Senado - Trabajo y Previsión Social - 14 de abril de 2025

Buenas tardes, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Senado de Trabajo y para los efectos se declara abierta. Esta sesión ha sido convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley que reconoce la función de las y los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Antes de eso, tengo un compromiso particularmente con trabajadores de mi región, en este caso los del puerto de Coronel.

Quiero que me dispensen ambos senadores y los presentes, porque voy a decir un par de cosas que creo que son tremendamente importantes. Este fue un conflicto que en su momento se transformó en una cuestión de carácter nacional y sigue latente, toda vez que se termina el convenio de producción de puestos de trabajo el 31 de mayo de este año. Lo que se pretende es que, a partir de los problemas que existen en la economía y en la carga de región, no se traspase la merma de los puestos de trabajo a los trabajadores organizados, es decir, a los sindicatos que han mantenido una situación de mantener esta provisión de puestos de trabajo y de establecer que el derecho a sindicalizarse no deba ser causal para despidos, como ha venido ocurriendo en ocasiones. E evidentemente se trata de respaldarlos para que, a partir de la apertura que han tenido al diálogo y al acuerdo, esto no sea echado a la borda ni se les castigue, como está ocurriendo por ahora en el puerto de Coronel. Lo menciono porque es uno de los conflictos que, además, para la región del Bío Bío es tremendamente importante que llegue a buen puerto, producto de los problemas de empleo que tenemos en nuestra región. Espero hacer también un llamado que llegue a oídos de la gerencia del puerto, para que a través del diálogo democrático esto se pueda resolver. Está a disposición, pero no podemos estar permanentemente haciendo este tipo de esfuerzos cuando a veces no se entiende que la gerenciación es diálogo y es acuerdo, y no imposición ni exoneración desde los trabajos. Así que hago un llamado para evitar justamente esta situación que hoy se está dando, particularmente a tres sindicatos históricos del puerto de Coronel, que son los que se sienten más afectados con este tipo de forma de llevar adelante las relaciones laborales. Dicho eso, entramos al proyecto como tal que ha convocado para zonar. Tenemos invitados al señor Ministro del Trabajo, don Jorge Boca; a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales; a los dirigentes de las federaciones, sindicatos de trabajadores de empresas, de interempresas, de aseos, jardines, jornatos, rellenos sanitarios, centros publicibles, FETA-CEN; al vocero, señor Manuel Silva; y, si hay otros dirigentes, nos hacen llegar los famosos coordinadores de federaciones, además del vocero, señor Miguel Ramírez, que lo tengo aquí registrado. El orden del debate será el siguiente: en primer término, hará uso de la palabra el señor Ministro; a continuación, la señora Subsecretaria; y, posteriormente, los dirigentes sindicales que así lo estimen. Como tenemos nosotros a este lado una situación que se nos puede complicar, yo le quiero proponer a los colegas, senadora y senadores, que, dado que este proyecto ya ha sido ampliamente debatido en la Cámara de Diputadas y Diputados, procedamos a votarlo en general y continuemos avanzando con el debate a continuación. Así es que, si tenemos acuerdo, se procede a la votación. Presidente, entonces, se pone en votación en general. Senador García Rubinó: A favor. Senadora Sepúlveda: A favor. Quiero justificar mi voto diciendo, en primer lugar, unas disculpas, porque nos hemos retrasado en el Senado en varias oportunidades. Y ello se justifica por lo ocurrido en esta misma sala, cuando votamos la reforma previsional que nos llevó prácticamente un año y que constituía una de las responsabilidades primarias que teníamos: sacar adelante esa reforma. Reconozco, sin embargo, lo valioso de la labor que ustedes realizan.

