Existente para Chile, digamos, sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos, de cómo podríamos enfrentarlo desde el punto de vista del Estado y generar mejores condiciones; sobre todo, en definitiva, porque hay cosas que no manejamos, pero hay otras que sí. En el fondo, es como hacen una agenda pro inversión propia con tal.
¿Cómo originar los efectos de esta acción? La semana pasada, colega, le pido atención: nos convocó a una reunión telemática el Ministro de Hacienda, quien se encontraba, además, como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y estaba yo. Precisamente, le hice el mismo punto que usted acaba de observar, pero no solo tiene que ser Hacienda y Economía, también debe incluir Relaciones Exteriores. Por lo tanto, quedamos en realizar un encuentro con el Senado y con la Cámara de Diputados para, efectivamente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, entregar a estas comisiones especializadas lo que el Gobierno está pensando, lo que el país está pensando y las probables consecuencias que esto pueda tener para nuestra economía. Además, hoy día hay más noticias que agudizan, al parecer, la crisis, la complejizan mucho más. Así que eso se realizará pronto, según lo solicitado.
Sí, pero yo te diría que se dé el acuerdo para que efectivamente acordemos lo que hemos indicado sobre el mismo punto, diputado. Lo que pasa es que yo quería hacer una propuesta similar: invitar a algún economista independiente que pudiera evaluar también la situación que se puede presentar con este tipo de medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Estados Unidos, y que, sin duda, ya nos está afectando o nos afectará, tal vez, de forma indirecta, en función de lo que suceda con otros países por esa misma situación. Mire, hagámoslo claro: yo no sé si en ese mismo encuentro debiera participar otros economistas o analistas internacionales que puedan referirse al tema. Es importante que, por lo menos, podamos dividirlo para tener un buen entendimiento de la posición del Gobierno y del análisis que debe existir en materia de relaciones exteriores y economía; y, posteriormente, que quien presida concuerde con que se presenten expertos que también expongan su visión sobre la materia.
Me parece de suma importancia, así que habría acuerdo para ambos temas. ¿Los dos? Acordado.
¿Alguna otra palabra más en varios? No hay más palabras en varios.
Pasemos a la orden del día. Diputado Mellado: ayer se discutió, ojo, el tema de aceptar su renuncia o no. Iba a haber unanimidad para poder votar la renuncia, digamos, y… la renuncia mía es indeclinable. No, lo sé, pero para acelerársela… Bueno. Entonces, no sé si hoy lo podemos votar; no sé qué dice la secretaria. O sea, por unanimidad podría ser, si no mañana, en fin, para mañana ya. Bien, no hay unanimidad, diputado Mellado. Queremos que se quede un día más. Sí, le agradezco que me deje un día más. No sé si es para bien o para mal. Déjeme incorporar a la orden del día.
Vamos a recibir a un buen amigo, así que, pasemos a la orden del día con el objeto de tratar la siguiente tabla. En primer lugar, recibir al Presidente Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), señor José Pérez Debelli, en audiencia solicitada, para que exponga, en unos 20 minutos aproximadamente, sobre los impactos del ajuste presupuestario en los servicios públicos, la función estratégica del Estado y la percepción de las y los funcionarios públicos.
Está invitado quien preside la ANEF, el señor José Pérez Debelli, junto con la vicepresidenta, señora Carmen Luz Scaf; el periodista, señor Harold Briseño; y la Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC, representada por su presidente, don Javier Villarroel Rivas, y la secretaria, señora Cintia Barra Soto. Escuchamos, estimado presidente, atentamente.
Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludamos, como siempre, a un importante equipo humano parlamentario, que suma, digamos, una estrategia contundente, como es esta Comisión de Hacienda. Y, como siempre, agradecemos la gestión de la abogada jefa, así como la del asistente, quienes son los profesionales que siempre dan el rostro visible, a veces sin ser mencionados. También es importante reconocer el trabajo de la coordinadora de gestión administrativa y el equipo en general de esta importante comisión. Es un privilegio, nuevamente, contar con la posibilidad, como todos los años, de que los parlamentarios participen de manera transversal.
Tener una síntesis de lo que hoy día tenemos, no solamente ya la definición de usted y conjunto también en el gobierno de los ajustes presupuestarios del año pasado y este año. Por eso, tiene una relación y se presenta de forma muy sucinta, pero pretendo, en el tiempo que me otorgan, cumplir con esta palabra honrada de que sea una síntesis y, además, poner énfasis con ejemplos concretos que ilustren lo que significa hablar de un ajuste presupuestario.
