En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, secretaria. Perfecto. Buenos días.
Bien, le damos la bienvenida a todos los colegas senadores. Hemos sido convocados para continuar las audiencias. Tenemos, la verdad, muchas audiencias pendientes, pero vamos a darle prioridad a las que quedaron pendientes el día de ayer.
No sé si, antes de comenzar las audiencias, alguno de los colegas quisiera hacer uso de la palabra. Yo, después, quisiera que me acompañe también el subsecretario, que ha sido muy activo en empujar este proyecto de ley; así que le agradecemos, asimismo, todas las dudas que han ido surgiendo, en tanto el Ejecutivo se ha ido abriendo para buscar soluciones.
Antes de partir con las audiencias, tenía una consulta que me llegó ayer, hoy, y que quería dirigir a usted, subsecretario, y al equipo técnico. Tiene que ver con la discusión en torno a la merluza, que se ha generado. Se había tomado una posición respecto a la merluza común. No sé qué es lo que ha planteado el Comité Científico-Técnico en esta materia respecto al uso de las cuotas. ¿Se plantea, como algunos sugieren, subir de 40 a 43 la cuota? Esto, basado en la idea de que la cuota ya se utiliza en su totalidad o no. Según datos que me han comentado, al parecer no; ni siquiera en la industria en su totalidad, ya que, según los datos que manejo, en el sector artesanal en 2023 se utiliza un 54% de la cuota, mientras que en el sector industrial alcanza un 86%.
Entonces, antes de comenzar la discusión, dado que el día de ayer se presentaron dos posturas –por una parte, el senador Espinosa indicó, según lo discutido en la Comisión de Pesca, un 43, y por otra, la postura del senador Núñez junto al senador Lagos, que planteaban un 70-30– quisiera hacer un alcance. Usted, en calidad de presidente, expresó esa afirmación de buena manera, pero me llegó de otros colegas que yo ya había presentado una indicación al respecto. Lo único que mencioné, en dos oportunidades, respecto al tema de la merluza, fue el 70-30: 70 para el sector artesanal y 30 para el industrial, tal como salió de la Cámara de Diputados; sin embargo, consideré que esa fórmula no contaría con los votos en el Senado. Por otro lado, lo que presentó la Comisión de Pesca del Senado –un 43 para artesanales y 57 para industriales– me parece poco ecuánime y que se debe buscar un equilibrio distinto.
Eso fue lo que me informaron, y el senador Núñez sí presentó la indicación; yo la presenté también. (¿Quién le firma la OPE? Solo yo.) Pido disculpas por la interpretación; es importante no generar ruido, ya que estoy buscando una fórmula que pueda destrabar este proceso sin mala intención. No es que lo que usted haya hecho venga como un anillo al dedo; ya otra persona que entiende esto, el senador Saavedra, me había indicado que también había presentado indicaciones.
Aprovecho para señalar que el tema, del que se conversó ayer a través de su intermedio con el senador Lago, está aclarado en parte, pero deseo sugerir lo siguiente en materia del fraccionamiento para diferentes pizquerías, que son parte sustantiva del funcionamiento del sistema pesquero. Este sistema está compuesto, al menos, por dos actividades: la artesanal y la industrial, y existen otras actividades, incluso en la orilla, que aunque no forman parte de este proyecto, también generan preocupación. A mi entender, debiéramos propender a lograr un acuerdo en el Senado que establezca un balance que satisfaga a las partes, teniendo en cuenta además los efectos en las regiones, porque estamos legislando en Santiago o en Valparaíso, pero es en las regiones donde se hace sentir el...
Un problema muy fuerte y hay regiones como la mía, como la del Bío Bío, que están con problemas de empleo, con problemas de generación de puestos de trabajo y de inversión. Se hace sentir muy fuerte; me imagino que en la suya también, Presidente, en la Quinta, en la del Maule, lo que ocurrió ayer dejó en claro que hay un punto de crisis, y en la Cuarta, que representa el senador Núñez, también se nota. Es un tema sumamente sensible. Por ello, invito a todos a que construyamos un acuerdo de las pesquerías. Actualmente tengo entendido que existe una propuesta del Ejecutivo de guarismos, pero es muy probable que no satisfaga nada, por lo que solicito que se explique bien.
En segundo término, quiero hacer un punto respecto de las licitaciones. Creo que es un tema al que, por lo menos en esta sala y en el Senado, votaré en contra, porque genera incertidumbre, desempleo, no promueve el crecimiento y crea una inestabilidad pura en el sistema. Lo planteo para que no queden dudas sobre mis intenciones, ya que para la región del Bío Bío son cuestiones tremendamente importantes.
