Así es que, junto con el senador Rafael Proenz, ambos senadores por la Región de Atacama, queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros invitados e invitadas, partiendo por el gobernador regional de Atacama, el presidente de la SONAMI, a las presidentas y presidentes de asociaciones de mineros pirquineros de la Región de Atacama, a las presidentas y presidentes también de asociaciones de funcionarios de la Empresa Nacional de Minería, y al vicepresidente de la SONAMI. Vamos a iniciar esta jornada para poder reflexionar de manera conjunta respecto de cuál es la situación de la minería en la Región de Atacama.
Junto con el senador Rafael Proenz hemos coordinado esta sesión. El propósito era partir entregando una cuenta de lo que fue la reunión con el Presidente de la República, lo que motivó que pudiésemos estar en el día de hoy acá, en esta Comisión de Minería; pero, por situaciones absolutamente ajenas a la voluntad, sino más bien climáticas —parte de nuestra realidad en Atacama—, tanto el presidente, el senador Juan Luis Castro, como el ministro de fe de la comisión, que es el secretario de la comisión y su ayudante, no pudieron aterrizar. Volverán y harán el esfuerzo de volver.
Vamos a dejar la cuenta de la reunión con el presidente hasta el último momento para ver qué es lo que va a pasar definitivamente con ellos. Y este encuentro va a tener el carácter de un taller, de un seminario, en donde ambos senadores de Atacama, que escuchamos, compartimos y nos comprometemos, como siempre, con las preocupaciones y anhelos de la minería en nuestra región. Y para eso vamos a proceder a sentarnos. No va a haber el nombre de Dios y de la patria, porque no tenemos campanas. Pero queremos agradecerles y le vamos a pedir al senador Rafael Provenz que pueda dirigir este encuentro.
Gracias, senadora. Un placer estar acá en la región hablando de un tema que es muy importante en la minería. Aprovecho de saludar al gobernador de nuestra región, don Miguel Vargas Correa; al presidente de la Sonami; al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería; a nuestro presidente de Azumico, don Eduardo Catalano; y agradecer que nos haya facilitado estas instalaciones para poder tener esta conversación. Inicialmente, era la comisión propiamente tal, pero esto, por factores, como dijo la senadora, climáticos, ha ido derivando en una especie de seminario local con la finalidad de poder transmitir esto también al país entero, de lo que estamos hablando acá. Agradecemos también a los funcionarios del Senado, al senador que está en la Cámara, a nuestra periodista y a Giselle, que es la encargada de que estemos hoy día escuchando a través de todo el sistema de audio, que nos acompaña cada vez que salimos. A todos ustedes, muchas gracias.
Vamos a partir con las palabras del gobernador, por ser nuestra primera autoridad regional, de cuál es su visión de la pequeña y mediana minería, cuál es el compromiso del Gobierno Regional con respecto a esta actividad tan importante y relevante en nuestra región, y cómo vislumbra el futuro de la actividad. Posteriormente, le damos la palabra al presidente de la Sonami para que nos dé una visión general de lo que está pasando en la industria en la cual ustedes están insertos, en la mediana y la pequeña minería. Así que, para iniciar, le doy la palabra al gobernador, don Miguel Vargas Correa.
Gobernador:
Yo la había visto, senadora, pues la tenía escondida tras su vaso. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, saludarlos a todos y a todas con mucho cariño, agradecer al senador Provenz y a la senadora por la invitación a esta importante reunión de la Comisión de Minería del Senado. Por supuesto, también saludar al dueño de casa, don Eduardo Catalano; a los dirigentes de las distintas asociaciones y sindicatos de la pequeña minería aquí en la región de Atacama; al vicepresidente ejecutivo del ENAMI, don Jorge Riesco; y al presidente de Sonami, a quien saludo con mucho cariño, así como a todos y a todas.
