Le ruego ponerse de pie, incluidos los asesores, por favor. Muchas gracias.
En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, por favor, dé la cuenta.
Gracias, señora presidenta.
Hemos recibido un oficio de la Subsecretaría del Interior, mediante el cual se responde a la nota enviada por el señor Franz Peral Tabadilla, su excelencia y Presidente de la República, exponiendo problemas de seguridad que aquejan al sector Villa Chica, comuna de Antofagasta.
Se recibe oficio de la División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior, informando que se ha enviado a la Secretaría General y Asuntos Internacionales de Carabineros de Chile, oficio de esta comisión, en el que se solicita remitir copia íntegra del protocolo de uso de la pistola Taser para que dé respuesta a dicho requerimiento.
También se presenta oficio de la Directora Nacional de Senda, informando glosas presupuestarias articuladas según la ley de presupuesto 2025.
Se recibe oficio de la Policía de Investigaciones de Chile, dando cumplimiento a lo dispuesto en la glosa 5 de la partida 5 de la ley de presupuesto para el sector público, año 2025.
Se ha remitido, mediante e-mail del Gabinete del Fiscal Nacional, la comunicación de que por motivo de fuerza mayor no será posible la asistencia por parte del Ministerio Público a la sesión de hoy, excusando al señor Ignacio Castillo Val y a la señora Tania Gajardo Orellana.
Asimismo, se ha recibido nota del Gabinete del Director Nacional del Registro Civil, la cual confirma la asistencia presencial del director a la sesión de hoy, don Omar Morales.
Se adjunta oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, confirmando la asistencia del ministro que nos acompaña en la mesa en este momento, señora Presidenta.
A continuación, se informa mediante e-mail del asesor del gabinete de la Subsecretaria de Prevención del Delito que, por encontrarse en el Senado en un trámite legislativo, no podrá asistir.
Nota del subsecretario para las Fuerzas Armadas: se remite informe de cumplimiento adquirido durante la tramitación de la ley 21.722, correspondiente a la información y resultado del plan anual de fiscalización y control de armas. Esto lo íbamos a tratar también en una sesión futura; no recordemos.
Se incluye, por último, un oficio reservado del subsecretario de Justicia, mediante el cual se remite un informe detallado en relación con la situación del cumplimiento penal de don Daniel Esteban Rojas Yañez, quien quebrantó una condena en el régimen de cumplimiento penal adolescente, manteniéndose prófugo y cometiendo nuevos crímenes.
Finalmente, se informa sobre el reemplazo de la diputada Joana Pérez Olea, y se ha recibido por correo, en este momento, una nota.
de don Andrés, un segundo: canceler de don Andrés Joanet, que dice lo siguiente: va dirigido, particularmente, al ministro de Seguridad, también de mi consideración. Como es de público conocimiento, en la noche del 5 de abril pasado, desconocidos llegaron hasta la vivienda de un funcionario de Gendarmería de Chile, en la ciudad de Cauquenes, disparando contra el inmueble y dejando, además, un escrito junto a una corona de flores. El escrito señala: "paz, despide tu familia, pronta muerta", agregando, etcétera.
Al respecto, y dada la gravedad del hecho que involucra amenaza contra un funcionario de Gendarmería, es que vengo a solicitar a ustedes invitar a los señores Ministros de Justicia y de Seguridad Pública a la próxima asociación de la Comisión, a fin de que informen sobre el particular. Terminada la lectura de la cuenta, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Secretario.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Araya.
– Gracias, Presidenta.
Presidenta, a propósito de la cuenta: efectivamente, un funcionario de Gendarmería ha recibido graves amenazas; se han registrado disparos contra su vivienda, y se le han dejado coronas de flores. Lamentablemente, este hecho no es aislado, sino que se repite una y otra vez. El personal de Gendarmería es víctima de amedrentamientos de todo tipo, lo que plantea interrogantes respecto de las medidas adoptadas para enfrentar esta situación. En particular, este funcionario ha sido uno de los responsables de lograr importantes descomisos al interior de los centros penitenciarios, demostrando un desempeño ejemplar y siendo amenazado por ello.
Por una parte, se requiere revisar y reforzar las medidas de protección, pues una o dos o tres rondas diarias en su hogar no son suficientes. Por otra parte, aprovechando la presencia del Ministro de Seguridad, es necesario abordar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados que autoriza el porte de armamento para el personal en retiro, tema que ha sufrido modificaciones importantes en su tramitación. Además, muchos del personal actualmente activo no pueden acceder a armamento de cargo, pues, aunque tienen la posibilidad legal de portar, no disponen del armamento necesario, el cual es costoso y excede el alcance de sus remuneraciones.
Yo creo que estos puntos deben ser abordados en la próxima comisión.
Gracias, diputado. ¿Alguna palabra sobre la cuenta de parte de los demás diputados? Ninguna. OK, entonces, señor Ministro: le damos la bienvenida.
