Cámara de Diputados - Hacienda - 7 de abril de 2025

Gracias. Y también pedir la unanimidad para que el miércoles se haga la elección del próximo presidente. ¿Pedir esa unanimidad para el próximo miércoles? Bueno, no está la unanimidad. El entusiasmo suyo no fue acogido. No, no lo sé, no sé. Eso depende de la votación de ustedes. Pero el diputado Naranjo pide efectivamente la unanimidad para que esto pueda ser aceptado, la renuncia y se vote el día miércoles. Es decir, hay dos normas efectivamente, pero esto puede simplificarse en un solo acto: si hay acuerdo para que se acoja mi solicitud de dejar la presidencia de esta comisión, eso aplicaría inmediatamente la segunda norma, que es que se votaría efectivamente el próximo miércoles. ¿Habría acuerdo para aquello? No, no, no, para votar el miércoles. Si lo que está pidiendo la unanimidad es para que se acepte la renuncia, eso gatilla automáticamente que la votación sería el próximo miércoles. Bueno, entonces no hay acuerdo. Muy bien. Secretario, por favor. Ustedes saben que, por su temerio, presidente, la unanimidad manda en el 99% de los casos del reglamento, salvo contadas excepciones. Esta no es una de esas excepciones. Entonces, por unanimidad, lo que pueden hacer es dejar sin efecto, por esta ocasión, la norma que señala que la comisión debe pronunciarse respecto de la renuncia 45 horas después, es decir, en la sesión ordinaria que ocurra al menos 45 horas después. Si ustedes no dan la unanimidad en esta decisión, la renuncia del presidente queda supeditada al pronunciamiento de los subintegrantes el día miércoles en la tarde. Eso sería un punto de la tabla. Ustedes pueden dar la unanimidad en este acto para dos cosas diferentes: para dejar la votación, la elección del nuevo presidente para el miércoles, o la pueden dejar para otro día, como ustedes prefieran. Pero lo que están haciendo ahora, lo que harían por unanimidad, es aceptar la renuncia del presidente y dejar vacante ese cargo. Pueden decir: vamos a saltarnos las 45 horas que nos exige el reglamento y a pronunciar en este acto, hoy, respecto a la renuncia del presidente. Y eso lo pueden resolver por unanimidad. Bueno, vamos a hacerlo más simple, secretario. A ver, yo he señalado que he puesto la renuncia a la presidencia de la Comisión de Hacienda a partir de este instante. Si hay unanimidad para acoger, lo que habría que hacer es votar el próximo miércoles. Entonces, ¿quién podría ser o no el futuro presidente o presidenta de esta comisión? ¿Habría unanimidad para acoger mi solicitud de renuncia? Hay algo que a lo mejor no se entiende o no lo expresamos bien. ¿Podríamos dar la unanimidad para votar si aceptamos o no aceptamos su renuncia ahora? O sea, pero votemos: si rechazamos su renuncia, usted sigue como presidente. Eso es. Entonces, yo daría la unanimidad para votar ahora. Ah, no, he partido pidiendo el acuerdo. Mi renuncia. Ya. Bien, perfecto. No hay unanimidad. Entonces, queda así: mi renuncia queda, obviamente, oficializada a partir de ahora, y el día miércoles habrán dos cosas que hacer. Primero, acoger o no la renuncia que yo he planteado hoy.

