Cámara de Diputados - CEI 63, 64 Listas de espera - 8 de abril de 2025

Se abre esta sesión número 18 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día, martes 8 de abril, de 8.30 a 9.50, antes de pasar a la orden del día. Le pido a la Secretaría de Hacer Lectura de la Cuenta. No hay documentos para la cuenta, Presidente, en esta ocasión. La diputada me acaba de remitir a la antigua una lista de solicitudes de invitaciones para la sesión de este jueves, en Osorno, que le paso a la Secretaría. Igual se comprometió a enviarlo electrónicamente al Secretario. Ofrezco la palabra. Por favor, con micrófono. Buenos días, Presidente. Quería, para tranquilidad del resto, no estoy enfermo de las vías respiratorias, estoy con un problema de...

Presidente, quería preguntarle, ¿cuándo será la sesión que solicité y se aprobó en el sótano del río? Eso es todo. Mire, estamos agendando y probablemente sería el 24 de abril. Tenemos plazo máximo hasta el 5 de mayo para hacer todo, pues extendimos y prorrogamos este jueves de Osorno; solicitamos la prórroga en comité, entonces el 24. La gracia no es extendernos en estos puntos más administrativos, que podemos conversar con el chat, porque esta sesión es muy relevante, ya que tenemos invitada a la doctora María Gabriela Hoffmann Rojas, jefa del Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, quien tiene el objetivo de dar continuidad, evaluar y coordinar los periodos asistenciales obligatorios, entre otros aspectos. Así que, creo que nos puede entregar información muy valiosa para el objeto de la comisión. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Es un gusto saludarlo por intermedio suyo a todas las diputadas y diputados. Agradezco en realidad este espacio para poder contarles cómo hoy día está configurado el plan de formación de especialistas. Un poco de contexto: en el marco de la gestión de personas para la salud, creemos que es importante señalar que, en el sector público, en los servicios de salud —más específicamente, considerando los servicios, establecimientos experimentales y la atención primaria dependiente— contamos con un total de 29.402 médicos cirujanos, de los cuales un 45% son mujeres y un 55% son hombres. En cuanto a especialistas y médicos generales, tenemos 17.331 médicos especialistas y 12.071 médicos generales. Respecto de los odontólogos, disponemos de un total de 3.169 profesionales, de los cuales 2.171 son especialistas y 997 son odontólogos generales. La distribución de horas semanales es de 1.105.000 horas de atención para médicos y 115.053 para odontólogos. ¿Por qué nos parece esto importante? Porque una de las principales tareas del plan de formación es contribuir a la distribución de médicos y odontólogos en el país. Al revisar los datos de distribución regional de médicos generales y especialistas, se evidencia una concentración muy marcada en la Región Metropolitana, el Bío Bío y Valparaíso, situación que se refleja incluso en los datos de la Superintendencia. El Ministerio ha venido haciendo un gran esfuerzo para aumentar la disponibilidad de médicos y odontólogos, tanto generales como especialistas, en los servicios de salud. Si miramos desde el año 2021 al 2024, se ha registrado un incremento del 25% en médicos generales en nuestras dotaciones; un 12% en profesionales especialistas; y, en el caso de los odontólogos, un aumento del 14% en la dotación de especialistas en el sector. Este dato es muy relevante. En general, cuando se analiza la densidad de médicos por 10.000 beneficiarios de FONASA, tema que evidentemente nos interesa, esta concentración que se veía en la lámina anterior tiende a, de alguna manera, tener…

Tenemos un comportamiento un poco más homogéneo. Tenemos evidentemente la región de Aysén, que muestra un porcentaje mayor porque cuenta con menor cantidad de población y, en consecuencia, una mayor cantidad de especialistas debido a la distribución territorial. Sin embargo, respecto al resto de las regiones del país, el comportamiento es más o menos parejo y similar considerando la población beneficiaria frente al total de especialistas. Este contexto es sumamente importante, como mencionaba al principio, para poder explicar el plan de formación. Hoy día, nuestro plan está constituido por tres componentes: En primer lugar, un componente de destinación que nos permite aportar profesionales generales, médicos y odontólogos prioritariamente a la atención primaria de salud, tanto municipal como dependiente de los servicios. Se destaca que un 38% de los médicos generales que hoy día laboran en la atención primaria corresponden a profesionales vinculados al plan de formación. En segundo lugar, la etapa de formación propiamente dicha, que engloba todo el periodo de especialización de los profesionales, tanto en especialidades primarias como en subespecialidades. Un dato muy relevante es que los ingresos a la especialización se han incrementado en un 21% desde el año 2021, lo cual evidencia el esfuerzo de una política de Estado. Cabe mencionar que, si se considera la