Los ponemos de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy, muy buenas tardes. Las actas de las sesiones 191 especial y 192 ordinaria se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 193 ordinaria se pone a disposición de las y los señores diputados.
Muy buenas tardes, señor secretario. Tiene la palabra para dar lectura de la cuenta.
Buenas tardes, gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos:
En primer lugar, un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia, calificada como simple, para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 20.730, la cual regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indique y aumentar las sanciones por incumplimiento.
En segundo lugar, nos informó el Secretario General de esta Corporación que, a solicitud del diputado Hugo Rey y en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del inciso 4 del artículo 112 del Reglamento de la Corporación, la sala acordó remitir nuevamente a la Comisión de Gobierno Interior el proyecto que modifica el Decreto Ley 30.063 de 1979 sobre las rentas municipales, para establecer la caducidad de las acciones ejecutivas de cobro de derechos de aseo respecto a las personas indicadas. Todo esto para que, si la Comisión lo considera adecuado, se solicite la fusión de este proyecto de ley con aquel que modifica también el Decreto Ley 30.063, para establecer un plazo de prescripción para el cobro de derechos de aseo domiciliario. Dicho proyecto se encuentra contenido en el Boletín 17.273-03, de conformidad con el artículo 17A de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En tercer lugar, nos comunicó el Secretario General de esta Corporación que, en esta Comisión de Gobierno Interior, la diputada Claudia Mix Jiménez reemplazará de forma permanente a la diputada Catalina Pérez Salinas.
En cuarto lugar, un oficio del Secretario General de la Corporación informó que los comités parlamentarios no accedieron a la solicitud de esta comisión, en orden a tramitar el proyecto de ley de origen de moción y de trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales, para establecer reglas sobre segmentación y administración penitenciaria en función del compromiso delictual de los recursos, proyecto actualmente radicado en la Comisión de Constitución.
En quinto lugar, una carta del diputado Sergio Andrés Leal solicita a la Comisión recabar el acuerdo para invitar a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Francisca Perales Flores, a exponer sobre la cartera de proyectos municipales que se encuentran en estado elegible, a la espera de financiamiento para el desarrollo de distintas iniciativas de inversión en el programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal.
En sexto lugar, se recibió un correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Amnistía de Chile, mediante el cual se solicita expresar su opinión sobre el proyecto que regula los centros de internación de extranjeros, corona de expulsión, y que modifica los cuerpos legales indicados.
Y en séptimo lugar, un correo electrónico del jefe de la brigada del Congreso Nacional expone la participación.
En la sesión del día de hoy del director general de la PDI, don Eduardo Serna Rosano, por actividad propia de su cargo agendada con antelación, se informa que, dada la relevancia de las materias a tratar en esta oportunidad, asistirán en su representación, si la Comisión lo tiene bien, la subdirectora de Inteligencia, Crímenes Organizados y Seguridad Migratoria, perfecta general Consuelo Peña Sanmiguel, acompañada del jefe del Departamento de Policía Internacional del Aeropuerto, el subprefecto Rodrigo Naranjo Sanhuesa y del comisario Julio Cerda Recavar. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, secretario.
(Ofrezco la palabra sobre la cuenta)
Sí, diputada Claudia Mix tiene la palabra.
Muchas gracias y saludo, presidente. A propósito, en la cuenta recién aparece la integración de mi persona a esta Comisión. Me gustaría aclarar que, en la sesión que ustedes convocaron para el jueves pasado, yo todavía oficialmente no era integrante de esta Comisión ni estuve informada de ello. Y lo digo porque en la prensa salieron a señalar a todos aquellos parlamentarios que no hicieron su trabajo, a quienes se les tacha de vergonzosamente no asistir a trabajar, y aparezco en esa lista. Me parece muy injusto, pues recién me estoy incorporando a esta Comisión. Quienes conocen mi forma de trabajar, pues coincido con el equipo de la Secretaría en otras comisiones, saben que no soy de las que faltan y siempre me quedo hasta el final. Entonces, me pareció justo hacer mención de ello.
Gracias, diputada Claudia.
A mí, efectivamente, recién el día de hoy se está dando cuenta del reemplazo y del ingreso permanente a esta Comisión, así que, efectivamente, es así.
