Senado - Hacienda - 9 de abril de 2025

Sí, por eso vi la parte de sur, porque ya tenemos quórum para poder partir. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bienvenida a su secretaria. Esta sesión ha sido convocada para poder despachar finalmente la ley de fraccionamiento, pero antes de comenzar con aquello vamos a tener una primera votación o intención de votación, si es que hay unanimidad en la sala de los miembros de la comisión, para poder tratar en general un proyecto que nos parece de suma importancia y que nos ha pedido el Ejecutivo que podamos votar para que vaya a la sala a votarse en general, que es el tema del subsidio a la tasa de interés en vivienda. Entonces, en forma muy breve, subsecretaria, si nos puede explicar el proyecto de ley para que eventualmente tengamos la votación en general. Perdón, presidente, por su intermedio, buenas tardes. Saludo a los senadores. Teníamos una presentación breve, que voy a hacerlo lo más rápido posible, que entiendo que ustedes tienen ahí una copia. Este proyecto nace de constatar que, de los sectores que están todavía rezagados por pandemia, es el sector de la construcción. Y donde, por ejemplo, de acuerdo a un estudio de la Cámara Chilena de Construcción, una familia de ingresos medios tiene que ahorrar hasta 11 años para comprar una vivienda. Esa cifra significa que ha ido aumentando de forma constante en los últimos 20 años y que hoy día contamos con un stock de viviendas nuevas, y por eso aquí el foco es en viviendas nuevas, que no han sido vendidas. En el año 2024, el promedio de velocidad de venta fue de 31 meses, versus el período previo, que era del orden de 28 meses, incluso llegó a ser 19 meses. La tasa de interés de los créditos hipotecarios hoy día tiene un mínimo de 1,99; ese mínimo fue registrado el año 2019 y, hoy, estamos en un pico de los últimos 14 años en 5,21. Para no extenderme demasiado en contexto, entiendo que tengo poco tiempo, pero eso da cuenta del estado actual. El sector inmobiliario residencial presenta una gran reducción en el dinamismo de sus ventas. El promedio anual de viviendas vendidas entre 2015 y 2019 fue de 64.684, mientras que el promedio anual de los cinco años previos se ubicó en 46.796, lo que implica una reducción del 28%, equivalente a cerca de 18.000 viviendas menos. El año pasado, junto a ustedes, trabajamos e incrementamos dos programas: uno, por el lado de la oferta, a través del programa FOGAES Construcción, que facilitaba a las empresas constructoras con ventas anuales por sobre 100.000 UF el acceso a financiamiento con garantía estatal; y otro, por el lado de la demanda, mediante el programa FOGAES Vivienda, con una garantía del 10% que buscaba reducir el porcentaje de pie. Si bien el problema de acceso sigue siendo una dificultad para las familias, tenemos una barrera de entrada, tanto por el valor de los dividendos como por la cantidad de requisitos que se exigen para acceder a los créditos. La siguiente lámina muestra lo que resultó con el FOGAES en construcción y vivienda, y cómo se ha ido utilizando. En particular, el gráfico siguiente se refiere al caso de la Región del Biobío, ya que este proyecto trae una norma que permite gatillar garantías en ciertas regiones cuando existe un problema específico de actividad económica, como ocurrió en el Biobío a raíz del cierre de Huachipato. Y por último...

