El acta de la sesión 103 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 104 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión.
La lectura de la cuenta. Buenas tardes, han recibido los siguientes documentos:
Un correo electrónico de la periodista doña Francis Parra, mediante el cual solicita audiencia de esta comisión en relación con la vulneración de derechos fundamentales, laborales, acoso y maltrato laboral a funcionarios del Servicio de Salud Concepción, junto a otra serie de irregularidades que los gremios han denunciado desde marzo de 2024 y que se han difundido en diversos medios.
Un oficio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual se adjunta el informe anual del estado de avance de la implementación de la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género.
Un oficio de la directora regional de O'Higgins, señora María Jesús Abello, mediante el cual se da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con el hecho ocurrido en la región, en la comuna de Rancagua, donde, mediante medios de comunicación, se tomó conocimiento de un hecho de violencia del que fue víctima una menor de edad. Al respecto, se informa que la menor está siendo atendida en el CAE, donde además se ha brindado asesoría legal a la madre.
Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual se da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con las campañas y medidas adoptadas para mantener a las mujeres del país informadas acerca de la prevención del cáncer de mama y del cáncer cérvico-uterino.
Un oficio de la Superintendencia de Educación Superior, mediante el cual se responde a un oficio de esta comisión relativo al plan de recuperación aplicado a la Universidad Austral de Chile.
Un correo electrónico del Subdepartamento de Identificación del Registro Civil de la Unidad de Datos Civiles, mediante el cual se responde a un oficio de esta comisión respecto de la solicitud de Sara Avivi, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, de nacionalidad afgana, en relación al cambio de apellido.
Un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual se comunica que la diputada María Francisco Bello reemplazará en forma permanente a la diputada Consuelo Veloso.
Un correo electrónico de la directora del Observatorio del Cáncer, mediante el cual se comunica que la doctora Dania Acuña se encuentra en un congreso médico en Argentina; por lo tanto, en su representación expondrá la doctora Solana Terrazas.
Un oficio del Secretario General de la Cámara, mediante el cual, a solicitud de la diputada Alejandra Palaciencia, se informa que se acordó remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica la Ley 18.290 de tránsito para regular la obtención y cancelación de licencias de conducir respecto de personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, correspondiente al boletín 17.461-15.
Finalmente, una comunicación de la bancada de la UDI, por la cual se comunica el reemplazo en esta sesión de la diputada Baize por el diputado Bobadilla.
Eso es todo, Presidenta.
Entonces vamos a... ah, votos varios, ¿cierto? No, ah, porque son al final. Deberíamos cambiar las reglas. Vamos a partir la orden del día.
El punto número uno es analizar los avances de implementación de la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Para tales efectos, se encuentra invitada la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarello, quien la acompaña la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora Claudia Donaire. Muy bienvenida, subsecretaria.
Muy bienvenida.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludo a las señoras diputadas y a la secretaría de la comisión. Lo haré lo más veloz que pueda. Tal como nos manda la Ley 21.675, anualmente se debe presentar ante las comisiones de Mujeres y Equidad de Género de ambas Cámaras los avances en la implementación de la Ley 21.675, más conocida como Ley Integral, a propósito, que el nombre es largo.
Aprovecho de presentar a la comisión, por su intermedio, presidenta, a la nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire Gaete, quien se encuentra también a su disposición. Voy a partir, si les parece bien, presidenta.
Bueno, como solo para hacer, digamos, un refresh, la ley 21.675, publicada en junio del 2024 y aprobada en marzo del 2024 (seis meses antes), es, a nuestra manera de ver, un hito en la respuesta estatal frente a la violencia de género, en que pasamos de tener leyes con enfoques fragmentados —obtenidos gracias a los avances en distintos ámbitos— hacia una mirada interinstitucional y con nuevos niveles de coordinación.
La ley se sustenta en principios como la igualdad, la no discriminación, la debida diligencia y la centralidad en las víctimas. Incorpora nuevas formas de violencia, tanto en sus definiciones como en orientaciones que no conducen necesariamente al Código Penal. Cabe destacar, y quizás hayan visto en las noticias, la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas consentidamente, situación que ya se encuentra siendo invocada en tribunales.
Nos vamos a centrar en los avances en la implementación, sobre todo en los desafíos de coordinación interinstitucional con los organismos que conforman lo que se ha venido reconociendo como la ruta crítica frente a la violencia de género. En ese sentido, la ley aborda componentes que tienen que ver con la prevención, la atención, protección y reparación, las medidas de articulación interinstitucional y el acceso a la justicia.
