En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la Comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos: en primer lugar, un oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se retira y se hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín número 17006-01.
También se recibió un correo del Gabinete del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual se remite una excusa por no poder asistir a la invitación cursada para hoy, ya que estaba citado este mismo día, lunes 14, a las 15 horas por la Comisión de Agricultura del Senado. Por tal motivo, en su representación asisten don Rodrigo Sotomayor Cabrera, director nacional subrogante y jefe de la Subdirección de Gestión Técnica; doña Bárbara Racabarra en Vallejos, jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas; y don Roberto Rojas Fabris, abogado del Departamento de Normativas de la División Jurídica.
Además, se recibió un correo de la Asociación de Funcionarios de INDAP Araucanía, mediante el cual se solicita audiencia ante la Comisión para exponer la problemática que aqueja a los funcionarios, tanto a nivel regional como nacional, a causa de los recortes presupuestarios que afectan al funcionamiento de las dependencias, la flota vehicular y la conectividad, lo que perjudica a su vez la atención óptima y oportuna de los agricultores.
También se recibió un correo del presidente del Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Agronomía del CRUCH, don Guillermo Wells Moncada, por medio del cual se excusa de participar de manera presencial en esta sesión, manifestando su total disposición a colaborar con el trabajo de la Comisión a través de los académicos especialistas de las 10 facultades que imparten la carrera de Agronomía en el país. En este sentido, agrega que asistirá en su representación el académico especialista don Esteban Basualto Venegas.
Por último, minutos antes de la sesión llegó una copia de la comunicación enviada a la diputada Emilia Nullado por la ministra secretaria general de la Presidencia, en la que se invita a la sesión de la Comisión Presidencia para la Paz y el Entendimiento, que se está realizando hoy de 9 a 20 horas en el edificio Moneda Vicente Nero; razón por la cual la diputada se encuentra en esas tareas y no puede asistir a esta sesión.
Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra.
Señor secretario, entiendo que han llegado algunas correspondencias relacionadas con solicitudes de audiencias. Según lo expresado, los funcionarios de INDAP Araucanía también han presentado peticiones a raíz de los recortes presupuestarios que está experimentando, en especial, el Ministerio de Agricultura y todas sus reparticiones.
Me parece que contamos además con algunas peticiones relacionadas, ya sea de INDAP u otros servicios que versan sobre temas similares relacionados con el funcionamiento. Hemos mantenido varias sesiones con las asociaciones de funcionarios que agrupan estas solicitudes por el mismo motivo de los recortes presupuestarios. Si le parece a la Comisión, espero poder colocar dicha solicitud en tabla.
dependiendo de la disponibilidad de audiencias y de los temas que estamos tratando. ¿Habría acuerdo como para el futuro? La semana pasada, señor secretario, tomamos el acuerdo de insistir por el tema de la comisión bicameral con el Senado a fin de que los comités pudiesen evaluar nuevamente la negativa que ellos habían manifestado respecto de esta posibilidad. ¿Esa nota fue enviada? Entiendo que sí, pero no hemos tenido ninguna. No, porque ellos se reúnen los días miércoles, pero quería saber si estaba despachada. Sí, diputada Laura, adelante.
Gracias, presidente.
Sobre el punto de manifestar que cuando tuvimos acá al director de Servicio de Impuestos Internos, quien reconoció que hubo errores en el cálculo del reavalúo de los predios rurales en la región de Valparaíso, en esos casos puntuales que se revisaron, yo solicité a la Contraloría que esto fuera revisado, dado que le manifesté en ese momento al director que ellos mismos pudiesen hacer de oficio una revisión de todo, una auditoría de todo el proceso, considerando que ya hubo errores identificados, y la Contraloría acogió mi solicitud e instruyó, dentro del Servicio de Impuestos Internos, una auditoría a todo el proceso de arrabalo de predios agrícolas realizado en el 2024.
—¿Esa respuesta, perdón, diputada, le llegó a usted? Porque sería bueno poderla eventualmente hacer llegar a los comités ya que es una situación que respalda aún más, ¿no es cierto?, la petición de esta comisión bicameral para analizar la situación de los reavalúos.
—Sí. Como solicitante, me llegó directamente a mí la respuesta; la voy a hacer llegar al grupo de la comisión para que lo podamos utilizar como respaldo y darle más fuerza a la necesidad de llevar adelante esto.
Muchas gracias, diputada. Muy importantísimo su aporte respecto de este tema. ¿Sobre otros temas se ofrece la palabra?