Como les creo que lo señalé antes, pero tenemos un stock de vivienda que ha venido aumentando de forma preocupante, llegando a superar las 100.000 viviendas en el tercer trimestre del 2024. El año pasado, en septiembre, a propósito de la ida a Chile Day, empezamos a trabajar junto con la DIF y también la Cámara Chilena de la Construcción en una propuesta de subvención estatal para poder reducir la tasa de crédito hipotecario. A partir de todo ese trabajo se generó este proyecto de ley que propone, junto con un programa de garantía, un subsidio de tasa para las personas y un programa de garantía mayor que el anterior. Donde antes la garantía cubría solo el 10% del valor de la vivienda, ahora lo ampliamos al 60%, cumpliendo para nosotros dos objetivos: mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento para que las personas puedan acceder a una vivienda, y, junto con ello, disminuir el stock de viviendas en el mercado para tener un efecto reactivador en las empresas constructoras, muchas de las cuales se encuentran al límite de sus capacidades patrimoniales y de flujo. Si no venden el stock de viviendas que poseen, no pueden comenzar nuevos proyectos. El proyecto tiene tres ámbitos: establece un subsidio de tasa de interés hipotecaria, introduce modificaciones al FOGAES en lo que respecta a las garantías señaladas y establece modificaciones a la Ley 19.281 sobre rendimiento de la vivienda. Esto último se refiere a flexibilizar el leasing habitacional, especialmente para los jóvenes profesionales que están iniciando, ya que el leasing –una alternativa que puede facilitar no solo el arriendo, sino culminar con la adquisición de su propia vivienda– no se estaba utilizando adecuadamente. Además, incorpora tres artículos transitorios que establecen los plazos y las condiciones para la entrada en vigencia de las normas permanentes. La tasa de interés que proponemos en términos de subsidio consiste en una tasa hipotecaria rebajada en 60 puntos base para las personas naturales. El beneficio se entrega conjuntamente con la garantía estatal, con el objetivo de conseguir una tasa incluso menor. Esto fue mencionado también por el Banco Estado. Cabe destacar que el beneficio no será aplicable a la compraventa de promesas celebradas antes del 31 de diciembre, pues queremos reactivar el stock que actualmente no se encuentra en proceso de venta. Se entregarán 50.000 subsidios, y los requisitos son que la vivienda sea la primera y que tenga un valor que no supere las 4.000 UF, lo que representa aproximadamente el 80% del stock, además de que el interesado cumpla con los requisitos para acceder al programa de garantías de vivienda. Asimismo, se crea un nuevo programa de apoyo a la vivienda enmarcado en el FOGAES, con una cobertura ampliada al 60%, en comparación con el 10% existente anteriormente. Las garantías tendrán una duración equivalente a la mitad del plazo del crédito, con un máximo de 15 años (por ejemplo, si un crédito es de 20 años, la garantía será de 10 años; si es de 30 años, se aplicarán las reglas correspondientes). Además de este programa de garantía de recuperación productiva, que busca dar respuesta a situaciones de rezago en alguna región –poniendo como ejemplo lo que está ocurriendo en el caso Biobío con el cierre de Huachipato–, se renueva también el programa de apoyo a la construcción, el cual se encuentra próximo a vencerse y se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2025. Por último, se menciona el tema del subsidio para el leasing, orientado a hacerlo más flexible y accesible para los jóvenes. Se acompañó un informe financiero en términos de gasto por el subsidio de tasa, ya que el fondo de garantía no eroga gasto de manera directa, y se discutió el impacto fiscal, especialmente en cuanto a la recaudación de IVA derivada de la reactivación del stock de viviendas. Se acompañaron estimaciones en un oficio separado.

De la Dirección de Presupuesto que da cuenta de que este impulso al subsidio de la vivienda de hipotecarios puede generar mayor ingreso por IVA y por impuesto de primera categoría para las empresas constructoras. Eso es, Presidente, por su intermedio. Y, bueno, solo como consideración final, es que: ¿por qué la celeridad y la solicitud que le hice, Presidente, por su intermedio para venir a presentar esto? Porque, claramente, tenemos este problema: tenemos un sector que no está reactivado y, hoy día, tenemos personas que no están haciendo promesas de compra-venta ni concretando la compra porque entienden que viene un subsidio tasa. De hecho, los últimos datos de este primer trimestre del 2025 dan cuenta de que, de alguna forma, se detuvo totalmente la venta a la puesta en marcha de este proyecto, que además fue presentado en enero a la Cámara de Diputados, Presidente. Muy bien. Yo creo que tiene toda la razón la subsecretaria, ya que, como todo el mundo sabe, esto se está construyendo, o sea, se está elaborando; nadie quiere tomar el subsidio ahora hasta que ello esté listo. Entonces, la celeridad en este caso es extremadamente importante. Yo solo tengo una pregunta, subsecretaria: ¿cómo se asegura que este subsidio no sea tomado, por ejemplo, por un fondo de inversión que quiera comprar? Yo sé que está dirigido a personas naturales, pero una persona natural que quiera hacerse un stock