Cámara de Diputados - Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural - 8 de abril de 2025

En nombre de Dios y de la patria, salve la sesión. Cuando digo “todos” incluye a la gente que está también de visita. Por favor, a la próxima. Muchas gracias. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la Comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos: En primer lugar, un correo del abogado secretario de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, señora María Cristina Díaz, por medio del cual se adjunta la invitación al presidente de la Comisión de Agricultura, don Jorge Rargue, y por su intermedio a los integrantes de esta comisión, para asistir a la sesión ordinaria que se celebrará el día martes 22 de abril de 2025, de 17:30 a 19:30 horas, en la sala 315, esta misma sala, con el objeto de que participen en la sesión donde se abordará el problema de los incendios forestales que han afectado las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Esto fue reenviado a sus correos. Asimismo, a esta sesión se ha invitado a la directora nacional de Servicios Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (ENAPRED), a la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), al director de Vialidad, a la presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, al presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Bío Bío y a las y los alcaldes de las comunas de Traiquén, Los Sauces, Lumaco, Coyipulle, Ercilla, Victoria, Gorbea, Petrufquén, Padre de las Casas, Hualqui, Santa Juana, Santa Bárbara y Mulchen. En segundo lugar, se ha recibido un correo del jefe de la bancada de la Unión Democrática Independiente, mediante el cual se informa que el diputado don Felipe Donoso Castro reemplazará al diputado don Juan Antonio Coloma Álamos durante la sesión del día de hoy. También se ha recibido un correo de los comités del Frente Amplio Independiente y Democracia Cristiana Independiente, en el que se informa que en la sesión del día de hoy el diputado señor Patricio Rosa será reemplazado por el diputado don Felipe Cávamano. Por último, una comunicación de la bancada Renovación Nacional informa que la diputada doña Jimena Santón reemplazará a la diputada señora Paula Labra. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra para tratar otros temas. Ayer funcionó la comisión, pero rápidamente quedamos sin quórum para tomar ciertos acuerdos, siendo que se habían planteado diversos temas que lamentablemente no se tomó acuerdo. Se plantea, en particular, un tema relacionado con los apicultores. No recuerdo bien, secretario, quién planteó el tema de los apicultores. Rosas. Se ha informado que hubo apicultores que solicitaron audiencias; en la cuenta ya está incluida la solicitud de un grupo de apicultores que pedían ser considerados en la discusión de un proyecto de ley sobre apicultores, proyecto que aún no se ha elaborado. Además, se han solicitado audiencias en anteriores oportunidades. ¿Habrá acuerdo para recibir en el futuro a estos apicultores respecto de la problemática que desean plantear? – Sí. Ya, acordado. Otro tema que iba a plantear la diputada Marcela Riquelme, quien en ese momento estaba reemplazando a la diputada Carolina Marzán, está relacionado con la situación de los reavaluos de los predios agrícolas.