Bueno, siempre, la minería, al ser nuestra principal actividad económica en la región, es motivo de mucha preocupación, pero el desafío que tenemos es cómo pasar de la preocupación a la ocupación, y en esa tarea queremos contribuir también desde el Gobierno Regional. No hace mucho, aquí, en el acto de lanzamiento de la política de fomento hacia la pequeña minería, con la ministra Aurora Williams y también con la senadora que estuvo presente en esa actividad, estuvimos dando cuenta de la contribución que queremos hacer desde el propio Gobierno Regional para potenciar principalmente el fomento. Creo que en esta materia el esfuerzo tiene que ser mayor, tanto desde el ENAMI como desde el propio Gobierno Regional. Nosotros acabamos de terminar un programa de fomento de apoyo a la pequeña minería y estamos en el proceso de evaluación de un segundo programa que va a implicar una inversión importante del presupuesto del Gobierno Regional de la Cámara. Hablamos de cifras cercanas a los 5.000 millones de pesos, más o menos. Esperamos compartir esta propuesta que nos hace el Ministerio de Minería con las asociaciones para incorporar este componente de participación que es muy importante para que lo que hagamos sea efectivamente lo…
Lo que se necesita. Adicionalmente, como Gobierno regional, también estamos en convenio con Enami para renovar los chancadores, tanto en la planta Mata como en la planta del Salado, y esperamos que ese tipo de medidas se puedan ir multiplicando, porque entendemos que el funcionamiento de Enami es fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana minería.
Quiero aprovechar para mencionar una buena noticia que ocurrió la semana pasada: la comunicación que sale del directorio de la Empresa Nacional de Minería respecto de la rentabilidad que tendría el proyecto de modernización de las condiciones en Ambien y La Lira. Los informes de prefactibilidad y factibilidad son favorables, lo que representa un elemento importante para la viabilidad del proyecto. Obviamente, esperamos que el estudio de impacto ambiental se pueda agilizar. Aunque se discute que son 70.000 toneladas, cuestión difícil de concretar y de trasladar en la respuesta, al observar el titular se percibe una noticia positiva que constituye una condición para que el proyecto se materialice, sea rentable y cumpla con toda la normativa de carácter ambiental vigente. Esperamos que esto se pueda realizar pronto.
Saludamos la sesión de la Comisión en la región de Atacama y ojalá tengamos más sesiones de este tipo, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del propio Senado, para dialogar sobre la minería, que es nuestra actividad preponderante. En eso estamos siempre disponibles desde el Gobierno regional para colaborar.
Muchas gracias, Juan Arnón. Gracias, es muy amable. Muchas gracias.
Bueno, nosotros sabemos que el Gobierno regional ha estado aportando y ayudando a la pequeña minería desde hace mucho tiempo y, como estamos transmitiendo al país, la idea es que usted nos cuente cómo el Gobierno regional ha estado apoyando esta actividad hasta la fecha. Así que, muchas gracias por su intervención.
El tema en Enami lo conversaremos cuando don Iván haga su presentación y conversemos sobre los temas correspondientes. Ahora le doy la palabra a don Jorge Riesco para que nos hable de la situación de la pequeña y mediana minería en el país y, seguramente, de la focalización en la región de Atacama. Así que, don Jorge, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, senador. Preparé una pequeña presentación. No sé si prefieren que la haga ya o desde acá en la mesa, pero la idea era ordenar un poco la exposición. Primero, agradezco esta invitación de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Hemos tenido, en el último año —y concretamente también bajo la presidencia del senador Juan Luis Castro— una cercanía con la comisión que nos ha resultado muy grata y productiva en términos de generar algunos consensos que ya nos parecían factibles. Cuando uno busca un espacio para ser escuchado y generar esos consensos como una manera de aportar al país con propuestas concretas, es realmente gratificante. Senadores y senadoras, encontrar un espacio en donde eso se pueda dar y, en el Senado, dada su función preponderante en la generación de normas legales, resulta doblemente gratificante. Quiero dejar constancia de esto, ya que requiere una voluntad y disposición de todos los senadores. Creo que el hecho de haber sido invitados hoy y de celebrar esta reunión en una región tan minera confirma esa disposición que, a nuestro parecer, es la adecuada si queremos seguir construyendo algunos consensos.