muy grande con este subsidio, o que eventualmente el gobierno lo trate de igual forma, ¿habrá algún tipo de focalización? Cabe destacar que el proyecto, en un inicio, cuando se ingresó a la Cámara de Diputados, Presidente, por su intermedio, permitía la compra a personas jurídicas; pero en el debate se eliminó esa posibilidad y quedó destinado solo a personas naturales. Por tanto, hoy día un fondo de inversión no podría acceder. Además, los datos nos indican que, si observamos la cartera del Banco Estado de Crédito Hipotecario, sólo el 5% de esos créditos corresponden a personas jurídicas, que representa toda la cartera de la BIFO de todos los bancos. En realidad, este instrumento no se orienta al sector reactivador, sino a cumplir dos objetivos: facilitar el acceso a la vivienda —ante un déficit habitacional importante— y lograr mejores tasas. Respecto a la focalización, paso rápidamente: de los 50.000 subsidios, 6.000 serán para primeras viviendas de hasta 3.000 UF que cumplan con los requisitos de los subsidios del MIM. Por tanto, existe una reserva para ese tipo de créditos, de modo que las personas que cuenten con subsidio —que, en efecto, es subsidio más crédito, ya que deben acceder a un crédito— se beneficien. Asimismo, hay un conjunto normativo y un registro que permite al ACMF y a todos los actores dar cuenta de la gestión del banco, para que este subsidio no se traduzca en un aumento de la tasa. Contamos con un registro y se faculta para obtener toda la información, de modo de generar las sanciones correspondientes cuando se detecte que, posterior al acceso al crédito, la tasa subió respecto a lo que se venía ocurriendo. Muy bien. ¿Lo ponemos en votación, les parece, Olegas? En general. Esto tiene que ir a la sala y volver, pero después se votará en particular, en votación. Senador Insulza: A favor. Senador García: Tengo muchas dudas, porque hemos aprobado recientemente otros instrumentos con el mismo propósito de facilitar y finalizar; la verdad es que no han dado resultados. Yo entiendo que este es algo mucho más directo y, por supuesto, lo voto a favor, pero cuando lo estudiemos en particular, veamos que sea un instrumento eficaz, porque mi temor es que nos quedemos una vez más solo en las intenciones. Siguiente: A favor. Queda aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Muy bien, y le agradecemos también a la subsecretaria por su flexibilidad en el uso del tiempo, dado que hemos tenido una garantía: posee dos gatillos, uno, el efecto directo a la demanda y a la persona; y, además, al contar con la garantía por el valor de la vivienda hasta un 60%, y de acuerdo a las propias exposiciones de Banco Estado, ello debería generar incluso una disminución mayor. Muy bien. Vamos a suspender cinco minutos para invitar al equipo de pesca y luego volvemos a realizar la sesión en cinco minutos.

Muy bien, le damos la bienvenida nuevamente al equipo del Ejecutivo, al subsecretario. El ministro se excusó de poder estar presencialmente y se ofreció a estar disponible telemáticamente porque se encuentra en una reunión en La Moneda por el tema que, como hemos tenido de conocimiento, tiene que ver con los nuevos aranceles que se están imponiendo a nivel mundial y la estrategia que puede tomar eventualmente. Efectivamente, hemos tenido una montaña rusa bastante difícil de predecir. No obstante, la delegación hoy en día tiene más sentido que nunca, pues se acaban de dar 90 días para esa delegación... Por cierto, me refería a la suspensión. Terrible. Muy bien, secretaria. Quedamos en, presidente, en el artículo primero transitorio. ¿Y hay alguna propuesta de parte del Ejecutivo para clarificar? Entiendo que se habían quedado conversando en alguna de las partes para dar certeza. Subsecretario, lo escuchamos. Efectivamente, atendiendo a la preocupación que expresó el senador Macaya, presidente, y que usted hizo presente, nos interesa clarificar que no va a existir afectación respecto de las cuotas ya extraídas por la industria al momento de entrar en vigencia la ley. Entonces, lo que proponemos es que, al final del inciso primero, se agregue —si ustedes lo consideran— un breve inciso que indique lo anterior: en ningún caso podrá afectar las cuotas ya extraídas a la fecha de publicación de la presente ley. Están compartiendo la indicación, que podríamos ingresarla nosotros mismos como parlamentarios y votarla, lo cual me parece razonable. Senador García. Consulta previa, subsecretario: ¿Por qué se usa el término "proponer", señalando que el primer transitorio dice que el nuevo fraccionamiento que propone esta ley entrará en vigencia? ¿No debiera decir que dispone o que establece? Estamos de acuerdo, senador, que "establece" es una mejor formulación. Yo le hago la pregunta porque decía que pudiera tratarse de una propuesta para que el Ejecutivo tenga que resolver y luego emitir. Lo que pasa, señor García, es que usted está leyendo la explicación, no el texto; el texto está en el comparado. Esa es la minuta que me hizo mi equipo. Entonces viene una explicación, que no es la redacción. Es que me encanta, señor García, cómo siempre se preocupa de que lo textual quede muy bien redactado. Usted siempre ha sido un gran activista de la buena técnica legislativa. No, no se equivoca el texto. Lo que pasa es que tal vez nosotros...