Muchas gracias por asistir a nuestra comisión. Sé que usted trae preparada una presentación; nos va a ofrecer, en primer lugar, un panorama sobre lo que pretende con el Ministerio de Seguridad Pública y, aprovechando, responderá varias dudas que puedan surgir. Le doy la palabra al señor Ministro.
Muchas gracias, señora Presidenta. Tal como consta en la invitación, el objetivo central de mi comparecencia a vuestras señorías es explicar el proceso de instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el contexto en el cual se ha desarrollado, las medidas administrativas adoptadas y los compromisos que se están ejecutando durante el resto del año. Sin perjuicio, si usted lo considera pertinente, puedo responder de forma genérica a la pregunta del diputado, no porque no pueda hacerlo de forma particular, sino porque esta sesión es pública y ese tema fue analizado tanto hoy como ayer.
En términos generales, recordar, vuestra señoría, que la creación del Ministerio de Seguridad Pública es un proyecto que contó con amplio consenso en este Congreso durante la etapa final. Todos los presentes tenemos claro cuáles fueron las diferencias que pudieron existir en ese proceso, pero la ley estableció el modelo administrativo que finalmente se encuentra implementado. Esto es relevante, ya que, a pesar de que la ley fue promulgada en el mes de enero y publicada el 5 de febrero, la decisión del Presidente de la República fue que este proyecto de ley, o la ley una vez publicada, se implementase en el menor tiempo posible. Recordemos, vuestras señorías, que de conformidad con la ley, el Ejecutivo tenía un año para dictar los decretos con fuerza de ley y, en consecuencia, pudo haber derivado...
La implementación del Ministerio de Seguridad Pública para la próxima administración. Pero eso no fue así, entre otras, por las conversaciones transversales que existieron en este Congreso en la necesidad de que, al menos este año, se permitiera la instalación administrativa completa del Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de que una próxima administración, cualquiera fuese del signo de esta, pudiese iniciar la ejecución operativa del ministerio sin ningún tipo de inconveniente desde el inicio.
Así las cosas, el Ministerio del Interior, en su oportunidad, conformó un equipo de implementación que debía preocuparse de cuestiones que algunos podrán considerar domésticas pero que son extremadamente relevantes: a saber, el lugar de localización donde se iba a establecer el Ministerio de Seguridad Pública; en segundo lugar, la elaboración de los decretos con fuerza de ley; y, en tercer lugar, en la elaboración de dichos decretos, tener claridad sobre el personal traspasado.
Recuerden, vuestras señorías, que acá hay dos o tres tipos de personal traspasado: el que proviene íntegramente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se traspasa en su totalidad; en segundo lugar, el personal que se encontraba en la Subsecretaría del Interior dedicado a asuntos de seguridad, que se traspasa en la parte pertinente; y, en tercer lugar, a propósito de la distribución territorial, el personal de las delegaciones asociadas a seguridad que también debía ser traspasado. Es importante recordar que, en el caso del Ministerio del Interior, una cantidad importante de este personal estaba sujeto a contrato de honorarios, lo que implicaba una serie de restricciones desde varios puntos de vista.
Los decretos con fuerza de ley, en consecuencia, fueron ingresados a la Contraloría, conforme a lo solicitado por el Presidente, para que fuesen efectivos el 1º de abril. La tramitación de ambos decretos fue expedita en la Contraloría; se trató de utilizar las reglas convencionales que para este efecto ha tomado razón la institución en etapas previas, de modo de evitar innovaciones que dificultaran la toma de razón. La Contraloría tomó razón en las primeras semanas de marzo, permitiendo así dar cumplimiento a la fecha señalada en el decreto.
Ese contexto general permite entender que la focalización específica que tuvo el Ministerio del Interior fue dotar de todos los medios para que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar a partir del 1 de abril.
Les quiero recordar, señorías, que este ministerio tiene dos subsecretarías: una que existía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y en segundo lugar, una que no existía y que debía montarse desde cero, la Subsecretaría de Seguridad Pública.
No es que quiera inmiscuirme en cuestiones de derecho administrativo, pero son extremadamente relevantes, pues constituyen los elementos que permiten el funcionamiento del Estado. Como no existía una Subsecretaría de Seguridad Pública, este Congreso decidió que, en la fase administrativa de instalación, los recursos fueran ejecutados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, esa subsecretaría arrendó los dos pisos en los que hoy se encuentra instalado el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, las funciones del ministerio no pudieron ejecutarse sino a partir del 1 de abril; por ejemplo, a pesar de que el Presidente de la República anunció, en mi caso, el nombramiento el jueves de la semana pasada —estamos hablando recién de una semana de existencia del ministerio— las cuentas del Ministerio de Seguridad Pública sólo pudieron utilizarse a partir del 1 de abril.
Este asunto, aunque pueda resultar relativamente doméstico, es relevante para entender por qué las decisiones formales debían ejecutarse a partir del 1º de abril.
