Senado - Vivienda y Urbanismo - 8 de abril de 2025

Nueva comisión de Vivienda. Bienvenido también al senador Sandoval, que es miembro titular de la comisión. Como todavía no tenemos quórum, pero el tiempo corre, vamos a partir como comité para poder escuchar sus exposiciones. Para ello, escucharemos también a Jorge, nuestro Secretario. Muchas gracias. Para escuchar la cuenta. Gracias, presidente. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ha remitido el listado de los bienes raíces que forman parte del patrimonio de afectación fiscal del Ejército de la Fuerza Aérea, considerados prescindibles para el cumplimiento de los fines de bienestar social, informando que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no cuentan con bienes raíces que, siendo considerados imprescindibles para el cumplimiento de tales fines, sean prescindibles para alcanzar los propósitos a que alude esto en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Presupuestos. Asimismo, ha llegado una comunicación del Ministerio de Obras Públicas, respondiendo a un oficio de esta comisión, complementando información en su oportunidad respecto a la cartera de inversiones de esa repartición. Por otra parte, se han recibido dos oficios del Subministro de Bienes Nacionales, por los cuales, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en glosas presupuestarias, se informa acerca del programa de concesiones vinculadas al proceso de licitaciones de dicha cartera para el año 2025 y del catastro de terrenos fiscales afectados por tomas irregulares, así como de las acciones emprendidas para enfrentarlas. Todos los antecedentes fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Finalmente, la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales ha solicitado exponer ante la Comisión los resultados del estudio de costos y las propuestas para potenciar el programa de vivienda e integración social DS-19, recientemente finalizado por la consultora Alar y Partners. Resaltan que los resultados permiten evaluar el efecto que ha tenido la eliminación del crédito especial de empresas constructoras en este programa, eje del plan de emergencia habitacional. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias, secretario. ¿Algún punto vario, senador? Partimos entonces escuchando a los invitados. El primer punto de la tabla corresponde a recibir a representantes de la Fundación Ronda y del Comité de Crisis del Olivar, quienes presentarán su informe de observaciones técnicas y administrativas respecto al avance del plan de reconstrucción de diversas áreas afectadas por los incendios acaecidos en febrero del 2024 en la Región de Valparaíso y acerca de los temas que les generan mayor preocupación sobre el particular. Como invitados, por parte de la Fundación Ronda, tendremos a la directora de Incidencia y Desarrollo, señora María José Escudero, y al jefe jurídico, señor Basilio Belmar; y, por parte del Comité de Crisis del Olivar, al presidente, señor René Flores. Además, contamos con la presencia, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, señora Belén Paredes, y de la asesora legislativa, señora Janet Tapia, que debiera estar conectada vía telemática. Les agradecería que, antes de realizar su exposición, sean concisos con la información que desean entregar en esta mesa y, además, que al iniciar su intervención indiquen su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Mi nombre es María José Escudero, directora de la Fundación Ronda. Vine acompañada de René Flores, del Comité de Crisis del Olivar. Los 10 minutos de presentación los vamos a dividir en dos. Yo iniciaré con un contexto para que luego René detalle lo que queremos plantear respecto a la última visita del ministro a esta Comisión. Fundación Ronda nació en el año 2014; trabajamos en temas de diversidad, equidad e inclusión, y tenemos carácter consultivo ante las Naciones Unidas desde el año 2019, siendo además miembros del COSOC de ONU Chile desde marzo de este año. A su vez, en la comunidad de vecinos y vecinas del Olivar, una de las zonas más siniestradas en este mega incendio, en conjunto con la Fundación Casa del Señor, apoyamos la creación del Comité de Crisis del Olivar, coordinado de manera independiente y autogestionado por vecinos y vecinas, principalmente personas damnificadas de este sector de Viña. En dicho ámbito hemos realizado un trabajo fuerte en reconstrucción, servicios y ayuda humanitaria. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Fundación Ronda está aquí? Ya lo conversamos con el senador Sandoval, ya que hemos estado haciendo incidencia en temas de discapacidad; pero fue así como, el 3 de febrero en la mañana, nos escribió Roxana Espinosa, persona cuidadora de personas con discapacidad, enviándonos una foto en la que se indicaba “quedamos con lo puesto”. Y desde ese momento, esa misma mañana del 3 de febrero, Fundación Ronda se trasladó al territorio del Olivar, brindando soporte a las personas y familias damnificadas en los primeros 10 días.