Deberíamos haberle puesto explícitamente que esto es simplemente una pauta de votación y explicación pedagógica, pero no contiene el… dice establecido. Dice establecido. Presidente, dice establecido en la presente ley. Entonces, presidente... Al final es culpa mía y de mi equipo que le pasamos un texto que no estaba tan bien redactado como ameritaba. Perdón, su secretario. Presidente, entonces sería, al finalizar el primer párrafo que dice “publicación de la presente ley”, se agregará—o mejor, se intercalará—la frase que, a mi juicio, recoge lo planteado por el senador Macaya. Lo anterior, en ningún caso, podrá afectar las cuotas ya extraídas a la fecha de la publicación de la presente ley. Yo voy a firmar esta indicación y se la voy a pasar a los colegas, por si alguno quiere firmarla, quien la clarifica. Antes de firmar la presentación, en tema administrativo del proyecto anterior: ¿le puedo pedir autorización para agregar mi voto? Por supuesto. A la secretaria. Votamos solamente en general para que se sepa; lo bueno es que, igual, va a volver en particular. Gracias. Entonces, secretaria, si podemos poner en votación el artículo con la indicación. —Sí. Ah, sí, sí. Siéntate, siéntate. Perfecto. Se ha pedido firma. El señor presidente somete a votación el artículo primero transitorio, con el texto propuesto por la indicación que se acaba de explicar. Senador Macaya. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente, queda aprobado, entonces, el artículo primero transitorio con esta indicación. Muy bien, ahora nos vamos al artículo dos transitorio, que dice respecto de todo el aumento global de cuotas y el tema de las licitaciones. ¿Cierto? Entonces, si lo puede explicar, primero el Ejecutivo y después vamos a poder reaccionar los parlamentarios a este… Virginia. Presidente, por su intermedio: el ministro se está conectando en este momento. Debería estar conectándose en este momento y él va a tomar la palabra primeramente. Por favor, les agradecemos. ¿Qué página ha comparado esta subsecretaria para que todos los colegas puedan ver? ¿Lo podemos leer, secretaria? ¿Usted podrá leerlo o es muy largo? Mientras esperamos que se conecte, creo que puede ilustrarnos a todos que lo leamos. Artículo segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la distribución de la fracción industrial en los artículos 26A y 27 del Decreto Supremo número 430 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892 de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Agricultura, todo aumento de la cuota global de captura del recurso CUREL, Trachurus Murphys, originado en medidas de administración de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en su fracción industrial, se regirá por las siguientes reglas: 1. Todo aumento de la cuota global, igual o inferior al 15%, será íntegramente subastado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 103 de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que establece el reglamento de subasta de licencias transables de pesca clase B o aquel que lo reemplace. 2. Todo aumento de la cuota global en exceso de dicho porcentaje será asignado siguiendo la distribución del inciso primero del artículo 26A y del inciso tercero del artículo 27 del Decreto Supremo número 430 de 1991 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. El aumento de la cuota se determinará teniendo como base la cuota global de captura del año inmediatamente anterior. Lo dispuesto en este artículo se regirá en las tres siguientes oportunidades en que corresponda fijar cuotas globales de captura. Regirá, perdón, no se regirá. Muy bien. Vamos a esperar al ministro para que podamos entrar en este debate, pero, si quiere el Ejecutivo partir, lo escuchamos, ya sea la subsecretaria o Virginia, cualquiera de los dos. Gracias. Para poder avanzar en información de contexto en relación al artículo, hay que explicar que, en el caso de la pesquería de Jurel, esta se administra a través de una instancia internacional que es la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en la que participan 18 países y que define la cuota global de captura para el mundo, no solo para el territorio nacional.