Y que había llegado una invitación desde el Senado para formar una comisión bicameral, y que esto se había tratado en comité sin obtener la mayoría, lo que se quería insistir respecto a esa situación. Ahora que está la diputada Marzán presente, ¿podría explicar en detalle lo sucedido? Gracias, presidente. Sí, pero yo creo que usted, como presidente, debería explayarse. Lo que sí es importante es que los representantes de nuestras bancadas —yo ya lo hice— estén informados acerca del fondo de lo que estábamos solicitando, ya que en la sesión de comité se toman decisiones fundamentales para nuestras comisiones. Es contradictorio e incomprensible que se rechace, de manera casi unánime, una solicitud que surge de lo que estábamos trabajando en esta comisión de forma transversal. Por ello, habría que solicitarla nuevamente y explicar que no se trata de llevar a cabo ninguna instancia legislativa ni de otro orden, sino que existe una historia consensuada, ya conversada en su momento con otros invitados que colaborarán. Desconozco la bajada que se le dio en el comité cuando se rechazó la solicitud, por lo que no puedo hablar de sus fundamentos, pero sí sé que, al parecer, la información entregada no fue profundizada. Entiendo que la diputada Jimena Sandón, que circunstancialmente se encuentra acá, estuvo presente en esa reunión de comité; y cuando se pidió la aprobación por parte de los comités para conformar una comisión bicameral conjuntamente con el Senado, aparentemente no se definieron claramente cuáles eran los alcances. Lamentablemente, presidente, saludarlos a todos. Creo que lo conversé por su intermedio con la diputada Marzán en su minuto, y se generó confusión. Algunos de los comités sintieron que aceptar una comisión bicameral supondría una amenaza, por el temor a que en el futuro se pidieran muchas más, incluso una relacionada con el sistema político. Yo discutí mucho que era un tema que afectaba a muchas personas, sobre todo a latifundistas y a propietarios de predios, en una situación muy injusta. No logramos convencerlos, pero tengo entendido que existe la posibilidad de que los comités lo pidan de nuevo, ya que, en el fondo, era una respuesta de la Cámara de Diputados hacia la solicitud del Senado. Se mezclaron temas y, lamentablemente, terminó pagando para mi gusto, justo por pecadores; sin embargo, al conversar individualmente con algunos de los jefes de bancada, comprendieron el sentido y notaron que eran temas absolutamente diferentes. Por ello, no veo inconveniente en solicitar nuevamente el asunto en el comité, especialmente considerando la alta renovación de jefes de bancada. ¿Habría acuerdo para solicitarlo nuevamente? Por otro lado, cabe mencionar un oficio pendiente solicitado por el diputado Raúl Soto, referido a la situación de la Región de O'Higgins en lo que respecta al uso de la leña en Machalí y Rancagua. En su momento no pudimos tomar acuerdo porque no había quórum, siendo quien estaba presente la diputada Emilia Anullao; además, el diputado Soto no formaba parte de esta comisión, a pesar de que en esa ocasión éramos cuatro. Para recaudar el acuerdo ahora que tenemos mayoría, ¿no habría inconveniente? Asimismo, se propone enviar un oficio al Ministerio de Medio Ambiente por los proyectos en la Región de Los Lagos, particularmente en lo referente a la instalación y ampliación del centro crucero, y también a los aerogeneradores en las comunas de Frutillar y Los Mármoles. ¿Podría el diputado Anullao explicar para que los demás miembros tomen mayor conocimiento?

Por su intermedio, quiero también comunicarle a los demás parlamentarios de esta comisión que necesitamos tomar el acuerdo, pues quedamos en lo siguiente: la diputada Riquelme y el diputado Soto plantearon a la señora ministra de Medio Ambiente la posibilidad de seguir abordando la situación de la prohibición del uso de la leña en Rancagua y Machalí. Por lo tanto, se acordó realizar una sesión especial de esta comisión, la cual usted convocará, en coordinación tanto con la señora ministra como con el ministro de Energía. En esa misma sesión se propuso abordar, además, la situación de contaminación por malos olores y la ampliación del centro de crucero Burranque, tema expuesto por la dirigente de Salvemos Crucero, doña Cecilia Elguieta, quedando en entregar mayores antecedentes en una sesión siguiente. Asimismo, se destacó la exposición de la señora Victoria Madrid, del sector de Frutillar, en la que se manifestó la oposición a este proyecto eólico, el cual ha alterado la tranquilidad de las familias. Se solicitó que tanto la ministra de Medio Ambiente como el ministro de Energía aclaren cuáles son los alcances de la política implementada por el Ministerio de Energía. De igual forma, se acordó responder a lo que requiere la consejera Erta Jiménez Licán, consejera indígena, así como al presidente Patricio Huayquipán, dirigente territorial de Los Muermos, en relación a la instalación de estos proyectos eólicos que afectan dichos territorios. En consecuencia, se estableció que usted convoque nuevamente una sesión en la que se apruebe este oficio y se soliciten mayores antecedentes para la exposición siguiente. En cuanto a la fecha para la sesión en Aysén, se realizó una consulta entre los parlamentarios para determinar el día que mejor se acomode a sus agendas. Aunque inicialmente se barajó la semana del 24 o 25 de abril, se precisó: "Presidente, estamos ya a 8 de mayo. La próxima semana es fin de semana largo y la siguiente precede a la semana distrital, lo cual complica movilizarse a la región de Aysén". Se sugirieron como alternativas la primera o la segunda semana de mayo, específicamente el 8 o 9 de mayo, o bien el 15 y 16 de mayo, indicando que aparentemente el 9 de mayo contaba con mayor respaldo, si bien se dejará la decisión definitiva a la fecha en la que se logre mayor quórum. Se hizo hincapié en contar mañana con más opiniones y compromisos de asistencia. Por otro lado, la diputada Nullado solicitó: "Presidente, yo quiero solicitar si ustedes también me apoyan un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, dada la situación de contaminación ambiental que ha generado la empresa Movitex Construcción S.P.A. en el sector de la comuna de Puyegüe, denominado Corral del Sur. Se ha denunciado que los ruidos se presentan las 24 horas del día, de acuerdo con los vecinos, ya que esta empresa, que prepara asfalto, opera una chancadora durante toda la noche, lo que modifica significativamente la vida de las 20 familias que habitan en las cercanías, con una construcción situada a tan solo 50 metros de la vivienda más próxima."

