Senado - Educación - 9 de abril de 2025

Estamos por inicio de la sesión. Venga la bondad, por asiento. Bueno, señor secretario, le ofrezco la palabra para la cuenta. En cuenta, presidente, la Secretaría ha recibido, en primer lugar, la urgencia que se hizo presente para el proyecto que está en tabla el día de hoy, con fecha de ayer, 8 de abril. Urgencia suma, que es el proyecto sobre convivencia escolar, lo digo en términos reducidos. También llegaron dos documentos del Ministerio de Educación, del señor ministro: uno es el informe del primer trimestre y anexos para el cumplimiento del protocolo de acuerdo referido a la ley de presupuesto sector público correspondiente al año 2025, que contempla una serie de materias comprometidas en ese documento; y también hay un protocolo de acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la ley de presupuesto sector público del mismo año, elaborado por la mesa técnica del sistema de admisión escolar, con recomendaciones para la optimización y mejora del sistema. Además, presidente, la Comisión ha recibido una carta de una apoderada, en la que se hace ver a esta comisión que su hija no pudo postular a través del SAE en un nuevo establecimiento educacional. Debido a que no pudo conseguir cupo, recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual, con fecha 26 de febrero, otorgó un plazo de 15 días para que el establecimiento educacional utilizara la matrícula de esta alumna. Esta situación hasta el día de hoy se mantiene y la alumna Antonia Olivares no puede iniciar su año escolar. No tengo los antecedentes del colegio en este momento, pero se trata de un establecimiento en Valparaíso. Luego, presidente, en el marco del proyecto Ley de Convivencia se agregaron al listado de audiencias tres solicitudes adicionales: la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Educación Inicial y Escolar, Yanna Sánchez; la directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, Ingrid Olea; y la representación de la Facultad de Psicología y Derecho Inicial de Desarrollo, correspondiente al programa regional “A Convivir se Aprende, Ñuble, 2023-2025”, a cargo de Alejandro Sánchez. De estas tres personas, la Fundación Educación 2020, de acuerdo a lo determinado por la presidencia de la comisión, ha sido invitada a exponer ante este recinto, y están cuatro las instituciones que concurrirán, todas ellas por Zoom. Bien, y el acuerdo es votar en general a continuación de esas disposiciones. La tabla fue fijada para dar a conocer y continuar con la discusión en general del proyecto sobre convivencia, y ponerlo en votación en general al término de la sesión y, en consecuencia, al cierre de las audiencias. El presidente también hace presente que, al término de estas, ha llegado a la Secretaría un cambio de comisión, visado de acuerdo al reglamento por el Secretario General, en el cual se reemplaza al senador Esteban Velásquez por la senadora Yanna Proboste. Ese es el único cambio de comisión de esta instancia que ha llegado a la Secretaría hasta esta hora y fecha. Se toma conocimiento. Bien. Señor Ministro, gracias, presidente. Saludo, por su intermedio, también a la senadora y a los senadores presentes. Respecto al punto de la tabla, permítanme señalar lo siguiente: voy a leer brevemente la sentencia propiamente tal, la cual acoge sin costas el recurso presentado por la madre de la estudiante en contra de la Seremi de Valparaíso, ordenando que la recurrida debe realizar todas las coordinaciones necesarias para la generación de un cupo de matrícula para la estudiante en el establecimiento más cercano a su domicilio, debiendo materializarse dicho cupo en un plazo que no exceda 15 días. Es decir, no se obliga al establecimiento donde ella estaba postulando a incorporar de manera forzosa a la estudiante, sino que se le debe conseguir un cupo en el establecimiento más cercano a su domicilio. Esto no es trivial, porque hemos tenido casos, por ejemplo, en Atacama, con el director en nuestra oficina, y con la senadora Proboste, de aquel director que fue incluso detenido por la PDI producto de una sentencia similar a esta, pero en un sentido distinto, puesto que, en aquel caso, se obligaba al establecimiento a recibir a la estudiante.