El propósito, entonces, y en esto quiero abordar quizá una de las primeras inquietudes que vuestras señorías tienen, con quienes he conversado indistintamente, fue la decisión sobre quiénes iban a ejercer los cargos de seremi. La decisión que tomó el Ejecutivo fue que, dado que el inicio se establecía a partir del 1º, se garantizara la continuidad de servicio.
La continuidad se podría garantizar de la siguiente manera: primero, asegurando que la selección de las personas que iban a ser titulares de las seremis de seguridad no fuese apresurada; y, en segundo lugar, al adoptar esta medida, se optó por ocupar las figuras del interinato o de la subrogancia institucional. La figura del interinato se eligió entre aquellas personas que se encontraban o que habían ejercido los cargos de coordinadores de seguridad pública en general, quienes naturalmente estaban presentes. Sin embargo, quiero señalar, vuestras señorías, que no todas ellas eran personas…
Que se encontraban en cargos a contrata y menos de planta. Una buena cantidad de ellos se encontraban contratados honorarios. En esas condiciones no era posible que asumieran su condición de interinos. Por lo tanto, la decisión siguiente fue establecer la estructura de subrogancia, que no es la subrogancia interna (en la que hay personas que son traspasadas), sino la que opera entre secretarías regionales y ministeriales. La decisión adoptada fue que el sector más afín con seguridad, para efectos de subrogancia orgánica, es decir, cuando no está el titular del seremi de Seguridad, debiendo subrogar, es el seremi de Justicia, esencialmente porque los seremis de Justicia son los que tienen funciones afines; entre otras cosas, están a cargo de Gendarmería, Reinserción Juvenil o Sename, y de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en la región.
Recordar aquí que el Ejecutivo ha tratado de llevar a cabo el propósito de este Congreso. El Congreso ha solicitado que quienes ejercen el cargo en condición de titulares tengan tres años de experiencia en materia de seguridad o afines; y, en caso de no poder acreditarse esos tres años, deben contar con seis años de experiencia profesional. En consecuencia, en aquellos casos donde existen personas que están ejerciendo, en términos transitorios, la función de seremi de Seguridad como seremi de Justicia, es porque la subrogancia es orgánica. El Ejecutivo se ha propuesto contar con los titulares a más tardar dentro de la primera quincena del mes de mayo.
Uno de los desafíos que tiene el Ministerio de Seguridad, tanto a nivel regional como nacional, es tratar de respetar el propósito perseguido por este Congreso de dotar equipos de carácter técnico, lo que supone un cierto compromiso colectivo en la implementación del Ministerio. En primer lugar, se busca que las personas que llegan al Ministerio, aunque relativamente pocas en número –en su mayoría traspasados– asuman cargos de responsabilidad en políticas públicas permanentes. Por ejemplo, en el caso de la unidad estratégica, clave en el Ministerio de Seguridad Pública, es fundamental atraer personas con un perfil de interés. En segundo lugar, se pretende que, en las regiones, los procesos vinculados a las competencias sean gestionados por autoridades con experiencia, a fin de evitar problemas institucionales.
Uno de los problemas que el Ejecutivo ha querido evitar es la alteración de la continuidad del servicio público. La creación del Ministerio de Seguridad implica retirar competencias de un organismo que hoy día las tenía, el Ministerio del Interior, el cual, a nivel nacional, probablemente cuenta con una estructura administrativa más fácil de desprender; pero a nivel regional requiere de esfuerzos colaborativos significativos entre los delegados y las nuevas autoridades. No puede permitirse la existencia de disputas entre autoridades en cuestiones esenciales, como la continuidad de la función en materia de seguridad y, especialmente, en lo que se refiere a la señal directa a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Hasta ahora, ese ha sido el principal propósito del Ejecutivo y la base de esta modalidad en las regiones.
Comprendo las críticas que se han formulado, pero es mi responsabilidad señalar que esta es la alternativa elegida para dar continuidad al servicio público y contar con los titulares en el mes de mayo, de modo que no se produzca una interrupción en la continuidad del servicio.
En segundo lugar, y como ya he expresado en otras intervenciones, dada la magnitud del desafío que implica la instalación del Ministerio de Seguridad, no existe marcha blanca. En consecuencia, se han estado ejecutando aquellas políticas en materia de seguridad que provenían del Ministerio del Interior; por ejemplo, en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito se ha asegurado la plena continuidad, y en el caso de la Subsecretaría del Interior se observa un desglose, dado que este Ministerio también atraviesa por una reestructuración que implica coordinación interministerial a partir de los estudios y expresiones que se han venido realizando, y ello supone una transformación del Ministerio del Interior.
De gobierno, lo digo por lo siguiente: el propósito en los meses que siguen es que a vuestras señorías tengo que comparecer ante esta Comisión en el mes de junio para rendir cuentas. El Ejecutivo, en esto, quiere fijar inmediatamente el criterio, dado que la ley establece que la rendición de cuenta se realizará semestralmente, según lo acordemos en el mes de junio.
