Bien, damos paso entonces a esta jornada de acusación en la sala de sesiones.
Se declara aprobada la sesión número 137 y el acta de la sesión número 136 queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta.
Gracias, señor Presidente. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 8 para hoy, 26 de marzo, de esta legislatura 373. Se ha recibido oficio del Senado por el cual se comunica que ha tomado conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a una de las enmiendas propuestas al proyecto que moderniza la oferta en la educación parvularia, y que ha designado a los miembros de la Comisión de Educación para integrar la comisión mixta correspondiente.
Asimismo, se ha recibido un oficio del Senado por el cual se comunica que ha dado su acuerdo a la solicitud formulada por su excelencia el Presidente de la República, en orden a prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Bío Bío, en la región del Bío Bío, declarado por Decreto Supremo 189 de 16 de mayo de 2022 y prorrogado por última vez mediante Decreto Supremo número 53 de 26 de febrero del 2025, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del período previsto en el mencionado Decreto Supremo número 53.
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto inicial, mensaje con urgencia calificada de suma, que modifica el Decreto Ley número 825 de 1974 sobre impuesto a las ventas y servicios para establecer un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres.
Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual se solicita recabar el acuerdo de la sala para que le sea remitido el proyecto iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado coleo de toros, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ex ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende.
Oficio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual se solicita recabar el acuerdo de la sala, de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 16921 y 17180-12 sobre animales abandonados en situación de libre deambular, atendido que sus ideas matrices tienen relación directa entre sí.
Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia recae en el requerimiento deducido por la diputada Carmen Gers y otros en contra del diputado Gonzalo de la Carrera.
Por eventuales infracciones a los especiales deberes parlamentarios.
Proyecto inicial en moción de los diputados señores Mulet, Ilavaca, Joanet y Oyarzo, y de la diputada señora Cariola, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de comiso sin condena previa.
Proyecto inicial en moción de los diputados señores Mulet, González, Don Félix, Melo, Oyarzo y Zafirio, y de la diputada señora Veloso, que fija normas para el fomento, desarrollo y registro de huertos urbanos.
Proyecto inicial en moción de las diputadas señoras Delgado, Ahumada Arce, Astudillo, Medina y Pérez, Doña Catalina, y de los diputados señores Bernales, Maya, Mirosevic y Videla, que modifica la Ley 18695 para imponer a las municipalidades el deber de reconocer el aporte de dirigentes y organizaciones sociales en la materialización de obras y proyectos de desarrollo comunal.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Veloso, Bello, Príez y Rojas, y de los diputados señores Barría, Brito Sáez Yundurraga y Don Alberto, que modifica la Ley 18695 para exigir que el Consejo Municipal se haya informado periódicamente sobre el inicio o estado de avance de las causas judiciales que involucren a la respectiva municipalidad.
Proyecto de iniciación de moción de los diputados señores Mateson, Bernales, Calisto de la Carrera, Durando, Eduardo, Pino y Teao; y de las diputadas señoras Bravo, doña Ana María y Rafael Ibaiz, que modifica la Ley 19.496 para establecer prohibiciones y sanciones por venta de sobrecupos y cancelación de pasajes en el transporte aéreo de pasajeros.
Finalmente, señor presidente, una petición de 62 diputados y diputadas, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las actuaciones del Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía y el Servicio Nacional del Consumidor, en el cumplimiento de sus normativos sectoriales en cuanto a la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica entre los años 2024 y 2025. La Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y, para el cumplimiento de su mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias.
Pro secretario.
Acerca de la cuenta, diputado Araya.
Diputado Araya: Gracias, presidente. Buenos días. El proyecto, el número 9 de la cuenta, se puede basar en la Comisión de Vivienda y el número 10 en la de Constitución. Hay una petición del diputado Araya para que el proyecto número 9, que es una moción del diputado Mulet, pase de la Comisión de Gobierno, que está aquí, a la Comisión de Vivienda. ¿Esa es su petición, diputado Araya? ¿Hay acuerdo para aquello?