(Ofrezco la palabra sobre la cuenta)
Diputado Borges, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Me quiero referir al punto dos del oficio 20326, en el que llegó nuevamente a esta Comisión el proyecto que ya ha estado en sala, creo, en cinco oportunidades. El diputado que está conforme en el punto de la Comisión, nuevamente, pidió que vuelva ese proyecto sin comparecer en ningún momento para defender ni para dar argumentos sobre lo peticionado. Me gustaría saber en qué situación se encuentra el proyecto sobre las rentas municipales para establecer el pago de prescripción. Por favor, si es que el secretario me puede explicar: ese proyecto ha estado en sala cuatro o cinco veces para su votación y, aunque ha tenido la mala suerte de no ser votado en sala—porque en los horarios nunca ha tenido prioridad—hoy, nuevamente, lo tenemos aquí con la solicitud de un diputado que ganó legítimamente en la votación en sala. Pero me gustaría saber si en algún momento… Lo que quiero saber, secretario, es cuál es el procedimiento que debemos seguir hasta este momento, pues ha estado en sala varias ocasiones y no sé qué va a cambiar con lo que se solicita por segunda vez en esta oportunidad.
Gracias, presidente.
Gracias, diputado Borges.
Señor secretario, tiene la palabra para explicar esta situación.
Presidente, por su intermedio, el diputado Borges y el resto de la Comisión.
Lo que acordó la Sala en el punto dos de la cuenta es lo siguiente: remitir nuevamente el proyecto de su autoría para que la Comisión, en forma facultativa, solicite la fusión de su moción con el nuevo proyecto sobre la materia que presentó el diputado Hugo Rey junto con otros parlamentarios. La Comisión eleva a una solicitud de fusión a la Sala.
Diputado Borges, tiene la palabra; que se escuche para que quede registrado: el acuerdo tiene que ser por unanimidad, mientras que el acuerdo del secretario se realizará por simple mayoría de los presentes. Pero entonces hay que pedir votación, claro, es decir, no es obligatorio que la Comisión se pronuncie. (Pausa: Esto ya fue sometido a votación, presidente, por su intermedio, y este proyecto estuvo aquí por casi…)
Hace dos o tres meses, y la comisión decidió nuevamente enviarlo a sala, ¿cierto? Porque no hubo pronunciamiento de la comisión. Eso es lo que argumentó el diputado en cuestión, y por eso vuelve nuevamente a la comisión.
Entonces, lo que quiero saber es: si esta comisión, cuando el proyecto estuvo acá y lo pasó a sala, ¿cuál fue el pronunciamiento de la comisión? ¿Cómo llegó a sala nuevamente el proyecto? Mi duda es si tiene el primer informe o el segundo informe. No, ya la comisión ha emitido dos informes respecto a este proyecto. Primero, a sala, que es el informe reglamentario, primer trámite reglamentario. Como se presentaron indicaciones en sala, pasó a un segundo informe —o nuevo primer informe de esta comisión—. Esas indicaciones fueron rechazadas aquí. De ahí volvió a sala para ser votado, pero justo en esa oportunidad la sala decidió reemitirlo nuevamente, para que en esta oportunidad, si la comisión lo tiene bien, pida a la sala la fusión de su moción con la del diputado Huertes. El tema es que no existe un tercer informe, y no debería. Propongo, diputado Huertes, que lo votemos la próxima… no, ahí no, ¿no? O sea, lo podemos pasar inmediatamente, si la comisión lo tiene bien. Es un proyecto social, presidente, que puede ayudar al 40 % más vulnerable y a los adultos mayores. Este proyecto lleva más de ocho meses en esta comisión y ha estado cuatro o cinco veces en sala para votación. Entonces, no sé cuál es la voluntad del diputado que nos lo viene a defender y, nuevamente, lo hace pasar acá. No entiendo la intencionalidad social que tiene con este proyecto; si este proyecto va a ayudar a la gente, quien sea el autor o figure el nombre, da lo mismo. Si lo que hay que hacer es que nosotros, como comisión —secretario, para tomar una decisión y para cerrar y zanjar este tema— pasémoslo a sala, el proyecto de ley como salió de esta comisión, y se tome esta decisión.
¿Están de acuerdo en la comisión? ¿Sí? ¿De acuerdo en la nota de la comisión?
Claro. Diputada Mix, tiene la palabra.
