La sesión se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión ordinaria se pone a disposición de las y los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
En primer lugar, se recibe un oficio de la señora Ministra de Defensa, mediante el cual se da respuesta al oficio que esta Comisión le envió, en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en relación con los antecedentes sobre la participación de ese ministerio en el proceso de adquisición de la propiedad del expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.
En segundo lugar, se presenta un oficio de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, que responde a un requerimiento de análoga naturaleza al anteriormente señalado.
En tercer lugar, se recibe un oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual se remiten, para conocimiento de la Comisión y según lo acordado durante su asistencia a la sesión del día 24 de marzo pasado, todos los antecedentes relativos al decreto supremo número 38 del Ministerio de Bienes Nacionales que autoriza la adquisición del inmueble en cuestión, ubicado en el domicilio mencionado.
En cuarto lugar, se anexa un correo electrónico de la abogada de la ex Ministra de Bienes Nacionales, en el que se informa que resultó imposible para la ex Secretaria de Estado coordinar su asistencia a esta sesión y se solicita reagendarla, ya que tiene la plena voluntad de acudir a prestar su testimonio. Por ello, se roza se fije otra fecha para permitir su concurrencia.
Finalmente, se recibe un correo electrónico de don Leonardo Moreno, ex jefe de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, mediante el cual hace saber que declina la invitación.
Que tiene la sesión de hoy día, siguiendo en esta materia el consejo de abogados en cuanto a no referirse a hechos que están siendo investigados en una causa penal en la que se tiene la calidad de imputado. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario.
Presco la palabra sobre la cuenta. Señor secretario, sobre la cuenta, quisiera hacer el punto respecto al oficio enviado por el Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se sustituyó además un diálogo con los abogados que están presentes en esta sesión. Acá, respecto al carácter que se le había otorgado en un primer momento —todo el expediente se había clasificado como reservado—, nosotros hicimos ver que era improcedente, ya que se trataba de documentos públicos. Por ello, quisiera saber si existe alguna reconsideración respecto a dicha situación para que los diputados y diputadas puedan tener el expediente completo a propósito de los actos emitidos en relación a la fallida compra-venta de la casa del expresidente Allende.
Sí, me informaron previamente que el camino a seguir sería enviar la noticia formalmente al Ministerio de Bienes Nacionales para que reconsidere esa medida y se alce la prohibición de acceso a estos documentos.
Muy bien, señor secretario.
Diputado, habla yo. Lo que decimos al Ministerio de Bienes Nacionales es que remitan todos los antecedentes y el presente, ya que, vía correo electrónico, nos llegó a un integrante de la comisión todo el expediente de la Contraloría General de la República, el cual llegó hace poco y es bastante completo.
Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, Diputado Leiva. Tengo entendido que los documentos se hicieron llegar por Bienes Nacionales, pero estarían en carácter de reservado; ello haría imposible que los diputados pudieran utilizar dichos documentos para tener un mejor proceder en esta comisión. Así que mandaremos el oficio y esperamos que, esta semana, se levante el carácter reservado de estos documentos para que puedan ser utilizados por la comisión.
Muy bien. Señor secretario, acordado.
Le damos la bienvenida al ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, y a quienes lo acompañan: la jefa de la División Jurídica-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Francisca Moya; y el asesor del Ministerio, señor Lucas Vera, quien también está presente. Asimismo, damos la bienvenida a los invitados: el ex jefe de Políticas Públicas de la Presidencia, señor Leonardo Moreno, quien una vez más se ha excusado —y lamentamos su ausencia por considerarlo un actor relevante en esta operación—; el abogado, señor Sebastián Soto, que también se ha excusado; y la ex ministra de Bienes Nacionales, señora Marcela Sandoval, que, a pesar de excusarse por razones de agenda, manifestó su ánimo de asistir en la próxima sesión.
Sin más, señor Ministro, le pedimos nos cuente, a propósito, sobre lo ocurrido en el Tribunal Constitucional: cómo se desarrolló esta operación cuando usted era ministro de la Secretaría General de la Presidencia, qué rol desempeñó, cuáles fueron los controles que se implementaron para evitar que tuviera el desenlace que finalmente tuvo, y, finalmente, el rol que tuvo en la suscripción del decreto por parte del Presidente de la República.