Presidente: No hay acuerdo. Lo vamos a someter a votación. Denos un segundo, por favor, para preparar la votación.
Presidente: Un minuto, estamos preparando la votación; todavía no estamos en votación. Denos un minuto.
Presidente: En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados?
Presidente: ¿Resultado de la votación?
Presidente: Por la afirmativa, 37 votos; en contra, 28; y 5 abstenciones. Aprobado. Aprobado. El segundo proyecto…
¿El número? No. Diputado Araya, pediste dos, ¿no? ¿Estos dos cambios? Ya. Vamos a someter a votación también; votemos, aprovechemos. El sistema de inteligencia artificial está trabajando en este instante. Ahí está arriba, ya presidente. En votación. En votación. Arriba del gobierno.
Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados. Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados.
Resultado de la votación: por la afirmativa, 38 votos; 35 en contra; 3 abstenciones. Rechazado.
¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? Resultado de la cuenta.
En asuntos de la cuenta, si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la cual se solicita que le sea remitido el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado coleo de toros. Esto es el boletín 16.162-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento.
Cabe hacer presente que este acuerdo requiere de la unanimidad de la sala.
¿Hay acuerdo? No hay acuerdo.
Pues la número 2, sí.
Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la cual se solicita el acuerdo de la sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción, contenidos en los boletines número 16, 9, 21, 12 y 17, 180, 12 sobre animales abandonados o en situación de libre deambular, dado que sus ideas matrices tienen relación directa entre sí.
¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Entonces, en votación.
No hay acuerdo. En votación.
¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas?
Resultado de la votación: por la afirmativa, 66 votos; 2 en contra; 2 abstenciones. Aprobado. Aprobado.
Sobre el reglamento, señor Cuello.
Cerrados los asuntos de la cuenta sobre el reglamento, diputado Cuello. Gracias, presidente.
Artículo 33 del reglamento: Presidente, en el Diario Mercurio de hoy en su portada se señala que protesta de pescadores vulnera la seguridad, lo indican el senador Núñez y el diputado Cuello entre manifestantes.
Presidente, lo que ocurre acá es que, sí, diputado, la Secretaría me indica que el procedimiento para el ejercicio del derecho establecido en su favor en el artículo 33 tiene un momento distinto.
El que usted está planteando. Si quiere, le doy la palabra al señor secretario para que le explique: Señoría, cuando uno invoca el artículo 33, que es el derecho a vindicarse, la Cámara lo que hace es que el presidente determina la oportunidad, y la oportunidad para el artículo 33 es al final de la misma sesión o en una posterior. Dígame, diputado.
Bien, presidente, yo creo que no corresponde que me corten la palabra. Tengo dos minutos para argumentar y, por lo tanto, permítame que pueda argumentar y luego usted me dé la respuesta al secretario, pero no antes de que termine de hablar, por favor.
Entonces, presidente, yo lo comprendo. Pido silencio en la sala para que pueda hablar; el secretario ya le explicó cuál es el momento. Tengo dos minutos para argumentar, permítame hablar y luego usted responde, pero no puede permitir que esta gente me haga callar acá. Presidente, mire, le pido la palabra. Artículo 33: voy a hacer una petición, de acuerdo al reglamento. Para hacer esa petición, primero debo argumentar. Entonces, permítame hablar.
Honorable Cámara, el artículo 33 es claro: dice que cualquier diputado puede vindicarse. Existe un acuerdo de comité que especifica en qué oportunidad se ejerce, y en esa oportunidad, señor diputado, lo que se debe hacer es pedirlo por escrito y se le dará la palabra al final de la sesión, como se ha hecho siempre en todos los casos. Si el diputado tiene un punto de reglamento distinto sobre el artículo 33, lo tendrá que plantear en esas condiciones.