Pero, desde ese punto de vista, existen algunas cuestiones prioritarias y una de ellas es que el Ejecutivo, conjuntamente con la Policía, ha identificado el establecimiento del sistema de seguridad pública. Recuerden, vuestras señorías, que uno de los aspectos más significativos de la ley que ustedes aprobaron al crear el Ministerio de Seguridad Pública no es simplemente la creación de un casillero en la Administración Pública, sino, ante todo, el establecimiento de un modelo de gestión pública distinto en materia de seguridad.
Existe una serie de iniciativas que formaban parte de fuerzas de tarea o grupos de coordinación, elaboradas mediante resoluciones exentas, las cuales, con la creación de la ley del Ministerio, adquieren una estructura permanente. Una de ellas tiene que ver con el sistema de seguridad pública, que es un mecanismo de coordinación tanto público como público-privada, con distintas modalidades que van desde comisiones y comités hasta fuerzas de tarea.
De igual modo, está dentro de esa estructura la priorización del Centro de Coordinación Policial, siendo voluntad del Ejecutivo que el CICPOL sea instalado este año y, por lo tanto, su primer oficial general pueda ser nombrado, ojalá, en la primera parte del segundo semestre del presente año.
El tercer aspecto, relevante desde el punto de vista reglamentario, se refiere a las transferencias de información, una de las competencias robustas que vuestras señorías aprobaron en la ley para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con amplias competencias para requerir información con el propósito de diseñar políticas y estrategias operativas fundamentadas en evidencia.
Hasta ahora, el Ejecutivo considera que estos tres temas —el sistema de seguridad pública, las unidades de coordinación, cooperación y colaboración (el CICPOL como Centro de Coordinación Policial) y el sistema de transferencias de información— pueden abordarse en un solo reglamento. De hecho, los equipos de implementación ya han trabajado en un borrador de reglamento y en un texto que será sometido al conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema de seguridad pública en las próximas semanas.
Luego de la consulta, no tengo ningún problema en explicar el contenido de cómo está diseñado el sistema de seguridad pública, incluyendo la forma en que se está pensando el funcionamiento del Centro de Coordinación Policial.
Quiero señalar que en este proceso ha existido una cooperación y un entusiasmo abierto, no solo por parte de las policías, sino también de servicios públicos clave para el funcionamiento del sistema de seguridad, tales como aduana, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Mercado Financiero y los reguladores financieros en general. Existen, además, otros organismos que debemos incorporar y que cumplen roles relevantes en algunas fuerzas de tarea específicas, como el Servicio Agrícola y Ganadero, u otros que pudieran afectar algunos sectores productivos.
Por estos días, por ejemplo, tuvimos reunión con el Consejo Minero para abordar de manera concreta aquellas situaciones que pueden estar afectando algunas operaciones mineras.
El propósito del Ejecutivo, en relación con estos tres temas unificados en un reglamento, es que dicho reglamento pueda ingresar a la Contraloría a más tardar en el mes de junio del presente año, de modo que podamos obtener toma de razón en un par de meses después de ese ingreso. Lo más relevante no es solo la operación del sistema de seguridad pública, sino que al Ejecutivo le interesa, dado el rol que supone el trabajo integrado de ambas policías, poder implementarlo a partir del tercer trimestre del presente año.
Asimismo, como vuestras señorías ya tienen conocimiento, existen mandatos específicos en la ley. En el caso de los reglamentos, el plazo es de un año, pero por ello el Ejecutivo se ha impuesto la exigencia de ingresarlo en el mes de junio en estas materias. Existen otros reglamentos importantes, como el Reglamento Orgánico del Ministerio, que permitirá administrar el Ministerio con dicho reglamento en funcionamiento, y el certificado de pertinencia para las inversiones de las policías, respecto del cual ya existen normas que pueden seguir trabajándose.
Sin embargo...
Pero vuestras señorías establecieron un plazo en la ley que está vinculado al sistema de seguridad ciudadana, la Ley de Protección, y en ese sentido el Ejecutivo desea ingresar ese proyecto a más tardar en el mes de junio del presente. Es el que crea el Sistema de Protección Ciudadana, que busca, entre otras cosas, el régimen unificado, número único de emergencias y otros asuntos similares. Ese proyecto tiene un plazo de ocho meses, desde que fue publicada la ley, pero el Ejecutivo considera relevante ingresarlo a más tardar en el mes de junio.
Los equipos del Ministerio se encuentran trabajando en estos dos aspectos que son claves, vinculados a la implementación del sistema. En lo demás, vuestras señorías, los equipos de la Subsecretaría de Seguridad Pública se han ido conformando progresivamente con el traspaso del personal que proviene de la Subsecretaría del Interior. Tenemos la ventaja de que algunas de esas unidades ya se encontraban en operación, mientras que en otras unidades de staff es necesario realizar readecuaciones. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, su estructura y personal se mantienen, lo que permite darle un orden de magnitud.
En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, este cuenta con una dotación máxima de 838 funcionarios a nivel nacional, según la dotación autorizada. Es importante recordar que 577 provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son personas que se traspasan, y que 261 de esos cupos van a la Subsecretaría de Seguridad Pública, traspasados desde la Subsecretaría del Interior. En consecuencia, no se han creado cargos nuevos exclusivamente, sino que se trata de un traspaso significativo de funcionarios en esta etapa.
