Cámara de Diputados - Salud - 8 de abril de 2025

Muy bienvenidas a todas, a todos, a nuestros invitados de hoy. Damos la bienvenida al doctor Sergio Sánchez, quien nos acompañará con mayor frecuencia a partir de ahora. Asimismo, saludamos la presencia del Colegio Médico, a su Presidenta y a quienes le acompañan, así como a los asesores del Ministerio de Salud y a mis colegas. Procedemos a la lectura de la cuenta; no hay observaciones respecto a la cuenta anterior, por lo que se da aprobada y se procede a su lectura. Se ha recibido excusa de cuatro de los cinco invitados agendados para hoy, quienes indicaron tener compromisos previos, ya que la invitación les fue enviada el viernes y algunos propusieron otras fechas para su participación. Se recibe un oficio del Presidente de la República mediante el cual se hace presente, en carácter de urgencia, la importancia del proyecto referido al código sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones en el área de la salud, proyecto iniciado en moción de varios diputados que establece la obligatoriedad para profesionales y establecimientos de salud de otorgar prestaciones en la modalidad de libre elección de FONASA. Se recibe, asimismo, un oficio de la Ministra de Salud mediante el cual responde a uno de los integrantes de la comisión e informa sobre los argumentos que determinaron el cierre del aula hospitalaria del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, en Valparaíso. Otro oficio de la Ministra de Salud informa sobre la factibilidad de considerar e incluir el sensor de glucosa en la canasta de garantías explícitas. Otro oficio de la Ministra de Salud informa acerca de las reasignaciones realizadas en el presupuesto de salud. Se recibe además un informe sobre el estado de la respuesta a los 1517, relativo a los niveles de contaminación existentes en Quintero. Otro informe describe la situación que afectó a un paciente en el Hospital Clínico Eloísa Díaz, en La Florida. Se presenta un informe sobre el número de personas que han emigrado de Isapre a Fonasa, precisando cuántas de ellas han comenzado a ser atendidas en el sistema público. Otro informe versa sobre la factibilidad de reevaluar el terreno recibido por el Ministerio de Salud para la construcción del centro de diagnóstico terapéutico y una unidad de salud mental, en el marco de la planificación de un hospital en Arica. Se expone también un informe sobre el cobro que realizan algunos profesionales médicos especialistas al momento de revisar los resultados de exámenes ordenados en sus pacientes. Otro informe aborda la posibilidad de incorporar el modulador tricast para el tratamiento de fibrosis quística en la canasta de garantías explícitas en salud o a través de la ley Ricardo Soto. Se expone, además, un informe sobre el número de municipios a nivel nacional que han implementado el programa de salud en su barrio. Finalmente, se presenta otro informe que detalla el estado de actualización de la canasta del virus de inmunodeficiencia humana, especialmente respecto a la exclusión de drogas innovadoras y la despriorización de la condición en las garantías explícitas de salud.

sobre el estado de priorización del conjunto de prestaciones que se garantizan por QES. Otro sobre la posibilidad de incluir el sensor de glucosa en la canasta de garantías para la diabetes tipo 1. Otro también de la ministra de Salud que informa sobre la denuncia de las situaciones ocurridas en el hospital de Ancú y del servicio de Salud Chiloé. Y otro sobre el número de causas relativas a acoso laboral y sexual en los hospitales Basti de Torno y de Pueblo de Tomón. Un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la situación y el estado de las denuncias realizadas por las asociaciones de funcionarios de la región primaria a FUSAP por eventuales irregularidades al interior de la Secretaría Regional Ministerial del Maule. Un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la realización de una investigación en los hospitales de Curicó y Linares respecto al manejo de las listas de espera. Son 45, voy a ir a 23, no sé si la dan por leída o la voy leyendo nomás, porque hay un oficio del ministro de Obras Públicas, del Medio Ambiente, del subsecretario del Medio Ambiente, otro del Servicio de Salud Aysén, son todas respuestas a oficios nuestros; y otro del director del Hospital Base San José. Hay ocho oficios de distintos servicios públicos que informan sobre el cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2024. Hay una propuesta de invitados para el proyecto referido al fortalecimiento de la Superintendencia de Salud del diputado Lila Yu. Hay una denuncia de un particular por la reevaluación de su tensión de invalidez transitoria, la que finalmente le quitaron y la llevó a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en la ciudad de Copiapó. Una reiteración de denuncia de un particular acerca de cuatro licencias recasadas por el CONFIN y, por suceso, la negación del pago de estas; son licencias, según la persona que escribe, debidamente emitidas por el médico tratante. Una comunicación de la Fundación Avicena, mediante el cual solicitan condición investigadora por casos de maltrato, acoso y discriminación en la educación superior. Una solicitud de audiencia de José Ignacio Gómez en representación