Gracias. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta.
Hemos recibido una nota de la diputada señora Camila Musante, mediante la cual solicita de forma urgente citar a la próxima Comisión de Seguridad a la alcaldesa Sandra Maulén, de la comuna El Monte, quien ha sufrido la represalia del crimen organizado para coordinar un operativo que derribó cuatro narcos mausoleos en dicha comuna.
Se presentó, además, un correo electrónico de la Asociación de Aseguradores de Chile confirmando la asistencia de los señores Marcelo Mosso, vicepresidente ejecutivo; Diego Rojas, gerente de prevención de robos de vehículos; y don Felipe Casale, abogado del área legal de la Asociación, quienes nos acompañan y se encuentran en la mesa para los efectos del primer proyecto de la tabla de hoy.
También se adjuntó un correo electrónico de la jefa de marketing y comunicación de la Casa de Moneda de Chile, señora Marta Leal Vázquez, mediante el cual se remiten dos minutos elaborados por la institución, relativos a la tercera placa patente y al sistema de trazabilidad de armas. Dichos documentos constituyen un análisis exhaustivo que aborda diversos aspectos técnicos, operativos y de impacto de estos productos, agregando que es intención de la institución poner a disposición toda la tecnología de la Casa de Moneda de Chile como garante de la fe pública. Los informes se encuentran en las carpetas de cada uno de los señores diputados.
Asimismo, se hizo llegar un oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, confirmando la participación de la Subsecretaria de Prevención de Delitos, señora Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, en la sesión de hoy. Por otro lado, se remitió un correo electrónico al gabinete de la Dirección de Concesiones del MOP, excusando al señor Director General de Concesiones, quien por razón del servicio debe representar al Ministerio en el marco de un proceso de negociación ordenado por una comisión arbitral. En su representación asistirá la jefa de la División Jurídica de la Dirección General de Concesiones, señora Patricia Vázquez, quien estuvo presente en la última sesión y revisó este proyecto.
Finalmente, nos acompaña don Miguel Mellado, en representación del diputado José Miguel Castro, presidente de la Cámara, para los efectos de la sesión de hoy, en calidad de reemplazo temporal, señora Presidenta.
Es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario.
Le damos la bienvenida, entonces, a los invitados de hoy. Un momentito: estoy dando recién la bienvenida a mi estimada diputada y, debido a un problema médico, les pido que no me apresuren. Quiero dar la bienvenida a los representantes de la Asociación de Aseguradores de Chile, a la subsecretaria, a quien se me acaba de perder; y, por supuesto, al diputado Mellado, que viene en reemplazo del diputado Castro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Plasencia.
Sí, Presidenta. Tiene que ver con que hay algunas solicitudes de audiencia o de invitados para próximas sesiones. La verdad es que yo quisiera plantearle algo en la misma línea, Presidenta. Resulta que para mañana la Subcomisión de Crimen Organizado se está invitando para tratar el tema en una sesión especial; pero lo que sí quería pedirle es que, en lugar de citarlo en la subcomisión de crimen organizado por ese tema, deberíamos citarlo en esta comisión, que es la comisión oficial, la comisión legislativa en la cual además todos participamos. Es una cuestión de orden, porque yo creo que a todos nos interesa.
Sí, coincido con usted, diputada. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, hemos estado con temas atingentes, más o menos importantes, en esta comisión y, por lo tanto, el tiempo se nos va rápidamente y no alcanzamos a ver todo. Consideramos, con el diputado Chalper, que era una buena instancia poder aprovechar que, en el fondo, la sesión de la subcomisión de crimen organizado –si bien no se presentan proyectos de ley ni nada– es una buena instancia para escuchar invitados sobre distintos temas. Además, en la práctica, la verdad es que todos podemos y ojalá debiéramos asistir a la subcomisión de crimen organizado.
¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Diputado Araya Alguero: Gracias, Presidenta. Presidenta, hay una solicitud que hizo la diputada Monsante de poder recibir a la alcaldesa del Monte, quien fue víctima, aparentemente, de una acción de crimen organizado que quemó unos vehículos municipales. Entonces, quisiera ver si es posible tomar acuerdo respecto a una fecha cierta y próxima, Presidenta, para poder recibir a la alcaldesa. Lo que ocurrió fue bastante grave. De hecho, la diputada Monsante está pidiendo que se aplique la ley antiterrorista, dada la gravedad de los hechos, y además entiendo que han habido otras acciones de amedrentamiento hacia otras autoridades en esa comuna. Por ello, quisiera solicitarle si es posible fijar alguna fecha y hora cierta para que pudiese venir la alcaldesa.
Sí, diputado Araya, la verdad es que lo haremos a la brevedad que podamos. Desgraciadamente, para este miércoles va a ser absolutamente imposible. Creo que trataremos de ver si tenemos espacio para el próximo lunes y poder citarla, porque esta situación es de la máxima gravedad. Efectivamente, crimen organizado puede tener revestimientos de terrorismo, y junto con esto está la situación grave que afectó a un gendarme también. Me parece que fue en la zona de Rancagua –no me acuerdo en qué región fue–, donde le dejaron flores con un mensaje también bastante grave. Entonces, la verdad es que estamos viendo que estos temas ya no solamente se dan en la región de la Araucanía, donde habitualmente se tratan temas de terrorismo, sino que en el resto de Chile también.