Solo quiero cerrar con dos ideas relevantes para que vuestras señorías las tengan presentes. La primera es que el Ejecutivo tiene plena convicción de que en las etapas de instalación se juegan los éxitos de implementación y el futuro desempeño de las instituciones. Tomar las decisiones correctas en el momento oportuno depende, en buena parte, del éxito de la institucionalidad, ya que el 50% depende de la aprobación de la ley y el 50% de su implementación. Por eso, en el caso del nombramiento de las eremías, el Ejecutivo ha sido especialmente cuidadoso de no anunciar titulares de inmediato, sino que ha tomado un mes y medio para decidir y conformar las ternas por parte de la delegación, transmitiendo así un mensaje que, si bien se ha difundido internamente en el gobierno, hoy puedo expresar de forma pública.
La etapa de instalación del Ministerio de Seguridad Pública es clave para el país. Los beneficios del Ministerio se verán en el mediano y largo plazo, mientras que en el corto plazo es fundamental continuar ejecutando las acciones operativas que han obtenido buenos resultados y, sobre todo, garantizar un cumplimiento efectivo de su instalación. De esta forma, la puesta en marcha supone el cumplimiento de un perfil determinado y no la compensación a partidos con nombre y apellido, lo que considero es el camino hacia el éxito.
¿Por qué este asunto es relevante? Porque, en mi caso en particular —prefiero ser completamente transparente— no eludo ni niego que los temas de seguridad son relevantes en cualquier periodo eleccionario, no solo en Chile sino en distintas partes del mundo. La convicción que ha llevado a este equipo a aceptar la instalación del Ministerio de Seguridad Pública radica, fundamentalmente, en no dejarse llevar por la contingencia y en garantizar que la instalación del ministerio sea útil para el mediano y largo plazo en la adopción de políticas públicas basadas en evidencia. Por ello, la primera iniciativa fue entregar el Informe Nacional de Homicidios Consumados, donde se encuentran los datos; posteriormente, podremos discutir sobre la causalidad, la correlación y qué medidas mejorar en función de dicha evidencia.
Por último, respecto de los proyectos liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, hemos realizado un trabajo de separación, pero también de cooperación, con el Ministerio del Interior.
Son liderados, por cierto, por parte del Ministerio de Seguridad Pública; ahí está arreglado el uso de la fuerza, la seguridad municipal, el bono de la Policía de Investigaciones, la nueva modalidad de ingreso, al igual que en el caso de estadios seguros. Esto explica que tanto la subsecretaria de Aleitado como el subsecretario Cullado no me acompañan hoy, porque en paralelo están en dos proyectos de ley, ambos en el Senado.
Hay otros proyectos de ley que son propiamente de interior; sin embargo, en ellos se abordan aspectos de seguridad, algunos de los cuales, en mi labor anterior, yo venía desarrollando y que seguirán siendo trabajados conjuntamente, siendo prioritarios para el Ejecutivo. Uno tiene que ver con la inteligencia del Estado, que debiera estar próxima a la tabla de la sala de esta Honorable Cámara de Diputados y, por lo tanto, provocar pronto la conformación de una comisión mixta para ese proyecto. La inteligencia económica, que vuestra señoría la tiene a su disposición, debiera verse en esta comisión en particular como un proyecto clave en materia de combate al crimen organizado. Y luego está tanto el fortalecimiento del Ministerio Público como su braterritorial, que, aunque son proyectos de justicia, resultan relevantes para la agenda de seguridad y en los que el Ejecutivo está trabajando conjuntamente.
Eso es, en términos generales, lo que puedo brevemente resumir de lo acontecido hoy; en fin, mañana se cumple una semana. Me parece muy bien, administrativamente sí, y solo quiero reivindicar en confianza que el derecho administrativo es clave para que esto funcione, algo que a usted le interesa, como todos sabemos. No es solo que se trate de lo que es justo. Muchas gracias, señor ministro.
Ofrezco la palabra al diputado Chalper, quien me lo había solicitado en primera instancia.
Bueno, gracias, presidenta. Saludo, por supuesto, al ministro de Seguridad Pública. Muy, muy breve: yo creo que, efectivamente, el derecho administrativo es clave para el funcionamiento de este ministerio, pero especialmente para aquellos de nosotros que optamos –y que no fue del todo compartida la idea– por evaluarlo a través de una instancia exclusivamente dedicada, desde los ministerios, al tema de la seguridad pública. Evidentemente, exigimos que no nos quedemos solo en el ámbito del derecho administrativo. Aquí, la verdad, presidenta, lo que necesitamos es una instancia con gestión policial de excelencia y con capacidad de conducción de las policías. Yo se lo iba a recordar, pero qué bueno que el ministro lo hizo, pues la ley establece la obligación del ministro de rendir cuenta ante esta comisión con cierto nivel de periodicidad. A mí me habría gustado, presidenta, para serle franco, que hubiéramos llegado a contar con una estrategia de seguridad. Entiendo que son pocos días, pero una estrategia de seguridad no se reduce únicamente a la dictación de potestades reglamentarias y a traspasos de personal; esa es solo una dimensión de la tarea. La dimensión principal, a mi juicio, es qué indicadores de gestión se exigen a este ministro y a este ministerio en términos de prevención, control y persecución penal, en todo aquello que guarda relación con las atribuciones que pueden tenerse. Esperaríamos una estrategia clara.