Bueno, pasaríamos entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto analizar la aplicación del artículo 12 de la ley 21.489, especialmente en relación a las medidas que se deben adoptar para la protección de la actividad apícola en el caso de la aplicación de plaguicidas. Se encuentran invitados el Director Nacional subrogante y jefe de su Dirección de Gestión Técnica, don Rodrigo Sotomayor Cabrera. Don Rodrigo, muy bienvenido.
La jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Agropecuarios, División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, señora Bárbara Recavarra en Vallejos. Ella no está ya, entonces ya no estaría. Perdón, le doy la palabra a… puede aquí registrarlo, ¿no es cierto? Gracias.
Presidente, bueno, primero que todo, saludar a todos los diputados y diputadas, igualmente a los colegas asistentes. Bárbara, a esta misma hora hay una sesión de la Comisión Asesora de la Dirección Nacional en materia de plaguicidas que ya había sido citada precedentemente, y en este momento ella está precisamente dirigiendo esa reunión con los gremios, con las asociaciones de productores y con las asociaciones de trabajadores en general. Es una instancia bastante participativa y se está tocando, por lo pronto, este mismo tema, el tema de la resolución 243. Gracias.
Gracias, señor director.
Se encontraría también el abogado del Departamento de Normativa de la División Jurídica, don Roberto Rojas Fabriz. Muy buenas tardes, don Roberto. Bienvenido.
Y el jefe de División Pecuaria, don Carlos Orellana Paquero. Muy buenas tardes, don Carlos.
También el representante del Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Agronomía del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, don Esteban Basual Benegas, quien estaría por Zoom. Bienvenido, don Esteban.
La ingeniera agrónoma, magíster en ciencias agropecuarias, doctor en ...
Ciencias de la Agricultura, señora Karina Pucetti. Muchas gracias, bienvenida, señora Karina. El representante de la zona Maule Norte, don Juan Baeza Ortiz. ¿No está? No ha ingresado. Ah, ya, ya. Ya, aquí aparece como Mytenes Autos, ya, ya. Y don Diego Montenegro, de la Asociación de Agricultores Unido. Don Diego, lo veo ahí, que está con el Zoom de don Camilo Guzmán. Bienvenido, don Diego, y también don Camilo, que está acompañándonos.
A ver, como ya lo hice en la orden del día, el objetivo es analizar la aplicación del artículo 12 de la ley 21.489 en relación con la protección apícola en el caso de la aplicación de plaguicida, y específicamente lo que significa el alcance de esta norma, por cuanto muchos agricultores han manifestado su preocupación respecto a este tema, ya que su actividad agrícola se puede ver limitada por esta normativa que, claro, pretende proteger la actividad apícola, pero que, de rebote –o más que de rebote en realidad– afecta eventualmente a la actividad agrícola. Por lo tanto, nos interesa saber cuál es efectivamente el alcance y cuáles son las modificaciones que eventualmente se tendrían que hacer, si es que hoy día se está poniendo en riesgo una actividad agrícola y pecuaria en nuestro país.
A ver, me gustaría dejar la exposición de doña Karina Pucetti, ya que ella se encuentra presente y nos trae una presentación, para efecto de que también los demás expositores que están vía Zoom pudiesen intervenir con posterioridad a su exposición. Señora Karina, entiendo que la presentación ya fue subida y, para efectos, ¿de cuánto tiempo necesita para exponer? Máximo 15 minutos. Adelante, señora Karina.
Ahí está, muy bien.
Muchas gracias, señor presidente, estimados diputados y diputadas. Gracias por la invitación. En este caso, quiero contextualizar un poco la realidad de la aplicabilidad de esta norma. La verdad es que, como investigador, también el doctor Esteban Basualto conoce bien cuál es la aplicabilidad de estos avisajes en la práctica cuando se está desarrollando investigación vinculada a plaguicidas y la operatividad que ha tenido, a lo largo de la historia, esta temática relacionada con las fiscalizaciones.
Básicamente, también mencionarles que nosotros entendemos la realidad de por qué se generó toda esta temática. En el tema de los plaguicidas –que, como sinónimo, implica recordar que se involucran productos de origen biológico, no solamente de origen o de síntesis química–, y que, a la fecha, en comparación con cuando partió este cuestionamiento más fuerte sobre estos productos, estos 1.451 plaguicidas que se encuentran autorizados en el Servicio Agrícola y Ganadero, hoy tenemos una pirámide invertida en términos de toxicología. Estamos hablando de que la toxicología de los plaguicidas hoy se concentra en el ámbito agrícola, con toxicidad aguda menor; es decir, hoy día contamos con una mayor paleta en el porcentaje de etiqueta verde versus lo que sería la etiqueta roja, que hace años se cuestionaba tanto.