De la tragedia nos dimos cuenta de que no había organizaciones gubernamentales ni tampoco el municipio, y fue así porque nos quedamos para dar soporte hasta la fecha. Este mega incendio, yo no voy a profundizar en las cifras (ustedes ya las conocen), pero sí quiero profundizar en lo humano. Nos dimos cuenta de la tragedia, del dolor, que nunca habíamos experimentado como organización de la sociedad civil, del nivel de sufrimiento. En el Olivar –que es una de las zonas más brutalmente azotadas por este mega incendio, siendo un tercio de las personas fallecidas– vimos que no solamente fueron damnificadas las personas que perdieron su casa, sino también las sobrevivientes, muchas de las cuales hasta la fecha siguen viviendo sin su hogar, en un territorio completamente asolado y siniestrado, donde la depresión, el deterioro de la salud mental –incluso llegando a casos de suicidio– y la generación de nuevas enfermedades autoinmunes, además del incremento de cánceres, evidencian el profundo impacto humano. Nos ha llevado a mantenernos en la zona hasta hoy, esperando ver soluciones, en especial frente a la incertidumbre generada por la falta de lineamientos que deben ir del nivel central al territorial en las organizaciones públicas, así como a la precariedad de las alianzas con el municipio, situación que ha contribuido a la destrucción del tejido social durante este tiempo. Esto nos llevó, como fundación, junto con el estudio Colombara, a crear un proyecto desde la sociedad civil para fortalecer y mejorar la gestión de emergencias y desastres por parte del Estado de Chile, considerando el efecto del cambio climático. Observamos que esta catástrofe no se limita al mega incendio, sino que es algo mucho más grave y de mayores dimensiones, que trasciende al gobierno de turno actual y se inscribe en la historia de nuestro país. Por ello, tomamos como antecedentes lo expresado por el INDH en el año 2023, en el que se evidenciaron falencias del Estado para garantizar el acceso a bienes y servicios, la falta de información clara y debidamente socializada, y deficiencias en el acceso de la población para postular a beneficios sociales. Además, se destacó la ausencia de planes o programas de prevención y gestión de riesgos dirigidos a los grupos prioritarios, lo que más preocupa a Ronda –especialmente en relación con las personas con discapacidad, las personas mayores y aquellas postradas, quienes fueron sacadas a rastras y resultaron ser las más afectadas en estas catástrofes. El INDH también señala una carencia en el diseño institucional, junto a problemas de financiamiento y operatividad. Si bien contamos con una ley pionera en Latinoamérica en materia de gestión de riesgos –la cual dio vida a Senapred– sabemos que, aunque suene muy bien en papel, en la práctica existen trabas que impiden que las poblaciones sean reconstruidas en todos los ámbitos. Asimismo, la Contraloría, el 22 de noviembre de 2024, realizó una revisión de los planes comunales y constató que muchos de ellos faltaban, situación que se ha convertido en una grave problemática para nuestro país. Por último, y para ser súper concisa respecto al mega incendio de Valparaíso, el estudio Colombara nos brindó una visión que, hasta entonces, no habíamos considerado como organización. Dicha visión indica que las consecuencias del cambio climático no solo afectan a Chile, sino a muchos otros países. Y si bien podemos gestionar la prevención de riesgos, si no enfrentamos de manera integral el efecto del cambio climático, seguiremos siendo testigos de desastres naturales, tal como ocurre constantemente en Chile, o como se está observando en Estados Unidos, España, Italia, entre otros países, y por ejemplo en la Patagonia y en Argentina. De esa manera, armamos un proyecto colaborativo en el que sumamos al diputado Tejado y a la diputada Musante, de partidos opuestos, pues queremos que sea un proyecto transversal. El diputado Tejado impulsó la comisión investigadora por el mega incendio, y la diputada Musante forma parte de la comisión de Desastres y de la de Medio Ambiente. Además, integramos a la senadora Paulina Núñez, del distrito de Antofagasta, quien también está en la comisión de Medio Ambiente, y al senador Gastón Saavedra, quien fue alcalde de Talcahuano durante la catástrofe y tsunami del 2010. Estas duplas de parlamentarios nos apoyarán para que el proyecto que impulsamos se convierta, idealmente, en una mejora a las leyes actuales en estas materias o en la creación de una nueva normativa al respecto. Este proyecto busca incidir a nivel nacional e internacional en estas materias, fortaleciendo y apoyando lo que ya existe en el Estado, sirviendo de puente, apoyo y soporte para perfeccionar las políticas públicas existentes. Además, contempla no solo el cambio climático, sino también –algo que rara vez se discute– las medidas de reparación a las víctimas y sobrevivientes. Ya contamos con un grupo de expertos, expertas y organizaciones que se han sumado a la iniciativa, con los que estamos construyendo un documento que esperamos presentar ante esta comisión en dos meses y medio.