tiene y en ese radio donde están las 20 familias hoy día se está afectando. De igual manera, no se tiene control respecto al polvo que llega en la mayoría de los cultivos. Hay personas que tenían emprendimientos y que hoy día ya han tenido que dejar de desarrollarlos. Por lo tanto, ellos señalan: nosotros no estamos en contra de las inversiones, pero también queremos que todas estas instalaciones de empresas estén ajustadas a la normativa medioambiental. Por eso es importante el oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente, también a la Seremi de Medio Ambiente de la región de Los Lagos. De igual manera, los antecedentes que deben aportarse para el cambio de uso de suelo del SAC, así como los informes favorables de construcción que debe entregar la Dirección de Obras Municipales del municipio de Puyehue, permitirán que se lleven a cabo estos oficios, junto con la revisión y fiscalización que debe efectuar la autoridad sanitaria y la Seremi de Salud. Considero que todos aquellos antecedentes deben ponerse a disposición, pues se trata de familias pequeñas productoras que viven en ese lugar y que hoy día se sienten afectadas por la imposibilidad de desarrollar su productividad, dada la complicada situación que están viviendo y el tránsito de camiones que circulan a altas velocidades, lo que representa un riesgo para las personas. ¿El oficio suyo sería en el sentido de…? ¿Sí? ¿Habría acuerdo sobre varios? Conforme a la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante de responsabilidad penal el hecho de cometer el delito en zonas rurales (Boletín N° 12.096-07). Tenemos acá a nuestros expositores, a quienes a continuación daremos sus nombres y daremos la bienvenida, pero es necesario fijar un plazo para presentar indicaciones respecto de este tema, ya que se ha aprobado en general, debiéndose establecer dicho plazo para la presentación de indicaciones. ¿Tenemos más expositores aparte de…? Eso le va a hacer presente, presidente, porque hay varios expositores entre las propuestas de la diputada Navellán y la diputada Ollura. Hay algunos que todavía están pendientes, entonces quizás sería conveniente dejar ese plazo de indicaciones para después de que escuchemos a todos. Ahí lo tomamos en acuerdo. Sí, creo que hay una o dos semanas… Ok, ya. Muy bien. Tenemos la asistencia y damos la bienvenida al alcalde de Padre Dutado y Secretario General de AMUR, don Felipe Muñoz; a la alcaldesa de Colina y vicepresidenta de AMUR, señora Isabel Valenzuela Ahumada; y a la señora Mayra Carolina Serrano. Además, contamos con la presencia del gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Federico Errazuis, y del profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Ried. Don Ignacio, muchas gracias por su presencia acá. Me gustaría poder dejar a los municipios que pudieran exponer unos 25 minutos entre los dos, si es posible, para que también puedan entregar su alcance respecto de esta iniciativa, que claramente involucra principalmente a municipios de carácter rural. Adelante, señor alcalde, don Felipe Muñoz. Buenas tardes, Presidente. Muchas gracias por el saludo y por su intermedio. Saludo también a la diputada y a los diputados presentes en esta comisión. La verdad es que, para nosotros, como AMUR, que reúne a los 263 municipios rurales del país, es súper importante esta invitación. Se está discutiendo una norma, cierto, que modifica el Código Penal en materia de agravante y otros aspectos que tienen que ver con la ruralidad, es decir, con lo que acontece en las 263 comunas rurales. La exposición será más corta, de 25 minutos, así que, para que lo tengan en consideración, si bien consideramos que es una buena modificación –perdón, es un buen proyecto de ley– también tenemos algunas aprehensiones respecto a ciertos temas más técnicos, que probablemente se han trabajado en las comisiones y en los boletines.