Primero, sabemos que el ajuste es una definición política que trasciende nuestro rol de quienes ejecutamos la política pública, siendo nosotros las y los funcionarios públicos. Sin embargo, tengo la obligación de emitir una alerta cuando estos compromisos del gobierno afectan la atención a la ciudadanía en todos los aspectos y en todo el territorio, fundamentalmente en lugares muy alejados. Creemos que existe una primera señal de alerta frente a este debilitamiento en el fortalecimiento de la función pública, ya que cualquier ajuste nos golpea drásticamente; situación que resulta casi obvia para el presidente y también para los diputados, quienes perciben que ya venía apareciendo un déficit previo a la pandemia, que se agudizó posteriormente.
En ese sentido, nuestros presupuestos son insuficientes para ejecutar los planes, los programas y, sobre todo, aquellos aspectos relacionados con la vinculación y la participación ciudadana. A menudo se deja de lado la posibilidad de llegar a ciertos territorios o de realizar el trabajo necesario en terreno, precisamente por la carencia de presupuesto destinado a ello. Estos recursos son fundamentales para el ejercicio de la gestión pública en los distintos servicios del Estado, tanto en su administración central como en el ámbito municipal, educativo y de salud.
Asimismo, entendemos que la falta de recursos incide directamente en aspectos prácticos, como el desplazamiento necesario para realizar el trabajo público en terreno. Por ejemplo, en la zona austral de la Antártica chilena, llegar desde la ciudad de Punta Arenas a Natales no es cuestión de media hora, sino de casi tres horas. Por ello, se genera un problema en la movilización, relacionado con el apoyo extraordinario que existe para cumplir el mandato que establece la ley, recurso incluido en el presupuesto de la institución.
Otra problemática es la reducción de la presencialidad, que implica que ya no se asignen uno o dos fiscalizadores, sino uno cada tres o seis meses. Esto, en la práctica, no permite relevar la función estratégica del Estado. De igual forma ocurre con el impacto en la oferta programática, específicamente en el subtítulo 24, cuya reducción afecta el gasto en personal (aproximadamente en un 21%) para mantener una dotación suficiente. En este contexto, cuando los servicios públicos no pueden estar presentes de manera continua en el territorio y se deben establecer convenios, por ejemplo, con los municipios, se dificulta la contratación y la adecuada atención a la ciudadanía.
Como ejemplo adicional, y para la atención de los parlamentarios, se destaca el caso de la agencia de la calidad de la educación. En el año 2019 contaba con 854 personas, por motivos diversos como pensiones, renuncias e incluso despidos; mientras que en la votación del año pasado se redujo a 554 personas. Esta agencia es estratégica, ya que visita y certifica la aplicación de la política pública en el sistema de aseguramiento de la calidad educacional. Además, evalúa los aprendizajes mediante el CIMSE, orienta los procesos pedagógicos y entrega información clave para la toma de decisiones en los establecimientos, pese a que, por falta de horas, diálogo y combustible, estos beneficios no alcanzan al grupo de fiscalizadores.
Por otro lado, el despliegue territorial muestra que, con 554 funcionarios, se abarcan cinco macrozonas y existen oficinas territoriales en dos ciudades, en Viña del Mar y Talca, con compromisos en Copiapó y Aysén. Esta situación debilita la función, ya que el ajuste presupuestario se trasladará a futuros presupuestos y debates políticos, afectando la capacidad de concertar acuerdos transversales en la misma corporación. Conozco este contexto por haber compartido dependencia en Santiago, donde las visitas de evaluación y orientación son altamente valoradas por la comunidad.
Llega uno y dice: “Pero venga más seguido”, porque necesitamos que vengan también al liceo, al colegio que está cerca de la frontera con Argentina, pero no llega nadie a fiscalizar cómo están los contenidos programáticos, la dependencia, etc. Se echa de menos, asimismo, la presencia pública por parte de la ciudadanía; esto es un impacto de los recortes presupuestarios.
En esa misma instancia se debilita la urgencia frente a la contratación de equipos multidisciplinarios, como en la situación de los jardines infantiles. A continuación, se presenta una segunda derivada que guarda relación con la Junta de Jardines Infantiles de nuestro país, referente al primer acercamiento a la educación en la primera infancia. Se evidencia un déficit que impacta en materia educacional, afectando la atención a la primera infancia y la calidad de los equipos profesionales encargados de fomentar la vida escolar.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de ajustar el decreto, el cual se aplicaría orientado a los 1.500, sumado a otras amenazas de algunas candidaturas que exigen triplicar la reducción del Estado. Esto produce un impacto sobre la carga de trabajo y el estrés laboral de los funcionarios, afectando el clima laboral, la sinergia de los equipos y, por supuesto, nuestras estructuras orgánicas, lo que se traduce en una frustración colectiva.
Se señala además que no se cuentan con los recursos necesarios: “hay que esperar, no tenemos los materiales”. Incluso, el año pasado, los jardines infantiles se vieron obligados a comprar de su bolsillo materiales básicos, como los papeles higiénicos, lo que evidencia que la autoridad argumentaba la falta de presupuesto.