Señor Ministro, le damos la bienvenida.
Muchas gracias, presidente. Voy a explicar un poco el contexto general de la decisión.
del gobierno de la adquisición de las casas presidenciales, pues vamos a entrar en ciertos detalles y, obviamente, vamos a contestar todas las preguntas que les parezcan convenientes a los integrantes de la Comisión, con el objeto de que los hechos queden debidamente claros. Por eso, quiero en primer lugar destacar que el presidente Boric adoptó la decisión de llevar adelante una política de preservación del patrimonio histórico o, de la preservación de la memoria, por decirlo de alguna manera. En este contexto se decidió iniciar el proceso de adquisición de las casas de los expresidentes de la República, Salvador Allende Gócez y Patricio del Buenazócar.
Como es de público conocimiento, en el caso de la casa del expresidente Salvador Allende, en el mes de enero la ministra vocera Isabel Echeverry informó que el gobierno tomó la decisión de no perseverar en la adquisición. Ahora bien, ¿cuál es la razón para haber impulsado esta política? En los países democráticos es común y corriente que la memoria de los exmandatarios se preserve, destacándose la vida y la trayectoria pública de quienes fueron jefes de Estado o de gobierno, según se trate de sistemas presidenciales o parlamentarios.
De hecho, en lo que respecta a los recursos comprometidos para llevar adelante esta iniciativa de preservación de la memoria o del patrimonio histórico, a través de la adquisición de las casas de estos dos exmandatarios, se inició formalmente con la aprobación de una asignación presupuestaria en la Ley de Presupuestos para el año 2024, la cual contó con un apoyo amplio y transversal en el debate parlamentario, siendo votada favorablemente por varios de los parlamentarios presentes en esta mesa.
Por tanto, lo primero que hay que señalar es que se trata de una política conocida y transparente, conforme a la naturaleza propia del debate legislativo. Podemos citar ejemplos de otros países del mundo. En Estados Unidos, una vez que se concluye el mandato de los expresidentes—quienes, de acuerdo a una reforma que se realizó como enmienda a la Constitución tras la presidencia de Roosevelt, pueden cumplir máximo dos periodos, ya sean consecutivos o no—se acostumbra a construir una biblioteca y un museo en el estado de origen del exmandatario. Allí se presenta una descripción detallada de todo lo que fue la vida pública del respectivo presidente, así como de su gestión, acompañada de documentos que dan cuenta de su labor y que están a disposición de los ciudadanos norteamericanos, e inclusive de personas de otros países que deseen visitarlo. Hasta el trigésimo expresidente norteamericano, que fue Calvin Coolidge, siete expresidentes anteriores cuentan con biblioteca o museo, y a partir del trigésimo presidente hasta la fecha, todos tienen biblioteca y museo, sin excepción alguna.
Entonces, estamos hablando de un país, una democracia importante que tiene esta tradición de preservar la memoria histórica de los expresidentes y de lo que ha sido su gestión gubernamental. En Chile tenemos un ejemplo bien concreto. En pleno centro de Santiago, a media cuadra de la Plaza de Armas, se encuentra la Casa Colorada, que fue la residencia de Mateo De Toro y Zambrano, presidente de la Primera Junta de Gobierno. Aunque la Casa Colorada es vista hoy como museo, en un principio no siempre se consideró de esa manera; de no haberse preservado por los herederos de Mateo De Toro y Zambrano, esta casa podría haber sido demolida. De hecho, el 30 de abril de 1960 se publicó la Ley 13.936 en el marco de las festividades del sesquicentenario de la independencia nacional, mediante la cual se declaró monumento nacional, ordenándose su traslado y reconstrucción en la Plaza de Santa Ana, debido a que la Municipalidad de Santiago tenía previsto un proyecto de un edificio de 12 pisos. Posteriormente, en 1977, fue declarada monumento histórico mediante el Decreto Ley 1869, publicado el 11 de agosto de ese año en el Diario Oficial, y desde 1981 alberga el Museo Santiago.
En 1945, en la Casa Colorada se instaló una galería comercial y, posteriormente, se produjo un incendio.