etapa de destinación, este año los profesionales generales cumplen 70 años de implementación de la política pública de distribución de médicos generales para la red, mientras que el plan de formación de especialistas de manera formal se instituyó en el año 2010. Esto demuestra el esfuerzo del Estado por generar una mejor distribución y disponer de una mayor cantidad de profesionales especializados a lo largo del territorio. El tercer componente es el periodo asistencial obligatorio, una estrategia que busca principalmente propiciar o fortalecer la distribución, llegando a representar en zonas extremas del país hasta un 35% de los especialistas disponibles en los servicios de salud. En lo que respecta a la etapa de destinación, como se ha mencionado, ese 38% de profesionales que aporta el plan a la atención primaria se compone de médicos y odontólogos generales. Particularmente, en la Región Metropolitana, la distribución de médicos representa solo un 19%. Existen profesionales generales focalizados en las zonas más desatendidas de esta región, donde la provisión de médicos es especialmente difícil. Por otro lado, las regiones distintas a la Metropolitana, que cuentan con zonas rurales de difícil acceso, dependen en gran medida del plan para la provisión de médicos generales. En algunos casos, estas zonas cuentan incluso con profesionales únicos, como sucede por ejemplo en Aysén. Así, al revisar la contribución del plan a la distribución de médicos generales, se observan cifras destacadas en regiones como Ñuble (48%), Tarapacá (45%) y Arica (42%). Finalmente, respecto de la etapa de formación, se constata el incremento del 21% en los ingresos a la especialización médica entre 2021 y 2024. En el año 2024 se alcanzaron 1.434 cupos de especialización, lo que significa que actualmente 1.434 profesionales se están especializando, tanto en especialidades primarias como en subespecialidades. Es importante precisar que estos números corresponden únicamente a la formación médica, ya que la formación odontológica se considera adicional. Este es el número más alto desde el inicio del plan en 2010, reflejando un fuerte compromiso del Estado, y en particular del Ministerio de Salud, por contar en la red pública con un mayor número de profesionales especializados. Estos datos son sumamente importantes, sobre todo si se considera que el sector público de salud atiende hoy día al 80-90% de la población, a pesar de contar, aproximadamente, con solo el 50% de los especialistas. En ese sentido, el plan de formación representa una gran contribución. Hoy día gestionamos un total de 11.514 profesionales, con datos todos con corte hasta septiembre del año 2024; el próximo corte se encuentra en proceso. En destinación, se contabilizan un total de 2.700 profesionales médicos distribuidos en el país, y el 38% de ellos corresponde a los aportados en atención primaria.

700 profesionales generales y, en el caso de la formación, tenemos 4.403 profesionales, considerando tanto a médicos, dentistas, químicos y bioquímicos (que desde hace un par de años también formamos químicos y bioquímicos). En periodo asistencial obligatorio, número muy relevante cuando se considera la tarea de distribución, se cuentan con 4.155 profesionales, de los cuales la mayor concentración, por cuestión de necesidad, se encuentra en los profesionales médicos, que ascienden a 4.122. Hay un contexto importante que nosotros, desde el plan, siempre tenemos que tener a la vista: si somos efectivamente atractivos o no para los egresados de medicina que, luego de formarse, optan por ingresar al sector público. Cuando miramos el total de matrícula de primer año, los egresos de las carreras entre el periodo 2016 al 2023 y cómo se han comportado nuestros postulantes para el proceso de selección de recién egresados, nos damos cuenta de que somos una estrategia bien atractiva, ya que alrededor del 70-75% de los egresados de medicina optan por alguna de las alternativas de destinación, es decir, de desempeño general o de formación que ponemos a su disposición. Este año, en particular, acabamos de terminar uno de los procesos más grandes, el del recién egresado, con 2.049 postulantes. Esto es un dato importante, que se podrá apreciar en la lámina correspondiente. En términos administrativos, contamos con una tasa de admisibilidad muy alta: de los 2.049 postulantes, 2.031 son admisibles, por lo que, formalmente, todos cumplen con los requisitos solicitados. Si se observa dentro de las líneas de tendencia de este proceso de selección, la oferta universitaria—es decir, las universidades ponen a disposición sus cupos de especialización—fue de 769 cupos de especialista, la oferta más alta que hemos tenido en largo tiempo, y logramos proveer 582 de esos cupos. Esto también responde a aspectos personales, relacionados con los intereses y motivaciones de los involucrados. Asimismo, el delta de cupos de especialización disponible se encuentra hoy en proceso de selección local, lo que implica que hemos distribuido la oferta remanente a