Que busca ser insumo para hacer un mejoramiento profundo a lo que ya existe y dar soporte a Senapred, porque sabemos que no tiene los recursos ni tampoco la capacidad para dar el ancho a lo que necesitan estas catástrofes. Estos son algunos de los actores que ya sumamos; lanzamos esto la semana antepasada acá en el Congreso. Ya tenemos dentro de nuestras filas de este proyecto a Marcelo Lago, geógrafo y académico chileno, ONG inclusiva, y experto en gestión de riesgo con perspectiva de discapacidad; al Comité de Crisis que me acompaña, Desafío Levantemos Chile, a Napsis y a otras organizaciones que se nos están sumando. Pero, a modo de esta comisión, por ejemplo, ya en la primera reunión nos saltó un tema súper importante respecto a la permisología de catástrofe. Hoy día no existe normativa alguna al respecto, y un permiso de obra que se solicita en tiempos de emergencia y catástrofe se otorga con los tiempos de una persona común y corriente. Eso no puede suceder, porque sabemos que retrasa los procesos. También está el problema de la transferencia de bienes nacionales a los municipios. Desafío Levantemos Chile nos contaba que, a pesar de querer crear cuatro consultorios, ha logrado levantar solo uno, pues en un año y medio no se ha transferido un terreno de Bienes Nacionales al municipio de Quilpué, situación que desincentiva a los donantes y genera un problema gigante en el desarrollo de estos proyectos en la comunidad. Otro tema importante que mencionó Marcelo Lago es que no se trata solo de reconstruir, sino de sacar de las zonas de riesgo a jardines infantiles y consultorios, lo que implica realizar una reforma de las leyes actuales que rigen en estos aspectos. Y cierro con esto para pasar al tema del mega incendio, en el que necesitamos que se sumen más expertos, organizaciones públicas, privadas y autoridades a este proyecto que busca ser colectivo y comunitario, y que refuerce las capacidades en el territorio en materia de prevención. Ojalá que el día de mañana se oficialice en Chile la realización de simulacros, para que la gente en los barrios y en los entornos sepa cómo evacuar. Eso no se evidenció en El Olivar, donde la gente corría de un lado para otro sin saber a dónde ir, sin señalización clara, sin alarmas, sin agua en los grifos y con tantas otras deficiencias que ya consta en el registro de la Comisión Investigadora de nuestra visita. Por ello, cierro mi intervención y cedo la palabra a René, invitando a senadores y senadoras a sumarse a esta iniciativa, que busca ser transversal. Queremos, de aquí a tres meses, contar con un proyecto que nos ayude a mejorar estas materias, permitiendo que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y condiciones ante una gestión de riesgo, desastres y reparación de víctimas en nuestro país. Mi nombre es René Flores, presidente del Comité de Crisis, como indicó la Presidenta, y lo que nosotros queremos hacer de manifiesto es aclarar algunas de las inconsistencias o interrogantes planteadas en la última sesión en la cual estuvo presente el ministro Montes acá. A partir de ello, buscamos esclarecer, a través de oficios o requerimientos de información, tanto en cifras como en procesos. En particular, queremos indagar, por ejemplo, el número de viviendas construidas por el Estado a la fecha. Asimismo, el ministro indicó en esta comisión que entendía que se habían incurrido en costos mayores a los normales durante los procesos de demolición, generándose así un sobreprecio que debiera quedar consignado respecto de los contratos ejecutados, los montos desembolsados y los servicios prestados, para lograr así claridad y transparencia en el uso de los fondos. Por otro lado, se debe establecer, en el caso de quienes en algún momento obtuvieron protección judicial, la posibilidad de incorporar recursos del fondo de emergencia o del propio ministerio para efectuar la demolición de aquellas viviendas que estuvieron salvaguardadas por acciones legales. Esto ya lo conversamos el día sábado con el ministro en una actividad realizada acá en Viña del Mar y esperamos que llegue a buen término; no obstante, queremos que, al igual que en otras conversaciones, no se quede solo en palabras, sino que se formalicen compromisos reales, preferentemente por escrito, para que la situación se aborde de forma efectiva. Por otro lado, en el tema de la reconstrucción, en particular del Olivar en los cuartipareos, todavía hay una situación compleja que requiere aclaración, puesto que en esa comisión, en donde también estuvo presente la Ceremi que hoy nos acompaña, se planteó…