Pasadas otras 45 horas, el martes de la próxima semana, se votará quién podría estar asumiendo la presidencia de esta, ya que se tiene que hacer sí o sí. Bien, no hay problema entonces, así queda acordado. Lo imagino, lo imagino. Y a mí me encanta que a usted le encante que yo siga 15 días más. Bien, hay algo que es importante y que yo creo que todos, todos los aquí presentes, teníamos una preocupación. Yo reconozco que en algún momento, en mi caso particular, personal, hice ver mi molestia, porque efectivamente es una molestia real de no poder contar con la debida exposición por parte del Consejo Fiscal Autónomo, sumado a todo lo que se ha conocido públicamente. Queríamos que en esta misma Comisión pudieran efectuar su presentación. Reconozco que el presidente tuvo la gentileza de contactarse, al menos conmigo y con, me imagino, otros colegas más, en los que se manifestó la total disposición para venir a exponer, situación que evidenció un impasse que ya había sido advertido anteriormente a la Secretaría, etc. Por lo tanto, dejando eso de lado, estamos muy gratos de tenerlo acá. Vamos a abrir entonces la orden del día, cuyo objeto es recibir al Presidente del Consejo Fiscal Autónomo para que exponga sobre el Informe de fecha 21 de marzo del 2025, relativo al Balance Estructural Nº 21 – "Informe de evaluación y monitoreo del cálculo del Balance Estructural y nivel prudente de deuda: estimaciones 2024-2029". Están invitados, por parte del Consejo Fiscal Autónomo, su presidente, don Jorge Rodríguez Cabello, a quien le damos una vez más la bienvenida, junto con el consejero, señor don Sebastián Izquierdo Ramírez, el gerente de estudios, señor don Mario Arendt Serrano, y la encargada de comunicaciones, la señora Camila Miranda Krauss. A todos ellos, nuevamente, les damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los señores y señoras diputadas aquí presentes. Agradecemos mucho la invitación para presentar este informe. Tenemos una presentación que ya todos tienen en su poder. Reafirmo, efectivamente, que, como nos comunicamos con el Presidente hace algunos días, contamos con total disposición para venir a presentar todos los informes que realice el Consejo Fiscal Autónomo; más allá de que la ley nos obliga a hacer una presentación semestral ante la Comisión Mixta, nosotros estamos disponibles, efectivamente, para presentar informes adicionales. Lo que haremos a continuación es justamente exponer nuestro informe trimestral, publicado el día 21 de marzo. Asimismo, destaco que, al haber sido publicado ese día, el cierre estadístico de las cifras que presentaré tiene esa fecha. A continuación, un breve repaso del índice de lo que abordaremos: haremos una introducción y un contexto sobre lo que hemos denominado situación de estrés fiscal; analizaremos la desviación del cumplimiento de la meta de balanza estructural del año 2024; abordaremos, además, los desafíos fiscales de mediano plazo; y finalizaremos con una reflexión sobre la posibilidad de alcanzar un amplio acuerdo por la sostenibilidad fiscal. Pasando a la introducción y al contexto de estrés fiscal, quiero recordar que somos un órgano colegiado y que lo que estamos presentando es un informe consensuado entre todos los miembros del Consejo. En él, realizamos análisis y emitimos recomendaciones en materia de sostenibilidad fiscal, recomendaciones que, cabe resaltar, no son vinculantes y están dirigidas a los tomadores de decisiones de política fiscal, principalmente el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y las comisiones respectivas del Parlamento. Reafirmo que, por ello, es de nuestro mayor interés dar a conocer nuestros análisis y recomendaciones, siendo la única herramienta de influencia el poder de persuasión de dichos análisis. Este informe, del 21 de marzo, es un informe trimestral que elaboramos periódicamente para analizar la evolución de la deuda bruta del Gobierno Central y del balance estructural, dos indicadores clave de la regla dual de finanzas públicas que rigen en Chile. En este sentido, una de nuestras tareas es verificar que el cálculo del balance estructural esté realizado de manera adecuada por la Dirección de Presupuestos, verificación que confirma su correcta ejecución. Una cosa distinta es que, más allá del cálculo, existan riesgos fiscales, los cuales identificamos y vamos a mostrar. Además, quiero señalar que este…