de Libertad y Desarrollo, con el objeto de exponer sus observaciones al proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud. Una comunicación de un particular mediante el cual hace llegar sus ideas e inquietudes para evaluar, promover y tratar la salud mental de muchas personas, esto bajo su rol de psicóloga con 20 años de experiencia. Y hay dos pareos: uno de la diputada Elia Molina con el diputado Andrés Celis, y otro de la diputada Carol Cariola con el diputado Lila Yu. Y una comunicación del Comité Unión de Nóquetes Independientes, mediante el cual se informa el reemplazo de la diputada Marta Bravo por el diputado Cristóbal Martínez para la sesión de hoy. Muchas gracias. Entonces, ¿alguna palabra sobre la cuenta? Bueno, invito a mis colegas, que como se hizo una lectura muy sintética de los oficios –están todos disponibles–, a que revisen detenidamente la información, ya que hay muchos oficios de interés para quienes estamos en esta comisión. Vamos a partir por puntos varios antes de darle la palabra y empezar a ver el primer proyecto que tenemos hoy en tabla y a nuestros invitados, pero abramos la palabra para puntos varios. Acuérdense de que hay que apretar aquí el micrófono. ¿Puedo ir a hablar? No, yo no, pero para decirle a Ana: "ya, ya está, el micrófono". Qué extrañeza, el doctor Palma quiere intervenir. Yo sí quiero intervenir. Toda suya la palabra, mi querido colega. Gracias, presidenta. Bueno, pues, intermedio saludar a los colegas y saludar también a la presidenta del Colegio Médico. Presidenta, tengo dos o tres preocupaciones; voy a ser muy sintético. Lo primero es una preocupación importante por el… un caso de EMPOX que ocurre en la comuna de Ñuble, en una persona de 33 años que afortunadamente ha evolucionado bien, pero frente a algunas evidencias internacionales que podrían hacer que esto se constituya en una próxima y actual pandemia, creo que…

Diputado Palma: Que es un tema no menor y que en esta comisión sería importante requerir del Ministerio de Salud el concurso en el sentido de explicarnos qué medidas de prevención se están implementando. Existen grupos en los cuales se puede focalizar la vacunación, tales como aquellos de alto riesgo por comportamiento sexual y otras variantes; por ello, considero interesante solicitar a la Presidenta que se invite a la Subsecretaría de Salud Pública para que nos exponga de qué manera se piensa enfrentar un eventual brote de esta condición. Por otro lado, he oficiado manifestando mi preocupación al edil de Puente Alto, debido a la situación que afecta a las personas mayores con movilidad reducida, quienes no están siendo vacunadas en sus domicilios de cara a la campaña en curso. Además, quisiera mencionar que asistí al informe anual que presenta Junaed sobre el mapa nutricional 2024, en el que, una vez más, se constata que, pese a todos los esfuerzos realizados, la malnutrición por exceso sigue siendo un problema de salud pública muy relevante en nuestro distrito –que también es el suyo, Presidenta–. La comuna de La Pintana se destaca nuevamente por los altos niveles de sobrepeso y obesidad, llegando incluso a un 4% de obesidad mórbida, deselevación que, al sumarse a un 54% global, resulta sumamente grave. Esto me parece pertinente a la comisión y un tema que, de manera transversal, debería preocupar a todos sus integrantes. Gracias, Diputado Palma. En consecuencia, se acuerda citar a la subsecretaria conforme se ha solicitado, en la fecha que la Presidenta en ejercicio disponga. ¿Les parece acoger la solicitud del Diputado Palma? Al no existir objeciones, se toma el acuerdo. Muchas gracias, Diputado Palma. Diputado Martínez: Gracias, Presidenta. Si bien yo no soy parte de esta Comisión de Salud, me comprometí con los funcionarios del CESPAM Violeta Parra de Chillán, a quienes visité hace algunos días, y me hizo mucho sentido el petitorio de parte de ellos. Quiero reconocer, en primer lugar, que tuve la oportunidad de conocer el trabajo que realizan en dicho CESPAM; un centro que, además de cumplir su principal función de brindar salud a la comunidad, también forma a los profesionales que luego se integran a otros centros de salud. En este caso, el CESPAM Violeta Parra se rige por el Estatuto 18.834, lo que genera una diferencia considerable en las remuneraciones cuando se compara con otros centros municipales, regulados por el Estatuto Municipal 18.883, cuyos funcionarios perciben rentas significativamente mejores. A pesar de contar con las mejores calificaciones y de recibir reconocimientos constantes, los funcionarios de este CESPAM manifiestan frustración ante la diferencia salarial que, en términos comparativos, puede superar un millón de pesos por los mismos años de servicio y funciones equivalentes. Esta situación, que no afecta su profesionalidad, es un punto que requiere atención. Por ello, solicito a través de esta comisión –en compañía de los parlamentarios con mayor experiencia en temas de salud– que se realice un estudio de la brecha salarial entre los funcionarios municipales de salud y aquellos que dependen del Ministerio de Salud; y, asimismo, se informe sobre las medidas que se están implementando por parte del Ministerio, con el objetivo de equiparar las remuneraciones hacia arriba, sin en ningún caso reducir las actuales.