Entonces, rápidamente, ¿qué medidas pro crecimiento habíamos propuesto en algún momento?
y que encontramos que han sido bien acogidas en la Comisión, ¿no es cierto?
Lo primero, respecto de la pequeña minería. Este acercamiento surgió, recuerden ustedes, a raíz de la enajenación que se propuso y hoy día se concretó ya, de un porcentaje, un 10% que tenía Enami en Quebrada Blanca, pero que abrió toda la discusión acerca de cuál era el objetivo, las condiciones y el estado en que estaba para cumplir sus fines legales, ¿no es cierto?, y sus fines de fomento, su objetivo de apoyo al sector de la pequeña minería especialmente.
Y entre las medidas que nosotros propusimos hemos centrado la atención en una medida muy concreta: elevar el umbral de la pequeña minería para el ingreso al sistema de evaluación ambiental a 5.000 toneladas de producción de extracción de mineral al mes. Encontramos que ese tope es poco, lo que limita algunas faenas; el hecho de poder incrementarlo haría que se produjera una especie de efecto de succión, una atracción hacia arriba, permitiendo además generar una mayor capacidad de producción en aquellos distritos mineros más importantes y concentrados, para fundamentar la negociación de capacidades de tratamiento adecuadas que sostengan buenas tarifas para los minerales.
¿Qué pasa con eso? Que, inmediatamente, toda la franja inferior de pequeños productores –bajo 2.000 toneladas, bajo 1.000 toneladas, que son la mayoría en número– viabiliza, digamos, su condición y puede aspirar a alternativas de procesamiento que hoy día no están disponibles.
Creemos que eso es importante, especialmente para los planteles de procesamiento de minerales. Nos ha tocado visitar, y me consta que la ministra también ha estado muy activa en ese tema, planteles como la planta de San Pedro, cerca de Santiago, en Tiltil, o la planta Gasparren en la zona del Sobrante, en Petorca, que son instalaciones que, de alguna manera, están esperando la oportunidad para dar un salto de producción sin tener que someterse a la permisología, especialmente a la tramitación ambiental, sin perder que queden sujetos a todas las normas sectoriales y a los permisos técnicos necesarios para funcionar.
Las otras dos medidas que nosotros propusimos también son muy concretas y miran más bien a la continuidad operacional de faenas de mediana minería, que, por la vida útil que tienen, se ven obligadas muchas veces a ingresar, en más de una ocasión, al sistema de evaluación ambiental, nuevamente sin dejar de cumplir ningún estándar y sin dejar de obtener ninguno de los permisos sectoriales técnicos específicos que se requieren en cada faena. Esto evitaría que, cada vez que quieran extender o lograr la continuación de su vida útil, tengan que volver a ingresar al sistema.
Y en tercer lugar, una medida que a nosotros nos parecía sumamente interesante: después de consultar con muchos de nuestros socios, vemos una oportunidad enorme de introducir, a través de diversas mejoras operacionales, pequeñas mejoras en el proceso y, en ocasiones, utilizando las mismas maquinarias y las mismas instalaciones, incrementos de producción. Ahora bien, como esos incrementos pueden afectar dichos procesos o equipos, normalmente se exige ingresar al sistema de evaluación ambiental, lo que retrasa y encarece enormemente la implementación de esos proyectos. Por lo tanto, nosotros proponemos que se abra una verdadera ventana en algún momento y, por la vía de algunas pertinencias, obtener autorización para realizar esos proyectos. Nosotros hemos propuesto que, si la información que hemos obtenido se confirma, podríamos aspirar a un 20% más de producción en términos de cobre fino; eso es como un millón de toneladas de cobre fino, si asociamos que por cada tonelada de cobre fino son aproximadamente…
Aproximadamente 1.500 dólares de aporte fiscal que se hace, estaríamos hablando a los precios actuales de aproximadamente 1.500 millones de dólares de aporte fiscal por esta mayor producción, sin tener que ir a un sistema demasiado engorroso, sino que más bien examinar y permitir esas ampliaciones de producción. Cuando nosotros explicamos esto mucho más inextenso en la Comisión, obtuvimos una muy buena recepción y eso permitió que la Comisión tomara un acuerdo para hacer suya esta propuesta. Incluso sabemos transmitirla al presidente de la República junto con las otras preocupaciones relativas a Enami. Queríamos recordar eso porque creemos que es una oportunidad muy concreta de crecimiento para el sector y de poner el énfasis, la preocupación de la administración y del gobierno, en implementar medidas que realmente tengan efecto en el sector.
