Cámara de Diputados - Recursos Hídricos - 8 de abril de 2025

En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos: Un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual se informa sobre el equipamiento y la capacidad operativa de la unidad de sondaje de la Dirección de Obras Hidráulicas, y se comunica que dicha unidad cuenta con tres sondas perforadoras destinadas a operar entre las regiones de Coquimbo y El Maulia, junto con anexo con esa información. Otro oficio de la misma autoridad, por medio del cual se informa la cartera de embalses que actualmente impulsa la Dirección de Obras Hidráulicas. En cada caso se indica la región donde se localiza cada proyecto, el nombre de las obras, la capacidad de embalsamiento de los recursos hídricos y el estado actual de desarrollo de cada iniciativa, adjuntándose un anexo con esa información. Otro oficio, también de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual se informa sobre las medidas preventivas y reparatorias que se están implementando respecto del APR Punta Colorada en la región de Coquimbo, cuyas aguas se encontrarían con un incremento de la cantidad de agua que se puede tener en el país.

Todo el contenido arsénico y otras sustancias, y se adjunta con la información un oficio del Director General de Concesiones de Obras Públicas, por medio del cual se informa sobre las bases de licitación del proyecto de concesión de la planta desaladora para la región de Coquimbo, junto con el estudio de impacto ambiental del mismo, y en que se contemplan compromisos voluntarios específicos tendientes a dotar de agua potable al sector de Panul, una vez que la planta desaladora entre en operación. También se recibió un oficio de la Jefa Subrogante del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual se informa si el Ejecutivo le dará urgencia a la tramitación del proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en la Ley Nº 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento en el Catastro Público de Aguas, Boletín Nº 17.151-33. La autoridad informa que el plazo de prórroga para la inscripción y registro de los derechos de agua en el Catastro Público de Aguas ha sido ampliado de acuerdo a la Ley 21.727, publicada en febrero de este año. Asimismo, se envió un oficio del Gabinete de la Ministra de Defensa, por medio del cual se informa sobre la factibilidad de suministro de agua potable en barco. De igual forma, se recibió otro oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual se informa sobre la proliferación de algas que habrían aparecido en el agua potable de la comuna de Mulchén desde hace algunas semanas, e incluye en una minuta adjunta los antecedentes disponibles sobre ese tema. También se ha enviado un correo del Administrador y Repartidor General de Aguas de la Junta de Vigilancia del Río Grande, Limarí y sus afluentes, por medio del cual se solicita audiencia a esta comisión para exponer los proyectos de ley refundidos, Boletín Nº 17.324-33 y Boletín Nº 17.325-33, que actualmente tenemos en tabla. Por último, se recibió un correo del Presidente de la Junta de Vigilancia, del Estero Puang, de segunda sección, por medio del cual se solicita audiencia a esta comisión para también dar su opinión sobre los proyectos de ley que se encuentran en estudio. Eso es todo, presidente. Secretario de B.I.K. Bariba: Junta de Vigilancia, si quieren venir a participar, el diputado Moreno me había enviado una también durante la semana. ¿Les parece al resto de los parlamentarios poder organizar la participación de estos invitados durante las sesiones para que puedan exponer? Diputada Bello: Estoy un poco perdida con los invitados; no es que el diputado Moreno no traiga a sus invitados, solamente que nosotros habíamos entregado una lista que incluía al gobierno y algunas APR, pero vamos a escuchar primero a la Junta de Vigilancia y luego a los demás, para ordenar un poco la incorporación de los invitados. Como lo teníamos presupuestado, era que vinieran autoridades de gobierno al cierre de la participación: partíamos con las organizaciones y, al final, el representante del gobierno. Lo que sí, secretario, es que de todos los que se nombraron, parece que ninguno ha venido a exponer; me parece que los de Limarí podrían ser el cruce, ¿no es así? Tendría que ser el cruce de aquellos que no hayan expuesto hace poco. ¿Algún parlamentario sobre la cuenta? ¿Sobre varios? Diputada Bello (continúa): Muchas gracias, presidente. Luego de la semana distrital que tuvimos con anterioridad, recogí algunas problemáticas del territorio, de las comunas a las que represento. En particular, tengo dos situaciones en la comuna de La Cruz que afectan el derecho humano básico al agua de sus habitantes. En primer lugar, en APR Los Rojas existe, efectivamente, un problema respecto a la directiva, los usuarios y las personas que habitan en ese sector rural, ya que se informa que se toman decisiones sin comunicar debidamente a la comunidad, como por ejemplo en cuestiones importantes tales como el aumento de la tarifa, lo que afecta a todos los usuarios de la APR. Por ello, solicitamos que se pueda oficiar desde la comisión a Servicios Sanitarios Rurales para que efectúe una auditoría a la directiva actual, con el fin de sanear, en la medida de lo posible, las dudas existentes, sean estas legítimas o no. En el mismo sector, presidente, se ha detectado, al parecer, una posible estafa respecto de personas que compraron parcelas para poder vivir en el sector de Los Rojas y que, hoy día, se encuentran sin acceso a agua potable, ni siquiera con el suministro mínimo que dicta la ley.