Municipales para poder subsanar esto que obviamente es injusto a simple vista. Así que, Presidenta, exponer dicha situación y volver a reiterar el reconocimiento de uno de los mejores SESFAM que tenemos en la ciudad de Chillán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez. Muy relevante la situación que nos trae. Evidentemente hay representantes del Ministerio de Salud, pero no creo que tengan la información para hacerse cargo de contestar esto ahora. Así que creo que la manera correcta es que podamos oficiar, y recabo el acuerdo de esta comisión, para justamente realizar el estudio que usted plantea, identificar las brechas existentes y conocer las explicaciones del porqué, para luego poder definir caminos para solucionarlo. Así que recabo el acuerdo de esta comisión también. Sí, por supuesto, diputado Rosa, si nos puede dar luces aquí, sería muy bueno si pudiésemos incluir en el oficio, quizás, a todos los servicios de atención primaria que están dentro de la administración del Ministerio de Salud. Se produce una diferencia, como bien relata el diputado, producto de que la ley de los profesionales no médicos en el Estatuto Municipal de Atención Primaria establece una escala que permite un ascenso mucho más rápido; con el tiempo, casi al final de la carrera se equipara, pero el ascenso es mucho más acelerado. Distinto es la ley médica, que en el Ministerio de Salud contempla rentas respecto a la atención primaria, aunque al final de la carrera funcionaria también se equiparen. Se suponía que el Ministerio de Salud traspasaría todos los centros de salud familiar a los municipios, pero ese tema quedó postergado durante la pandemia. Entonces, quizás se pueda informar al Ministerio cuál es el plan que manejan en este momento post-pandemia. Gracias, diputado Rosa. Yo creo que esto complementa muy bien lo planteado por el diputado Martínez, en el sentido de que sería interesante, más allá de lo que ocurre en Chillán —que son mis tierras—, verlo a nivel nacional y abordar esta situación que quedó suspendida, tal como lo expone el diputado Rosa debido a la pandemia, pero que ahora hay que retomar. Efectivamente, tal como lo ha planteado el diputado Martínez, esto va generando la sensibilidad de quienes están haciendo un trabajo y sienten con justicia que no están siendo retribuidos de la misma manera que otros profesionales. Así que recabo el acuerdo de esta comisión para que se nos presente un estudio más amplio, que permita comprender cómo se configuran estas brechas y definir cuál sería el plan de acción, porque el tema quedó suspendido en pandemia, pero ya ha pasado tiempo y es necesario retomarlo. Recabo el acuerdo de esta comisión para pedir este estudio al Ministerio de Salud. Muchas gracias, acuerdo tomado, muchas gracias, diputado Martínez. ¿Alguna otra petición de palabra? No, entonces yo… Ahora todavía no me he familiarizado totalmente con el sistema, no sé poner esto acá en este otro computador, pero no importa. Recibimos respuesta de un oficio que se envió al hospital de Temuco, en materia de derivación de pacientes oncológicos a ensayos clínicos privados, que fueron sacados del CIES y del listado de pacientes con cobertura a la ley Ricardo Soto. El oficio que nos llegó, más allá de señalar que siguen en indagatorias sobre la materia, sugiere la adopción de algunas medidas cautelares, tales como la suspensión de determinados funcionarios, la recopilación y trazabilidad de los antecedentes de pacientes derivados de los ensayos clínicos privados con cobertura CIES y Ricardo Soto, y el contacto con las y los pacientes para recabar su relato y el consentimiento informado, entre otras medidas propuestas en caso de continuar con el ensayo, siendo conscientes de las consecuencias. Respecto de estos puntos, solicitamos que se nos informe y se vuelva a oficiar al hospital Hernán Enrique Aravena para que puedan presentarnos los avances de este caso, ya que pensamos que esta es una situación gravísima: detectar pacientes que estaban siendo derivados a estudios clínicos sin su consentimiento y dejándolos alejados de las coberturas que tenían. Me parece una situación sumamente delicada, por lo que insisto en que se explique y se oficie al hospital para que nos presenten los avances con estas primeras medidas precautorias que ellos mismos habían señalado. Asimismo, en lo que respecta a los puestos correspondientes al Programa Nacional de Inmunizaciones, se requiere con carácter urgente una respuesta, ya que hasta el momento no hemos tenido contestación. Por último, quisiera poner en registro el lamentable caso de una paciente, cuyo nombre tenemos autorización para mencionar: Teresa Mella. Ella padece una enfermedad terminal de ELA, situación que ustedes conocen muy bien. Lleva 15 años postrada; su vida transcurre diariamente de una cama a una silla neurológica. Tiene 64 años, es de la región del Biobío y vive actualmente en mi distrito. Tanto su vida como la de su familia se han visto afectadas por esta dolorosa situación, y ella nos pide, con mucha tristeza pero a la vez con gran responsabilidad, hacer presente su deseo de morir.