Cuadro en donde los cuatripareos aparecían, en que al menos una cantidad importante –alrededor de 80 cuatripareos– tenían al menos un inhabil después de las modificaciones al decreto 3.3.2 con la resolución 34 que aprobó la Contraloría. Esto significa que, aproximadamente, 320 pareos no se pueden reconstruir. Esa situación complica el panorama de las familias que hoy día están a la espera de la reconstrucción, por lo que no tenemos certeza de qué va a pasar. Por otro lado, también se presenta una problemática en la entrega de los subsidios a partir de la nominación y de los certificados de subsidio, ya que falta información y claridad respecto de la aplicación de dichos subsidios. En el último tiempo, a raíz de la presentación o levantamiento de nuestro propio proyecto como Comité de Crisis, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y otros colaboradores –quienes habían indicado su oportunidad de participar con otras empresas– se ha manifestado el sentir de querer optar por proyectos. Sin embargo, las empresas han indicado que no se pueden retrotraer a esa declaración inicial de intenciones, por lo que creemos que debiera haber, de parte del Ministerio de Vivienda, de la Seremi de Vivienda en este caso o de la Dirección Regional de Servio, mayor claridad respecto a que se les ha informado a los vecinos que se les va a cobrar, mediante el subsidio, los trámites que las empresas pudieran cobrarles, aun cuando existe la Ley del Consumidor que establece las condiciones para efectuar el retracto. Asimismo, en términos de la ejecución de los recursos, entendemos que el FED incorporó una cantidad de recursos para las viviendas, específicamente para el Ministerio de Vivienda, con una asignación destinada a la reconstrucción de vivienda. Inicialmente, debiera haberse establecido un número que reflejara la cantidad de subsidios entregados, dado que los recursos se pidieron en forma específica para ello, y por lo tanto debiera existir concordancia entre el recurso solicitado y el recurso ejecutado. Esta información es fundamental para la transparencia. Desde esa perspectiva, el Fondo de Emergencia –con vigencia hasta 2026– debería incorporar la necesidad de definir cuáles serán los destinos de los recursos que no se ejecuten durante el período en que el FED esté vigente, puesto que se indica que dichos recursos pasarán al Fondo Económico y Social; sin embargo, entendemos que puede ser que, a diciembre de 2026, aún haya mucho por hacer en materia de reconstrucción y que esos recursos no estén directamente vinculados a ese proceso, sino que se asignen a otros fondos. Por último, en lo que respecta al reglamento del artículo 7 que establece el desglose mensual, nos gustaría que se entregara de manera mensual la información sobre cuáles son los gastos ejecutados por este fondo y cuáles las entidades que han resultado o han solicitado fondos, ya que se estableció la rendición de cuentas mensual, pero hasta ahora se ha indicado que será cada tres meses. Es importante contar con esa transparencia, dado que la cantidad de recursos involucrados es muy grande y la percepción en el ámbito comunitario –tal como seguramente han notado quienes han estado en los territorios– es de una profunda desconfianza respecto al uso de dichos recursos. Perdone que lo interrumpa, es solamente para abrir la sesión, ya que en este momento contamos con quórum. Saludamos a la senadora Claudia Pascual, quien se acaba de sumar a la mesa, y también al senador Espinosa, que se encuentra de manera telemática. Adelante. También, en el mismo tenor, resulta necesario aclarar y, ojalá, transparentar el proceso en cuanto a los bonos de acogida, que se pagaban hasta el mes de diciembre, así como el GAT, puesto que durante los últimos tres meses hemos estado tratando de resolver casos de numerosas personas que, aun siendo hábiles, no recibieron los pagos correspondientes, ya sea del bono de acogida o del GAT, habiendo sido nominadas mediante un cruce de información.

La situación es que creemos que, a estas alturas, a un año o dos meses del mega incendio, las instituciones del Estado debieran tener una base concreta, completa y absolutamente definitiva de quienes son los beneficiarios que deben recibir los beneficios de este proceso. Y, en ese sentido, en concordancia también con la nominación de los subsidios –porque es parte importante de los requerimientos que hoy día la comunidad necesita– se favorece el establecimiento del prolongado proceso de reconstrucción que hemos vivido hasta el momento. Finalmente, y algo que hemos pedido en otras oportunidades, es que también se normalice y se actualice, en términos concretos, la información entregada tanto por MIMBU, CENAPRED y la Municipalidad (en este caso de Viña del Mar, que es la zona que a nosotros nos afecta) respecto de la cantidad exacta y definitiva de viviendas de emergencia entregadas, puesto que las cifras proporcionadas por los distintos organismos no cuadran y no son consistentes. Por lo tanto, ahí hay recursos que debieran transparentarse adecuadamente para poder generar la tranquilidad y la transparencia que la comunidad requiere. Asimismo, como bien lo decía María José inicialmente, respecto de las obras se puede oficiar a los organismos encargados para que informen sobre el estado de las obras relativas a las vías de evacuación, los planes de emergencia y las medidas de mitigación realizadas a la fecha, porque hasta ahora –a un año y dos meses del incendio– nosotros, en particular en el Olivar, no conocemos aún el plan de emergencia aprobado por Senapred, el cual debiera estar vigente y haber sido socializado para la comunidad. Esto es fundamental para que, en caso de cualquier otra emergencia –no necesariamente un incendio– podamos tener la claridad de qué hacer, dónde recurrir, contar con zonas de seguridad y disponer de vías de evacuación, que es lo que más nos complicó a la hora de enfrentar el incendio del 2 y 3 de febrero. Finalmente, y como también lo conoce la Seremi Bimbu, nosotros hemos levantado nuestra propia propuesta