Diputado Cuello, no puedo pasar por encima de un acuerdo de comité como lo está planteando. –Bueno, está bien. –Sí, que pongan lo necesario para poder dar la palabra. Presidente, espero que se me permita hablar sin interrupciones, como suele suceder en esta sala.
Presidente, hoy el diario Mercurio de Santiago, en su portada, señala lo siguiente: “protesta, pescadores vulnera seguridad del Senado” y, además, indica que el senador Núñez y el diputado Cuello se encuentran entre los manifestantes. Esta publicación constituye, a mi juicio, una imputación mañosa que pretende vincularme a actos contra la seguridad del Senado, cuando en realidad lo ocurrido es que acompañé la marcha pacífica de los pescadores artesanales. Y, en realidad, lo que está ocurriendo acá es que el Senado –en particular algunos senadores–…
Diputado, tengo que contarle la palabra por lo que acabo de plantear, pues no es lo que se ha decidido en los acuerdos de comité.
Sí, diputada Castillo, sí.
Sí, presidente, yo quiero hacer mi punto de reglamento, siempre y cuando la bancada republicana pueda bajar un poco los niveles; de lo contrario, no lo vamos a poder hacer, y recordemos que estamos en una Cámara Democrática. Precisamente, refiero al artículo 91 y al llamado al orden y amonestación contra la bancada republicana, pero, principalmente, contra el diputado Kaiser, quien de manera sostenida realiza… Es que, mire, presidente, qué vergüenza.
Presidente, estoy llamando al orden al diputado Kaiser y a toda la bancada republicana que, de forma sistemática, realiza discursos de odio contra las mujeres de las bancadas de la izquierda en este hemiciclo, pasando sin ningún tipo de advertencia, a pesar de que esta mesa ha estipulado que no se generen amonestaciones, limitándose a revisar videos y audios. A mí me parece incomprensible que el diputado Kaiser genere discursos de odio, señalando epítetos absolutamente fuera del orden y la ordinariedad hacia una de nuestras diputadas, y que además se haga como si nada hubiera sucedido. Creo que es necesario comenzar a generar amonestaciones, revisar el audio y las cámaras; ya no basta.
Por lo tanto, creo que…
Que debiesen tener amonestación y vamos a pasar a ética al diputado Kaiser.
Reglamento. Presidente.
Diputado Araya tiene la palabra por asunto de reglamento. Gracias, presidente. En primer lugar, le solicito que no sea admisible la solicitud de la diputada comunista que me antecedió, toda vez que el diputado Kaiser es libertario, no republicano. En segundo lugar, presidente, el artículo 91 establece que el presidente debe reprimir la falta de orden y, evidentemente, con el criterio que tenemos al frente, con la falta de respeto y la transgresión a nuestro reglamento – en el que no se está haciendo un uso correcto de los puntos de reglamento – usted tiene el deber de reprimir tales conductas. De lo contrario, no sé qué está haciendo adelante. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Jorge Durán por reglamento, con posterioridad la diputada Riquelme.
Presidente, artículo 90: la diputada, por su intermedio, que habló anteriormente, no mencionó el artículo del reglamento; segundo, faltó a la verdad al imputar acusaciones graves en contra de otro parlamentario. Solicito, presidente, que llame al orden y sancione a esta diputada por no citar el artículo y por ocupar el uso de la palabra únicamente para denostar a otro parlamentario sin fundamento, mintiendo y faltando a la verdad. He dicho, presidente.