Que se han ido presentando en razón de esta discusión y, para ello, nuestra vicepresidenta Isabel Valenzuela, alcaldesa de la Comuna de Colina, va a hacer una breve presentación de lo que consideramos respecto a cómo se ha discutido, desde la Asociación de Municipios Rurales, este texto, esta propuesta y, a su vez, una propuesta de un texto relativo a un tema particular. Adelante, alcaldesa. Muy buenas tardes, presidente. Saludo a todos a través de su intermedio. Nosotros, los 263 municipios rurales, somos municipios muy diversos y extensos, en los cuales existe un porcentaje de zona urbana que se encuentra alejada y, en algunos casos, más protegida por parte de la policía. Desde esa expectativa ciudadana se puede entender que la incorporación de las agravantes corresponde a la necesidad del reforzamiento normativo en materia de las necesidades sociales que el Estado debe cumplir hoy día en la protección penal de cada uno de los sectores expuestos y de los vecinos que dirigimos. La mayor indefensión que enfrentan las víctimas en las zonas rurales, por motivos geográficos y de conectividad, sumada a una respuesta más lenta por parte de las policías—debido a lo difícil que es acceder a estas zonas, como se evidenció en el caso del matrimonio de Granero—, constituye una condición objetivamente desventajosa cuya utilización por parte del agresor justifica una respuesta penal más intensa. En este sentido, puede ser recomendable que, en el texto final, la disposición no se refiera exclusivamente a la zona rural como categoría cerrada, sino que destaque el elemento estructural de indefensión de la víctima como eje interpretativo, explicando la ruralidad como una de sus posibles manifestaciones. Esto evitaría debates interpretativos sobre la indefensión en las zonas rurales y permitiría una aplicación más coherente y proporcionada en el fundamento material de la gravedad. En resumen, el proyecto representa un esfuerzo legítimo y fundamentado para reconocer y sancionar con mayor severidad aquellas conductas delictuales que se aprovechan del contexto de vulnerabilidad geográfica y social, constituyendo una extensión razonable del régimen agravatorio ya existente. Por ello, presidente, a través suyo, nosotros, como Asociación de Municipios Rurales, queremos entregar una propuesta que contemple la comisión del delito en condiciones que revelen el aprovechamiento deliberado de la mayor indefensión de las víctimas, derivada de la dificultad razonable para obtener auxilio oportuno, especialmente cuando ello ocurra en zonas rurales o apartadas. Las realidades comunales, y sobre todo la diferencia entre las comunas urbanas y rurales, evidencian tanto la extensión del territorio como el tipo de delito, puesto que hoy día vecinos y vecinas de las comunas rurales no disponen de un acceso inmediato a la protección. Las vulnerabilidades asociadas a la extensión territorial nos permiten no solamente incorporar este agravante en el artículo, sino también proteger a aquellos vecinos que han desarrollado actividades, ya sea a través de sus animales o de su trabajo en la agricultura, en regiones o comunas que se encuentran más alejadas de la zona urbana. Muchas gracias por su exposición. Agradecemos a don Felipe y a don Isabel. A continuación, don Federico Errazuriz, gerente de las políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Como Sociedad Nacional de Agricultura, estamos satisfechos de que se discuta este proyecto, ya que nos ayuda a visibilizar un problema que ocurre en los campos y que es bastante grave, tal como ya lo han manifestado los alcaldes con conocimiento de causa. El delito en las zonas rurales ha aumentado considerablemente; sin embargo, no existen cifras oficiales, pues ninguno de los estamentos encargados ha suministrado datos concretos. Nosotros hemos tenido numerosas reuniones y conversaciones con distintos actores, incluyendo ministros, lo que nos ha permitido constatar la gravedad de la situación.