de reconstrucción, la cual está en proceso de validación y de otorgación de los permisos correspondientes, y queremos hacer mención de ello, ya que esta es una iniciativa que nació desde la comunidad, ha sido llevada adelante por la comunidad y que esperamos ver concreta muy pronto. Muchas gracias. Presidenta, solamente para terminar, quiero dejar en antecedente que René Flores es persona damnificada, y ha estado un año y medio trabajando gratuitamente para ser un vecino que lleva todos los temas a los distintos organismos. Se ha llevado muchos malos ratos, porque en todo este proceso han existido influencias negativas dentro del territorio, que puedo asegurar han venido de funcionarios públicos. Hemos dejado constancia en el servicio, en el municipio y en la gobernación de que han querido venir a difamar y a destruir el tejido social, especialmente en el tiempo de elecciones de alcaldía y de concejales. Quiero dejar de manifiesto que este proyecto que presenta René es una innovación social, con el apoyo de la Cámara de Extensión de la Construcción, Desafío Levantemos Chile, Ronda, La Católica y otros estudios Carballos de arquitectura, además de muchas otras personas que se han sumado, para que lo tengan en consideración. Cerramos esta presentación diciendo que Chile nos necesita unidos y unidas, independientemente del partido político o del cargo que se ocupe, y queremos cerrar solicitando oficio sobre estos temas planteados. Asimismo, pedimos que, en este proceso de transformación –o mejoramiento– de la ordenanza de urbanismo y construcción y de la ley general que se puede incluir, se contemple que esta permisiología de obra nueva, ampliación, alteración, reparación y reconstrucción tenga un carácter diferenciado para casos de catástrofe, ya que no pueden seguir los mismos procesos. Lo solicitamos en una petición especial de Desafío Levantemos Chile y queremos dejarlo en esta comisión, además de que se pueda revisar el plan regulador considerando todas las diferencias para zonas de riesgo. Muchas gracias, presidente y senadores. ¿Alguna intervención desde el Ejecutivo? Muchas gracias, Presidenta. Belén Paredes, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda: Agradezco la exposición de Ronda y del presidente del Comité en Crisis, don René. Lo primero a señalar es que este es un proceso que, evidentemente, se lleva entre todos; es decir, siempre lo hemos planteado de la mano de la comunidad y con todas las organizaciones que deseen sumarse.

Parte del proceso. Y, ante las últimas palabras de María José, planteamos que siempre hemos manejado un diálogo directo con el Comité en Crisis, incorporándolo en todos los procesos que llevamos, tanto comunitarios como en el desarrollo de proyectos, ya que nos entendemos como una organización que surge a propósito de esta catástrofe. En segundo lugar, voy a referirme a los puntos planteados por don René en específico. Lo primero es, por supuesto, que nosotros podemos informar sobre los datos oficiales presentados, los cuales, si bien mantienen un marco estable, son dinámicos a partir de las habilidades de las personas y de cómo pueden ir incorporándose nuevas familias hábiles al proceso de reconstrucción. Respecto a los recursos para las demoliciones, estamos formalizando su incorporación, de manera que se sumen recursos adicionales a los establecidos en el subsidio para aquellas viviendas que no quedaron demolidas por parte del MOB en la primera etapa. En segundo, efectivamente, estamos implementando una estrategia de los cuadripareos para aquellas familias que, aun aplicando el 332, quedaron inhábiles; y, por supuesto, hemos identificado aquellas que afectan a una familia o a dos familias, lo que requiere de una estrategia integral. Asimismo, cabe aclarar el punto de la entrega y nominación de subsidios: como conversamos con don René, el subsidio queda establecido una vez que se publica la resolución, por lo tanto, todo subsidio entregado tiene aparejada una resolución que lo hace válido, independiente del documento físico que se utilice. Todo documento físico viene acompañado de una resolución que permite poner en operatoria la ejecución del subsidio, lo cual solo se traduce en obra una vez que existe un proyecto técnico. Otro punto importante tiene que ver con la publicación de los datos de gasto del FED. Efectivamente, con la aprobación de la Contraloría y la toma razón del reglamento, se indica que se debe informar trimestralmente a la Comisión de Hacienda sobre todos los gastos, no solo del Ministerio de Vivienda, sino de todos los ministerios que tienen recursos asociados al FED. Por ello, nosotros entregaremos ese informe y, además, estamos publicando mensualmente en nuestra página web el gasto devengado del FED, como mecanismo de transparencia respecto a lo que está gastado y a lo que está comprometido. Es importante hacer la salvedad de que los subsidios, como bien explicaba don René, constituyen un gasto comprometido y no necesariamente devengado, ya que se devenga una vez que se termina la obra o ésta muestra avances. Pero, una vez entregado el subsidio, ya existen recursos comprometidos que no pueden tocarse, al formar parte de un presupuesto que ya se encuentra cooptado por el gasto presupuestario. Por supuesto, a nosotros también nos interesa generar el mayor