que hoy estamos recibiendo a todas las organizaciones de funcionarios del Ministerio Público; ¿no es así? ¿O hay más de las cinco que están acá? Hay más, pero todas han sido invitadas. Me imagino que ustedes representan la totalidad de los funcionarios del país.
Bien, le ofrezco la palabra a don Cristian Vivallos Aste, fiscal y tesorero de AFREM Sur, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional. Muy amable, señor presidente, honorables diputados de la República, señor Fiscal Nacional, autoridades del Ministerio Público y dirigentes de las distintas asociaciones, como bien dijo el señor presidente. Voy a hacer una aclaración para evitar equívocos: soy abogado asistente y fiscal subrogante cuando me corresponde; lo dejo constancia para que figure en el acta.
Nosotros los funcionarios representamos el 82% de la planta de la institución, que corresponde a profesionales técnicos, administrativos y auxiliares. Dentro del grupo de profesionales se encuentran los abogados asistentes, así como los profesionales de la unidad de víctimas y testigos, entre otros.
Para nosotros el proyecto es muy importante y agradecemos al Gobierno que se haya otorgado la urgencia, porque, como bien dijo doña Paulina presente, hemos absorbido la gran cantidad de nuevas leyes dictadas en los últimos años con la misma dotación. Esto ha traído un percance, pues, lamentablemente, no damos abasto para suplir todas las necesidades de la ciudadanía. Es un hecho real: en los últimos años hemos observado un aumento de hechos delictivos de gran gravedad y tenemos la misma dotación.
Por ello, nos parece urgente ampliar la planta institucional, ya que el aumento de personal permitirá elevar la calidad de la atención a las víctimas y testigos, mejorar la eficacia de la tramitación de las causas y optimizar la persecución penal. Aquí lo más importante es mejorar la persecución penal, porque con la dotación actual, lamentablemente, no damos abasto.
Agradecemos el proyecto y nos encantaría que se incluyeran todas las mejoras que hemos solicitado, según lo especificado en la minuta que acabamos de entregar, ya que el proyecto no contempla algunas demandas históricas que hemos planteado; como, por ejemplo, desarrollar una propuesta de incentivo al retiro, al igual que lo tiene el Poder Judicial, para todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
Recordemos, honorables diputados, que antes de la existencia del Ministerio Público, las investigaciones se realizaban en su totalidad por el Poder Judicial. Es decir, en cierta forma somos el primo lejano o primo hermano del Poder Judicial y no contamos con los mismos beneficios. Actualmente, no existe un incentivo de retiro en los mismos términos para fiscales y funcionarios como el que tiene el Poder Judicial, y eso es fundamental. Agradecemos de antemano la implementación de la asignación profesional para todos los funcionarios que aún no la tienen.
Sin embargo, también enfrentamos otro problema. Existe un estamento que hoy queda en desmérito y está siendo perjudicado: el de los abogados asistentes. Es el único estamento que tiene coartada su posibilidad de ascenso y se encuentra encasillado en cuatro grados, mientras que los demás estamentos profesionales del Ministerio Público pueden ascender. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque en la primera reforma del año 2015 esa discriminación no existía. Esa modificación se introdujo en el inciso segundo del artículo 72, el cual establecía que los profesionales podían ascender de grado 11 a grado 6, pero los abogados asistentes quedaban encasillados entre grado 11 y grado 8.
¿Por qué ocurre esto? Porque así se determinó en su momento, lo que genera que, al llegar el momento en que distintos profesionales continúen ascendiendo, los abogados asistentes no puedan hacerlo. Además, la reforma contempla 205 fiscales, mientras que la planta de abogados asistentes es de 560; de modo que, mediante concurso público, ni siquiera la mitad de aquellos que cumplen los requisitos podrán ascender, quedando encasillados. Esto implica la pérdida de personal altamente calificado, siendo más del 80% de ellos con magíster e incluso doctorados, quienes, al ver mermada su posibilidad de ascenso, buscarán otras oportunidades.
