En nombre de la sesión, secretaria. La sesión se convocará para continuar tratando el proyecto de ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial. Ya se encuentran en la sala los ministros de Hacienda, de Economía y el subsecretario de Pesca, y, además, en Zoom están conectados representantes de la zona Pesca y Andrés Cruz.
Muy bien, le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, a sus equipos y a los colegas senadores. El día de hoy hemos convocado a doble jornada: tenemos varias audiencias que se realizarán en la mañana (cuatro) y en la tarde (cinco). Seguiremos sesionando también el día de mañana, como corresponde, dándole toda la celeridad a este proyecto de ley, que ha generado interés y sentido de urgencia en la Comisión de Hacienda.
Queríamos comenzar con la exposición del Ministerio de Hacienda, de Mario Marcel, a quien también se invitó, en un principio, a la Comisión Nacional de Productividad. Desgraciadamente, esta comisión, por su reglamento interior—que la impide pronunciarse sobre materia en la que no ha emitido informe—no se ha manifestado sobre este tema. Habría sido muy positivo contar con su opinión sobre el proyecto; lamentamos que no se haya ocupado la institucionalidad con su debido tiempo.
Nuestra intención de tener al ministro hoy tiene dos propósitos: primero, contar con su mirada respecto al informe financiero, el cual ya hemos analizado en parte; y segundo, evaluar, desde la óptica de Hacienda, la productividad, el crecimiento económico, el impacto y la recaudación que genera este proyecto, que no resulta neutral en materia de ingresos, generando elementos adicionales para el fisco.
Así que le damos la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
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Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a los senadores integrantes de la Comisión.
Este proyecto se deriva de la separación del tema del fraccionamiento del proyecto más amplio de reforma de la nueva ley de pesca y, básicamente, modifica la cuota global de captura entre pescadores artesanales e industriales; es decir, se trata del fraccionamiento de 21 pesquerías a nivel nacional.
Adicionalmente, el proyecto incluye definiciones respecto de la distribución entre derecho histórico y subastas para el jurel, en particular, debido al aumento de la cuota global de captura de ese recurso.
Esta división o arquitectura del proyecto tiene implicancias fiscales, en tanto existen distintos gravámenes que afectan a la fracción artesanal y a la fracción industrial, así como diferencias en el pago de los impuestos específicos derivados de los derechos históricos y el producto de las subastas.
Como es sabido, la fracción artesanal no paga derechos; únicamente se abona un impuesto por el número de embarcaciones que poseen los pescadores. Si se considerara solo ese efecto, se produciría una reducción de ingresos para el fisco. Por otro lado, el proyecto contempla también modificaciones en la forma de asignar la cuota adicional del jurel. En particular, la fracción industrial se ha asignado tradicionalmente a través de licencias transables de pesca, mediante dos mecanismos: derechos históricos o subasta, en los cuales cada empresa del sector paga un impuesto según el número de toneladas que le han sido asignadas.
Dado que las toneladas asignadas por subasta se asignan en un mercado competitivo, normalmente el pago por tonelada es mayor que aquellas asignadas por derechos históricos. Actualmente, la proporción que se establece entre uno y otro es de 15% para subasta, como máximo, y 85% para derechos históricos. Este proyecto de ley de fraccionamiento, como se ha mencionado, propone un aumento de la fracción artesanal en todas las pesquerías, lo que, al disminuir el número de toneladas que pagan impuestos por la fracción industrial, generaría un efecto negativo sobre la recaudación. Sin embargo, esa reducción de ingresos se compensa con la disposición que establece que, en el caso del jurel —cuya cuota está determinada principalmente por la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur— se producirán aumentos anuales de cuotas por dos años, los cuales serán íntegramente subastados. En el caso de que la cuota del jurel aumente en una proporción mayor a 15%, solo se solicitará un crecimiento del 15% de toneladas, distribuyéndose el resto de acuerdo a criterios históricos. De esta manera se define la distribución entre la fracción asignada por derecho histórico y la establecida por el propio Congreso, el Senado y esta Comisión en particular.
Sobre los demás temas, considero que son más propios del Ministerio de Economía, por lo que el ministro o el subsecretario podrían pronunciarse con mayor propiedad respecto de ellos.
Ministro. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer algunos comentarios generales en línea con lo que presentó el ministro Mario Marcel. Por supuesto, no voy a hacer una discusión de todo el proyecto, ya que fue presentado por el subsecretario, quien ha tramitado este proyecto durante toda la discusión. Mi intervención es más bien complementaria a lo expuesto por el ministro.