Diputada Pizarro (de reglamento):
Presidente, buenos días. Quisiera llevarlo a un tema que sí interesa a todo el país. Artículo 90, número 6: falta de respeto debido a la Cámara, a los diputados, a los ministros, y acciones descomedidas, con imputaciones contra cualquier persona o funcionario, dentro o fuera de la Cámara de Diputados. Me refiero, concretamente, a la imputación que se está haciendo a los pescadores que se manifestaron el día de ayer y el día de hoy. Hemos visto –y espero que todos estemos contestes– un tremendo contingente de carabineros, cuando nosotros somos los que pedimos que los carabineros estén donde deben estar. Estos carabineros han venido de Santiago y de otras comunas para proteger el Congreso; nosotros no somos quienes necesitamos protección. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que los carabineros tienen que estar donde se cometen los delitos y no aquí en el Congreso. El Congreso le ha imputado a los pescadores la calidad de delincuentes. Por eso invoco el artículo 90, número 6. Además, está, carabinero, con más vallas papales –como dijo ayer el diputado Borges por su intermedio, refiriéndose inclusive al mismo Papa–, y considero que esa es una medida descomedida. El diputado, perdón, el diputado Romero, Leónidas Romero, por su intermedio, presidente, creo que es una medida descomedida en el sentido de que queremos que los carabineros estén donde se requieren. Hemos criticado su ausencia y su utilización para labores administrativas, y creo que la protección ha sido demasiado extrema. Eso, presidente, es mi punto. Muchas gracias. Espero estén de acuerdo. He dicho.
Diputada Pizarro (de reglamento) continúa, señalando luego el diputado José Carlos Mesa.
Presidente, lo primero que quiero señalar es que, como jefa del comité parlamentario – artículo 97 – no me parece que se interrumpa la palabra de un diputado de este comité cuando quiere expresar algo, además de dar respuesta al griterío de la bancada del Frente, que más bien parece una censura al Partido Comunista, que ni siquiera quiere escuchar lo que se dice. Le pido, como jefa de este comité, que escuche lo que quiere expresar el diputado Luis Cuello. Punto 2, artículo 91: le pido las sanciones que corresponden. Si a alguien le parece adecuado que un diputado, por su intermedio, presidente, como el diputado Kaiser, de una manera tan vulgar le diga a una diputada “lávate las orejas” – perdón, no sé a qué nivel estamos llegando acá – pido que se revisen.
las cámaras, pero no solo eso. Pido que se sancione o a lo menos se emita una opinión de censura ante un trato que no corresponde que se dé en este hemiciclo. He citado dos artículos como jefa del comité y pido que ambos sean considerados. Muchas gracias.
Diputado José Carlos Mesa: Reglamento, por favor.
Sí, presidente, muchas gracias. Quiero pedir que se respete el artículo 21 y se lo voy a explicar, porque todo esto que ha ocurrido, que simplemente son maniobras dilatorias para permitir que la centroizquierda llegue a la sala. La sala empieza a las 10 de la mañana, son las 10:24 y vemos que gran parte de la centroizquierda no ha llegado; a mí me queda más que claro que esto no son más que maniobras dilatorias.
Y el problema, presidente, es que, como usted no ha hecho la aplicación estricta del reglamento, particularmente el artículo 21, ha permitido –voy a decirlo– con negligencia, al menos, no creo que con dolo, pero sí con negligencia, que se dilate el inicio de esta sesión. El artículo 21 señala que, cuando se pide reglamento, la mesa decidirá automáticamente, salvo que tenga duda; y si tiene duda, dará la palabra a un diputado a favor y a un diputado en contra. Lo que hemos visto acá, presidente, es que han hablado cuatro diputados a favor, tres diputados en contra, y esta discusión se ha alargado innecesariamente.
Yo me pregunto, y me gustaría saber de su parte, presidente, si es que usted tiene claro cómo va a resolver este punto. Si es que lo tiene claro, le pido que se empodere en ese cargo y que aplique el reglamento.
Y, en segundo lugar, presidente, por su intermedio, quiero transmitirle al resto de la mesa que, hoy día, la conducción que tenemos en la Mesa de la Cámara de Diputados no es la conducción que a nosotros como oposición nos habría gustado, tanto así que hemos levantado nuestra propia opción a la mesa. Lo que quiero recordar a los diputados oficialistas es que, con la ayuda del entonces Ministro Sexpress, el señor Elizaldo, y hoy día Ministro del Interior, esta mesa es la que está instalada; así que, si no les gusta la conducción, más calladitos, por favor, y que se aguantan, porque es culpa de ustedes.