Reiteramos nuestro agradecimiento por el proyecto, que consideramos muy bueno, y planteamos este tema ante el compromiso de implementar una mesa de trabajo con la Fiscalía Nacional, el Ministerio de Justicia y las asociaciones gremiales, en la que se abordará el tema de los abogados asistentes, el incentivo al retiro, la carrera de formación y, sobre todo, la carrera funcional que actualmente no existe. Por ello, solicitamos…
Que se retire a la autoridad de gobierno para que esa mesa de trabajo se implemente, para que esas cosas que quedaron afuera del proyecto se puedan trabajar y se puedan implementar. Muchas gracias, honorables diputados.
Muy bien, don Cristian Vivallos, de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional (AFFREMSUR).
Bien, le ofrecemos la palabra a doña Luz María Fernández Saldías, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Bienvenida.
Muchas gracias. Saludos a todos los honorables integrantes de esta comisión. Soy abogada asesora de la Fiscalía Nacional y vicepresidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público. Para no repetirme con las ideas que ya han expresado y a las que estamos todos de acuerdo, desde las asociaciones, tengo que resaltar la importancia y la relevancia de este proyecto, que aumenta la dotación de funcionarios y fiscales y que nos va a permitir hacer frente de mejor manera a un complejo escenario de la criminalidad en nuestro país y dar la atención que la población se merece, en tanto hasta el momento hemos logrado cumplir esa tarea a costa de la vida personal y, muchas veces, de la salud de nuestros funcionarios y fiscales.
De manera que apoyamos e instamos a la pronta concreción de este proyecto de ley y al fortalecimiento mediante el aumento de la planta, así como la valoración de la asignación profesional, que constituye una aspiración histórica y viene a hacer justicia a nuestros auxiliares administrativos, quienes, a pesar de contar con títulos y preparación –y realizando actividades especializadas de apoyo en la persecución penal y atención a víctimas–, no gozaban de dicha asignación. Estamos convencidos de que este proyecto refuerza el corazón de la misión de nuestra institución.
Ahora bien, dicho eso, hay algunos aspectos que son aspiraciones históricas de los funcionarios y que creemos deben ser puestos en atención para que sean considerados. Uno de ellos es la regulación de las relaciones laborales de parte del Ministerio Público de sus funcionarios, dado que los funcionarios y fiscales constituyen estamentos diferenciados dentro de la institución. Estas relaciones están estatutarias, es decir, reguladas a través de la ley orgánica constitucional, la cual contiene muy pocas disposiciones. Muchas de las normas que regulan las relaciones laborales en la Administración Pública no se aplican al Ministerio Público y, en su lugar, se rigen por reglamentos dictados por el Fiscal Nacional. Sin embargo, no existe un órgano al que puedan acudir los funcionarios que oriente con lineamientos generales la correcta aplicación de las normas laborales o que regule esos estatutos y derechos.
Como consecuencia, cuando los funcionarios discrepan con la institución o consideran que ciertas normas están mal aplicadas o vulneran sus derechos, quedan expuestos a una cierta desprotección, puesto que la Contraloría resulta incompetente y no existe una Inspección del Trabajo que cumpla con una función preventiva de carácter general. ¿Y qué sucede? Los funcionarios se ven forzados a demandar ante los tribunales, bien sea a través de un recurso de protección o mediante una demanda laboral contra su propio empleador, situación que evidencia dicha desprotección.
Creemos que este aspecto podría revisarse, mejorando la situación y evitando la conflictividad, lo que redundaría en mejores relaciones internas en el Ministerio Público. Debemos también señalar que resulta fundamental subsanar la discriminación y el abuso que sufren los abogados asistentes, como bien ha mencionado el colega Vivallos, quien lo vive en carne propia. Estos abogados asistentes han venido asumiendo, día a día, funciones propias de fiscales, además de sus labores de apoyo a las investigaciones, audiencias y alegatos, sin contar con una carrera funcionaria equiparable a la del resto de los profesionales del Ministerio Público, que, como explicó el señor Vivallos, abarca desde el grado 11 al grado 6. A pesar de soportar una carga importante en las investigaciones y en la labor de persecución penal, los abogados asistentes no tienen esa progresión, pese a que se espera que tengan la posibilidad de ascender a fiscales. Sin embargo, lo que sucede es que la rotación…
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Reanudó, entonces, la sesión. "Colega, vamos a pasar entonces al segundo punto que tiene que ver con recibir al Ministerio de…" Pero bien, venía la directora de presupuesto, ¿no? Sí, viene de forma presencial. La directora, con el objeto de tratar los aspectos presupuestarios y de personal relativos al proyecto de ley que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del Adulto Mayor – boletines 3.822-07, 12.451-13 y 12.452-13, refundido con urgencia calificada de suma –, expondrá a continuación, y a su término se procederá a la votación.