En primer lugar, un poco de historia sobre este proyecto. Como señaló el senador Insulza, tenemos un proyecto que implica más de 370 artículos, constituyendo una reforma profunda a la ley de pesca actual. No se cambia todo, pues se mantiene y se refuerza la parte relacionada con el cuidado del recurso y la definición de la cuota global de acuerdo a criterios científicos, lo cual representa un avance muy importante de la legislación vigente. Sin embargo, hay otros aspectos importantes que sí cambian en ese proyecto y, entre otras razones, se debía a la dificultad práctica de votar este proyecto en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se han realizado cientos de votaciones y aprobado algo más de 100 artículos con el esquema de votación vigente.
Se tomó la decisión de concentrarse en el tema de fraccionamiento, y lo haríamos por dos razones que han quedado ilustradas durante el debate. Primero, porque se trata de un tema muy importante, relacionado con un recurso escaso, y la interrogante es cómo distribuirlo de la manera más justa posible, garantizando oportunidades para las y los chilenos, dado que es un recurso de la nación. Esto implica, además de un tema de justicia, que a pesar de ser un asunto complejo y generador de mucha efervescencia, se logran grandes acuerdos. Las votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados han sido un claro ejemplo de ello, con una participación transversal de distintos sectores políticos.
Asimismo, las votaciones en la Comisión de Pesca del Senado han demostrado que, en ocasiones, las diferencias trascienden las líneas partidarias para centrarse en cuestiones regionales y en legítimas diferencias de criterio. Respecto a lo mencionado por el senador Magalla a través del presidente, estamos todos a la disposición de conversar. Hasta ahora, nuestro equipo ha definido, como usted mismo señaló, un espacio técnico en el que se revisaron las distintas posturas. Si bien no se llegó a un acuerdo definitivo, sí se identificaron y analizaron las diversas posiciones.
Había una pesquería que era la que presentaba mayor diferencia, en el caso de la merluza; se conocía la diferencia existente y el debate trasciende los distintos sectores políticos, siendo más bien una discusión geográfica que meramente política.
Esto permite, en cierta manera, refrendar que el trabajo realizado en la Comisión de Pesca – que, como bien lo decía el ministro Mario Marcel en la comisión que examinó el tema en detalle – es un trabajo que, en lo grueso, tendrá apoyo. Si por alguna razón existieran otras pesquerías donde haya mayor debate y se quisiera, por ejemplo, reagrupar esa comisión para abordarlo de forma rápida, creemos tener total disposición. Hemos insistido en que, dentro de los tiempos que por supuesto ustedes definen en última instancia, se vote lo más pronto posible; pero, si surgiera alguna discusión específica o algo que se pueda conversar en ese espacio, estaremos disponibles. Probablemente, las personas que han liderado este proceso – partiendo por el subsecretario Sala y su equipo – podrán conversar con ustedes sobre las razones que subyacen en las diferencias de esos números, números que han sido objeto de bastante discusión por parte de quienes están más inmersos en el detalle.
Lo último que me gustaría decir es respecto a la licitación. Lo primero que diría es apoyar y enfatizar lo que ya ha señalado el ministro Mario Marcel: la licitación responde a distintos objetivos. En el proyecto de ley original se contempla una licitación mucho más masiva para diversas pesquerías, que busca alcanzar el 50% y genera una dinámica entre licitación e historia. Quiero recordar que el proyecto del gobierno del expresidente Viñera proponía licitar el 100%; existían desacuerdos en los plazos, muy relacionados con lo que decía usted, presidente, pero se llegó a un consenso transversal en que las licitaciones tienen ciertas virtudes en este caso en particular, aunque no están exentas de polémica y de debate, principalmente por parte de los incumbentes, por razones obvias.
Es importante enfatizar que las licitaciones no son algo en contra de la industria; al contrario, se determina quiénes son los actores con mayor relevancia en ese espacio, ya que pueden ganarlas tanto la empresa que estaba antes como otra empresa de la industria. Por ello, distintas administraciones han optado por enfoques diferentes; por ejemplo, nuestra licitación en el proyecto original es más inmediata, pero menos ambiciosa que la de la administración anterior, la cual, esperando un mayor plazo, buscaba licitar el 100%. Más allá de estas diferencias, existe una sintonía en que esto es relevante. Como bien explicaba el ministro Mario Marcel, se incluyó específicamente esta licitación – la del jurel – como un complemento importante en este proyecto, que es eminentemente de fraccionamiento.