Y, presidenta, si me disculpa –porque sé que este secretario es muy impetuoso– le pido que nos ayude a llevar esto a cabo, que ojalá podamos tener una sesión en la que, junto con los administrativos, se nos informe qué se hará en lo ejecutivo. Porque, en el fondo, por lo menos desde mi punto de vista, esto es muy relevante para que, al hacer la rendición de cuentas, se cumpla lo propuesto.
Presidenta, entiendo la argumentación, por su intermedio, del ministro respecto a la diferencia entre el interino y el titular. Él es mucho más sabio en temas de derecho administrativo que yo, por supuesto, pero da la impresión de que el interino debe cumplir con los requisitos del titular. Y aquí tenemos tres que no se cumplen: básicamente, el de Arica, el de la Región Metropolitana y el del Bío-Bío. No cumplen, porque, a ver, una cosa es que nos digan –utilizando una expresión que él mismo ha empleado– que podemos estresar la norma al creer que la expresión "afines" nos permite afirmar que los tres años de experiencia profesional también equivalen al haber pasado por el ministerio. Si en realidad pretendíamos, al hacer una distinción entre la experiencia profesional y, por decirlo así, la experiencia propiamente jurídica, pensar en personas que tuvieran un desempeño profesional –ya sea en algún rubro académico, por decirlo de alguna manera– por al menos tres años, entonces hicimos la distinción.
En nuestra opinión, presidenta, y creemos que es prudente que se aclare, porque si no, se trata de ir resolviendo interpretaciones que podrían beneficiarnos en el futuro. Esto tendremos que escalarlo a la Contraloría para que nos indique si, efectivamente, el Ceremi de Arica, el de la Región Metropolitana y el del Bío-Bío –que no cumplen con uno de los requisitos, es decir, el de la letra E del artículo 24– corresponden o no a seguir en su cargo.
Para mí… Chalper, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted quiere pedir un oficio?
No, no, no, yo haré una presentación. Yo haré una presentación. Pero, una vez que termine, el diputado… sí, pero haré una presentación que tenga éxito. Oiga, y en ese marco, y en ese marco, Presidenta, por su intermedio, si me permite el diputado, ya puedo terminar. Si me permite… Gracias, Presidenta.
Y, por último, por lo menos para este diputado es muy importante, Presidenta, que se considere mucho más al Consejo Asesor en materia de seguridad. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad: ese fue un compromiso que asumió el Presidente de la República a solicitud de la oposición y yo me siento absolutamente estafado por el Presidente de la República, porque los han puesto ahí en una posición supuestamente influyente, sin que se les pida la opinión prácticamente de nada, se les cita a sesionar tarde, mal y nunca. Lo que habíamos pensado era que iba a ser una buena instancia para acreditar y dar confianza a las decisiones en materia de seguridad. Y yo, Presidenta, se lo quiero decir con mucho respeto al Ministro; espero que eso cambie bajo su administración, ya que se constituyó un equipo experto cuyo fin es validar la toma de decisiones, y la verdad es que, prácticamente, no se les ha citado para nada más que para un par de situaciones cosméticas.
Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Chalper. Diputado Longton, muchas gracias.
Presidenta, ya que la Diputada Plasencia hizo alusión al tiempo, trataré de ser más breve.
Primero, dar la venida al Ministro de Seguridad. Algunas cosas: Presidenta, nos enteramos de las cifras en materia de homicidio y otros delitos de connotación social. Sorprende la poca periodicidad en la entrega de las cifras en relación a este tema, que está regulado en la ley del Ministerio del Interior, particularmente porque desde septiembre del año pasado no hemos tenido noticias respecto a la medición de los homicidios.
Llama la atención, Ministro, la falta de coordinación que existe respecto a otras cifras que se entregan públicamente y que cuentan con un método de evaluación, de seguimiento y de transparencia, en especial las cifras del STOP o las que proporciona la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, ustedes consolidan información de distintas instituciones y la verdad es que no hay manera de hacerle seguimiento o medir cómo se realizó aquello, como si existiera una herramienta legal del STOP, que además arroja cifras muy distintas a las esperadas.
Y, lo otro, Ministro, y esta es una crítica más política, es que parece haber una complacencia, una satisfacción al decir que se ha estabilizado, con una tendencia a la baja. Porque, la verdad es que, cuando uno revisa las cifras, Ministro, desde 2018 hasta la fecha, en la región de Valparaíso han subido casi un 85% los homicidios. Entonces, cuando se afirma "vamos a una tendencia a subir y nos estabilizamos", no comparemos el 2018 con el 2022, ni con el 2023 o el 2024, ya que se trata de las cifras históricamente más altas en la historia de nuestro país.