De interior, con el de seguridad aún no, porque lleva muy poco, pero era la misma persona con la que hablamos, con la Fiscalía, con Carabineros, etc. Realizamos una encuesta sencilla, algo bastante modesto, pero para tener algún número; no voy a relatar toda la encuesta, se las quise dejar aquí. Un par de datos importantes: 40% de los encuestados dice haber sido víctima de robo en sus campos tres o más veces en los últimos 12 meses, y eso es algo que hacía cinco años no pasaba. Antes, el sector rural era sinónimo de tranquilidad, y lamentablemente está dejando de serlo. Se recogen otros datos sobre cuáles son las cosas más robadas: se roban muchos agroquímicos, muchos equipos electrónicos, transformadores, cables, etc. Sin embargo, este no es el punto central de esta reunión. Respecto a la propuesta, se busca introducir un agravante a ciertos delitos que se han ejecutado en las zonas rurales, aprovechándose de la mayor indefensión y de la ventaja que supone la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública. Nosotros hicimos un análisis –y aquí le pido disculpas al profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Ried, que probablemente es mucho más experto que nosotros en estos temas– y lo que observamos es que el proyecto tiene dos partes: un agravante por ser en zona rural y otro por aprovecharse de la mayor indefensión. Creemos que hay dos aspectos que hay que abordar. Primero, la definición de zonas rurales. No hay una definición única de zonas rurales; lo único que encontramos más cercano es la definición de área rural como territorio fuera del límite urbano, es decir, una definición por exclusión. Por ello, consideramos que, si se avanza en esta materia, se debería definir qué se entiende por ruralidad, y nos agrada la definición que incluye a todo el sector fuera del límite urbano. En segundo lugar, el elemento “aprovechándose” puede resultar medio subjetivo y, al llegar el caso en que se quiera invocar este agravante, se puede generar confusión sobre si efectivamente se aprovechó o no. Por ello, creemos que es mejor eliminar esa parte y acotarlo a los delitos cometidos en áreas rurales, lo que facilitaría el estándar probatorio y demás consideraciones procesales. Además, se observa que ya existe un numeral 12 que establece como agravante ejecutar el delito de noche o en despoblado, lo que se asemeja bastante a ponerlo en áreas fuera del límite urbano. Esta podría ser una forma de abordarlo en vez de generar un numeral nuevo, manteniéndose un efecto similar. Otra alternativa, un poco más severa, sería que en delitos específicos tipificados se establezca un agravante especial –no un agravante de carácter general– que indique, por ejemplo, que el delito de robo en lugar no habitado tiene un agravante si es ejecutado en áreas fuera del límite urbano, permitiendo, así, aumentar aún más los grados de la pena. En conclusión, nos parece positivo que se aborde este proyecto y otros proyectos de seguridad en el sector rural, y presentamos estas consideraciones respecto al texto del boletín que estamos comentando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Federico. A continuación, dejamos la palabra al profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Ried. Don Ignacio, adelante. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco la invitación de esta comisión. La invitación me fue cursada muy amablemente en mi calidad de docente, académico e investigador en materias de proceso penal, y me voy a referir a ello en lo que concierne al mérito de crear esta circunstancia agravante en el Código Penal. La verdad es que concuerdo con mis predecesores en que parece plenamente justificado. Efectivamente, uno observa que debe haber un mayor reproche penal para aquella persona que comete un delito aprovechándose...