Ahora, el otro factor de preocupación —que también motivó nuestra asistencia a la Comisión del Senado— fue la ley de patentes mineras que se ha llamado. Esta ley, en el fondo, es un artículo de la ley que aprobó la PGU a finales del gobierno de Sebastián Piñera y que introdujo varias modificaciones al Código de Minería, probablemente las modificaciones más importantes que ha sufrido el Código en sus 40 años de vigencia, que se cumplieron hace un par de años. Y fueron realizadas dichas modificaciones sin consulta alguna del sector y, además, de una manera que nosotros consideramos precipitada y que no tuvo ni va a tener los efectos que se esperaba esa normativa.
Durante el mandato de la ministra Hernando se hizo un trabajo con el sector para identificar aquellas oportunidades de mejora de esa legislación, lo cual motivó la presentación de un proyecto de ley para eliminar, por lo menos de momento, varias de las disposiciones más problemáticas y rectificar otras. Sin embargo, contra nuestra opinión, no se logró revertir el alza en las patentes mineras que va a empezar a regir —o ya empezó a regir— y que realmente está motivando una enorme preocupación del sector y un gran malestar, porque, además, ha habido oportunidades para poder rectificar esta normativa. Desgraciadamente, no hemos logrado hacernos entender en la forma en que esto se pueda orientar correctamente.
El mismo gobierno adoptó un compromiso con esta Comisión de presentar un proyecto de ley para rectificar uno de los elementos que la pequeña minería objetó dentro de la normativa, que era la aplicación del parentesco —es decir, la consanguinidad— como una razón para vincular propiedad minera a efectos de fijar el límite de 500 hectáreas por titular. Ese proyecto se presentó, pero a nuestro juicio, de una manera muy limitada, retrocediendo en un grado solamente la exigencia del parentesco y mantuvo un par de problemas que nosotros advertimos. Uno es la aplicación con efecto retroactivo de la ley, debido a la supresión de un inciso muy importante en las normas transitorias de la ley que permitiría, creemos, interpretar con carácter retroactivo los incrementos de patentes. Y lo otro es la forma en que ese incremento se hace, que ha demostrado en la operatoria que varios mineros han experimentado también, ha demostrado que es muy engorrosa el hecho de que todas las patentes suban de valor y que el Servicio Nacional de Geología y Minería necesariamente tiene que conocer solicitudes de todos los mineros que pretenden...
Tiendan una rebaja para pronunciarse sobre ella, es algo que ha recargado el servicio y que, en algunos casos, al tener que realizar las labores de revisión de los antecedentes presentados por los mineros, ha generado rechazos, ya que las personas encargadas de esa revisión no son funcionarios del CERN-EgeoMini y, por tanto, no tienen conocimiento directo de la existencia de esa faena, etc. Hubiera facilitado mucho el corregir de raíz la normativa y, si se quería incrementar la patente por trabajo o por falta de trabajo, podríamos haber ideado un sistema mucho más expedito desde el punto de vista de la administración.
Creemos nosotros, además, y así lo declaramos en una comunicación que hicimos a las asociaciones mineras, que el proyecto tiene varios defectos de tipo constitucional, y hemos señalado que vamos a pedir esa revisión en todas las instancias en que corresponda, dado que es el primer año que esto se aplica. Entonces tenemos ahí una tarea pendiente desde el punto de vista legislativo, pues hay un proyecto presentado que podría dar la oportunidad de revisar la normativa una vez más y lograr una aplicación armoniosa y adecuada de lo que se pretende.