Lo que yo planteo es: ¿qué se va a hacer para disminuir ostensiblemente esa cantidad de homicidios que vivimos a diario y en el transcurso del año en nuestro país? Esto, particularmente, considerando la cantidad de recursos que se han destinado en materia de seguridad aprobados por este Congreso y la cantidad de proyectos. No se corresponde la inversión de recursos ni los planes implementados con la baja en el número de homicidios que debería evidenciarse en la práctica, en atención al esfuerzo que ha realizado este Congreso.
Por último, quiero reforzar lo que dijo el Diputado Charles P. Sutter, en atención a los requisitos. Cuando incorporamos –y yo estaba al frente de la Comisión de Seguridad– el requisito de que el funcionario tuviera experiencia en el ámbito de la seguridad, se esperaba que se desempeñara en un área afín. La responsabilidad de Justicia, indirectamente, puede tener cierta relación, pero no directamente con la seguridad, ya que para ello estaba el Ministerio del Interior y ahora el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, el señor Jaime Fuentes se tituló en el año 2019, por lo que no cuenta con seis años de experiencia profesional; lo cual es claro. Entonces, lo más probable es que se le nombrara considerando tres años de experiencia en el ámbito de la seguridad.
Y la verdad es que, la única experiencia en el ámbito de seguridad que, Ministro, ha tenido esa persona ha sido como abogado de los que él describía como presos políticos, como promotor de la ley de indulto general, como quien trató a presos políticos y, además, en la defensa de una persona que hoy se encuentra fugada de la justicia, la misma que visitó la cárcel conjuntamente con la ahora Presidenta de la República, el señor Nicolás Piña. Entonces, la verdad, Ministro, es que esa persona, más bien, tiene antecedentes que no lo respaldan para resguardar la seguridad de manera eficiente para los chilenos.
Me parece que ese y los otros ejemplos revelan que se tomó una decisión sin que sepamos en base a qué, y nos gustaría que usted nos explicara, porque claramente puede haber una infracción legal que podría determinar la Contraloría, más allá del mérito que usted haya estimado que tuviera esta persona. Nos gustaría también que se refiriera a ello.
Eso es todo. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Longton. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta.
Bueno, saludar al ministro, la verdad es que me parece que es muy útil que desde el comienzo de la instalación del ministerio tengamos la posibilidad de contar con su presencia. Yo, antes de dar una opinión acabada, quisiera preguntarle algunas cosas que se desprenden de su exposición. Lo primero es respecto del traspaso de causas que llevaba el Ministerio del Interior, como querellas, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad, que en este caso deberían recaer en las Ceremis, entiendo yo. Entonces, las Ceremis deberían hacerse cargo de estas causas y, como entiendo que el traspaso ha sido rápido, sería bueno saber cómo se está llevando a cabo para que sea efectivo.
Lo otro es que, independiente de que el ministro tenga que venir a dar cuenta al Congreso acerca de su gestión y algunos de los resultados que esperamos sean exitosos por la seguridad de nuestro país, me interesa saber si podríamos agendar, Presidenta, una cantidad de sesiones precisas pero temáticas sobre cómo ha ido avanzando el plan de control de armas; sobre cómo avanza, en otra sesión, la política nacional contra el crimen organizado, que debo recordar es creación de este gobierno frente a una necesidad país que antes no se visualizó y que hoy día están dando. También sería importante conocer cómo ha ido avanzando el plan nacional de seguridad pública, elaborado a inicios del gobierno. Hemos tenido algunos estados de avance, pero creo que sería bueno saber cómo, al menos, estos tres temas –políticas de corto, mediano y largo plazo– los está asumiendo a partir de hoy el Ministerio de Seguridad como Ministerio Especializado, porque ello daría claridad a quienes, más allá de la buena intención y de la necesidad de plantear públicamente una opinión crítica respecto de la instalación, parecen no haber hecho el seguimiento de cómo avanza la política pública en materia de seguridad.
No me va a cortar la palabra ahora; diputado, estoy tomando dos minutos por intervención, pero debo señalar que no es la primera vez que interrumpo. Presidenta, por favor, voy a apurar, pues no es mi intención dilatar, aunque también es cierto que me parece que hay un trato que no es ecuánime. En conclusión, creo que es importante que esta comisión haga seguimiento y no actúe como si todo empezara de cero, ya que los resultados que también deberíamos analizar –por ejemplo, con una sesión destinada al análisis del informe consolidado de homicidios del 2024 en comparación con años anteriores, considerando la diferente desagregación por comunas que antes no existía– lo demuestran. Sería bueno, Presidenta, que agendáramos sesiones específicas para este seguimiento, porque la política pública hay que irle haciendo seguimiento y nosotros, como colaboradores en su desarrollo, debemos tenerlo claro y no tratarlo como un proceso que parte de cero. Gracias.
