El gobierno ya se pronunció.
Tres solicitudes de audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales por parte de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras de la Minería, también de la Confederación de Empresas del Estado y también de la CPC. Un correo de la señora Nayadeh Aguirre, en representación de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, reitera la solicitud de audiencia con la Comisión con el fin de exponer temas urgentes que afectan a todo el personal del Estado. Entre ellos, se comenta la necesidad de abortar la propuesta de ley de plantas para los gobiernos regionales, la preocupante cantidad de despidos ocurridos entre enero y marzo en distintos gobiernos regionales tras la llegada de nuevos gobernadores, bajo el argumento de falta de confianza legítima y la restricción al derecho de sindicalización, manifestada en la prohibición de realizar asambleas en horario laboral. Todo esto, según dictámenes de Contraloría.
Por último, señor Presidente, se recibe un correo del señor Lorenzo Antonio Silva, funcionario de carrera de Aduanas, mediante el cual denuncia estar siendo acosado laboralmente desde el año 2003, adjuntando 10 archivos, entre ellos resoluciones, denuncias y registros de deuda previsional. Esa es toda la cuenta, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario. Si ofrece la palabra, se da la cuenta.
Solo se pregunta: en los casos en que nos llega una denuncia de acoso laboral, donde la persona adjunta documentos, ¿cuál es nuestro tratamiento cuando recibimos este tipo de denuncias, dado que nosotros no dictaminamos? Lo normal que hacemos, en estos casos, es contestar de forma que, el día de mañana, no se alegue que no se atendió la denuncia.
No se le toma en cuenta en la comisión misma. Gracias, diputada. Señor secretario. Presidente, la comisión misma no tiene facultades para ni siquiera conocer del caso. En este caso, lo que debería hacer la comisión es reenviar los antecedentes al Servicio de Aduana, haciendo constar que se recibieron y que se reenvían para que ellos se pronuncien. Otra cosa que podría hacer la comisión, si ustedes lo acuerdan, es recibirla acá, pero la verdad es que solamente para escucharla. Gracias, señor secretario; se ofrece la palabra al diputado Cristiano.
Tomando en cuenta que la ministra Jara renunció en su legítimo derecho, para empezar la carrera presidencial —y todos sabemos que comenzó el día que la vimos bailando con el vicepresidente de la Cámara— me gustaría saber, presidente, si es posible invitar al señor Jorge Bocardo, el nuevo ministro subrogante del Trabajo, para que nos informe cuáles serán los planos, es decir, cómo quedará la cartera que antes lideraba la ministra Jara. Sería importante conocer cuál será su visión y qué tipo de proyecto traerá, si vamos a seguir improvisando con algunos proyectos más pequeños o si vamos a trabajar desde el Congreso para que la gente tenga mejor trabajo, más trabajo y no menos ni más informales. Gracias, presidente.
Bueno, el subsecretario Jorge Bocardo hoy tiene la calidad de ministro subrogante del Trabajo. Sé que la información no ha variado. De todos modos, nosotros ya habíamos visto la posibilidad —sugerida por la diputada Sandón— de invitar a la ministra subrogante para que informe respecto a la implementación de la reforma de pensión. Eso es algo que debemos cumplir a la brevedad. ¿Hay más intervenciones? Gracias, presidente. A ver si podemos invitar a Bafona, ya que se ha estado pidiendo constantemente, y no entiendo por qué este gobierno no quiere escuchar los dolores y los problemas que tienen esos trabajadores de la cultura. Gracias, diputado; me parece que ya hemos tenido esa conversación antes.
Bueno, esta sesión ha sido en dos partes. Se convocó, en primer lugar, para recibir la audiencia. Partimos con la señora Francis Parra. No, ¿con quién partimos? Con don Sergio Castro Salinas, a quien se le ofrece la palabra por hasta 15 minutos; ustedes se distribuyen. Gracias. [Intervención: "Ese que está debajo, ese, suéltelo, está bien, está bien. ¿Aló? Ya."]