Lo que se hizo fue cambiar totalmente el sistema y, en el peor de los casos, se va a aplicar a pertenencias nuevas. Nosotros manejamos datos de que la cantidad de hectáreas cubiertas por propias mineras, solo en los dos años anteriores –que ni siquiera ha regido esta normativa, puesto que se prorrogó su vigencia–, ha disminuido en cerca de 3 millones de hectáreas y va a seguir disminuyendo. Hay casos –creo que es Taltal, ¿no es cierto?– en donde, del total de pertenencias que fueron llevadas a remate, solo se remató una pertenencia, un grupo, y el resto se va a declarar tener un flanco, lo que va a aumentar aún más la cantidad de hectáreas que, digamos, no generarán pagos de patentes.
Nosotros esto se lo advertimos al Ministro de Hacienda. Creo que el gran responsable de esta normativa, o de los defectos que la mantiene y de la falta de adecuación que podríamos haber logrado en ella, es el propio Ministro de Hacienda. Hemos pedido varias reuniones con él, le hemos explicado el tema, y se percibe una especie de obcecación con la pretensión de recaudación, que nunca ha estado en la mente del legislador ni en el sistema de propiedad minera, en que las patentes mineras sean una herramienta recaudatoria. Es, en cambio, una forma de amparar la propiedad minera y de garantizar que efectivamente se haga su explotación. Si ese objetivo no se estaba cumpliendo en la legislación, creemos que había formas alternativas de atacar ese problema, y no de la manera en que se hizo, además que no a espaldas del sector, como se hizo en su momento. Obviamente, no responsabilizamos al gobierno actual, pero hay que poner las responsabilidades donde corresponden.
Eso en cuanto a patentes de propia minera. Dado que en la tabla de la invitación se mencionaba este tema, quisiera referirme brevemente al proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados hoy y que introduce modificaciones a la Empresa Nacional de Minería y a su gobierno corporativo. Vamos a hacer una breve descripción, a ver algunos aspectos de ello, y trataremos de dar algunas conclusiones muy rápidas, senador, si me lo permite. Lo primero: aunque no es la primera vez en los proyectos de ley, se observa una cierta contradicción con los propósitos que se declaran en el proyecto –que es de modernización–, en tanto que se pretende asimismo una regionalización. Yo leo bien poco acá, porque estoy bien ciego, pero... sí.
Me refería: el mensaje señala que se reconocen las particularidades de Enami y enseguida indica que se aplicarán algunos principios y normas, en primer lugar los de la OCDE, para adecuarse a esa organización. Pero, además, en relación a otras sociedades del Estado, a otras empresas del Estado como Codelco, ENAP o incluso, en una exposición, TVN, que podría haberse utilizado en el modelo que se está proponiendo. Así, se genera una contradicción: si se reconoce que Enami es una empresa particular, muy única, podríamos estudiar un sistema de gobernanza igualmente único y no necesariamente copiar, ya que el proyecto de ley es una copia a la pata de la Ley de NAPA.
Se señala además que el mismo gobierno corporativo se ha mantenido durante muchos años, prácticamente desde la formación de Enami, con los representantes que tiene, y la verdad es que para nosotros no es una razón suficiente. El hecho de que se haya mantenido tantos años puede incluso significar que funcionó durante mucho tiempo, pero quizá hoy en día no opere adecuadamente por razones que no tienen que ver con la composición o la forma en que está concebido el gobierno.
Pasando a otro tema, se propone una nueva composición del directorio: se plantea inicialmente un directorio de 10 miembros, nombrados por distintos organismos y por el Presidente de la República en su mayoría, además de dos directores designados por SONAMI, un director designado por el Instituto Ingeniero de Minas y uno que representa al Ministro de Hacienda. Se modifica la estructura, pasando a un directorio de siete miembros, eliminándose aquellos de designación privada, por así llamarlos, y manteniéndose el resto bajo designación del Presidente de la República: dos nombrados por libre voluntad del presidente, cuatro provenientes de la Alta Dirección Pública, seleccionados mediante un mecanismo propio, y un séptimo propuesto por los trabajadores de la empresa. Ese es el cambio.