Y el barrio tuvo un origen aristocrático y, con el paso del tiempo, se transformó en un barrio comercial. Muchas viviendas del sector fueron demolidas para permitir la construcción de edificios modernos, o se demolerían para edificar un nuevo inmueble, o un terremoto derribaba el edificio colonial respectivo. Entonces, en Chile podríamos decir que recién hace poco tiempo hemos tomado conciencia de la importancia de preservar el patrimonio histórico y la Casa Colorado es un digno ejemplo de ello. Tuvieron que transcurrir 150 años desde la primera Junta de Gobierno, que fue presidida por Mateo Hurtado y Sanbrano, para que se empezaran a adoptar medidas para preservarla. La primera medida acordada en esa ley fue trasladarla a otro sitio, y más de una década después se tomó la decisión de conservarla en el lugar históricamente asignado y transformarla en un museo.
Respecto de la política general de adquisición de casas de los expresidentes de la República, es una política que, por cierto, comparto, pues se trata de una decisión adoptada por el gobierno y respaldada por la inmensa mayoría de los parlamentarios que votaron favorablemente la glosa de la ley de presupuestos. De hecho, creo que podría plantearse que el Estado de Chile adquiera, por ejemplo, el departamento del expresidente Jorge Alessandri, ubicado en Calle Cid a la Plaza de Arno, como señal de la necesidad de preservar la memoria de quienes fueron elegidos democráticamente y desempeñaron la primera magistratura. Esto permitiría que colegios, jóvenes y adultos pudieran concurrir a un museo, interiorizarse en la obra de dicho presidente y participar en el debate político sobre ese periodo histórico, aprendiendo de nuestra historia para extraer lecciones para el futuro.
Quiero partir con ese punto, que me parece importante. Sí, presidente, continúo. Por favor, ministro, hacia el objeto de la comisión investigadora, que tiene que ver con la operación propiamente tal de la casa de la expresidenta Allende. Conservamos el presente histórico, pero por el honor al tiempo le pido que se ciña al punto.
Me parece relevante destacar el contexto en el cual se tomó esta decisión política, que fue aprobada de manera transversal por el Congreso Nacional. Ahora, respecto del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, este ministerio se encarga de la relación con las instituciones y, en particular, con el Congreso Nacional, lo cual es fundamental para la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Además, hasta hace poco, integraba la división de coordinación interministerial y la división de estudios—ambas trasladadas al Ministerio del Interior—la división de relaciones políticas, que gestiona el trabajo en el Congreso y la interacción con los parlamentarios (incluyendo la división de relaciones políticas e institucionales), la división jurídico-legislativa, a cargo de las jefas respectivas, y la división de administración general. También estaban alojadas en dicho ministerio la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos.
En lo que respecta a la edición jurídico-legislativa, trabajamos regularmente con ella, especialmente en relación con los proyectos de ley, labor que corresponde a los ministros y a la subsecretaria, la nueva titular del cargo, dado que la tarea legislativa es muy demandante—tenemos hasta tres días a la semana acá—y resulta fundamental en las labores de gobierno. Esta división también está a cargo de revisar técnicamente aquellos actos que llevan la firma del Presidente de la República. Cabe señalar que, en este caso, los actos revisados no necesariamente emanan del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia; en su lugar, se trata de documentos que deben ser firmados por el Presidente y que son elaborados por los ministerios sectoriales respectivos. Por tanto, la formulación de políticas, su implementación y la traducción de estas en actos administrativos dictados por las distintas autoridades del Estado—ya sea el Presidente de la República, un Ministro u otra instancia con firma delegada—se realizan en el ministerio sectorial correspondiente. En ese contexto, está la jefa de edición.