Compraron estos terrenos y hoy día ni siquiera hay servicios básicos funcionando. Además, hay que decir que esta inmobiliaria administró en algún momento esta parcelación; sin embargo, la inmobiliaria se fue hace mucho rato y es cuando dejan de tener agua. Y hoy día están comprando con bidones. Es un sector alejado, no es como llegar e ir al supermercado a comprar bidones, lo que ya debe ser una situación bastante alarmante para la ciudadanía que vive ahí, sobre todo si hay niños pequeños, adultos mayores, etc. Acá lo que vemos es que la inmobiliaria abandona esta parcelación. Se contaban con dos pozos para utilizar, pero uno de esos pozos estaba dentro de una de las casas aledañas, y hoy día no se estaría pudiendo tener ni siquiera agua para lavarse los dientes. Y por último, también visité la comuna de Yayay esta semana distrital y nos cuentan los habitantes de un sector que se llama La Estancilla, en donde prontamente se va a poner un parque solar y también bodegas de batería de litio. Lo que temen las personas es que esto está a metros de los pozos de FAL, de la DOH y del río Concagua; por lo tanto, temen una posible afectación de todo el agua que alimenta la región de Valparaíso. Por ello, quisiera pedir si es que pudiésemos oficiar a la DOH para saber si hay resguardo de sus pozos, porque efectivamente son los que alimentan a nuestra región, si es que así gusta a la Comisión. Muchas gracias, Presidenta. Perfecto, diputada. Se han nombrado tres casos: el primero para la Superintendencia del Servicio Sanitario, si no me equivoco; el segundo, que sería interesante oficiar a la delegación –usted pertenece a la delegación del delegado regional de Valparaíso–; y el tercer oficio sería a la Dirección de Obras Hidráulicas. Hay que conceptualizar que, además, ahí hay una estación de energía, siendo la intersección con el AMPA, por así decirlo. Está bien afectado, considerando que son zonas saturadas; pero lo más importante es que ahí están los pozos de Val y de la de Bacha. Por ello, habría que preguntar a la de Bacha si existe algún resguardo respecto a este megaproyecto, ya que son muchas hectáreas de paneles fotovoltaicos y baterías de litio, y consultar si eso afecta el agua de consumo humano. Perfecto. Si le parece al resto de los parlamentarios, puede oficiar sobre eso. Se toma el acuerdo. Seguimos con la orden del día. Vamos a invertir la tabla. Vamos a partir. Hoy día se encuentra, seguimos con la discusión general de los siguientes proyectos de ley refundidos: el que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de los comités y cooperativas de agua potable rural, prestadores de servicios sanitarios rurales, en los directorios de las comunidades de agua, correspondiente al Boletín 17.324-33; y, en segundo lugar, el que modifica el Código de Aguas para equiparar el número de votos a que tienen derecho los integrantes de las organizaciones de los usuarios de agua, correspondiente al Boletín 17.325-33. Y hoy nos acompaña don Federico Berrazuriz, que es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y gerente de políticas públicas. Así que vamos a partir por usted. Y, en segundo lugar de la tabla, tenemos conocer las razones por las cuales no se han dispuesto los recursos necesarios para el recambio de filtros y otras mejoras de infraestructuras comprometidas para el Comité de Agua Potable Rural La Victoria, pese a que el financiamiento necesario estaba aprobado. ¿Están en camino? Por lo que tengo entendido, diputada, La Victoria está acá y La Palma estaría por llegar. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Así que partimos por don Federico Berrazuriz. Federico, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo vengo en representación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien me pidió que viniera a reemplazarlo en esta oportunidad. Voy a compartir; aquí ya me dieron el acceso.

Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a revisar estos boletines ya mencionados, y ambos tratan sobre introducir algunos cambios en los directorios o en la forma de elección de directorio de las organizaciones de agua. Parto aquí recordando lo que dice el Código de Agua: cuando se forma una organización de usuarios de agua, se establece que si dos o más personas tienen derecho de aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o fuente, se forma la comunidad, es decir, la organización, con el objeto de captar las aguas del canal matriz y repartirla entre los titulares de derecho. Es decir, al menos dos veces en el párrafo que habla de cuándo se forman las organizaciones se deja claro que corresponde a quienes tengan derechos de aprovechamiento de una misma fuente. ¿Para qué se forma, cuál es el objetivo de la organización? Bueno, es administrar y conservar las obras, ya sean de captación, de conducción o de distribución; velar por el cumplimiento de normas y acuerdos internos; entregar el agua que le corresponde a cada cual, en totalidad o a prorrata, si es que hay menos agua disponible; resolver conflictos entre los usuarios y dar cumplimiento legal a todo aquello que le sea mandatado. Esas son las funciones, las razones por las cuales se forman las organizaciones de usuarios de agua. ¿Cómo trabajan estas organizaciones? Definen ciertas reglas de operación, es decir, la forma en que van a repartir el agua; ejecutan labores de mantención de las obras; colaboran con la Dirección General de Agua (DGA) y todo esto lo financian a través de cuotas proporcionales a la cantidad de agua que tiene cada socio. ¿Qué cosas no hacen las organizaciones de usuarios de agua? Y esto es importante recordarlo: las organizaciones no asignan el agua. El agua es asignada a través de la DGA, mediante el otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Nadie puede tomar agua que no le pertenezca, ya que eso es un delito, tipificado en el Código Penal. Tampoco lucran las organizaciones de usuarios de agua, ya que son entidades sin fines de lucro, de la misma manera que los APR. Tampoco le pagan a sus directores, quienes trabajan ad honorem y deben destinar tiempo de sus propias tareas a atender este problema común, que es el reparto de las aguas. Asimismo, no son responsables de otras materias relacionadas con el agua: la ley es bastante clara en el mandato que se les confiere, y en general, las organizaciones no son propietarias de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué ocurre si una organización no reparte conforme a derecho? Probablemente, esa es una de las razones que subyacen a esta idea de cambiar la forma de elección de directorio. Si no cumplen, enfrentan consecuencias legales y administrativas. Los afectados, es decir, quienes puedan manifestar que no se les está entregando el agua que les corresponde, pueden presentar una denuncia ante la DGA, la cual tiene facultades para fiscalizar y ordenar que se restablezca el reparto conforme a derecho. La DGA puede entonces aplicar multas a la organización o a sus directivos si se comprueba que hubo una distribución irregular del recurso. Si la organización persiste en un reparto no adecuado, la DGA puede ordenar medidas correctivas e incluso la intervención, es decir, quitarle la potestad del reparto de las aguas a la organización, asumiendo directamente esa función con costo para la organización. Si ello persiste, también se puede acudir a los tribunales ordinarios de justicia para exigir el cumplimiento de los derechos de aprovechamiento de agua. En casos graves, si se demuestra dolo o perjuicio, los directores pueden enfrentar acciones legales por daños y perjuicios, debiendo responder con su patrimonio personal. Todo lo anterior es un pequeño análisis introductorio para explicar por qué considero que ambos proyectos no son muy adecuados. El primero propone entregar un cupo en el directorio para los APR. En resumen, no leeré toda la lámina, pero el proyecto reserva al menos un cupo de director para un dirigente APR ya existente dentro de la comunidad. A mí, por lo menos, no me queda claro qué se busca resolver.