Chile tiene un porcentaje muy alto, como se indicó el día de ayer, que era el 66% de esta cuota. En años anteriores se había definido, por parte de Europa y del Pacífico Sur, una regla de estabilización del crecimiento de la cuota, la cual establecía un incremento del 15% cada año, es decir, una regla de captura que hacía aumentar el recurso en un 15% anual. Lo que Chile hizo en febrero de 2025, dados los nuevos antecedentes aportados por la información científica nacional y la nueva calificación que le otorgó el Comité Científico Internacional al estado de la pesquería —que ahora se declara en plena explotación y ya no en condiciones de sobreexplotación— fue proponer un incremento de esa cuota de captura. Así, la regla del 15% que se mantenía en años anteriores, para el año 2025 se elevó al 25%. Entonces, ¿qué es lo que propone, a grosso modo, el artículo que estamos discutiendo? Que el incremento de hasta el 15% (en este caso, el 15%) pueda asignarse mediante un proceso de licitación, y se contemple lo que ocurriría con un incremento mayor al 15% —que es lo que se produjo— de modo que ese 10% excedentario se distribuya de acuerdo a las reglas tradicionales, aumentando de forma regular la cuota de los sectores pesquero artesanal e industrial sin pasar por licitación. Este crecimiento inusual, observado durante este año, permite responder a dos objetivos, y es probable que la OROP defina una nueva regla de captura para los años siguientes. Dado que esta nueva regla se aplicará en una pesquería en plena explotación —es decir, una pesquería sana— es muy probable que resulte ser mejor que el 15% establecido para una pesquería sobreexplotada. En resumen, este año tenemos el 25% y, probablemente, el próximo año, con nuevas licitaciones, se asigne un porcentaje mayor al 15%, dejando espacio para ambas distribuciones. No sé si ya tenemos al ministro; todavía no lo veo conectado. Yo quisiera abrir el debate. Personalmente, me metí bastante en detalle en este asunto y, de hecho, lo hablé con él en el transcurso de una reunión. En principio, soy partidario de la licitación, ya que es un mecanismo de asignación de un recurso escaso. Entrando en detalle, realizo el siguiente ejercicio: si se hace el ejercicio sin la ley de fraccionamiento y consideramos el caso del jurel, asumamos un supuesto base en el cual se cuentan con 100 recursos. Sin esta ley, se distribuye un 10% al sector artesanal y, en el caso del jurel, 10% para este sector y 90% para el industrial. Si añadimos el efecto de que la cuota aumenta en un 25%, se esperaría que, tras el incremento, el total ascienda a 125. Dentro del 90% asignado a la industria, y esto es relevante, existen dos tipos de licencias: las de tipo A y las de tipo B, distribuidas en un 85% para las primeras y un 15% para las segundas. Por lo tanto, de los 100 recursos, se asignarían 76,5 para las licencias tipo A y 13,5 para las licencias tipo B, según el escenario sin la ley de fraccionamiento que estamos analizando. Con la ley de fraccionamiento, sin contar las licitaciones, propongo tres escenarios: partiendo nuevamente de 100 recursos, de los cuales 90 corresponden a la industria (76,5 licencias tipo A y 13 licencias tipo B). Cabe destacar que las licencias tipo A son las que cuentan con una trayectoria más histórica, pero que igualmente requieren el pago de un arancel.