Que ha desarrollado un trabajo extraordinario, precisamente en el marco de las competencias que tiene nuestro Ministerio. Y respecto del Decreto 38, que ha generado interés, ya viene la Contraloría y creo que clarificó los puntos, pero si fuera necesario, volver sobre lo mismo, que fue el que autorizó la adquisición de las casas presidenciales. Este proceso se llevó, en primer lugar, a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y luego, tras la aprobación respectiva, se radicó en el Ministerio de Bienes Nacionales. Por tanto, todo lo que respecta a la elaboración y redacción del acto administrativo, en este caso el decreto respectivo, estuvo radicado en el ministerio correspondiente. Siempre se planteó que este proceso tenía varias etapas y, tal como explicó la Contraloría General de la República en la sesión anterior, el decreto firmado por el Presidente de la República, que autorizó la compra, fue revisado y tomó razón por dicha Contraloría, constatando que no había ningún vicio de legalidad ni problema de juridicidad en el acto administrativo correspondiente. Y eso quiero dejarlo en claro. Así lo señaló la Contraloría General de la República, no solo en el proceso de toma de razón, sino también en la exposición realizada dentro de la Comisión. Insisto: la metodología de trabajo involucra más de 1.400 documentos que se firman al año. Es decir, lo que corresponde a la revisión jurídico-legislativa es la revisión de ese acto administrativo en particular, pero el diseño, la implementación y la elaboración del documento, así como la evaluación, etapa a etapa, del cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales vigentes en el ministerio sectorial. Por ahí me quedo, Presidente.
Muchas gracias por su atención. Y de parte de todos los integrantes de la Comunidad, muchas gracias, Ministro.
Se deja abierta la palabra. Me pidió primero la Diputada Navellán, después el Diputado Sánchez, Leiva, y la Diputada Pérez, según se anotó.
Diputada Navellán:
Gracias, Presidente. Buenos días, Ministro, a todos los invitados y también a todos los colegas. Ministro, sin ser abogada, voy a preguntar desde lo que cualquier ciudadano podría o no entender de todo lo que ha pasado. Si en las exprés se visa los documentos que le llegan al Presidente para que los firme, de modo tal que sean correctos, que tengan todo como corresponde y que no se esté cometiendo ninguna ilegalidad —porque son las exprés las que tienen esa función—, ¿no es verdad? Claramente usted cuenta con una división a cargo de la jefa jurídica que revisa esto, independientemente de que lo revise un abogado junior, un estudiante de leyes o quien fuere; finalmente, la que visa es la directora jurídica y, por lo tanto, la responsabilidad política recae en el ministro de turno, en este caso, usted como ministro sectorial. ¿Podría darme una explicación relativamente comprensible, sin necesidad de una clase de historia, sino simplemente explicar cómo es posible que a todas las personas por donde pasó este proceso en el Ministerio —incluyéndolo a usted— no se les encendiera una ampolleta que dijera: “Ojo, las personas que ejercen cargos como ministros, parlamentarios, senadores o diputados no pueden establecer contratos con el Estado”? Esa ampolleta no se encendió en ninguno. Solo quiero saber eso, porque la verdad es que me asombra, ya que es algo que todos debemos conocer, sobre todo quienes ejercemos cargos públicos. Pero cualquier ciudadano a estas alturas debe conocer la Constitución. Estuvimos años debatiendo sobre cómo cambiar una buena Constitución por varios proyectos malos; todos leímos al respecto. Entonces, siendo esto tan claro, Ministro, ¿podría darme una explicación de cómo se les pasó esto? Muchas gracias, Presidente.
Diputado Sánchez:
Muchas gracias, Presidente. Bueno, primero que nada, quisiera señalar, por intermedio, que a mí me sorprende mucho la exposición del Ministro, porque es como si no le hubiese llegado la notificación. Bueno, a nadie le ha notificado aún el fallo del TC, pero ya nos enteramos todos, de manera aproximadamente clara, cuál fue el resultado. Entonces, seguir justificando lo injustificable es, en el fondo, decir “no, esto lo hizo la Contraloría, todo está bien hecho”, cuando en realidad, ya está claro que no lo estaba. Por ello, la primera invitación al Ministro es que podamos profundizar un poco en los temas de fondo, porque…
Las estrategias de, de cierta forma, alegar inocencia están bien, perfecto, pero aquí hay un fallo que en los próximos días conoceremos, y que básicamente establece lo contrario. Entonces, blindarse tanto… Yo creo que no, no, no. Hablemos un poquito de las cosas de fondo, porque esta comisión está para eso. Quizás, por su intermedio, señor ministro, pueda contarnos cuál es la versión real, ya que hay versiones cruzadas. Le voy a llevar un poco la contraria, por lo que expuse en la intervención de ayer, porque tengo la impresión de que sí sabían, al menos según los antecedentes que mi equipo y yo pudimos recopilar: en abril de 2024, cuando empezó a plantearse la idea de la adquisición de esta casa, salió una minuta que mencionaba que estaban involucradas dos autoridades y que eso podía ser jurídicamente problemático.