Y viene el estudiante en ese establecimiento en particular, teniendo matrícula en otro establecimiento educacional. ¿Cuál es también este caso? Este caso es de una niña que tiene cupos en otros lugares, pero insiste en ingresar exactamente al establecimiento que su madre desea. Hay oferta educativa en otros lugares y, de hecho, ya se está gestionando la solicitud de sobrecupo y todo para acoger la demanda; sin embargo, es importante señalar que la sentencia no establece el ingreso directamente en el mismo establecimiento vocacional donde ellos han estado postulando y donde no hay oferta, porque es uno de los establecimientos que tiene sobredemanda en Viña del Mar. Solo quería señalar eso, presidente, para complementar la información entregada por el secretario. Bien, muchas gracias, ministro. Senador Gonzalo Sangüesa: Entiendo por “Gonzalo”, mi hermano se llama Gonzalo, y mi mamá nos nombraba a todos así, así que es este clásico. También, como parte del acuerdo político y para que quede en acta, se contemplaba el cese de sus funciones como presidente. Quisiéramos saber cuándo se va a producir esto y, además, el cambio en el otro integrante de esta comisión, que debiese ingresar el senador Juan Castro. Presidente: Sí, todo eso va a quedar en el día de hoy, como corresponde. Siempre se dijo que estos cambios son después de la formación de la mesa y no habíamos tenido otra sesión de la comisión después de que se instaló la mesa, la cual se realizó antes de la semana regional. Por lo tanto, estos cambios se harán efectivos hoy: la presidencia al finalizar la sesión y la membresía a continuación, en la tarde, tal como se le informó al senador Cuascacho, quien se encuentra aquí presente y ejerce su derecho. Gracias, presidente. Es un cambio efectivamente; esto no es un tema reglamentario, como bien se dice, sino un tema de acuerdo político. Por lo tanto, se cumple a diferencia de mi caso en otra comisión, en la que el año pasado recién en mayo llegó el famoso papelito. Ahora se espera llegar a tiempo. Presidente: En otro punto, aprovechando que está el ministro, recientemente tuvimos un paro nacional de la Junji y, aparte de los temas relacionados con las remuneraciones, hay un tema que a mí me preocupa mucho: el de los implementos que se entregan para el funcionamiento de los jardines. Por ello, agradecería si el ministro pudiera aclarar un poco ese tema. Además, ya que se recibió el informe de la comisión acerca del sistema de admisión escolar, se podría plantear que, durante la próxima semana, fijáramos una fecha para que nosotros, como comisión, recibamos a los integrantes de dicha comisión y tengamos una retroalimentación de lo que significó este proceso, en el cual el Ejecutivo se comprometió a entregar indicaciones durante el mes de abril. Precisamente, quisiera saber en qué fecha se cumplirán dichas indicaciones. Asimismo, el ministro tiene comprometido el envío de indicaciones al proyecto de la SEP, lo cual también quedó previsto para abril. Si pudiera hacer referencia, además, a lo que tiene que ver con los paros docentes: hoy se concluyó un tema en Punta Arenas que tiene relación con cierta práctica en la que, cuando el sostenedor actual sabe que va a traspasar el SLEP, se hacen convenios colectivos que terminan generando diferencias al interior, como ocurrió en dicho lugar. Nosotros estamos modificando la SEP, ampliando de seis meses a un año el periodo en el que no se pueden hacer modificaciones; sin embargo, no sé si eso es suficiente. Quisiera saber si el Ministerio tiene alguna idea o planteamiento para evitar esto, que finalmente termina siendo una especie de asociación ilícita, donde algunos alcaldes, incluso con total desparpajo, dicen: “no me siento a hacer un problema del SLEP y yo me desligo”. Entonces, creo que, en definitiva, terminamos dañando el nuevo sistema de educación que son los SLEP. Le ofrezco la palabra al ministro, sin perjuicio de lo expuesto. Yo estoy de salida, pero también lo quería expresar.