Muy de acuerdo con el diputado Borges, porque finalmente no puede ser que el ego de un parlamentario impida que un proyecto avance; es decir, no se trata de querer que mi nombre aparezca en desmedro de una población que está esperando que se pueda rebajar el pago de los permisos. Exacto, presidente. Yo creo que no hay que tramitarlo más, hay que votar para que no se fusionen, y, finalmente, que avance el proyecto que ustedes ya discutieron y votaron. No tiene ningún sentido seguir dando espacio a eso. Por eso, pido el acuerdo de esta sala para pasarlo como salió de esta votación: no pedir la fusión, tomar el acuerdo y pasarlo a sala sin fusión. Votémoslo. Perfecto. Tomemos la votación, secretario, para la decisión de esta votación. ¿Quiénes están por? Claro, para que no se fusionen. No, no, no, es la solicitud de fusión: ¿quién está a favor de que se fusionen los proyectos, es decir, de pedir a la sala que se fusionen? ¿Quién está? Ok, entonces, por unanimidad, que no se fusionen. Exactamente, se tome el acuerdo. Listo, zanjado el problema. ¿Más palabras sobre la cuenta, no hay?
Diputado Becker, ¿sobre la cuenta? Sí, gracias, diputado Borrelli. Muy bien, muchas gracias. Diputado Becker, ¿sobre la cuenta? No, era específicamente a propósito de la situación del diputado Hugo Rey, que, de estar cerca de acá, pudiera venir a cumplir con lo que tenía que hacer. Pero no lo está, así que apruebo también lo que se planteó por parte de la comisión. Ya está acordado.
Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Tengo varios. Primero, presidente, recibo una denuncia que me parece bastante grave. Lamentablemente, no hay nada aquí en representación.
Nadie acá en representación del Ministerio de Justicia, pero sí aprovechando la presencia del Ministro Álvaro Elizalde. Resulta que hay varias páginas web donde, con la sola patente de un vehículo, se puede obtener toda la información del propietario. Puede ser que algún día alguien vaya a mi casa, tome la foto de mi vehículo y saque la información mía, o de mi colega que está acá al lado, o de cualquier otra persona.
Entonces, me parece grave que, teniendo una ley que protege los datos, a través de estas páginas web –y cito dos que me llegaron, www.patenteschile.com (revisada esta mañana) y www.nombre.rut.com (donde incluso aparece la dirección de una persona)– se revele toda esa información. Nosotros, en esta comisión y en otras, a través de nuestros oficios, hacemos denuncias contra el crimen organizado, defendemos a las policías y apoyamos situaciones de Gendarmería; y resulta que hoy es muy fácil obtener la información de cualquier persona.
Por ello, me gustaría oficiar al Registro Civil, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, para que informen sobre las acciones que se están adoptando para evitar estas situaciones. Si se requiere algún cambio legal o algún tipo de financiamiento a través de la Ley de Presupuestos, es grave que todos los chilenos estemos tan expuestos, ya que, incluso cuando solicitamos información mediante oficios de fiscalización de esta Cámara, muchas veces no se nos entrega justamente por la Ley de Protección de Datos. Es paradójico que cualquiera pueda obtener la información de cualquier persona y que esta pueda caer en manos de bandas de crimen organizado u otras situaciones parecidas.
Por otro lado, en segundo término, hoy se anunció en la prensa el fin del Plan Estadio Seguro. Aprovechando que está presente el Ministro Álvaro Elizalde, me gustaría saber en qué consiste este fin al plan, dado que se trata de una ley que cuenta con un presupuesto. No puede ser que se diga de manera tan liviana que se le pone fin al plan, sin modificarlo, derogarlo o dejarlo sin efecto, sin considerar lo que ello implica, lo cual me parece un tanto improvisado e irresponsable. Me gustaría conocer en detalle en qué consiste, sobre todo considerando que este plan depende de una ley y de un presupuesto que se aprobó en la Ley de Presupuestos del año pasado y de años anteriores.
Y por último, aprovechando también la presencia del Ministro Álvaro Elizalde y del Jefe del Servicio Nacional de Extranjería, informo que el Comité de la UDI presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República por este tema que hoy estamos discutiendo, para que nos puedan explicar el tipo de visa con la cual están llegando estos niños, estas personas, cuáles son…
Fundamentos de hecho y de derecho de estas visas que se están entregando –autorización, financiamiento e individualización de los vuelos charter–, haciendo referencia a la fecha de llegada de pasajeros, entre otros aspectos; es decir, los procedimientos y protocolos aplicados en materia de control migratorio por parte de los organismos con injerencia en la materia, entre ellos la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección de Aeropuertos y el Servicio Nacional de Migraciones, para saber cuáles son las medidas que se están adoptando. Eso lo podemos consultar.