Honorable señor diputado Luis Alberto Cuello Peñalillo, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile: Justo al saludarle, agradezco el espacio y, por su intermedio, saludo también a los honorables diputados y diputadas integrantes de esta comisión, y en especial al honorable señor diputado don Frank Sauerbaum Muñoz de nuestra región de Ñuble, quien ha hecho posible nuestra presencia. Es menester decir que venimos para manifestarle nuestra condición laboral de profesionales de la salud centralizada, regidos por la Ley 18.834 de la región de Ñuble. Somos integrantes de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, FEDEPRUS-ÑUBLE, organización de más de 900 profesionales de los establecimientos de la salud dependientes de los servicios, con presencia en cada uno de los recintos.
En la región de Ñuble, nuestra noble región ostenta récords que no quisiéramos tener. De hecho, en muchos aspectos seguimos trabajando como si fuéramos provincia. Ñuble posee la mayor tasa de pobreza por ingresos en Chile, con un 12,1 que duplica la del país. La tasa de cesantía se eleva al 10,6, dos puntos del promedio nacional, lo cual trae por efecto que el Estado sea un oferente laboral relevante, ya que, de acuerdo al INE, este se ha vuelto una instancia que ha disminuido un punto en este indicador.
Un 63% de los caminos están en mal estado, lo que dificultaba el desplazamiento, especialmente en las zonas rurales, que ocupan el 96% del territorio y abarcan el 62% de la población. De tal modo, llegar al lugar donde se debe realizar un trabajo o recibir una prestación representa un desafío extra para el acceso a otras zonas del país. Además, el 18% de los habitantes de la región no tiene acceso al agua potable, un índice que casi triplica al promedio del país.
La región de Ñuble está experimentando un envejecimiento demográfico elevado y, por lo tanto, su tasa de mortandad y morbilidad es superior a la nacional. Para complicar lo anterior, los habitantes cursan dos años menos de escolaridad y existe un mayor porcentaje de discapacidad.
Respecto a los prestadores de salud, el 90% de ellos está adscrito a FONASA, lo cual realza la importancia de esta función pública, mientras que en las provincias de la región la oferta privada es casi inexistente. Se trata de una región con mala conectividad, saneamiento básico inferior, una población envejecida, con mayores índices de discapacidad, menos escolaridad y una oferta de profesionales con morbilidad más alta. Consideramos que este panorama sombrío se replica en variables sociolaborales de los trabajadores de la salud en general.
Existe dificultad para reclutar profesionales especialistas, ya que aquellos de mayor expertise prefieren acudir a los llamados de otros centros geográficos. Además, se registra que existe un tercio del proceso de reclutamiento fallido en el hospital más grande de la red por falta de ofertas. Los grados que se ofertan son inferiores a las expectativas, pues la mitad de todos ellos se ubica en los grados de inicio de la escala de sueldos, a diferencia de otras regiones.
Tenemos profesionales precarizados laboralmente, en razón de que su contratación se realiza mediante la compra de servicios tercerizados, lo cual conlleva labores exentas de responsabilidad administrativa. Este modelo tan difundido –que incluye labores ajenas al giro, como aseo y seguridad– nos parece nocivo cuando se trata de prestaciones directas a los pacientes, función esencial del RUBE.
A pesar de lo anterior, los indicadores de desempeño de los prestadores públicos se presentan positivos: el trato al usuario, el cumplimiento de metas y el compromiso de gestión destacan dentro del contexto nacional. En todos ellos, el Servicio de Salud Ñuble se ubica en los tramos superiores, llegando incluso al 100% de cumplimiento en varios indicadores.
Centros de salud, como el Hospital de San Carlos o el Cefán Violeta Parra, son establecimientos altamente valorados por la comunidad y, sin ser perfectos, presentan un nivel de aceptación en rangos altos. Este éxito no es gratuito, pues el costo lo pagan los funcionarios, evidenciado en las altas tasas de daño en su salud mental, con un 35% de ellos diagnosticados con enfermedades en ese ámbito.