Y es que el tema de la eutanasia aún es un tema pendiente en nuestro país y lo quise traer a colación a esta comisión para que reflexionemos. Sabemos que está la iniciativa, pero trayendo la voz de Teresa y de tantos más, quiero también impulsar que esta comisión se esfuerce en avanzar en ese tema que es una deuda pendiente. Esos serían mis puntos varios, muchas gracias. Sí, yo creo que, aunque se ha anunciado –lo sabemos– ha quedado ahí medio dormido, ¿no? Creemos que, cuando hablamos de la dignidad de las personas, necesitamos avanzar en este tema. Todos conocemos a alguien cercano que hubiera deseado poder haberse ido antes. Por eso lo vuelvo a traer a esta comisión, para que quizás sumemos los esfuerzos del impulso que ya está en esta Cámara y podamos avanzar en esa dirección. Si no hay más puntos varios, recaudo el acuerdo –por supuesto, con la reiteración de oficio al hospital por el caso de los ensayos clínicos que se presentaba–. Tengo el acuerdo de esta comisión para reiterar oficio. Muchas gracias. Acuerdo tomado. Ahora sí, podemos comenzar. Esta sesión, como lo saben, tiene por objeto, en primer lugar, que continuemos la discusión del proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica las normas que indica el Boletín N°17.397-11, el cual tiene urgencia simple. Y hoy vamos a recibir a la señora Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile. Muy bienvenida, Anamaría, y a quienes la acompañan. Al resto de la comisión me acompaña Delio Miseroni, abogado jefe del Colegio Médico. Hemos preparado una presentación, partiendo de la premisa de que esta discusión aun tiene mucho que avanzar y que, en realidad, presenta algunos reparos respecto al proyecto, partiendo de algunas premisas establecidas en la antesala del mismo y luego desarrollando algunos puntos junto con nuestra opinión colegiada. Se parte del supuesto de la debilidad institucional de la Intendencia de Prestadores en relación con la de Seguros. Se esgrime la necesidad de aumentar las facultades de la primera –la de Prestadores– para equipararse en cierta medida a las facultades de la intendencia de Seguros. Sin embargo, esta última, supuestamente más fuerte, no pudo anticipar en nada la crisis de las bisapres. Solamente lo dejamos porque, de alguna manera, creemos que quizás existen facultades compartidas en ambas intendencias que valdría la pena investigar, examinar y fortalecer. Nos parece que, si la idea es equiparar una a la otra, la Intendencia de Seguros, durante 10, 12 años, en el fondo, se mostró algo insuficiente frente a una crisis que todos anticipábamos. Se habla de empoderar a los usuarios en sus deberes y derechos, y nos preguntamos si ello requiere que la Superintendencia de Salud asuma roles interpretativos o de instrucción de normas, más allá de la capacitación ya impartida. Los médicos, en tanto clínicos, notamos que los pacientes están cada vez más empoderados, conocen sus derechos y sus deberes. Por supuesto, esto se puede fortalecer, pero no nos queda totalmente claro si, para esta tarea educativa y de empoderamiento de la comunidad, es necesario que la Superintendencia asuma roles adicionales –tal como exporemos más adelante–. Se plantea la insuficiencia de la capacidad disuasiva para enfrentar reclamos de usuarios por falta de cumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes, y nos gustaría conocer esa casuística. En la antesala del proyecto se mencionan las causas de los reclamos –falta de oportunidad, atención poco digna, maltrato, en fin–, pero no se expone el resultado de las sanciones: cuántos casos fueron objeto de investigación, de qué manera se realizaron las investigaciones, si se dictaron sentencias, si los denunciantes desistieron o recurrieron a las mismas prácticas. Nos parece que los datos son insuficientes. Asimismo, se asume que no existen adecuados protocolos para el manejo y la evitación de eventos adversos o de hospitalizaciones innecesarias, y nos gustaría disponer de esos datos antes de proponer auditorías externas que permitan que la Superintendencia se inmiscuya en la práctica sanitaria. Los comités de eventos adversos funcionan en los hospitales y nos preguntamos: ¿de dónde provienen esos datos? ¿Se han recopilado? ¿Se ha realizado un esfuerzo por evaluar su funcionamiento? ¿Operan de forma regular, cuentan con actas y se han solicitado dichas actas? Creemos que hay una serie de supuestos que es importante precisar. Algo que nos preocupa bastante es el tema de la transparencia hacia los usuarios, en lo referente a sanciones y a la falta de acreditación de los prestadores. Sugerimos un análisis profundo y realista, con conocimiento de la realidad de nuestro país y de nuestra comunidad, porque esto puede implicar al 85% de los chilenos que, potencialmente, no se ven tan obligados en la consulta externa –debido a la modalidad de libre elección–, aunque sí se vean bastante obligados a consultar en un hospital.