Presidente, pero déjeme terminar, por favor, porque me parece que el requerimiento que estamos haciendo a la Contraloría –y que espero también se pueda resolver en parte en esta comisión– dice relación con una situación que desde hace tiempo se viene denunciando y respecto de la cual no hemos tenido respuestas satisfactorias. Entonces, presidente, hago presente esa situación y la pongo en conocimiento de nuestros invitados, para que sepan que nosotros ya hicimos un requerimiento sobre esta materia contra la Orden General de la República, porque nos parece grave lo que está ocurriendo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Lo que le iba a decir es que esas mismas dudas las podríamos ver el día de hoy y aclararlas acá en esta comisión. Diputado Becker tiene la palabra y cerramos varios.
Ahora sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio al saludar al señor Ministro del Interior, al señor director de inmigraciones, saludar también, por supuesto, a la señora perfecta general Consuelo Peña, al subperfecto Rodrigo Naranjo, al comisario don Julio Cerna y al subcomisario don Oscar Amador, con quienes también coincidimos, incluso en mi apellido.
Una de las cosas que yo iba a consultar, presidente –ya lo planteó el señor Juan Salida, que ahora me interrumpe, pero está bien–, es en relación con estos aviones que están llegando a Chile nuevamente. Podemos aprovechar la instancia, pero creo que también es bueno que se oficie de manera que las cosas queden por escrito, porque a veces las palabras se las lleva el viento y terminamos en lo mismo nuevamente. Yo les recuerdo los aviones que llegaban a las 2, o 3, de la mañana durante el gobierno de la presidenta Bachelet; preguntamos muchas veces y nunca se dio una respuesta clara, definitiva. Y ahora hay una situación similar. Si los aviones llegan a las 2:30 o 3 de la mañana, esto me despierta la sospecha de que los aviones lleguen sin ninguna identificación. Y ahí empieza la pregunta: ¿quiénes vienen dentro del avión? ¿Quiénes son las personas que viajan en él?
Diputado, esta comisión especial es para esto. Entonces, si no hay más intervenciones, puedo usar la pregunta. Claro, tenemos la comisión especial, porque varios se supone que es para otros temas, pero la comisión especial es para esto, para poder escuchar a los invitados.
Bueno, nuestro director de inmigraciones puede tomar nota de lo que estamos conversando, por ejemplo, de la pregunta: ¿quién paga los aviones? ¿Quién es responsable de ellos? Para ello estamos citados; si vamos a utilizar el tiempo de la comisión para otros asuntos, estamos perdiendo el tiempo.
A propósito de su intervención, muchas gracias, presidente. Ya me extrañaba que no me interrumpiera; esa es la verdad.
Como punto número dos, presidente, es que, a propósito de lo que planteó la diputada Mix en la actividad que tuvimos el día jueves pasado a las 10 de la mañana, donde se unieron tres comisiones para participar en un tema relacionado con las avionetas narco –o narcoaviones, como le hemos denominado–, debíamos contar con 39 diputados y, en efecto, llegamos 7, sin alcanzar siquiera el quórum, ya que tenían que estar al menos tres diputados por comisión. Yo lamento la pérdida de tiempo, porque entre otras personas se encontraba nuestro director nacional de la Policía de Investigaciones, que llegó con un equipo de trabajo; estaba el señor general encargado de la DGAC, con su equipo; estaba el subsecretario de Defensa con su equipo de trabajo; y estaba el subsecretario de Prevención del Delito, u otra cosa que me mencionó con su equipo. Yo conté alrededor de 38."
Invitados en ese momento. Y nosotros llegamos siete diputados y, transcurridos los 15 minutos, personalmente a usted y a nuestro secretario, Juan Carlos Herrera, le solicité que se diera cumplimiento al protocolo, al reglamento, y la sesión se levantó y quedó fracasada. La verdad es que, mire, fuera del fracaso de no haberse podido conversar, se produjo una vergüenza, presidente. Una vergüenza. Habían ahí al menos 36 profesionales que podrían haber estado haciendo cualquier otra cosa más productiva que esperar a que completáramos la conformación de tres diputados por comisión para hacer la sesión. Así que yo espero esto, de verdad, presidente. Yo lo conversé con el señor secretario general, don Miguel Landero; creo que esto es inaceptable. No me había tocado ver, presidente, tanto desorden en una institución como esta y lo lamento muchísimo.