Está invitada a exponer la directora de presupuesto, en representación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro Cáceres. Bienvenida, ministra, junto con la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, la señora Claudia Asmat Palomo, y sus asesores: el jefe legislativo, el señor Fernando Carballo, y las asesoras, señoras Elena Gutiérrez y Tania Mora. También se encuentra presente una organización de personas mayores que ha asistido a escuchar esta sesión.
Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los colegas que participaron en la votación. Gracias por apoyar esta Presidencia, y gracias también a todos por manifestar el compromiso de llevar esta comisión –lo que resta de nuestro período– de la mejor manera posible, centrando nuestros esfuerzos en apegarse al reglamento y, con la colaboración de todos, cumplir todos los puntos que sean necesarios para impulsar esta comisión. Muchas gracias a todos y todas.
Diputado Donoso: Gracias, presidente. Usted gana las elecciones, así que felicitaciones y espero que lleve adelante esta tarea de buena manera. Respecto al punto, el Ejecutivo, a través de la ministra de Desarrollo Social, se comprometió la semana pasada a informarnos sobre las indicaciones que iba a presentar en sala, a raíz de la consulta que realicé acerca de la regulación que obliga hoy en día a incorporar a un Director del Adulto Mayor en las cajas. Existía una norma que buscaba corregir la proporcionalidad de ese mecanismo, ya que, de venir implementado de manera excesivamente incentivada, podía generar problemas en los directorios, especialmente en los casos de los nominados por los trabajadores de la caja.
Muy bien, bienvenida la directora de presupuesto, Javiera.
Diputado: Bien, sí, gracias, presidente.
Eh, a ver, la semana pasada –y el diputado Alonso tiene razón– quedamos en que el Ministerio iba a socializar con las distintas bancadas y con el personal que colabora con ustedes, los diputados. Yo quisiera saber si eso se realizó o no, ya que se había comprometido la discusión para agilizar la votación hoy; es decir, el ánimo era poder votar hoy, dado que toda la consulta se suponía que había sido socializada con los distintos diputados. Entonces, quiero saber si efectivamente se hizo, para determinar si ya es factible terminar de votar este proyecto, que, obviamente, a todos nos urge e interesa.
Muy bien, ¿alguien más?
Gladia:
De los fiscales es muy escasa, de manera que estos abogados asistentes, a pesar de la carga de trabajo y de la responsabilidad similar a los fiscales, no pueden ascender de forma igualitaria con el resto de los profesionales – abogados, asesores, arquitectos e ingenieros del Ministerio Público. Consideramos que esto debería subsanarse, permitiéndoles ascender hasta el grado 6. Esto no conllevaría una mayor carga presupuestaria, ya que los fondos destinados a los profesionales se aplicarían de igual forma en esos ascensos.
Asimismo, opinamos que debe revisarse la facultad de delegación existente en la Ley Orgánica Constitucional, establecida en 2015, mediante la cual se dispone que los abogados asistentes puedan desempeñar funciones del Ministerio Público en los tribunales de garantía. Dicha delegación, en teoría expresa y específica, ha sido aplicada de forma general, haciendo que los abogados asistentes cumplan todas las funciones de un fiscal, lo que ha derivado en una sobrecarga de trabajo que debe regularse.