Por otro lado, se relaciona la restricción presupuestaria con el ámbito de la educación y se vincula a una tercera derivada: la estrategia de comunicación. Aunque estamos todos conectados –tenemos wifi, Instagram, redes sociales, etc.– existen lugares en donde aún no se cuenta con internet, lo que hace que imprimir un documento o una cartilla para que la persona lo lea tenga un valor importante, contrarrestando la brecha digital. En este sentido, el Estado, el municipio y el servicio público están mostrando las formas de acercarse para otorgar beneficios a aquellos ciudadanos que, por ejemplo, se encuentran sin trabajo o con pensiones insuficientes. Así, el correcto ejercicio de estos elementos, financiados con recursos del Estado, se convierte en un derecho para la ciudadanía; al ser conocidos, se ejercen en propiedad, exigiendo mayor eficiencia a los procesos públicos, al gobierno de turno y al propio Estado.
Se utiliza también el ejemplo de la reducción de papel en el marco de una política que complementa la meta relacionada con el Estado verde, en la que participan comunidades y jóvenes. Este ejemplo, aunque puntual y de pequeño alcance, tiene un alto impacto para localidades alejadas de un centro urbano y no debe considerarse simplemente como un gasto, sino como una inversión en la función pública.
Finalmente, se destaca la instalación de mesas de diálogo en formato protocolar para trabajar no solo en temas corporativos (como se menciona en el título 21) sino también en la atención diaria a las necesidades ciudadanas. Pese a que se han evidenciado aumentos en dotación en sectores como salud y educación, estos siguen siendo insuficientes. Por ello, se hace un llamado a la atención, Presidente, para recordar que la razón de ser de los funcionarios y funcionarias del Estado es garantizar un trabajo decente, con ingresos regulares, contratos estables, oportunidades de desarrollo y capacitación, movilidad, ingresos dignos y un sistema de seguridad social adecuado. Además, se debe prestar atención a los sectores más desfavorecidos, quienes son atendidos día a día, especialmente en situaciones de emergencia como terremotos, incendios o inundaciones, cuando los funcionarios públicos actúan sin contar con recursos suficientes. Los recortes consecutivos de recursos fiscales afectan directamente el trabajo público y generan una frustración colectiva.
Más prioritaria de aquellas personas que ya están mirando también, observando qué pasa con esa necesidad que el Estado no llega. Y otro punto: el rol fiscalizador que tenemos como Fuerza de Defensa Pública también se ve debilitado. Nosotros, por ejemplo, el caso de los compañeros y compañeras de Cinegeo Min y las Minutas lo han señalado históricamente; ellos dicen: "bueno, ¿sabes qué? vamos a verificar a las pequeñas empresas mineras, vamos a controlar la seguridad, vamos a estar ahí". No tenemos licamiento suficiente, no están modernas las camionetas, están fuera de servicio, no hay combustible.
El tema de vialidad en los caminos secundarios, cuando hay un terreno, un sismo, tiene que revisarse cómo están las vías de escape para que la ciudadanía tenga certezas en materia preventiva. Entonces, hay una sinergia que se debilita cuando existe una restricción presupuestaria tan permanente, pues, ¿cómo no podemos quedar en nuestras oficinas, en nuestros centros de operaciones, en los aeropuertos, ya que está el presidente de la DGAC, cuando son 4.000 millones de déficit para mantener la seguridad operacional, no solamente para cargas, sino para los terrenos humanos que ocupan las aeronaves?
Existe una simbiosis que se debilita, y creemos que tenemos la obligación de poner estos puntos en el debate, pues cuando se habla de reducción presupuestaria no puede debilitarse todo aspecto que uno podría vigilar. Los vulcanólogos de Senefemín señalan: "estamos con alertas estratégicas en un plan de geología aplicada para poder detectar y ser preventivos frente a situaciones de los volcanes", considerando que tenemos varios volcanes extendidos en nuestro territorio, algunos medio activos, otros no; el aspecto preventivo es clave para contar, por ejemplo, con un presupuesto suficiente para estos servicios, entre muchos otros.
Se ha dado el servicio médico legal; se ha inaugurado un tremendo edificio. Saludamos ese avance, la estructura moderna, pero los componentes que están dentro son insuficientes: no hay insumos hoy en día, están los especialistas, está el equipo humano, y la dotación resulta bastante deficitaria en relación, digamos, a la red territorial. Hay pocas funcionarias en localidades como Biobío, en Los Ríos, en Tarapacá, en Magallanes, y uno dice: "bueno, pero es que se hace lo que se puede".