Yo me pregunto y nos preguntamos nosotros: ¿qué pasa cuando voy enfilando a mi hospital, siendo mi única opción, y me encuentro con un letrero que dice “este hospital no acreditó, este hospital faltó por cuarta vez a su acreditación”? Cuando llego al servicio de urgencia y me dicen que la gente de ahí no pasó los parámetros de calidad, que han tenido tantas sanciones, y lo encuentro públicamente, nos preguntamos por las consecuencias de ello en la realidad, en la práctica habitual. Y si no va a ser incluso un elemento más que favorezca que nuestros profesionales y nuestro personal de salud estén aún más a la deriva frente, por ejemplo, a agresiones. Imaginemos una familia que espera 8 horas en un servicio de urgencia, un familiar hospitalizado en camilla, 24 horas hospitalizado, en el que la información jamás será suficiente y la noticia nunca estará debidamente explicada, y encima me encuentro con un letrero que dice: “ojo, este hospital no acreditó”. Con razón no acreditó: me voy contra la puerta, me voy contra el ecógrafo. Yo no digo que estemos naturalizando eso, pero sí creemos que va a tener un impacto difícil de precisar si será positivo o no, y que, además, de alguna manera, le transmite a la gente algo que no está en su poder manejar, porque ese es exactamente el último hospital y el único al que yo puedo acudir. Pregunto sobre el proyecto y nos preguntamos si es el rol de la Superintendencia de Salud, ya sea en base a auditorías externas o sin ellas, pronunciarse sobre el proceso clínico. Cuando hay una sospecha de un evento adverso, y más aún si es provocado por alguna negligencia o falta de atención, ese proceso cuenta actualmente con cuatro vías: se realiza un sumario en el hospital, puede haber un proceso ético ante un tribunal, uno civil y otro penal. Son cuatro sedes por las cuales, simultáneamente, puede derivarse un evento de este tipo y un profesional involucrado. Y le queremos agregar una quinta, bajo qué competencia y de qué manera no irá esto a complejizar aún más el evento clínico. Cuando se habla de la orientación de las personas, lo cual nos parece sumamente interesante y desafiante, imaginemos un espacio en la Superintendencia donde una familia acuda pensando que el evento adverso que vivieron, la mala atención que sufrieron, el trato poco digno que recibieron, pueda encubrir un acto tan negligente. Y me encuentro en la Superintendencia con un equipo que aborde esa situación y que pretenda orientarme. Yo creo que, si realmente se invierte un fuerte esfuerzo en recursos humanos, en capacitación y en espacio físico para que existan equipos que puedan manejar esa situación de forma objetiva, todos habremos ganado, sin duda alguna. Pero lo que no puede suceder es que se intente hacerlo únicamente con el músculo y el recurso humano actuales, reconociendo que la Superintendencia y todos los entes hemos sufrido un recorte importante, pese a que se nos había dicho que no sería en el primer mes de este año: 15 mil millones menos. Por lo tanto, me pregunto si la Superintendencia contará con los recursos humanos necesarios para establecer algo verdaderamente distinto, una ventanilla en la que, efectivamente, esta familia sea acogida y orientada de manera objetiva. Porque, si ello llegara a ocurrir y lograra, por ejemplo, activar que una familia entienda que lo sucedido no es un acto negligente, o bien canalizarlos hacia una mediación, o en el caso más complejo, derivarlos hacia un proceso legal –e incluso imaginándolos vinculados, por ejemplo, con asesoría jurídica gratuita que existe en este país–, sería un acto mayor. Habremos ganado en todo. Nuestra duda es si hoy se encuentran las condiciones para asegurar eso con la objetividad que merece. Y aquí tenemos algo clarísimo. Cuando se presenta un evento de este tipo y una familia en Chile, usuaria sobre todo del sistema público –pero también del sistema privado–, se encuentra en una situación en la que el poder está claramente desbalanceado. Un médico que enfrenta una acusación de este tipo tiene su defensa, su seguro, el respaldo del Colegio Médico, entre otros. Claramente, el paciente, ya sea del sistema público o privado, se halla en una situación desmedrada. Por ello, creemos que es muy positiva la existencia de una instancia de este tipo, aunque instaurarla no es tarea fácil. ¿Qué dice la ley actual? Establece que corresponde a la Superintendencia la fiscalización de todos los prestadores de salud, públicos y privados, sean estos personas naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y certificación. Hoy, este proyecto indica que corresponderá a la Superintendencia la fiscalización de todos los prestadores de salud, así como a las entidades acreditadoras y certificadoras de especialidades; por lo tanto, no se acota en cuanto a “qué” se fiscaliza, y nos parece que esa apertura es, al menos, algo que debemos considerar: ¿debería ser así tan amplio, cuando ya existen entes en el país que controlan el accionar médico? El proyecto plantea que podría haber facultades para realizar auditorías y plantea que, en casos especialmente sensibles en los que puedan estar involucrados los prestadores públicos, la auditoría clínica efectuada por la Superintendencia daría