compromiso previo al fin del FED, que está fijado para el año 2026. Respecto al bono de acogida, este fue expuesto en detalle por parte del Ministerio del Interior en la anterior sesión de esta comisión. Desde el mes 13 y 14, el Ministerio de Vivienda, que ha asumido el pago de este apoyo habitacional transitorio, correspondiente a 10 UF, ha efectuado nóminas complementarias para aquellos casos que en una primera nómina no quedaron identificados adecuadamente. Ya en este mes de marzo se realizó el pago de la nómina 14, y los casos pendientes han disminuido progresivamente a medida que se regulariza el proceso. En relación a las viviendas de emergencia, ese es un tema que corresponde a Interior, por lo que no lo abordaré desde el Ministerio. Tampoco informaré sobre las obras de las vías de evacuación de las cuales existen dos momentos: por un lado, las obras a largo plazo que realizamos como Ministerio, relacionadas con la apertura de calles y la mejora de conectividades; y, por otro, las obras de mitigación, que incluyen la limpieza y manejo de quebradas, actividades que llevamos a cabo en conjunto con el intersector Senapred, el MOP y el municipio. Por último, nos sumamos a lo que plantea María José desde Ronda, en el sentido de que esta catástrofe ha demostrado que no podemos trabajar siempre con la rigidez de las normas. Aunque la Ley General de Urbanismo y Construcción ha experimentado diversas flexibilidades, a consecuencia también de las leyes misceláneas que se han podido instalar, es necesario generar una normativa ad hoc para este tipo de catástrofes, evitando que queden sometidas exclusivamente a interpretaciones de las autoridades o de los tratamientos técnicos, sino que salga una regla general. Esto es, por supuesto, parte de lo que estamos trabajando y de lo que aún no hemos encontrado en su totalidad.

del territorio. Decir también, y hacer un paréntesis, que este es una catástrofe que afectó a 17 sectores y a aún más poblaciones con características muy, muy distintas, y eso ha generado que hayamos tenido que homologar muchas situaciones normativas y administrativas, incluso en lo que respecta a la tenencia de la propiedad. Cerca de 400 familias no contaban con un proceso totalmente tramitado de la vivienda. Y eso no quiere decir que vivían en condiciones de toma en campamento, sino que simplemente no habían regularizado ni la posesión efectiva, ni un proceso de usufructo, ni un proceso de sucesión. Esto genera, finalmente, que antes de llegar a nuestro proyecto habitacional se debían subsanar un montón de condiciones territoriales que afectaban a casi un tercio de las familias damnificadas. Entonces, esto no es solo obra —lo que por supuesto nos interesa en función del dolor de las familias— sino también solucionar una situación legal y normativa que se arrastraba por años en las poblaciones de Viña del Mar y Guilpue, considerando además las zonas de riego y los lotes irregulares. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? Senador Sandoval: Sí, Presidenta, muchas gracias. Las dudas que ustedes plantean respecto de la ejecución del programa de aplicación del plan de emergencia en la recuperación de los casos de incendio en Valparaíso son un tema que en esta comisión hemos presentado reiteradamente. Siempre queda la sensación de que hay información que no se entrega cabalmente. Ustedes están solicitando cosas tan específicas, que además de existir una coordinación macro respecto del caso de la emergencia en Valparaíso, no se hace clara la información; es decir, estas son las viviendas siniestradas y estos son los subsidios que se han entregado. Usted habla de subsidios diploma, y siempre recuerdo al exministro Montes, cuando éramos diputados, y en realidad yo también me incluía en esa crítica de aquella época, en la que a veces las ceremonias de entrega de certificados de subsidios resultaban ser espectaculares para la foto, pero muchas veces se comprobaba que la aplicación de esos subsidios no era posible, por ejemplo, en el caso de la compra de vivienda usada, en el que el valor del subsidio era significativamente menor al precio mínimo que pudiera encontrar esa familia en el mercado, perdiendo así su objeto. Ambos éramos muy críticos de la entrega de certificados, y lo que se pretendía era que se informara sobre el desarrollo concreto de la ejecución. Por ello, sugiero que pidamos, por reiteradas ocasiones, que se aclare esta información, ya que siempre quedan dudas respecto a esa particularidad, más que en el caso de la emergencia. Pareciera que rara vez aprendemos y las cosas siguen sucediendo. Usted mencionó, por ejemplo, un gran plan en materia de catástrofes; le aseguro que, de aplicarse en estricto rigor las mitigaciones o la reducción de riesgos frente a las catástrofes que enfrenta el país, primero habría que mover el “paraíso”, pues creo que casi todos los cerros no responden a las condiciones requeridas, incluyendo quebradas y otros tantos aspectos. Nosotros, en la zona austral, tenemos casos más emblemáticos, como el de Chaitén: se realizaron 100.000 estudios, y en esa época la UNEMI efectuó 100.000 estudios; se financiaron numerosos análisis y, al final, la gente volvió al mismo lugar que había quedado inundado por la avalancha que se produjo posteriormente a la erupción del volcán. Así, la