Gracias, diputada Plasencia. Diputado Teao, muchas gracias, Presidenta.
Comenzaré saludando al ministro del nuevo Ministerio de Seguridad, y a los colegas presentes. Quiero agradecer también al ministro, ya que me aclaró ciertas situaciones que, al ser anunciadas por la prensa a nivel regional, generan mucha especulación, y me explicó específicamente por qué había una interina, ¿no es cierto?, nombrada como encargada de la implementación del ministerio en la Región de Valparaíso. Tengo preguntas que se desprenden de su presentación, por su intermedio, ministro, y se menciona que los trabajadores de prevención del delito son los que van a integrar, van a ser contratados ellos o van a ir desde el Ministerio del Interior. Y, dentro de eso, me gustaría saber si…
Tiene algún filtro de expertiz, como también, ¿no es cierto?, años de experiencia con respecto a la seguridad. Se lo digo, principalmente, preocupado porque en mi región la estadística indica que el año pasado se registraron 134 homicidios, situándonos en segundo lugar después de la Región Metropolitana en este aspecto, y nos preocupa mucho esa situación.
Por otra parte, aprovechando la instancia, es pedirle, por su intermedio, Presidenta, al Ministro que priorice una iniciativa legal que tengo en esta comisión, la cual tiene que ver con la fabricación, transporte y utilización de Miguelito. Creo que sería un tremendo aporte para que se trate y se pueda implementar lo más pronto posible; para ello necesitamos su apoyo para darle la urgencia que requiere.
Me gustaría, y aprovechando que el punto lo realizó el diputado Chalper, que cuando se entregue la información de la implementación, ésta no sea a nivel general regional, sino que se detalle región por región, ya que cada una tiene realidades distintas. Como le decía, la Región de Valparaíso, la cual represento, es la segunda después de la Región Metropolitana en términos de homicidios.
Y por último, Presidenta, por su intermedio, el Ministro afirmó no estar preocupado por las contingencias. ¿Cuál es la estrategia que se sigue respecto a las contingencias que tenemos hoy? Muchas gracias.
Presidenta, no me expresaré con tanta sofisticación como mis antecedentes y agradezco el análisis que realiza el Ministro en la implementación administrativa del nuevo ministerio, del cual no estuve de acuerdo en su creación y sigo creyendo que fue un error. Dicho lo anterior, y considerando la teoría de los dos factores de Herzberg —lo higiénico y lo motivacional—, usted tiene un tremendo desafío, Ministro, en materia de seguridad.
Hoy se observa una reducción de cerca de un 60% del presupuesto destinado a la adquisición de uniformes para Carabineros. Se ha puesto término a licitaciones de botas de montaña, de poleras operativas, de tenidas de salida, de parcas de campaña, de "Beatles", de "Kipi", entre otros. Nos preocupa, en su caso, Ministro, la implementación de los grandes temas: los 58.000 Carabineros que están en la calle, si no cuentan con pantalón, camisa o buenas botas para ejecutar sus labores, quedan en una definición interesante en papel, pero que no se traduce en obras concretas. Probablemente, las preocupaciones y los dolores ocasionados por una bota en malas condiciones superen con creces todas las buenas voluntades que se acumulen en esta mesa. En relación a las reducciones presupuestarias y a las decisiones adoptadas en esta materia, el presupuesto no era suficiente; históricamente solo se reemplazaba el 58%, y ahora hemos llegado al 22% de la dotación presupuestaria para estos fines. No sé si pudiese referirse a algo tan importante y apremiante para nuestros funcionarios. Muchas gracias. Gracias, diputado Araya, diputado Leal y, nuevamente, gracias, Presidenta.
Mire, Ministro, quiero expresarme con el máximo respeto, pero me siento estafado con este tema de los CEREMI, y le explicaré por qué. En la discusión se generó polémica respecto a las figuras regionales. Si designábamos a un Seremi, dejábamos a los delegados; al final, di mi voto en la comisión para que se fijaran los SEREMI en cada región como representantes del Ministro y con facultad de mando sobre las policías. Se nos aseguró que se designaría personal competente. Sin embargo, en mi región, en Araucanía, la Seremi López Videla, quien es una gran periodista —y no tengo nada en su contra— demostró en materia de seguridad no tener la experiencia necesaria. Mi propuesta se aprobó hace tres meses; ¿no habría existido la posibilidad de nombrar a alguien competente en ese lapso? Considero que en temas de seguridad es preferible contar con personal verdaderamente calificado. Porque este asunto se aprobó hace meses y el gobierno era consciente de la necesidad de implementarlo. Si en dos o tres meses no fueron capaces de encontrar un Seremi competente, ¿es prioridad este tema o, por el contrario, se estaría dispuesto a nombrar a cualquier persona? Se lo expongo respetuosamente, Ministro, ya que ha generado un malestar considerable, al menos en la región que represento y, probablemente, en otras.