Señor Secretario, ¿usted quería decir algo sobre la cuenta? A raíz del comentario de la señora Plasencia, de la diputada Plasencia, por su intermedio, Presidenta, la sesión de sala de mañana a la tarde no opta al funcionamiento de las subcomisiones.
Ah, ¿porque es más tarde?
Porque es el mismo horario, pero las sesiones especiales de sala no optan al funcionamiento de las comisiones. Es decir, para tratar un tema puntual, no es una sesión legislativa de sala. Sí, pero lo más probable –lo vamos a ver con el diputado Chalper– es que se suspenda la subcomisión de mañana, para, digamos, taparnos los ojos.
¿Alguna otra palabra sobre la cuenta?
No hay más palabras sobre la cuenta.
Entonces, vamos a la tabla de hoy, donde en primer lugar tenemos el continuar con el estudio en general del proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Esto está originado en moción de los diputados Jaime Araya, Gonzalo De la Carrera, Johannes Kaiser, Andrés Longton, Gloria Navellán y Diego Schalper.
Para estos efectos tenemos invitado al señor Marcelo Mozo, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, acompañado de los señores Diego Rojas, gerente de prevención de robos de vehículos, y don Felipe Casales, abogado del área legal. Al término de esta audiencia vamos a votar en general este proyecto y, la próxima semana, si Dios quiere, partimos la votación en particular del mismo. Para esto también está presente la señora subsecretaria Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, quien ya llegará.
Así es que, señor Mozo, le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, Presidenta.
A la diputada y a los diputados presentes y a todos los invitados, vamos a compartir la presentación. Todo está proyectado y lo manejan desde allá.
Bueno, lo primero es recordar solamente los fundamentos del proyecto, que se trata de que el registro de vehículos motorizados regulado constituye el único mecanismo hoy día de inscripción y trazabilidad de los vehículos en el país, y se ha constatado, según este fundamento, que diversas normativas han permitido el fraude relacionado con la duplicidad de patentes y que el crimen organizado ideó mecanismos para vulnerar el sistema.
¿Cuáles son las principales materias? Se establece la obligación de informar la pérdida total de un vehículo, tanto por parte de las compañías aseguradoras como por parte de los propietarios; la obligación de devolver las patentes al Registro Civil del propietario o aseguradora; la obligación de los importadores de informar los datos del vehículo; y la imposición de multas por incumplimiento en caso de no acatar alguna de las reglas anteriores.
Dicho esto, quisiera hacer algunos comentarios al respecto.
Lo primero es que, respecto a la obligación de devolver las patentes al Registro Civil del propietario o aseguradora, para efectos de las aseguradoras esta exigencia ya está contemplada en la ley, en el artículo 39, inciso 4, de la Ley de Tránsito, no así para efectos del propietario.
En segundo lugar, en cuanto a la obligación de informar la pérdida total de un vehículo, se establece que, en caso de pérdida total –ya sea como resultado de su destrucción, desarmaduría total o accidente que lo haga irreparable–, el propietario o la aseguradora debe informar al Servicio de Registro Civil e Identificación. Esta es una obligación legal nueva; sin embargo, quisiera dejar constancia de que las compañías de seguros ya realizan acciones en este sentido, pero no informan al Servicio de Registro Civil, sino a las policías en particular.
Para comentar las acciones que en este sentido están realizando actualmente las compañías de seguros, lo primero es referirme al Consejo de Autorregulación, del cual les voy a hablar en relación con una de sus directivas. Se trata del Consejo de Autorregulación de las compañías de seguros, una institución creada hace más de 20 años, encargada de velar por la plena aplicación del compendio de buenas prácticas corporativas y de mercado de la Asociación de Aseguradores de Chile. Sus normas, que consisten en directrices y resoluciones, son obligatorias para las compañías asociadas, por lo que cualquier norma que ellos emitan debe ser acatada por todas las compañías de seguros.
En este sentido, la directiva número 3, emitida en el año 2003 por este Consejo, disponía la regulación de materias relacionadas con los vehículos con pérdida total, estableciendo la creación de un registro de todos los automóviles asegurados que han sido declarados pérdidas totales y enajenados, registro que hoy día existe y está disponible para cualquiera en el sitio web de la Asociación de Aseguradores de Chile. Asimismo, se estableció que las compañías de seguros que enajenen vehículos motorizados como chatarra por mandato de sus asegurados y que han recibido
Por haber sido declarados pérdidas totales por destrucción, deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro de Vehículos Motorizados. Por lo tanto, esta obligación también fue impuesta por la directiva del Consejo de Autoregulación en el año 2003, acompañando la declaración notarial del propietario en que se indica la causal respectiva. Se dispuso que las compañías de seguros que enajenen vehículos motorizados declarados con pérdida total adopten, además, medidas para prevenir que, con ocasión de esto, se puedan cometer fraudes o el mal uso de las inscripciones de los vehículos. Entre esas medidas, por ejemplo, se recomendó que todas estas chatarras o vehículos con pérdida total fueran vendidos a través de remates para formalizar la operación y evitar que se efectuaran intercambios o ventas entre particulares.