Como lo explicó muy bien el subsecretario en toda nuestra tramitación, y ese es el estado del arte sin la ley. Aquí se lo está sumando el ministro. Esto lo conversé con él, así que, incluso con estos números, ministro, no sé si nos escucha. –Escucho perfecto, presidente. Buenísimo. Estaba explicando un poco la discusión. Sí, lo escuché hace unos minutos ya. Con fraccionamiento, esos mismos 100 ya no pasan de 100 a 90, sino que pasan de 100 a 75, ¿correcto? En el fondo, actualmente la distribución de los 100 es 90-10. Pasamos de 100 a 75-25; aumenta el sector artesanal de 10 a 25, ¿correcto? Y de esos 75, si es que le aplicamos la norma más el crecimiento, llegamos a que, producto del fraccionamiento y con crecimiento, en el fondo las licencias tipo A, con la reducción del porcentaje, quedarían en 79,68. O sea, de los 76 que tenemos de licencias tipo A en el caso sin ley, producto de que crece el jurel —que es un efecto positivo para el sector tipo A en un 25%—, pero que el fraccionamiento los reduce de 90 a 75, finalmente quedan más o menos empatados, ¿cierto? Es decir, lo que estoy diciendo es que la ley de fraccionamiento, de alguna manera, le quita al sector industrial lo que habrían ganado por el aumento de la cuota. Es simple: eso es lo que hace el fraccionamiento. Por lo tanto, quedan más o menos parecidos, como si no hubiese crecido; es decir, aunque el jurel crece, quedan igual que el año anterior. Si yo le sumo las licencias, las licitaciones que es la que estamos votando, ya no quedan igual, sino que se reducen en casi un 6%, es decir, bajamos de 79,68 a 72,25. Ahora lo explico: ¿por qué? Porque, en el fondo, ese es el punto: la licitación no se licita solamente lo extra, ¿me explico? Se licita en el fondo con el nuevo fraccionamiento. O sea, hay dos efectos. Se licita lo extra; por lo tanto, en el fondo, lo extra ya no le llega como llegaba antes, y además retrocede por el fraccionamiento. Entonces, lo que yo pensaba –y por eso siento que mi intención original era apoyar las licitaciones– es que me imaginaba que este era el escenario, que con esta ley la industria, en el fondo, no se le iba a expropiar nada, no iba a proceder, y esto, además, conversa con la discusión de constitucionalidad que tuvimos hace un rato; por lo tanto, la licitación era con el extra del jurel, pero dado que con el fraccionamiento ya se retrocede y quedan igual, al agregar la licitación adicional quedan peor que antes. Eso, en resumen, Ministro, no sé si es que usted quiere profundizar en lo mismo, pero yo hice una indicación, y es la indicación que quiero presentar para ver si llegamos a un acuerdo, que es permitir la licitación, pero siempre y cuando, en el fondo, se licite lo extra. Es decir, y la tengo redactada –se la puedo hacer llegar– que diga: “en el fondo, si es que la cantidad de toneladas aumenta, que esa se licite”. Pero nunca que se les expropie la licitación que ya tienen; que, en vez de solicitar el 25% adicional, se licitaría, entiendo, como un 6% adicional, que sería lo que finalmente ocurriría por el hecho de que el fraccionamiento los retrocede a un punto muy inferior al que estaban. En resumen, Senador Lagos, dado que sin fraccionamiento –se lo pongo en simple– el ministerio tendría toda la razón, porque me diría: “¿sabe qué? Aquí, en el fondo, partimos de un techo que era 76,5; aumentó un 25% el jurel, y ese aumento del 25 es, es verdad que la industria puede decir que eran de ellos, porque era coeficiente, lo que hemos hablado, pero ¿sabe qué? Nadie va a quedar peor, vamos a asignar ese 25% por licitación”. Entonces, supongamos que no hay fraccionamiento, el argumento que me decía el ministro –y lo que yo había entendido me parecía perfecto–, porque era el delta. Y yo digo, como era un delta que nadie esperaba –aunque alguien me puede decir, “no, se esperaba un 15%, porque siempre ha sido un 15%”, pero bueno, esta vez es un 25%–; pero dado que, además, le metieron el fraccionamiento, en el fondo hay dos efectos: el efecto de que el crecimiento deja de existir y, en el fondo, el fraccionamiento lo deja mucho más abajo. Por lo tanto, la combinación de que no hay crecimiento ni, en el fondo, y existen licitaciones, los deja peor que antes. Y por eso, mi indicación lo que hace es decir: “ok, mantengamos la licitación, pero solo de lo adicional a los 76,5”. Puede ser un poquito enredado lo que estoy diciendo, pero me tuve que meter bien en detalle para… ¿para el ministro? Porque es importante que se le haga algo. Un segundo, Ministro de Economía, porque los senadores quieren comentar; pero en el fondo, después le damos todo el tiempo que usted quiera, Ministro. Senador Lagos, después Senador Macaño. Yo agradezco el esfuerzo por tratar de conceptualizar qué es lo que está ocurriendo y por qué razón. Yo entendía…