Otro tema, igualmente importante para mejorar el proyecto de ley, es que nuestra asociación considera necesario poner fin a la “silla musical”, tanto de fiscales regionales como de directivos. Actualmente, los directivos, a pesar de ser de exclusiva confianza, se trasladan de cargo en cargo de región en región, permaneciendo muchos años en posiciones determinantes. Se debiera asegurar –aunque sean de exclusiva confianza, como hemos venido enfatizando– que estos cargos cuenten con el perfil adecuado que garantice las competencias necesarias para dirigir la unidad o jefatura correspondiente. De lo contrario, se perpetúa la situación sin un proceso de selección que vele por el cumplimiento de dicho perfil, lo que impide la renovación de los directivos que delinean y dirigen la institución conforme a los fines establecidos por el fiscal nacional.
De igual forma, ANFUMIP rechaza el artículo 30 de la ley 19.640 que se propone, el cual permitiría al fiscal adjunto titular volver a asumir el cargo una vez concluido su periodo como fiscal regional en una región distinta de aquella en la que ejerció sus funciones. Si bien se podría argumentar que la experiencia es valiosa, consideramos que ejercer como fiscal regional debería marcar el término de la carrera en ese cargo, ya que el retorno a la institución, con la red de influencias acumulada, distorsiona el sistema. Además, esta situación resulta inconstitucional, puesto que la Constitución – en sus artículos 84 y 88 – establece que los fiscales deben ser designados a través de concurso público sin excepción. Por ello, una vez finalizado el periodo, el cargo debe quedar vacante y no ser ocupado sin proceso competitivo.
Finalmente, existen otros temas de igual relevancia para los funcionarios que requieren abordarse. Dada su complejidad técnica o la necesidad de mayor presupuesto, consideramos que estos asuntos deberían tratarse en el marco de una mesa de trabajo. Ministro de Justicia, lo miro a usted en espera de que se concrete esa mesa que hemos venido discutiendo, la cual nos permita abordar cuestiones esenciales para el adecuado funcionamiento del Ministerio Público, la protección de la carrera funcionaria, la renovación del personal y el incentivo al retiro.
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Orador:
Palabra, no administra, tiene usted la palabra.
Sí, gracias, gracias, presidente. Felicitaciones también por su elección respecto de las preguntas que hacen los diputados. Efectivamente, como conversamos la semana pasada, hoy venimos a compartir en la Comisión la información relacionada con los contenidos de las indicaciones que tenemos contemplado presentar en la sala, en relación al informe emitido por la Corte Suprema sobre este proyecto de ley. En ese sentido, puedo comentarles dichos contenidos, sin perjuicio de que debamos presentarlos formalmente –ya que serán remitidos por el presidente–, quedando pendiente la dimensión textual correspondiente.
Respecto a estas indicaciones, el informe de la Corte Suprema señala que, en materia de derecho a la igualdad y a no discriminación, es preciso dotar de mayor claridad el hecho de que todo acto de discriminación arbitraria puede ser denunciado y será sustanciado según la ley 20.609. En esta materia, acogemos ese comentario e incorporamos la indicación conforme a lo señalado por la Corte Suprema sobre el acceso a la justicia, especificando que debe garantizarse la debida diligencia y el trato preferente en la tramitación de causas que involucren a personas mayores de la cuarta edad, incluyendo la actuación de los tribunales de primera instancia.
Una de las innovaciones procesales del proyecto es la introducción del abandono social y la creación de un procedimiento específico para proteger a las personas mayores frente a vulneraciones particulares. En términos técnicos, y siguiendo lo recomendado por la Corte Suprema, se ajustan las definiciones para que sean homologables y coherentes con las relacionadas a la representación judicial, en consonancia con otras normativas. En este sentido, se modifica la definición de dependencia para alinear las diferentes concepciones existentes en los diversos cuerpos normativos.
Según lo planteado por la Corte Suprema, se acoge la modificación considerando especialmente los derechos a la autonomía e independencia de las personas mayores en el contexto de la representación judicial. Si bien es un derecho que debe garantizarse, la Corte insiste en que se respete la autonomía de la persona mayor, disponiéndose la representación únicamente para quienes carezcan de ella. Asimismo, se realizan ajustes en materia de medidas cautelares y en la organización de la audiencia preparatoria del procedimiento, la cual se crea atendiendo a los antecedentes y propuestas presentadas, tal como lo indicaron las observaciones de diversas instituciones ante las dificultades del actual procedimiento de violencia intrafamiliar cuando no es posible identificar un agresor.