Por otro lado, la circular número 2043 del año 2011, de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), instruyó a las compañías de seguros para que, imitando a la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros de Chile y a la Jefatura Nacional de Delitos contra la Propiedad de la Policía de Investigaciones de Chile, proporcionen información relativa a vehículos que se vendan o rematen a raíz de siniestros con pérdida total.
Una pregunta que me surge, por favor, disculpen los colegas: ¿esto que ustedes remiten a Carabineros y a la PDI es posterior a la baja de la patente? Claro, o sea, ¿se retira la patente una vez declarado el estado de pérdida total? Así es, se informa y se procede a retirar la patente. Esa es la cantidad de pérdidas totales informadas al Registro de Vehículos Motorizados en los distintos años, y existen otros vehículos, de los cuales me referiré un poco más adelante, que son declarados como pérdida total pero son reparables. Hablaremos de eso en unos minutos.
Algunos comentarios generales respecto al proyecto: la calificación del estado de pérdida total, en el caso de vehículos no asegurados, presenta un problema de implementación, ya que se sugiere definir quién realizará la declaración de dicha pérdida. Pérdida total es un concepto de la industria aseguradora, aplicado cuando la reparación resulta más costosa que el valor del vehículo o por otras razones; sin embargo, hay casos en que las personas reparan el auto posteriormente. Entonces, la pregunta es si esto implica una carga para quienes mantienen su auto sin seguro, pues ¿quién determinará si realmente el vehículo tiene pérdida total o no?
En cuanto al tema de plazo de multa, la circular de la CMF número 2043 estableció como plazo para informar el día 20 del mes siguiente a la declaración de pérdida total, en lugar de definir un número exacto de días. Una de las dificultades observadas por la compañía es que, en una parte no menor de estos vehículos, existen limitaciones de dominio producto de deudas financieras, lo que conlleva un plazo indeterminado para resolver dichos problemas. Es decir, cuando se da de baja y se traspasa el bien, muchas veces se debe levantar una prenda, lo cual escapa del ámbito de un plazo fijo.
Por otra parte, nos parece que las multas establecidas resultan desproporcionadas para las compañías de seguros y los propietarios afectados, considerando que el costo promedio de los autos es considerablemente inferior.
Se informa que existe una multa de hasta 500 UTM a las compañías de seguro, lo que equivale a cerca de 35 millones de pesos, mientras que el costo promedio de un auto robado es de aproximadamente 7 millones y medio, considerando su antigüedad. Este comentario introductorio abre el debate sobre la problemática actual.
En relación con algunas acciones relevantes, se destaca la creación del Departamento de Prevención de Robo de Vehículos. Dicho departamento trabaja de forma activa, en calidad de fuerza de tarea de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en una alianza público-privada para enfrentar el robo de vehículos desde su inicio. Las acciones emprendidas han contribuido a reducir este flagelo, además de haberse dictado numerosas normativas legales para disminuirlo, en colaboración activa con el Ministerio Público y otras autoridades competentes.
Otro punto relevante es el caso de los vehículos condicionados, materia propia de la industria de seguros. Se explica que, cuando un vehículo es considerado pérdida total para la aseguradora –debido a que su costo de reparación excede el costo de pagar el siniestro–, la compañía paga dicho siniestro y procede a rematar el vehículo. Existen personas interesadas en comprar y reparar estos vehículos; sin embargo, para reactivar su circulación, se condiciona el vehículo. Esto significa que, luego de la reparación, el vehículo debe pasar por un proceso de inspección y aprobación técnica en las plantas de revisión técnica vigentes. Solo cuando se confirma que el auto ha recuperado todas sus funcionalidades se levanta el condicionamiento impuesto por la compañía, impidiendo de esta forma que la documentación del vehículo siniestrado se utilice para fines fraudulentos o para reincorporarlo a actividades ilícitas. Se trata, en definitiva, de una medida preventiva, autoimpuesta y financiada por la industria de seguros.
Finalmente, se aborda el tema de los sistemas automáticos de lectura de placa patente. Se ha desarrollado un sistema informático que, a través de teléfonos móviles, permite la lectura de placas utilizando una base de datos proporcionada conjuntamente por las aseguradoras y los municipios para identificar vehículos robados. Este sistema opera actualmente en más de 240 comunas de forma gratuita y ha permitido la recuperación de más de 3.500 vehículos, de los cuales el 80% no cuentan con seguro. Se plantea que el próximo paso es la integración de todos estos puntos de lectura con el sistema estatal CITIA, desarrollado a la brevedad posible.