Esto es un informe periódico, pero se complementa con un informe extraordinario que hicimos en febrero, realizado porque identificamos que no se había cumplido la meta fiscal del año 2024. Por lo tanto, voy a presentar un compendio de lo que dijimos en febrero: un breve repaso, porque es muy importante el análisis del contexto actual y la mirada a mediano plazo a partir de lo sucedido en el año 2024. Hemos descrito en varios informes y en diversas conversaciones con la Comisión Mixta de Presupuestos, principalmente, que estamos viviendo una situación de estrés fiscal. Y esa palabra no la elegimos al azar, pues es distinta a una situación de crisis. Nosotros entendemos por situación de estrés fiscal aquella coyuntura en la que la situación fiscal aún es susceptible de solución y de actuación oportuna, evitando que dependa de nosotros y se salga de control, ya sea en el país o en las autoridades fiscales que conducen la política fiscal. Cabe señalar además que esta situación de estrés fiscal no apareció de la noche a la mañana, sino que es el resultado de la acumulación de eventos que se vienen dando desde el año 2008, cuando se produjo la crisis financiera internacional, situación que se agravó con lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19, especialmente en los años 2020 y 2021. De hecho, si uno hace un resumen muy breve, identificamos, basándonos en cifras oficiales de la Dirección de Presupuestos, que en 15 de los últimos 17 años hemos tenido déficits estructurales, es decir, en 15 de esos 17 años hemos gastado más que nuestros ingresos estructurales. Esta situación, evidentemente, resulta insostenible a largo plazo, por lo que en algún momento se debe revertir la ecuación aumentando los ingresos. En cuanto a la trayectoria fiscal más reciente, en el marco del presupuesto 2022 es importante destacar que el Congreso aprobó una reducción muy sustantiva del gasto público. De hecho, en el año 2023 este gobierno ejecutó el presupuesto que implicaba una reducción del 23% del gasto, lo cual se cumplió y es fundamental para lo que hemos llamado la convergencia hacia un balance fiscal. Si no se hubiesen retirado las ayudas extraordinarias de la pandemia, que implicaron reducir el gasto en un 23% en el año 2022, la situación habría sido mucho más compleja. Sin embargo, en los años 2023 y 2024 no se mantuvo ese esfuerzo de acotar el gasto, volviendo a registrarse déficits estructurales importantes. En el año 2023 fue un déficit de 2,7 puntos del PIB y en el año 2024 fue de 3,2 puntos del PIB, lo que representa dos años consecutivos de déficits estructurales en torno a tres puntos cada uno, sumando aproximadamente seis puntos acumulados en esos dos años. Es importante señalar que ni en el 2023 ni en el 2024 se vivieron años de crisis; si bien es comprensible que en períodos de crisis, como la pandemia o la crisis financiera de 2008, se registren déficits significativos, es mucho más discutible que esto ocurra en años sin crisis, en los que, aunque la economía no sea boyante, tampoco hay una coyuntura de crisis. Además, en los años 2022 y 2023 se observó que las finanzas públicas se beneficiaron de ingresos extraordinarios del litio, ingresos que lamentablemente no se han repetido en el año 2024 ni se están replicando al mismo nivel en el año 2025. Dichos ingresos mejoraron los resultados de los años 2022, 2023 y 2024, pero no se han revalidado, ya que como país nos gastamos estos ingresos extraordinarios del litio en lugar de ahorrarlos, perdiéndose así la oportunidad de contar con un mejor respaldo financiero en la actualidad. ¿Puedo interrumpirle? Disculpe. Usted toma un punto tremendamente relevante con respecto a lo que pudo haberse hecho. Lo que pudo, si no se hizo, no se hizo; el "pudo" no existe. Aquí se gastaron excedentes del litio. Le hice la pregunta al ministro, se la hice yo hace un par de días: ¿en qué se gastaron esos excedentes que legalmente pasaron al Tesoro Público? Al Tesoro se hicieron las distribuciones; se gastaron en un gasto permanente que es la PGU. O sea, yo no sé si esto había ocurrido antes, pero por excedentes, en particular del litio, esto podría haberse destinado a pagar un gasto permanente como la PGU. Además, ustedes manifestaron en la presentación de la Comisión Mixta que existe un riesgo, y corríjanme si estoy equivocado, me encantaría estarlo, o que ustedes estuvieran equivocados, en cuanto a que hay un riesgo.