Inicialmente, todo este cuestionamiento partió con el tema de la Contraloría, en el informe 174 del año 2021, que cuestionó la gestión del Servicio Agrícola y Ganadero entre los años 2017 y 2019.
[Interrupción breve]
Bueno, básicamente, en ese contexto se inició este cuestionamiento importante, pero quiero destacar que hay…
...que es mucho mayor y que de ahí, digamos, parte esta problemática, que es justamente la violación a los límites máximos que se han reportado por ATIPIA en distintos mandatos y donde, básicamente, se verifica que gran parte de las violaciones en el uso de plaguicidas se da en horticultores. Es en hortalizas, particularmente en aquellas de hojas verdes, donde los reportes de ATIPIA denotan estas violaciones por malas prácticas.
A su vez, dentro de lo que corresponde a los informes que son públicos y considerando toda esta información que he sacado del REBEP, estamos hablando de que actualmente tenemos 654 intoxicaciones agudas por plaguicidas ocurridas en el año, si bien en ellas también se incluyen aquellos plaguicidas que son de uso doméstico y sobre los cuales hoy día no ha habido mayor pronunciamiento.
Respecto a esto, también se ha sumado este ítem que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero dentro de los registros de inspección de origen por contaminaciones químicas, que precisamente da el trasfondo de todas estas nuevas regulaciones.
Otra de las prácticas que han sido públicas es, por ejemplo, el hallazgo de estos residuos peligrosos en el humedal de San Vicente de Atahualpa, que ocurrió, está reportado y, aunque existe más información que la que estaba publicada en el Servicio Agrícola y Ganadero, en el fondo el marco regulatorio nos indica que hay ciertas malas prácticas, pero no sabemos hoy día desde dónde surgen.
Dentro de las problemáticas que se han señalado, en el informe de la Contraloría se apuntó muy fuerte a aumentar la discusión público-privada, que fue sugerencia de dicho informe. No obstante, distintas normativas han pasado por consulta pública. Se incluía esta regulación, la 243, en la que personalmente participé.
Y, bueno, dentro de esto, de las cosas que se han cuestionado, está, obviamente, quién se vende, cómo se recomienda y dónde se venden. Ahí ustedes conocen también todo el problema que tenemos con el comercio ilegal de plaguicidas, con el comercio informal de plaguicidas y este comercio que ha surgido a raíz de la tecnología que opera a través de Internet e incluso mediante plataformas de uso muy frecuente, sin que sepamos tampoco cómo llegan a destino; existen, además, problemáticas en el transporte.
Como se mencionaba al principio, la pirámide desde el punto de vista de la toxicología hoy está invertida, ya que la mayoría de los plaguicidas autorizados son de etiqueta verde. Por lo tanto, desde el punto de vista agrícola se ha disminuido el riesgo de las intoxicaciones por esa vía. ¿Qué es lo que siempre se ha cuestionado desde nuestra parte? El hecho de quién los usa, cómo se usan y quién los recomienda. ¿De dónde salen estas necesidades? ¿Quién determina esta necesidad? Y algo que es evidente es que, finalmente, son las faltas de medidas de seguridad –más que por falta de regulación, pueden ser por incumplimiento o por malas prácticas– las que han dado lugar a estas violaciones en las aplicaciones, por ejemplo, mediante drones, que hoy están muy frecuentes y publicitados a través de Internet.
En esto, se han dado distintas solicitudes de normativas. He visto varias de las comisiones que se han conformado en esta sala, donde diversas miradas han forzado quizás que estemos hoy discutiendo este tipo de regulación. Dentro de ella, nuestro mayor problema como usuarios de plaguicidas hoy lo tenemos con el avisaje, porque tanto el avisaje incluido en la ley apícola y su debido reglamento, como aquel que está incluido en la resolución 243, desde el punto de vista operativo es prácticamente impracticable. ¿Por qué? Porque hoy hay un punto relevante sobre dónde se concentra el problema versus quiénes realmente pueden operar con este avisaje. Es distinto, por ejemplo, que se estén dando los avisos como Estación Experimental –por ejemplo, que yo investigo sobre plaguicidas agrícolas– versus lo que pueden hacer los horticultores con los que trabajo. Los horticultores con los que trabajo, finalmente, no conocen mayormente de aplicaciones celulares, no conocen, digamos,
Bien, la operatividad de un correo electrónico: muchos caen en problemáticas de phishing, de distintos manejos, digamos, de información digital. Y, por otro lado, algo que es sumamente importante es que se va saliendo de la región metropolitana, desde Angostura hacia el sur, principalmente en las zonas que están en los cerros, y es el hecho de que no tenemos conectividad. No hay señal de celular y no hay una oficina del SAC cerca; personalmente, tengo que ir 30 minutos en vehículo para poder llegar a la oficina regional del SAC y cumplir, en teoría, con esta norma.