Ahora bien, la verdad se hizo de paso también. En la mañana, durante una conversación sostenida con un diputado de la Comisión de Seguridad, se planteó que no se les informó, y a mí también me interesaría saber exactamente. Me informé de la situación aquí y, posteriormente, a través de los correos y los WhatsApp que me llegaron. Al parecer, habría habido una descoordinación con las otras presidencias de comisiones para llevar adelante esta comisión, que a mí me parecía muy interesante de desarrollar, pero que lamentablemente fracasó. Y antes de que me interrumpa de nuevo, presidente, y me corte el micrófono, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Solamente, para aclarar el punto que usted menciona respecto de la comisión fallida y que fracasó por falta de quórum, el día 19 de marzo se llegó a un acuerdo de comité para conformar la comisión conjunta. El día 26 de marzo me puse en contacto con la presidenta de la Comisión de Seguridad y con el presidente de la Comisión de Transporte, Felipe Camaño, además de Gloria Navellán. Con ellos se acordó que fuera un jueves; incluso la misma presidenta de la Comisión de Seguridad coordinó el horario de esa comisión. Para eso hay respaldos de correo, está la citación formal y, de hecho, como usted mismo menciona, diputado, los invitados llegaron a la comisión. Lamentablemente, si la presidenta de la Comisión de Seguridad no informó a sus diputados independientes que nosotros, como Comisión de Gobierno Interior, mandamos la citación –además de que la Corporación mandó invitación y el equipo de esta diputación envió dos correos el 8 y 9 de abril–, no nos podemos hacer responsables; las responsabilidades son individuales. Muchas gracias, diputado.
Pasemos ahora a la orden del día. La orden del día tiene por objeto analizar el tema reciente del arribo a Chile de un número significativo de personas de nacionalidad haitiana, presumiblemente con fines de reunificación familiar, lo que estaría vinculado al aumento, en el último tiempo, de comerciantes ambulantes en algunos puntos de la capital y, en particular, en la comuna de Estación Central; además de incidir en la demanda por educación, vivienda y salud, con el consiguiente impacto en las finanzas municipales.
Para tratar estas materias se ha invitado al Ministro del Interior, muy buenas tardes, ministro Álvaro Elizalde; al director general de la PDI, quien se hace presente a través de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña –muchas gracias por estar acá–; al jefe del Departamento de Policía Internacional de Aeropuerto, el subprefecto Rodrigo Naranjo, muy buenas tardes; al comisario Julio Cerva y al subcomisario Oscar Amador; además, está en forma telemática el alcalde Felipe Muñoz, muy buenas tardes, alcalde; y el director de Migraciones, el señor Luis Thayer, muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia.
Para partir, si es... director de la PDI, el general director de Carabineros, parte importante de su alto mando –no sé cuántos jefes de servicio más– y no hubo quórum, entonces es algo que hay que tener a la vista respecto a lo que dijo el diputado con salida; creo que es muy importante.
El primer punto que planteó respecto de este tema es que “nosotros vamos a hacer un informe al respecto, porque esto a mí ya me lo habían comentado”. Por ello, se pidió un informe en derecho respecto de las eventuales infracciones que se podrían estar cometiendo y, obviamente, la forma de corregir esta situación tan compleja, considerando el acceso a información que pudiera ser relevante para la comisión de delitos y, en la eventualidad de que existiera algún vacío legal, una eventual reforma legal. En ese sentido, sobre el punto me parece muy importante.
En cuanto al estado seguro… No va a hablar al final, pero ya se refirió al ministro Cordero. Veamos ahora el tema respecto de la migración: únicamente el ingreso de ciudadanos a Ikea. Se tomó el acuerdo para poder oficiar el Registro Civil —se me fue de diputado, perdón—. Tomamos el acuerdo y es, en efecto, el estadio seguro para poder oficiar. Por favor, ministro, le damos la palabra a la PDI. ¿O le damos la palabra? Sí, porque podemos también darle la… Perfecto, ministro, tiene la palabra.
Para abordar la llegada reciente, en buenos charters, desde Haití, se han hecho algunas referencias a que este fenómeno tendría impacto en el comercio ambulante en algunas comunas de Santiago. Yo no sé de dónde se establece el vínculo, salvo que, eventualmente, estas personas pueden ser de nacionalidad haitiana, pero no sé si existe un vínculo directo entre estos vuelos y el fenómeno al que se hace referencia. Sin embargo, quisiera poner en perspectiva lo ocurrido y los números.