Aquí se evidencia en el colectivo un compromiso de hacer bien el trabajo, cumpliendo las metas sin quejarse; pero llega un momento en que se pone un límite. Hoy, en el segundo semestre, muchos de nuestros compañeros nos han manifestado su preocupación, alegando que no se llegará a cumplir con los planes y programas comprometidos con la ciudadanía, tanto en lo presupuestario como en la votación, lo que puede incluso derivar en amenazas de despido. Se vive un efecto negativo de lo que acontecemos, de lo que no se dice cuando se abordan las problemáticas presupuestarias, pero que se experimenta al entregar esta vocación pública.
En la Seremia de Salud, la autoridad sanitaria hoy en Semana Santa debe desplegarse; compañeros y compañeras –como Carmen Luz, de la Seremia Metropolitana de Salud– manifiestan que la dotación es insuficiente. Tienen que ir a la feria, estar en los terminales pesqueros, en los puertos; se hace lo que se puede a la chilena, porque se desea trabajar de forma eficiente, oportuna, cercana y moderna.
Asimismo, vinculamos esta situación al nivel de complejidad que tiene el Estado. Hoy, como también creemos y asumimos, presidente, se cumplen 82 años desde el 5 de mayo de 2025, fecha a recordar en el marco del plurinomio. Esta semana se debe conversar sobre un nuevo modelo de empleo público, ya que no basta con hablar solamente de presupuesto o dotación, sino que se enmarca en algo mucho más objetivo: ese nuevo modelo de empleo público, en el cual iniciamos un estatuto que garantice mecanismos de idoneidad, evaluando objetivamente nuestras capacidades, competencias y niveles de compromiso con la función pública, en un contexto de trabajo decente.
Con todo lo mencionado, siempre en respeto a los derechos fundamentales y laborales, y destacando el valor del empleo público para el desarrollo estratégico del país, esta es también nuestra misión y objetivo.
Por último, entendemos que existe una doble tarea: como funcionarios y funcionarias con vocación de servicio público, resguardando esa función esencial, y desde el punto de vista sindical. Por ello, estamos en meses de trabajo aportando a los cambios orgánicos, siendo parte del Consejo de Munición del Estado, invitado por el actual gobierno junto con todos los sectores empresariales y de la academia, con la convicción de aportar desde nuestra experiencia laboral. Creemos que las políticas públicas en los permanentes ajustes presupuestarios están debilitando esta función pública, y por ello tenemos la obligación de relevarlo.
Y, por último, Presidente, aprovechando el tiempo, usted me preguntó el año pasado en este mismo espacio: ¿qué hace la ANEF?
Relación o al mundo sindical frente a la inteligencia artificial. Se me permite compartir información para nivelar datos, pues no nos quedamos únicamente con el diagnóstico de aquellos puntos centrales vinculados a la falta de presupuesto, sino que también estamos comprometidos con nuestra CUT en un trabajo incluso con la SOFOFA, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y ejecutado por Chile Valora en varios aspectos. Cito tal cual, muy rápido: con la Comisión de Derechos Digitales de la Inteligencia Artificial, tanto a nivel nacional como internacional, ya que participamos en el sindicalismo y en los servicios públicos internacionales. Por lo tanto, hemos participado en varios debates y contamos con 5.000 áreas formativas asociadas a los perfiles ocupacionales. Esto es positivo, pues nos anticipamos a la llegada de la inteligencia artificial. Asimismo, en distintos espacios sindicales relevamos cómo la falta de presupuesto se relaciona con actividades programadas, incluso con CENIA, que es un centro especializado en inteligencia artificial establecido mediante convenio con la ANET y con la CUT. Hemos realizado despliegue territorial en Santiago y en regiones, buscando avanzar en algo que podría verse como un mito o una amenaza, y que, a nuestro juicio, es una oportunidad para abordarlo sindicalmente.
Finalmente, manifestamos que estamos disponibles –como lo hemos expresado a todos los gobiernos y en esta misma comisión, que siempre nos han escuchado gentilmente– para aportar cuando existen tensiones que impiden cumplir con nuestra función pública en Santiago y en el territorio. Creemos que sería impresentable que se mantenga una tendencia descendente sin un replanteamiento que nos permita avanzar. No podemos omitir ni guardar silencio. Muchas gracias, presidente.
Muy bien, muchas gracias por su exposición, estimado presidente.
Démonos un espacio breve, por si algún diputado o diputada desea formular alguna consulta antes de pasar a lo que nos convoca el día de hoy.
Diputado Donoso, apague su micrófono. Muchas gracias, presidente.