Muchas gracias, senador Saavedra. El senador Macaya me había pedido la palabra y, después, se dará la palabra al subsecretario. A propósito, y en relación a una conversación que tuve esta mañana con el senador Saavedra, quiero reiterar que, si bien no es parte de esta ley, se ha puesto varias veces como ejemplo –tanto el subsecretario como el senador Daniel Núñez lo han mencionado– el caso de la evolución positiva en el tema de la jibia. Ayer el subsecretario entregó un dato respecto a que la exportación de jibia tenía mejores números con la actual estructura regulatoria que con la anterior. Me gustaría que se hicieran llegar esos datos, ya que, como se evidenció cuando ocurrió el tema de la jibia en la Región del Bío Bío –y como usted mismo reconoció, se generó una situación inicial de pérdida de empleo– es importante conocer los números que se mencionaron ayer para evaluar la evolución de la situación.
Además, reitero la pregunta original respecto de las cuotas de la merluza: ¿cuánto de la cuota actual se extrae? Considero muy útil que la subsidiaria nos entregue las cifras oficiales. De mi parte, les haré llegar un informe que elaboramos, pues en el caso de la jibia se escucharon muchas noticias y opiniones, y hace dos años me quedé con la impresión de que se había paralizado la actividad de la jibia, producto de la ley que autoricé junto con el diputado Víctor Torres, la cual prohibía el arrastre.
Sin embargo, quiero ser sincero: al consultar a los pescadores en las caletas para contrastar, nos llevamos la sorpresa de que nos decían que sí se estaba sacando jibia. En mi región lo afirmaron, luego supe que en la Quinta, en la Séptima e incluso en la Novena regiones se estaba extrayendo jibia. Al buscar los datos, descubrimos que el año pasado las exportaciones de jibia, según cifras oficiales, alcanzaron los 175 millones de dólares. Es importante entender que los pescadores artesanales no exportan la jibia directamente; ellos la extraen y luego la industria pesquera la procesa. Esto resulta relevante, ya que existen dos grandes tipos de industria pesquera: las grandes, que tienen derechos de pesca, provienen de un período de tiempo antiguo y cuentan con barcos de arrastre; y las plantas pequeñas y medianas, que adquieren jibia a la pesca artesanal. Lo que ha ocurrido es que la actividad con la jibia ha estimulado la creación de muchas de estas plantas pequeñas y medianas.
Por ejemplo, estuve en Leú con el delegado y con los pescadores, ya que el puerto de Leú es un puerto artesanal, y allí se encuentra una planta pesquera nueva, que lleva tres años en funcionamiento y opera exclusivamente comprando jibia a la pesca artesanal. Esto ha permitido un despliegue importante. Además, al indagar, nos llevamos la sorpresa de que, en Coquimbo, la principal exportadora era una industria grande que también adquiría jibia de los artesanales, y que en la Octava Región dos pesqueras importantes, al comprar jibia artesanal, comenzaron a exportar.
Pero nos va a decir, con justa razón, que si él sale con su barco de arrastre y captura gira, le sale más barato que comprarle a los artesanales. Obvio que le sale más barato, indudablemente, pero el negocio hoy día es tan potente, tan atractivo, que comprándole la pesca artesanal le resulta. Y, desde ese punto de vista, los datos son sumamente ilustrativos. Así que haré un esfuerzo para llegar a Senadal Macayo, porque creo que, más allá de las opiniones, hay un buen ejemplo de que esto está generando un desarrollo económico en territorios muy aislados. Es importante apoyarlo, ya que la clave de esto es el valor agregado. Alguien podría decir: “la GIGA, que es casi como una plaga, metamos la harina de pescado”. No, afuera se consume y se paga muy bien el precio. Entonces, muy interesante la experiencia. Calamar Gigante. Sí, subsecretario don Julio. Muchas, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio.
En relación a la merluza común y a la inquietud que se plantea, me gustaría que tuvieran a la vista una hojita que se distribuyó el día de ayer y que muestra el estado de discusión de todas las pesquerías. Específicamente, se evidencia que es la merluza común aquella para la que percibimos estar más lejos de lograr una salida acordada respecto a esta pesquería. Para explicar ese cuadrito, las pesquerías que están en verde ya se encuentran en el número en que podrían ser aprobadas ya sea en segundo o tercer trámite, porque se consideran en el número correcto o no están siendo debatidas. En tanto, las que están en amarillo tienen indicación del Ejecutivo y, a nuestro juicio –como lo han señalado el senador Sandoval y el senador Espinosa– son pesquerías que podrían salir perfectamente de la tramitación con dicha indicación. Por lo tanto, la discusión principal, en términos de diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, se centra hoy en la merluza común, y, en la evaluación que realizamos, dada la magnitud de esta brecha, es probable que dicha discusión nos lleve inevitablemente al tercer trámite, ya que acercarse a los números manejados en ambas Cámaras sería muy difícil sin una discusión directa entre senadores y diputados con perspectivas diferentes.