Permanentemente, agradecer esa labor que realizan y que, sin ustedes, las ciudades y los sectores rurales no podrían vivir. Entonces, es fundamental lo que ustedes realizan. Lo segundo es que he tomado contacto con hartos de ustedes que ya están acá y que nos habían pedido que esto se acelerara, y por eso me alegro mucho de la determinación que tomó el presidente al votar en general hoy día y que el proyecto pueda ir a sala, igual que el senador García Ruminón. Y algo tan fundamental como es la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿no? Es algo que deberíamos tener en cuenta en todas las labores, pero sin duda, en la labor que ustedes realizan, con mayor razón. Así que, con todo cariño, respeto y agradecimiento, voto a favor, presidente. Voto a favor, presidente. Sí, voto a favor. Espero que efectivamente este sea un avance sustantivo. Conozco, por las funciones que desarrollé en mi vida política con la integración, los desvelos y todo lo que ha sido el trabajo constante de los trabajadores y trabajadoras de este mundo, para establecer, primero, su organización; segundo, la conquista de derechos; y tercero, ser también parte del servicio público tan indispensable para una ciudad, en lo que se refiere a los aspectos sanitarios que se dan en los diversos territorios. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad y compromiso. Así que voto a favor del secretario. Resultado de la votación: tres votos a favor de la idea de legislar, presidente. Queda aprobado. Entonces, ahora, el señor ministro. Muy buenas tardes, presidente. Saludo a los senadores y senadoras de esta comisión y, particularmente, a todos los dirigentes sindicales que nos acompañan el día de hoy, sin los cuales el avance de este proyecto no sería posible. Un reconocimiento también a ustedes, ya que efectivamente era un proyecto largamente esperado para continuar su tramitación, pero dado la coyuntura de la reforma de pensiones y lo relevante que era aprobar esa reforma para el país, hoy retomamos esta agenda. Creo que es también una excelente noticia que ya hayamos aprobado el proyecto en general para poder entrar en la discusión en particular. Mi presentación va a relevar los aspectos más importantes de este proyecto y explicar que es algo que se dio en la Cámara de Diputadas y Diputados, que encarna justamente el sentido y la necesidad de un proyecto como este. Destaco también que este proyecto ha sido liderado por la subsecretaria Perales y que, a través de sus equipos, se han podido ir pesquisando las distintas necesidades que hoy tienen los recolectores de residuos domiciliarios y el papel que juegan, no solamente como un servicio público para la ciudadanía, sino también en materia de salud y seguridad para la población. En primer lugar, señalo que los trabajadores del rubro de recolección de residuos enfrentan condiciones laborales altamente adversas, y creo que esto es muy importante dar cuenta. Su labor implica exposición directa a residuos domiciliarios, sustancias tóxicas, temperaturas extremas y materiales peligrosos que pueden causar lesiones, así como potenciales accidentes laborales por la forma en que se desempeña su tarea. A ello se suma la precariedad en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en turnos de noche, lo que agrava aún más la situación. Este escenario exige la implementación de medidas específicas de protección, dotación de equipos adecuados y protocolos que aborden los riesgos químicos, biológicos, físicos y ergonómicos a los que se ven expuestos. Y si bien nuestro Código del Trabajo tiene una normativa general que regula este tipo de condiciones, la especificidad del trabajo de los recolectores nos obliga a avanzar en una normativa especial, que es la que hoy estamos presentando. Asimismo, observamos una baja tasa de denuncias por enfermedades profesionales ante las mutualidades, lo que sugiere un desconocimiento o desconfianza de los trabajadores respecto a sus derechos en caso de accidentes o enfermedades laborales, un tema de preocupación que este proyecto busca abordar. En contraste, las denuncias ante la Dirección del Trabajo son considerablemente mayores, con un número relevante de sanciones aplicadas. Esta situación evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de acceso a los sistemas de salud y seguridad laboral, particularmente...