Después de escuchar a Néstor, queda la impresión de que el recorte del subestario fue del 40%. La verdad es que no. Me gustaría entender un poco más: ¿por qué se está dando la justificación de que todo se debe al recorte presupuestario? Porque, cuando hablamos de recorte presupuestario, nos referimos al 0,7% del presupuesto de la Nación, y dicho presupuesto, de 2024 a 2025, aumentó en un 2%. Entonces, si todo se justifica en el recorte, implica que la autoridad pública decidió, arbitrariamente, aplicar dicho recorte a las áreas que resultan molestas y no a las que no son prioridad. Porque contar con menos fiscalización por culpa del recorte presupuestario implica un problema de administración, al tratarse de solo el 0,7%, y no un problema de recursos, pues existen otros factores. Ayer explicó claramente el Consejo Fiscal Autónomo que cuando se realizan estos recortes se quita inversión sin disminuir el gasto permanente. Me gustaría entender un poco mejor: ¿la respuesta constante de la autoridad hacia ustedes es el recorte presupuestario, cuando en realidad podríamos estar frente a dos problemas, uno de administración y otro de compromiso real?
Muchas gracias. José, si desea responder, por favor, brevemente.
Sí, muchas gracias por su intermedio presente, diputado. Nosotros entendemos que lo experimentado en relación a esta síntesis, que tiene múltiples derivadas, evidencia que la Administración señala –y cito el ejemplo puesto, con especial afecto a la Ministra de Salud, por su intermedio– que el problema en materia de salud también está relacionado con la forma en que la autoridad sanitaria concurre a fiscalizar los puertos, las ferias y los lugares donde se venden productos del mar. Uno quisiera contar con una dotación suficiente y óptima, pero eso no es posible debido a la restricción en el subtítulo 21, que establece que si un trabajador se va –ya sea por pensión, renuncia, fallecimiento o despido– ese servicio solo puede ser reemplazado por una persona y no por todas las que se requieran para, por ejemplo, fiscalizar en terreno. Y lo mismo es en Negemín. Si hay un tema de acercamiento a...
Con distancia no hay vehículos, no hay combustible, porque éste tiene que distribuirse con los recursos asignados en el ítem respectivo para la compra de petróleo. Por lo tanto, el acercamiento ya no es hasta la frontera con Argentina, sino que es hasta la mitad del camino, y lo demás queda pendiente para el segundo semestre, mientras se libera la utilización presupuestaria. Entonces, todo eso que yo señalo —que es la estrategia formal e institucional— es parte también del diseño, en el marco general del presupuesto que se restringe.
Diputado Naranjo: Breve, por favor, las intervenciones; luego, el diputado Barrera.
He dicho ya que se solicitó que fuera breve. Presidente, efectivamente es preocupante lo que plantea la ANEF y su presidente sobre el recorte presupuestario, y retomo lo que nos plantearon ayer en el Consejo Fiscal Autónomo, que el recorte tendría que llegar a 1.500 dólares, y por ahí una candidata presidencial habló de 6.000 millones de dólares. Entonces, si ya tenemos problemas con un recorte que es bastante menor hoy día, imagínese usted, presidente, lo que nos espera si mañana esa candidata llega al poder y plantea reducir en 6.000 millones de dólares el presupuesto. Es decir, que, Dios nos pille confesados, porque aquí se verán afectados la gente que aspira a vivienda, la que se atiende en salud y en educación, y los jubilados; a lo mejor plantean eliminar la PGU o modificar otros aspectos que benefician al país. Esto es lo que pretenden quienes aspiran a la presidencia de este país, porque cuando se disminuyen 6.000 millones de dólares, no se trata de una propina, sino de recortes en programas sociales fundamentales. Y si ya nos advierte hoy la ANEF que una reducción tan pequeña está trayendo serios trastornos en la atención pública en diversas áreas, que el país juzgue lo que puede significar mañana un recorte de la magnitud que plantean algunos economistas e incluso el Consejo Fiscal Autónomo —que, para ser franco, fue poco claro en su exposición ayer al hablar al voleo sin precisar con detalles qué es lo que se pretende recortar—.
Entonces, creo que es bueno que estas cuestiones se discutan hoy, para que el país quede alerta ante lo que puede ocurrir mañana en todo el aparato público del Estado y en los beneficios sociales que podrían perder las personas, si quienes aspiran a la presidencia buscan implementar una reducción drástica del gasto público.
Gracias, diputado Naranjo. Diputado Barrera, luego el diputado Sáenz, y después se le formula una pregunta. Gracias, presidente.
Bueno, señor presidente, le agradezco que nos haya venido a dar esta alerta. La verdad es que ya se nos han acercado algunos gremios para informar que están teniendo problemas. Es importante que la agrupación, que reúne a todos los gremios, nos venga a dar esta advertencia, porque es imposible concebir que una disminución en el gasto ocurra sin que se noten sus efectos, aún cuando el presupuesto crezca, ya que las necesidades, señor presidente, siempre son mayores que los recursos disponibles. Cuando se aumenta el presupuesto, no significa que se cubrirán todas las necesidades; solamente se alcanza a cubrir una parte, mientras que las demandas continúan creciendo, como lo evidencian las listas de espera en salud y en educación.