Respecto a lo anterior, me gustaría enfatizar lo que ha dicho el ministro: estamos hablando del 15% extra. Siempre hemos señalado –y no es cierto que se trate de derechos, como se les llama coloquialmente– que lo que se autoriza es un permiso para pescar; considero importante hacer esa distinción. Además, esto adquiere mayor relevancia porque, tal como se indicó en la OROP realizada en febrero de este año, se logró, en base a evidencia científica, un aumento de la cuota del 25%. Si aumenta tanto el porcentaje y las toneladas disponibles de captura de jurel, es muy razonable que, además de preocuparnos por la neutralidad fiscal de este proyecto, se aproveche esta oportunidad para incorporar más licitación en un recurso de alta relevancia y apetito para el país, que está creciendo por encima de lo observado en otras pesquerías.
Finalmente, y respondiendo a una pregunta en este sentido, quiero dejar muy claro que este 15% que se licita no afecta la cuota que haya sido licitada con anterioridad. Se refiere únicamente a la parte nueva de aquellos que tienen la autorización, lo que tradicionalmente se denomina derecho histórico, aunque nosotros rara vez empleamos ese término.
Tradicionalmente, entonces quiero dejar bien claro eso, porque hay licitaciones que están comprometidas hasta incluso el 2040, si recuerdo bien, 2041. Por lo tanto, eso no es parte de lo que variaría a propósito de esta licitación. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro.
Dado que tenemos varios invitados, le pediría, ministro, que se quede, obviamente, para escuchar varias de las audiencias. Sé que hemos tenido al subsecretario Presca, pero, en general, a la Comisión de Hacienda no nos gusta tener a los ministros presentes cuando tramitamos proyectos; eso demuestra parte del interés del Ejecutivo en un proyecto de ley. Por ello, le pedimos al Ministro de Hacienda que se quede aquí.
Vamos a proceder con el… Después le doy la palabra para que escuchemos a Sola Pesca, que lo tenemos esperando hace rato. Felipe Sandoval, lo escuchamos; después, realizaremos una ronda de todos los senadores para que puedan hacer las preguntas, tanto al ministro como a don Felipe Sandoval, y liberamos al Ministro de Hacienda. Gracias, don Mario, por acompañarnos el día de hoy.
Don Felipe Sandoval, lo escuchamos. Espera un segundo, don Felipe, se escucha muy mal. No sé por qué se escucha tan mal. ¿Puede probar el audio? Escucha más o menos nomás. Aquí viene la gente de audio; no sé por qué tenemos problemas de audio siempre, la semana pasada también tuvimos inconvenientes.
Ok, tiene que ir hablando despacio, es decir, trate de modular lo más posible, ya que el audio se irá afinando en la sala. Oiga, don Felipe, perdone, pero tiene que modular un poco más y hablar más lento, porque si no, no le entendemos nada.
Es un proyecto desprolijo. El Gobierno no ha entregado ningún informe que dé cuenta de los impactos potenciales de este proyecto. Está bien que una empresa cierre si no es competitiva o por rebaja de cuotas debido al mal estado del recurso de la empresa; lo que no es entendible es que se cierre por decisiones administrativas o colindicas. A modo de ejemplo, existe una empresa en el norte y otra en Concepción que han anunciado su cierre al no solucionarse adecuadamente los fraccionamientos propuestos; otra en la zona sur-austral podría haber reducido su actividad entre un 20 y un 30%.
En el Jurel, lo que se incrementa es la producción del sector artesanal para harina de pescado, afectando el empleo, ya que en la zona centro-sur el jurel se destina al consumo humano. La diferencia de empleo es de 6 a 1.
No entendemos por qué, en los casos en que hay acuerdo entre trabajadores, empresas y empresarios, no se esboce el funcionamiento propuesto.
El proyecto contiene normas que, antes de implementarse, debieran ser avaladas por los comités científicos. Se contempla la unificación de la macrozona norte con la catedral de Coquí, la anchometria y la satina, y el establecimiento de un fraccionamiento de la reineta. El Gobierno tiene previsto que este proceso se implemente durante este año, y debe aclarar cómo lo hará jurídicamente, ya que las cuotas y los fraccionamientos se definieron en diciembre pasado. El cambio de fraccionamiento, en el caso de Purell, se debe sumar a la licitación, la cual también disminuirá las cuotas de las empresas, reduciendo la cuota industrial.