Futuro, próximo, probable, donde se podría correr incluso el riesgo de no poder tener para cubrir efectivamente este gasto permanente de la PGO. Por favor, diputado Romero. Presidente, yo no, perdone, pero yo no recuerdo que se haya dicho que el ministro se hubiera gastado en la PGO exclusivamente. De hecho, el ministro señaló que se gastó en seguridad y salud, y también en pagos de la PGO. Son dos situaciones que están completamente en crisis. Creo que sería importante señalar que se gastó, en gasto corriente, en el presupuesto de la nación. Además, no sé si esto fue directamente utilizado en la PGU, a lo mejor considerando los antecedentes que le hayan hecho, pero recuerdo que el ministro dijo, y lo expresó públicamente en una conferencia de prensa cuando habló de la legalidad de esto, que se había gastado en seguridad y en salud. Entonces, ahí también... Perfecto, gracias. Lo escuchamos. Diputado Larango. ¿Qué entienden ustedes por “bajo la línea”, ya que se ha devuelto vía capitalización? ¿Qué se entiende por “bajo la línea”? Presidente, perfecto. Retomo la presentación aprovechando para contestar las consultas, en el camino sin desmedro de que al final podamos hacer una ronda de preguntas. El año 2022 y 2023 hubo ingresos extraordinarios por litio que no estaban presupuestados, y la verdad es que no existe un marcaje de ingresos que vayan a un gasto específico. En realidad, ese ingreso por litio se fue a cubrir el déficit fiscal en su integridad; es decir, no hay una identificación específica de en qué se gastó el ingreso por litio, ni en qué se gastó el IVA o el impuesto a la renta. Todo se integra al Tesoro Público, ingreso de la nación, y con ello se financia el presupuesto público. Desde nuestro punto de vista, no hay un vínculo exacto en cómo se gastó cada ingreso, pero lo que sí pusimos como énfasis en esos años, como Consejo Fiscal, y seguimos remarcando, es que cuando existen ingresos extraordinarios es muy importante identificar cuál es la parte permanente y cuál es la parte transitoria. La parte transitoria debiese destinarse a ahorros, justamente por ser transitoria y no comprometer financiar un gasto contra algo de corta duración. Lamentablemente, como país se revirtieron esos altos precios del litio en los años 2022, 2023 y en el año 2024, por lo que ya no contamos con esos ingresos en la misma magnitud. De hecho, lo explicaré un poco más adelante, y esa es parte de la explicación de por qué no se cumplió la meta fiscal del año 2024. Para nosotros, la reflexión más profunda es que, si vuelve a haber un boom del litio que dure dos o tres años, es muy importante reservar parte de esos recursos. La DIPES acogió una norma para identificar ingresos transitorios y permanentes del litio, pero la empezó a aplicar desde el 2024 en adelante. Por ello, hago hincapié en que durante 2022 y 2023 no existía esa norma y, por lo tanto, esos recursos de litio pudieron destinarse a gasto. El siguiente punto que iba a mencionar es que, en el año 2023, se retiraron de manera extraordinaria dividendos de NAP, ya que NAP habitualmente no entrega dividendos al fisco. Si uno analiza los últimos 15 años, este es casi el único año en que se retiraron dividendos. Además, dichos dividendos se retiraron con el compromiso de devolverlos a la empresa, bajo la línea, es decir, no como gasto, sino como capitalización de empresa pública. Con la misma cantidad que se retiraron dividendos, en el año siguiente y subsiguiente se completará la devolución de esos recursos. Por ello, también señalamos que no es habitual que NAP entregue dividendos y se debe reflexionar si se deben gastar o no dividendos que se reciben cada 15 años, en contraste con, por ejemplo, los dividendos de Codelco, que son mucho más persistentes en el tiempo y que de alguna manera se destinan a gasto. Quisimos recalcar esa excepcionalidad de NAP en ese año. Esto es una introducción, pero queremos dejar claro que estamos en una situación de estrés fiscal, resultado de la acumulación de varios años de no convergencia hacia un balance que inició en el año 2008. Tuvimos el terremoto, la pandemia y una serie de eventos que complicaron volver a una situación de equilibrio. Y lo que pretendemos es que, de alguna vez por todas, volvamos a esa situación de equilibrio. Respecto al año 2024, como les comentaba, hicimos un informe especial en febrero sobre esta materia, apenas se conocieron las cifras oficiales de que no se había cumplido la meta autoimpuesta por el gobierno de balance estructural para el año 2024. Como ustedes saben, cada gobierno se fija sus propias metas de balance estructural; no es algo impuesto por el Consejo Fiscal, ya que no tenemos esa atribución. En el año 2024, el déficit estructural alcanzó un 3,2% del PIB, mientras que la meta autoimpuesta por el gobierno era un déficit de 1,9% del PIB, es decir, un desvío de 1,3 puntos. Nosotros calificamos ese desvío como extraordinario para un año sin crisis, pues durante la pandemia hubo desvíos incluso mayores.