Recordemos que esta fue la condición que estableció la oposición para comenzar a tramitar la ley de presupuesto: el día 1, cuando sesionó la Comisión Mixta de Presupuestos, se indicó que se avanzaría siempre y cuando se fijara la regla, y entre esas reglas tenía que incluirse la disminución del presupuesto. Esa fue la condición y este es el efecto, que no es inocuo. Algo va a ocurrir, y lo peor es que los más perjudicados serán el pueblo de Chile, la gente que más necesita estos servicios, en salud y en educación, porque quienes pueden pagar lo harán, mientras que muchos no podrán costearse estos servicios.
Por eso, agradezco que nos hayan venido a dar esta alerta. Es preocupante también las señales que indican que estos problemas pueden seguir creciendo, y el inconveniente es que quienes proponen la reducción dicen simplemente “hay que disminuir”, pero no especifican dónde se realizará el recorte. Nosotros esperamos siempre que se indique en qué se reduce, para no generar un daño a las personas. Lo que le quiero pedir es que, ojalá, nos pueda mandar pronto…
Los datos que indican cuáles son los servicios más afectados son, a mi parecer, de suma importancia. Es fundamental que contemos a la brevedad con esa información. Presidente, gracias, estimado diputado. Diputado Sáez: muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes.
Yo creo que es necesario ser muy claro en términos de lo que está en juego. Este mensaje va dirigido directamente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos, ya que existen compromisos establecidos en el protocolo de la ley. Es fundamental atender el primer informe de Finanzas Públicas de este trimestre, el cual debería estar próximo a llegar a nuestras manos. Asimismo, es importante prestar atención a los resultados de la Operación Renta de este año, que debiera ser más normal que el del año anterior.
No es tolerable seguir recortando recursos que afectan no solo a quienes desempeñan la función pública, sino que también tienen un impacto significativo en la vida de la ciudadanía. La responsabilidad fiscal y el superávit no son un fin en sí mismos, sino medios para administrar las arcas públicas con la mayor sabiduría, conscientes de que los recursos son escasos y las necesidades siempre crecientes. Sin embargo, cuando se instala, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo y otros actores, y se advierte un escenario casi apocalíptico en las finanzas públicas con un nivel de deuda supuestamente desbordado, eso es, francamente, una falacia; el nivel de deuda en nuestro país siempre ha estado dentro de los márgenes tolerables y, de hecho, ha ido disminuyendo. Por ello, es crucial enfocarnos en las necesidades de la ciudadanía y dejar explícito, desde ya, que cualquier nuevo ajuste debe estar extremadamente bien justificado y no basta con aducir que se hace para cumplir la meta del balance cíclico.
Gracias, diputado Sáez. Quisiera hacer una reflexión antes de que responda el presidente. En su intervención utilizó un término que me llamó poderosamente la atención: habló del nuevo funcionario público, o de la nueva funcionaria pública, destinada a enfrentar estos nuevos tiempos, tanto a nivel mundial como nacional. Como en la vida, existen quienes leen la historia, quienes la hacen y quienes la escriben. En ese sentido, la ANEFA tiene una oportunidad: está el que la lee, está el que la escribe, está el que la hace… bueno, agreguemos uno más y se crea otro dicho nuevo.
Señor presidente, están llamados a responder a estos nuevos tiempos. Vivimos una crisis económica mundial, real y concreta, y Chile no está exento. Se han iniciado juicios políticos con una crítica muy enfocada en el gasto público y en los funcionarios. Por otro lado, me pregunto: ¿cómo es posible que existan 300 aeródromos sin la presencia de la DGAC para fiscalizar, por ejemplo, las actividades de los narcotraficantes que circulan por todo el país? Esto evidencia una falta de controles en áreas fundamentales. Tomemos, por ejemplo, lo que usted comentó sobre la fiscalización en Semana Santa; sin embargo, existen otros tipos de controles que inciden en el funcionamiento del Estado, como aquellos relacionados con la vigilancia de zonas marítimas en las cuales intervienen la PDI, la Policía y otros organismos.
Si no contamos con la eficiencia de un funcionario o una funcionaria pública —y que estos, además, se mantengan libres de corrupción— para garantizar que el Estado funcione de manera sana dentro de lo posible, es imperativo que apuntemos hacia una nueva función pública. Esta debe modernizarse, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial y adoptando mecanismos de fiscalización que, sin encarecer excesivamente la operación estatal, permitan una vigilancia y controles óptimos. Es una tarea que invito a discutir en un futuro encuentro, para analizar propuestas y compararlas con experiencias de otros países.
Dejo, estimado presidente, como tarea que recae en ustedes, dirigentes, mirar hacia una función pública del futuro que asuma los desafíos que enfrenta nuestro país y el mundo. Es vital que el Estado evite juicios críticos basados únicamente en la supuesta existencia de “grasa” en los organismos públicos y que se aclare de dónde se extraerán los nuevos funcionarios, ya que, si bien el discurso está claro, aún falta precisar ese aspecto.