Comprometidas, las cuales pueden estar capturadas y vendidas a estos clientes. Estamos frente a un mal proyecto, muy complejo y con muchas imperfecciones. Nuestro interés es tener condiciones para invertir y no litigar en tribunales. Estamos dispuestos a corregir y a minorar los perjuicios que causará al sector pesquero. Un buen acuerdo podría convertirse en una oportunidad.
Se requiere una norma de certeza y estabilidad jurídica en las propiedades. No basta con establecer un plazo hasta el 2040, lo cual nos parece correcto; se debe asegurar que, en el intertanto, no habrá variaciones en el fraccionamiento y, de haberlas, se indemnizarán a los afectados. Se requiere una norma que permita el traspaso de cuotas, siempre entre el sector artesanal e industrial, única manera de asegurar que las cuotas se capturen.
Se requiere además que el fraccionamiento definido en los fictos de empleo se resuelva adecuadamente en los casos de la anchoveta del norte, sin que lo aprobado por la Cámara de Diputados, ni por la Comisión de Paz Calcedo o la indicación del Ejecutivo, puedan resolver el problema. El caso de la Manusa Calle lo expondrá la propia empresa, y en el caso del fraccionamiento de la remota estamos de acuerdo con la indicación del Ejecutivo.
Para no afectar el empleo, se hace necesario que cada empresa mantenga al menos la cuota del FUREL que tenía en el año 2024, ya que es más importante el empleo de cada trabajador; no es solo el empleo total lo que interesa. La indicación del Ejecutivo no garantiza esta condición en el caso del FUREL. Asimismo, se requiere que el proyecto se implemente en el año 2026. Las cuotas ya se han pescado, y otras tienen compromisos internacionales contraídos u otras formas en las cuales se han comprometido a la cuota.
Ahora, si el Gobierno insiste, se hace necesario que el Senado tenga a la vista que este incremento del fraccionamiento del año 2025 debe ser proporcional a los meses del año en que estará vigente la nueva ley. Por ejemplo, si el fraccionamiento se incrementa en un 10% y la ley rige desde julio hasta diciembre, durante el año 2025 el fraccionamiento debe incrementarse solo en un 5%.
Tal como lo ha dicho el subsecretario de Pesca, este proyecto es de fraccionamiento y la licitación es un medio para financiar. Lo que interesa al Ministerio de Hacienda es cubrir el marco y no obtener más recursos; de ahí podemos deducir que deberían estar abiertos a otras formas de financiamiento distintas a la licitación, a pesar de que no debería ser responsabilidad de la industria financiar los déficits del Estado que se generan por sus propias acciones. Si el proyecto logra financiarse, estamos dispuestos a buscar fórmulas de financiamiento.
Una opción es que, cuando se incremente la cuota traspasada a los artesanales producto del nuevo fraccionamiento y esta sea vendida a los industriales al momento de desembarque, la empresa pague el impuesto específico que corresponde a este recurso. Esta fórmula equilibraría el déficit fiscal producido por el nuevo fraccionamiento del jubilé, haciendo que lo pague el empleo de la empresa que compra el FUREL.
Otra opción, que no nos gusta pero podría no tener reparos constitucionales siempre que no sean exprimidores, es que se aplique un gravamen o impuesto específico transitorio mientras exista déficit fiscal, según las proyecciones del recurso FUREL, lo que deberá evaluarse constitucionalmente. En cuanto a las licitaciones, aún no nos pronunciaremos, por las dos razones antes expuestas.
Me gustaría conocer en detalle cómo quedan las cuotas del FUREL, si solo se aplican a las leyes de la ETA y al incremento de las mismas, producto del aumento de los puntos de respaldo.
Muchísimas gracias, don Felipe Sandoval. Vamos a proceder a escuchar la siguiente audiencia de inmediato y les pido que se queden conectados todos, para que así tengamos una ronda final antes de que concluya la sesión de comentarios de los senadores con el ministro aquí presente.
Así que, nuevamente, muchas gracias, don Felipe Sandoval, representante de Zona Pesca. Y ahora le damos la palabra al señor Andrés Cub, ex subsecretario de Pesca.
— ¿Lo escuchamos, don Andrés?
Sí, lo escuchamos.
— ¿Se escucha bien? Se le escucha bien, sí.
Gracias, señor presidente, y muchas gracias por su invitación. Aprovecho para saludar al señor ministro, al señor subsecretario y a los senadores presentes, y me voy a referir esta tarde ya al tema de las licitaciones.