Luego, el 11 de junio, salió otra minuta. Hablamos de reuniones previas: primero, entre el señor José Cortés, que era abogado del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, y la señora Paz Carmona, que era jefa de gabinete del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (hija del doctor Carmona, lo que también es relevante); y después, el mismo 11 de junio, en una reunión entre el mismo señor Cortés y la señora Bernadita Nazar, abogada de Presidencia, donde se reiteró lo expuesto en la minuta anterior sobre que la participación de autoridades representa un problema.
Una vez aprobada la Ley de Presupuestos, la ex ministra de Bienes Nacionales habría comunicado, por vía telefónica, al señor Leonardo Moreno, renunciado asesor de Presidencia, que se niega reiteradamente a asistir a esta comisión, reiterándole que ello es un problema. Entonces, mi pregunta no es: ¿cómo fue que se les pasó? La interrogante para el ministro es: ¿por qué, sabiendo lo que pasaba, insistieron en ello? Y dado que el señor Leonardo Moreno, ex asesor de Presidencia y renunciado —probablemente para no verse en peligro de comparecer acá—, si es que el señor ministro lo sabe, ¿le informó de todo esto al Presidente de la República previo a que éste firmara el decreto? Muchas gracias, señor presidente.
Diputado Raúl Leiva: Muchas gracias, presidente. Mire, primero que todo, yendo a los temas de fondo, hay que distinguir las funciones que tenemos como Comisión Especial de Investigadores. En primer lugar, señalo, señor presidente, que es un hecho público y notorio, aunque no hemos tenido una resolución por parte del Tribunal Constitucional —quien dispone de un plazo de 30 días para pronunciarse—, respecto del requerimiento en contra de la senadora Isabel Allende; circunstancia que, a título personal y como partido, nos afecta de manera muy profunda.
Dicho eso, me gustaría que fuéramos capaces de distinguir, yendo al fondo, cuáles son los distintos reproches que se pueden relacionar o colegir de una situación como la de este contrato aprobado mediante la resolución número 38, respecto de la cual fue tomada razón por la Contraloría General de la República, con dos alcances específicos: en cumplimiento de lo que establece la resolución número 37 de toma de razón de la Contraloría, fundada en los artículos 98 y 99 de la Constitución, y en el artículo 10 de la Ley 10.336 sobre la Contraloría General de la República.
¿Por qué hago este preludio, señor presidente? Porque existe un reproche político, en el sentido de que se presentó una acusación constitucional que no fue considerada en esta instancia, y, en mi opinión, el Presidente de la República ejerció esa responsabilidad política al solicitar la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales y de otros funcionarios. En segundo lugar, existe un reproche penal, que el Ministerio Público, en tanto persecutor, podrá determinar a través de las querellas criminales en curso. En tercer lugar, se presenta un requerimiento constitucional, respecto del cual, como se indicó anteriormente, existe una resolución —la cual no conocemos en detalle, pero es un hecho público notorio—, que se resolvió sancionando el cargo; y esta Comisión Especial de Investigadores tiene relación única y exclusivamente con los actos de gobierno.
Recordemos, por eso mencioné las normas pertinentes de la Contraloría General de la República y cito a la propia señora Contralora que nos acompañó en la sesión anterior, que dicho organismo tiene el control obligatorio de la juridicidad de los actos de gobierno. Este decreto 38 fue tomado razón por la Contraloría General de la República, y en la sesión anterior nadie refutó esa circunstancia, ya que lo que expuso la señora Contralora es que este artículo, esta resolución 38 y este decreto 38—fundado en el artículo 30 del Decreto Ley 1939 del año 1977—tienen por objeto habilitar una compra y, como bien señaló la Contralora, están relacionados con aspectos jurídicos formales.