Con esta propuesta. Porque actualmente cualquier representante legal de APR cuyas aguas sean de la misma fuente puede postular a director y puede ser elegido director. Si a un APR no le llega el agua, tiene las instancias que ya vimos para forzar a la organización a entregarle las aguas, igual que cualquier usuario: reclamar ante la DGA, reclamar ante los tribunales, hay toda una serie de cosas. Después, según su tamaño, las organizaciones pueden tener distinta cantidad de directores. Las organizaciones más pequeñas tienen tres directores máximo y las grandes llegan a tener once. Un cupo reservado para APR tiene efectos muy distintos en una organización de tres directores que en una de once directores; por lo tanto, también creo que no es muy adecuado. Y algo que se dice siempre y que estamos todos de acuerdo: el consumo humano es fundamental, es fundamental para la población, y por eso ha sido parte importante de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca que fueron incorporados en la última modificación del Código de Agua y que la DGA tiene que desarrollar. Yo creo que el mejor lugar para discutir acerca de los desafíos de infraestructura o desafíos de cualquier índole que tengan los APR de un sector, es el plan estratégico de recursos hídricos de la cuenca, más que una organización de usuarios de agua en particular, que puede incluso no compartir la fuente con ese APR. Respecto al otro proyecto, en resumen, lo que está diciendo este otro boletín es que se propone que los votos no sean en proporción a las acciones, sino que sea un voto por cada comunero. Yo pienso que esto va a llevar a una politización de la organización que hoy cumple un rol técnico. Hoy día, las organizaciones de usuarios de agua tienen como rol, ya vimos, repartir las aguas, mantener las obras y cumplir las disposiciones que imponga la DGA, y en esto se va a transformar en algo más político. Recordemos también que el rol de director de una organización no es remunerado y que es responsable solidario, es decir, responde con su patrimonio ante multas o incumplimientos que puedan ocurrir al interior de la organización, y que debe destinar varias horas de su tiempo a resolver estos problemas comunes. Actualmente, el peso de la votación está aparejado con una mayor responsabilidad de financiar el presupuesto del canal. Los canales arman un presupuesto anual y ese presupuesto, después, lo reparten en cuantas acciones haya: el que tenga más acciones tiene que pagar una mayor proporción y el que tenga menos, una menor. Desequilibrar esto creemos que puede ser perjudicial para las organizaciones de usuarios de agua, ya que se va a producir probablemente un desajuste. También se propone que el director más votado sea automáticamente elegido presidente, y yo creo que hay que considerar que ese presidente será el responsable legal y primer responsable del canal; no necesariamente se puede presentar a director sin tener la intención de ser presidente, y en caso de salir primero, sería presidente por el ministerio de la ley. Entonces, creo que también hay que revisarlo. El proyecto suprime la elección de presidente por el directorio, lo cual es coherente con el artículo anterior, y finalmente replica todo lo anterior en las comunidades de drenaje, las que hoy en día son prácticamente inexistentes —no sé cuántas habrá, pero no son muchas en ningún caso. Algunos conceptos me parecen interesantes para revisar respecto a este proyecto. El mensaje hablaba de que existe una dicotomía entre la administración de bienes nacionales de uso público y la privatización del agua. Yo digo que no existe esa dicotomía, porque los bienes nacionales de uso público dejan de serlo cuando son otorgados para su aprovechamiento a cualquier persona. Por ejemplo, un kiosco en la playa: a uno le da una concesión de una serie de metros cuadrados y ese espacio ya no puede ser ocupado por otra persona; lo mismo ocurre con una concesión minera. En el fondo, todas las concesiones funcionan de esa manera. El agua deja de ser un bien nacional de uso público cuando entra al canal, y ahí ya existen derechos de agua, derechos de aprovechamiento de agua específicos con titulares conocidos. Y esos titulares son los que se organizan en las organizaciones de usuarios de agua para asegurar que les llegue el agua. Esa es la función y ese es, en esencia, el camino de este sistema. Por otro lado, la administración del canal.