los distintos servicios de salud del país, para que éstos puedan desarrollar procesos de selección en los que participen los médicos y médicas que trabajan en sus dotaciones, accediendo a este cupo de especialización y, posteriormente, cumpliendo su periodo asistencial obligatorio a nivel local. Es importante destacar que, como se mencionó, en este proceso de selección tuvimos un aumento del 15% respecto de la oferta del año pasado, lo que evidencia los grandes esfuerzos realizados en coordinación con la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. Por ello, en este proceso, todas las universidades—públicas y privadas—colaboran activamente en la formación de especialistas para el país. Existen universidades que tienen mayor capacidad formadora que otras, pero también hay aquellas que ponen al plan el 100% de su capacidad, como la Universidad de Valparaíso, la Universidad Diego Portales, entre otras. La Universidad O'Higgins, una institución regional, ha abierto recientemente capacidad formadora, y toda su oferta también está a disposición del plan. Además, hay universidades con un fuerte compromiso con el sur del país, como la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad de San Sebastián en la zona más extrema, y estamos trabajando con la Universidad de Magallanes para desarrollar programas de especialización en dicha casa de estudios. Un aumento importante de los cupos de especialización se ha concentrado en las líneas prioritarias del plan, relacionadas con la psiquiatría—tanto para adultos como para la modalidad infantil, que representa una de las principales necesidades del sector—, en la línea de neuroradiología intervencional y diagnóstica, y en todas las especialidades del plan de cáncer. Además de esto, este año en particular tuvimos una modificación legal que nos permitió ofrecer…

Becas de cuatro años de duración en este proceso de recién egresados, y esto es importante porque nos permite generar una distribución más temprana de especialistas en algunas zonas que tienen mayor necesidad asistencial, como por ejemplo en este caso está Oncología Médica. Oncología Médica era una especialidad que, hasta antes de esta modificación, nos tomaba los tres años de la especialidad primaria más los dos años de la derivada, o sea, un total de cinco años en solo formar al profesional. Hoy día reducimos un año de tiempo en el fondo, y este profesional vuelve a desempeñar su periodo asistencial obligatorio durante ocho años, porque su formación dura cuatro, asignándose a la región que corresponda. Evidentemente, los cupos de especialización que estuvieron disponibles en este proceso se distribuyeron en la zona norte del país, porque es allí donde hoy día tenemos mayor necesidad de horas de oncología, debido al desarrollo de los proyectos oncológicos. Respecto al periodo asistencial obligatorio, hoy día tenemos 4.122 profesionales cumpliendo dicho periodo, lo que representa un 23% de los médicos contratados en el sistema público. Esto es un dato sumamente relevante cuando se analiza la contribución del plan a la disponibilidad de horas médicas. Además, según nuestras mediciones de los últimos tres años, el 81% de los profesionales, una vez que termina su periodo asistencial obligatorio, continúa trabajando en el sector público. El desafío está en cómo incentivar para que ojalá continúen con las 44 horas contratadas, ya que habitualmente se presenta una variación en la jornada contratada. Este 23% de los especialistas se distribuye de la siguiente forma: en la Región Metropolitana y, destacablemente, en regiones distintas a la metropolitana —como Arica, Aysén, Tarapacá y Maule— se alcanza aproximadamente un 31%, llegando al 35% en el caso de Aysén; mientras que en la Región Metropolitana la concentración disminuye a un 19%. Cuando se aborda el tema del periodo asistencial obligatorio, se destacan dos elementos importantes. El primero es el traslado del periodo asistencial obligatorio. Por ley, los profesionales pueden solicitar trasladar su periodo asistencial desde el servicio que tenían, tal como se estableció en el fondo; es importante destacar que, en todos nuestros procesos, el profesional elige voluntariamente el servicio de salud en el que va a desempeñar ese periodo, lo que implica un compromiso con ese cupo, la región y la población correspondiente. Sin embargo, por distintos motivos establecidos en la ley, entre ellos razones familiares y de salud del profesional o de su familia, los profesionales pueden solicitar el traslado del periodo asistencial obligatorio a otro servicio de salud, siempre y cuando exista acuerdo entre los directores de servicio. Entre los años 23 y 24, a nivel de la Subsecretaría, se gestionaron 35 casos de traslado o solicitud de traslado del periodo asistencial obligatorio. De estos, 16 solicitudes fueron dirigidas hacia o entre la Región Metropolitana (señalando que, en cuatro casos, el profesional solicitó el cambio de un servicio metropolitano a otro, dejando 12 solicitudes dirigidas a la Región Metropolitana). En