Además, se propone un procedimiento de autentificación y rehabilitación: muchos vehículos robados sufren la alteración de sus números de seguridad de BIN o de motor para ser reinscritos de forma fraudulenta y ocultar su identidad, lo que dificulta obtener la revisión técnica y, en consecuencia, que vuelvan a circular. La propuesta consiste en que los vehículos recuperados con BIN adulterado se sometan a un peritaje técnico para autentificar su identidad; si se confirma que fueron robados, se devolverían a sus propietarios o asegurados, se reimprimiría el BIN original con la validación de una planta de revisión técnica y se emitiría un certificado o dictamen que permita su reinscripción como vehículo rehabilitado.
En el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Una segunda propuesta, Presidenta, es la obligación de lectura y registro de placas patentes en estacionamientos públicos y privados. El Estado desarrolló el sistema CITIA, en el cual se está integrando información que consulta una base de datos con todos los vehículos denunciados como robados, lo que permitiría que las cámaras lectoras de patente, conectadas a este sistema, pudiesen alertar del lugar y tiempo en que se encuentra un vehículo denunciado.
Proponemos, entonces, que exista una obligación de lectura del registro de placas patentes en estacionamientos públicos y privados, y que se dicte un reglamento que defina la integración y el procedimiento efectivo de recuperación de estos vehículos.
También se contempla la integración, en conjunto con el CITIA —probablemente el Ejecutivo puede comentar sobre cómo se está integrando este sistema con todos los sistemas lectores—, siendo la idea que parte de esa integración se efectúe mediante dichos lectores, entre otros, los que se han desarrollado en las 240 comunas.
Por último, se proponen algunas medidas complementarias: la unificación de registros de permisos de circulación. Hoy día, esto implicaría reemplazar el sistema comunal actual, dado que cada una de las 346 comunas a nivel nacional emite sus permisos de circulación sin que exista un registro único que permita comprobar su veracidad o la trazabilidad de los documentos; así como la verificación digital y centralizada, frente a la imposibilidad de exhibir ante la autoridad documentos impresos o un PDF sin contar con un sustento único e inalterable, el cual verifique su autenticidad más allá de un código QR susceptible de dirigir a una página falsa. A esta altura, Presidenta, contar con una base centralizada es sumamente importante, ya que facilitaría la fiscalización y evitaría una mayor evasión tributaria, al dificultar la falsificación de documentación que afecta la capacidad de fiscalización, encubre vehículos robados y reduce la recaudación fiscal.
Como conclusión, Presidenta, valoramos y compartimos el objetivo del proyecto, pero sugerimos considerar las observaciones realizadas para asegurar su correcta implementación. Es fundamental fortalecer los mecanismos existentes antes de sumar nuevas obligaciones, por lo que apoyamos medidas adicionales que, mediante el uso de nuevas tecnologías e incorporación de herramientas administrativas y legales, combatan el delito y faciliten el recupero de vehículos.
Con eso concluyo la presentación, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hermoso. Le ofrezco la palabra a los señores diputados.
En primer lugar, me la pidió el diputado Mellado.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muy buena la exposición, pero quisiera que me detallara, con manzanitas, el tema de la nueva vida del vehículo traspasado. Esto se refiere a la situación de pérdida total, ¿cierto? La compañía de seguros le paga porque el costo de reparación es más alto que el valor del vehículo, pero dicho vehículo se puede rematar para que otro lo use. El traspaso se realiza en notaría, de modo que la patente se transfiere al nuevo dueño; es decir, el vehículo siniestrado no pierde su patente, sino que esta se asigna a la persona receptora, dando al vehículo una “nueva vida”. Esto significa que el chasis y todos sus componentes reciben una nueva patente, lo cual es un aspecto prioritario.
Asimismo, los lectores de patente podrían instalarse, estimados diputados, en puntos estratégicos de entrada a las ciudades, barrios o macrosecciones, especialmente en situaciones de persecución o en áreas con alta incidencia delictiva, para identificar los vehículos que ingresan y salen de ciertos lugares. Considero, además, que la unificación del registro, apoyada por inteligencia artificial, permitiría llevar a cabo este proceso de manera más rápida.
Gracias.
Gracias, diputado Mellado.
Diputado Longton:
Gracias, Presidenta. Valorando todos y cada uno de los aportes, que sin ninguna duda la votación en particular nos va a hacer de mucha ayuda para complementar el proyecto, quisiera referirme específicamente a las normas del proyecto. En un momento se nos comentó que el primer caso era el de la “pérdida total” –como se dice en ciertos términos–, y que el informe y la información se entregaban al Registro Civil de Identificación dentro de un plazo máximo de 15 días; de alguna manera, eso ya se hacía. Quisiera saber si efectivamente es así, cómo se podría mejorar aquello y si es un elemento relevante para proceder luego a la cancelación de la inscripción del vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados, a fin de evitar que se puedan utilizar las patentes para fines delictivos. Respecto al artículo segundo, relacionado con los vehículos importados (comparado en la página 5), ¿es esto relevante para lograr un mejor control en el Registro Civil, considerando los distintos motivos que este mismo organismo indicó podrían generar dificultades?