Si el Ministerio de Bienes Nacionales desarrolla y formula este decreto, y la Contraloría General de la República, como bien explicó la señora Contralora en la sesión anterior, tomó razón, teniendo la obligación legal y constitucional de representarlo en caso de que tuviera algún vicio legal y constitucional, no lo hizo, máxime, o siguiendo la misma línea, tampoco debería hacerlo la Secretaría General de la Presidencia. Por eso, quiero sentar ese precedente que es fundamental. La Contraloría General de la República tiene la obligación constitucional y legal de representar aquellos decretos que adolecen de algún vicio legal o constitucional y no lo hizo. Siguiendo esa misma línea, y lo que planteábamos recién respecto al Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional estimare, o alguna persona estimare, que ese contrato – que, según el Tribunal Constitucional, hemos sabido por la prensa, se pronunció respecto a su verosimilitud – no dice relación con que eventualmente ese contrato haya sido nulo o susceptible de algún tipo de rescisión, ¿por qué, presidente, con este término?
Por eso hago el distingo en los distintos reproches en distintas instancias. Porque esta inhabilidad que produce la cesación de una senadora no dice relación con los efectos del acto jurídico mismo. Aunque yo discrepo de la sentencia, insisto que ese acto es doblemente solemne y, por consiguiente, no va a haber un decreto aprobatorio de ese contrato complementario por ese efecto; pero, es mi opinión personal como abogado, distinta a la que entiendo sostuvo el Tribunal Constitucional, por lo que los efectos de la inhabilidad al participar en un acto jurídico o en un contrato específico, como es en este caso, se ciñen exclusivamente a la persona que participa y que promueve, y respecto de la cual existe una inhabilidad, y no al propio acto jurídico.
Termino, presidente, diciendo que es tal el nivel de juridicidad que la señora Contralora General de la República no solo tomó razón realizando alcances respecto de los presupuestos, sino que estableció que ese decreto – o decreto número 38 – se ajustaba plenamente a derechos y a nuestro ordenamiento jurídico. De no ser así, como algunos colegas dicen, “oye, tenemos un problema”, existiría una responsabilidad funcional que recaería en la Contraloría General de la República. Yo creo que no existe responsabilidad de la Contralora, porque ella expuso de manera fundada que, efectivamente, este decreto 38 se ajustaba constitucional y legalmente de derecho. Finalmente, si el propio órgano contralor, mandatado constitucionalmente en tanto órgano autónomo, estableció que no había ningún vicio de ilegalidad, poco podría hacerlo un abogado previo a la firma del presidente de la República. Porque las inhabilidades son personales y no afectan el contrato o la relación jurídica en sí, sino que afectan personalmente a aquel que tiene una inhabilidad constitucional – que es una sanción establecida en la persona del contratante y no en el acto jurídico mismo. Presidente, muchas gracias.
Bueno, gracias diputado Leiva. Puede hacerlo, puede hacerlo.
Diputada Pérez. Gracias, presidente. Me gustaría que, de verdad, este es un tema tremendamente grave. Considero que no puede ser, ministro, porque, entendido, presidente, que hoy día las declaraciones de ministros sean temerarias y, en definitiva, sean intrudentes. No se debe normalizar algo que es impresentable. Acá se atenta contra la separación de los poderes del Estado y, además, contra la independencia judicial, y eso es muy grave. ¿Ustedes esperaban que el PC hiciera vista gorda, ministro? Esa es la primera pregunta que quiero plantear, porque la verdad es que ustedes hablan como si el hecho de que la senadora, habiendo sido electa democráticamente, tuviera derecho a infringir la Constitución. O sea, yo le pregunto, derechamente, si usted considera más importante el principio democrático que vulnerar la Constitución. Esa sería mi pregunta precisa. Y quiero pedir, por su intermedio, presidente, a través de usted, entregar una carta firmada por las bancadas de Bópoli, de RN y también de la UDI, para que el ministro Elizalde se le haga llegar.
Presidente Gabriel Boric, porque de verdad creemos que esto no lo podemos dejar pasar. Acá han ocurrido situaciones graves, no podemos normalizar y no podemos aceptar lo que ha ocurrido con las declaraciones de ministros de Estado. A mí me parece que, no sé si estoy equivocada, pero con sus declaraciones y con las declaraciones de los demás ministros ustedes consideran que es más importante ser electo democráticamente que violar la Constitución. Solo eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez.
Sí, muy breve, por favor, diputado León.