Quisiera recordar que, para ello, se establecen medidas generales de prevención, entre ellas la capacitación, campañas de difusión y programas orientados a la autonomía económica como factor principal. Asimismo, se imponen mandatos y obligaciones específicas para distintos organismos del Estado —no solo para el Ministerio de la Mujer— y, en particular, respecto a la atención, protección y reparación. Esto se refleja en la reorientación de la oferta en virtud de las obligaciones legales, que incluyen el acceso a servicios de salud física y mental, la información sobre la oferta programática, el registro y seguimiento de las derivaciones, el acceso a la información, la seguridad y resguardo, la justicia, la reparación física, psicológica y social, y la autonomía económica.
En cuanto al enfoque interinstitucional, se crea la Comisión de Articulación Interinstitucional, que entrará en funcionamiento una vez que se apruebe el reglamento y se ingrese a la Contraloría General de la República. Esta comisión reemplazará, en las funciones nacionales, al circuito intersectorial de femicidio y al sistema integrado de información sobre violencia de género, lo cual forma parte tanto de las conclusiones del estudio “Hoja de Ruta Crítica para las Mujeres que Viven Violencia”, realizado en el gobierno anterior, como del informe de la Contraloría General de la República sobre la respuesta del Estado ante la violencia de género durante la pandemia de COVID-19.
En cuanto al acceso a la justicia, se define el ámbito de aplicación y la competencia en las investigaciones por hechos de violencia de género, las cuales analizaremos como medidas específicas a implementar de forma interinstitucional entre el Poder Judicial, Carabineros de Chile, la Policía de Chile, el Ministerio Público y, por supuesto, el Cernameg.
Para recordar, contamos con tres niveles de implementación: la articulación interinstitucional, el sistema integrado de información y el Plan Nacional por el Derecho a una Vida Libre de Violencia. Este plan, en su novena edición —noveno Plan Nacional de Acción contra la Violencia—, es la primera vez que se incorpora dentro de un marco integral de la ley y no únicamente en la ley orgánica del ministerio o, previamente, del Cernameg. En este contexto, nuestro rol como ministerio es coordinar, implementar y dar seguimiento a estas iniciativas.
El seguimiento a la ley me acompaña acá Charlotte Pertier, quien está a cargo de la implementación de la ley en sus aspectos técnicos. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que ejecuta la atención, protección y reparación a víctimas como organismo preferente –más no exclusivo–, integra principalmente este equipo. Voy a pasar muy rápidamente respecto a aspectos que fueron materia de preparación para la implementación de la ley, para luego abordar la ejecución propiamente tal.
Como saben, las medidas de prevención señaladas en el Plan Nacional por el Derecho a las Vías Libres de Violencia de Género deben empezar a ejecutarse desde el 2025 hasta el 2030. Dichas medidas giran en torno a la formación: tanto del personal educativo en primera acogida –ya que muchas veces los colegios son el primer órgano de detección por su estrecho vínculo con las familias–, como de otros actores, por ejemplo, las juntas de vigilancia rural, que en zonas fuera de las áreas metropolitanas cumplen un rol fundamental, o la formación en el tratamiento de la trata, no solo en los organismos críticos de la mesa de trata del Ministerio de Seguridad, sino también en todas las instituciones que atienden al público.
En cuanto al Servicio Nacional de la Mujer, ustedes saben que durante el año 2023, con miras al ciclo 2024, recuperamos la recomendación favorable para toda la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la evaluación técnica de la DIPRES y el Servicio de Evaluación Social. Esto, ya que la objeción técnica que afectaba a toda la oferta programática –al iniciar el 2022 ningún programa del Servinamed contaba con observaciones– nos impedía crecer, reformular y hacernos cargo de nuevos desafíos. El programa de prevención no fue la excepción, y quiero destacar, como he señalado previamente, que se modificaron los componentes de las juntas de vigilancia para eliminar el límite de edad. El límite de 29 años había dejado fuera a la mayoría de las organizaciones vecinales y de la sociedad civil, como las juntas de vecinos, resultando en 554 organizaciones participantes para 2024.
Tenemos, previo a la ley –porque esto significa, como veremos más adelante– el informe anual de femicidios, coordinado con todas las instituciones parte del circuito intersectorial de femicidio, la Subcomisión de estadísticas de género del Instituto Nacional de Estadística. Dicho instituto es autónomo, pero el Ministerio ha acompañado la producción de 83 indicadores de género, de los cuales 9 corresponden a violencia de género, permitiéndonos contar con los indicadores actuales, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Salud y de la encuesta del Instituto Nacional de Juventud, que nos alertó para la campaña 2024. Asimismo, el Observatorio del Ministerio de la Mujer tendrá su lanzamiento en el segundo semestre del 2025, lo que posibilitará visibilizar los datos generados por el nuevo sistema integrado de información.