Es equivalente a la administración; podríamos pensarla como la administración de un edificio de departamentos, en que cada departamento tiene un voto para elegir un director y cada departamento paga una cuota de gasto común. En el canal, el equivalente al departamento sería la acción de agua, y cada uno paga una proporción del presupuesto de la organización. En un condominio, si una persona tiene cinco departamentos, deberá pagar cinco veces el gasto común y tendrá cinco votos para elegir a la directiva que se haga cargo de administrar el edificio. Es lo mismo en el canal: si alguien tiene cinco acciones, deberá pagar cinco cuotas y tendrá cinco votos. Esto no me parece ni arbitrario ni abusivo, sino que es un sistema de organización bastante razonable. Por otro lado, la modalidad de un voto por comunero existió desde 1855 hasta 1908, por 53 años. Era esta la forma en que funcionaban las organizaciones y, dado el mal funcionamiento, se cambió al sistema actual en 1908, hace más de 100 años. Llevamos 117 años con este sistema, que se estimó mejor que el anterior y por eso ha perdurado más tiempo. Todo esto que hemos conversado es más bien teórico, es conceptual, y ahora quería hacer un par de comentarios acerca de cosas reales que vemos en las organizaciones. Si bien no hay cifras oficiales, la mayoría de los canales debe tener entre un 30 y un 40 % de derechos de aprovechamiento de agua en manos de pequeños agricultores. Sin embargo, ellos no suelen postularse a directores y prefieren no tener esa carga. Con ese caudal de votos, perfectamente podría decirse: «Oye, yo quiero ser director, hacer campaña y ser elegido», pero no es lo habitual. Las juntas ordinarias, que se celebran anualmente, habitualmente no logran ni siquiera la asistencia mínima del 50 % de los comuneros en la primera citación; hay que esperar la segunda citación para sesionar de manera extraordinaria con los comuneros presentes. Es decir, tampoco hay tantas ansias de participar en general, aunque en algunas organizaciones puede darse lo contrario. Habitualmente, los directores duran varios años en sus cargos, generalmente por falta de candidatos interesados en reemplazarlos. Todo eso, yo creo, es importante que lo veamos a la hora de legislar al respecto. ¿Quiénes son los que suelen ser directores de los canales? Habitualmente, hay dos tipos. El primero es el de aquellos que están en la cola del canal, los últimos, porque necesitan que el canal funcione bien para que les llegue el agua; su motivación es que el canal esté revestido o que reparta bien, ya que de lo contrario, personalmente, no les llega el agua. El segundo tipo está conformado por personas que pueden destinar tiempo, es decir, que ya tienen una producción agrícola generalmente resuelta, que están más tranquilos en su campo y pueden dedicarle tiempo al problema común del agua. En general, la mayoría de los socios de la organización son reacios a involucrarse. Los directores del canal, y especialmente el presidente, deben destinar muchas horas de su tiempo a velar por el funcionamiento del canal: reuniones mensuales —o a veces más seguidas—, participar en seminarios o discusiones, e incluso venir al Congreso a discutir ciertos temas. Deben recibir las quejas, impulsar proyectos, perseguir los pagos y asumir otras tareas que pueden ser ingratas. Lo que quiero decir es que no es un cargo que se convoque con entusiasmo; por lo menos, en mi experiencia conozco a varios que dicen: «Sigo de presidente porque nadie quiere asumir este desafío». Cuando la organización funciona bien es frecuente que la participación sea muy baja, pero cuando empieza a funcionar mal, aumenta el interés y se producen cambios de directores. Hay casos, sin nombrar ninguno en particular, en que la disconformidad lleva a organizarse y a cambiar al presidente de la Junta de Vigilancia o al presidente del canal, tal como debe ocurrir en los APR. Se ha mencionado aquí un caso en que, al notar la disconformidad, la gente empieza a moverse, y el sistema tiene la flexibilidad para que eso ocurra. A mi juicio, se está intentando cargar todo el peso de la discusión de aguas en la organización de usuarios de agua, ignorando su razón de ser, que es el reparto de las aguas en forma de derecho. La organización no tiene atribuciones sobre otros problemas que ocurren en la cuenca, como el restablecimiento de ecosistemas; existen otros desafíos en la cuenca, pero que no son parte de la razón de ser de la organización.