aquellos relativos a la ley 16.744, que es la ley que permite proteger a trabajadoras y trabajadores de accidentes y enfermedades laborales. En ese marco, me gustaría presentar algunos datos que son relevantes en materia del sector. Según datos entregados por la Superintendencia de Seguridad Social, entre enero del 2000 y septiembre del 2024 se registraron denuncias por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el sector de recolección de residuos domiciliarios, considerando una muestra de 132 empresas. Adicionalmente, hay que señalar que el promedio mensual de trabajadores del sector alcanzó los 27.425, siendo un sector muy considerable en materia de trabajadores involucrados, concentrados principalmente en la H, en el IST, en la Mutual de Seguridad y en el ISL. En ese sentido, hemos podido recabar información relativa a la siniestralidad laboral, diferenciada por tipos de siniestro, diagnósticos, origen de la calificación, entre otros, diagnosticándose vínculos con lesiones musculoesqueléticas y trastornos mentales, lo que reafirma la necesidad de políticas preventivas y de fiscalización más robusta para proteger la salud de los trabajadores que se desempeñan en estas labores. Según datos de la Dirección del Trabajo, entre octubre del 2021 y septiembre del 2024 se registraron 94.590 contratos y anexos correspondientes a empresas del rubro. Hay que recordar que una parte relevante de estos servicios se presta a través de empresas que están externalizadas y, en otros casos, también directamente a través del servicio que prestan los municipios; en ese contexto, 55.214 contratos se encuentran vigentes y 39.376 terminados, con una mayor concentración en contratos de entre uno y tres años de antigüedad. También es importante notar que, pese a los cambios en la empresa contratista, en general se observa una larga continuidad de trabajadores en los municipios que llevan adelante estas labores. Así, este proyecto reconoce la naturaleza específica del sector y las propuestas que aquí se realizan. Solamente para una muestra, en el Registro Electrónico Laboral tenemos un total de 94.590 contratos registrados, donde se evidencia una proporción considerable de antigüedad de entre uno y tres años. Insisto en que esos contratos, en cuanto a su duración, corresponden generalmente al periodo de vigencia de licitaciones, aunque los trabajadores, en términos de permanencia en el sector y a menudo en el mismo municipio, llevan muchos años prestando sus servicios, lo que a la vez permite dimensionar el tamaño de este sector. A continuación, expongo los principales contenidos de este proyecto de ley. En primer lugar, se reconoce la labor del recolector de residuos domiciliarios y su derecho a la protección de la salud, tanto para trabajadores contratados por las municipalidades como para aquellos contratados mediante licitaciones. Es importante destacar que, aunque el sector –y en particular las distintas organizaciones sindicales– venía trabajando en este ámbito con anterioridad a este Gobierno, a partir del diálogo llevado adelante por Subdere en esta gestión se logró concretar y materializar, no solo el reconocimiento de la labor, elemento esencial, sino también una serie de medidas destinadas a abordar el diagnóstico que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. En segundo lugar, el proyecto contempla un incentivo para mejorar las condiciones laborales en las licitaciones. Inspirándose en la Ley 20.787 de Manipuladoras de Alimentos y en la Ley 19.886, se establece que en las bases de licitación y en la evaluación de las respectivas propuestas se dará prioridad a quienes ofrezcan mejores condiciones laborales, abarcando aspectos como niveles remuneracionales, estabilidad laboral, gratificaciones y mecanismos destinados a garantizar condiciones sanitarias y ambientales adecuadas. Durante la tramitación en la Cámara se abrió un debate respecto a la forma en que los municipios abordaban estas condiciones, y finalmente se estableció que el contenido expuesto ya se encuentra abordado en el artículo 6 de la Ley 19.886, haciendo presente la referencia legal específica para evitar confusiones sobre el alcance de las obligaciones…

Previene que, a propósito de esta materia, no se podrá afectar la calidad del servicio que se entrega, lo cual es relevante para la ciudadanía que lo recibe. En tercer lugar, el proyecto de ley establece garantías en materia de servicios sanitarios y de limpieza, garantizando que los trabajadores de residuos domiciliarios cuenten con espacios adecuados para higiene, alimentación y descanso durante la jornada laboral, incluyendo acceso a agua potable y servicios sanitarios en condiciones dignas. Esto se puede considerar como algo elementar, pues forma parte de cuestiones fundamentales que deben quedar garantizadas en la ley, dada la naturaleza propia de este trabajo. Asimismo, se permite que municipios y empresas celebren convenios con terceros para cumplir estas obligaciones, pudiendo imputarse los costos a las garantías de licitación en caso de incumplimiento, y los requisitos específicos serán establecidos mediante un reglamento. En cuarto lugar, el proyecto de ley mejora el acceso al seguro contenido en la Ley 16.744 sobre accidentes y enfermedades profesionales. Aunque esta ley es un muy buen seguro en términos de salud y enfermedades laborales, muchas veces, por falta de información