Una buena práctica, en mi opinión y de la comisión, ha sido discutir estos temas más puntuales sobre todo cuando hay invitados al final de la tabla, ya que, en rigor, los “puntos varios” no existen —lamentablemente tampoco—. Sin embargo, si le parece, podemos abrir la discusión ahora, aunque por respeto a los invitados yo sugeriría dejar este punto para el final de la tabla, tal como lo hemos procedido durante el año. Senadora, ¿ya no aprobaste? Presidente, mire, muy breve: a pesar de que ya se materializó el cambio de comisión, en el día de hoy, dado que el senador Velázquez ha estado participando y escuchando las audiencias, la votación en general la habíamos acordado para que se realizara en esta misma jornada. Sí, solo si se hace hoy, porque a partir del próximo miércoles, si no se realiza hoy, ejerceremos todas nuestras facultades a partir de la próxima sesión. Además, en el día de hoy le vamos a pedir que se pueda reemplazar al senador Velázquez, ya que yo sigo estando en minería y debo resolver ahí un tema práctico. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, darle la bienvenida a la senadora Proboste, que en realidad es como darle una bienvenida entre comillas, porque nos ha acompañado durante todo el año. También quiero agradecerle al senador Velázquez por el esfuerzo, la voluntad y el acompañamiento que hemos tenido en este año de trabajo, así como al senador Castro, quien se integrará a esta tarea. Espero que podamos colaborar y conocernos un poco más, pues hemos logrado establecer una buena relación en general y un grato ambiente de trabajo y de diálogo en esta comisión. Y, por supuesto, a usted, presidente, quien ha tenido, a mi juicio, un desempeño excepcional; le agradezco mucho todo el apoyo y respaldo que hemos recibido durante este proceso. Respecto a las preguntas, abordaré un par de puntos muy puntuales. En el caso de los materiales de la Junji, este debate se ha desarrollado en el marco de la discusión presupuestaria. De hecho, hemos alcanzado algunos acuerdos a través de las leyes de presupuesto, en las que se han realizado reasignaciones para fortalecer la línea de material educativo, dada la rebaja presupuestaria que experimentó este rubro durante la pandemia. Cuando llegamos al 2022, el financiamiento para material pedagógico había alcanzado niveles muy bajos, y desde el 2021 en adelante se ha ido recuperando paulatinamente, aunque los trabajadores de la Junji consideran que aún no es suficiente. Por ello, se han venido realizando ejercicios de reasignaciones presupuestarias a lo largo del año para fortalecer, en la medida en que se conoce la ejecución presupuestaria dentro del marco de la estrechez fiscal que todos ustedes conocen y que marcó fuertemente la discusión presupuestaria 2025. Esto está acordado; de hecho, nos comprometimos también en el marco de la conversación que se está sosteniendo con la Junji estos días, y esperamos que se resuelva esta semana, lo que nos permitirá formular una reasignación en las líneas correspondientes para fortalecer aquellos aspectos que se ven más débiles. En cuanto a la mesa SAE y las indicaciones de la ley SEP, ambas están programadas para abril. No es solamente SAE y SEP lo que tenemos en agenda, sino que también contamos con una importante carga legislativa interna en el Ministerio de Educación. De hecho, se sumará el proyecto de bienestar socioemocional, que forma parte de los compromisos adicionales que tenemos y que nos mencionó el senador Sangüesa, y que también deberá ser conocido por esta comisión. Por lo tanto, en abril nos vamos a tomar el menor tiempo posible, considerando la totalidad de días del mes, ya que los equipos están sacando mitos. Por último, en lo que respecta a los paros docentes, creo que es un tema muy interesante en la reflexión que plantea el senador Sangüesa, aunque probablemente no estemos de acuerdo en todo. Diría que hemos intentado incorporar esta experiencia, en la que pasamos de seis a un año —lo cual espero que se ratifique a lo largo de la tramitación legislativa—. Los años electorales suelen conferir mayor poder de presión a los gremios, y eso es algo que no podemos desconocer. Ojalá que el Parlamento mantenga firme su posición, o al menos la que hemos ratificado acá. Y lo digo porque ya hemos intentado en ocasiones anteriores elevar a un año el período de inoponibilidad, sin lograr el acuerdo político en el Parlamento; se nos cayó ambas veces que lo intentamos. De hecho, en el proyecto de ley que a usted le tocó presidir, presidente, sobre la figura del director ejecutivo suplente, originalmente se contemplaba, además, el período de inoponibilidad de un año junto con el traspaso anticipado de Chiloé. Ambas normas se cayeron y, finalmente, terminamos traspasando Chiloé de manera apurada, con muchas dificultades, y hoy día vemos lamentables consecuencias de no haber tomado esa decisión. Ahora, dicho eso, también, a mi juicio —y en coherencia con lo que pienso y lo que piensa el gobierno—, no se trata de cargarle la mata a los trabajadores y trabajadoras, pues si los alcaldes, en su momento, tomaron decisiones y respaldaron acuerdos amparados por la ley en el marco de negociaciones colectivas regulares —lo que facultó, en particular, a los asistentes de la educación, antes de ser traspasados al servicio local, dada su vinculación con el Código del Trabajo en establecimientos administrados por corporaciones que son...