Echándose justamente, como dice el proyecto, de una distancia con un centro urbano que facilite un auxilio policial a la víctima. Ahora, esto está pensado, ojo, para delitos que tienen una víctima capaz de pedir auxilio policial en el momento en que se está cometiendo el delito. Acá Federico Errazuri mencionaba, por ejemplo, delitos contra la propiedad; yo no sé si esto cabría acá, es un tema que habría que revisar. Y, efectivamente, un delincuente, un agresor que conoce que la víctima se va a ver en una circunstancia de indefensión —por ejemplo, porque no hay presencia de luminarias, porque los caminos son de difícil acceso o porque no hay otros testigos del delito—, sabe que los delitos se prueban mayormente por testigos. También existe el factor de un entorno boscoso, agrícola, etcétera, que facilita la huida. Todos estos son elementos que merecen un mayor reparativo. Pero, sobre todo, yo creo que estamos, los que estamos en la mesa, casi todos de acuerdo. Ahora, hay otros aspectos a los que me parece que debemos prestar mayor atención y sobre los cuales me quiero explayar, respecto a la decisión que tomaron ustedes, legisladores, para buscar esta vía de, entre comillas, disminuir la impunidad o castigar más severamente este tipo de conducta. Me voy a explayar muy brevemente, no se trata de una exposición larga, pero dejaré enunciados algunos temas. Lo primero es algo que me imagino que todos ustedes ya saben, porque ustedes fabrican las leyes: cuando crean un tipo penal o, en este caso, un agravante —y esto lo viene haciendo el legislador en Chile desde el año 1874, cuando entró en vigencia el Código Penal—, en rigor, no es que se le diga al juez que aplique una pena o que aplique el agravante, sino que el legislador le dice al juez que éste tiene un rango de pena que recorrer; no es lo mismo que ordenar aplicar una pena específica. Al crear agravantes o atenuantes, se flexibiliza ese rango, ya sea para incrementarlo o reducirlo, pues se introducen más elementos que ponderar, más piezas que mover para aplicar la pena. Otro aspecto que deben tener presente al crear un agravante es que éste no solo incide en la pena efectiva que sufrirá la persona declarada culpable de un delito de esta naturaleza, sino que también tiene otras consecuencias, que a lo mejor no son visibles a simple vista, por ejemplo, en lo que respecta a la naturaleza de la pena que se va a cumplir. En Chile saben que existe una norma extraordinaria, la Ley 18.216, relativa a cumplimientos sustitutivos de pena, que actúa en el ámbito del Código Penal y del Código Procesal Penal. Un agravante tiene algo que decir respecto de estos cumplimientos sustitutivos, así como en relación a las medidas cautelares personales que pueden decretarse en un proceso penal, ámbito en el que tengo especial interés. En cuanto al proceso penal, la creación de un nuevo agravante también puede incidir en la posibilidad que tienen la Fiscalía, los querellantes y, obviamente, las defensas de acogerse a algún tipo de salida alternativa, dado que, como ustedes saben, el 99% de las formas de término de causas en Chile no culmina en condenas penales. Como bien decía Federico Errazuri, el artículo 67 del Código Penal le da un mandato a los jueces para compensar racionalmente el valor de las atenuantes y agravantes, por lo que el juez tiene un ámbito discrecional para determinar las penas en Chile, y eso siempre ha sido así, lo cual considero apropiado. Por lo tanto, cuando un legislador crea un agravante, debe tener en consideración esta norma y los rangos de pena, sabiendo ex ante que el solo hecho de crearlo no necesariamente implicará que a un delincuente en particular se le aplique una pena más grave, por las razones que acabo de exponer. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso para agravar las penas o, por así decirlo, torcer la regla en el buen sentido? Se han buscado otras fórmulas distintas a la creación de agravante, una de ellas, por ejemplo, es la que...