En cuanto a la pregunta que se nos había formulado –cuál es el desembarque actual de la comuna de la merluza común versus la cuota global, pues entendemos que no se utiliza la totalidad– es preciso explicar a qué nos referimos cuando hablamos de desembarque. Primero, aquí tratamos de una pesquería que está sobreexplotada y no es una pesquería sana, pues los registros de desembarco no reflejan de manera efectiva los desembarcos reales. En el caso de la pesquería de la merluza existe una considerable cantidad de lo que llamamos pesca no declarada, no reglamentada o, como se conoce habitualmente, pesca ilegal. Esto ocurre especialmente con productos derivados del recurso merluza. Hay territorios en los que la merluza existe en mayor abundancia que en otros; por ejemplo, en la región del Maule, donde, no obstante, no existen pescadores artesanales con acceso a ese recurso. Además, después del terremoto de 2010 se habilitó, por medio de programas sociales e incluso de organismos privados, embarcaciones para personas pertenecientes al sector artesanal –como recolectores de orilla o pescadores bentónicos–, quedando físicamente aptas para realizar labores de pesca. Esto hace que, hoy en día, la mayor estadística de incautación ilegal de pesca de merluza se registre en la región del Maule, debido a que existe una flota importante que no se encuentra regularizada. Entonces, al preguntarse sobre los registros de desembarco de la merluza, observamos la dificultad de que estos no den cuenta de los desembarcos reales; lo que se percibe es que se pesca menos merluza de la asignada por cuota, pero en realidad se está pescando más merluza de la asignada por cuota.
Que está hoy día en el estado de sobreexplotación es un problema bastante grave, porque eventualmente podemos terminar dañando aún más el recurso. También hay que considerar, senador, que el arte de pesca que se utiliza en la pesquería impacta de manera distinta en el recurso. El arte de pesca que usa la industria es menos selectivo que el arte de pesca que usa el sector artesanal. Entonces, una fracción puesta en un lugar u otro incide de forma diferente en el estado de salud del recurso. Por eso, esta es una pesquería —por decirlo así— que despierta grandes pasiones, ya que, en la práctica, gran parte de las regiones del norte —las que están al norte del Maule (me refiero a O’Higgins, la quinta región y la cuarta región)— ya perdieron el recurso merluza, es decir, el recurso merluza no está físicamente habilitado para la extracción en sus territorios.
Hoy, en este momento, producto del desgaste del recurso, éste se está concentrando principalmente en las zonas reproductivas, que son la cuenca de los grandes ríos. Además, lo que ha pasado —y esto se enlaza con la segunda conversación que se realizó— es que estos pescadores artesanales que disponen del recurso, pero que no lo han podido extraer por sobreexplotación y debilitamiento, se han reconvertido a la otra pesquería a la que podían acceder, que era la jibia. Por ello, hay que analizar la pesca en relación con las flotas que desarrollan la pesquería. La flota que desarrolla la pesquería de la merluza es la misma que desarrolla la pesquería de la jibia, y esto también ocurre en la industria. Se trata de pesquerías que, cuando se agotan o se desgastan —como es la situación actual— generan un serio problema.
Asimismo, los cambios en el fraccionamiento no solo son distributivos en favor del sector artesanal, en este caso como se plantea en la discusión del proyecto, sino que en algunos casos también resultan redistributivos en favor del recurso. Es decir, una redistribución debiera provocar una explotación más selectiva del recurso y, por lo tanto, cuidar finalmente tanto a la industria como al sector artesanal.
Gracias, señor secretario. Ahora, lo que usted me plantea me deja aún más preocupado, porque significa que efectivamente hay un problema severo de pesca ilegal en el caso de la merluza austral. Usted me está diciendo que, en el fondo, en el caso de la merluza, las cuotas que vamos a redistribuir por fraccionamiento en la práctica no son reales, ya que no son relevantes, porque la merluza está siendo sobreexplotada y el recurso hoy se encuentra en peligro, concentrándose únicamente en algunos lugares muy puntuales y ausente en otros.
Entonces, le pregunto a usted, como subsecretario de Pesca, ¿por qué en este proyecto no se incorpora alguna política pública o medida para hacer frente a la pesca ilegal? Cabe señalar que en este proyecto se manejan dos aspectos: el fraccionamiento (que podrá ser el 43 o estar entre el 46 y el 70, independiente de ese debate) y, además, el hecho de que la cuota asignada —según los números oficiales— ni siquiera se está utilizando, puesto que los desembarcos que tengo registrados para el 2022 son de 32.000, de un total de 41.000; y usted me indica que en realidad no son 32.000, sino que probablemente sean más de 41.000, porque el recurso, además, casi ha desaparecido.
Le pediría a su secretario que aprovechemos la oportunidad para cuestionarnos qué estamos haciendo desde el punto de vista de la trazabilidad del recurso y considerar que aquellos pescadores que hoy operan en la pesca ilegal, además de ser duramente sancionados, en algunos casos podrían reconvertirse a la pesca legal con una cuota legítima.
Ahí entra la parte administrativa que usted me mencionaba en este trámite, en la que el fraccionamiento define lo global entre lo artesanal y lo industrial y, dentro de lo industrial (o del artesanal, perdón), ustedes a nivel administrativo van determinando en qué lugares corresponde a cada uno.