Privadas, la verdad es que tampoco uno puede empezar a quitar derechos, sino que más bien es regular de qué forma se cumple con ese derecho. Y luego están los otros que son derechos que se han ido acumulando en el tiempo y que tienen sueldo elevado. Allí es donde se genera la controversia de Magallanes: profesores que ven que los asistentes de la educación ganan mucho más que ellos; en muchos casos, salarios de asistentes de la educación que se llegan a empinar a los 7 millones de pesos. Secretarias que ganan más que los directores de las escuelas, en algunos casos –no estamos hablando de una situación extendida, son algunos casos– provocan esta demanda en un territorio que ya está presionado fiscalmente por un déficit de cerca de 25.000 a 26.000 millones de pesos, producto de estos salarios elevados. Entonces, nosotros, desde diciembre, le fuimos diciendo al magisterio del territorio, tanto a los sindicatos como al Colegio de Profesores, que no había espacio fiscal para poder aumentar los salarios, porque eso significaba inyectar una presión fiscal de más de 5.000 millones adicionales a los veinte y tantos mil que ya tenemos. Más que agrandar el déficit, lo que teníamos que hacer era achicarlo. Finalmente, no logramos esa comprensión; se produjeron varias alternativas durante todo el mes de movilizaciones y terminó en que, al final, se materializaron los descuentos. Los profesores retornaron a clases producto de esos descuentos. Lo digo con harto dolor, desde mi propia biografía lo planteo –no me desentiendo de aquello–, pero también con la convicción de que era lo correcto, toda vez que teníamos que garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de la región. Presidente. Bien. Si les parece, gracias, Ministro, pasamos a escuchar a los invitados. En el mismo orden que ha referido el señor Secretario, en primer lugar estaría la Fundación Educación 2020. Se encuentra presente la directora ejecutiva, señora Ingrid Olea, y la asesora de incidencia, señora Francisca Koppmann. Tal como lo indican, también participan, entre otros, don César Casasuz, y se hace referencia a la escuela educacional y emocional. Entonces, vamos a escuchar a Educación 2020. Idealmente, por 10 minutos. Nosotros le avisaremos cuando hayan transcurrido esos 10 minutos, ya que, dado que son cuatro instituciones, parece que habrá una ronda de consultas también y luego se procederá a votar. Le ofrezco la palabra entonces a Educación 2020 por 10 minutos. Voy a compartir mi pantalla y, ahí deberían estar viendo ustedes. ¿Me pueden confirmar si la ven? Sí, se ve. Muchas gracias, Ministro. Ya, vamos a contarle entonces, tratando de no excedernos de los 10 minutos. Yo creo que en esta tramitación –ya estamos llegando a la votación– no quiero ahondar demasiado en el diagnóstico. Me imagino que ya lo han escuchado en varias otras audiencias en las que han tenido la oportunidad de presentarlo en esta Comisión; solo lo expongo como un preámbulo rápido. Según datos del 2023, el 57% de los estudiantes considera que sus compañeros respetan las normas de convivencia. Esta cifra, que antes era mayor, contrasta con que uno de cada tres estudiantes crea que la violencia es un medio para lograr lo que quiere, lo cual es muy preocupante. En relación a los docentes, el 40% de ellos abandonan el ejercicio profesional en los primeros cinco años –y un porcentaje importante también durante su primer año–, y solo un 15% considera que su profesión es valorada en la sociedad. Con estos datos buscamos mostrar también el aumento de denuncias por problemas de convivencia; hemos observado que han ido creciendo, evidenciándose una brecha correspondiente al período 2020-2021, producto de la pandemia. No obstante, un primer punto que queremos destacar es que, si bien se tiende a pensar que las denuncias y los problemas de convivencia han aumentado exponencialmente, yo, como profesora de matemática, afirmo que no se trata de un aumento exponencial, sino de un aumento lineal. Por lo tanto, queremos señalar que, aunque los problemas de convivencia han aumentado, estos no son algo completamente nuevo en los colegios; son problemáticas que han existido desde hace mucho tiempo, se han ido incrementando y denunciándose, afectando a las comunidades escolares y a todos los que trabajan dentro de los colegios. Desde nuestra experiencia en Educación 2020 y el trabajo con una cartera de proyectos importantes en el territorio, hemos determinado que existen…