Imparcialidad y da garantías de capacidad técnica. Yo puse las comillas “especialmente sensibles” porque eso, de especialmente sensibles, preocupa. ¿Qué es especialmente sensible? Puede ser el hijo de una señorita que llegó a un reality o a un programa en la mañana; puede ser una familia que caminó 15.000 kilómetros para conseguir 8.000, 4.000 o 3.000, o dos días enteros para obtener un medicamento de alto costo. Porque a mí me parece que hay temas altamente sensibles todos los días en las urgencias, frente a los cuales nos estamos ofreciendo esto, y también aquellos casos en que la gente está 15 horas hospitalizada en una sala de espera o en una hospitalización vertical. Cuando hablamos de casos especialmente sensibles, a nosotros nos parece que hoy es el Ministerio y un montón de entidades las que pueden hacerse cargo de esos casos. Y todos sabemos que familias que caminan 2.000 kilómetros para conseguir un medicamento de alto costo debieran ser resueltas por un ETSA, por una Comisión Nacional de Bioética que, desde la ley 20.120, hace tiempo está solicitada y nunca se ha montado. Por lo tanto, nos parece que podemos hacer un esfuerzo como país con lo que ya tenemos para atender esos casos, aunque sería muy importante definir lo que va a ser un caso especialmente sensible. Toda vez que esta auditoría va a permitir que la ficha clínica nuevamente se abra —la ficha clínica, consagrada en la ley de derechos y deberes, tiene un alcance limitado que cada vez se extralimita más—, ahora la puede conocer la COMPIN, ahora la puede conocer el Suceso; no basta ya con el informe médico, y la superintendencia podría solicitar la ficha clínica de un paciente, algo que nos parece siempre, siempre preocupante. Surgen más problemas. Nos parece que este proyecto de ley no se hace cargo de deficiencias actuales del sistema de fiscalización. Por ejemplo, no controla la práctica de telemedicina desde el extranjero ni el ejercicio de la medicina por profesionales no habilitados, entre otros aspectos. Hubo una discusión larga sobre el proyecto de licencias médicas —ustedes conocieron la opinión del Colegio Médico— y en ese debate aparecieron un montón de formas de ejercer la medicina que hoy no están reguladas por un ente que sí tiene la capacidad y la obligatoriedad, al día de hoy, de regular la certificación, la recertificación y sistemas que llevan 18 años en régimen transitorio. Esos aspectos también debiéramos resolver antes de hablar de un mayor fortalecimiento de la superintendencia, lo que implicaría costosos recursos humanos y tecnológicos, cuyo financiamiento tampoco está tan claro que esté disponible. Conclusiones. Nosotros concordamos con el fortalecimiento del gobierno de la superintendencia y con su Consejo Superior. Nos parece que no hay suficientes datos que justifiquen la intervención en la práctica clínica, y como médicos nos preocupa que dicha práctica sea nuevamente intervenida más allá de lo que ya es, ya que los datos que la sustentan están, en gran medida, poco respaldados y en la antesala del proyecto. También nos preocupa la indeterminación del ámbito de fiscalización de los prestadores individuales: ¿hasta qué punto se va a inmiscuir en la práctica clínica y en la deontología profesional? Repito: hoy, un acto médico supuestamente negligente o falto pasa ya por cuatro instancias: sumario, administrativo, juicio ético y tribunales de ética, civil y penal. No estamos de acuerdo con la tendencia del legislador a hacer registros públicos luego de procesos administrativos con resultados adversos, algo que ni siquiera ocurre con delitos contra personas en nuestro ordenamiento. Me pregunto si hemos considerado todas las consecuencias. Yo no encuentro un letrero en la casa del vecino que diga que tiene cheques protestados, ni en la casa a la izquierda que diga “cayó la suegra”, o en la de quien vive tres casas más atrás, que pudiera haber cometido otro delito; sin embargo, se pretende que aparezcan, como estos listados con personas que transgredieron en principio o con hospitales marcados por no haber acreditado, lo que nos parece excesivo. Sin duda, se debe dotar a la superintendencia de recursos humanos y tecnología que le permita cumplir cabalmente las funciones que ya posee. Es fundamental regularizar precios y prestadores, pero respetando el ejercicio clínico que ya está regulado en otras instancias. Echamos de menos énfasis en