Sacar más recursos, de dónde pretende sacar más funcionarios, qué produce, qué efectos tiene eso, no lo sabemos. Por lo tanto, es importante que en esta materia se haga un encuentro, un trabajo que nos dé luces de cómo habría que efectivamente enfrentar estos nuevos tiempos.
Estimado Romero, diputado. Gracias, presidente. Saludo a don José. Yo quería preguntarle también, por intermedio, José: ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando ve por televisión que viene una inepta del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia hablándonos de que no es su pega revisar la constitucionalidad de un decreto, cuando hablamos de la vocación de servicio de un funcionario público? Y vemos que, como usted muy bien señala —y voy a expresarlo de forma coloquial—, se saca la cresta trabajando sin recursos, muchas veces enfrentando el reto de su jefe y el maltrato, llegando hasta a trabajar incluso enfermo.
Yo soy hijo de padre y madre funcionarios públicos, y por lo tanto me crié y estudié gracias al sueldo que he ganado en el Estado, asumiendo el esfuerzo con todo el amor. Por eso tengo una sensibilidad especial. Me da rabia, por ejemplo, cuando uno ve diecisiete ineptos que revisaron un decreto que se le entregó al Presidente de la República y resultó inconstitucional. Entonces yo le pregunto: ¿qué piensa la ANEF? Porque cuando uno dice “queremos sacar la grasa”, para mí esa es exactamente grasa, absolutamente grasa. Pero yo diría que es lo peor que podemos tener en el Estado: personas que, al llegar al Presidente de la República, reciben un decreto inconstitucional sin que nadie les advierta.
Yo prefiero que, en un gobierno republicano, sean los funcionarios de carrera, con la experiencia acumulada a lo largo de los años, quienes asuman la responsabilidad y releven su función pública, en lugar de traer un inepto de afuera solamente porque es amigo de alguien. Porque ya hemos visto que esa ineptitud es la que nosotros reclamamos. Cuando dicen, “¿dónde nos vamos a ahorrar la plata?”, la respuesta es: en no traer ineptos. Siete millones de pesos gana esa plana, ¿para qué y qué ha significado? Le pregunto a los amigos del Partido Socialista: ¿están contentos con el resultado de este bochorno y lo que ha significado?
Cuando hablamos de que queremos relevar la función pública, es precisamente porque yo he tenido experiencia en ella. Cuando fui director jurídico en Santiago, no traje gente nueva, traje muy pocas personas; los que trabajaban allí eran funcionarios de carrera, incluso contratados en la época de la alcaldesa Toá. No se echó a nadie y pueden preguntar en la Municipalidad de Santiago, donde ellos sabían mucho más que yo. Yo tenía que dirigir un equipo, pero ella era de los expertos y no llegó más “grasa”. Y eso es lo que nosotros decimos: debe ser un ejemplo de función pública. Por esa razón, me gustaría escuchar su opinión: ¿no le da rabia que exista gente que recibe sueldos increíbles y que, en definitiva, resulta ser una burla, una ineptitud impresionante?
Gracias, presidente.
Muy rápido. Efectivamente, creo que nuestra obligación es no guardar silencio, ser proactivos y anticiparnos. Es parte del diseño que tenemos quienes abrazamos esta vocación pública. Nos hacemos carrera en el Estado, nos quedamos para servir mejor a la ciudadanía, que es el objetivo final. Cuando vivimos este presupuesto, no solamente se asfixia el rol estratégico de la función pública, sino que también se deterioran nuestras condiciones laborales. Por lo tanto, el impacto es también interno y limita.
Mencionaba, además, los espacios públicos donde se alojan algunas viviendas —o mejor, algunas casas que se arriendan por el Estado para el servicio público— que resultan paupérrimas en materia de seguridad, pues no pueden poner cerca eléctrica por falta de recursos y presupuesto. En Arica, en Parinacota, existe un edificio frente al Morro de Arica, compartido entre aduanas, ejército y vialidad, en un entorno deteriorado, y no hay presupuesto para mejorar la atención.
En otra situación, en una localidad lejana del radio urbano de Chillán, las corporaciones judiciales deben turnarse entre el trabajador social y el abogado, utilizando el mismo escritorio para atender a la ciudadanía, que llega golpeando puertas para no tener que desplazarse hasta la cabecera regional. Este ejemplo ilustra que no queremos ser un factor casístico de un tema puntual; tiene un impacto mayor, ya que entendemos que nuestra obligación es estar atentos y ocuparnos de estos problemas de manera conjunta, con el debido respeto a todos y todas que se encuentran en este espacio de la comisión.
Porque cuando se mantiene esta reiterada política de ajuste, se daña a la ciudadanía, que se agobia y se frustra al no recibir atención oportuna y deberá recurrir, en última instancia, a ir al hospital.