Que han sufrido daños y violencia y que están requiriendo mayor acompañamiento y apoyo por parte del nivel local y central. Local nos referimos a los sostenedores, ya sean los sostenedores particulares subvencionados, los municipios o los servicios locales, que en el fondo, al exceder nuestras capacidades en el colegio, nos obligan a acudir a un nivel superior. Hemos visto la debilidad en la cantidad de profesionales que trabajan en educación socioemocional. Los equipos psicosociales son pocos y no dan abasto. Esto, yo creo, es un diagnóstico en el que posiblemente estaremos varios de acuerdo, no solo por una deficiencia en la formación inicial. Una profesora o un profesor que estudió hace 15 años, probablemente, enfrentó un problema muy distinto en su formación universitaria; de ahí se derivan brechas, que se evidencian también en la formación en servicio y en la capacidad de los profesionales que hoy día trabajan en los establecimientos. Este diagnóstico general nos lleva a reconocer que hoy recae sobre los colegios unas altas expectativas, muchas veces superiores a lo que realmente pueden y deben abarcar. Esto se repite en nuestro trabajo con equipos directivos y sostenedores, ya que se espera que el equipo del colegio –especialmente la profesora– asuma funciones propias de psicóloga, psiquiatra, trabajadora social, terapeuta ocupacional, entre otras competencias que el colegio no posee ni está llamado a tener. Por ello, entendemos que existe una línea a partir de la cual los problemas exceden las capacidades del colegio. Antes de entrar al detalle del proyecto de ley, es importante puntualizar que la escuela no es solo un lugar donde los niños y niñas pasan el tiempo, sino que son parte integral de la sociedad. La violencia y los problemas de convivencia que se observan en los colegios no se originan exclusivamente en el ámbito escolar, sino que constituyen un fenómeno multicausal que refleja problemas de la sociedad en su conjunto. Las escuelas no existen de manera aislada, sino que forman parte de una red intersectorial que dispone de mayores herramientas para abordar este tipo de problemas. Entrando más al detalle del proyecto de ley, tuvimos la oportunidad de participar en la discusión en la Cámara de Diputados. De esa experiencia se desprenden aspectos positivos que reconocíamos y otros que fueron incorporados. Del proyecto original destaca que la convivencia se aborda desde un enfoque formativo y no punitivo, lo cual consideramos muy valioso, y se reconoce el esfuerzo considerable por armonizar políticas nacionales. Asimismo, se hace evidente, en el trabajo con los equipos, el agobio administrativo derivado de la multiplicidad de protocolos y normativas que deben cumplirse. Si bien la convivencia escolar no se soluciona con la promulgación de un proyecto de ley, es importante tener claro que, una vez promulgado, no resolverá de inmediato todos los problemas. Se aprecia un esfuerzo por armonizar y dar sentido a las diferentes normativas a las que deben atenerse los establecimientos. Otro aspecto muy valioso es el espacio que se le otorga a los datos y a la evidencia para la toma de decisiones pedagógicas. Tras el primer trámite, en algunas indicaciones se refuerza el rol de apoyo de la Superintendencia –más allá de su rol de sanción–, lo que consideramos esencial al posicionarla como la entidad encargada de capacitar. En este sentido, el proyecto de ley incorpora un periodo de adecuación durante el cual la Superintendencia podrá dar orientaciones y cumplir su rol fiscalizador sin recurrir de inmediato a las sanciones. También se explica el rol de la Agencia de la Educación en lo referido a los datos y evidencias para la toma de decisiones.