Pero en un año sin crisis se registra un desvío especialmente alto, situación preocupante justamente por ser un año en el que se esperaría estar más cerca de un equilibrio, o incluso contar con posibilidades de ahorrar para pagar las deudas contraídas en años de crisis. En primer lugar, se trata de una magnitud extraordinaria de desvío para un año sin crisis. En segundo lugar, esta situación dificulta la convergencia hacia un balance de equilibrio y, de hecho, presiona para que se supere el nivel prudente de deuda del 45% del PIB, indicador de las finanzas públicas establecido por el propio Gobierno. Y, en tercer lugar, cuando el Gobierno se fija metas y no las cumple, se pone en entredicho tanto su capacidad como su compromiso de alcanzar sus propios objetivos. Hemos realizado simulaciones que muestran que, si se repiten desvíos de esta magnitud por varios años, se podría superar el nivel prudente de deuda del 45% del PIB, lo cual resulta altamente indeseable. Insisto, estas son metas establecidas por el propio Gobierno. La explicación de por qué no se cumplió la meta de balance estructural en el año 2024 se debe principalmente a que no se alcanzaron los ingresos proyectados. La dirección de presupuesto explica que los ingresos previstos no se cumplieron, en especial en dos fuentes: la Operación Renta y los ingresos por litio. Había una expectativa de que en 2024 los ingresos por litio caerían, pero no a la medida en que finalmente lo hicieron. Se acabó ese boom de los años 2022 y 2023, afectando los ingresos fiscales, que fueron 1,3 puntos del PIB inferiores a lo proyectado; y en términos de ingresos estructurales la diferencia fue de 1,6 puntos del PIB. Ante esta situación, para cumplir la meta la única herramienta que tenía el Gobierno durante el año era ajustar el gasto, ya que los ingresos estaban prácticamente fijos. En el mediano plazo se podrían considerar medidas como una reforma tributaria o el combate a la evasión, pero durante el año resulta mucho más difícil. Así, el Gobierno se encontró con menores ingresos y, aunque ajustó el gasto, lo hizo en una cantidad insuficiente para alcanzar la meta. De hecho, en 2024 se ejecutó el 99% del presupuesto; para cumplir la meta, habría sido necesario ajustar en 1,3 puntos adicionales del PIB, lo que equivale a unos 4.300 millones de dólares. Es relevante destacar que el ajuste implementado se concentró en inversión y no en gasto corriente, es decir, se optó por retrasar inversiones en lugar de lograr un verdadero ajuste o ganancia de eficiencia en el gasto corriente. Esto es significativo, ya que el retraso de inversiones afecta a la larga el crecimiento económico del país y, por ende, también los ingresos fiscales. Por ello, recomendamos que los ajustes necesarios hacia el futuro se realicen preferentemente en gasto corriente, evitando sacrificar el crecimiento económico. En el gráfico que acompaña el informe se descompone el cumplimiento de la meta: se evidenció que los ingresos fueron 1,6 puntos del PIB inferiores a lo proyectado y el ajuste del gasto fue de 0,25 puntos, lo que dejó un remanente de 1,3 necesario para cumplir la meta estructural. Ante esta situación, presentamos una serie de recomendaciones. Cabe destacar que este Congreso aprobó, en agosto del año pasado, una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que perfecciona la normativa existente. Uno de los artículos aprobados establece que, cuando se registran desvíos de esta naturaleza, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de presentarse ante el Congreso en el mes de abril y exponer medidas de mitigación para, en la práctica, mitigar el incumplimiento del año anterior. Así, en abril debutará esta norma, en la que el Ministro de Hacienda y la Directora de Presupuesto deberán presentar dichas medidas. Finalmente, hacemos un llamado para que, si en 2024 no se cumplió la meta, en 2025 se logre de manera estricta el cumplimiento de la misma, estableciendo además la meta de un déficit estructural de 1,1% del PIB.