experiencia nos indica que, aunque digan que el hombre es el único animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra —lo que no le ocurre a los animales, y un caballo nunca tropieza con la misma piedra—, evidentemente aquí se evidencia una debilidad que nos afecta. Además, hay una disposición de las personas: cuando uno vive en este drama, siempre vuelve a su metro cuadrado, o sea, aun cuando esté en condiciones, lo que se desea es que lo que se realice en ese lugar sea adecuado. Me parece absolutamente razonable asumir los requerimientos de la información, y es una pena porque esto implica transparencia y tranquilidad. Si yo digo que me están asignando determinados recursos para determinadas acciones, que se está entregando determinada información y subsidios, evidentemente quiero que eso cumpla su objetivo y, finalmente, que se realice un monitoreo adecuado. Y para ello están las autoridades locales, provinciales, regionales, los delegados e incluso el propio ministerio, dado que este es un hecho…

Bastante complejo que nos ha impactado, pero dicho sea de paso, cuando pasan las emergencias deja de impactar a la comunidad y los dolores quedan solamente radicados en quienes son afectados, quienes terminan luchando permanentemente contra un muro para tratar de buscar cómo, en definitiva, se va a resolver su problema. Y creo que, efectivamente, tenemos ejemplos de cosas que se pueden hacer mejor, pero luego todos tenemos las soluciones ahí por haber. Yo creo que lo mejor, evidentemente, es ir transparentando estas cosas. Comparto absolutamente el requerimiento y me hago parte de la solicitud presente. Muchas gracias, senador Sandoval. Le doy la palabra enseguida a la senadora Pascual. Pero, antes de eso, acordamos poder reiterar nuevamente las solicitudes planteadas por la Fundación y, más que nada, pedir puntualmente respuesta a lo que ya hemos reiterado en varias ocasiones. Le damos la palabra a la senadora Pascual, luego a la asesora Janet Tapia y, posteriormente, a la Fundación. Sí, hay acuerdo, ¿cierto? Sí, gracias, presidenta. Yo quería, obviamente, saludar, pero también sumarme a que se presente una información más didáctica. Creo que precisamente, de lo que escucho en la respuesta de la Seremi, muchas veces el tipo de información que se conoce, se entrega y se maneja por los ministerios es muy cabal, pero para entenderla, desde el ministerio o desde los profesionales y técnicos que trabajan ahí, no siempre se hace manejable ni entendible para las familias afectadas, sobre todo pensando en una situación de afectación que es mucho mayor que la postulación a un subsidio en tiempos normales. No se trata de un caso en el que se quiere tener una casa propia y se postula a un subsidio, sino de una situación de afectación específica. Entonces, desde ese punto de vista, las incertidumbres, las urgencias y las angustias se multiplican. Por lo tanto, desde esa perspectiva, presidenta, si me permite sugerir que esa información nos llegue de forma más didáctica, también para poder transmitirla de mejor manera a las familias afectadas. Sólo a propósito de dos comentarios más permanentes: por un lado, queremos saber todo lo relativo a la reconstrucción en el caso de estos tremendos incendios en la quinta región, que, como bien decía la Seremi, afectan a 17 sectores muy distintos; uno de ellos es, hoy día, representado por El Olivar. Pero aquí necesitamos no sólo contar con recursos permanentes disponibles para casos de catástrofe, como ya lo tenemos en el presupuesto de la Nación, sino también disponer de instrumentos que ofrezcan mayor facilidad. Hoy puede ser que la Municipalidad de Viña del Mar no tenga tanta falta de recursos humanos, técnicos y profesionales para llenar una serie de fichas que la Subdere o las diversas instituciones del Estado requieren para poder administrar los recursos de manera rápida. Sin embargo, cuando estas situaciones ocurren en comunas y territorios mucho más rurales, alejados de las capitales regionales, la complejidad aumenta. Tuve la experiencia de conocer los aluviones en Copiapó, durante el segundo período de la presidenta Bachelet, además del incendio ocurrido en Valparaíso y, recordemos, también en una de las quebradas tras el terremoto en la cuarta región. En los municipios más pequeños se evidencia la falta de profesionales o técnicos que puedan gestionar los fondos que el Estado requiere postular. Desde esa perspectiva, necesitamos más recursos, de fácil administración, no para malgastar, sino para que se ejecuten con mayor celeridad, respetando todas las normativas, permisos y demás requisitos, de modo que se adecuen efectivamente, tal como lo expresaba la Seremi y también lo manifestaban los dirigentes de El Olivar, para atender las distintas necesidades específicas de la catástrofe. No es lo mismo el derrumbe de casas por un terremoto que por un incendio. Tampoco quiero pensar en el caso de un aluvión o, incluso, en lo referido a los aluviones de barro, etcétera. Creo que nuestro país, en términos geográficos, nos plantea desafíos, pues los territorios son muy distintos. Por ello, sumado a lo que la presidenta ha acordado en la solicitud de información, también es esencial que dichos datos se presenten de forma didáctica para poder apoyar de la mejor manera a las familias afectadas.