Cabe señalar que, de acuerdo con los datos de la Fundación Sol, en la región un 79% del establecimiento se desempeña a contrata, frente a un 21% de titulares. Es decir, el 80-20 que mandata el Estatuto Administrativo se invierte en Ñuble, donde la ley ordena un 20% o menos de personal a contrata y en la práctica se aproxima al 80%.
Las inequidades de género también son parte de la realidad en Ñuble; mientras más bajos son los grados, se observa mayor simetría, pero en los grados superiores la desproporción se dispara a favor de los varones. Cabe recordar que la salud es un servicio público que antiguamente era predominantemente desempeñado por mujeres.
Nuestra distribución de grados en la escala de sueldos se aprecia deforme, concentrándose un 74% de los profesionales, principalmente en los grados inferiores, en los que el sueldo base es de 371.000 pesos, inferior al sueldo mínimo nacional. Al no existir un diseño acorde con un modelo de vida laboral en que se asuma que, conforme la persona se desarrolla, tendrá mayores ascensos, los grados superiores –como ocurre en regiones más grandes, información que el Ministerio de Salud recibe anualmente– no muestran acciones que solucionen esta situación.
Sobre la antigüedad en los grados más bajos, Ñuble destaca por conservar a sus profesionales durante mucho tiempo: el 20% del estamento lleva más de 15 años en esos niveles. Esos 430 profesionales representan más de la mitad del total del país que se encuentra en una situación de estancamiento laboral.
Requerimos de ustedes, por tanto, el apoyo para lograr que el Ejecutivo presente un proyecto de ley de carrera funcionaria acorde con los tiempos y que nos permita el crecimiento económico, en base a la experiencia adquirida.
Iniciativa que también estamos trabajando en la mesa de trabajo decente con el Ministerio. A la espera de que esto avance, pudiera legislarse para redistribuir el DFL regional o innovar respecto a un traspaso en espejo con perspectiva 80-20 del Estatuto Administrativo. Pedimos también modificar el Decreto Ley Nº 58 de 1979, que asigna ropa de trabajo, ya que se trata de una ley del siglo pasado, obsoleta en su contenido y lenguaje, y que limita su entrega dada sus omisiones. Este vestuario es un elemento de protección personal muy importante, dado que resguarda tanto al trabajador como al paciente, estableciendo la llamada protección de barrera, que impide que pase cualquier contaminante con algún elemento viral o bacteriológico. Hoy solo la mitad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector accede a este implemento, lo que expresa una discriminación a los funcionarios profesionales simplemente por serlo.
Este proyecto de ley se encuentra elaborado como propuesta de Confedeprus, que no impone gastos al Estado, ya que solo autoriza el uso de recursos de acuerdo a la disponibilidad de cada servicio. Como conclusión, y por su intermedio, señor Presidente, manifiesto a sus señorías que la región de Ñuble tiene trabajadores y trabajadoras comprometidos, con vocación de servicio y entrega a sus pacientes. La comunidad detecta esta condición y está agradecida. Más en nuestro caso, como representante de ellos, en esta asociación de profesionales, venimos a solicitar respetuosamente que se exploren los caminos para corregir la brecha de inequidad laboral que afecta a los ñublecinos y ñublecinas, a fin de que la retribución a la tarea bien hecha se refleje en un reconocimiento laboral motivante que incentive la permanencia, la llegada a la región y el sentimiento de proyección dentro de ella. Hacemos votos para que así sea y, a continuación, le ofrezco la palabra a nuestro compañero Sergio Castro para que exprese aquello referido a la atención primaria. Adelante, don Sergio. Con su, por favor, con el micrófono.
Gracias, Presidente, por su intermedio, a la señora diputada y a los señores diputados. Mi nombre es Sergio Castro Salinas, soy director nacional de Confedeprus, a cargo de la Secretaría de Salud y Política Pública, y en dicho contexto organizamos una comisión denominada Comisión APS Centralizada. Voy a describir, en escasos minutos, el trabajo de esta comisión.