Si, por ejemplo, en el Maule existe una extracción excesiva que conduce a la sobreexplotación del recurso, será necesario decirles a los pescadores —tanto artesanales como industriales— que no podemos poner en riesgo el recurso y que debemos distribuir de manera equitativa para que todos tengan una parte del recurso de forma sustentable.
Levanto esta preocupación porque me encantaría que, en un proyecto tan relevante de justicia —tanto entre el mundo artesanal como el industrial— también hiciéramos justicia con el recurso. Entonces, pregunto si es que hay espacio para que se integre esta cuestión, dado que, producto de mi consulta, me doy cuenta de que existe un problema estructural: el recurso tal vez se encuentre sobreexplotado y no estemos siendo capaces de gestionarlo adecuadamente.
Senador Nuño. Yo creo que el subsecretario puede responder mucho mejor.
Porque yo, pero no puedo dejar pasar recordar que nosotros votamos en la Cámara de Diputados, cuando éramos diputados, un proyecto de ley que aumentó las sanciones a la pesca ilegal. Fue importante el aumento de sanciones y que se le dieran más atribuciones a la pesca. De hecho, recuerdo cuando lo hicimos, yo lo voté a favor; varios pescadores en las tribunas nos pifiaron y, qué sé yo, porque algunos consideraron que era, cómo decirlo, como criminalizar. La verdad es que, en ese sentido, comparto plenamente que la pesca ilegal nos mata, ya sé que la ejerza quien la ejerza, porque tanto la industria como la pesca artesanal pueden incurrir en ella, pero ojo con eso: hicimos un proyecto de ley que quedó con buenas sanciones y mayores atribuciones. Tal vez ha habido un problema de implementación, no lo sé, pero lo comento porque es relevante, ya que fue hace unos 3 a 5 años, cuando lo votamos en un debate muy duro que nos tocó – Senador Saavedra, Senador Macaya – y después le di la palabra al subsecretario.
Hay varios puntos de los que plantea el subsecretario. La verdad es que las pesquerías que están en discusión en cuanto a su distribución a través de un fraccionamiento –tanto al borde del colapso como en situación de sobreexplotación– debiéramos tener lo que usted plantea: una política pública respecto a cómo controlamos el esfuerzo de pesca. Porque, si se tiene una capacidad de bodega mayor que la que se requiere para cuidar la especie y aplicar principios de precautoría, que también se han discutido en este Parlamento, y se dispone de más capacidad de bodega en el agua, entonces el esfuerzo de pesca será mayor y se extinguirá la especie. Y ese es un punto muy complejo. Aquí no se está haciendo más que pasar de un bolsillo una cantidad de toneladas a otro, lo cual, a mi entender, no tiene que ver con una política de sustentabilidad para el sector pesquero que nos asegure un mejor futuro y evite llegar a un escenario en que falte pesca y no se resuelva el problema.
Yo creo que hoy día tenemos una sobredimensión de las flotas respecto de lo que se necesita para cuidar la especie. No solo me refiero a las merluzas, sino a todas las especies; por ejemplo, las tallas del jurel se encuentran en una condición distinta. Los que somos de Talcahuano recordamos aquella fiesta en que, tras haber pescado una cantidad millonaria de jureles, lo único que se hizo fue romper la cadena biológica, para luego ver que, después de muchos años, hubo una reposición, pero de forma bastante controlada. Entonces, tenemos ese problema. En la sesión de la Comisión de Pesca del Senado se preguntó qué pasaba con la reineta, la cual también presenta una cantidad de toneladas que me gustaría conocer oficialmente, es decir, saber cuánto se pescó, porque si se excede lo autorizado, estamos ante una complicación mayor. Y aquí no se trata solamente del punto de fiscalización o de la facultad que se le da a la institución pesquera, sino que intervienen otros actores, como el Servicio de Impuestos Internos, en el control del tránsito de camiones por la carretera; sin embargo, dicho control tampoco es efectivo. En consecuencia, tenemos un problema muy severo en materia de fiscalización en todo el país, lo que impacta en el correcto funcionamiento de la institucionalidad.
Señor Macaya, en la misma línea, yo creo que todos compartimos que cuando existe pesca ilegal, los ingresos de todos los pescadores y de todas las pesquerías disminuyen. Básicamente, se genera la percepción de un mayor recurso a un precio que se determina de forma informal y sin el pago de impuestos, lo que también repercute en los ingresos del fisco. Desde esa perspectiva, entiendo que en la Comisión de Pesca, en el informe correspondiente, se trató de implementar algo diferente para fiscalizar mejor los desembarques y la certificación de los mismos, particularmente en aquellos en que hoy día no están obligados a hacerlo. ¿Por qué se rechazó esa idea? Quizás porque permitía una mejor fiscalización del tema de la pesca ilegal, lo cual tendría un efecto recaudatorio y mejoraría los precios para los pescadores legales. ¿Cuál fue entonces la razón para rechazarla en esa instancia?