Gladia: Yo busqué en el Código Penal así, ojeando, ¿no? Por ejemplo, el artículo 449‑TER del Código Penal, ¿ya? Para delitos contra la propiedad con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Esta es una norma que se reformó en el año 2020‑2021 a propósito de la pandemia del COVID, ¿ya? Para personas que… o estallidos sociales, no me acuerdo, pero para personas que cometían delitos aprovechándose de la turba, del saqueo, entonces… Aquí se le dio el mandato, el legislador legal, ustedes le dieron el mandato a los jueces de eliminar el rango mínimo de pena. Se suprime el límite inferior, cosa que el juez tenga para jugar un rango siempre más alto. Y otra solución, que en lo personal a mí no me gustó mucho, de hecho yo fui al Tribunal Constitucional y yo, como litigante, logré que la declararan inconstitucional, pero por otros problemas, fue la decisión que se tomó con la ley Emilia, que modificó la ley del tránsito, que recibe ese nombre, en que se le mandató, el Congreso, digamos, el legislador, a que los jueces apliquen, cualquiera que fuera la pena, al menos un año de presidio efectivo. Esas son otras fórmulas que a mí, en lo personal, si ustedes quieren castigar más severamente cualquier delito, yo creo que son más eficaces. Piensen ustedes que, digamos, en la literatura que he consultado hay algunos papers –no hay mucho escrito sobre esto, pero…– los papers que se han escrito arrojan que los jueces aplican de forma sistemática, no siempre, pero en la gran o enorme mayoría de los casos, aplican siempre el rango de pena inferior asignado al delito. Eso a lo mejor ustedes lo saben. Y otra cosa muy importante, aplican siempre y de forma automática las atenuantes de fácil apreciación. Esto es algo que lo decía, creo, un paper del profesor Bileman, que me tocó revisar hace poco. Cuando el juez ve que tiene que reprochar la conducta anterior, o sea, que el delincuente no tiene antecedentes penales, la aplica inmediatamente. Cuando el condenado colaboró, es decir, declaró en la indagatoria o declaró en el juicio oral, van a aplicar también la colaboración sustancial, y ahí tiene inmediatamente construidas dos atenuantes. Entonces, cuando uno crea agravante, ok, pero es como crear un crédito para un débito que ya tenía de antes; el impacto puede no ser tan alto. Y lo otro es, como les decía al comienzo, la ley 18.216 sobre pena sustitutiva. Por mucho que el Código Penal, ustedes lo abran y digan “será penado con presidio mayor en su grado máximo o presidio mayor en su grado medio”, esa palabra “presidio” está vacía de contenido, porque la ley 18.216 establece que para cualquier delito en Chile inferior a los 5 años se impondrá una pena sustitutiva –que es una pena en libertad, de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva–. Y bueno, eso respecto del primer asunto, ¿no es cierto? Ahora, durante el proceso penal, que existan agravantes, tiene algún impacto también –no solamente, yo les decía, respecto de la condena, porque les reitero: en Chile, las personas que terminan condenadas son el 0,1% de las causas que se investigan. El 99% de las causas que se investigan no termina ni en juicio ni en condena. Termina por salida alternativa, por suspensión condicional, por archivo provisional, por decisión de no perseverar o por absolución o sobreseimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que yo creo es el más grande que tiene el sistema de persecución penal, que es que las policías no están capacitadas y no dan abasto. ¿Ese 99% incluye los abreviados? Claro, no, ahí el abreviado sí. Bueno, los abreviados terminan al 99% con condena, digamos. No, no incluye el abreviado. ¿Se refiere a los que van a juicio oral? A los que van a juicio oral, claro. Ahora, durante el proceso penal, ustedes saben que muchas veces los jueces saben esto que yo les estoy diciendo. Saben que el delincuente no va a terminar con condena. ¿Por qué? Porque la PDI no hizo un buen levantamiento en el sitio del suceso, porque el policía no interrogó a tal persona, por la razón que sea, porque el fiscal no está motivado, etc. No hay personal, etc. Y muchas veces, esto es algo que, obviamente, no es lo más lindo decirlo, pero muchas veces el juez sabe –¿ya?