Gracias, diputado Mesa.
Sí, no vamos a dar más palabras al respecto. Vamos a seguir con... Ya estamos en otro tema, diputado.
Si le parece a la mesa, se accederá a la petición de 62 diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las actuaciones del Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía y el Servicio Nacional del Consumidor, en el cumplimiento de sus normativas sectoriales en cuanto a la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica entre los años 2024 y 2025.
Esta comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y, para el cumplimiento de su mandato, podrá constituirse en cualquier lugar del territorio.
¿Hay acuerdo? ¿Está de acuerdo?
Sí, acordado.
Sobre otro punto distinto.
Diputado: ¿Va a hacer uso de la palabra sobre otro punto distinto?
Con todo respeto, presidente, quisiera pedir que exista equilibrio en esta sala, porque el diputado Mesa, por su intermedio, habló dos minutos lo que quiso; sin embargo, a mí se me ha cortado la palabra por el secretario general. Yo tengo el derecho constitucional de plantear mis puntos; sin embargo, he sido privado de usar la palabra de forma arbitraria y eso no corresponde. Y, en segundo lugar, presidente, se ha interrumpido mi discurso por los criterios de las personas que están al frente, entonces le pido que me permita argumentar lo que quiero argumentar y pueda completar mi intervención, puesto que, de lo contrario, se ve que acá hay una diferencia de trato que es arbitraria y que, en definitiva, no responde a un deber de ecuanimidad.
Presidente, yo quiero terminar diciendo…
Respecto de mi petición, quiero solicitar que en la siguiente sesión se me permita vindicarme respecto a este ataque del día de hoy, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33. Presidente, llame al orden, por favor.
A ver, diputado, yo entiendo su punto; sin embargo, le pido que me permita hablar. Vamos a zanjar de una manera definitiva. Por favor, déjeme terminar mi exposición. Además, observo que el diputado Sánchez está gritando en cualquier parte y no se le ha llamado al orden. Al fondo, lo que solicito es que en la siguiente sesión, se me otorgue la posibilidad de defenderme y, en segundo lugar, manifestar que acá se está efectuando un ejercicio de criminalizar a los pescadores artesanales, mismos que se han manifestado pacíficamente, mientras que el Senado aprobó una ley corrupta como la ley Longueira. Gracias, presidente.
Esta sesión tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y del artículo 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, considerar hasta su total despacho la acusación constitucional deducida por 10 diputadas y diputados en contra de la señora Maya Fernández Allende, exministra de Defensa Nacional.
El señor Secretario procede a ir a buscar a la señora exministra, según lo establecido en el reglamento.
Diputada Yeomans: Gracias, presidente.
Presidente, mire, artículo 90. En el mejor de los ánimos, lo que quiero plantear es que debemos tener una discusión acorde a nuestro rol y rango como representantes en esta Cámara. Es necesario mantener el respeto, tener mesura en las palabras y evitar gritar, de modo que entre nosotros se fomente una buena convivencia y no demos un espectáculo desfavorable para el exterior. Gracias, presidente.
Esta sesión comenzaba a las 10 de la mañana. ¿Es necesario que el Secretario General tenga que ir a buscar a quienes estaban convocados a participar? Esto deja en evidencia la maniobra dilatoria de la izquierda ante el retraso de quienes debían estar acá puntualmente. Le recuerdo que la señora Maya Fernández ya no es ministra de Estado, por lo que, para ingresar, debe acreditarse como cualquier ciudadano común y corriente, requiriendo que la Secretaría le permita el ingreso.
Se procede entonces a consultar a la señora Maya Fernández Allende, exministra de Defensa Nacional, si su defensa va a plantear la cuestión previa relativa a que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala.
Muy buenos días, saludos a todos los parlamentarios; primero que nada informo que no se presentará la cuestión previa y que pasaremos directamente al fondo del asunto. Gracias, presidente. Entonces...