o desconocimiento, numerosos trabajadores que se encuentran cubiertos no acceden a él. En este sentido, se establece que el empleador estará obligado a realizar capacitaciones para que los trabajadores puedan acceder al seguro de accidentes y enfermedades laborales y conozcan los mecanismos de acceso correspondientes. En quinto lugar, se incorporan elementos relativos al trabajo pesado. Se establece que, en caso de adjudicarse una nueva licitación, el adjudicatario deberá realizar el requerimiento para la calificación de trabajos pesados, conforme a lo establecido en la Ley 19.404, sin dejarlo a la capacidad de gestión individual de cada trabajador. Además, en caso de que cambien las licitaciones o la empresa que otorga el servicio, el nuevo adjudicatario tendrá la obligación de hacer dicho requerimiento para que estos trabajadores tengan continuidad y puedan calificarse efectivamente, considerando que cada calificación corresponde a cada puesto de trabajo. En sexto lugar, se establecen protocolos de prevención y gestión de riesgos. Los empleadores deberán poner a disposición de las personas trabajadoras un protocolo de prevención y gestión de riesgos a través de los organismos administradores de la Ley del Seguro. También se dispone asistencia a dichos organismos, en particular a la Superintendencia de Seguridad Social, que entregará las directrices que deben contemplar las entidades administradoras para desarrollar la asistencia técnica necesaria que asegure el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores. Uno de los diagnósticos de las mesas de trabajo fue el desconocimiento o la falta de acciones afirmativas por parte de los empleadores para que sus trabajadores accedan a la Ley 16.744, lo que resulta preocupante dada la naturaleza de este trabajo. En octavo y último lugar, se establece que debe haber una provisión de asistencia oportuna frente a contingencias. Los trabajadores recolectores tendrán derecho a que su empleador disponga de un plan de respuesta ante emergencias. Dadas las características y la continuidad del servicio, estos trabajadores están expuestos a múltiples contingencias, no solo propias de la organización del trabajo, sino también de situaciones que ocurren en la ciudad, como emergencias, crisis de seguridad y desórdenes públicos, entre otras. Por ello, se requiere que, ante dichos riesgos, se implementen planes de contingencia y que las empresas informen de manera regular sobre accidentes laborales y actos de agresión de terceros. Además, es importante señalar que, dada la exposición a situaciones de violencia y a riesgos en entornos poco seguros, el empleador debe cumplir roles adicionales para proteger a los trabajadores.

Y este plan deberá asegurar un retorno seguro al lugar de trabajo o la derivación al organismo administrador del seguro laboral. En caso de subcontratación, la elaboración del plan corresponderá a la municipalidad o al gobierno regional, en coordinación con las empresas licitadas. Finalmente, el proyecto de ley está en una serie de disposiciones transitorias, a excepción de los artículos 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, los que entrarán en vigencia al sexto mes de la publicación de la ley en el Diario Oficial, considerando el tiempo de implementación que contemplan. Para finalizar, senadores, senadoras, este es un proyecto que para nosotros como Gobierno es muy relevante. Creemos que aborda demandas históricas del sector y que va a contribuir justamente a seguir manteniendo un servicio de alta prioridad pública, vital para las ciudades y para su buen funcionamiento. Por lo tanto, nos parece un paso relevante en materia de garantizar condiciones de seguridad y salud a trabajadores que, durante la pandemia, mostraron lo esencial que son para el funcionamiento de la ciudad y que, regularmente, cumplen una labor fundamental. Así que, en ese sentido, volver a reconocer el trabajo que han hecho todos ustedes y, al menos, de parte del Gobierno, toda la disposición a discutir dudas y preguntas, y, por su intermedio, presidente, si la subsecretaria desea agregar más elementos de este proyecto. Muchas gracias. Mi sugerencia es que venga la intervención de la señora subsecretaria, a continuación la de ustedes, y después abramos las palabras. ¿Les parece, señora subsecretaria? Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, y por su intermedio, saludo al senador y a la senadora, y a todos los dirigentes sindicales presentes el día de hoy, con quienes hemos estado dialogando desde hace aproximadamente una década. Antes de entrar en materia sobre el proyecto de ley, me gustaría mencionar que el trabajo que se ha venido articulando entre el Ejecutivo y los dirigentes sindicales de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios se inició en el año 2013, teniendo como primer punto de la agenda el reconocimiento del bono de aseo establecido a partir de ese año y, posteriormente, la Ley de Presupuesto del año 2014, en base a una línea presupuestaria que se instaló desde la misma Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ahí hay algunos datos que me parecen relevantes, precisamente porque ponen en contexto que, a la fecha, tenemos aproximadamente 263 de las 364 comunas utilizando servicios externalizados de aseo, donde se encuentran asociadas las distintas asociaciones, gremios y federaciones presentes el día de hoy. Para