Los tiene la Agencia de la Educación, y los que no la tienen pueden obtenerla de las distintas reparticiones del Estado. Es bueno que empecemos a establecer dicha agencia, la cual se ha destacado en los últimos años por mejorar la oportunidad, el tiempo y la forma con que llegan los datos, para que estos sean la base de las decisiones pedagógicas. Además, el proyecto de ley menciona a los cuerpos en los colegios encargados de la convivencia. Existen, en efecto, encargados de convivencia, y creemos que es bueno que esa labor —que lleva muchos años ocurriendo— se reconozca y se sume. Y, como les mencionaba antes —hemos visto esto en otras reformas—, es muy necesario un período de adecuación, en el que seamos capaces de acostumbrarnos y evitemos que llegue un shock al sistema, ya que desde hoy deben cumplir con una normativa nueva sin recibir apoyo transitorio. Voy a pasar a las áreas de mejora, las cuales nos gustaría agrupar en dos grandes temas: el primero es la intersectorialidad y el segundo es el enfoque de derechos. Por el lado de la intersectorialidad, dado que entendemos la convivencia como un fenómeno social, lo repetíamos desde el principio, no podemos pedirle al colegio que solucione todo. El proyecto de ley incorpora la coordinación intersectorial a nivel nacional, integrando al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hidromogía, entre otros. Sin embargo, debe quedar mucho más explícito el apoyo del intersector local, es decir, a los dispositivos que operan principalmente a nivel municipal. La Ley de Garantías, promulgada en marzo del 2022 (Ley 21.430), establece un marco legal en el que los municipios juegan un rol clave, asignando a los alcaldes la promoción y prevención en el resguardo de los derechos de todos los niños y niñas. Conectando esto con lo que comentaba el ministro, algunos alcaldes piensan: “ya no tengo colegios, esto ya no es mi problema.” Si bien los colegios, la subvención y el pago de sueldos a los profesores no son competencia de los alcaldes, la protección de los derechos de los niños recae en ellos por la Ley de Garantías. Creemos que este marco legal es muy favorable para entender al colegio como uno de los dispositivos de la red intersectorial local, el cual debe articularse con el SESFAN, el COSAM, la VIDECO, el área de deporte, el medio ambiente, entre otros, para abordar los problemas de convivencia. A menudo, aunque existen apoyos en el nivel local, lo que falla es la coordinación intersectorial y la conexión entre todas estas instituciones. En este sentido, las oficinas locales de la niñez y el programa Chile Crece Contigo tienen un rol muy importante en la articulación con esta ley de convivencia. En cuanto al enfoque de derechos, es fundamental considerar los contextos en los que se producen las vulneraciones para definir los cursos de acción. No tiene sentido, en un país como el nuestro, diseñar una solución única que se aplique a todos los estudiantes y colegios. Especialmente en los contextos de vulneraciones de derechos, donde una misma infracción en dos casos con condiciones radicalmente distintas amerita acciones y sanciones diferentes. Así, la flexibilidad debe permitirse en una ley como esta, posibilitando que cada comunidad reconozca y atienda lo que realmente necesita para enfrentar sus problemas. Disculpe, Ingrid, estamos en los diez minutos; tengo que avisarle. Termino con mi último punto. Por último, mencionamos en la Cámara el riesgo de estigmatización y de utilizar la información para identificar los riesgos.