Junto con saludar, les presentamos el siguiente tema, que tiene que ver con la problemática que nos aqueja como trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud de la atención primaria dependiente de servicios de salud. Las y los funcionarios de la salud cumplen un rol fundamental en materia de bienestar de la población a través de su trabajo en el ámbito público, garantizando la atención necesaria para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud, y colaborando en la protección de los derechos de las personas en comunidad, en especial de los más vulnerables, quienes se atienden en la salud pública. Los Centros de Atención Primaria (APS) corresponden al primer nivel de contacto entre los ciudadanos y ciudadanas y el sistema de salud en Chile. Esto acerca las acciones en salud al lugar donde las personas viven o trabajan, brindando cuidados en forma ambulatoria y otorgando una atención completa de excelente calidad, centrada en las personas y sus familias, y enfocada en la prevención integral con un enfoque familiar y comunitario a lo largo de todo el ciclo vital.
Como es de conocimiento general, en el año 1979 se modificó la institucionalidad en materia de salud en Chile, reorganizando la administración de la misma. En 1981, inmediatamente tras los acuerdos de traspasos, se concretó la implementación de la política de descentralización de la salud, con el objetivo operacional de entregar la atención primaria de salud a la administración de municipalidades, manteniendo la dirección técnica clínica en el Ministerio de Salud. De forma paralela se crearon varias instituciones, entre ellas los servicios de salud, a través de los cuales el Ministerio otorga prestaciones a la población. Posteriormente, se retomó de manera parcial la APS desde el Gobierno Central mediante los servicios de salud, lo que provocó que la administración de esta ya no sea de exclusiva competencia de las municipalidades.
Esta doble institucionalidad produce una diferenciación respecto de las condiciones laborales entre funcionarios y funcionarias de salud: unos dependientes del ramo y otros de las municipalidades. Las y los funcionarios de la salud dependientes del Ministerio de Salud, a través de los servicios de salud, son regidos por el Estatuto Administrativo de la Ley 18.834, e incluye a las y los trabajadores de la APS centralizada. El Estatuto de la Trabajadora y del Trabajador de la Salud Centralizada establece un derecho a la carrera funcionaria, pero este está condicionado a que los funcionarios logren grados superiores en la escala de remuneraciones para optar a un ascenso.
titular en el sistema público y para eso debe darse la condición de generarse las vacantes, ya sea por renuncia, por acogerse a pensión o fallecimiento, etc. Cupos a los que pueden optar trabajadores y trabajadoras que siguen en el orden de prelación de la escala y en la planta profesional debe ejecutarse, específicamente, un concurso de promoción.
Considerando el escenario actual del país en cuanto a condiciones laborales y sistema previsional, los procesos de retiro del asilo funcionario se ralentizan, importantemente lo que genera estancamiento en la movilidad laboral del asilo trabajador, provocando frustración del asilo funcionario titular debido a su estancamiento en grados inferiores de la escala.
Por otro lado, respecto del ácido funcionario de la salud dependiente de las municipalidades, resulta aplicable el Estatuto de los Funcionarios Municipales, la Ley 18.8.3, promulgada y publicada en el año 89, y, más tarde, en el año 95 se promulga la Ley 19.378, que es finalmente el Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, el cual norma la administración, financiamiento y coordinación de los establecimientos de atención primaria de salud e imparte instrucciones que abordan la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del personal que ejecuta acciones de atención primaria de salud.
El estatuto que regula a la y el trabajador de la salud municipal establece una carrera funcionaria en la que se puede ascender de categoría, mejorando la remuneración mediante la validación de su capacitación, desempeño y antigüedad, considerada por bienios. Se reconoce también la adquisición de conocimiento por medio de los procesos formativos realizados, las jefaturas ejercidas y la permanencia. Este sistema resulta efectivo, ya que las y los trabajadores tienen incentivos para superarse y mejorar condiciones salariales de manera individual, sin depender de la situación laboral de sus pares.