Volviendo a la atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género, queremos destacar que durante el año 2024 el rediseño puso énfasis en la reorientación de la intervención en los territorios. Este fue un tema de mucha discusión en esta Comisión, dado que se dividieron los dispositivos –antes compuestos por múltiples siglas, tales como CAR, CDM, CAVI, CAV, etc.– en dos niveles fundamentales: atención inicial y atención especializada, en función del nivel de riesgo y daño, y no según el tipo de delito. Tal división, comparable con los niveles de intervención en salud, nos ha permitido quintuplicar las representaciones jurídicas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género sin que se hayan quintuplicado los recursos disponibles.
Optimizar los tiempos de trabajo de los equipos en base a la complejidad de los casos nos ha permitido también optimizar, sin que se perdieran cupos, las residencias transitorias con un modelo regional de cupos, redirigiendo los recursos hacia los programas de atención inicial y con un resultado en 2024 de 813 mujeres acogidas en residencias transitorias, 20.000 atenciones psicosociales y 1.479 representaciones jurídicas, conducentes a 236 querellas. Eso es lo que se quintuplica respecto al año anterior. Siguiente, por favor.
Y aquí vamos a las medidas de articulación interinstitucional. El reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional ya está mandatado por el artículo 23 de la ley y se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República. Queremos destacar que para redactar este reglamento hubo la participación de todos los organismos autónomos que participan en la administración de la justicia, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, lo que permitirá celebrar una primera sesión seis meses después de la publicación del reglamento en el Diario Oficial.
En cuanto al Plan Nacional por el Derecho a las Vidas Libres de Violencia de Género, que ya mencioné y que ha sido incorporado en el artículo 25, y al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, probablemente este sea uno de los aspectos menos visibles de la ley. Sin embargo, es uno de los puntos más relevantes, a razón de lo conversado en numerosas ocasiones en los casos que se presentan ante esta comisión, ya sea vía oficio al servicio o ministerio o mediante conversaciones y derivaciones rápidas con las parlamentarias a través de su intermedia presidenta. Se nos ha preguntado, por ejemplo, cómo es posible que un Centro de la Mujer de una región no tenga acceso a la información de una víctima de otra, o por qué existen cifras distintas de femicidios según el órgano autónomo que las dispone, o aún, por qué Carabineros no puede acceder a conocer las denuncias previas. Si bien eso responde a múltiples explicaciones en la historia de nuestras leyes, también requería una solución mediante la modernización del Estado. En ese sentido, para junio de 2025, en el primer aniversario de vigencia de la ley, se lanzará el producto mínimo viable, término que en el lenguaje de la modernización del Estado se utiliza para referirse a los pilotos que integran las nuevas variables del sistema de información sobre violencia de género con las primeras comunas pioneras.
Se encuentran en proceso de firma los convenios que habilitarán el uso de datos, entre ellos con el Registro Civil, que centraliza la información de registro, y con el Ministerio de Desarrollo Social, que incorpora la información del sistema de protección social y todas sus prestaciones. Esto es fundamental para nuestras funcionarias, especialmente para los centros de atención inicial a nivel municipal, ya que podrán optimizar hasta 30 minutos de atención al contar con información que ya se encuentra en el registro social de hogares, evitando la recolección manual de datos. Además, contamos con el apoyo de la Unión Europea en los datos del reglamento para la gobernanza de datos, en el marco de las nuevas directivas de la Comunidad Europea, uno de los sectores más avanzados en este ámbito.
Respecto al acceso a la justicia, tenemos obligaciones generales para todos los órganos en la investigación de hechos de violencia de género, como la debida diligencia y la prevención de la victimización secundaria. Actualmente, está previsto que se presente el reglamento correspondiente, aunque aún no se ha hecho porque se priorizó el reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional. Asimismo, se desarrollará el reglamento de representación judicial, el cual permitirá que el Cernamec presente querellas sin necesidad de contar con el patrocinio en los casos de femicidio frustrado, femicidio consumado y suicidio femicida. Como se ha recordado en diversas ocasiones, existen situaciones en que las víctimas sobrevivientes, debido a su estado de salud, no pueden ofrecer representación, o en que las familias, aun pudiendo prestar el patrocinio, no están interesadas en buscar justicia. Sin embargo, sabemos que los mejores resultados en términos de condenas y duración de los juicios se obtienen cuando el Ministerio Público actúa de manera oportuna.