Y, antes de ceder la palabra, menciono brevemente uno de los ejemplos en que se avanzó significativamente para eliminar algún tipo de conducta inadecuada: la Vigiatto. La Vigiatto era, en el fondo, un sistema masivo que se logró controlar controlando el transporte, de forma similar a lo que se hizo con el robo de madera. La clave en esa legislación fue que nadie quería transportar madera robada, puesto que el camión se lo quitaban al que la transportaba. Entonces, al final, no era el problema; el que robaba la madera ya no encontraba...
¿cómo traslarla? Entonces, en vez de… le cortaste una cadena productiva, algo similar, a lo ilegal. Algo similar, presidente, ha ocurrido también. El senador Lago Pérez tiene la palabra.
—Sí, disculpe, que usted aparecía en conversación. Tiene razón.
—No, pero para fortalecer ese argumento, incluso en el tema de la disposición hacia basurales, etcétera, o residuos, escombros, también se exige. Una de las sanciones va al transportista, al conductor y al dueño de los camiones, de modo que ya no se escuda diciendo “yo estoy transportando nomás”. Ahí hay un elemento interesante a explorar. Para eso tiene que haber voluntad de fiscalizar, porque he visto la cantidad de algas, huiros, etcétera, y cochayullos; cargados de tal forma que, si el camión revienta, puede hacerlo tranquilamente por las carreteras del norte y no pasa nada.
—Sí, el subsecretario.
—Presidente, por su intermedio, señalo que el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es uno de los pilares de la normativa vigente. Pero, como bien señala el senador Lagos Weber, uno de los problemas de la normativa es que es correcta en lo declarativo, pero ha tenido muchas debilidades en la posibilidad de implementar este combate. Es por eso que, dentro de las modificaciones propuestas en la nueva ley de pesca que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se incluye específicamente un título referido a las sanciones y a las formas de combate a la pesca ilegal. Cabe destacar que es uno de los títulos ya aprobado en la Cámara de Diputados, y cuyo modelo de implementación recoge, entre otras cosas, el mismo enfoque de combate que se plantea respecto de la madera, es decir, cómo se le da seguimiento a todos los que intervienen en esa iniciativa.
—Permítanme clarificar: Hace más o menos cinco años se aprobó una ley especial de combate a la pesca ilegal. Esa ley tuvo vacíos y se va a mejorar con lo que hoy señalo. No es que el tema se haya detectado recién y la institucionalidad no haya actuado; en el fondo se hizo un aumento de penas y multas, pero hoy se quiere mejorar aún más la implementación del tema, y de hecho existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que está en proceso.
—Clarifico aún más: Hace cinco años se aprobó un proyecto de fortalecimiento institucional del CERNAPESCA, destinado a fomentar el combate a la pesca ilegal. A lo que me refiero, senador, presidente, por su intermedio, es a la discusión del actual proyecto de ley de pesca, que establece entre sus pilares justamente el combate a la pesca ilegal no reglamentada y no declarada, y que aumenta la capacidad de fiscalización. Este proyecto fortalece los instrumentos técnicos de fiscalización, tales como las cámaras a bordo y los posicionadores satelitales, y además aumenta las penas.
Esta materia, dentro del extenso proyecto de ley de pesca, ya fue aprobada por la Comisión de Pesca de la Cámara. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos, senador, es que, dado que la ley de pesca tiene múltiples aristas, lo que se está haciendo en este caso en particular es seleccionar una materia –la extraída del código de la ley de pesca correspondiente al fraccionamiento– para avanzar en su tramitación. Si usted lo propone, senador, podríamos evaluar y extraer en otro momento otra materia para tramitarla con celeridad. El objetivo de extraer una materia es avanzar efectivamente en el punto de la distribución, ya que en esta materia no podemos esperar resolver todos los temas de administración pesquera contenidos en la ley de pesca, que tiene 370 artículos, para abordar un problema de inequidad en la distribución que resulta evidente para todos los actores. Por ejemplo, la distribución del jurel es de 95.5.
No hay ningún actor, ni siquiera la industria beneficiaria, que la esté defendiendo en este momento. Por eso es que tenemos tantos, tantos fraccionamientos en verde, en realidad. Entonces, esta materia que usted señala, Presidente, es una materia que hoy día no está en la idea matriz del proyecto, porque está contenida en el proyecto principal, y es importante que podamos darle celeridad a la tramitación del contenido de este proyecto, que fundamentalmente está centrado en los criterios de distribución, a mi juicio. Señor Magalla, primero, después el señor… Para entenderlo, quizás en términos más simples, ustedes no aceptaron en la Comisión de Pesca esta indicación porque se trataba de un tema que estaba ajeno a la idea matriz del proyecto y ustedes esperaban que solamente tuviera que ver con fraccionamiento, ¿verdad? O sea, en el fondo, dejando a la Ley de Pesca que se está tramitando en la Cámara de Diputados todos los asuntos relativos a la fiscalización y al tema de pesca ilegal.