Diputado Araya:
Gracias, Presidenta. Quisiera destacar que el aporte en este proyecto de ley demuestra la importancia de escuchar a los autores involucrados en los escenarios. Se pone en relieve una situación que, lamentablemente, sigue ocurriendo: la base de datos para detectar si un auto tiene encargo sigue estando en manos de las aseguradoras, sin que los municipios cuenten con acceso a una base integrada del servicio de encargo de búsqueda de vehículos. En el fondo, el sector privado continúa subsidiando una cuestión que no tiene razón de ser, mientras Carabineros de Chile no facilita la información. Esto obliga, en el día a día, a los funcionarios municipales a recabar esa información para determinar si un auto tiene encargo o no, lo cual es un escándalo. Como comisión, debiésemos oficiar a Carabineros de Chile para preguntar cuándo habilitarán esta herramienta, que no debería mantenerse oculta.
Además, quisiera que se aborde el tema del robo de placas patentes, el cual genera situaciones muy complejas. Hoy en día, el sistema no es capaz de integrar este problema: ¿qué sucede cuando se roban las patentes y se termina con la duplicación de un vehículo? ¿Cómo se está tratando este asunto y qué sugerencias legislativas podrían aportar en esta materia?
Otro diputado:
Gracias, Presidenta. Aprovecho para formular un par de preguntas. Cuando estuvo el director del Registro Civil, el señor Omar Morales, se indicó que la devolución de placas patentes –según lo que teníamos entendido, las aseguradoras debían gestionarla– no se estaba realizando. ¿Podría referirse sobre ese tema? En segundo lugar, respecto al registro de vehículos condicionados (aquellos que no están declarados con pérdida total y pueden venderse por partes o repararse de alguna manera): Cuando se venden por partes, entiendo que la placa patente se retira, ya que ya no es funcional, pero si el vehículo es reparable, se continúa utilizando la misma. ¿Quién lleva dicho registro? ¿Se trata de un registro público o a quién se informa esta situación?
Finalmente, se ha planteado que muchos vehículos, frente a fallas en el motor, tienen el motor cambiado sin que se actualice el número de motor en el Registro Civil, por lo que el vehículo continúa operando “como si nada”. Esto evidencia que, en las revisiones técnicas, la situación está muy deteriorada.
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Intervención (Segundo orador, Google Speech):
Diputado:
Gracias, presidente. Echándole una mirada rápida y agradeciendo la explicación, tengo algunas preguntas. En orden general: ¿cuánto tiempo se demora en ponerle término a un contrato? ¿Existe un plazo de tres meses, y si en el mes dos se produce alguna falta, el proceso es automático o se inicia un procedimiento más largo? Quisiera saber cómo funciona el término de contrato y si este puede ejecutarse de forma automática.
En segundo lugar, en el proyecto no se detalla claramente cómo se establece la exigencia ni si los municipios cuentan con el presupuesto necesario para ello. Por ejemplo, en el caso de las piscinas municipales, cuando se incrementa la exigencia, ¿cómo se aborda el tema presupuestario?
Tercera pregunta: Hemos estado discutiendo este tema, y los sindicatos de salvavidas señalaron que existen distintos tipos de salvavidas, pues en algunos casos se ha observado que el entrenamiento recibido no es suficiente para trabajar en playas con corrientes fuertes, dado que la capacitación se ha realizado en condiciones distintas a las del lugar de trabajo. Esto es comparable a las diferencias en la licencia de choferes (clases A, B o C, según la capacidad y el lugar de entrenamiento). ¿Existe alguna regulación o propuesta que contemple indicaciones diferenciadas respecto a la capacitación de salvavidas, adaptadas a las condiciones específicas de cada zona?
Agradezco la atención, presidente.
Diputado (continuación):
En relación a la temporada en las regiones o zonas del país donde la temporada estival es inferior a tres meses –por ejemplo, en sectores de las Regiones de Aysén o Magallanes–, se debe tener en cuenta que Chile no es uniforme y que, a menudo, el centralismo pasa por alto estas particularidades. Además, respecto a la dotación mínima de salvavidas, el Ejecutivo había planteado un número mínimo para ciertos balnearios, considerando que no es lo mismo atender a 100 que a 1.000 personas, situación similar a la del sector marítimo.
Para responder a estas consultas, es importante recordar que en Chile el despido justificado permite poner término a la relación laboral mediante la entrega de la carta respectiva, desvinculando al trabajador sin perjuicio de su derecho a reclamo ante los tribunales de justicia. Por ello, no existe impedimento para establecer un plazo para efectuar el despido. Cabe destacar, asimismo, que debe distinguirse la competencia de la Dirección de Mar, quien es la encargada de fijar las características y la cantidad de salvavidas necesarios; mientras que, en el caso de piscinas de uso público, estas condiciones se establecen en el Reglamento 209.
