Que corresponde dar comienzo y constituir la Comisión Mixta que ha sido citada por el presidente del Senado para proponer la forma y modo de resolver las discrepancias que se han producido con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que moderniza la oferta de la educación parvularia. Con un acto formal, antes de proceder al cumplimiento cometido, la Secretaría de la Comisión, que es una cuestión que hacemos acá tradicionalmente en el Senado, desea entregar al expresidente de la Comisión de Educación del Senado la campana que se otorga, generalmente o tradicionalmente, a los presidentes del Senado que dejan de ocupar su cargo, lo cual ocurrió hoy en la mañana.
Un momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diputados y senadores, corresponde en primer lugar elegir al presidente de esta instancia, presidente de la Comisión Mixta, para el efecto de dirigir la sesión y promover los acuerdos que sean necesarios adoptar. No sé si hay alguna propuesta de presidente para la Comisión Mixta. Puede ser cualquiera de los integrantes de la Comisión Mixta. Yo propongo al senador Jaime Quintana. También lo propongo al senador Sangüesa. ¿Alguna otra propuesta? Se pondrán en votación, entonces, las propuestas que se han formulado. En primer lugar, la propuesta para elegir presidente, que ha sido la primera propuesta. Yo pido al senador respaldar al senador Sangüesa, porque le corresponde asumir a partir de ahora. No tengo dificultad en ello. Agradezco el gesto, senador. ¿Se da entonces unánime acuerdo? ¿Se elige como presidente de la Comisión Mixta al senador Sangüesa? Muy bien, perfecto.
La Secretaría ha preparado un texto comparado que está en las carpetas de los integrantes de la Comisión Mixta. La discrepancia se ha suscitado entre ambas cámaras con ocasión del rechazo –páginas 8 y siguientes– efectuado por la Cámara de Diputados a la enmienda que aprobó el Senado en el segundo trámite constitucional, que fue incorporar un artículo tercero ter nuevo a la ley de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Si pueden observar, en la página 6 del texto comparado, aparece a mano izquierda la ley 17.301, que crea la corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, y luego, en la misma página, un artículo segundo que incorpora dos nuevos artículos, el tercero bis y el tercero ter, a dicha ley. En concreto, la discrepancia se produce porque el tercero ter, que incorporó el Senado, ha sido rechazado por la Cámara.
Respecto a esta materia, se agrega que la Secretaría de la Comisión recibió hace algunos momentos una propuesta –que también se encuentra en la carpeta de los integrantes de la Comisión Mixta– presentada por el Ejecutivo, la cual, en síntesis, mantiene la misma norma que aprobó el Senado, salvo en lo que se refiere al numeral 4 de este artículo 3º TER. Ese numeral 4 pueden verlo ahora en la página 9.
y 10 del texto comparado, señalaba que para poder obtener el reconocimiento oficial de los jardines que desarrollen programas alternativos se debería contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado territorialmente, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria. Y ahí lo desarrollaba. El texto que propone el Ejecutivo, la propuesta para dar solución a esta controversia, lo que hace es, en vez de desarrollar completamente el contenido del 46B, hacer la referencia solamente al 46B, que la ley vigente, la Ley General de Educación, dispone que para poder efectuar el reconocimiento oficial deberá contarse con un proyecto educativo, el que en todo caso deberá resguardar el principio de no discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de la persona ni que sean contrarios a los derechos humanos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esa es la norma de la Ley General de Educación que se encuentra vigente. Eso es, en síntesis, la propuesta del Ejecutivo como forma y modo de resolver la controversia, porque lo demás —reitero—, el artículo tercero ter, que la propuesta considera en su totalidad, es lo mismo que aprobó el Senado en el segundo trámite constitucional.
Eso, señor presidente. Gracias, señor secretario.
Agradecer la nominación no estaba dentro de lo que habíamos conversado, pero asumimos la responsabilidad de hacerle al senador Quintana el trabajo que realizó en la Comisión de Educación del Senado durante este año, y ahora le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo si quiere fundamentar la propuesta que se hace y, después, voy a hacer una propuesta para el funcionamiento. Se da para mucho la diferencia y podemos cerrar hoy día.
Senadora Proboste: Luego, el Ministro.
Presidente: Yo quería hacer una consulta respecto de la nueva propuesta que hace el Ejecutivo para resolver estas diferencias, estas divergencias entre ambas cámaras, porque en el encabezado del numeral 4 se indica “contar con un proyecto educativo institucional pertinente y contextualizado …”, y después se establece la letra B del artículo 46 del DFL2, pero resulta que la letra B del artículo 46 es tener un proyecto educativo. Entonces, la propuesta no vuelve a repetir eso, sino que hace solamente la remisión al 46B, a diferencia del texto aprobado por el Senado, que hacía una transcripción completa del 46B. Básicamente, es un cambio; pero, cuando lo formal es lo mismo, ¿es diferente? Vamos a escuchar al Ministro y darle la palabra.
Ministro: Sí, presidente. Muy simple. La propuesta, en primer lugar, es que este artículo versa sobre la modalidad alternativa, algo que se logró despejar durante la tramitación. Las primeras observaciones que hubo decían relación con una suerte de discriminación arbitraria que se estaba generando al no considerar el mundo particular en esta modificación. Se logró hacer ver que, en realidad, esta modificación es solo para la ley de la JUNJI, toda vez que la JUNJI no tiene la habilitación legal, a diferencia del resto del sector que tiene la facultad de hacerlo, ¿ok? Despejado eso, entonces, en el tercer trámite surge la controversia en la sala, donde se observa la regulación que se planteaba en el numeral cuarto, particular del III ter, sobre la sujeción a las normas internacionales y el resguardo de derechos de los niños y niñas en virtud de aquello. La propuesta que trae el Ejecutivo lo que hace es suprimir esa expresión literal, referenciando el artículo 46, literal B, de la Ley General de Educación, lo que en definitiva produce un efecto práctico equivalente al de la norma original, sin hacer la mención respectiva que, entendíamos, ocasionó la discusión en la Cámara, ya que, incluso tenerla o no tenerla, no es jurídicamente impactante porque la Ley General de Educación ya lo contempla. Por lo tanto, lo que queremos hacer ver efectivamente es que estamos simplemente referenciando algo que ya existe y que no cambia ni el sentido actual de la norma vigente ni lo establecido por la Ley General de Educación. En ese plano, entonces, a nuestro juicio, siendo una controversia menor, creemos que podríamos subsanar rápidamente y obviamente…