Al no contar con una carrera funcionaria efectiva, se ha evidenciado que las y los trabajadores de los centros de atención primaria dependientes de los servicios de salud y del Ministerio perciben una remuneración menor que sus equivalentes de los centros de atención primaria dependientes de las municipalidades. Esta significativa diferencia en la escala de remuneraciones afecta a los funcionarios de los 34 establecimientos administrados por los servicios de salud del país, quienes, realizando labores idénticas, no reciben una retribución equivalente.
Si bien dicha diferencia en los estatutos aplicables, condiciones laborales y sueldos percibidos posee todo un entramado histórico, legal y reglamentario que lo explica, en la práctica resulta en un trato imparcial de parte del Estado como empleador, lo que perjudica a los asilo trabajadores de la salud de la PS centralizada. Estos se ven afectados por el no cumplimiento en la práctica de la carrera funcionaria y no cuentan con la posibilidad de acceder a una serie de beneficios comparables, tales como asignación de jefatura, un mayor sueldo base, la promoción y el ascenso. Esta situación, a nuestro juicio, es una vulneración a la igualdad ante la norma, toda vez que los funcionarios centralizados realizan labores idénticas a las de los funcionarios municipales, cumpliendo ambas funciones de la atención primaria de la salud pública y, a pesar de ello, perciben remuneraciones distintas.
Hemos observado que el actual gobierno, en su reforma a la salud por etapas, ha generado una política pública en salud pensando en la equidad, la oportunidad y el acceso a la salud, en tanto que la universalización de la atención primaria implica atender a toda la población sin importar su previsión y brindar cuidados oportunos y de calidad según las necesidades. No obstante, dicha política considera solamente el enfoque universal del derecho para los usuarios y no involucra el mejoramiento para los funcionarios, especialmente en el caso de los centralizados, quienes sostienen el sistema de la APS administrada por el Ministerio.
En razón de lo expuesto, nuestra solicitud se basa en requerir a la Comisión de Trabajo que revise dicha situación en su mérito y defina, así como proponga, medidas con el fin de equiparar las condiciones laborales de los funcionarios del sistema de la APS centralizada, asegurando igualdad en el desarrollo de sus carreras funcionarias y, en consecuencia, en las remuneraciones recibidas, en comparación con la situación de los trabajadores de la APS municipal.
Ello propenderá al bienestar de las y los trabajadores y el mejoramiento del clima laboral y, en consecuencia, en una mejor prestación fundamental para las personas y las familias, como lo es la atención primaria en salud en el proceso de la reforma.
Considerando el daño laboral y económico que se ha producido por años a las y los funcionarios de la APS dependientes de los servicios de salud, solicitamos el apoyo de esta comisión para levantar esta iniciativa con el fin de terminar con esta discriminación. Pensamos que estamos requiriendo lo justo, es decir, a igual trabajo, igual remuneración. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Sergio Castro y don Jorge Vázquez.
Entonces, ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios y parlamentarias. Diputado Frank Zagrebón.
Gracias, Presidente. Mire, nosotros hemos estado en conversaciones con los dirigentes hace ya largos meses por distintas situaciones, pero aquí se han expuesto dos, diría yo. Quiero partir de atrás para adelante, con lo último que decía. ¿Cómo era tu nombre? Sergio. Porque efectivamente estamos viendo una situación bastante compleja en materia de salud.
Hoy día se gasta el 20% de todo el presupuesto nacional, es decir, uno de cada cinco pesos es de salud, y sin duda se ha hecho un esfuerzo económico por mejorar las condiciones y la cobertura, pero, como aquí se ha retratado, ha habido un abierto descuido en materias laborales.
El otro día, me junté con la chiquilla del Cefán, Violeta Parra, y también después me reuní con las dirigentes, entre ellas Teresa Valdechi, y nos relataban situaciones muy similares. Nos mostraban cifras de remuneraciones impactantes: el mismo cargo, el mismo trabajo, presenta diferencias notorias, no solamente en materia salarial, sino también en otros beneficios. Entonces, Presidente, aquí hay abiertamente una irregularidad en cómo el Estado se está relacionando con los trabajadores de la salud.