Correcto. Habiéndose indicado que no se va a hacer uso del derecho constitucional por parte de la ex ministra acusada, en virtud de lo preceptuado en la letra B del artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez Oza para sostener la acusación. Tiene la palabra. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez.
Quiero solicitar a los parlamentarios que están frente a la testera, que por favor tomen asiento. Vamos a continuar con la tramitación de la acusación. Diputado Schneider, diputado Joanet, diputado Melo, diputado Cicardini, diputado Hirsch, por favor, regresen a sus asientos.
Diputado Sánchez, tiene la palabra, por favor, diputado. Vuelvan a sus asientos. Tranquilo, tranquilo, diputado. Por favor, diputado, vuelvan a sus asientos.
Diputado Sánchez, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, obviamente, pedirle que ponga orden al cortejo fúnebre que estaba pasando por aquí enfrente. Para empezar, no, porque de verdad la chacota ya es mucha, o sea, ya el desorden que hemos tenido durante 36 minutos, señor presidente, porque gente acá de la bancada del Partido Socialista y otros diputados de centro izquierda no son capaces de ducharse y levantarse a la hora.
Por favor, quédense al fondo de la sala. ¿Va a ser uso de la palabra, diputado? Sí, voy a hacer uso de la palabra. Le pido que ponga orden, por favor. Estoy poniendo orden. Estoy hablando en la mesa. Vayan a pelear solos. Por favor, diputados, tomen asiento los que están de pie.
Vamos a escuchar el uso de la palabra del diputado Luis Sánchez, que sostiene la acusación. Muchas gracias, señor presidente.
Para comenzar mi intervención, me gustaría consultar y, por último, que el Ejecutivo nos explique si todos los ministros que están acompañando a la ex ministra se piden un día administrativo para estar sentados acá, porque tener al ministro del Interior con la crisis de inseguridad que tenemos, tener al ministro de Educación con la crisis que tenemos en la educación, francamente, es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos, adicional a que se esté usando la plata de todos los chilenos para financiar la compra de la casa de Salvador Allende. Eso solo para empezar, eso solo para empezar.
Comparezco, señor presidente, ante ustedes para fundamentar la acusación constitucional contra la ex ministra de Defensa, señora María Fernández Allende, por su participación en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Este acto constituye una transgresión al artículo 37 bis de nuestra Constitución Política, que en su inciso segundo prohíbe expresamente a los ministros de Estado celebrar contratos con el Estado durante el ejercicio de sus funciones.
Voy a dividir mi exposición primero en consideraciones jurídicas y después en las inevitables consideraciones políticas de lo que naturalmente envuelve estos hechos.
Primero, a lo jurídico, señor presidente. El artículo 37 bis de nuestra Carta Magna señala literalmente que los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Voy a seguir exponiendo y enunciando antecedentes, pero yo creo que con esto, señor presidente, debí ser suficiente.
Diputados, por favor, los que están manteniendo conversaciones paralelas, les ruego que tomen asiento para que podamos escuchar el sostenimiento de la acusación por parte del diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente.
Tal como decía, presidente, voy a esperar el tiempo que sea necesario. Por favor, diputados, todos los parlamentarios que no estén sentados en los próximos cinco segundos van a ser sancionados según el reglamento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por favor, tómese nota de los parlamentarios que no están.
Porque, sinceramente, deseo dejar constancia, señor Presidente, que el presidente de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional estaba entre los sancionados. Muchas gracias. Luego, por favor, a la Secretaría que tome nota de quienes estaban… ¿Puedo continuar? Sí, continúe, muchas gracias, Presidente.
Tal como señalaba, el artículo 37 bis de nuestra Carta Magna dispone, literalmente, que los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Voy a seguir en la exposición, pero creo que con la sola enunciación de esta norma podríamos terminar la conversación, porque, más claro: echarle agua. No se admiten acá interpretaciones oscuras o confusas.