De la misma forma, incluso en la estación experimental que está en Peumo, si es que alguien –por ejemplo, un pequeño horticultor de la zona– no tiene para financiar una red satelital, no tiene ninguna conectividad. La oficina más cercana está, digamos, en San Vicente de Atahualpa y la operatividad de la misma va a ser menor, precisamente porque no hay a quién dejarla. Entonces, ¿quién firma el acta? Hoy eso no está claro.
Dentro de las problemáticas, simplemente en regiones como la Araucanía, al separarse de la Ruta 5, no tenemos señal en los lugares donde se producen los cereales o las papas, y encontrar la oficina del SAC hoy en día es muy complejo. Insisto: para estos pequeños horticultores, para la agricultura familiar campesina, esto resulta inaplicable.
Dentro de las confusiones que se van a producir –y esto me ocurre en lo personal–, actualmente ya avisamos a los vecinos y al servicio de urgencia cercano desde el año 2015; vamos a sumar el avisaje a la red de apicultores, el avisaje al SAC y, en el caso de que esto fuese una aplicación aérea, vía dron, tendríamos el problema de que también habría que avisar a la DGAC.
En términos de experiencia previa, puedo hablar de cómo lo han aplicado conmigo en las fiscalizaciones a las estaciones experimentales. La persona que iba a fiscalizarme, a quien estaba mencionando, muchas veces no tenía acceso a los equipos con los que deben pasar el acta de fiscalización; no contaba con GPS ni con el equipo de seguridad. Quien llega a fiscalizar la aplicación, en plena operación, no tiene el equipo de protección personal. Por tanto, hoy en día se considera un riesgo, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, implementar esta norma y cargarles esta temática mientras no exista una coherencia respecto a lo que ellos pueden acceder versus lo que se va a poder aplicar.
¿Qué ocurre, por ejemplo? Para nuestra estación se ha solicitado, según información pública, que se nos fiscalice seis veces porque estamos al lado de la carretera, mientras que en otras estaciones experimentales de nuestros vecinos hay algunas que no han sido visitadas en los últimos años. Entonces, ¿qué relevancia tiene visitarnos seis veces si no tenemos incumplimientos en nuestro funcionamiento? ¿Para qué gastar tanto recurso público?
Por otro lado, también nos ha ocurrido, en una experiencia de al menos 10 años, que los correos institucionales se saturan a la primera semana de la temporada. ¿Por qué? Porque el SAC tiene asignado personal con la labor de fiscalización y esa persona utiliza un correo institucional que, de inmediato, comienza a rebotar al recibir toda la información.
Dentro de lo que ocurre para aplicar la ley de avisaje a los apicultores, está el tema de que la lista de plaguicidas, que hoy se encuentra clasificada como moderadamente tóxico para abejas o muy tóxico para abejas, está en actualización. Por lo tanto, habrá confusión desde el punto de vista del usuario, ya que lo que hoy es considerado tóxico, clasificado bajo las normativas vigentes, durante esta transición puede cambiar de clasificación y quedar, quizás, como inocuo para las abejas. Desde ese punto de vista, en este periodo de transición vamos a tener esa confusión y tendremos que sobreavisar.
Por otro lado, en la práctica, el agricultor avisó al SAC que iba a utilizar el plaguicida A, pero ese plaguicida se agotó en stock. Avisó dentro del plazo indicado por el SAC –48 horas–, pero al agotarse el plaguicida, él tiene que hacer un cambio, porque si no cambia de plaguicida, probablemente o se
La fruta, o se le llene de mosca o se lo coman los, digamos, los escarabajos, y cambia este producto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Va a quedar en incumplimiento? ¿Quedará como falta a la verdad ante la autoridad fiscalizadora? Porque va a tener que cambiarlo; cambiar, digamos, el número de autorización de uso, cambiar la marca, y quizás incluso el ingrediente activo. Y hoy, esa puerta, digamos, quedó abierta en la norma.