términos de Estado, 21 de estas solicitudes fueron rechazadas, 6 fueron autorizadas por la Subsecretaría y, en 5 casos, se autorizó bajo la modalidad de permuta, es decir, los servicios de salud acordaron un cambio de profesionales especialistas según su cartera y necesidad, para no afectar el número de especialistas en cada uno. Dentro de estos 35 casos, existen algunas situaciones especiales. Se destaca, por ejemplo, el caso de un profesional que fue inhabilitado después de todo el proceso, pues en el fondo no había disposición al desempleo y tampoco se alcanzó un acuerdo respecto al servicio en el que desempeñarse, y dos casos que se encuentran actualmente en trámite. El otro componente del periodo asistencial obligatorio, que es central y entendemos muy sensible, es el incumplimiento.

El incumplimiento hoy día es de menos de un 1% si uno considera que tenemos 4.122 profesionales cumpliendo el periodo asistencial obligatorio y que solo 41 de ellos, entre los años 2022 y 2024, efectivamente están en esta categoría de incumplimiento. Hay una distribución entre los distintos servicios, y existe un número importante de incumplimientos del periodo asistencial obligatorio, tal como se informa en la Región Metropolitana. Hoy día tenemos 20 casos en proceso, lo que quiere decir que están en trámite, en judicializaciones. Hay uno que ya está concluido, saldado; un profesional incluso ya pagó este proceso terminado, y 19 casos que los servicios de salud tienen que iniciar. Para poder hacer un control más exhaustivo, estamos realizando un seguimiento semestral desde la Subsecretaría a los servicios de salud para conocer el estado de avance de cada una de estas judicializaciones y, de ese modo, llevar un control respecto de los cobros y de las causiones de los profesionales. El plan tiene un componente muy importante; como comentaba al principio, lo que buscamos es distribuir a los especialistas dentro del país, por lo que se deben considerar elementos que permitan realizar esta distribución de manera pertinente y que responda efectivamente a las necesidades actuales de los servicios de salud. Hacemos, entonces, un primer proceso de detección y levantamiento de necesidad con los servicios de salud, realizado todos los años. El Departamento trabaja con los 29 servicios en la detección más ajustada, y esta información se cruza con los informes de brecha de recursos humanos, con los informes de los proyectos inversionales, y con la información de polos de desarrollo y redes complejas, dado que estos últimos datos habitualmente son de más larga data. Las planificaciones están pensadas a tres a cinco años, por lo que contamos con la sensibilidad anual de lo que el servicio informa, complementada con todas las proyecciones estandarizadas para lograr una mejor distribución, es decir, un instrumento más pertinente. Evidentemente, en esta distribución se presta un foco especial al plan de cáncer y a la estrategia de salud mental, que han sido muy priorizados desde el año 2022 en adelante, contando incluso en el año 2024 con un refuerzo del presupuesto para estas dos líneas, aspecto que se refleja con la aprobación del presupuesto para la formación en dichas áreas. Para detectar la brecha de especialistas cada año, se proyecta la necesidad a través de un instrumento de recolección de información, que posee cuatro elementos centrales. Primero, la identificación de las horas disponibles en el servicio de salud en la actualidad por especialidad. Segundo, el total de egresos proyectados, que representa el total de horas que el servicio de salud, para cada especialidad en cartera, tiene considerado en incentivos al retiro y en jubilaciones. Tercero, se consideran los ingresos proyectados, es decir, todas las horas que el servicio de salud recibirá en los próximos tres años, tomando en cuenta los periodos asistenciales obligatorios que están proyectados. Y cuarto, otras variables de interés, entre las que se incluyen las listas de espera de cada especialidad, los proyectos inversionales –como se había mencionado–, la temporalidad, el equipamiento y la infraestructura, elementos que también se deben considerar para que el profesional pueda disponer de un espacio adecuado para su desarrollo en el sector público de salud. Por lo tanto, no se puede asignar a un profesional a un servicio donde no existe cartera para esa especialidad. Por último, comentarles que existe un desafío importante, parte del protocolo de acuerdo suscrito en el marco de la ley de presupuestos de este año, que establecía dentro de las medidas en el fondo el compromiso de desarrollar una propuesta de actualización del plan de formación. Esta actualización busca atender tanto las particularidades propias del funcionamiento del plan como las necesidades asistenciales de la red de manera más pertinente y actualizada. El trabajo se desarrolló en base a seis objetivos y contó con la participación de la comunidad, de distintos colegios profesionales que integran el plan, de diversas universidades y de otras sociedades.