Todo lo que vemos y muchos de ustedes lo conocen. Entonces, esto, como una primera reflexión en relación a los datos que tenemos, es parte de nuestro compromiso; tenemos datos duros acá. Por ejemplo, yo mencionaba rápidamente que las compañeras y compañeros de los jardines infantiles indican que, para efectos de tener un buen diagnóstico respecto a la neurodiversidad que presentan las niñas en la primera infancia, es importante contar con técnicos especializados para los jardines infantiles.
La vocabularia diferencial y todo lo relacionado con la implementación de las leyes también nos pasa, presidente, cuando, por ejemplo, la ley de inclusión no cuenta con la contratación necesaria para hacerla carne y que sea cercana y oportuna a la ciudadanía. Entonces, tenemos ahí también el tema de los reemplazos a las medidas médicas, lo que hay que abordar.
Yo, con respeto a las estructuras existentes –como la Comisión Fiscal Autónoma, que tiene una mirada muy técnica en parte del diseño que convivimos en este modelo– señalo que, a la vez, se debilita la posibilidad de superar esta crisis, ya que estamos viendo e incluso especulando acerca de cómo seguiremos durante el segundo semestre. No puede ser, pero tenemos que estar tranquilos y tranquilas para ejecutar aquello que se requiere.
Afortunadamente, estamos en un espacio –como lo señalé en la Comisión Permanente Asesora para la Munición del Estado, que se reúne todos los miércoles– en el que, pese a contar con la presencia invitada de la ANEF, no adoptamos una mirada meramente corporativa. Ponemos también estos elementos que, creo, forman parte de un diseño para lograr que esos documentos no sean únicamente para la biblioteca, sino que adquieran un carácter resolutivo, lo cual nos interesa profundizar.
No hemos ofrecido empleo público ni creado estatutos; son desafíos que están ahí, a la vuelta de la esquina, por lo que debemos pasar del relato y el discurso a la concreción, porque hoy día queremos, justamente, un día de resolución.
Y, diputado Romero, con mucho respeto también, por ser el presidente, le comento que existe una propuesta en la mesa de negociación del sector público llamada Trabajo Decente, que usted conoce, y que también formó parte de la mesa electoral del gobierno que firmamos el año pasado con el ministro de Hacienda y la ministra de Salud, en un capítulo relacionado con un nuevo modelo de empleo público y la movilización del Estado. Una derivada de ello tiene relación con separar los movimientos políticos de los de carrera, más allá de la condición contractual. Esto es bueno, ya que oxigena y democratiza, y uno sabe hasta dónde llega lo que se tiene y exige más a quienes deben responder, pues nosotros rendimos cuenta en un trabajo por el bien colectivo. Es importante, asimismo, ser orgullosos frente a quien se designa políticamente y, de igual forma, de nosotros quienes permanecemos en el Estado, ya que no somos funcionarios del gobierno de turno, sino que actuamos con independencia y pensamiento. Entendemos que se ha de poner ojo y observancia en las personas que ostentan un nivel de responsabilidad estratégica tan importante como el que demanda la definición de un decreto, una resolución o una ley.
Muchas gracias, presidente, por el espacio y por intermediar ante los diputados.
Breve, breve, breve, pero muy breve. Lo que ha expuesto José es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, surgió el caso Fundación en Antofagas? Es porque son los funcionarios de carrera quienes rinden cuenta en contraste con los funcionarios políticos. Precisamente, debe existir esa separación, ya que quienes, posteriormente, responden ante los sumarios, los juicios de cuentas y la Contraloría son los funcionarios de carrera, puesto que el funcionario político ya se fue, se encuentra en otro lado. Esos procesos son más lentos y, en verdad, debemos encontrar la manera de proteger al funcionario de carrera que, con vocación, señala que cumple cabalmente su función. Me parece muy importante puntualizar esta reflexión final.
Gracias, diputado. Muy bien, lo liberamos entonces. Se le agradece la exposición. Quedan pendientes los temas e información requerida y solicitada. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias a todos; que vaya bien y gracias por haber venido a exponer.
Bien, en segundo lugar vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la votación del proyecto de ley, iniciado en moción de los honorables senadores, señores Jaime Quintana, Patricio Walker, Francisco Chahuán, Fulvio Rossi Ciocca y Gonzalo Uriarte, sobre enfermedades poco frecuentes. ¿De ese modo se demora un proyecto de ley en ser tramitado? Claro, así se demoran los proyectos en ser tramitados, ¿no?
Está, como invitada, por supuesto, la ministra que se encuentra aquí presente, la ministra de Salud, señora Ximena Aguilera Sanhueza, a quien le damos la bienvenida. También está presente el jefe del subdepartamento de Estudios de la Dirección de Presupuesto, don Pablo Jorquera, quien se conecta en este mismo espacio.