la certificación, la recertificación y el ejercicio correcto de la medicina. Y si se pretende regular nuestra práctica, estaremos absolutamente disponibles y preparados para recuperar la tuición ética, con todo lo que ello implique, porque claramente no es algo que se decida de improviso y que el Colegio Médico se lleve sin mayores cuestionamientos. Hoy tenemos un equipo de abogados que nos defienden malamente; podríamos tener esa defensa y, al mismo tiempo, asumir la tuición. Sin embargo, estamos súper abiertos, y existen experiencias en organizaciones médicas del extranjero que lo han hecho muy bien. Creemos, pues, que estamos preparados para enfrentar la pregunta real, concreta y seria sobre cómo recuperamos la tuición ética, para que sean pares quienes evalúen a pares y no llegue, en última instancia, un juez a decidir si se le quita o limita el ejercicio de la medicina a un profesional.

Bueno, nosotros, obviamente, ya nos vamos a seguir conversando sobre este tema. Creemos que la Superintendencia es un órgano importante de preservar y fortalecer. Sin embargo, hemos traído hoy acá los puntos que nos preocupan, los cuales se resumen en su impacto sobre los procesos de atención clínica, la disponibilidad de la ficha clínica, el hecho de que no se tomen en cuenta algunos temas importantes relacionados con el ejercicio de la medicina, y las consecuencias que pueda tener, además, el efectuar una especie de ranking, publicar hospitales que no acrediten y, aún, resultados adversos en esos hospitales y centros de salud. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Parregada. Bueno, como se dijo previamente, los otros cuatro invitados se excusaron por el poco tiempo en que fueron notificados. Entonces, ofrecemos la palabra a los integrantes de la comisión. Diputado Romero: Gracias, presidente. Saludo a la presidenta del Colegio Médico. No me equivoco al recordar que, en la última parte de su intervención, se señaló que no estarían de acuerdo con estos registros públicos que se harían eventualmente; usando la analogía de que, al igual que alguien en la casa de Canaima podría presentar un cheque protestado, a veces salen noticias de que, por ejemplo, abogados quedan con la casa –o con el dinero– de los clientes. Entonces, no sé si a alguien le gustaría contratar a un abogado o le interesaría tener la posibilidad de saber que hay abogados que se quedan con el dinero de los clientes. En el caso de un médico, lo que entendí del proyecto de ley es que no se incluirían en el conocimiento público temas penales ajenos al ejercicio de la medicina. Por el contrario, se trataría de informar a la ciudadanía sobre si estos profesionales han incumplido o carecen de alguna certificación, al igual que sucede con los establecimientos. Me preocupa, además, el tema de la ética profesional, ya que la idea de que los médicos sean juzgados por sus pares está siendo cada vez más cuestionada en nuestra sociedad. Existe un cuestionamiento permanente: primero, porque los jueces se juzgan entre sí; luego, los parlamentarios lo hemos hecho entre nosotros; y ahora, que sea el colegio profesional quien juzgue a sus propios miembros, ya sea por faltas éticas o por temas relacionados con la medicina, sin importar que todo ordenamiento occidental indica que la última palabra debe recaer en un juez. No logro entender esa lógica. ¿A qué se refiere usted? ¿Qué es lo que, finalmente, le molesta? Quiero ser muy claro: cuando enfrentamos un problema médico, la ciudadanía y nosotros, como parlamentarios, exigimos más información. Es un derecho del consumidor. Por ejemplo, en materia de técnicos profesionales, me gustaría saber quiénes son los ingenieros estructurales responsables del colapso de edificios, ya que, probablemente, no me gustaría contratarlos. Y, de igual modo, no estaría dispuesto a contratar a un ginecólogo abusador. Por ello, me gustaría profundizar en la reflexión que usted plantea: ¿en qué sentido le preocupa esto? Diputado Palma: Gracias, presidente. No sé si se alinea con el relato de la presidenta del Colegio Médico, pero, en cierto modo, me parece que se orienta hacia el tema de la mala práctica. Quizás mi interpretación no sea del todo correcta, pero aprovechando que el superintendente está presente en esta reunión, quisiera preguntarle: ¿tiene la Superintendencia de Salud algún tipo de atribución en el campo de la mala práctica de los profesionales de la salud? Muchas gracias. Diputado Avila Ayud: La verdad es que es la misma pregunta que expuso el diputado Palma. Yo solo quiero expresar que, si bien nosotros, los médicos, estuvimos acostumbrados en su momento a la atención ética del Colegio Médico, efectivamente, creo que los tiempos han cambiado. Como bien indicó la presidenta en su exposición, los pacientes están empoderados. Ahora, ¿sabe...?