de vulneraciones de derechos, se incorporaron indicaciones para proteger los datos privados, pero creemos que esto igual puede implicar el riesgo de que, aún con datos agregados, se puedan hacer, digamos, rankings de colegios, de comunas y de servicios locales que van a respetar la protección a los derechos privados. Más existe aún el riesgo, y creemos que eso tiene que estar presente, de que se pueda resguardar la privacidad y no se estigmatice. Solo para terminar, valoramos la discusión y avance de este proyecto. La prevención y la promoción son clave, pero es difícil, es costoso, es complejo y no puede recaer únicamente en la escuela; por ello, la coordinación intersectorial y el enfoque de derechos es indispensable. Nosotros, de Educación 2020, quedamos disponibles para seguir avanzando y apoyando lo que sea necesario en la tramitación, implementación y seguimiento de esta política. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la Fundación Educación 2020 por su exposición. A continuación, le ofrezco la palabra al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, cuya presidenta es la señora Ingrid Bonn. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, por favor. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a cada uno de los senadores que están en esta comisión y al ministro también. Lamentamos no estar allá, pero la invitación nos llegó ayer recién a las 16.25 de la tarde. Yo, en Temuco, no pude preparar un viaje para Valparaíso, pero agradecemos esta instancia. Como representantes del movimiento de padres apoderados y familias Con Mis Hijos No Te Metas, valoramos la intención de este proyecto, pues su fin es hacerse cargo de la situación de mala convivencia que todos conocemos, esta mala convivencia escolar que afecta día a día a nuestros hijos de los colegios, así como a sus profesores y a sus directivos. Sin embargo, para ser muy breves, y dado el poco tiempo que hay, nos preocupa que el proyecto tenga una mirada impositiva, que establece cargas de distinto tipo para establecimientos educacionales, sostenedores y directivos, sin una ayuda económica adecuada, lo cual provocará un aumento de trabajo para los profesores y directivos y un desvío de la atención de lo principal, que es educar. Nos preocupa enormemente aquello. Por ejemplo, el deber de promover la participación de todas las personas en la comunidad educativa, facilitando medios físicos y tecnológicos; la obligación de contar con un equipo de convivencia liderado por un coordinador, el cual debe cumplir determinados requisitos: debe ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico de convivencia educativa, de jornada completa y con dedicación exclusiva, entre otros. En este punto, también nos preocupa demasiado que esto se considere con plata, es decir, recursos que son de uso exclusivo para ayudar a los niños más vulnerables. También nos preocupa que el proyecto establezca un consejo escolar obligatorio en todos los establecimientos educacionales, con un importante rol en la actualización de instrumentos relevantes al interior de los colegios, como el plan de gestión de la convivencia educativa y el reglamento interno. Esto es problemático, pues altera sustancialmente la organización interna del colegio, lo cual afecta, sin duda alguna, la libertad de enseñanza. Finalmente, mi presentación es muy acotada, ya que solo expongo los puntos que consideramos un poco preocupantes para nosotros. No quiero dejar de referirme a una cuestión que se ha repetido reiteradamente en esta discusión y me refiero al artículo que, seguramente, el Gobierno intentará reponer referente a los contenidos mínimos de los reglamentos internos. Mientras, actualmente, estos contenidos mínimos son compartidos por nuestra sociedad y todos hacen referencia a cláusulas genéricas de igualdad, no discriminación arbitraria, etcétera. La norma, eliminada en la Cámara de Diputados y que tanto el ministro de Educación como la Defensora de la Niñez señalaron que era importante reponer, establecía que los colegios deben promover el respeto y el reconocimiento a la diversidad e identidades sexoafectivas y de género. Respecto a esto, quiero mencionar algo bien importante.