como Asofamecha o la Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología o de la Enfermería. Y por lo tanto llegamos a un consenso respecto de seis objetivos generales. Uno es aumentar la capacidad formadora en las especialidades que son de mayor necesidad dentro de la red. Esto es un elemento importante, considerando que hoy día tenemos oferta que queda disponible en algunas especialidades, o sea, la capacidad formadora universitaria en especialidades, por ejemplo, como medicina de urgencia o medicina familiar, es suficiente para cubrir las necesidades del sector. Sin embargo, hay otras especialidades que tienen una menor capacidad formadora y que son de gran necesidad para la red, como, por ejemplo, psiquiatría para adultos, psiquiatría infantil, oncología, oftalmología, dermatología, entre otras, que evidentemente requieren un esfuerzo adicional, incluso adicional al que ya hemos venido desarrollando para ampliar esta capacidad formadora, como les mostrábamos anteriormente y que hemos ido logrando. Un segundo objetivo tiene que ver con generar alternativas de formación distintas a los procesos de selección que realizamos. Esto quiere decir mirar, por ejemplo, los procesos de CONACEN para el reconocimiento de especialistas extranjeros que están hoy día en el país o la formación en el extranjero. En ese sentido, existen una serie de propuestas en términos administrativos y legales orientados a ese objetivo, así como la actualización de la regulación de la relación asistencial docente. Este es un elemento muy importante, considerando que la capacidad formadora de los especialistas depende, en parte, de la capacidad instalada de los establecimientos de la red pública, prioritariamente. En cuanto a la regulación, se propone optimizar los procesos asociados a la estrategia de médicos generales de zona. La estrategia de médicos EDF es la única que hoy día no tiene un periodo asistencial obligatorio por ley. Son profesionales que, por su desempeño previo como médico general en la atención primaria de salud, tienen la posibilidad de acceder a la especialización en reconocimiento a este tiempo de desempeño. Y en ese sentido, y dado que hemos conversado mucho con nuestros servicios de salud y partiendo de la necesidad de la red, una de las estrategias que estamos proponiendo es, por una parte, identificar si es posible establecer un periodo asistencial obligatorio para la estrategia de médicos generales de zona, y, por otra, generar una vía de captación de estos profesionales una vez que terminan la especialización que nos permita retener a todos esos profesionales en la red. No lo mencioné antes, pero hoy día los médicos generales de zona que terminan su especialización, y en el fondo no están obligados a devolver, se quedan con nosotros en un 75%. Esos son los datos, los cuales provienen no de esta Corte, sino de varias cortes anteriores –cinco o seis cortes que hemos venido monitoreando–, es decir, un 75% permanece. A nosotros, por cierto, nos encantaría que, con la inversión estatal que respalda la especialización, ese porcentaje fuera mayor. Por ello, estas propuestas van en esa línea: mejorar la distribución de horas de especialistas en la red pública y considerar propuestas para disminuir el incumplimiento del periodo asistencial obligatorio. Solo voy a mencionar estas últimas para ir terminando la presentación. Respecto, por ejemplo, a medidas encaminadas a reforzar el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio, nos parece sumamente importante poder consignar la calidad del profesional en periodo asistencial en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Hoy día la ciudadanía no tiene conocimiento de qué profesional está cumpliendo su periodo asistencial obligatorio; la mayoría, como mencionaba, lo cumple, y el incumplimiento es muy, muy menor. En ese sentido, para ese 1% que no lo está cumpliendo, también nos parece que debiera quedar consignado el incumplimiento en dicho registro. Como información adicional, lo proponemos como alternativa. Evidentemente, en cuanto al incumplimiento, se plantea reforzar el seguimiento del cobro –que es lo que estamos haciendo ahora de manera semestral–, buscando implementar medidas administrativas adicionales que permitan hacer este cobro de manera más eficiente.