Pesquerías industriales. Tal como ya se ha dicho en varias oportunidades y ministro de Hacienda lo acaba de repetir, ¿qué se propone respecto de este proyecto? Respecto de la licitación, se propone compensar el déficit que origina el nuevo fraccionamiento por la menor recaudación de impuestos específicos de las licencias transables de pesca clase A y de los pagos anuales de las licencias transables de pesca clase B ya licitadas. Se propone utilizar la recaudación de nuevas licitaciones solo en la pesquería en régimen de explotación, sin medir las externalidades negativas que se producen y las malas experiencias en su aplicación, tanto en Chile como internacionalmente.
Aplicabilidad de la licencia de pesca. ¿Por qué no son aplicables las legislaciones a pesquerías industriales en régimen de explotación? A diferencia de otras actividades, como por ejemplo las concesiones de infraestructura vial, en la industria pesquera existen importantes inversiones en barcos, descargas, plantas y líneas de proceso que no se traspasan al próximo adjudicatario. Estas inversiones constituyen, por tanto, inversiones hundidas, lo que hace que siempre las empresas en pesquerías industriales en régimen de explotación compitan con ventaja frente a los nuevos entrantes, ofrezcan mayores precios y se adjudiquen las licitaciones. Por ello, las licitaciones no son aplicables en general a la industria pesquera en operación, intensiva en activos fijos especiales, y provocan externalidades negativas, como mayor concentración, baja o nula generación de nuevos entrantes, y afectan el empleo, la competitividad y la estabilidad del sector.
¿Quién ha sido, señor presidente, la experiencia de las licitaciones pesqueras en Chile? Los resultados están consignados en un estudio realizado en colaboración con mi colega Álvaro de Caso y distribuido a ustedes. Se realizaron 17 licitaciones en unidades de pesquería, con un total de 640 lotes subastados entre 2015 y 2023. Se licitó el 15% de la presión industrial a empresas de menor tamaño y a empresas sin restricción, en proporción de 60% y 40%, respectivamente. El objetivo fue licitar las licencias transables de pesca, con vigencia por 20 años, para dos fines: 1) desconcentrar la industria pesquera y 2) permitir el acceso de nuevos entrantes. ¿Cuáles fueron los resultados? Como resultado, se obtuvieron escasos nuevos entrantes; solo en dos pesquerías se observaron algunos nuevos participantes, y se produjo una mayor concentración en la industria. Las empresas de menor tamaño licitaron sus licencias transables de pesca clase B a menor precio, mientras que las que fueron traspasadas a empresas sin restricción se adjudicaron a mayor precio, incluidas las de Jurel, que fueron traspasadas en casi un 100%. Como consecuencia, la recaudación fiscal se vio afectada en cerca de 7,5 millones de dólares, que quedaron en manos de los licitantes de empresas de menor tamaño.
Licitaciones de pesquerías internacionales. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional en licitaciones pesqueras? Estas experiencias están descritas en el estudio realizado en colaboración con el economista Raúl Sáez, ex embajador de Chile ante la OCDE, y distribuido a ustedes. Dividimos el análisis en tres grupos de países: países pesqueros de la OCDE, otros países pesqueros y países de la Unión Europea. En relación a los países pesqueros de la OCDE, de un total de 31 países con actividad pesquera, se realizan licitaciones en tres de ellos, aparte de Chile. En Estados Unidos se utilizan de manera limitada en pesquerías de pequeña escala, en British Columbia en algunas pesquerías costeras limitadas al 10% y en Nueva Zelanda solo se han utilizado en nuevas pesquerías. En otros países.
Gladia:
En Estonia, entre 2001 y 2004, se realizaron sobre el 10% de 9 pesquerías; se suspendieron y no renovaron por concentración de derechos, ingresos de barcos de mayor tamaño y mala generación de empleo. En Rusia, entre 2001 y 2003, en 10 pesquerías del Pacífico, se suspendieron por incremento de costos y crítica situación financiera de empresas de menor tamaño. Finalmente, en Islas Faroe, las licitaciones más recientes terminaron en un rotundo fracaso.
En países pesqueros de la Unión Europea no se realizan licitaciones ni subastas de pesquerías, que comprenden a importantes países pesqueros a nivel mundial.
En suma, señor presidente, las licitaciones internacionales han tenido restringida aplicación y malos resultados, estando reservadas para pesquerías nuevas o de pequeña escala, las que también se han realizado en Chile con éxito desde 1990.