En este caso, la ex ministra Maya Fernández Allende, siendo ministra y copropietaria del inmueble en cuestión, participó en la firma de una escritura pública de compraventa con el Estado. Es necesario, en primer lugar, desmontar un argumento que se ha decrimido con insistencia en defensa de la ex ministra Maya Fernández Allende: la falsa premisa de que el contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no se habría perfeccionado porque faltan los decretos aprobatorios de la Contraloría. Esta afirmación es una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico y un intento de confundir a la ciudadanía. El contrato de compraventa no depende de un decreto de la Contraloría para estar perfeccionado. En nuestro derecho –para quienes no saben– la compraventa de un inmueble se perfecciona al momento en que se firma la escritura pública entre las partes, tal como lo declara el Código Civil en su artículo 1801, desde la época de Andrés Bello, cuando señala que la venta de los bienes raíces, servidumbres y censos, así como la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Esto es una cita, señor Presidente. Más claro, echarle agua.
Pero, aun si esto no fuera suficiente para algunos colegas, tenemos también el artículo 35 del Decreto Ley 1939, que regula la compra de bienes raíces por parte del Estado. Dicho artículo establece que tanto la permuta como la compraventa se regirán, en todo lo no previsto por las disposiciones anteriores, por las normas contenidas en el Código Civil. O sea, para que todo el mundo entienda: en la compraventa de bienes raíces por parte del Estado se aplican también las normas del Código Civil, y vuelvo a la referencia anterior, el artículo 1801, que señala que la venta de los bienes raíces no se reputa perfecta ante la ley mientras no se otorgue escritura pública. Escritura pública. Es decir, como he señalado, para la compra de terrenos, de casas, etcétera, por parte de la Administración Pública también se aplicará este artículo 1801 del Código Civil, ya citado.
Esto, vale decir, ha sido mañosamente omitido por los académicos y supuestos expertos que expusieron en la comisión revisora y por otros que han estado recorriendo los medios de prensa. Varios de ellos, activistas de izquierda, algunos incluso militantes del Partido Socialista –mismo partido de la ex ministra Maya Fernández Allende–, adolecen de un conflicto de intereses tan grosero y evidente que no debiese ser tolerado por el Congreso.
Desde la firma de la escritura pública existe ya un vínculo jurídico y obligaciones exigibles, incluso en la cláusula quinta del contrato (que lo tengo acá para quienes no lo hayan leído), en la cual se establece que el precio queda por pagado. Cabe, entonces, hacerse la pregunta: ¿cómo se pagó el precio? ¿Dónde está el dinero? ¿Acaso la ahora exministra y la senadora tuvieron que firmar un segundo contrato, incurriendo nuevamente en las causales de cese en el cargo ya señaladas para rescindir las obligaciones establecidas en el contrato original?
Aquí lo que existe es una vergonzosa operación de la familia Allende a costa del erario público: un plan de jubilación para la senadora y una pasadita para la ex ministra, en la que se le metió la mano en el bolsillo a todos los chilenos, los mismos que hoy esperan hace meses. Una operación en hospitales, como el Carlos Van Buren de aquí de Valparaíso, y los mismos chilenos que esperan hace más de un año que se reconstructuyan las casas en la zona del mega incendio de Viña del Mar, Quilpué y La Alemana. Con esa plata se quiso comprar la casa de Salvador Allende, la plata del pueblo.
Algunos sostienen que el pago aún no se habría materializado, a pesar de que la escritura de compraventa dice lo contrario, y que la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces no se llevó a cabo. Y, por eso, el contrato, de nuevo, no se habría perfeccionado.
Esto de nuevo es falso y refleja, una vez más, un desconocimiento brutal de la legislación chilena. Insisto: siendo algunas de las normas invocadas normas vigentes desde 1800, desde la época de Andrés Bello, la inscripción de un inmueble es otro acto jurídico distinto de la compraventa en sí misma, que significa un modo de adquirir, pero el contrato como tal ya existía.