Siendo que eso es facultad de los servicios de salud. Los profesionales suscriben las escrituras y son funcionarios contratados por los servicios de salud. Por lo tanto, es facultad y responsabilidad del director o la directora de cada servicio de salud efectuar los cobros y asegurar que los ingresos en el fondo de esa restitución vuelvan a las arcas fiscales. Un segundo proceso es establecer retención de impuestos en casos de incumplimiento. Esa es una propuesta. Pensábamos que pudiera ser una alternativa, por ejemplo, como la del crédito con naval del Estado, en el fondo de que si yo no cumplo con mi período asistencial obligatorio y, por lo tanto, el Estado tiene que venir a cobrarme las cauciones asociadas, sea a través de un proceso más expedito de retención de impuestos para asegurarnos de que estos cobros vayan por una vía administrativa un poco más ágil. Y una tercera propuesta que estamos entregando en este marco de actualización es, por ejemplo, establecer dentro de los requisitos de acreditación, tanto para entidades públicas como privadas, que la acreditación institucional esté sujeta a la no contratación de profesionales que hayan sido inhabilitados por el incumplimiento del período asistencial obligatorio. Hoy día, cuando inhabilitamos, lamentablemente, el sector público es el más afectado, ya que nos quedamos sin poder contratar a ese profesional durante los seis años que dura la inhabilidad. Por lo tanto, evitamos a todo evento llegar a la inhabilidad por lo que implica para la ciudadanía; aunque esa inhabilidad no limita el ejercicio en ningún caso y, por los marcos legales, entendemos que corresponde, sobre todo permite que durante esos seis años ese o esa profesional pueda desempeñarse en un establecimiento privado de salud. Desde esa lógica de cómo resguardamos en el fondo que las sanciones sean lo suficientemente acordes a la inversión estatal y, sobre todo, al impacto que esperamos que el especialista tenga para la atención de salud, es que consideramos esta medida dentro de las propuestas. Eso es, en términos generales, lo expuesto. Espero haber abordado la mayor cantidad de temas. Muchas gracias. Abro la palabra para quienes quieran hacer uso de ella. Diputado Palma: Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de la colega. Quisiera, por su intermedio, consultar, porque no sé si hay que desmitificar algunas cosas o si son reales. Una de ellas tiene que ver con las dificultades que ponen algunos gremios de especialistas, como son los oftalmólogos o los otorrinos, para ingresar. De hecho, se dice en broma que son verdaderos guietos, que son impenetrables. Entonces, no sé cuál es el diagnóstico que tiene usted respecto a la cantidad de especialistas en formación en esas dos especialidades, y si es efectivo que existe resistencia de los colegas a ingresar. Porque, por ejemplo, si hay una beca de oftalmología, es imposible cubrir la brecha, si la brecha es brutal. Y lo digo porque sabemos que en esas dos especialidades, al igual que en psiquiatría, en dermatología y en ginecología, es donde se acumulan mayores listas de tiempos de espera. Muchas gracias. Diputado Lillayú: Perdone, pero algo que la expositora dijo anteriormente: yo acabo de llegar recién por un taco, pero usted tiene toda la razón. Una de las cosas que hemos hablado en la comisión —sobre todo en lo referido a las especialidades— es que efectivamente se debe ser más duro con los médicos que no cumplen con lo establecido. Una de las cosas que yo propuse en una de las comisiones, si se acuerda, presidente, fue que simplemente no se reconozcan a los médicos que realizan la beca hasta que no se reconozca formalmente su especialidad, es decir, hasta que no devuelvan su período de post-beca. Quedando, de esa forma, en condición de médicos generales. En ese sentido, las clínicas privadas tendrían que contratar a un médico que, aunque haya realizado una formación, no esté reconocido por la Superintendencia. Yo creo que eso es más importante que la aplicación de multas en dinero, que recaen en las mismas clínicas o, incluso, en el padre del colega. Pero yo creo que es así.