Finalmente, señor presidente, quisiera decir que las licitaciones no las quieren ni los trabajadores de la industria ni los pescadores artesanales, como lo ha ratificado en esta misma comisión, la semana antepasada, la señora presidenta de la CONAPACHE. Muchísimas gracias, don Andrés, por su presentación. Ahora vamos a abrir una ronda de consultas de los colegas senadores. Me ha pedido la palabra el senador Daniel Núñez, y le ofrezco el resto para que podamos hacernos cargo de las inquietudes que han planteado algunos de los expositores.
Daniel Núñez:
Sí, gracias, presidente. Yo quería hacer un comentario y saludar a los dos expositores que intervinieron recién. Podemos terminar de precisar respecto a lo que escuché al entrar a la sesión. Lo primero, señor presidente, es que me llegó al correo la tabla de la sesión del martes-miércoles del Senado, y este proyecto de ley viene en la tabla del día miércoles; no es mi opinión, fue un acuerdo de los comités en que están todos los partidos representados del Senado.
Por supuesto, se espera que para poder verse en la sala lo despache la Comisión de Hacienda, como es obvio, y yo creo que es importante hacer ese esfuerzo. Me imagino que después se pondrán de acuerdo y darán un itinerario, pero es relevante porque los comités acordaron esto al entender que existe una urgencia no solo por parte del gobierno, sino también de la sociedad chilena por despachar. Recuerdo que peleamos harto las semanas pasadas porque usted decía que no podía aceptar el chantaje de que los pescadores estaban en las calles protestando. Bueno, hoy día no están en las calles protestando; solamente están los dirigentes escuchando y tratando de saber qué va a pasar.
No entiendo muy bien la lógica de este debate y, de lo que pude entender de lo que dijo el senador Macaya (si interpreté malamente sus palabras, me puede corregir), es que él esperaba un acuerdo para poder votar. Entonces, ¿qué pasa si, como bien dijo el senador Insurza, cuando hay un recurso escaso y lo vamos a repartir, no es fácil llegar a acuerdos? Puede que no se logren, pues puede haber una región que no esté de acuerdo y las otras quince regiones del país sí lo estén. Frente a esa situación, se dilatará la votación.
Lo que entiendo es que, legítimamente, las diferencias que puedan existir se resolverán votando; puede que se rechacen algunas cosas y se aprueben otras, pero es importante que no se supedite la votación a que exista un acuerdo. En ese sentido, hay temas que están pendientes. Por ejemplo, en la merluza, la Comisión de Pesca del Senado le entregó un 43% a la pesca artesanal, y hoy día es 40%, un aumento del 3%. La verdad es que eso está absolutamente por debajo de lo que se requiere de una distribución –como decía el ministro Grau– equitativa de ese recurso. Yo creo que eso hay que corregirlo. Si se hace mediante una indicación parlamentaria, puede ser inadmisible; mejor que lo corrija el gobierno a través del mecanismo formal que corresponda.
Y lo mismo ocurre respecto al jurel. Acá hay una propuesta de 25%, y le aseguro, señor presidente de la Comisión de Hacienda, que en la sala del Senado hay votos de sobra para aprobar el 30% del jurel a la pesca artesanal, porque aquí también hay que ver la realidad que tiene…
15 a 1 de 64 a 36 respectivamente. Hay que destacar que el 80% de la recaudación fiscal por concepto de licencias transables de pesca proviene justamente del recurso jurel. En la industria del jurel, los precios ofertados, por lo menos lo observado en procesos recientes, son en promedio cuatro veces pagados por la tonelada en la fracción histórica.
De esta manera, en resumen, cualquier aumento de la fracción artesanal implica una reducción de ingresos fiscales y, al mismo tiempo, cualquier cambio en el fraccionamiento o en la distribución entre cuotas históricas versus licitación del jurel genera un efecto más significativo que en el resto de las especies. El informe financiero señala a este respecto, suponiendo este proceso de aumento en dos años, que mientras el impuesto específico por cuotas históricas se reduciría, el aumento por anualidad de la subasta compensaría significativamente dicho descenso.
Para ello, el informe financiero comparó la recaudación fiscal que se obtendría en un escenario con proyecto de ley, de aquella que se obtendría en un escenario contrafactual; es decir, en ambos casos se incorpora el incremento de la cuota de jurel, asignándose en el escenario contrafactual en proporciones por derecho histórico, mientras que en el escenario del proyecto se asignaría por licitación. De esta manera, los incrementos en la cuota global del jurel y el producto de los resultados de la reunión de este organismo internacional están considerados tanto en el escenario sin proyecto como en el escenario con proyecto, y la diferencia entre ambos se refiere al cambio en la proporción de esta cuota adicional que se licita.