Actúa en conjunto con el CERNAMED y esto es una demanda histórica de los trabajadores. Sin que entre en vigencia aún el informe financiero que nos va a permitir iniciar la contratación de nuevos abogados especializados, el CERNAMED inició un proceso de contratación de abogados especializados en materia penal para marzo del 2025 y vamos a tener las 10 regiones restantes en marzo y abril mediante concurso público, como manda la Ley del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Pueden mandar el detalle de las regiones que ya están contratadas? Lo respondo al tiro.
Solo quería detallar que tenemos cooperación técnica para toda la parte digital y de gobernanza de datos por tres organismos fundamentales: la Unión Europea, en el desarrollo del reglamento para la gobernanza de datos; el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado rediseñando sistemas internos clave, como el sistema de gestión de programas que regula la atención donde se concentra toda la información de las usuarias del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género; y, recordarán, en el año 2017, cuando se incendió la sede metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, se perdieron valiosos datos de causas y de fichas de usuarias debido a una falencia histórica, sin atribuir responsabilidades específicas. Afortunadamente, gracias a la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y al trabajo realizado como antesala al sistema integrado de datos, hoy el sistema de gestión de programas no presenta esas falencias.
Además, el sistema de atención telemática, más conocido como 1455, ha sido optimizado gracias al apoyo informático del BIF, ofreciendo ahora atención 24/7. Asimismo, las condiciones de la licitación para quienes operan han cambiado, garantizando no solo una mejor condición para las trabajadoras de este teléfono, sino también el cumplimiento de las obligaciones que un servicio de esta característica debe tener.
En cuanto a los otros organismos del Estado que son fundamentales, respecto a la coordinación interinstitucional, la ministra Gloria Naché de CIT fue designada por la Corte Suprema como la encargada de la implementación. Esto, como ustedes saben, se empezó a trabajar aún antes de la promulgación, en conjunto con todo el intersector. Está conformado un equipo técnico interinstitucional que incluye a la Corporación de Administración del Poder Judicial, a los gremios del Poder Judicial, a mesas técnicas según ámbito, a la Gendarmería, etc. Han participado como contrapartes técnicas jurídicas en la redacción de los reglamentos y se han sostenido ocho reuniones a nivel de autoridad que han liderado y guiado esos procesos.
En cuanto a los desarrollos informáticos fundamentales del Poder Judicial, queremos explicar por qué es tan importante, pues muchas de las frustraciones que vivimos al enfrentar la violencia de género no se deben únicamente a la tecnología, aunque pueden mejorarse significativamente mediante la modernización y la interoperabilidad. Se han añadido nuevas materias de violencia de género en las causas de familia, penal, civil y laboral, lo que permite una mejor reacción y derivación. Se han incorporado audiencias de supervisión judicial y de supervisión de las medidas cautelares para asegurar una mejor adhesión. Tal como señalábamos, esta medida se creó a partir del análisis de los tribunales de garantía con mejor cumplimiento de medidas cautelares – que resultaron ser dos, uno de Tarapacá y otro de Santiago – que añadían, de motu proprio, esta figura incluida en la ley para todos.
Los avances, y esto es un hito que nos enorgullece especialmente, constituyen un mandato que estos poderes tenían desde hace más de 10 años, en el marco de la Ley del Banco Unificado de Datos, pero que ha avanzado significativamente gracias al empuje de los equipos técnicos de los tres organismos de la interconexión de sistemas en las sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En cuanto a la difusión y formación del capítulo judicial, se han realizado 16 jornadas de difusión y seminarios sobre la aplicación práctica de la ley en los tribunales de familia y penales, se han capacitado obligatoriamente a 150 jueces y juezas y se han realizado jornadas dirigidas a las…
Fuertes de apelaciones y tribunales de las competencias de familia y penal para poder implementar de manera correcta la ley. En cuanto al Ministerio Público, el artículo 21 de la ley estableció la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Aquí queremos destacar el trabajo que se ha realizado con el Ministerio Público para el fortalecimiento de los canales de atención a las víctimas, tanto a nivel presencial, en el call center del Ministerio Público y en el portal web Mi Fiscalía en Línea, que ha adaptado sus criterios para estar en línea con ello. Asimismo, se implementó el sistema de mensajes de texto para informar los hitos del proceso penal a las víctimas, ya que muchas veces esta información se comunicaba únicamente por vía escrita, lo que impedía que la notificación de audiencia se realizara a tiempo.