Artículo 281 de nuestro reglamento respecto a las comisiones, obviamente, la solicitud y la invitación al señor ministro y su relación con los actos de gobierno que están establecidos en el cometido de esta comisión. Hechos posteriores, como esos comentarios, nada dicen relación con esta comisión especial investigadora. Solo eso, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Soto, por favor.
Gracias, presidente; saludar por su intermedio al ministro, a la ministra y a los funcionarios presentes.
Primero, presidente, creo que es importante que esta comisión haga bien su trabajo y cumpla adecuadamente su cometido. Evitemos declaraciones del tipo de aquellas que imputan, por ejemplo, dolo o intencionalidad sin ningún tipo de fundamento, a propósito de las declaraciones del diputado Sánchez respecto de que tales o cuales personas o autoridades sabían; asegurar que alguien sabía me parece a mí que es grave, presidente, porque eso es imputar dolo. Si el diputado Sánchez tiene conocimiento o antecedente para asegurar que alguien sabía y, aún así, llevó adelante esto en el lugar correspondiente, sería una falta grave. Entonces, creo que tenemos que ser muy prudentes, presidente, respecto de esas aseveraciones.
En segundo lugar, presidente, y dicho y aclarado lo anterior, me parece que estamos ante una situación que es evidentemente grave. En esta operación hay dos ministras que tuvieron que renunciar, es decir, salir del gobierno: la exministra de Bienes Nacionales y la exministra de Defensa; además, hay una senadora de la República, ampliamente respetada y con una gran trayectoria, destituida por lo que sabemos por parte del Tribunal Constitucional. Esta comisión investigadora tiene que contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar si hay o no otras responsabilidades administrativas, políticas, funcionarias o de cualquier orden, porque algo tan grave como eso, que termina con una senadora con actitud decidida y con dos ministros fuera de un gobierno –incluso siendo una de ellos acusada constitucionalmente– no puede quedar en el aire como si no hubiera pasado nada. Desde esa perspectiva, es importante que se vayan esclareciendo las responsabilidades.
Yo entiendo que hay una separación, desde la perspectiva jurídica, entre la revisión de un decreto desde la perspectiva formal y la revisión en el fondo de un contrato de compraventa de un inmueble por parte del FICO. Son dos cosas distintas, ¿no? El decreto es el acto jurídico formal que habilita o permite esa compra, y otra cosa distinta es el contrato de compraventa en sí mismo. Yo creo que sería muy bueno y ayudaría que el exministro de las Expresas, el actual ministro de Interior, o la actual ministra, o los funcionarios presentes, puedan aclarar efectivamente si el rol que tuvo –o que tiene– la gestión jurídica tiene que ver con la revisión formal del decreto o con ir al fondo de la revisión de la compraventa, y cuáles son los alcances de una u otra cosa. Desde esa perspectiva, habría que determinar si se cumplió o no la función que se tenía que cumplir y si se cumplió bien o mal; es decir, si en retrospectiva la División Jurídica hizo o no bien su trabajo, o si efectivamente dejó pasar algo que no debió haber dejado. Esa es la pregunta, haciendo la diferencia correspondiente.
Ahora, una vez que hacemos la diferencia y entendemos que son dos actos jurídicos distintos, aun si entendiésemos que el decreto es distinto a la compraventa en sí misma y que se trata de una revisión formal del decreto y no del fondo de la compra, si esa es la tesis que se va a sostener, revisando el decreto se señala de todas formas, expresamente, quiénes son los propietarios. Es decir, si de manera diligente la sola revisión formal de aquel decreto para establecer si cumplía o no con los requisitos para seguir adelante no pudo o no debió, en un ejercicio diligente de la profesión –digamos, del rol de la división jurídica– haber levantado las alertas adecuadas respecto de una posible inconstitucionalidad por el hecho de las personas allí mencionadas, yo creo que eso es muy relevante, porque además la Contraloría hizo también esa distinción.
La Contraloría señaló que realizó una revisión formal del decreto, en la que, en una primera instancia, se cumplían las normas legales y, por lo tanto, se tomó razón de dicho decreto, determinando que posteriormente debía venir una segunda revisión que tenía que ver más con el fondo del contrato de compraventa. Y que, eventualmente, ahí podría haberse levantado la alerta correspondiente; entiendo que sería más o menos similar a la revisión que debería efectuar la CESPR, pero, nuevamente, estando nombradas las personas individualizadas, los propietarios en una revisión diligente de la formalidad de dicho decreto podrían, de todas maneras, haberse levantado las alertas.