Y la verdad, no confían cuando somos autorregulados. Aunque creamos que, efectivamente, y yo creo así, que somos serios y responsables –no lo que usted quiera–, a nivel de las personas la gente no desconfía al ver a nosotros, los médicos. Yo lo digo, como muchas veces nos defendemos y eso lo escuchamos a cada rato entre nosotros. Creo que, respecto a la situación ética, sé que el Colegio Médico lo tiene y las personas que lo integran, pero a nivel de la gente a la cual nos movemos, es difícil que en estos tiempos modernos pueda aceptarlo. Yo, en el segundo punto, quería saber, por intermedio de usted, qué capacidad tiene la Superintendencia para intervenir en la práctica médica misma de los prestadores. Nuestra Superintendencia está acá, y me gustaría escuchar realmente qué es lo que piensa. Muchas gracias. Yo también tengo algunas preguntas, porque me hace sentido, por un lado, lo que plantea usted, doctora Regada, de que el profesional médico se ve expuesto a cuatro líneas de juzgamiento: la administrativa, la ética, la civil y la penal. Pero, a la vez, sabemos que la vía administrativa en muchas ocasiones nunca llega a puerto. De hecho, en esta región está el caso de Mía Olivares, que falleció en la comuna de San Antonio, y cuyo sumario de investigación administrativa nunca ha concluido. Entonces, ¿qué le parecería, en vez de plantear una quinta vía, reemplazar la vía administrativa que actualmente está a cargo de los respectivos servicios de salud o de los hospitales cuando se trate de resultados clínicos? Obviamente, hay aspectos que son de orden prioritario y otras cuestiones de índole administrativa que deberán resolverse según el Estatuto Administrativo; pero, en aquellos casos en que la materia investigada tenga connotación clínica, la Superintendencia de Salud podría encargarse, pues, en mi juicio, necesitamos un órgano que pueda llevar estos procesos y concluirlos en algún momento. Hemos conocido la tremenda cantidad de sumarios administrativos que existen en todo nuestro sistema de salud, en los servicios y en los hospitales, y la gran cantidad de ellos que nunca han sido concluidos. Yo soy partidario de que los sumarios administrativos y las decisiones disciplinares salgan de los servicios y sean asumidos por la Contraloría. En ese mismo orden de ideas, creo que podría ser una alternativa que, cuando se trate de materias de orden clínico, la Superintendencia de Salud asuma la función, sin agregar una nueva línea de juzgamiento –no se trate de un quinto espacio sino de un reemplazo–, obviamente con las modificaciones necesarias para ajustar aquello a la normativa vigente. Igualmente, quiero ofrecer la palabra al Superintendente que nos acompaña gentilmente, por si desea hacer uso de la palabra. —Espera un segundito... Sí, gracias, presidente. Yo voy a, si usted me permite responder un par de preguntas, pero también está la gente del Ministerio que podría clarificar algunos puntos sobre cómo está planteado el proyecto de ley, porque no me coincide el proyecto con varios puntos que se han analizado en esta conversación. Entonces, creo que es importante que se clarifiquen esas materias por parte del Ministerio. En términos generales, hay algunas preguntas que se me han hecho sobre el manejo que hoy hace la Superintendencia en lo relativo a la práctica médica. Hoy día, la práctica médica está básicamente regulada por los tribunales de justicia, independientemente de que algunos médicos colegiados puedan o no ser expuestos a juicios éticos; eso no aplica al 100% de los médicos, sino solamente a aquellos colegiados. Pero hoy día, cuando uno quiere ir a un juicio…