Senador Felipe: Esto es bueno que el Ejecutivo pueda educarnos e iluminarnos. Yo entendía que, en el caso de las licitaciones, esta se iba a aplicar, siempre, porque había un aumento, y que dicho aumento no constituía un derecho adquirido para ser exhibido directamente, sino que se iba a licitar. Además, creía que el argumento de que no se vulneraba ningún tipo de derecho no ameritaría discusión, aun cuando pudiera estar equivocado. Yo entendía que se trataba de una nueva capacidad de pesca, que antes no existía pero que ahora se ha recuperado –aunque no sé cómo se llama el término; existe un término, pero ese concepto me resulta poco claro– es decir, se recuperó la pesquería, ¿cómo se denomina? En fin, pensé que era razonable licitar ese incremento, de modo que no se entrara en el debate de qué tenía cada uno previamente y que eso no se viese afectado, más allá de que pudiera ser justo o injusto, correcto o incorrecto. Pero parece que no es así. Eso es lo que quiero que me aclare la autoridad del ministro o subsecretario. Después, procederé a ver su indicación, tal vez. Senador Felipe (continúa): Gracias, presidente. A ver, como decía en la sesión anterior, el tema de las licitaciones está relacionado con el fraccionamiento, y usted, presidente, creo que lo ha explicado bastante bien, porque no se trata solamente del aumento. Considero que la alternativa que plantea es menos dañina, probablemente genera menos conflicto y puede acercar las posiciones. No obstante, quiero destacar que persiste una discusión sobre constitucionalidad, la cual sigue latente. Ahora, puede ser distinto –nada que ver con esta ley quizás–, pero las discusiones constitucionales, cuando se votan con mayoría o unanimidad en el Parlamento, resultan en general más fáciles de defender, aun cuando puedan ser cuestionables. Por ejemplo, en la discusión sobre la reforma de pensiones que tuvimos hace algunos meses, le aseguro que, más allá de que algún inversionista extranjero pudiera argumentar que se trataba de un derecho adquirido con implicaciones constitucionales, cuando existe una gran mayoría parlamentaria es distinto tener esa discusión en el ámbito constitucional o en la sede del CIADI, o lo que fuera. En otras palabras, creo que usted, presidente, está tratando de acercar posiciones. Sin embargo, no se aborda que, si finalmente no se alcanza una masa crítica de votos en este Parlamento para respaldar la discusión constitucional, ésta seguirá vigente. Por ello, considero que es una buena opción. Y, en efecto, si el Ejecutivo finalmente la acepta, marcará la diferencia en cómo se seguirá discutiendo e incluso influirá en las instancias futuras de debate constitucional. Gracias, senador Magalla. Antes de pasar la palabra al ministro, quiero hacer un comentario adicional al senador Lago para que entienda mi punto. Casi que, dado que me gustan las licitaciones, considero que la indicación mantiene un componente de licitación; sin embargo, si me pregunta, opino que, sin las licitaciones, el mero hecho de que el aumento de la cuota del jurel se contrarreste con el fraccionamiento implica que, en la práctica, casi no serían necesarias. Eso es lo que pienso desde el punto de vista de recaudación, ya que el aumento para el sector artesanal con esta ley resulta ser del 300%. Por ejemplo, en el mismo ejercicio que realicé, sin la ley los artesanales obtendrían 10 –eran 90-10, ¿se acuerda?– y, con la ley, pasarían a 31,25, lo que equivale a un 300%. En cuanto a los industriales, este mecanismo, sin licitaciones, dejaría sus condiciones prácticamente inalteradas, es decir, no obtendrían aumento alguno; de todo el incremento, el beneficio recaería íntegramente en el sector artesanal, y en el caso de los industriales se traduciría en apenas un 3%. Insisto en que, en principio, las licitaciones no me resultan problemáticas y me parecen un buen mecanismo; es decir, licitemos lo que exceda dicho piso. Ministro, lo escucho. Ministro: Sí, presidente. Primero, pido disculpas por no estar presente. Tengo un par de reuniones, una de ellas en La Moneda, para la que debo salir corriendo ahora, pues me encuentro en otro lugar por asuntos relacionados con temas de Araceles que hemos visto en los últimos días, y no podía faltar esa reunión. Si lo desea, puedo informarle al respecto en algún momento. No obstante, no dispongo de más información, presidente, ya que aún no he salido de esa reunión. Debo ir corriendo ahora después de hablar; sin embargo, seguiré conectado, aunque me apagaré un poco porque estaré caminando y me encuentro a unas tres cuadras de otra reunión. Adelante, adelante. Agradezco la flexibilidad del presidente para poder comentar así. Por tanto, haré mi comentario y, posteriormente, seguiré conectado, mientras el subsecretario continúa manifestando nuestra postura.