Sería bueno que nosotros, como Comisión de Trabajo, tuviésemos un rol activo en realizar mejoras. Obviamente, no serán mejoras inmediatas ni automáticas como uno pudiera esperar, pero es necesario abrir un camino para mejorar las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Hay cosas, Presidente, tan obvias. Por ejemplo, cuando sale una persona a terreno a atender a un adulto mayor, esa persona no tiene ni un seguro; si choca el auto en el que se desplaza o le sucede algo, nadie responde. Son situaciones que, a nuestro parecer, deberían estar contempladas, como el caso de aquellas personas que llevan 13 o 15 años sin vacaciones porque son honorarios, sin licencia y sin reajuste. Esa es la realidad, Presidente. La conocen; para qué la voy a retratar.
Pero claramente podríamos hacer un esfuerzo para intervenir de alguna manera, por ejemplo, creando una mesa de trabajo concreta que se sume a la que mantienen con el Gobierno, de modo que podamos aportar nuestro granito de arena y, cada vez que discutamos la ley de presupuesto, agregar una gota concreta de recursos, especialmente para mejorar la calidad del servicio que se presta y la relación que mantienen con el Estado.
Dos cosas, antes de terminar, Presidente. A mí me llamó mucho la atención lo que decían respecto al tema de la ropa de trabajo. Esa es una normativa a la que podríamos darle celeridad, una medida concreta que podemos implementar como comisión, ya que no implica erogación de mayor gasto fiscal, sino que depende de la disponibilidad de los recursos de cada servicio, pero es necesario abrir la puerta para que ello sea posible.
Y respecto de lo otro, Jorge, si tú nos puedes contar un poco acerca de la conversación que tuvimos sobre los profesionales que se iban a desvincular del servicio de Ñuble, descríbenos efectivamente qué fue lo que pasó, porque ese es un ejemplo de lo ocurrido también a nivel nacional durante este año 2025.
Muchas gracias, Presidente.
Gracias, Diputado. ¿Seguirán más palabras los colegas?
Entonces, le ofrezco la palabra para que pueda culminar su presentación. Gracias, presidente.
Sí, el señor Sauerband nos pide que recordemos ese episodio que vivimos con la gente en horario. La verdad es que en Ñuble todavía queda un contingente importante de trabajadores honorarios. En ese instante eran ciento seis. Usted tiene mejor memoria que yo para esos números, pero en definitiva estas personas no tenían posibilidad de continuar sus labores, porque la Contraloría indicó que esa condición laboral no podía mantenerse. Por lo tanto, el destino que tenían era irse a su casa.
Obviamente, se trataba de funciones importantes, ya que eran trabajadores que inciden en el funcionamiento de los establecimientos, incluso con prestaciones directas al paciente. Hay un hospital, un poco retirado, en la ciudad del Carmen, en Ñuble, hacia la cordillera, donde había un profesional único; se costó mucho reclutarlo, y estaba obligado a irse debido a esa condición. Finalmente, se realizaron gestiones y se permitió que estos trabajadores continuasen en esta situación de latencia, aunque a fin de año volveremos a enfrentar la misma incertidumbre sobre su continuidad, ya que no se vislumbra una forma de que sean absorbidos por la contrata, tal como manda el legislador. En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación y tenemos la expectativa de que pueda encontrarse alguna solución sobre este particular.
Muchas gracias, presidente. Gracias, don Jorge.
Diputado Franco, por favor.
Sí, Jorge, pero usted nos contaba que, de esos 106 trabajadores, 38 pasarían a contrata; ¿esos pasaron a contrata? Sí, y los otros 68 quedaron en la misma condición. Para que hagamos algo concreto respecto a estas personas, nos gustaría oficiar al Gobierno para que a la brevedad aclare en qué condiciones quedarán en el año 2026, ya que, efectivamente, a fin de año volveremos a enfrentar la misma discusión. Y, de ser posible, que estas personas pasen paulatinamente a contrata, tal como lo hicieron los primeros 38, posibilitando así el ingreso de las otras 68.