Yo creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de las instancias legislativas, sobre todo si se puede construir acuerdo en este ámbito. De hecho, la indicación era bastante sencilla y tenía la ventaja de aplicarse solo para armadores titulares de más de 12 metros de eslora, dejando afuera a los más pequeños por el posicionador satelital y el tema de la certificación. Me parecía razonable que fuera rechazada y, además, me indican que en la Cámara no hay ningún artículo en el proyecto de ley de pesca que tenga este contenido. Quizá se incorpore, pero de ahí a que ocurra algo, yo creo que esto se avanza. Hoy día tenemos un problema. El contenido de la indicación es bastante sencillo. Dice —con todo—: “El nuevo fraccionamiento regirá para el sector artesanal e industrial que cuente con posicionador satelital y certificación de los desembarques, con el fin de mantener la trazabilidad de los fraccionados. Para el caso del sector artesanal, se aplicará solo para armadores titulares de más de 12 metros.”
Entiendo que son temas adicionales, pero por lo menos en esta Comisión de Hacienda, una indicación de este tipo tiene un impacto recaudatorio importante para el Estado de Chile, ya que los propios artesanales podrán vender su producto a un mejor precio. No tengo ninguna duda de que la existencia de una pesca más legal –por poner el ejemplo más brutal, como lo es el contrabando de cigarrillos, que para el Estado de Chile tiene un costo millonario, incluso billones de dólares en los cálculos más extremos– impacta de manera importante en la recaudación y en el trabajo legal que deben desarrollar todas las actividades.
Agrego un punto más a lo que menciona el subsecretario: Presidente, imagino que el proyecto de ley de pesca que está en debate considere también la certificación de los desembarques, porque si no contamos con ella, van a aparecer regiones en donde haya cero desembarques y eso se podría interpretar como que hay cero pesca, lo cual no es así. Es un tema que también hay que incorporar y, si hay voluntad, podría quedar claramente en este proyecto de ley para que lo aprobado por fraccionamiento tenga la severidad del control que necesitamos para el balance de las pesquerías.
Subsecretario, José O… Presidente, señalo por su intermedio respecto de este punto: yo comparto la bondad de la indicación que usted propone. Sin embargo, creo que hay que ser muy riguroso en la tramitación de los proyectos y aceptar únicamente aquellas indicaciones que sean coincidentes con la idea matriz del legislar, siendo este un concepto regulatorio de la actividad pesquera que se encuentra en otro título de la Ley de Pesca. Por lo tanto, me parece inadmisible por un problema de consistencia jurídica, no por la bondad de la norma. Estamos de acuerdo con la bondad, pero entiendo que se trata de un tecnicismo procesal legislativo, el cual se puede superar con voluntad y con el eventual patrocinio del Ejecutivo. Senador Blago, le ofrezco la palabra si desea contribuir, por ejemplo, a despachar el proyecto alcanzando un entendimiento en el tema de fiscalización y mejores normas para ese aspecto. Entiendo todo el tema de mantener el proyecto, no lo voy a discutir; sin embargo, me quedó una duda cuando se habló del tema de la merluza y los desembarques que no están registrados, tal vez en el Maule, parece que…
¿Es porque en el Maule no se espera que se capture ese recurso? Se me pregunta la siguiente: la legislación actual, hoy, si no hacemos nada o nos dedicamos a otra cosa, ¿qué facultades tiene la Autoridad Nacional Chilena para controlar los desembarcos que son ilegales? Yo entiendo el tema de la idea de Madrid, su secretario, créame, y se quiere acotar a eso, y vemos cómo hacemos. Mejoramos algo que puede ser iniquitativo —o, a juicio de muchos, los cuales me incluyo en algunas pesquerías—; hay que mejorarlo entendiendo que, si no fiscalizamos bien todo esto, puede ser nada, porque, al final del día, se fracciona una cuota y, si la cuota no se respeta, hay que hacerlo formalmente y materializar que se cumpla ese fraccionamiento o controlar que éste sea el adecuado, para que nadie pesque más allá de la cuota asignada. Entonces, si nada de eso funciona, esto queda en el papel y las movilizaciones pasan a ser como vacías. ¿De qué estamos persiguiendo? Yo le pregunto, para los que estamos en Hacienda y en la Comisión de Pesca: ¿cuál es la legislación vigente que tiene normas? Y, a su juicio, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Por qué no puede funcionar? Dígame, ¿faltan recursos? ¿Faltan fiscalizadores? Necesito una pista para saber por dónde bajarme, para saber si uno debe empujar la idea de la fiscalización en este proyecto o dejarla para la ley de pesca grande, global, política.
Reforzando el punto que se plantea: aumentar la cuota. Acá lo que estamos haciendo es aumentar o redistribuir la cuota, y si eso se hace sin el control adecuado, a mí me parece un despropósito. Tiene muchísimo que ver con la idea matriz del proyecto del que estamos hablando. Si cambiamos las reglas y las condiciones, hay que chequear y fiscalizar que se cumplan, porque si no, la ley —relacionada con el cambio en la estructura de las cuotas—, si no se cumple, pierde sentido. La legislación debe incluir los cuidados necesarios para aplicar sanciones en caso de incumplimiento. En este caso, esta indicación buscaba, únicamente, una certificación y el uso de posicionadores satelitales, excluyendo, y esto es importante señalarlo, a las embarcaciones de menos de 12 metros.