Desde el punto de vista del cambio de horario de la aplicación, esto les ocurrirá también a los agricultores, tanto grandes como pequeños, por falta de maquinaria, ya que la lluvia, no sabemos —no podemos saber— a qué hora termina de llover y cuándo se puede reingresar. La disponibilidad de maquinaria varía de acuerdo al tamaño del huerto y, acorde a la norma, las aplicaciones deben realizarse o muy temprano en la mañana o durante la noche. Aquellos huertos que son muy grandes probablemente terminen de aplicar en un horario que estará en infracción. Para poder aplicar, tendrán que trasladar la aplicación al día siguiente, pero se avisó que ya no se cumplirán las 24-48 horas; se les va a correr, se les va a desfasar netamente por logística.
Muchas veces, como es mi caso, tengo acuerdos con vecinos para no molestar durante los horarios en que ellos no están en casa; por lo tanto, no necesariamente el horario fijado por el Servicio Agrícola y Ganadero es un horario en el que, de partida, haya funcionarios trabajando, y tampoco garantiza la aplicabilidad de la norma. ¿Habrá alguna multa por ello o será peor haber avisado y que después se entregue esa información?
Dentro de esta norma, que he mirado de forma muy positiva, se establece que el curso de aplicador SAC será obligatorio. Hoy día se exige dicho curso y, si bien la investigación para mi tesis doctoral ha demostrado que la educación es absolutamente positiva en el abordaje del problema de los plaguicidas, basta con analizar el precio de mercado actual de este curso: un valor aproximado de 250.000 pesos, que incluye el valor de referencia de 230.000, promedio según distintas OTEC, y el cobro de tramitación por la credencial SAC de 25.907, establecido por normativa. Esta certificación será válida por cinco años y también deberán obtenerla aquellos pequeños horticultores que aplican plaguicidas; o sea, quien esté con la bomba a espalda también tiene que tener este carnet de aplicador SAC.
Hoy, ese rol quedó en manos de privados, es decir, de las OTEC, y se perdió, digamos, el vínculo con el INDAP, que sabemos que también está con baja de presupuesto. Se perdió, en cierto modo, la línea respecto a una validación de conocimientos previos, la cual quizá podría abordarse mediante la formación de técnicos agrícolas y, por supuesto, a través de la red de profesionales representada por el doctor Esteban Baso Alto.
Finalmente, todos estos costos operativos, incluidos los del avisaje, están a cargo del pequeño agricultor. Quizás uno grande, como también las exportadoras con las que trabajo, no tenga este problema y se pueda sistematizar el sistema de avisaje; pero, lamentablemente, quedó abierta la puerta para que, cuando se fiscalice al pequeño agricultor, éste se encuentre en incumplimiento. Sin duda, estará en incumplimiento, y este avisaje, sumado a la capacitación obligatoria y al desconocimiento actual sobre estas nuevas normas, configura un problema al que nos enfrentamos de manera transversal.
Simplemente, agradezco que se hayan dado algunos avances. La verdad es que esta temática se abordó incluso en años anteriores; en su oportunidad, el SAC, a través de OTEC, mediante una licitación realizada en el año 2020, puso en marcha el primer programa de capacitación gratuito para pequeños agricultores. Actualmente, a raíz de la promulgación de esta resolución, también podríamos decir, en términos más coloquiales, que no hemos puesto las pilas como industria, ya que, por ejemplo, se dictan cursos a través de la SNA y desde siempre en entidades gremiales como AFIPA; pero, lamentablemente, el pequeño agricultor no tiene necesariamente acceso a estos.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora Karina. Vamos a hacer totalmente la ronda y, después, realizaremos alguna consulta y la palabra al director para que clarifique algunos conceptos que los parlamentarios puedan manifestar. Dejamos a continuación la palabra a don Esteban Basualto Venegas.
Don Esteban, no sé si está… ¿Sí? ¿Tiene audio? Buenas tardes, don Esteban. Adelante, tiene la palabra.
En mi caso, las facultades de agronomía de Chile, y, bueno, hay poco que decir. La Universidad del Cruce está abierta a colaborar en esto, que es súper importante. La doctora Bucetti ha dejado bastante claros los puntos principales en una muy sólida presentación. Yo solamente quería complementar un par de cosas: por un lado, ella abordó muy bien lo de los productores que utilizan agroquímicos, pero también es necesario complejizar el asunto pensando en los agricultores, quienes supuestamente deben ser beneficiados con esta normativa de avisaje.