Podríamos cargárselo ahora. Y otra cosa que es importante es que muchos canales están experimentando una altísima subdivisión de derechos producto de la parcelación. La parcelación, digamos, excesiva de predios agrícolas, está haciendo que aparezcan parcelas que a veces tienen un 0,1% de acción de agua. Con este sistema, ellos van a terminar votando y tendrán un peso igual al de un agricultor que tenga 5 hectáreas o que tenga 20 hectáreas. Creemos que eso también puede ser complicado a la hora de elegir directorios de los canales. En definitiva, yo no veo claramente cómo este proyecto va a permitir mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua, que es lo que, a la luz de las crisis hídricas que hemos vivido, a mi juicio es lo más importante: que la organización funcione de la mejor manera posible, que entregue las aguas en óptimas condiciones y que mantenga la obra en el mejor estado. Por otro lado, si existen organizaciones que no respetan el reparto en forma de derecho, estas deben ser denunciadas ante la DGA, la cual tiene que ejercer sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias. No queremos que existan organizaciones que funcionen mal, y para ello hay toda una estructura que permite fiscalizarlas y sancionarlas. Por último, existen muchas buenas prácticas en las organizaciones en relación con los APR y con los pequeños usuarios, que podríamos conocer más adelante, preguntándoles a ellos mismos. Yo no represento a ninguna organización, pero creo que hay mucho que se podría hacer; sin embargo, no sabemos si en la elección de directores está lo más relevante. Esa sería mi presentación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Federico. Me gustaría, si nos pudiera compartir la presentación, no sé si la tiene. Abrimos, no sé, si hay consultas o dudas del resto de los parlamentarios. Diputado, don Alexi Sepúlveda: Gracias, presidente. Lo mismo que pregunté en su momento a quienes expusieron en Canal Maule acá. Hago la misma reflexión —no la inicial, sino la de fondo—: que en general hoy en día hay una gran cantidad de propietarios de acciones muy pequeños que no se ponen de acuerdo y que no actúan, aunque podrían hacerlo y tener representantes en el directorio. Entonces, si me coloco en una lógica de implementación, creo que no es que vaya a cambiar la gestión de las organizaciones actuales, ni nada por el estilo; eso yo no creo que sea lo que pretende el proyecto. Pero, llevándolo al ejercicio práctico de que esto se implemente, la presunción de los expositores parece ser que poco va a cambiar, y en mi opinión es lo mismo. Entonces, pregunto: ¿cuál podría ser el problema de que cada propietario de una acción tenga el mismo voto de manera igualitaria? Porque, al final del día, más allá de que todos—sin importar la cantidad de acciones que tengan—ejercen un voto, lo que sucederá es lo que ocurre actualmente: quienes tienen mayor interés y, obviamente, controlan temas de mayor envergadura (por ejemplo, una gran cantidad de hectáreas, aspectos clave en la administración) estarán más interesados, mientras que los pequeños no lo estarán; y eso no cambiará aunque todos tengan la misma condición de voto. Aproximo la misma intuición, pero formulo la reflexión: ¿cuál sería el problema? Yo no le veo mayor inconveniente, pues, al final, si un grupo pequeño de accionistas que controle mayoritariamente los derechos de agua se pusiera de acuerdo a contrapelo del resto, ¿cómo lo controlaríamos? Por ejemplo, si 10 accionistas (o 10 agricultores) logran acumular entre ellos más del 50% de la acción y se ponen de acuerdo en lo que se hace y no se hace en el canal, mientras que los cientos que quedan atrás no tienen voz, ese supuesto podría suceder. Yo sé que eso no ocurre, sé que se administran bien y, en general, tengo una buena opinión; pero cuando hay agua todo funciona bien, y cuando escasea, la verdad es que a todos se les olvidan los estándares civilizatorios y, de repente, se escuchan escopetazos y otras situaciones.