Tampoco revisan que la placa patente coincida con el número de motor, porque eso sería una razón para que ese vehículo no pasara la revisión técnica, cosa que no pasa. ¿Qué opinan ustedes respecto de este tema del cambio de motor en un vehículo, dado que el auto se fundió y, en general, lo demás sucede? Entonces, yo encargo un motor, que es lo habitual, y le cambio el motor, pero sigo como siempre.
Por favor, señor Mozo, tiene que apretar nuevamente el micrófono. Muchas gracias, Presidenta y Diputado.
Voy a referirme a cada uno de estos puntos. Primero, las preguntas del Diputado Mellao. Aquí existen dos formas en que se realiza el procedimiento cuando los autos son pérdida total, dependiendo de si la pérdida total es reparable o se debe considerar chatarra.
Si es pérdida total, es decir, chatarra, en definitiva lo que se hace es que la compañía de seguros devuelve la patente y elimina el registro, y se vende como chatarra en un remate, donde hay gente que lo compra por peso.
En el otro caso, que es el de las pérdidas totales que nosotros llamamos condicionadas, lo que se hace es condicionar el vehículo. Hay una situación en la cual la compañía de seguros pone una prenda, de modo que el vehículo pasa también por un remate; se vende en remate, pero existe la condición de que la persona que lo compra no puede revenderlo a menos que se levante dicho condicionamiento, es decir, el dominio. En ese caso, al ser reparable, el auto no se da de baja, sino que queda prendado y no puede utilizarse hasta que pase una inspección técnica. Contamos con una empresa de inspecciones técnicas, Tube Railand, que certifica que el auto vuelve a estar en condiciones operativas. Con ese certificado se solicita el alzamiento de dicho condicionamiento y, con ello, el auto puede volver a circular. El dominio se traspasa una vez que se levanta el condicionamiento.
Respecto a las lecturas, coincidimos plenamente, diputados, en que la lectura de la placa patente debiera estar en muchos sitios y totalmente integrada. A estas alturas, ya nos parece que la tecnología no es inalcanzable ni demasiado cara, ya que existe y se puede integrar; por lo tanto, los costos son mínimos para poder instalarla.
Por último, en relación con las preguntas del Diputado Longton sobre el plazo para informar, existe una circular que obliga a las compañías a informar este hecho a las policías, pero no al Registro de Vehículos Motorizados; solo a las policías. A estas se les indica que las compañías de seguros deben informar el día 20 del mes siguiente al que se declaró la pérdida total del vehículo. Sin embargo, la directiva del Consejo de Autorregulación establece que, en el minuto en que se declara una pérdida total (es decir, que el vehículo es chatarra y no se trata de un condicionado), se obliga a las compañías de seguros a informar y devolver la placa patente de forma inmediata, en cuanto les sea posible.
A veces se presenta el problema mencionado anteriormente: estos autos declarados pérdida total están prendados, debido a que fueron adquiridos a través de un crédito, lo que es muy común hoy en día. Por ello, se requiere tiempo para levantar la prenda, de manera que la compañía se haga cargo de la placa patente y se proceda a devolverla.
De nuevo, uno de los problemas que observamos en el proyecto es que, al imponer esa carga también a los autos que no están asegurados, surge la cuestión de quién define si un vehículo es pérdida total o no, ya que corresponde a la misma persona, en el momento del accidente, determinar si el auto sigue andando o no. Esto contrasta con el concepto económico que maneja la compañía de seguros, la cual debe evaluar si la indemnización resulta mayor o menor que el costo de reparar el auto y devolverlo. No tengo a la mano el artículo 2 al que se refirió, diputado.
Es que no tenemos el comparado, teníamos solo el texto. Entonces, el numeral 5: número de factura de compra o documento equivalente que acredite la importación, respecto a la eficacia de eso. Sí, sí, sí, me permite, Presidenta, le voy a pasar la palabra para referirse a este punto a don Diego Rojas.
Don Diego Rojas: Bueno, conforme a esta consulta que se hace respecto al impacto que tiene justamente este trabajo que hemos hecho con la fuerza tarea para la prevención de robo de vehículos y que logró el año pasado el enrolamiento de vendedores, se está permitiendo que, en ese mismo momento, se realice el control de los vehículos. Antes de este enrolamiento, cuando se traía un auto del extranjero, no se tenía cómo demostrarlo; hoy en día, para poder vender un auto, hay que estar enrolado, y eso ya lo cubrió la norma anterior que salió respecto a la prevención de este tipo de vehículos. Entonces, creo que queda cubierto, ya que actualmente se está realizando la prevención por ese camino. Muchas gracias, Presidenta.
Respecto a las preguntas del diputado Araya, la base de datos no integrada de lo que era autoseguro… Hoy en día, de hecho, tiene mucha razón el diputado. Este sistema, gestionado por la Asociación de Aseguradores –que entrega gratuitamente a 240 municipalidades– contiene la base de datos de los vehículos denunciados por las compañías de seguro, ya que sus asegurados han informado sobre robos, sumado a las denuncias de los vecinos en cada municipalidad, lo que se va integrando en una base de datos. Sin embargo, no es la misma base de datos que utiliza Carabineros, donde se registran todas las denuncias de robo. Por ello, no están integradas, y aunque hemos solicitado esa integración, no ha sido posible. Hoy en día aprovechamos que contamos con 240 municipalidades integradas con lectores de placas patentes. ¿Por qué no aprovechamos esa información integrándola para realizar los controles necesarios?