Para responder la pregunta del senador Lagosbeber, en el caso de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, es importante distinguir tres situaciones que permiten entender la naturaleza del problema. En primer lugar, es ilegal la pesca de quien no puede pescar, es decir, tanto en el ámbito industrial como artesanal, cuando no puede realizar la faena porque no está inscrito ni tiene registro para pescar. En segundo lugar, también es ilegal la pesca realizada por aquel que, pudiendo pescar, realiza una pesquería distinta a la que se le ha asignado; es decir, yo tengo este recurso, pero no estoy autorizado para pescar en esa pesquería específica. Por último, es ilegal cuando quien puede pescar en la pesquería asignada, pesca más de la cantidad permitida como cuota o utiliza un arte de pesca distinto o incumple alguna otra condición.
Lo que tenemos en esta situación es una materia de alta complejidad, en la que las principales infracciones no se dan en el ámbito artesanal, sino en la industria, por la vía del subreporte. De hecho, la incautación más cuantiosa de pesca ilegal se encontró en la bodega de una planta de proceso de la industria, y no en los camiones donde descarga la pesca artesanal.
Este es un problema significativo e importante, que requiere atenderse desde todas las aristas: desde el fortalecimiento de las figuras penales hasta el de las instituciones fiscalizadoras, y, por cierto, la incorporación de tecnologías que permitan un mejor seguimiento de las embarcaciones. Lo que ocurre específicamente en relación a esta pesquería afecta principalmente a una región, el Maule, que está siendo fuertemente fiscalizado. También afecta al Bío-Bío por otra vía, ya que hay embarcaciones de esa zona que traspasan al Maule para desarrollar faenas de pesca; tienen el recurso y la capacidad, pero debieran pescar en otra zona específica. Por ello, cuando uno enfrenta un problema complejo, como el de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, que tiene múltiples aristas, se evidencia la necesidad de un abordaje integral.
Que se refiere solo a una de las dimensiones de ese problema, yo creo que complejiza un proyecto que está referido a otra temática y no necesariamente ayuda a tener un enfoque sistémico del problema que queremos resolver.
Si no se marca, vamos a tener que extender la sesión para que no quede dando vueltas en el ambiente. Preguntaré al subsecretario: no quiero el nombre de la empresa ni la localización de la bodega, pero me gustaría saber cuántas investigaciones se han iniciado a propósito de que la institucionalidad presentó la denuncia y en qué región está investigando el Ministerio Público, así como si el Servicio de Impuestos Internos también lo está haciendo, porque lo que usted dice es complicado para la reputación de quienes están involucrados en el procesamiento de las pesquerías.
Yo, solamente para profundizar, señalo que esta ley que estamos votando, si bien tiene normas que no comparten la misma idea de matriz respecto al fraccionamiento, contempla la determinación judicial cuando se ha producido el entorpecimiento de la actividad fiscalizadora; hay aspectos que sí tienen relación con el tema en cuestión. Por ello, le pido, al menos para la reflexión, su consideración –no quiero presionarlo más con el asunto, pero sería bueno contar con alguna conversación al respecto.
Asimismo, me hacen el alcance respecto al comentario que usted hace sobre la incautación de harina de pescado. Entiendo que se refirió a la pesca artesanal de sardinas, pero el incidente ocurrió en una planta de proceso de la industria. La pesca artesanal es pesca artesanal, pero el procesamiento corresponde a la industria. No voy a involucrarme en causas judiciales, aunque cabe preguntar si se trata de una causa judicial, ya que entiendo que está en competencia de la judicatura. Es muy importante dejar en claro esta diferencia: la pesca artesanal es solo pesca, mientras que la industria realiza el procesamiento. En ese sentido, prefiero que se indiquen los nombres y apellidos cuando se alude al tema.
Sigamos con los invitados. Tenemos varios que quedaron pendientes de ayer, así que vamos a comenzar revisando la lista que aquí tengo. Bien, vamos a comenzar. Entiendo que también está presente un miembro de la DIPRES, don Pablo, quien estuvo muy bien representado el otro día; por eso, le damos la bienvenida nuevamente.
Vamos a partir entonces con don Patricio Araú, que tiene que ver con lo suyo –y don Pablo lo liberará en cuanto se haya zanjado ese tema–. Así que, don Patricio Araú, lo escuchamos sobre el tema del informe financiero, que fue lo que vimos el primer día. Le pido que seamos breves, dado que somos varios presentes.