Lo primero, los números que plantea para despejar cosas: los números que plantea el senador son correctos. El ejercicio que hace, no los seguí exactamente todos, pero los conversamos hoy por teléfono y son bien parecidos a los que yo tenía. Por lo tanto, no se trata de discutir el ejercicio numérico que hace el senador, parto por eso. Ahora, yo diría lo siguiente, y aquí me cuelgo a los números que decía el senador: si uno solo toma en cuenta lo que ocurre con el fraccionamiento y aumento de cuota, en el caso del Curel tendríamos hasta ahí una excepción respecto a todas las otras pesquerías, porque en todas las demás está aumentando el mundo artesanal, ¿no es cierto?, mientras que el mundo industrial está reduciendo. Aquí lo que pasa es que, al combinar fraccionamiento con aumento de cuota, aumenta considerablemente el mundo artesanal, pero la industria en su conjunto se mantiene bastante inalterada. De hecho, con el 25% que ustedes mantienen, es decir, con el 25% artesanal, la industria sube de 90 a 93,5, en torno a un 4%, debido a la combinación de fraccionamiento y aumento de cuota. Y eso es, respecto a todo lo que hemos aprobado durante estos días, una excepción, ya que en ese caso la industria incluso mejora. En otras palabras, lo que hemos hecho en estos días con el aumento de la cuota artesanal ha sido, en general, a costa de una disminución de la industria, y eso no sucede en el caso del fraccionamiento. Ministro, perdón que lo interrumpa. Lo tercero. Ministro, un segundo. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Entonces, solamente para profundizar, para que vayamos despejando temas, el único alcance que le daría en ese punto es que encuentro toda su razón. Es decir, en este caso, todo el aumento de la cuota de jurel iría a los artesanales y, por lo tanto, el fraccionamiento no perjudicaría a la industria en términos absolutos de cantidad de toneladas, dado que se compensa por el aumento de cuota. Sin embargo, también hay una discusión en el mundo sobre que algunos dicen tener derecho a un coeficiente y no a montos totales; ese debate también está abierto, pero lo dejamos a un lado. Cabe destacar que la gente podría decir: “yo tenía un coeficiente y ese coeficiente ya no lo voy a poder ocupar, por lo tanto simplemente me quedo igual en términos de toneladas, pero no en coeficiente.” Sigamos con el segundo punto. Estoy de acuerdo en que es una discusión legítima. Lo que planteo es que el jurel es distinto a todas las otras pesquerías, por el cambio muy importante que se está produciendo en el total de cuotas. Ahora, la licitación es, efectivamente, como hemos defendido desde el Ejecutivo, respecto a la parte que crece. Lo que sucede, como bien explicó el senador, es que el total de la industria está disminuyendo a propósito del fraccionamiento. Estas dos cosas se combinan y, si uno lo lleva a determinar con cuántas toneladas se quedará eventualmente una empresa de la industria, esos son los números que daba el senador. No estoy discutiendo eso, pero en rigor, si ustedes leen la indicación y además lo estamos dejando aún más claro —perdón, si leen el artículo transitorio y lo estamos explicando de forma más clara en nuestra indicación— queda clarísimo que esto es solo respecto al 15% nuevo. Hay que distinguir entre el 15% nuevo y la forma en que se distribuyen las toneladas a causa del fraccionamiento, que son dos cosas distintas. Ahora, sumando y restando, si uno quisiera poner ambas cosas en la balanza —es decir, cómo quedan finalmente las empresas actuales de la industria, distinguiendo entre “industria” y “empresas actuales de la industria”, que son dos conceptos distintos—, en el caso de que no ganen la licitación, efectivamente hay una reducción de 90 a un poco menos de 80, pero esta reducción es bastante menor a la que se está produciendo en otras pesquerías, considerando la suma de las dos medidas aplicadas. Por último, es importante hacer la distinción entre “industria” y “empresa de la industria”. ¿Por qué? Porque, como bien decía el senador, dado los porcentajes aprobados por esta Comisión y el aumento de la cuota global, la industria está aumentando un 4%. Lo que sucede es que los incumbentes de la industria se autodenominan “la industria”, pero quiero insistir en que he tenido audiencias de lobby tanto con las empresas que actualmente dominan y que, por tanto, no quieren licitación, como con aquellas que desean ingresar y que piden más licitación. Y esto es muy relevante porque …