Ahora, a este respecto, presidente, es importante señalar que la existencia de licitaciones en la asignación de determinados derechos económicos no tiene un objetivo recaudatorio en sí mismo, sino que busca asegurar u obtener señales de precios del mercado y generar mayor competencia. En la legislación chilena existen mecanismos de licitación para diversas actividades, entre ellas el suministro eléctrico, el espectro radioeléctrico, concesiones mineras, concesiones marítimas, servicios sanitarios y frecuencias aéreas, cuyo propósito es generar una señal de precio para decisiones económicas a más largo plazo.
En lo que ha sido la tramitación de este proyecto, se han recibido múltiples indicaciones en el primer trámite: 70 indicaciones en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura del Senado; más de 30 organizaciones fueron invitadas y se presentaron 63 indicaciones adicionales, lo que dio lugar a algunas modificaciones en las cifras de fraccionamiento para algunas de las pesquerías.
En síntesis, presidente, en cuanto a la recaudación fiscal respecto al escenario contrafactual, si no se incorporara el incremento del jurel y suponiendo vigencia del nuevo fraccionamiento a partir del 2026, la recaudación sería 26.000 millones de pesos menor que en el escenario contrafactual; y al incorporar el escenario de fraccionamiento, se compensaría con ingresos provenientes de las subastas, estimados en 17.000 millones de pesos en el primer año, 48.000 en el segundo, 55.000 en el tercero y 64.000 a partir del cuarto año, generando con esto un efecto fiscal neto positivo que va desde...
De los 16.000 millones de pesos en el segundo año a los 22.000 millones de pesos en régimen. En cuanto a los temas de la regulación específica de este sector económico, en esto, presidente, el conocimiento y la competencia lo tiene el Ministerio de Economía y, particularmente, la Subsecretaría de Pesca. En este caso, el rol del Ministerio de Hacienda tiene que ver básicamente con la dimensión económico-financiera de este proyecto y, por supuesto, con que se tenga una racionalidad global. Pero, en general, como ocurre en muchos otros temas de regulación de carácter sectorial, el Ministerio de Hacienda se apoya en la competencia de los ministerios y de los servicios que están a cargo de la materia, en el fondo, en la calibración de los instrumentos recaudatorios.
Usted acaba de decir que, efectivamente, el objetivo no es recaudatorio, sino que es darle precios, ¿cierto? Yo siento que en este proyecto de ley tenemos dos componentes: uno es el fraccionamiento, que busca redistribuir la cuota, dándole más cuota al sector artesanal, y ese en sí mismo es una dimensión central, probablemente la más importante del proyecto. La otra tiene que ver con las licitaciones, y aquí viene una pregunta más técnica, desde el punto de vista del componente de licitaciones, de cómo está estructurado el tema. Básicamente, hay licitaciones que están vigentes hasta el 2032, y se eligió un diseño que contempla volver a subastar. Las licitaciones, como principio ordenador, me gustan en general, pues esta lógica de poder tener más competencia y de generar nuevos actores de mercado demuestra que una buena economía no reparte los bienes naturales simplemente por un elemento arbitrario, sino que utiliza algún criterio económico para asignarlos.
De hecho, creo que la historia del tema de la pesca ha tenido complicaciones por no haberse desarrollado una ley que, quizá, hubiese estado económicamente bien defendida, diseñada con una mirada a largo plazo y con un procedimiento que incorporase las mejores prácticas del mundo, independientemente de los intereses que puedan tener los involucrados. En particular, en el caso de las licitaciones, que son la fuente de ingreso fiscal mayor, el temor que tenemos como Comisión de Hacienda es que ello no vaya a chocar con demandas o con algún tipo de litigio, porque al final, cuando legislamos mal en el Congreso, terminamos trasladando el tema a los tribunales. Ya lo vimos en Isapres, donde, por tener una legislación mala o poco clara, cada parte interpreta a conveniencia lo que quiere y termina en manos de un juez que quizá no estuvo presente en la discusión parlamentaria para definir lo que, en efecto, quería decir el legislador.
Entonces, lo que yo no quisiera que ocurriera con esto, y en nuestra labor como parlamentarios, es que tengamos un diseño que deje clarísimo lo que se quiso hacer, de modo que a nadie se le ocurra ir a la justicia, ya que esta diría: "¿Pero qué me está alegando?" Es muy claro lo que quisieron hacer los legisladores y lo que quiso hacer el Ejecutivo, que es el que está empujando este proyecto de ley.