manera en la entrega de las informaciones. Gracias. Perfecto, nos sumamos entonces para la petición que acaba de plantear la senadora Pascual, ¿ya? Adelante, Seremi, creo que ella había pedido primero la palabra, o Janet, Janet. Yo solo quiero referirme a un punto, que es compartir lo señalado por la Fundación respecto de que se necesitan medidas más flexibles y normas mucho más ágiles para practicar los procesos de reconstrucción, y señalar que, como Ejecutivo, hemos estado trabajando permanentemente en eso. O sea, en la última semana de enero, el Congreso despachó la Ley de Fenómenos Urbanos Consolidados, que precisamente hace varias modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción y a la Ley Orgánica de Municipalidades. Prorrogamos la ley de regularización del loteo y se establece un conjunto de normas de habilitaciones normativas que nos permitirán que los planes reguladores en estas áreas puedan hacerse cargo de las zonas de riesgo de una manera mucho más rápida. Esa ley fue consultada por el Tribunal Constitucional, el cual la despachó la semana recién pasada y, dentro de esta semana, nosotros la promulgaremos y publicaremos. Esa es una de las medidas que hemos estado adoptando; estamos trabajando en otra, lo hemos hecho en conjunto con los municipios y con la comunidad, y agradeciendo, obviamente, la gestión de los parlamentarios, sin los cuales no podríamos aprobar esos cuerpos normativos. Así que entendemos que es tarea de todos y de todas. Gracias. Adelante, Seremi, ahora. Gracias, Janet. Muchas gracias, Presidenta. Solo decir que, en vista de esta dificultad de comunicación que había —diagnóstico que se había presentado por las comunidades y también por las autoridades políticas— es que la semana pasada, de lunes a viernes, estuvimos instalando una jornada que denominamos Reconstruyendo Futuro, en la que convocamos a más de mil personas a asistir de manera presencial por todos los módulos posibles de atención: desde la vinculación del subsidio, obras y salud mental, hasta la posibilidad de ser atendidos también por el Ministerio de Desarrollo Social y el Registro Social de Hogares; es decir, generar espacios para que las familias pudiesen resolver todas sus dudas y obtener una respuesta. Tuvimos una muy buena llegada de la ciudadanía, ya que más de mil personas se acercaron al Hotel O'Higgins; estuvimos con todos los equipos del Servicio y la Ceremi, y de los ministerios, para poder responder muchas de las dudas que hoy se presentan. Por supuesto que esto fue un hito en particular y que tenemos que estar reportando de manera adecuada todos los meses. Nosotros vamos a cerrar los días 15 con un informe, acogiéndonos también a lo que nos plantea la senadora Pascual, de una manera más didáctica y comprensible, sobre todo en cifras en asignación de subsidios, vinculación con asistencias técnicas, proyectos y obras; y así tener un reporte mensual del avance que tenemos en la reconstrucción. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Agradecemos la cifra o los avances que comenta la Ceremi, pero creemos que, pasado un año y algunos meses, estos reportes son sumamente insuficientes. Lo hemos visto; esto se ha solicitado no solo en esta comisión, sino en cada comisión relacionada. Lo hemos pedido por oficina, por audiencias de ley de lobby; todavía no tenemos las cifras ni el reporte de cada uno de estos puntos. Pero también quiero dejar constancia, para la posteridad, de que no estamos de acuerdo con lo que plantea la Ceremi sobre el trabajo con la comunidad. En mi experiencia, como estando en el territorio, eso no ha sido cierto. El Comité se reunió en el mes de febrero del 2024 con el ministro de Vivienda, en la misma casa arrendada —ahora de René, porque su casa se quemó—. Le dimos soluciones que recién hoy día estamos viendo la luz, pues no tuvimos apoyo; hemos tenido que recurrir a las distintas dirigencias de diversos territorios, y ante el Congreso se han realizado marchas, e incluso huelgas de hambre. Esto no ha sido un trabajo comunitario y es importante que quede registrado, porque la mesa que pedimos de reconstrucción, liderada por el Comité de Crisis, luego fue asumida por los mismos organismos del Gobierno, quienes exigieron tener una razón social a la organización funcional territorial que hoy día ya existe, pero que se armó con vecinos damnificados. Yo creé Ronda hace 10 años, y es un parto armar una organización social, más aún con personas damnificadas. Entonces, ¿quiere dejar eso en la mesa? Asimismo, cuando la Ceremi dice que están viendo los casos uno a uno, y que todavía no se les ha pagado el bono, hay que decir que esas personas tienen que pagar un arriendo; todos los meses deben pagarle a su arrendatario dicho arriendo.