En primer lugar, hasta abril de 2018 —fecha en que se creó el visto consular de turismo— las personas haitianas ingresaban a Chile con su pasaporte como turista y podían cambiar de categoría migratoria dentro del país. Eso cambió ese año. En ese contexto se creó una compañía aérea para realizar charters de Haití a Chile, lo que es Latin American Wings. Cuando las personas venían, lo hacían con carpetas completas de documentos, lo que dio lugar a plantear que podría tratarse de un sistema organizado para facilitar el ingreso de personas haitianas a Chile.
Respecto de la cantidad de vuelos comerciales y charter, le pedí poder dar el detalle al respecto; no obstante, es necesario recordar lo siguiente: entre 2018 y 2021 se otorgaron 200.000 visas a nacionales haitianos, mientras que entre 2021 y 2025 se han otorgado solo 24.000 (o una fracción). Esto, a propósito de dichos vuelos charter, da la sensación de que habría un gran flujo migratorio; sin embargo, si se analizan las cifras, el mayor flujo migratorio se produjo en la primera mitad del gobierno anterior y no en la segunda mitad de ese gobierno, ni bajo el gobierno del presidente Boric. En efecto, entre 2018 y 2021 se otorgaron 200.868 visas a nacionales haitianos, y entre 2021 y 2025 apenas poco más de 24.000.
Sobre ese mismo asunto, diputado Fonsalía intervino: “Muchas gracias, presidente. No sé si nos harán llegar alguna presentación o minuta respecto a lo que se está planteando, para tenerlo por escrito, presidente, y poder hacer las comparaciones”. Presidente, gracias. Ministro, gracias.
Respecto de la población haitiana en Chile, se está hablando actualmente de poco más de 188.000 personas, lo que representa casi el 10% (o el 9,8%) del total de migrantes residentes, considerando solamente a los residentes regulares. Estas cifras se han mantenido estables desde aproximadamente 2018, cuando se recibían alrededor de 180.000, ya que, así como ha habido ingresos, ha habido egresos. Por lo tanto, en lo que respecta a la comunidad haitiana no ha habido un incremento significativo en los últimos años. Aunque es una cifra importante —casi el 10% del total de migrantes residentes— ha permanecido relativamente estable.
Además, en cuanto a los meses que van de 2025, menos del 1% (solo el 0,3%) del total de ingresos de residentes extranjeros corresponde a ciudadanos haitianos, por lo que se trata de un fenómeno acotado. Según la estimación del 2023, solo el 1,9% de la población haitiana en Chile se encuentra en situación irregular. Cabe señalar que las cifras de la población irregular no son precisas, ya que no toda está registrada, pero se estima en ese 1,9% según la producción de datos del año 2023. Esta es la única cifra que…
Yo quiero señalar que no es del todo fiable porque estamos hablando de información que no es oficial. O sea, si usted me pregunta cuántos son los haitianos que están regulares en Chile, eso se puede ver de forma inmediata. La proyección de los irregulares es una estimación y, por tanto, no es una cifra del todo exacta. Quiero hacer esa prevención.
No obstante, obviamente, sobre la base de esa proyección no puede apreciarse el impacto real respecto de la población de extranjeros irregulares que hay en el país, y por tanto también estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño en relación con otras comunidades de migrantes.
Es relevante que la ley de inmigración contempla que las personas que tienen residencia definitiva en el país pueden solicitar visas de reunificación familiar para sus hijos menores de edad o para adultos mayores dependientes. Esta es la normativa que se habría estado aplicando respecto de los vuelos a los cuales se ha hecho referencia.
Los residentes definitivos que solicitan estas visas de reunificación están radicados y, por tanto, tienen trabajo, han demostrado sustento económico, pagan impuestos y no tienen antecedentes policiales de ningún tipo. Por tanto, los requisitos que se establecen para solicitar una visa de reunificación familiar son: haber tenido una residencia previa temporal de al menos 24 meses, contar con certificado de antecedentes penales, apostillado del país de origen y sustento económico suficiente; además, se requiere contrato de trabajo, cotizaciones o, en el caso de una persona que eventualmente está cobrando la pensión en su país de origen, acreditar que tiene ingresos para su subsistencia.
Desde 2022, el Servicio de Migración ha otorgado poco más de 70.000 visas de reunificación familiar y, en el caso de la comunidad haitiana, representa un porcentaje importante, aproximadamente el 21% —es decir, alrededor de 15.000 visas.