En definitiva, el abandono social se configura como una vulneración que constituye una situación violenta para la persona mayor, incluso cuando no se identifique a un agresor. No obstante, se aclara que, en los casos en que se pueda identificar al agresor, existen otras acciones disponibles.
En condiciones similares al Poder Judicial y también para los fiscales, y el perfeccionamiento del sistema de ascenso y otros aspectos técnicos que requerirían presupuesto y que probablemente retrasarían la aprobación de este proyecto de ley –cuestión que no queremos, pues deseamos que pueda aprobarse prontamente–, sería adecuado abordar estas materias en una mesa técnica. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Luz María Fernández, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP). Entiendo que están también de manera telemática y que la acompañan en su presentación don Erick Ramírez Varas, don José Miguel Cáceres y la señora Carola Díaz Martínez, quienes imagino son integrantes de dicha asociación. Los saludamos y les ofrecemos la palabra a don Claudio Carballo Román, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente (AFREMOR).
Buenas tardes, diputados y diputadas, señor Fiscal Nacional y señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Claudio Carballo; soy abogado asesor de la Fiscalía de Oriente, fiscal adjunto, y además presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que cuenta con más de 600 afiliados a nivel país.
Creo que los compañeros y compañeras que han expuesto han señalado las temáticas fundamentales que estamos abogando que se apruebe. Sin embargo, también consideramos importante la referencia de este proyecto de ley a la Academia del Ministerio Público, que es el aspecto formativo que requiere la institución, y a la división de prioridad e integridad del Ministerio Público, dada la problemática que hemos enfrentado en estos últimos tiempos a raíz de casos complejos.
Es importante señalar que la ampliación de la dotación no solo se relaciona con el aumento y la complejidad de los casos, sino también con otros fenómenos, como el ejemplo de la entrevista grabada en materia de delitos sexuales contra menores y adolescentes. Esa instancia, para nosotros como institución, ha demandado una cantidad significativa de recursos humanos y profesionales, distrayéndonos en ocasiones de otras investigaciones de igual o mayor importancia, lo cual representa un peso específico ante la baja de la dotación.
Asimismo, resulta fundamental la equiparación de los abogados asistentes respecto a otros profesionales. El problema que surgió durante la tramitación del Plan de Fortalecimiento 1 en el año 2015 fue que algunas integrantes de la propia institución se opusieron a que los abogados asistentes tuvieran el mismo grado que los fiscales. Hoy, los fiscales alcanzan hasta el grado 5 y otros profesionales hasta el grado 6, siendo los abogados asistentes los únicos que no logran acceder a los grados 7 y 6. Pareciera, o es de justicia básica, que los profesionales que además de ejercer funciones como abogados asistentes cumplen una doble función –tanto como abogados como fiscales– puedan acceder a los grados que otros profesionales de distintas áreas alcanzan por antigüedad y mérito propio durante el proceso de ascenso. Como bien señaló la colega, esto no implicaría una irrogación de una mayor cantidad de recursos.
Coincidimos con la Fiscalía Nacional en que la primera parte de la progresión de la ampliación de la dotación debe ser proporcional a la cantidad de funcionarios y fiscales que integrarán la institución, dado lo urgente de esta necesidad.
También rechazamos la modificación del artículo 30, ya que consideramos que se están alterando las reglas para los fiscales regionales que actualmente ejercen y que han sido fiscales adjuntos, afectando las normas básicas de designación de un fiscal –similares a las normas de designación de un juez, en tanto al carácter público de los concursos para acceder a dichos cargos.