efectos del cálculo del bono aseo del año 2025, contamos con un registro de 19.340 trabajadores. Por tanto, estamos hablando de que más de la mitad de las comunas del país tienen licitaciones o tratos directos con empresas para cumplir con este servicio tan esencial, que al mismo tiempo es una función privativa de los municipios, encargados de la recolección, traslado y disposición final. En la actualidad, podemos constatar que más de la mitad de las comunas recurren a servicios externalizados y que, por ello, no solamente avanzar en el bono de aseo y reconocer el avance que ello implicó, sino que también se mantienen tareas pendientes, como este proyecto de ley que viene discutiéndose hace algunos años. A partir del año 2023, se recogió por parte del Ejecutivo, en coordinación entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el proyecto de Ley de Integración Propia, que en julio del año pasado fue aprobado de manera unánime en la Sala de la Cámara de Diputados. Yo creo que esto es un elemento a destacar, pues evidencia la importancia y la relevancia que la Cámara de Diputados atribuye a legislar en esta materia. Lo segundo que me parece importante mencionar es que la agenda relevada no proviene exclusivamente del Ejecutivo, sino que ha surgido como una demanda de las distintas asociaciones y de los trabajadores presentes, quienes nos han planteado avanzar en al menos cuatro elementos esenciales de la función que les corresponde cumplir. Lo primero, como ya mencionaba el ministro, tiene que ver con la calificación de trabajo pesado, precisamente.

Por el rol que le corresponde a los recolectores de recibos domiciliarios. Estamos hablando de que, en muchos lugares, la recolección es manual, que tienen que subir pendientes y llegar a lugares que a veces son inaccesibles; por tanto, la calificación de trabajo resulta muy significativa para este proyecto de ley. En segundo lugar, se reconoce un punto importante que había sido discutido en años anteriores, que es mejorar el acceso al seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Quiero recordar que, en el año 2024 —no mencionaré la comuna en particular—, en una comuna de la zona sur del país, un trabajador se accidentó porque los camiones recolectores de recibos domiciliarios se encontraban en mantención y tuvieron que buscar otra maquinaria para realizar ese trabajo. Debido a no contar con la maquinaria necesaria y con los implementos de seguridad correspondientes, el trabajador accidentado tuvo que acudir a una mutual de trabajo y no se le reconoció la enfermedad profesional. En tercer lugar, el proyecto establece un piso de derechos que, como bien decía el ministro, puede parecer mínimo pero que no está necesariamente consignado en los contratos municipales, tales como el acceso a baños, agua potable, lugares de descanso o áreas para almorzar, esenciales para cualquier trabajador y, por tanto, reconocidos como parte de esta agenda. Y por último, un elemento importante del proyecto tiene que ver con los incentivos para mejorar salarios, también integrados en la agenda. Los oferentes en las licitaciones que se efectúen por cada comuna obtendrán una mayor puntuación en la medida en que mejoren los salarios, lo que representa un punto muy relevante. En general, desde el Ejecutivo hemos abordado este proyecto con seriedad, precisamente por la necesidad de establecer pisos de derechos para todos los sectores de trabajadores del país, y esperamos contar con el apoyo del Senado en esta materia. Por último, me gustaría mencionar otros aspectos relevantes de la agenda, en particular, cómo mejorar los procesos licitatorios de los municipios al establecer los periodos de adjudicación de los servicios requeridos. Se ha trabajado en un punto esencial y se espera su aprobación durante este año: establecer bases tipo de licitación con toma de razón de Contraloría ex ante, de tal manera que, al definir los periodos licitatorios, se acorten los tiempos. Estudios indican que podríamos disminuir los tiempos de licitación en aproximadamente cuatro meses, lo que a su vez permite mejorar los ciclos de contrato, evitar lagunas en los servicios y eliminar arbitrariedades derivadas de los tratos directos. Actualmente, este proceso está a la espera de la toma de razón de Contraloría, tras haberse realizado un diálogo abierto con las empresas que prestan estos servicios y con los trabajadores. Una vez aprobado, se permitirá, además de disminuir los tiempos de licitación, actualizar el Decreto 316 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que establece el reglamento y la tipología de los municipios respecto a los contenidos mínimos que deben considerar al elaborar las bases de licitación pública para los servicios de recolección de aseo. Gracias. Presidente, sin más demora, me gustaría mencionar que seguiremos trabajando en la agenda complementaria a este proyecto de ley, particularmente en materia de bases tipo de licitación, y esperamos continuar el diálogo que hemos sostenido durante los últimos años con los distintos gremios para establecer esos pisos de derecho. Así que, muchas gracias por la sesión. Muchas gracias, subsecretaria. Yo, como todavía tengo alma de alcalde, le pido que, dado el problema nacional de los recursos y de los espacios para disposición, aparte de todo lo mencionado, existe otro capítulo que hay que abrir respecto de cómo será el futuro.