Respecto a las obligaciones establecidas para el Ministerio Público en los artículos 48 y 49, el oficio del Fiscal Nacional del 2021 ya consideraba estas obligaciones en el modelo de intervención inmediata de BIF, y se desarrolló el modelo especial de atención y protección para mujeres víctimas a partir de ello. Esto representa una medida muy importante en la práctica, ya que hoy existe la instrucción obligatoria para que todos los fiscales –tanto los especializados como los de flagrancia– revisen las causas previas entre víctimas e imputados. Con frecuencia se nos ha manifestado, en tono de impotencia, cómo es posible que detectemos como parlamentarias la existencia de ocho causas previas sin formalización, las cuales no se consideran ni para elaborar la hipótesis de formalización ni en la primera audiencia. Hoy, esa revisión es una obligación en el procedimiento de los fiscales.
En relación con la medida del artículo 50, la supervisión judicial en materias penales, la Fiscalía asiste por obligación a las nuevas audiencias de supervisión decretadas por los tribunales. Aunque es una información difícil de reunir, el Ministerio Público la está compaginando para poder entregarla. Además, las reglas especiales para casos de violencia sexual –que ya han asignado al 37% de la dotación nacional la constitución de unidades de género, ya sea con unidades nuevas o en las ya existentes– se están complementando con la creación de la garantía explícita en salud número 86 (el GES para agresiones sexuales agudas en toda la red de salud nacional) y con la consolidación de las unidades clínico-forenses en todos los hospitales regionales, que constituyen la base de referencia del país para complementar la oferta posible del Servicio Médico Legal, especialmente en casos de flagrancia.
Pasamos a lo siguiente. En lo que concierne a la difusión y las herramientas metodológicas, se ha establecido un plan comunicacional interno, dado que el cumplimiento de la ley es un proceso continuo. Esto incluye tanto las comunicaciones internas del Ministerio Público como las externas, lo cual es fundamental. Nos enorgullece y agradecemos el aporte de los equipos informáticos, tanto del Ministerio Público como de la Corporación de Administración del Poder Judicial. El desarrollo informático para la tramitación de denuncias ha permitido que los sistemas en las nuevas causas de violencia intrafamiliar, medidas cautelares y audiencias sigan el RUC para las causas derivadas de tribunales de familia. En lo práctico, esto implica que tanto en el Juzgado de Garantía como en el Juzgado de Familia, el tribunal pueda tener a la vista, sin necesidad de envío de oficio, la causa proveniente del tribunal previo por incompetencia, un problema práctico que ustedes mismas muchas veces nos han señalado.
Por ejemplo, el Tribunal de Familia se declaró incompetente porque la causa revestía naturaleza penal y, por lo tanto, se remitió a causa penal; sin embargo, la información de la causa previa no se encontraba a la vista al momento de la audiencia, por lo que se volvió a reagendar hasta que la información estuviera completa. De igual forma, en lo relativo al control de las medidas cautelares, la dependencia de la cautelar previa continúa estando en el tribunal de origen.
Si pasa mucho tiempo o pasa el tiempo de vigencia de la cautelar, que suele ser por tres meses, lo más común, entre que se realiza una audiencia entre uno y otro tribunal, el tribunal previo sigue teniendo la obligación de realizar, a su vez, la audiencia de control de cautelares y la vigilancia de esta, conforme lo establece el artículo que mencionábamos previamente. Sin embargo, todo eso es papeleo y más tiempo, si eso no está visible en el sistema de administración de las causas, tanto de familia como penal.
Por lo tanto, este es un avance que es chiquitito pero promisorio, porque, además, como señalaba, está pendiente desde hace 10 años a propósito del Banco Unificado de Datos y, con un presupuesto mucho menor, pero con mucho apoyo de los equipos técnicos y de TI de todos los organismos, se ha logrado. Asimismo, el Ministerio Público, como organismo autónomo, ha realizado comentarios de forma permanente a todos los reglamentos, en particular el de articulación interinstitucional, y está apoyando, desde el ámbito de la tecnología de la información, el desarrollo del sistema integrado de información sobre la violencia de género.
Pasamos al siguiente organismo: vamos a tener que adaptar todas las PPDs al nuevo Ministerio de Seguridad, como ustedes saben, pero, respecto a la prevención de la violencia de género en la seguridad pública y penitenciaria, están todos los nuevos protocolos internos actualizados a la Ley 21.643, vigentes desde el 1 de agosto de 2024, y se está trabajando en la capacitación y difusión.