El otro cambio es que el vicepresidente ejecutivo pasará a ser de designación no del Presidente de la República, como es hoy en día, sino del mismo directorio, ya que el presidente nombra al presidente del directorio de entre los miembros seleccionados de ese cuerpo de administración. Se aplicarán, según el proyecto, supletoriamente las normas de la Ley de sociedad anónima y se contempla la dictación de un estatuto, que se dictará además de la ley orgánica y del decreto con fuerza de ley, por parte del Ministro de Hacienda, a fin de dotar de una organización adecuada a este mecanismo.
Paralelamente, se eliminan todas las referencias a gerencia: la gerencia comercial, la gerencia de fomento, etc., de modo que en el estatuto y conforme a lo que dispongan los planes que deberán ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, se establezca la estructura gerencial de administración que dependa del directorio de la empresa. Asimismo, se fija la obligación de elaborar planes quinquenales que deberán ser visados, finalmente, por el Ministerio de Hacienda.
Como aspecto positivo, se puede resaltar el tema de la regionalización. Recordarán que, cuando se enajenó, se traspasó a Codelco la refinería Ventana; se modificó la Ley de Enami y se estableció que tendría su domicilio en la comuna de Copiapó. Sin embargo, a pesar de habérsele otorgado un plazo perentorio para realizar todas las adecuaciones, esto no se cumplió de verdad y, si bien Enami tiene una oficina en Copiapó, la práctica no se ha llevado a cabo. Ahora lo que se pretende, entendemos nosotros, es fortalecer esa situación exigiendo…
La organización y la gestión, en esas condiciones, y cuán estricto se va a hacer para realmente exigir una coexistencia en la misma zona de todo el aparato ejecutivo necesario para tomar las decisiones en la empresa. Al final, los mismos ejecutivos podrían elegir dónde residir, con tal de que sea fuera de la Región Metropolitana, pero, en fin, eso ya en letras chicas.
La incorporación de los trabajadores en el directorio es algo que ya se había propuesto antes en otro proyecto de ley. En principio, hace sentido; sin embargo, nosotros resaltamos como problema el posible conflicto de interés. La verdad es que la misma empresa, con los trabajadores, tiene relaciones laborales. Las organizaciones sindicales, que representan a los trabajadores que laboran en la empresa, participan en las decisiones del directorio a propósito de negociaciones colectivas, etcétera. Y bueno, lo que hay que hacer, entonces, es, si se quiere perseverar en esa idea, solucionar muy bien anticipadamente los conflictos de interés, que ha estado tan de moda a propósito de esta propuesta de modificación.
Pero lo más importante para nosotros no es que Enami necesite cambiar su gobierno corporativo para solucionar los problemas que hemos advertido en la empresa. Nosotros creemos de verdad que el problema real es otro y que el cambio en la composición del directorio o en la designación de estas autoridades es probablemente lo último en el orden de importancia o de urgencia dentro de todas las decisiones que hay que tomar respecto de la empresa. Dichas decisiones involucran, obviamente, al dueño —que es el Estado—, pero también a los socios estratégicos de la empresa, y por socios estratégicos nos entendemos nosotros mismos. No solo la Tsunami, que representa a los mineros pequeños y medianos —hasta hace un tiempo interactuaban con la empresa y tenían voz en el sector al cual ésta se debe— sino también existe una representación propia del Gobierno a través del Ministerio de Minería, que con el proyecto se pierde. Así, el Ministerio de Minería desaparece de la presidencia del directorio y con ello se elimina toda injerencia en la ejecución de políticas relacionadas con la minería.
De hecho, sabemos por la exposición que realizó la misma ministra en la Cámara de Diputados que se había contemplado un comité estratégico en donde participarían representantes del sector, quienes debían cumplir ciertas condiciones; pero esas disposiciones, que habían estado en el proyecto y que probablemente fueron revisadas por el Ministerio, desaparecieron antes de ingresarse a la Cámara de Diputados. Nosotros creemos con toda seguridad que esto se debió a la imposición del mismo Ministro de Hacienda o del Ministerio de Hacienda, porque significaba compartir un poco el poder que se quería tener en la administración de la empresa.