Además, podemos, como Comisión, solicitar al Gobierno que avance con el Decreto Ley 58 – el de la ropa – que implica, en el fondo, que los servicios que cuenten con disposición de recursos puedan adquirir la ropa. No es posible que los trabajadores tengan que pagar la misma ropa que utilizan para prestar el servicio, cuando el Estado ya asume ese gasto.
Bien, gracias, diputado.
Entonces, este oficio se dirigiría al Ministerio de Salud, abarcando tanto los contratos honorarios como el Decreto Ley que regula la ropa de trabajo. ¿Habría acuerdo en la Comisión? Oficial, acordado.
Queda fijada la palabra nuevamente. Gracias, señor presidente.
Lo que nos gustaría agregar es que se revise la estructura de grados que tiene la planta profesional dentro de los servicios de salud de Ñuble, porque, comparada con la de otras regiones, Ñuble está muy desfavorecida. Nos parece que esta condición especial, derivada del hecho de tratarse de una región nueva, debería irse extinguiendo; esa es nuestra expectativa, por lo menos. Diputado, ¿usted añade esta consideración también? Así es.
Por último, a mí me llama mucho la atención que, en el caso del Violeta Parra y otros, son 32 a nivel nacional, según citaba Sergio, y el resto depende de los municipios, lo que genera una situación contractual muy distinta. Por ello, proponemos hacer una consulta a Salud para saber si, según la perspectiva de Sergio, existe la posibilidad de modificar de alguna forma el régimen contractual que rige en esos casos, ya que hoy existe una discriminación muy odiosa entre colegas que realizan el mismo trabajo, ya sea en la municipalidad o en servicios estatales. De esa forma, se podría pedir que se avance una intención de asesoramiento ante las demandas de los trabajadores que se han manifestado desde hace tiempo.
Hacer esto paulatinamente. Yo no sé si tú tenías... Gracias, diputado. Para culminar, adelante. Ahí. Gracias, diputado.
Presidente, solo un comentario. Si ustedes pueden observar la situación de la carrera funcionaria de los trabajadores de la salud, pero específicamente de los profesionales, ésta tiene una relación directa con lo que estamos conversando. Hoy hemos venido a hablar por la situación propia de Ñuble, pero también de la APS, es decir, los trabajadores de la APS son parte del conglomerado de funcionarios y funcionarias de la salud pública. Sin la condición de carrera funcionaria, se genera un arrastre unísono que impide la generación de espacios de mejoramiento.
Entonces, llega la reforma, específicamente para la APS centralizada; llega con recursos, pero esos recursos no se pueden incluir, por ejemplo, dentro del subtítulo 21, ya que son los servicios de salud quienes determinan qué hacer con el 22, con el 21, con el 29, etcétera. Por tanto, hemos sabido que los pilotos de la APS centralizada, parte de la reforma, a veces se ven imposibilitados para acceder a esos recursos adicionales, pues no existe una forma administrativa de poder ocuparlos, ya sea contratando más personal o generando más cargos.
Existe, pues, una vinculación directa entre la situación propia de la carrera funcionaria de la APS centralizada y la de todos los trabajadores de la salud pública. De ahí surge el siguiente requerimiento: es necesario profundizar con el Ministerio, el cual se encuentra en una reunión con gremios de la salud para hablar de carrera funcionaria. Será mucho menos complejo avanzar en una carrera funcionaria para las y los trabajadores, y en especial para los profesionales de la salud, que permanecer inmersos en estas circunstancias de conflicto, las cuales generan una red de dificultades.
Creemos que el principal capital de una organización es lo humano, por lo que el Estado, al invertir en una reforma que atiende a los usuarios, también debe preocuparse por sus trabajadores.
Para culminar, existen dos oficios propuestos por el diputado Sauerbaum: uno respecto de las brechas salariales, que también corresponde a salud, y otro, una consulta al Ministerio sobre la diferencia de régimen jurídico entre los trabajadores de la salud primaria. ¿Se ha acordado? Se ha acordado.
Bien, entonces, agradecemos a don Jorge Vázquez Muñoz, a don Cristian, a Sergio Castro Salinas y a la señora Cecilia Mellafe Gallegos de la FEDEPUS por haber concurrido a la comisión. Muchas gracias.