Nos parece importante el establecimiento de la asignación profesional para los estamentos administrativos y auxiliares, tema que quedó pendiente en la tramitación del proyecto de ley anterior, y solicitamos al señor Ministro de Justicia que, prontamente, se instale una mesa técnica para abordar los temas ya referidos por ANFUMIP en relación al proceso de ascenso, a la contratación y a los sistemas de contratación respecto a la nueva dotación, considerando que existen dos fórmulas: el concurso público y los concursos internos.
de manera de poder ir renovando la planta interna. Apoyamos este proyecto porque es la única manera de dar solución a un problema que venimos arrastrando desde el 2015, cuando la dotación que se requería era mayor que la que se pidió en ese momento. Así que esa es nuestra posición. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Claudio Carballo Román, presidente de la Asociación de funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Oriente (AFREMOR). También tengo dos solicitudes más de asociaciones de funcionarios, pero vía telemática. A todos los presenciales ya se les ofreció la palabra.
Doña Macarena Pino, presidenta del Directorio de Hacer Nacional de AFRENSEM, asiste en nombre de las asociaciones de funcionarios y funcionarias de AFRENSEM y AFUNSUR, respectivamente. Se le ofrece la palabra.
—Harta sigla. Sí, por su intermedio, presidente, agradecer la invitación. Buenas tardes a todas y todos los presentes y a las autoridades. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Perfecto.
Bueno, señalar que tanto la asociación FUNSUR como Frensen —representantes de la Fiscalía Centro Norte y de la Fiscalía Sur— concordamos con los antecesores dirigentes respecto a los elementos que no se consideraron en el plan de fortalecimiento y que, para las asociaciones de funcionarios, resultaban muy importantes: lo relacionado con el incentivo al retiro y la limitación de la carga funcionaria de los abogados asistentes de fiscales. También coincidimos en la necesidad de constituir con suma urgencia la mesa de trabajo ofrecida por el ministro anterior, el señor Cordero, y en señalarle ahora al actual ministro de Justicia que estamos expectantes de ser convocados, pues quedaron muchos temas importantes fuera de discusión. Por ejemplo, la modificación del sistema de nombramiento de fiscales regionales y del fiscal nacional, especialmente a la luz de los últimos sucesos. Más que nunca se hace necesario replantear la forma de elección de las máximas autoridades del Ministerio Público, en lo que respecta a la designación de los fiscales regionales y del fiscal nacional. La fórmula diseñada al inicio de la reforma pudo tener sentido hace 25 años, cuando se trataba de una institución recién creada; pero creemos que es momento de dar un paso adelante, eliminando los procesos actuales de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Senado, e incorporando un sistema más eficiente, reglado, moderno y transparente que elimine el tráfico de influencias sin atentar contra el principio de autonomía del Ministerio Público.
En puntual, esta modificación quedó fuera porque se nos indicó que no se trataba de una reestructuración del Ministerio Público, sino de un plan de fortalecimiento. Y ahí radica también el punto que nos preocupa: para nosotros, este plan de fortalecimiento es fundamental, con una proyección a 25 o 30 años. Por ello, nos inquietan ciertas modificaciones a la ley orgánica constitucional que propuso la Comisión de Constitución del Senado, en especial las previstas en el artículo 17 sobre la dictación de medidas específicas. La posibilidad de que el fiscal nacional dicte medidas específicas en cualquier hipótesis podría desdibujar totalmente el modelo existente en nuestro país y en la mayoría de los sistemas que se rigen bajo un Estado democrático de derecho.
El senador Araya señaló que, si bien efectivamente el problema del Ministerio Público es un problema de diseño que pudo haber sido funcional en el origen de la reforma, hoy ya no lo es. Por tanto, sostuvo que, si bien debería rediseñarse por completo, dada la imposibilidad de hacerlo de una vez, se propuso esta medida intermedia. El país necesita que el Ministerio Público haga valer el interés de la sociedad en la persecución penal y que fortalezca su capacidad para ejercer el poder punitivo del Estado.
Pero la gran pregunta que surge es: ¿cómo se logra eso, otorgando poderes absolutos al fiscal nacional para que resuelva cada investigación, aun cuando ello pueda generar problemas de eficiencia en el sistema, ya que todos los intervinientes recurren a esta instancia final? ¿Cómo se garantizan, con esta medida, los derechos de las personas?