Es llamativo que en el proyecto no haya quedado dicha participación. Cabe reconocer que la administración de Enami siempre ha estado dispuesta a institucionalizar este tipo de relación, pues veíamos una virtud en mantener un contacto permanente con la empresa y considerábamos que eso se podía formalizar. Sin embargo, existen varios aspectos negativos. Nosotros creemos que la pérdida de vinculación con el sector es un aspecto negativo, así como la excesiva dependencia del Ministerio de Hacienda para la aprobación de los planes quinquenales y de su financiamiento. Además, resulta llamativo que se pretenda separar de forma absoluta la función de fomento de la función productiva de Enami, como si no estuvieran relacionadas, como si fueran antagónicas, y eso nos parece sumamente peligroso porque...
El nacimiento de la Enami se debe precisamente a una razón que tenía una fuerte componente productiva: comprar los minerales, pagar el justo precio por ellos en lugar de lo que hacían otras casas compradoras, y procesarlos para poder exportarlos o comercializarlos en el ámbito internacional. ¿No es cierto? Junto con eso se buscó generar un movimiento productivo, una verdadera incubadora de negocios mineros, que partía de iniciativas pequeñas y dio lugar a faenas muy importantes, como Coyahuasi, Quibra Blanca y Disputada de las Condes. Me parece que ese modelo es de fomento, intrínsecamente ligado a lo productivo, y no se puede pretender que una labor productiva que tenga sus propios parámetros de medición prospere si no cuenta con un fomento que respalde los volúmenes necesarios para ser eficiente. Además, esa labor debe generar una atracción que garantice el abastecimiento, en cantidad y calidad, de minerales para sostener un negocio sustentable. Creemos que es un error muy grande del proyecto de ley, muy grande.
Y dado eso, y dado que nosotros decimos que el diagnóstico no se orienta hacia el gobierno corporativo, nos lleva a pensar que habrá que analizar muchas cosas antes de definir qué gobierno corporativo queremos para la empresa. Para ello es imprescindible saber qué es lo que la empresa debe hacer. Si lo que se pretende es hacer las cosas como se está proponiendo, creemos que el camino no es el correcto. Nosotros hicimos un diagnóstico, senadora, con la ayuda de una empresa externa, recopilamos todos los diagnósticos y los informes acerca de cómo Enami llegó a la situación financiera complicada que tuvo y que ha tenido en los últimos años. A partir de ello generamos una propuesta que nos ha costado consensuar; todavía estamos definiendo algunas palabras que complican el consenso, pero, en lo grueso, creo que estamos muy de acuerdo. Lo vimos en el Directorio de la Sociedad Nacional de Minería y ya estamos en condiciones de divulgarlo en los próximos días, aunque me quiero anticipar un poco.
¿Cuál es, entonces, el diagnóstico de fondo? ¿Por qué Enami no está cumpliendo su función? ¿Por qué tiene pérdidas, incluso en su parte operativa? ¿Por qué sus planteles no alcanzan niveles de eficiencia técnica y económica suficientes para fundamentar un negocio sustentable a largo plazo? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué el número de productores se ha reducido a la mitad? Nosotros creemos que la minería ha cambiado: los minerales han cambiado, los yacimientos han cambiado, y además la minería ha sido sometida a una serie de exigencias que la hacen más compleja. Por esto, tanto los pequeños, como los medianos y, en ciertos casos, las grandes compañías se han ido adaptando a estos cambios—disminución de leyes, yacimientos más complicados, dureza de la roca, el hecho de que los yacimientos a plena vista se agoten y haya que buscar nuevas maneras de identificar depósitos. En fin, todo eso genera un cambio al cual hemos tratado de adaptarnos, pero Enami sigue pensando que puede comprar minerales con una ley base de 2,5% y aplicar una tarifa en escalas decrecientes, que depende en gran medida del precio. Hoy en día tenemos un precio relativamente alto y, claro, el sector se mantiene más o menos tranquilo, incluso devolviendo el crédito de sustentación que logramos implementar a través de una ley hace algunos años. Sin embargo, no es una situación estable, ni fomenta el crecimiento. Por ello, la gran mayoría de la pequeña minería se encuentra en una situación prácticamente de subsistencia, sin incentivos para el crecimiento de los volúmenes; es decir, para producir lo mismo se tiene que extraer tres o cuatro veces más mineral, lo que implica un desafío enorme en términos de mecanización.