Suspendemos dos minutos.
Se reanuda la sesión. Vamos ahora a recibir en audiencia a la señora Francis Parra, dirigente profesional del Servicio de Salud de Concepción, quien, junto a otros dirigentes de la FEMPLUS y FENAT, darán a conocer graves irregularidades administrativas y de gestión, además de vulneración de derechos fundamentales ocurridos en esta institución pública. Para ello, hemos invitado a la señora Lorena Wolf, ex jefa de gestión de la red de Servicio de Salud de Concepción; a la señora Lorena Tardones Salas; a la señora Andrea Castro; a la señora Francis Parra; a la señora Giselle Concha Leal; a la señora Pilar Fernández Vera; y a la señora Francisca Vera Elson. Entonces, se otorga la palabra: bienvenida a la Comisión de Trabajo, por un lapso de hasta 15 minutos, iniciando la señora Lorena Wolf.
Buenas tardes, presidente. Saludo también a todos los parlamentarios y parlamentarias presentes. Mi nombre es Silvia Lorena Wolf. Hasta el 31 de diciembre del año 2024, tuve la calidad de funcionaria contratada del Servicio de Salud Concepción, institución a la que ingresé en el año 2019. Anteriormente, y sin solución de continuidad, me desempeñé como funcionaria del Servicio de Salud Arauco, siempre en el área de recursos humanos. Asimismo, agradezco la oportunidad que se nos brinda de denunciar en esta Comisión de Trabajo las graves y persistentes vulneraciones de derechos fundamentales que se han perpetrado en el Servicio de Salud Concepción y en su red asistencial, desde el año 2022 hasta la fecha, en forma sistemática y contra funcionarios y funcionarias de esta repartición, siendo la mayoría de las víctimas mujeres.
Como antecedente previo, es necesario señalar que actualmente el cuerpo directivo del Servicio de Salud Concepción se encuentra liderado por don Víctor Valenzuela Álvarez, en calidad de director titular, quien asumió dicho cargo el 12 de diciembre del año 2022. El señor Valenzuela Álvarez posee una gran trayectoria política en la provincia de Arauco, siendo militante histórico del Partido Socialista, habiendo sido en reiteradas ocasiones candidato a cargos de elección popular sin éxito, y es notorio su estrecho vínculo político y de amistad con el exdiputado de la provincia de Arauco y ex subsecretario Manuel Monsalves.
Cabe mencionar que, desde el año 2014, el señor Víctor Valenzuela asumió como director del Servicio de Salud Arauco, contando en su equipo de trabajo y de estrecha confianza con don Elías Hanna Spilgrin, abogado, quien se desempeña como jefe del Departamento de Asesoría Jurídica; con don David Novas Chávez, subdirector de Recursos Humanos; y con don Javier Gamboa, quien fungió como subdirector médico en el Servicio de Salud Arauco. Al llegar las mismas personas y ocupar los mismos cargos, se integraron al Servicio de Salud Concepción.
En esa época, cuando el señor Valenzuela Álvarez era director del Servicio de Salud Arauco, fue denunciado por el gremio FENAT, ya que la Dirección del Servicio y los cinco hospitales de la red presentaron una denuncia por discriminación de género en su contra, ante el CERNAM y la Intendencia, a cargo de don Rodrigo Díaz. En dicho contexto, entre las mujeres vulneradas en el Servicio de Salud Arauco se encontraba la abogada Carla Montalva, quien les habla; pues yo trabajé en el Servicio de Salud Arauco y fui desvinculada del Servicio de Salud Concepción en diciembre del año pasado.
Quiero señalar, además, que en el año 2022 se instaló un clima bastante persecutorio, hostil y ofensivo en el Servicio de Salud Concepción y en su red asistencial, lo que derivó en la proliferación de denuncias de tutelas laborales ante el Tribunal del Trabajo de Concepción, encontrándome entre las víctimas de dichos actos lesivos de derechos fundamentales.