Además, es preciso hacer referencia a la crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití. Tenemos más de 1.200.000 niños que viven bajo amenaza de violencia armada y 3 millones de niños enfrentan una crisis de seguridad alimentaria. Patrullas controlan aproximadamente el 85% del territorio de la capital, Puerto Príncipe, y se reporta el reclutamiento de niños, según informes entregados por UNICEF.
Asimismo, la ausencia de vuelos comerciales directos entre Puerto Príncipe y Santiago obliga a que se realicen vuelos hacia una tercera ciudad y, de ahí, a Santiago, o eventualmente se contraten charters para el ingreso de estas personas a nuestro país.
Antes del ingreso al país, y esto lo corroborará la PDI, se verifica en el control migratorio que cada persona cuente con su visa de reunificación familiar y la documentación necesaria para entrar en Chile. Por tanto, este proceso se rige por una ley que también se aprobó antes de la actual administración, con requisitos como la residencia previa temporal de 24 meses (no necesariamente la definitiva), sustento económico comprobado y ausencia de antecedentes policiales.
El proceso se ajusta al marco legal vigente y se desarrolla dentro de los márgenes de una migración regular, segura y controlada. Siempre hemos sostenido que el registro de los migrantes es información clave para este proceso. Por el contrario, el problema surge cuando las personas no se registran e ingresan por vías irregulares, lo que dificulta la fiscalización en todos los aspectos.
En este caso en particular, no se trata de una llegada masiva de migrantes haitianos. Si bien es cierto que se han concentrado muchos vuelos en un periodo relativamente corto, en términos comparativos, respecto de otros fenómenos migratorios, se trata básicamente de familias que solicitan y han obtenido la visa de reunificación, la que permite el ingreso regular al país conforme a lo establecido en nuestra legislación.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha fortalecido los controles de frontera y el control migratorio; se han reducido considerablemente los ingresos irregulares. Para ello, se ha desplegado a las fuerzas armadas en la frontera norte. Esto no significa que estemos en el nivel deseado —estamos mejor que hace algunos años—, pero todavía hay trabajo por realizar. Todas estas medidas se enmarcan dentro del objetivo de promover una migración ordenada y regular.
Respecto de las iniciativas legales en actual tramitación, debo recordar que se han aprobado algunos proyectos y otros están en curso. Hay uno en el Senado, en el segundo grado constitucional del director de migraciones, que nos corresponde comentar. Para nosotros es fundamental que ese proyecto se apruebe. La Cámara ya hizo el trabajo y lo aprobó, incorporando distintas medidas que consideramos relevantes.
Claves: Primero se incorporan nuevas causales de prohibición de ingreso al país. Se sancionan las incivilidades, constituyendo causa para rechazar y revocar el permiso de residencia. También se establece una norma que nos parece básica, que es que la ponderación de la vulnerabilidad se haga sobre parámetros objetivos entre nacionales y extranjeros, sin establecer necesariamente una prioridad para un migrante, dado que un migrante podría eventualmente estar en mejores condiciones que un chileno en situación de pobreza extrema, sin red familiar que lo cobije, etcétera. Es preciso determinar que esto se haga en base a parámetros objetivos.
Se modifican las normas de nacionalización: actualmente son cinco años de residencia, que se amplía a diez años de residencia definitiva y continuada. Se establecen nuevas causales de rechazo, tanto para la carta de nacionalización como para la cancelación de la misma, vinculadas a lo ya señalado, es decir, a las incivilidades y a la comisión de crímenes o simple delito en un determinado tiempo.
Y esto es muy importante: se establecen sanciones a los medios de transporte. Esto es clave, porque se refuerza que las empresas de transporte internacional no podrán negarse, sin causa justificada, a trasladar a todo extranjero cuya expulsión haya sido decretada y a sus respectivas cortas policiales, en el plazo y lugar que se fije, previo al pago del valor del pasaje correspondiente. Se sanciona también a las empresas de transporte y a los transportistas que conduzcan desde o hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria. Las multas son más altas, de 25 a 50 OTM tributarias mensuales –aproximadamente de 1.700.000 a 3.400.000 pesos–, en comparación con la multa inferior actual, que va de 683.000 a 1.360.000 pesos. Además, se agrega un nuevo artículo 115, que sanciona a las empresas de transporte y transportistas que se nieguen, sin causa justificada, a vender pasajes o trasladar a un extranjero expulsado con su respectivo escolta, regulando y sancionando la reiteración de la infracción.