En el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que tienen un costo y que va a alcanzar un milagro como país, le ofrezco la palabra a la presidencia de los trabajadores. Muchas gracias, presidente, y agradezco saludar a los senadores presentes. Nosotros tenemos algunas observaciones al proyecto que esperamos sean recogidas, ya que nos traen un contenido profundo. En nuestro Congreso Nacional, que realizamos el día viernes y sábado acá en Santiago, los dirigentes nacionales, en conjunto con la Federación FENACER –y habiéndolo conversado previamente con las otras federaciones–, queremos informar lo siguiente: En el marco de la sesión plenaria de nuestro Congreso Nacional, reivindicando el trabajo de aseo celebrado el 11 y 12 de abril, la Asamblea analizó la iniciativa legal que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Como resultado de esta discusión, y manteniendo una actitud constructiva, planteamos una serie de dudas jurídicas y técnicas que creemos necesario aclarar para evitar interpretaciones contradictorias o vacíos normativos que afecten la correcta aplicación de la futura ley. Pese a las observaciones que expondremos, valoramos profundamente el espíritu de la propuesta y reafirmamos nuestro apoyo a su avance legislativo; estamos convencidos de que, con estos ajustes necesarios, podrá convertirse en una herramienta clave para mejorar las condiciones laborales, la formación de empleo y fortalecer el rol público de la contratación estatal. Primero, sobre la retroactividad del efecto de la ley y el contrato de desarrollo. Surge una duda clave respecto a la aplicación de la nueva ley, puesto que ocurrirá que los contratos de licitación en curso, al momento de su entrada en vigencia, según el artículo 9 del Código Civil, no tienen efecto retroactivo; en principio, las nuevas obligaciones no aplicarían a los contratos ya adjudicados. Sin embargo, esto podría generar diferencias dentro de un mismo contrato; por ejemplo, si se contratan nuevos trabajadores una vez vigente la ley, a ellos se les aplicaría la nueva normativa, mientras que a los antiguos no. Esta situación podría derivar en desigualdades jurídicas y laborales, y por ello resulta fundamental que la ley y su reglamento aclaren expresamente si las nuevas disposiciones se aplicarán también a los contratos ejecutados. Desde la Federación reafirmamos nuestro interés en que estas obligaciones se apliquen de la manera más extendida posible, incluyendo los contratos en ejecución durante la vigencia de esta nueva normativa. Por lo tanto, creemos imprescindible que el reglamento o una disposición transitoria defina expresamente el alcance de la norma, ya que esta precisión es fundamental para evitar conflictos interpretativos y garantizar certezas jurídicas a todas las partes involucradas. Incertidumbre sobre la determinación de enfermedades laborales y falta de garantía efectiva de acceso a la calificación Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley radica en la ausencia de precisión sobre quién determina el origen laboral de la enfermedad profesional. Si bien el mensaje presidencial reconoce explícitamente las dificultades de acceso al seguro de la Ley 16.744 para los trabajadores del sector, al mencionar que en 2022 solo se registraron nueve denuncias, todas reconocidas como profesionales por los organismos administradores, la iniciativa no resuelve estructuralmente este problema. El sistema vigente de calificación, concentrado exclusivamente en las mutuales o en procedimientos delegados, se mantiene inalterado. Esto ha sido históricamente una barrera clave para el reconocimiento de enfermedades profesionales en situaciones críticas del sector, como la regulación de residuos, que ha estado en el país desde el año 2000.