Respecto a lo que señalaba el diputado Araya, si oficiamos directamente a Carabineros o al Ministerio del Interior para que esto esté habilitado antes del fin del –perdón– Ministerio de Seguridad, es que, a juzgar por lo sucedido, debería estar habilitado antes del fin de mes. Algo así no puede seguir sin estar operativo. Coincido en que se deba emitir un oficio unánime de la Comisión exigiendo que lo implementen lo antes posible. ¿Cómo vamos a depender del privado? ¿Qué porcentaje de los autos en Chile está asegurado? Solo el 30%, lo que implica que un 70% no se encuentra en esa lista. Muchas gracias, diputado Alessandri.
Sí, vamos a tomar inmediatamente el acuerdo para oficiar al Ministerio de Seguridad respecto de la integración de estos datos, considerando que efectivamente tan solo el 30% de los vehículos está asegurado y, según lo informado, el porcentaje de vehículos robados asegurados es menor que el de los robados no asegurados. Tenemos una gran cantidad de información descentralizada, y esto no puede seguir así. Les pido, pues, el acuerdo para enviar el oficio. Acordado. Su secretario, entonces, usted se encarga de redactarlo; por favor, comuníqueselo a don Mos.
Siguiendo con esto, el diputado Araya también preguntó sobre qué ocurre con el robo de placas patentes. Para ello, dejo con su intermedio a don Diego Rojas para que responda esa pregunta particular.
Don Diego Rojas: Presidenta, justamente el robo de la placa patente y la duplicidad de la misma es hoy en día un gran problema. Muchos de ustedes, diputados de zonas distantes de Santiago, reciben reclamos de que le están llegando un “cobre” o un “TAC” en Santiago a alguien de Nueva Imperial, quien nunca ha estado en la capital. Esto ocurre porque, al no estar cruzados y sincronizados los datos, se permite que los autos sean registrados en dos lugares a la vez. Con la herramienta que entregamos a los municipios, actualmente estamos levantando alertas en tiempo real; por ejemplo, nos indican que es extraño ver ese auto tanto en Arauco como en San Miguel con solo 20 minutos de diferencia, lo cual facilita su recuperación. Sin embargo, en los casos de personas que sufren el robo de su patente o, posteriormente, la clonación, habría que explorar alguna situación especial para evaluar si se puede cambiar la patente o realizar una inscripción, tal como lo hace la Corte, que en determinadas ocasiones emite instrucciones especiales.
Enviar la patente a esas personas que siguen sufriendo, les siguen llegando multas, ocho años después de que el auto fue declarado pérdida total, y que puedan cancelar y reinscribir bajo ciertos criterios que habría que revisar. Eso no está contemplado y es un tremendo problema para quienes quieren sacar su permiso de circulación y se encuentran en Carahue con una multa de Iquique que nunca habían conocido. Por eso es importante que estos lectores de patente estén integrados, para que podamos levantar alerta y no sea tan fácil ser un impostor. Hoy en día, cualquiera anda con una máscara en el auto por todo Chile y a nadie le llama la atención, porque los delincuentes han aprendido que esta patente debe coincidir en marca, modelo y color, que es lo que consulta el control policial. Cuando la policía se encuentra con un auto y pregunta si la patente corresponde a la marca, modelo y color, la posibilidad de que sea el mismo se reduce. En cambio, aquí vamos a crear una herramienta para que sea más difícil realizar esa clonación. Muchas gracias.
Me imagino que, en coordinación con el tema de tener una placa patente única en todo Chile —no que cada municipio emita la propia— se facilitará el proceso. Señor Mozo, por favor, continúe.
Ah, diputado Araya, respecto al punto, creo que a propósito del oficio anterior podríamos solicitar enviar un oficio a Carabineros, para que incorporen en su registro aquellas placas patentes que han sido clonadas. Hoy en día, el sistema que consulta Carabineros les entrega información sobre el modelo, color y marca del automóvil. Sin embargo, si un vehículo no figura como robado—es decir, el dueño lo posee, pero la patente está duplicada—no existe actualmente una herramienta a disposición del carabinero en terreno que le permita incorporarla, informarla o revisarla. No se requiere una nueva ley, sino habilitar una celda adicional en la consulta del sistema para que esa patente no se muestre. Cabe señalar que están involucradas dos partes. Deberíamos oficiar al Ministerio de Seguridad, porque Carabineros de Chile no tendría facultad para tomar esa decisión por sí solo, siendo algo de rango operativo que depende de dicho Ministerio. Nosotros oficiamos al Ministerio de Seguridad para que dé la instrucción. Incluso Carabineros podría hacerlo, pero convengamos en que la respuesta de este será: “acá manda capitán y no manda marinero”. Por ello, haría el oficio al Ministerio del Interior. ¿Tenemos acuerdo para enviar ese oficio? Perdón, de seguridad, es que me confundo, porque en realidad, como dice el diputado Ale Sández, es como si fuera uno solo. En fin.