Sí, muchas gracias. Estoy intentando poner la presentación. ¿Se ve la presentación? Se ve bien, pero ojalá la pongan en versión presentación; ese mismo botón es el que debe apretarse. Asimismo, le pido al equipo que, si es posible, minimice el rostro de los invitados –se puede hacer presionando la pestañita en la parte superior, para ver completamente la presentación. El tiempo es suyo, don Patricio; lo escuchamos con atención.
Muchas gracias. Espero ajustarme a los seis minutos que me concedieron. En primer lugar, me gustaría decir que el año pasado fui invitado por los pescadores industriales del Bío-Bío a realizar un análisis de impacto. Oiga, no se le escucha muy bien, por lo que le pido que hable un poco más fuerte y claro, y a la sala le solicito mantener silencio para poder escuchar.
¿Me escucha? Mejor. Decía que el año pasado fui invitado a realizar un análisis de los impactos de la Ley de Pesca y presenté tres documentos públicos, fechados en enero, febrero y marzo de este año, que he adjuntado a esta presentación para que se puedan revisar, si es necesario. Por favor, hable mucho más fuerte; si no se escucha adecuadamente, no funcionará este diálogo. Quizás acercándose al micrófono del computador podría ayudar.
Ahí está mejor. Básicamente, voy a centrarme en tres efectos, es decir, en tres resultados de mis investigaciones. En primer lugar, es necesario conocer…
La transcripción final es la siguiente:
“Y tener el análisis de lo que ha ocurrido en la región del Bío Bío desde el año 2010 al año 2023, producto de la Ley 20.657. Había un fuerte proceso de industrialización en esta región. Básicamente, lo que es la industrialización es que, como se muestra aquí, es necesario segmentar la producción de la industria en consumo humano, que es la que genera mayor valor agregado, y la industria reductiva, que es la que hace harina y pescado. Este proceso de industrialización muestra cómo la barra roja se incrementa significativamente en la captura como materia prima de este segmento, versus la barra azul que ha ido reduciendo.
Este proceso es de gran interés nacional, señor senador, puesto que es un caso, un ejemplo de lo que queremos hacer en todo Chile. Siempre hemos discutido que no queremos producir solamente productos primarios, siempre hemos discutido que queremos encadenamientos productivos para generar mayor valor agregado.
Bueno, esto ha ocurrido en la industria y es de alto interés. En la región del Bío Bío, el segmento de consumo humano – en particular, el procesamiento Melusa-Jurel – genera un empleo de alta calidad, alto pago de impuestos de IVA y de primera categoría, cotizaciones para pensiones y salud, además de una alta participación femenina en el empleo, lo cual es otra razón fundamental. Es importante también señalar que, hoy día, la industria de la región del Bío Bío alimenta a nuestros niños con la dieta Junaed; apanados de merluza, confeccionados por una empresa de la región – y, respecto a lo mencionado ayer, es sabido que es la única empresa de Chile que procesa congelados y apanados de harina de merluza – que opera actualmente con la cuota establecida para mantener su nivel operativo mínimo. Por lo tanto, una reducción significativa de la cuota, como propone el nuevo fraccionamiento de la merluza, significaría definitivamente que esta empresa no podría mantener su nivel operativo.
Yo no soy empresario; yo no tengo por qué andar amenazando ni anunciando cierres. Simplemente, soy un técnico que, al analizar los estados financieros y los flujos de operación, concluye que esta empresa no podría mantenerse, generando un alto nivel de empleo con un 70% de mujeres. Es importante que ustedes conozcan esto. Mi conclusión, extraída del informe, es que el proyecto original abortaba este proceso y que las licitaciones del PDL y el fraccionamiento amenazan seriamente su continuidad.
Es fundamental entender que lo que se requiere es tener una capacidad propia mínima de operación para que una industria pueda procesar consumo humano y reemplazar la harina de pescado. Esto es lo mismo que presentó ayer Frio Sur, que vino a pedir su cuota necesaria para que empresarios y trabajadores puedan subsistir y disponer del procesamiento requerido. Es muy importante incorporarlo como política pública en cualquier solución que se proponga respecto al fraccionamiento.
Mi segunda idea, y me dio definitivamente mucho gusto escuchar a Pablo Jorquera el pasado martes –pensé que esta presentación se haría ayer, pero fue el martes cuando él la presentó–, es que lo que hizo fue corroborar los cálculos realizados según los documentos que presenté. Básicamente, este proyecto es extraordinariamente recaudador; recauda mucho más que el contrafactual de no aprobar el proyecto.
Es importante hacer presente que, conociendo Hacienda –yo fui asesor del ministro Alejandro Fox en el gobierno del presidente Elwin y conozco muy bien Hacienda–, estoy seguro, y es algo que los senadores podrían preguntar, que Hacienda no está intentando recaudar más con este proyecto. Hacienda sabe que existen problemas de distorsión con los impuestos que se están recaudando, por lo que es importante preguntar: Hacienda no está interesado en recaudar de más; aquí se propone una solución en la que se recauda en exceso el impuesto específico –el royalty que paga la industria por derechos de uso, el cual se ve distorsionado.”