Pero eso también requiere cierta planificación de si se van a tener que ajustar o no los gastos, dado los ingresos que se están proyectando. Y los ingresos que se proyectaban, con la información disponible cuando cerramos este informe en la segunda quincena de marzo, indican que se requiere un ajuste adicional de gasto este año. De hecho, se precisa un ajuste de cerca de 1.500 millones, equivalente a 0.5 puntos del PIB, para cumplir la meta de este año. Entonces, no se cumplió la meta en el año 2024, y las proyecciones sugieren que este año también habría que hacer un ajuste del gasto para cumplir la meta. Retomo, además, la sugerencia de que lo que se ajuste no sean inversiones, sino gasto corriente. También hicimos en ese informe recomendaciones para que las ganancias de eficiencia en el gasto sean permanentes, es decir, que no se trate simplemente de la postergación de inversiones. Es posible que algunas medidas, como gastos corrientes, ayudas sociales o la reducción de las listas de espera en salud, contribuyan a este fin, pero deben traducirse en verdaderas ganancias de eficiencia permanentes. De este modo, el ajuste del gasto no tendría efectos solo en el año 2025, sino que se mantendría a lo largo del tiempo, permitiendo mejorar las holguras fiscales de mediano plazo, tema que abordaremos en unos minutos. Asimismo, le recomendamos a la Dirección de Presupuestos que prepare anticipadamente un plan exigente de ajuste del gasto público con efectos a mediano plazo y que se inicie la reconstrucción gradual del Fondo de Estabilización Económica y Social (FES). Este fondo, en el que se depositaron los ahorros del fisco para enfrentar la crisis de 2008 y la pandemia, actualmente representa 1.2 puntos del PIB. Lamentablemente, ante la posibilidad de una nueva crisis derivada del comercio internacional, hoy el FES se encuentra mucho más escuálido que en tiempos anteriores. También hemos solicitado, a raíz de lo ocurrido en el año 2024, que la DIPRES mejore sus modelos de proyección de ingresos, ya que se recaudó mucho menos de lo proyectado. Existe el riesgo de descalibración en dichos modelos, lo cual es importante resolver. En este contexto, la DIPRES encargó al FMI un estudio que se publicará próximamente y que, entiendo, será de acceso público; ustedes pueden solicitar que se presente este estudio en esta comisión para conocer, en detalle, las propuestas de mejora en los modelos de proyección de ingresos. No basta con el estudio, es crucial que la DIPRES implemente las recomendaciones para minimizar las imprecisiones en futuras proyecciones. Asimismo, recomendamos sistematizar y publicar los criterios contables para clasificar las transacciones financieras como “sobre la línea” y “bajo la línea”, ya que la precisión de los indicadores de balance estructural y de deuda depende en gran medida de una correcta clasificación de estas transacciones. Se advierte, además, que aunque los ingresos del año 2024 fueron menores que los proyectados, un componente transitorio —el impuesto sustitutivo de impuestos finales del ICIF— ayudó a compensar la brecha, pero dicho apoyo se extinguió en enero de 2025. Por lo tanto, es fundamental tener cautela para que este factor transitorio no se utilice para comprometer gastos permanentes. Finalmente, recomendamos avanzar en la transparencia de las estadísticas fiscales, ya que es fundamental para que podamos realizar análisis más precisos. Esta comisión y los analistas en general requieren de mayor claridad en materia de ingresos, gastos fiscales y transacciones clasificadas como “bajo la línea”. En cuanto a la implicancia para el año 2025 del incumplimiento de la meta del 2024, señalamos que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, tiene la obligación de presentar en abril medidas de mitigación. Nosotros recomendamos cumplir la meta de un déficit de 1.1% del PIB, aunque la DIPRES pronosticó un déficit de 1.6% del PIB, por lo que es imperativo recortar gastos.