Acabamos con el Ministerio de Educación, que tiene un rol preponderante. En el ámbito de prevención se llevó, con financiamiento del Fondo Igualdad (ex Fondo de Transversalización de Género) por parte del Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Educación el proyecto Prevenir a Tiempo, que desarrolló un kit de contenidos de educación parvularia, pero también para las trabajadoras de la educación parvularia, a propósito del lamentable femicidio de una de sus educadoras en la región de O'Higgins, durante el año 2024, como podremos recordar. El objetivo fue prevenir y abordar la violencia de género, tanto contra las madres o abuelas usuarias de la educación inicial y apoderadas, como contra las trabajadoras, considerándolas agentes preventivos fundamentales.
Está ya publicada la nota técnica para las comunidades educativas parvularias, la cual orienta a las directoras de las instituciones que cuentan con reconocimiento oficial sobre cómo debe implementarse. Se ha publicado el decálogo para la prevención y abordaje de la violencia de género en los establecimientos educativos, la cartilla para la convivencia escolar que se fortalecerá si este Congreso tiene a bien aprobar la Ley de Convivencia Escolar, y el protocolo para funcionarias y funcionarios víctimas de violencia basada en género, que actualizará los protocolos internos no solo para las trabajadoras víctimas de violencia de género, sino también, por ejemplo, para los familiares, en vista de la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus familias. Además, se ha iniciado la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres, que hasta la fecha ha alcanzado a 1.465 funcionarios en temas generales de género y a 1.416 en violencia, para que conozcan la ley nueva, ya que es bastante reciente.
En cuanto a la educación superior, que cuenta con su propia normativa enlazada con esta ley en lo que respecta a los deberes y obligaciones específicas del Ministerio de Educación, la mesa técnica para la implementación de la Ley 21.369, que sanciona y regula todo lo relacionado al acoso en la educación superior, se encuentra en curso. Respecto a la educación no sexista y la protección de víctimas, tema de especial debate, incluso en el Tribunal Constitucional, ya está disponible el kit de herramientas a disposición para los equipos educativos, dependiendo, en último término, de la normativa del proyecto educativo de cada establecimiento. Por lo tanto, el documento está a disposición. Queremos destacar, además, el enfoque de género en la educación parvularia para los equipos técnicos y sostenedores, como lo demuestran, en particular, los estudios del Centro de Investigación Avanzada de la Educación de la Universidad de Chile con la profesión…
Soy Alejandra Misala a la cabeza. Se ha detectado que, ya en el nivel medio mayor, se comienza a trabajar en base a estereotipos con niñas y niños, tanto en la inhibición de los sentimientos hacia los niños como en el sesgo respecto a la tolerancia de la violencia contra las niñas. Asimismo, se desarrolla un curso sobre igualdad y no discriminación, junto con las orientaciones del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación.
En cuanto a la atención, protección y reparación, estamos ante acciones muy importantes orientadas a fortalecer las competencias para la atención y derivación de la violencia de género. Como es sabido, los equipos escolares son frecuentemente detectores de situaciones de violencia de género en estudiantes menores de edad –situación que cuenta con su propia regulación–, pero también en apoderadas y equipos, por lo que se está fortaleciendo dicha competencia de derivación. De igual forma, se mejora el conocimiento específico de los equipos de Educación Provincial sobre las disposiciones de debida diligencia, que implican asegurar la matrícula de los niños y niñas que, por motivos de cautelar o protección, deben cambiar de establecimiento educativo para cumplir con la medida de alejamiento y protección. ¿Por qué? Porque, en caso de incumplimiento, al asistir a la escuela muchas veces se vulnera la protección ante el agresor en una audiencia posterior.
También se actualizan los reglamentos escolares en coherencia con nuevas obligaciones legales y se implementan rúbricas educativas para los planes de formación ciudadana, con enfoque de la Ley 21.675, que establece la formación ciudadana como contenido transversal obligatorio en todo el ciclo escolar.
Respecto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no me extiendo, ya que, como es sabido, el último trámite de esta ley se realizó en paralelo a la tramitación de la Ley CARIN y a la ratificación del Convenio 190, por lo que todo el lenguaje y las expresiones hacen referencia a dicha ley, tal como ya se había informado en esta comisión por el Servicio Civil y la Dirección del Trabajo.