– que en este país la gente siempre edulcora un poco las cosas, pero el juez sabe que a lo mejor la única, digamos, cosa que va a padecer el imputado será justamente una medida cautelar intensa, personal intensa, ¿ya? Llámese una prisión preventiva u otra, ¿ya? Y acá viene, bueno, todo el debate que ustedes conocen del revolving… revolving door o la puerta giratoria, ¿no es cierto?, de que el delincuente entra y sale porque no se le decreta ninguna medida cautelar intensa. Respecto a la prisión preventiva, hay autores como Duche o como Riego, ¿ya? Yo no sé si necesariamente comparto esta postura, pero ellos dicen que la prisión preventiva se justifica muchas veces. ––– La creación de estos tribunales de conducta. En segundo lugar, tal como señalaba, se modifica el artículo 52, número 2, de la Constitución Política de la República, incorporando al fiscal judicial en el listado de las autoridades que puedan ser acusadas constitucionalmente por la Cámara de Diputados. Lo anterior se considera en razón de las nuevas funciones que se le asignan en materia disciplinaria y el control de la propiedad respecto de jueces y magistrados del Poder Judicial, y entendiendo esa alta responsabilidad que van a tener los fiscales judiciales con el proceso o con la modificación de la Constitución, se ha considerado que también sean de los sujetos que puedan ser acusados, e incorporarlo en el listado expresamente para que no exista ninguna duda, del artículo 52, número 2, de la Constitución Política de la República. Finalmente, la tercera materia que regula la indicación que hemos presentado tiene que ver con el fin de no afectar el adecuado funcionamiento de los tribunales, como hacer coincidir la supresión de los abogados integrantes con la publicación de la Ley Orgánica Constitucional que regulará eventualmente la modalidad de jueces suplentes o ministros suplentes de las distintas Cortes. —Eso es, Presidente. Las materias que se indican por parte del Ejecutivo: nosotros hemos mantenido, por así decirlo, la estructura del proyecto. Entendemos que hay dudas respecto a otras materias, pero nos parece que esas son parte de las indicaciones que han presentado los diputados y diputadas y, por cierto, el Ejecutivo está con el sentido de que podamos concordar el mejor proyecto posible. Muchas gracias, señor. Ministro: Como bien lo señaló, hay un paquete de indicaciones que se desarrolló conforme al mérito del proyecto y corresponde, por tanto, comenzar la votación en particular de este proyecto de ley. Diputado: Y la vaca y presidente, en el comparado, que se nos entregó a la tele, presente, en la misma columna, por ejemplo, la número 7 del Ejecutivo; la página 3, la número 7 del Ejecutivo; en la ONCE el Ejecutivo, están todas en la tercera columna –diputados–; en la columna del medio, la diputada Soto, la indicación número 7 que está en la página número 3 es del Ejecutivo; la 10 es del Ejecutivo, que está en la página número 4; entonces, quedaría, me indica, que están todas incorporadas y, si hay alguna omisión, el señor Ministro nos podrá indicar, ¿le parece? Presidente: Por supuesto, diputados. Presidente: Mire, quiero consultarle, por su intermedio, de qué manera resolvió el Ministerio todo lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Corte Suprema. Usted sabe muy bien que, dentro de las causales o justificaciones de este proyecto de ley –que quiere modificar el sistema de nombramiento judicial– está la crisis que ha vivido la Corte Suprema, producto de los audios del caso Hermosilla y del develamiento de un conjunto de prácticas en su interior, que han producido la salida de dos ministros de la Corte Suprema, en el extranjero, del banco y Sergio Muñoz. ¿De qué manera se va a cautelar o se va a regular este tipo de controversia sobre la probabilidad de la disciplina al interior de la Corte Suprema, no con el Poder Judicial, porque recordemos que, a propósito de estos dos ministros, se abrieron cuadernos de remoción –creo que se llaman– en virtud de una norma que está en el artículo 80 de la Constitución, y hubo muchos cuestionamientos de los procedimientos que se llevaron a cabo, que no permitían debido proceso e incluso las pruebas que se habrían adjuntado no se conocían por las mismas partes? Entiendo que el ministro Sergio Muñoz, hasta el día de hoy, está buscando conocer los antecedentes que se han visto para su remoción y se le ha impedido conocer los cargos y los fundamentos de sus cargos. Eso, evidentemente, no presta al prestigio de nuestro sistema judicial, y yo no veo que existan razones poderosas para mantener procedimientos que no cautelan garantías constitucionales, por eso me gustaría saber cómo, en la indicación, se presentará nuestro gobierno.