Hay que tener presentes algunos detalles importantes. La mayoría de los apicultores en Chile son pequeños apicultores, parte de la agricultura familiar campesina, como se mencionó. Algunos también son horticultores, ya que la mayoría son multirubristas; muy pocos se dedican exclusivamente a la apicultura. Por un lado, aplican productos y, por otro, deben proteger sus abejas. Muchos, además, tienen su apiario en un lugar distinto a donde viven, lo cual implica un tiempo considerable de traslado y, por ende, no estarán tan directamente informados de lo que sucede en el campo cercano. Esto puede generar dificultades, especialmente en la comunicación, ya que, como recalcó Karina, en zonas de regiones la señal y los servicios celulares no son muy confiables. Por lo tanto, muchos productores no recibirán la información a tiempo ni tendrán claro cuáles son los inconvenientes y de qué tipo de producto se trata.
Otra cosa que hay que recalcar es que no solamente estamos hablando de insecticidas. Cuando se piensa en abejas, muchas veces el pequeño productor cree que únicamente debe informar sobre insecticidas, pero existen otros productos que pueden tener un impacto y que, de acuerdo a la norma, deberían ser informados. Así es que, estoy totalmente de acuerdo en que debemos implementar una etapa fuerte de educación, pues tanto los productores como los apicultores deben tener claro cuáles son los elementos que deben ser informados, los riesgos asociados a este tipo de aplicaciones y cómo y dónde conseguir la información para estar atentos a estas circunstancias, especialmente en temporada.
Hemos tenido varios casos de personas que se nos han acercado por aplicaciones en zonas forestales; por ejemplo, en algunos casos movieron sus colmenas y se realizó una aplicación con mala coordinación. Por falta de información, sus abejas fueron expuestas a una aplicación que no esperaban. Son muchas las variables que hacen esto difícil, pero eso no significa que debamos dejar de abordarlo.
Muchas gracias, don Esteban. Ha agregado un antecedente importante respecto a lo que ya comentó la señora Karina, al señalar que no solamente se trataría de productos tóxicos, sino que también podría involucrar a otros productos químicos.
A continuación, tenemos a don Juan Baeza Ortiz. Entiendo que estaba conectado. Don Juan Baeza, hola.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por hacer partícipes de esta reunión, señor Presidente, señores diputados.
Bueno, primero que nada me presento: soy Juan Baeza, represento a la Región del Maule en calidad de agricultor y miembro de una asociación muy joven, pero bastante fuerte. De hecho, estamos recién formándola y ya hemos logrado grandes cosas, como por ejemplo ser partícipe de esta reunión, lo cual es un gran logro. Se les agradece mucho.
La ley que se quiere tratar es muy compleja. Yo creo que esta ley no ha sido completamente estudiada. Tenemos claro que las abejas son el eje fundamental de la agricultura y la supervivencia a nivel mundial, ¿cierto? Sin abejas, está comprobado científicamente que prácticamente se terminaría la vida humana. Eso lo saben todos; a grandes rasgos, hasta un niño en el colegio se le enseña que la abeja es la que proporciona la polinización en el campo y produce el alimento diario.
Sin embargo, hay una gran controversia. Según yo, no está bien estudiada, porque, por ejemplo, no se puede combinar el tema de esta provisión con todas estas acciones sin contar con un previo estudio verídico y real de las personas que están metidas en la agricultura, que somos nosotros. En realidad, somos nosotros los que nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 10 u 11 de la noche para cultivar los campos, y enfrentamos esta problemática día a día.
Por ejemplo, ¿qué pasa hoy? Yo soy productor de tomates y hortalizas en general, y a veces utilizo abejas para la polinización de los semilleros. Pero, ¿qué sucede si el día de mañana mi vecino decide ser apicultor y coloca un plantel de abejas al lado de mi cultivo de tomates o de mi plantación de semilleros? ¿Qué puedo hacer si aparece una plaga, como pulgones en los tomates o bolillas en los repollos, y me veo imposibilitado de fumigar el campo, perdiendo la producción por culpa de la cercanía de las abejas?
Por ello, es indispensable que se haga una ley bien estudiada, con parámetros claros. Por ejemplo, los apicultores deben registrarse; en Chile aún no se ha implementado, y hay muchos apicultores pequeños que lo toman como hobby, especialmente en la zona del Maule, donde conozco a colegas agricultores que se dedican tanto a la agricultura tradicional como al manejo de abejas. Entonces, ¿qué pasará cuando tenga que informar al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que voy a fumigar con un producto químico que perjudica a las abejas, mientras mi vecino tiene un plantel de abejas al lado?
Es necesario normalizar criterios, por ejemplo, estableciendo una distancia mínima. Un apicultor inscrito no debería colocar su plantel a 100 metros de una plantación de tomates o de cerezos, ya que esto genera serios inconvenientes.