Entonces, desde esa perspectiva, ¿dónde falló? ¿En la revisión de la Contraloría, al no haber considerado o no haber tomado conocimiento de las minutas que mencionó el diputado Sánchez y que andaban dando vueltas? Y, lo último, presidente, es si efectivamente el gobierno sabía –¿o sabía acaso que después venía una nueva revisión de la Contraloría?–. Esta fue una revisión que recayó en la Contraloría respecto del fondo. O, para el gobierno, ya con la sola toma de razón de la revisión formal del decreto, el acto jurídico estaba completamente validado y, por lo tanto, el contrato se podía ejecutar, se podía pagar y se podía seguir adelante sin ningún problema. ¿Cuál era la percepción o la seguridad que tenía el gobierno respecto a eso? ¿Sabían o no que faltaba una última revisión, o estaban dando esto por definitivamente validado por parte de la Contraloría?
Gracias a todos. Gracias, diputado Soto, diputado José León y, después, diputado Pizarro. Muchas gracias.
Señaló que la adquisición de dos bienes raíces del expresidente de la República, don Salvador Allende, y de don Patricio Elwin correspondía a una política de conservación del patrimonio histórico. Esa es una afirmación relevante, que corresponde a una política de conservación de un patrimonio histórico. E incluso, señaló y agregó algo que no se escuchó completamente, pero fue en relación a la residencia del expresidente Jorge Alessandri. “Sí, hoy día formo parte de una asociación que es dueña de ese departamento, que inexplicablemente la familia vendió después del fallecimiento de don Jorge Alessandri y, luego del segundo remate, nosotros, viviendo, teniendo domicilio como oficina en el quinto piso.”
En el segundo remate de esta propiedad que pertenecía al presidente Jorge Alessandri, nosotros acudimos a través de mi mujer a comprar, de acuerdo al precio del remate último ocurrido. Porque somos completamente ligados. Yo estaba en el quinto piso, oficina X, y don Jorge Alessandri en el cuarto piso, oficina X. Podían unirse.
Pero corresponde, sí, corresponde a una política de conservación del patrimonio y, en buena hora, incita la Casa Colorado de don Mateo Torri Zambrano; me parece que es un punto que nosotros tenemos que respetar, como es concordar o no, pero es una política de Estado en cuanto al tema de memoria histórica y de conservación del patrimonio histórico de las autoridades de nuestro pueblo.
El ministro agrega otro elemento que también es relevante en cuanto a que, atendida esa decisión, en la Ley de Presupuesto se agrega un ítem, una glosa, respecto de la adquisición, cuestión que habría sido aprobada por este Parlamento, y es la Ley de Presupuesto, me parece, para el año que estamos, 2025. Efectivamente, como lo dicen varios parlamentarios, y no sin razón, se cita el artículo 37 bis de la Constitución Política, que dice que los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado.
Eso es una realidad que toda autoridad, que estaba comprometida en el estudio de una política del Estado, tenía que enfrentar desde un punto de vista jurídico, porque no hay ninguna ilegalidad ni anormalidad ni nada oscuro en la política de Estado que definió el señor ministro, como política definida por el Presidente de la República de conservación del patrimonio histórico.
¿Cómo? se preguntan algunos parlamentarios. ¿Cómo van a ignorar la norma constitucional que decía que los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado? Esta situación no le afectaba a ningún miembro de la familia Elwin y era público que podía afectarle a la familia del presidente Allende, porque tenía una ministra de Estado y tenía una senadora de la República. Sin conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, primero—perdón, antes—esta Cámara rechazó una acusación constitucional respecto de la exministra Maya Fernández, y el Tribunal Constitucional, según trascendido por mayoría de votos, habría aprobado la inhabilidad de la senadora en cuanto a la celebración de este contrato entre el Estado.
Entonces, estamos aquí, en un tema de disquisición jurídica. Erróneamente, al parecer, y uno podría concordar o no con la opinión, de que predominó una opinión laxa en cuanto a que el ministro, o autoridad o senador de la República en cuanto que no promovía.