En cuanto a Gendarmería de Chile, institución fundamental en el seguimiento, se ha realizado un importante trabajo de coordinación interinstitucional a propósito de las obligaciones de la Ley de monitoreo telemático. Se ha modificado el programa de reinserción laboral para las mujeres condenadas y se está llevando a cabo un estudio en el marco del programa de mejoramiento de gestión de género de Gendarmería, para visibilizar las condiciones diferenciales por género en su planta. Esto es especialmente sensible, ya que, debido a la movilidad interregional de Gendarmería, se ha detectado una brecha importante en el ascenso. Hace aproximadamente un mes se lanzaron disposiciones para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, gestantes y de los niños lactantes bajo custodia en cárceles y centros de internación provisoria. Cabe destacar que existen aproximadamente 400 niños y niñas menores de dos años bajo la tutela de Gendarmería de Chile, situación que está siendo tratada a través del proyecto de ley de protección materno-infantil en trámite en la Comisión de Constitución del Senado.
Además, se dispondrá de un nuevo curso en la Escuela de Gendarmería. En relación con los artículos 21 y 31, que versan sobre las víctimas de violencia de género, se ha establecido un nuevo procedimiento para reclamos y denuncias de mujeres privadas de libertad en el marco del Plan de Mujeres, tema discutido en esta comisión y en su par del Senado a propósito del caso de Cati Hurtado. Nuevos mecanismos han permitido la recepción de denuncias por parte de las mujeres privadas de libertad, y las primeras diligencias se encuentran fortalecidas en relación con hechos ocurridos en los recintos a cargo de la institución.
Por último, pasamos a Carabineros de Chile, a quienes deseo reconocer en esta sesión, tanto por el trabajo realizado a través de la General Sosa, quien ocupaba nuestro cargo de contraparte, como por la colaboración de las nuevas generales, designación solicitada específicamente, cuyo trabajo ha sido de gran relevancia. Desde el año 2022 ya se había iniciado un proceso de reinserción en coordinación con dicha institución.
El proceso de construcción de todas las nuevas tenencias e infraestructura para Carabineros de Chile, con el enfoque de salas de familia, no solamente para cumplir con la ley de denuncias videograbadas, de testimonios videograbados para niños, niñas y adolescentes, sino que también para cumplir ese proyecto que en algún momento se perdió su empuje y que es tan útil, sobre todo en zonas rurales.
Tenemos actualmente las obligaciones especiales de prevención mandatadas en el artículo 13 de la ley. Desde la vigencia de la ley se ha logrado capacitar a 6.000 funcionarios y funcionarias de Carabineros. Los cursos incluyen la aplicación de la pauta unificada de riesgo, muy importante para poder proveer de información adecuada a los tribunales, así como también actuar en casos de flagrancia, violencia organizacional y en procedimientos ante mujeres indígenas y migrantes, entre otros.
El Instructivo Nacional de junio del 2024, publicado justo para la promulgación de la Ley sobre los procedimientos ante violencia intrafamiliar y violencia de género, reiteró la aplicación obligatoria y el protocolo de protección inmediata. Tenemos casos en todas las regiones; en algunos se han tomado, producto de una inadecuada evaluación de riesgo, medidas de protección inadecuadas o insuficientes, o no se han realizado los procedimientos de flagrancia con las consecuencias que conocemos, lo que representa un efecto muy relevante. Asimismo, se ha fortalecido la sensibilización interna en cuanto a acoso laboral, sexual, igualdad y no discriminación.
Respecto a las obligaciones de protección y primeras diligencias derivadas de la mejora en la implementación de la PUIR, se aplican medidas de protección inmediatas y autónomas según el artículo 83 del Código Procesal Penal, tal como lo reiteramos siempre en nuestras comunicaciones públicas. No se necesita una orden judicial para actuar en flagrancia en domicilio en caso de violencia de género, situación que también se aplica para denuncias realizadas por terceros. Afortunadamente, esa cultura ha ido modificándose, como lo evidencian los casos conocidos en medios, en los que, por ejemplo, llamados fingiendo ser pedidos de comida han sido detectados rápidamente por oficiales.
Contamos con nuevas 100 salas de familia y 104 oficinas de violencia intrafamiliar habilitadas para la atención prioritaria y diferenciada. Esto es fundamental, en especial en zonas rurales, porque a mayor conocimiento dentro de la comunidad, menor privacidad y, por lo tanto, mayor inhibición de las víctimas para realizar la denuncia. La existencia de espacios privilegiados y protegidos para poder denunciar lejos del ojo común es esencial.
Además, se ha instaurado un programa de certificación nacional de 40 horas de contenidos, que se dicta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. A octubre del 2024, los 110 funcionarios que trabajan en estas 100 salas de familia y 104 oficinas de violencia intrafamiliar –recordando que no necesariamente cumplen exclusivamente con esa función, lo cual es un desafío importante– han sido certificados en colaboración con el Ministerio en estos procedimientos.