Más allá de centrarnos en la cuota que le corresponde a cada parte, tengo una gran preocupación: creo que algunas regiones estamos muy perjudicadas, particularmente en la Araucanía, donde tenemos la mayor biomasa en nuestras fronteras y apenas un 1% de la cuota artesanal, lo que es un escándalo. Mi lucha en este proyecto de ley será lograr que eso cambie. Tengo a Pepe García también aquí, quien representa esta región, y nos corresponde luchar por ella, pues en el fondo la asignación actual tiene un criterio completamente arbitrario y histórico, donde lo grande sigue siendo grande y lo pequeño no puede crecer en la distribución de los recursos, que ni siquiera pasan por la ley, ya que no estamos legislando sobre la distribución regional de la cuota artesanal, sino simplemente sobre el fraccionamiento entre artesanales.
Y, lo que se distribuye a nivel regional lo hace la Subsecretaría de Pesca en forma completamente discrecional. Y, históricamente, marginado a la región de la Araucanía –que es la región más necesitada, con mayor necesidad de empleo– ha sido la Subsecretaría de Pesca. Entonces, yo espero que eso cambie.
Entonces, la pregunta que le hago, volviendo al tema de las subastas, es: si usted cree que las licitaciones, en este contexto donde ya habían licitaciones previas, ¿vamos a tener o no vamos a tener un problema legal? No sé si convenga hacer una pregunta al Ministro de Hacienda para que podamos sumarlas todas y que nos responda todas juntas. Bienvenido, señor Macaya, también. Señor García. Muchas gracias, presidente. Saludo tanto al señor Ministro de Hacienda como al Ministro de Economía, y al subsecretario de Pesca.
Yo me sumo a las consultas que ha formulado el presidente de la Comisión, porque de todo lo que hemos venido escuchando aquí en la Comisión de Hacienda, creo que las dudas sobre constitucionalidad no se han despejado, o por lo menos no hemos tenido la oportunidad de plantearlas con la misma prontitud que exige la tramitación del proyecto, y es súper importante tenerlo claro. Yo entiendo que hay dos objeciones de constitucionalidad. Una, porque el actual fraccionamiento pesquero es hasta el año 2032 y, al cambiarlo un par de años antes –como nos han expresado distintas organizaciones– se estaría cambiando las reglas del juego antes de tiempo, lo que origina un problema de constitucionalidad.
El segundo motivo es por las licitaciones, ya que el aumento de la cuota global de jurel que se vaya a licitar, y comparto lo que dice el presidente Felipe Kass, no implica que estemos en contra de las licitaciones, puesto que considero que es un buen sistema de asignación de recursos. Sin embargo, al tratarse de un aumento de una cuota ya existente, cabe la pregunta de por qué, si se trata de un aumento de una cuota ya establecida, eso se puede licitar.
Hago mía, por supuesto, la inquietud sobre la región de la Araucanía. Esto de la Araucanía es algo que se viene planteando por los pescadores artesanales, particularmente los de Keble, desde hace muchos años. Se ha conversado con distintas autoridades, pero nunca se ha logrado una respuesta, porque lo de la Araucanía es, en cierto modo, increíble: hay peces, hay masa, pasa frente a sus costas, pero dado que los registros pesqueros son tan antiguos, no se permite la incorporación de nuevas embarcaciones y nunca se ha autorizado el aumento de la cuota. Eso, evidentemente, genera una serie de distorsiones, ya que muchas veces se pesca, pero hay que entregar el producto en puertos o terminales pesqueros de la región de Los Ríos, por ejemplo, lo que ha generado dificultades de entendimiento con los pescadores y los artesanales de la región del Bío Bío. Por ello, creemos que esta es la oportunidad de corregir ello y de tratar con mayor justicia a la región de la Araucanía.
El tema del cálculo de los ingresos también ha generado hartas inquietudes y, sobre todo, muchas preguntas, pues todo lo que hemos escuchado indica que habría un aumento de los ingresos, estimándose que llegarían a unos 125 millones de dólares anuales en el año 2027. Por ello, es importante conocer de mejor forma cómo se han realizado esos cálculos y cómo influyen tanto el impuesto específico como las propias licitaciones.
Muchas gracias, señor García. Colega, simplemente, complementar, ministro, el tema de cómo está diseñada la cuota actual, que es con coeficientes versus... Porque yo entiendo que el espíritu de lo que quiere hacer el Ejecutivo es licitar lo nuevo, ¿verdad? En el fondo, eso es lo que entiendo y me parece razonable, o sea, en el fondo el punto de