A nuestro parecer, es clave contar con esta nueva legislación y, por tanto, esperamos que el Senado la apruebe con celeridad, a la brevedad posible, ya que permitirá disponer de herramientas adicionales para hacer valer la política de Chile, respecto de una migración que tiene que ser ordenada, regular y conforme al cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley.
En resumen, tenemos efectivamente un porcentaje significativo de visas en el tiempo de haitianos que se han acogido a la reunificación familiar conforme a lo que establece la ley. La migración de la comunidad haitiana es ínfima en relación a otros ingresos que se han producido en el último tiempo, y la gran mayoría de quienes hoy se encuentran en situación regular en nuestro país lo estaban antes del año 2021. Estoy hablando de nacionalidad haitiana. Ya he informado sobre la fluctuación en los números, que ha pasado de poco más de 180.000 a 188.000 en condición regular. Eso es cuanto puedo informar, presidente.
Muchas gracias.
Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra.
Sí, diputado, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Lo que sucede es que, en la exposición del ministro Elizalde, se mencionó que no hay vuelos comerciales entre Puerto Príncipe y Santiago de Chile, indicando que operan vía charter. Me gustaría saber quién financia esos charters, ya que no se especifica en su presentación. Además, felicitarlo por el resumen del proyecto de ley que despachamos desde esta comisión, y contarle que aprobamos el derecho preferente de los niños chilenos en materia de educación, en contraste con la preferencia que hoy se está dando a los migrantes ilegales. Gracias, presidente.
Ministro, por favor, tiene la palabra.
Actualmente no hay vuelos regulares; sí hubo el año pasado, me parece. En cuanto a quién paga estos charters, lo hacen las personas que viajan, como en todos los vuelos; es decir, el Estado de Chile no compromete recursos en esta materia. No se está incentivando el ingreso de personas desde el extranjero. Tenemos entendido que se financian a través de los pasajeros que adquieren el pasaje. La PDI podría dar más detalles sobre este asunto, diputado, por su intervención. Escuchemos a ver quién organiza el charter.
Prefiero que escuchemos al director de Migraciones, a la PDI y a los invitados, y de ahí hacemos la ronda de preguntas. Si yo entiendo, diputado, perfecto. Le doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Administración.
Niños, niñas y adolescentes son los que nosotros recibimos en el aeropuerto en razón de esta visa de reunificación familiar y con quienes, además, tomamos contacto a posteriori de recibirlos en el aeropuerto con sus padres. Hasta ahora, la información que tenemos es que son ellos quienes cancelan los vuelos, sean de líneas aéreas o de TAC. Tenemos información de que dichos pagos aparecen realizados por agencias que financian estos vuelos; eso llama mucho la atención, pues lo escuché en el aeropuerto cuando fui a hacer una fiscalización.
Me gustaría, en este punto, presidente, por su intermedio, hacer la exposición respecto de la información con la que, como institución, contamos para explicar cómo se hace la recepción de estos niños, niñas y adolescentes que llegan al aeropuerto.
Efectivamente, estoy muy de acuerdo con las cifras que entregaba el señor ministro; son las mismas que nosotros manejamos respecto de la cantidad de personas que ingresan a través del aeropuerto internacional. En mi presentación se especifican los hitos desde el 2010 en adelante y, en relación a ello, se observa que el flujo migratorio desde el 2022 —tanto de adultos como de menores de edad— muestra que, hasta el 7 de abril, el total de menores que han ingresado alcanza los 2.350, todos ellos con una visa otorgada en la condición de reunificación familiar.
Quiero, en este punto, presidente, por su intermedio, dar a conocer a todos en la sala que, para quienes conocen la parte de ingreso vinculada a la construcción del aeropuerto, nuestra institución debe asegurarse de que cada uno de los menores que ingresen cumpla efectivamente con lo solicitado. Primero, en lo que tiene que ver con la documentación: se requiere el pasaporte vigente, el estampado electrónico, el permiso notarial del padre, la madre o el cuidador, y el certificado de nacimiento de cada uno de ellos.
El control regular de la persona que ingresa al país tiene un tiempo aproximado; en el caso de los menores que ingresan en esta condición, nos toma un tiempo más amplio, ya que debemos verificar toda la documentación y confirmar que la persona que otorgó la autorización notarial sea, además, la que está esperando en el exterior del aeropuerto.
Quiero dejar en claro que se trata de menores de edad; no podemos dejarlos...