1.500 millones adicionales, 0.5 puntos del PIB este año. También es válido destacar que el Ministerio de Hacienda acordó, justamente con este Congreso, hacer un ajuste este año, ajustando 0.2 puntos del PIB (equivalentes a 635 millones de dólares) durante la tramitación de la ley de presupuestos. Sin embargo, eso sigue siendo insuficiente con la información disponible para cumplir la meta. Evidentemente, la DIPRES puede actualizar sus proyecciones – de hecho, eso se abordará en el informe de abril – y tendremos que recalcular la cifra de ajuste necesario para cumplir la meta este año. Por ello, insisto en la importancia de que se conozca y analice bien el informe que presentará el Ministerio de Hacienda este mes. En el siguiente gráfico se muestra justamente la proyección de este año de la meta de 1,1% del PIB. Se observa que los ingresos estructurales son menores de lo proyectado en la ley de presupuesto; aunque se hizo un ajuste en el gasto público proyectado de 0.2 puntos del PIB, el remanente que falta asciende a 0.5 puntos adicionales para alcanzar la meta. Ahora me paso al mediano plazo. La Dirección de Presupuestos habitualmente proyecta cuatro años adicionales al año en ejecución; en este caso, tenemos proyecciones de la DIPRES hasta el año 2029. Dichas proyecciones muestran que no hay espacio de gasto para ningún gasto nuevo adicional que no sea el destinado a cubrir los gastos ya comprometidos. La DIPRES emplea una metodología que ha aplicado durante varios años, la cual calcula los gastos comprometidos en materia de salarios, bienes y servicios, inversiones, beneficios sociales, entre otros; fija una meta estructural para el periodo y estima los ingresos estructurales. La última fila indica cuántos recursos remanentes – o holguras – quedarían para gastos nuevos. Sin embargo, el ejercicio presentado muestra que, de aquí al año 2029, no se registran holguras para nuevos gastos; en algunos años, las holguras incluso no alcanzan para cubrir los gastos ya comprometidos. De hecho, en promedio, entre el año 2026 y el 2029, los gastos deberían reducirse 0.4 puntos del PIB al año para cubrir lo comprometido, lo que indica una situación aún más estresada que la actual, o, por lo menos, que el estrés fiscal continuará hasta el 2029. Si se acumula este efecto, se llega a un total de 5.948 millones de dólares en este periodo. Es importante notar que, si se realiza un ajuste este año de 1.500 millones y ese ajuste se mantiene de forma permanente – es decir, se traduce en una ganancia permanente de eficiencia en lugar de un mero aplazamiento – se lograría alcanzar el equilibrio en el año 2029, siempre y cuando no se repongan esos 1.500 millones en los cuatro años, lo que daría una cifra aproximada de 5.900 millones de dólares. Esta situación se ha agravado en comparación con la proyección del trimestre anterior de la Dirección de Presupuesto, la cual mostraba holguras pequeñas (e incluso positivas en algunos años), mientras que en la última proyección todas las holguras resultan negativas. Ante este escenario, recomendamos, en primer lugar, constatar que la situación de estrés fiscal se extenderá más allá de esta administración, pudiendo persistir durante una o dos administraciones más. Por ello, es fundamental adoptar una mirada de largo plazo en el ajuste fiscal que se debe realizar. Retomo el mensaje de que el estrés fiscal se ha originado por una acumulación de factores desde el 2008; su solución requiere el esfuerzo de la actual administración, pero también será determinante el trabajo de la siguiente, teniendo implicancias en el mediano plazo. Recomendamos mantener el nivel prudente de deuda en 45% del PIB. No sería adecuado, ante una situación de estrés fiscal, cambiar las reglas y metas, lo que equivaldría a un autoengaño: si no se es capaz de cumplir una regla autofijada, modificarla no resuelve el problema. Creemos, como consejos, que es fundamental mantener ese umbral de deuda prudente y evitar superarlo. Hoy, estamos cerca del 42% del PIB, es decir, ya nos acercamos a ese umbral. Finalmente, abogamos por alcanzar un acuerdo político amplio para lograr ganancias de eficiencia en el gasto público. Esto es crucial, pues recortar el gasto público no es tarea sencilla: aunque se identifique un programa poco evaluado, su terminación afecta a beneficiarios que dependen del mismo, y recortar no es una tarea simple, como bien han sabido los distintos gobiernos que se han enfrentado a este desafío.