Señor Moss, por último, Presidenta: para responder a sus preguntas respecto a lo informado en sesión anterior por las personas del Registro Civil en relación a la denuncia de las placas patentes en el registro de vehículos motorizados, aclaramos que nosotros no manejamos la misma información. De hecho, tenemos datos sobre lo enviado y denunciado; se han devuelto las placas patentes y estuvimos atentos a esa sesión. Posteriormente, contactamos a las personas para conversar sobre la posibilidad de solucionar el problema. Así que estamos en contacto al respecto.
En cuanto a los vehículos condicionados, ¿quién lleva este registro? Hoy en día, nosotros, como aseguradores, llevamos el registro del parque asegurado condicionado, y lo tenemos disponible en nuestra página web para quien desee consultarlo. Ahí está todo el registro instalado, aunque no lo lleva alguna autoridad, ya que es una autorregulación de la propia industria, pues creemos que ello contribuye a mitigar una situación que nos afecta a todos: el tema de los robos y las alteraciones. Muchas gracias, Presidenta.
¿Sí? La siguiente pregunta, respecto al cambio de motor. Respecto a ese tema, tal como se ha explicado: si se cambia el motor y se cuenta con la factura del mismo, se debe acudir al Registro Civil; el Registro Nacional de Vehículos Motorizados realizará la anotación del cambio, y en la próxima revisión técnica se deberá constatar que el número de motor coincide con el número de chasis, conforme a lo establecido. Considero que, además, podría implementarse algo más en términos de prevención o educación sobre el tema, ya que en la norma se contempla que esto se verifique en el momento de la revisión técnica. Asimismo, en el caso de vehículos asegurados, nosotros…
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Chinos, a la Generalidad: Por tanto, en las piscinas de condominios y en todos los lugares de Chile se estará obligando a contratar salvavidas. Esa es la primera pregunta; es decir, se genera un costo adicional. Ya tenemos el costo de la luz, el de agua y los gastos comunes, lo que implica que este requerimiento adicional resulta, en mi opinión, muy perjudicial. Hoy en día, establecer un costo extra para los condominios, sin excepción, me parece exagerado. Es, Presidente.
Bueno, es una buena pregunta. Yo entiendo que no es una obligatoriedad, pero dejemos que el Ejecutivo intervenga, y luego escucharemos también a la directiva para seguir con el debate.
Por intermedio del presidente, intentaré recordar lo que se consultó, ya que se me bajó la computadora—el enchufe no funciona—respecto a los aspectos de funcionamiento en materia de competencias laborales. Lo que se hace es que existen centros que certifican las competencias, con el propósito de construir un perfil en el cual las personas puedan participar en el ámbito estatal. Con seguridad, el Estado participará con las funciones propias del Ministerio del Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para certificar esas competencias. La certificación permite que una persona no tenga que detallar toda su experiencia laboral en un currículum para acreditar lo que sabe, ya que no cualquier institución puede certificarlo.
Eso no obsta a que las condiciones propias de cada lugar sean definidas por la dirección o el Ministerio de Salud, para dejarlo muy claro, ya que las instituciones certificadoras de Chile—por ejemplo, Valora en la construcción de perfiles—quedarán certificadas. Pero, en el ámbito de la contratación, además de estar certificado, se debe cumplir con los requerimientos específicos del Minsal y del Ministerio correspondiente, dependiendo del alcance de la restricción establecida en el primer proyecto, en cuanto a las labores que se determinaron conforme a la opinión del Ejecutivo.
Sería bueno que, para efectos históricos de la ley, se estableciera la existencia de labores específicas y en el inciso tercero se definieran condiciones para el cumplimiento de las funciones indicadas en el primer inciso, relacionadas con la capacitación, condiciones básicas, salud, etc. Se busca evitar una enumeración interminable, y mostrar que quienes se desempeñen en esa labor están debidamente capacitados, algo que se certifica a través de las competencias laborales, ya que se pretende garantizar certeza tanto para los trabajadores como para resguardar la seguridad de quienes hacen uso de las piscinas.
Respecto a la consulta sobre la temporalidad, compartimos la prevención realizada; es posible que se efectúe algún ajuste en materia de piscinas privadas. Es relevante señalar que no todas las piscinas privadas cuentan con salvavidas. No existe una exigencia en la materia, pues es lógico que una persona que posee una casa con piscina privada pueda optar por no contratar salvavidas. Sin embargo, si se contrata a un salvavidas, se debe cumplir con el objetivo de resguardar a los bañistas y proteger laboralmente al profesional. Por otro lado, en las piscinas de uso público se establece un número mínimo de salvavidas, se identifican y se regulan. Por tanto, si se contrata a un salvavidas, se debe asegurar que cumpla con lo establecido.