De las explotaciones, en términos de incorporación del recurso humano más preparado, tenía el día de mañana, saben muy bien, el objetivo de conocer mejor mi yacimiento. Hay una serie de desafíos. Con el tiempo y debido a ese letargo de Enami, esta fue perdiendo capacidad para tratar de procesar los minerales de los mineros, debiéndose, en parte, a la privatización de algunos planteles en la primera época y, en el último tiempo, francamente por falta de inversión. O sea, aquí no hubo ni siquiera una inversión suficiente como para mantener el nivel de producción; tenemos plantas que se acercan al 50% de disponibilidad. Eso no lo resiste ninguna empresa y eleva los costos enormemente, ya que los costos reales de Enami están por sobre lo que cobra por procesar los minerales, y no es poco lo que cobra.
Entonces, tenemos un problema de origen que identificamos muy claramente, al que se le pueden sumar todos los demás. Yo creo que el diagnóstico es súper compartido, y aunque la responsabilidad se puede discutir, al final de lo ocurrido es eso, ¿no es cierto? Llegamos a un nivel de deuda, sumando además las pérdidas derivadas de la operación de la fundición. En algún momento –y también debo decir, no sin bastantes voces disidentes al interior del tsunami– no tuvimos más opción que aceptar que la medida de suspensión de actividades en Paipote era inevitable, dado cómo se estaba operando dicha fundición, y así lo declaramos. Con la misma fuerza hemos expresado nuestro respaldo para que se continúe el estudio que permita reponer esa capacidad de fusión, la cual consideramos estratégicamente importante.
Asimismo, reconociendo todas las dificultades que enfrenta Enami, se presentó un plan o propuesta de programa que contempla medidas de corto, mediano y largo plazo. En un principio, se plantea una etapa de estabilización de entre uno y dos años a contar de la fecha en que se adopte la decisión que incluya estas actividades, generando una política de gestión de inventario. Hoy en día, aún contamos con stock de minerales sin procesar, porque al momento de comprarlos no se tenía claro qué se iba a hacer con ellos. Habría convenido, en ocasiones, asumir una pérdida inicial antes que mantener dicho stock durante años sin procesar. Tiene que existir lo que hemos llamado una especie de compra inteligente: adquirir un mineral y, de forma inmediata, definir qué se puede hacer con él, lo que incluye buscar todos los acuerdos necesarios para complementar a Enami en aquellos lugares donde no hay capacidad de tratamiento.
Creemos que no se han realizado todos los esfuerzos necesarios en ese sentido, por lo que se establece como primera medida la adopción de esa estrategia. Una segunda medida para la estabilización consiste en definir y monitorear frecuentemente métricas de endeudamiento. Consideramos que la empresa puede hacerlo por sí misma, ya que hoy en día está muy determinada por lo que autoriza o no Hacienda; sin embargo, la empresa debe gestionar internamente este aspecto y, al menos, proponer una gestión de deuda adecuada. Sabemos que se están realizando esfuerzos en esa área –fuimos testigos de que, en Panamá y en Toronto, se buscaron reuniones con financiistas– lo que evidencia una gestión en marcha.
Asimismo, se propone fortalecer la revisión periódica de los planes de producción y evaluar la puesta en valor o la venta de activos prescindibles o no dedicados directamente al negocio. Enami posee 300.000 hectáreas de propiedad minera que deben ser puestas en valor, lo que requiere una gestión especial. En fin, se plantea generar un plan estratégico a largo plazo, que incluya la estabilización y el establecimiento de KPI o indicadores de rendimiento en asistencia técnica y en perfiles de profesional, ya que consideramos que esa es una de las labores más valoradas de Enami.
Yo estuve la semana pasada, agradezco a Jóvenes,