Y por eso, es necesario que haya un consenso respecto a qué cortar, que sean cosas no tan dolorosas, obviamente que no sean beneficios fundamentales para la ciudadanía, pero que requiera de un acuerdo mancomunado al respecto. Tercero, presentar cuanto antes el plan público con medidas administrativas y legislativas que permitan implementar recortes de gasto de manera efectiva y consistente con la meta. Cuando presentamos esto, el informe, de verdad, era el 21 de marzo. En realidad, ya les mencioné que Hacienda tiene abril para presentarlo; o sea, quedan pocos días para que se presente este plan. Cuarto, monitorear periódicamente la evolución de los ingresos fiscales, en especial porque existe incertidumbre sobre cuánto va a recaudar la ley de cumplimiento tributario, incertidumbre que solamente se puede ir resolviendo en los hechos. Es importante que se vaya rindiendo cuenta, ojalá trimestralmente por lo menos, de si va dando frutos o no; porque, si en un par de meses, sobre todo durante la Operación Renta, hito muy importante en la recaudación anual, se constata que no se está recaudando lo suficiente, hay que tomar medidas a tiempo para cumplir la meta fiscal y no esperar hasta el último mes del año, cuando queda muy poco tiempo para reaccionar. También es necesario hacer un seguimiento anual de los efectos recaudatorios de los cambios tributarios de reformas previas. Muchos de ustedes saben que, siempre que se presenta una reforma tributaria, viene acompañada de un informe financiero que ha ido mejorando en cuanto a cantidad de detalles; sin embargo, luego se ha hecho poco análisis ex post respecto de si se recaudó lo que se dijo que se iba a recaudar y por qué sí o por qué no. Cabe destacar que la Dirección de Presupuestos, en su último informe trimestral, realizó un análisis de algunas de esas reformas desde el año 2022 en adelante, lo cual fue recomendado por el CFA y representó un paso valioso. Pero hay otras reformas, de años previos y de mayor envergadura, que no han sido objeto de ese estudio y resulta importante que se realice. La otra recomendación, que ya se había adelantado, es que los ajustes no se hagan en gasto de capital o en inversiones, sino que se logren a través de ganancias de eficiencia del gasto corriente. Cabe mencionar que, como país, tenemos una tendencia a sobreejecutar el gasto corriente y a subejecutar el gasto en inversiones. Este Congreso aprueba cierto presupuesto para inversiones, pero consistentemente se ejecuta menos de lo aprobado, y esos recursos tradicionalmente se reasignan para financiar gasto corriente. De alguna manera, la historia muestra que se hace poco probable que se ejecuten en su totalidad los presupuestos destinados a inversión. Ustedes mismos saben que, en numerosas ocasiones, se debate la importancia de la inversión, se presiona para que haya más inversión, se aprueba dicha inversión y luego no se ejecuta. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que señala una tendencia histórica: la barra que se ubica por arriba del eje corresponde al gasto corriente, que frecuentemente se sobreejecuta, mientras que la línea situada por debajo representa el gasto en capital, que se subejecuta al estar por debajo del 100%. En el mediano plazo, junto con ello, se han identificado ciertos riesgos que deben ser monitoreados. La deuda bruta del Gobierno Central cerró el año 2024 en 41,7 puntos del PIB. Esta cifra está actualizada y es la única que se ha actualizado, ya que originalmente se había reportado un 42,3 % del PIB; pero cuando se publicaron las cuentas nacionales del Banco Central, con un PIB un poco más alto, la proporción de la deuda cayó a 41,7. Son 0,6 puntos del PIB que resultan importantes, pero el mensaje que transmitimos es que nos estamos acercando al nivel prudente de deuda, es decir, al 45 % del PIB. Por lo tanto, se mantiene plenamente vigente esa recomendación. Asimismo, la Dirección de Presupuestos proyecta que, hacia el año 2029, la deuda se estabilice en torno a 42 % del PIB e incluso podría tender a bajar, estimándose en 40,6 % del PIB. Sin embargo, advertimos que existen muchos riesgos que podrían hacer que esto no ocurra, y por ello dichos riesgos deben ser no solo monitoreados, sino también gestionados. Una cosa es monitorear y otra es tomar acción respecto de los riesgos. Esto lo remitimos en fecha 21 de marzo, y después de esa fecha han ocurrido otras situaciones que hacen aún más riesgoso analizar esta situación. Los riesgos identificados en ese momento fueron, por ejemplo, la posibilidad de que las desviaciones de la meta de balance estructural se vuelvan persistentes. Si se incumple la meta de balance estructural en uno, dos o tres años consecutivos, la deuda superará el nivel del 45 % del PIB. Otro riesgo es que aumente el costo de endeudamiento, dada la incertidumbre geopolítica internacional. Esto nosotros lo escribimos el 21 de marzo, antes de…