La ley que quieren aprobar hoy es muy compleja. Yo propongo que se realice un estudio más a fondo sobre lo que está pasando, evaluando tanto los beneficios económicos de esta ley como su impacto en la rentabilidad para las campesinas. Imagínense que, cuando aparece una plaga de pulgones en los tomates o un ataque de polilla en los repollos, en 24 horas se puede perder toda la producción, quizá incluso antes.
Mire, este verano tenía una plantación de repollos, por decirlo así, ...
Sí, estaba full con un riego, porque tuve unos problemas de agua y, qué sé yo, me descuidé por 24 horas de una plantación de arroyos. ¿Saben lo que tuve que hacer? Ponerle la rastra y arrastrarlo, eliminarlo, porque las polillas en 24 horas me comieron los arroyos.
Entonces, no voy a poder estar, no vamos a poder estar, porque no soy el único afectado; no vamos a poder estar, digamos, preocupados. Chuta, tengo que avisar a la ASAP en 24, 48 horas. O sea, en el campo hay un señor muy popular, todos lo conocen, que dice que el campo no para. Y es así: el campo no tiene tiempo para el tema; hay que usar el aspecto técnico, hoy día la tecnología hay que usarla, por supuesto, pero el campo no está en condiciones para estar avistando todo este tipo de leyes.
Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es elaborar un calendario de aplicaciones y, a lo mejor, renovarlo cada 30 días. Yo, en tal fecha, voy a aplicar tal producto, pero no pueden ser estas medidas que están tomando. Yo, discúlpenme con todo respeto, señor Presidente, señor diputado y diputada, encuentro que esta ley es nefasta para la agricultura. Vamos a retroceder en vez de avanzar. Las leyes hay que hacerlas, porque un país sin leyes no avanza, pero cuando se hacen hay que hacerlas bien estudiadas.
Si me equivoco en algo de lo que digo, me disculpen, porque yo soy agricultor, soy de pala, de tractor, de siembra; no estoy acostumbrado a meterme en una reunión o algo así, pero somos los que estamos viviendo, los que vamos a vivir esta problemática. Entonces, por favor, les pido que analicemos bien, que veamos los hechos, y les vuelvo a agradecer: hagan partícipes a los involucrados de estas leyes, porque todas las leyes agrarias en Chile no dan resultados. Ustedes tienen que sacar, estadísticamente, cuáles son las leyes agrarias del agro que han dado resultados en un tiempo prolongado —digamos, 20 o 30 años, son muy pocas—. La mayoría de las leyes las vamos evadiendo, porque no dan lugar; y es que la mayoría de los agricultores evadimos las leyes agronómicas, porque no da. El campo, como les digo, no para.
Y van a aprobar una ley que, en el fondo, nos va a afectar a todos. De hecho, por ejemplo, la apicultura y la agricultura van de la mano. Pero, ¿qué va a pasar con esta ley? Nos vamos a ver envueltos en discusiones con nuestros vecinos, porque, claro, mi vecino no va a querer que yo fumigue y le mate sus abejas, o viceversa, yo no voy a querer perder mis cultivos por estarle cuidando las abejas del vecino. Entonces, hay que regular, hay que hacer un plan, un plan de mitigación o, no sé, un plan que contemple sectores donde puedan haber abejas.
El campo es tan grande. En la séptima región del Maule y en todo Chile tenemos tremendas cordilleras, tenemos tremendos cerros, donde podríamos dar uso a esos suelos infértiles y, a lo mejor, hacer como se hacen planteles lecheros, planteles porcinos, planteles apícolas. Ayudemos a los apicultores chilenos: ellos no van a molestar a nadie y nosotros no nos vamos a molestar a ellos. Y cuando necesitemos las abejas, ellos, al traerlas para acá, van a tener más rentabilidad como apicultores, porque si nosotros necesitamos las abejas, tendremos que pagarles o subsidiar de alguna manera para que nos las proporcionen. Esto podría ser un negocio mucho más rentable para ellos sin traernos pérdida económica a nosotros.
Y, por favor, cuando estén creando la ley, pregúntenle a quienes están involucrados. Las leyes no se crean dentro de cuatro paredes; no se crean en aislamiento. La mayoría, perdónenme, a lo mejor estoy equivocado, pero vuelvo a decir: la mayoría de los diputados, senadores y demás legisladores en Chile, muchas veces no tienen ni idea de cómo se cultiva una papa. Es de risa, pero hay, por ejemplo, diputados que salieron por popularidad y que no saben ni cómo se maneja el campo, cómo se produce. Hay gente en la ciudad, en Santiago, que creo que todavía piensa que los yogures que les dan las vacas se obtienen a las 5 de la mañana, sin saber que hay un proceso: hay que alimentar las vacas, hay que criarlas. Y ese es el problema. Ese es el problema, da para la risa, ¿verdad?