Por el estilo, ¿no? Yo lo viví en la cuenca del Mataquito, donde algunos colocaban verdaderas represas en el río, desviando el agua, los derechos que, por cierto, tenían, pero dejando prácticamente con cero agua el resto que estaba hacia abajo. Yo me reunía con ellos y les preguntaba: ¿ustedes tienen derechos de agua? Sí. ¿Y de qué les sirve? Entonces, claro, todo esto funciona cuando tenemos recursos hídricos razonables, pero cuando no los tenemos, la verdad es que el tema se vuelve un poco más salvaje, más dramático. De nuevo, hago la misma reflexión: ¿cuál podría ser el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Que todos los pequeños se articulen, se organicen como nunca lo han hecho. Yo no veo mayor inconveniente, porque creo que eso no va a suceder; van a ser finalmente quienes tengan algún mayor interés en asumir la carga dirigencial, que, por cierto, siempre es compleja. Quienes tienen, obviamente, un mayor nivel de educación y preparación son los que suelen liderar estos temas, pero hay una gran cantidad de pequeños agricultores que, aun teniendo la igualdad del voto, en las acciones no participarán. Yo creo que no va a cambiar mucho, pero por lo menos establecimos un estándar de participación democrático, razonable e igualitario, que para mí es un valor fundamental, sobre todo con un recurso que sigue siendo público y no privado. Todavía lo mencioné la otra vez: no entiendo cómo uno puede hacer esa ficción de que el agua que viene bajando de la cordillera me traspasa la idea de propiedad. Yo entiendo, valoro y respeto la propiedad privada, pero la porción del agua aún no la logro. Entiendo que deben existir garantías, seguridades para poder invertir y tener el recurso hídrico, administrándolo de buena manera. Sin embargo, no comprendo cómo, siendo dueño de derechos de agua en la parte baja, puedo instalarme a 20 kilómetros arriba y decir: “Pasa el río, mira, aquí va parte de mi propiedad”. Es una cuestión muy loca lo que sucede. Pero bien, esas son nuestras normas, esa es nuestra Constitución. También cabe decir que, más allá de la buena administración que tienen las organizaciones hoy en día, muchas veces tienen que recurrir al Estado para reparar sus canales o realizar grandes inversiones; ahí no todo está en manos privadas. Yo les pregunto, por su intermedio: ¿cuántas represas, cuántos embalses han construido los privados en Chile? Todo eso ha sido inversión del Estado, que después se entrega a los regantes y que, por cierto, ellos administran adecuadamente. ¡Uh, qué dura esa respuesta! Y claro, se dice que el agua es propiedad de privados. Para terminar, en la región del Maule, los daños que tuvimos con las inundaciones del 2023 pasado fueron bastante dramáticos, y la recuperación de los canales privados se hizo, prácticamente, con inversión pública. Estuvimos hace poco, unas dos semanas atrás, en la comuna de Teno, entregando una obra maravillosa a los regantes, construida con recursos públicos. La mayoría de las obras de riego —aunque no todas— se realizan a través de la Comisión Nacional de Riego y de las postulaciones que realizan los privados. Entonces, qué interesante es poder administrar un tema que tiene un alto valor, pero por sobre él el Estado ha dado las condiciones para que funcione. Yo creo que lo que sí tenemos que garantizar, y esa es la discusión de fondo, es que cuidemos el recurso hídrico, lo fomentemos, lo desarrollemos; que realicemos las inversiones públicas, en la mayoría de los casos necesarias, y que aseguremos a quienes obviamente tengan intención, una relación entre derecho y tierra —que eso es fundamental— y una relación, también, entre la cantidad de tierra y los derechos que uno tiene para poder invertir y desarrollar la actividad agrícola. Eso es indudable; si se garantiza de otra forma, habrá modelos distintos, como en otros países. En Chile tenemos este modelo, pero está bien. Lo que quiero decir es que no se moverá mucho la aguja del proyecto. No es que de repente vaya a surgir una organización de pequeños propietarios para meterse en la administración, sino que seguirá operando de la misma manera, pero con un sentido de igualdad y de democracia en un tema que, insisto, no es 100% privado de desarrollo. Gracias, presidente. Don Federico, antes de darle la palabra, juntemos todas las consultas, preguntas y luego le damos la palabra. Senador Venega, la diputada Bello tiene la palabra.