Muy importantemente, tuvimos una colaboración especial por parte del Mando Nacional de Carabineros de Chile para un curso especial en la Academia de Estudios Policiales, donde se especializan los oficiales que serán los futuros mayores y generales. Ellos ya integran en su carrera de ascenso los contenidos de la nueva ley, incluyendo una mayor especialización en la evaluación de riesgo y procedimientos inmediatos, lo cual agradecemos especialmente.
En cuanto a la Policía de Investigaciones de Chile, se ha constituido una mesa técnica para la implementación de la Ley 21.675, en torno a los principios de debida diligencia y no revictimización. Como sabemos, la PDI cumple un rol fundamental investigativo, más que preventivo, y en ese sentido, las tareas que hoy tiene la Policía de Investigaciones –en las cuales estamos trabajando junto al nuevo subsecretario de Seguridad, Rafael Collada– incluyen, como primer paso, un plan de difusión interna que alcance a toda la dotación en el conocimiento de las prácticas institucionales que deben cumplirse, mejorando así los canales de comunicación.
Para que las víctimas informen los incumplimientos judiciales, la PDI también supervisa, en algunos casos, medidas de protección y la revisión de los protocolos de actuación en los casos de violencia sexual. Como saben, hemos tenido dos estrategias país importantes: una que inició largo antes de nuestro gobierno, que es la habilitación de las unidades clínicas forenses en los hospitales regionales base, tarea que pudimos terminar en estos tres años; y, desde el 2022, el GES. Por lo tanto, hoy hay un número mucho mayor de profesionales de la salud certificados en la cadena de custodia de la prueba, así como en la toma de muestras, y requerimos que los efectivos que realizan las primeras diligencias conozcan a sus contrapartes y sepan dónde se encuentran esas unidades clínicas forenses, así como las salas de GES de 86.
El otro día tuve la fortuna de visitar una de estas unidades en el Hospital Comunitario de Futaleufú, y es un trabajo realmente destacable el que están realizando las profesionales de la salud para enfrentar este desafío. Aún la Policía de Investigaciones resta por definir cuál es la información que legalmente pueden aportar al Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, teniendo en cuenta su implicancia en los casos de violencia sexual y la reserva de muchos de los procedimientos investigativos.
Siguiente, por favor.
El Consejo Nacional de Televisión, como saben, es un organismo autónomo. La normativa discutida respecto a violencia simbólica tuvo especial cuidado en no abrir pie para ninguna forma de control previo de contenido, sino más bien en facilitar la reclamación. Es caso conocido que, en los últimos años, la mayoría de las sanciones aplicadas por este organismo han derivado de reclamos de la ciudadanía en su sistema de atención por casos de violencia de género, habiéndose tramitado más de 10.000 denuncias. Al 2024, y con motivo de la ley, se actualizó la cartilla con recomendaciones –al sector de producción de contenidos con enfoque de género–, destacándose en la línea de financiamiento a las producciones la serie La Vida de Nosotras, nominada a los SEMI. Puedo decir que está la directora acá presente, ¿no? Lo siento, no la había identificado. Asimismo, la Unidad de Género está impulsando la alfabetización mediática y la articulación con el sector; en este sentido, se han realizado capacitaciones solicitadas voluntariamente por el canal ATVN, así como por algunas unidades de reportaje de otros canales.
Siguiente, y los equipos de trabajo. Como señalaba, nos acompaña Charlotte Pertier, Coordinadora Nacional de la Respuesta Estatal a la Violencia de Género, quien fue elegida, según dispone la ley, mediante concurso público. Está en funciones desde el 13 de enero, es decir, procuramos que, apenas se dispusieran los recursos de la ley de presupuestos, la encargada de implementación pudiera incorporarse. Además, ya se han contratado las líderes de proyecto del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género tanto en el Ministerio de la Mujer como en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quienes están liderando ese proceso de TI en conjunto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros y otros organismos. Los líderes de desarrollo de TI, con un ámbito más técnico en cuanto al lenguaje de programación común –el lenguaje PCE 2.0, que a esta altura debe ser por mandato el nuevo lenguaje para todas las programaciones y desarrollos tecnológicos del Estado–, buscan evitar que en un futuro tengamos que solucionarlo mediante una ley años después.
En cuanto a los abogados regionales en las áreas de violencia de género, ya contamos con seis regiones contratadas –en Arica, Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y Aysén–; el resto está en segundo llamado de concurso. Cabe destacar que en algunas regiones se realizó intencionadamente un segundo llamado, debido a los requisitos técnicos de especialización.
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El plan está bastante detallado en el reporte, así que…