Ese es el problema real que está sucediendo acá en Chile. Las leyes, las leyes las están creando personas que no están involucradas en el problema. Eso, eso, ese es el problema grave que pasa. Vuelvo a decir, necesitamos leyes en Chile. En un país sin leyes no prospera. Tienen que haber leyes, tienen que haber límites, tienen que haber personas que gobiernen; pero todo eso tiene que ser complementado, digamos. Yo siempre he dicho, tengo una frase muy popular que en algún momento que tuvimos que hacer fuerza para el tema de las inundaciones. Siempre tengo una palabra, una batallita, que ha ido conmigo en la batalla, digamos. Es bien claro, o sea, la cosa es: los que estamos en el campo, tal vez, seamos la razón, y ustedes, que son los que promulgan las leyes, son la fuerza. ¿Y qué es lo que dice nuestro escudo nacional? Por la razón o la fuerza. Seamos nosotros la razón. No en todas las cosas tenemos que tener, digamos, margen, pero si nosotros seamos la razón y ustedes la fuerza, creemos en la ley, que sea competente y digna para todos. Y hay muchas leyes por crear, por ejemplo, muchas cosas.
Por ejemplo, me voy a ir un poquito para el lado, dentro de la reunión, para que puedan exponer los demás. Está bien que vayan discutiendo de forma breve. Por ejemplo, tenemos el problema del abuso de la agroindustria. La agroindustria en Chile, lamentablemente, se comercia; la agroindustria nacional, lamentablemente, empobreció al campesino chileno. Se lo digo yo, que tengo contrato automático con la agroindustria, y ya abusan completamente de la posición dominante que tienen ellos, y lamentablemente tampoco hay ninguna legislación que diga: "Chuta, yo vendo un kilo de tomate a 88 pesos y voy a comprarme un tarro de salsa al supermercado y vale 1.500 pesos." Tienen que haber parámetros para las cosas. Un quintal de maíz, hoy día, está valiendo 23 lucas. Y un saco de alimento para mascotas vale 30 o 40 lucas, donde ocupan 80 o 85% de maíz. O sea, yo estoy vendiendo un maíz, ni siquiera la cuarta parte de lo que están sobreganando. Entonces, hay cosas muy sobrevaloradas.
Bueno, y les vuelvo a decir, la agroindustria empobreció al campo y al campesino chileno. No voy al tema, pero ya, voy a conectar el corte, por favor. Les doy las gracias por ser los partícipes de esto. Les doy las gracias a don Camilo Cumbán, que me hizo parte también, obviamente, con él estamos luchando juntos para que construyamos un país justo, equitativo y con buenas leyes, para que la agricultura chilena pueda seguir alimentando, tal vez, gran parte del mundo, quizás, con todo el potencial que tenemos. Por eso, les pido, por favor, que analicemos y veamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Baeza.
Don Diego Montenegro –
Muy clara su exposición. Señor Presidente, honorables diputados y diputadas, y aquellos que me antecedieron —Karina, don Esteban, don Juan—, buenas tardes. Concuerdo con todo lo expuesto; creo que estamos más o menos pensando en lo mismo. Aquí hay algo de lo que no se mencionó: que sobre esta ley viene un impacto económico, un impacto social, un impacto productivo y también un impacto ambiental.
¿Por qué? Primeramente, lo hablo desde mi experiencia personal. En mi trato con el apicultor, siempre hemos tenido una relación directa, sin la intervención de alguna institución ni nada. Yo llego, hago mi calendario de aplicación, ejecuto la aplicación y lo llevo al campo. Yo estoy en cultivo extensivo y también en frutales; entonces, veo ambas fumigaciones. ¿Qué pasa con esto? Podemos tener un impacto social que va a ser, primer que nada, que se perderá la relación agricultor con agricultor, ya que, de hecho, vamos a tener algunos roces. Al pasar a esto, tendremos también un impacto económico. Muchos podrían tomar la decisión, el día de mañana, de no sembrar—para no tener problemas con el SAG o con el vecino—por ejemplo, en la región donde se da mucho el RAPS. ¿Qué pasa si dejamos de sembrar RAPS? Muchos apicultores están todo el invierno esperando que llegue la primavera para poder recurrir a tal preciada flor, que significa que su…