En la inscripción se produce la tradición, pero aquí está el punto central: la Constitución no habla de que la ilegalidad esté en transferir el dominio de un inmueble al Estado, sino que está en –y cito de nuevo– celebrar o caucionar contratos con el Estado. Esto de nuevo ocurre en la compraventa, en esta compraventa, aquí para que lo vean también todos los chilenos, por si alguno no la vio ya. El contrato está acá, contenido en este documento, firmado ante notario.
Pretender que la ausencia de un decreto de la Contraloría impida, además, el perfeccionamiento del contrato también es otra falacia. La Contraloría tiene un rol de control ex post, pero su intervención no condiciona la existencia del contrato, sino algunas de las obligaciones que emanan del mismo. Si fuera, como dice la defensa de la ex ministra Fernández y sus defensores en el gobierno y en el oficialismo, no podría darse el precio por pagado; en el mismo texto de la escritura de compraventa – que tal como señalé, y se lo puedo mostrar acá también – está en la cláusula quinta del contrato. Aquí, para quienes no la hayan visto, el precio se da por pagado. ¿Cómo vas a dar el precio por pagado si, supuestamente, el contrato todavía no está vigente porque no ha sido ratificado, ya que en el fondo no se ha tomado razón del decreto? Esto podría implicar incluso responsabilidades administrativas de cualquier funcionario que hubiese autorizado la suscripción de este contrato.
En este mismo sentido, la defensa probablemente alegará también que en la compraventa existían instrucciones de pago para el notario, sujetas a una condición de que se inscribiera el dominio en el Conservador de Bienes Raíces. Pero, de nuevo, esto no obsta que el contrato esté efectivamente suscrito, sin perjuicio de que acá se puedan establecer condiciones que son parte de muchos de los contratos en nuestro país.
Quiero mostrar, además, otra parte del contrato para quienes no lo hayan visto. Aquí están las firmas, la suscripción del contrato. O sea, quien no lo haya visto, aquí están las firmas. El contrato está suscrito; la circunstancia contenida en el artículo 37 bis de la Constitución se ha configurado perfectamente. No saber distinguir en un contrato las condiciones suspensivas o resolutorias de las cuales depende el nacimiento o extinción de las obligaciones también revela, una vez más, profunda ignorancia de nuestro derecho, señor presidente.
Si realmente el contrato no estuviera perfecto, entonces no habría sido necesario detener la operación ni declarar su nulidad. Si fuera un simple intento de compra sin efectos jurídicos, no habría nada que corregir. Y convengamos que, incluso si hubiese existido una promesa de compraventa –una mera promesa de compraventa– también se habría configurado la causal del artículo 37 bis de la Constitución, porque, de nuevo, este artículo prohíbe la aceleración del contrato, no que efectivamente se materialicen todos los efectos del contrato. O sea, entendamos eso también: si hubiese sido una promesa de compraventa sin efectiva transferencia del dominio, que dependiese de otro contrato posterior, también se habría configurado la circunstancia del 37 bis.
Los argumentos ya señalados que sostendrá la defensa muy probablemente no son más que un artificio para encubrir una falta constitucional evidente. La ministra, siendo ex ministra ya y parte de la copropiedad del inmueble, celebró un contrato con el Estado en su período en el cargo, vulnerando el artículo 37 bis de la Constitución. La firma del mandatario en la escritura pública basta para configurar la inflexión.
Por lo tanto, no nos dejemos engañar; no caigamos en el juego de los tecnicismos pseudoacadémicos que usa la izquierda activista para intentar justificar lo injustificable. Esta Cámara, el presidente, tiene el deber de hacer cumplir la Constitución y sancionar a quienes la vulneren, sin subterfugios ni maniobras dilatorias y atendiendo al tenor obvio de las normas, sin alterar su sentido al punto de hacerla inútil e inexistente.
Este episodio ha generado un daño significativo a la confianza pública y a la integridad de nuestras instituciones. La ciudadanía espera que sus autoridades actúen con probidad y respeten las normas que rigen la conducta en el cargo. Es nuestro deber como representantes de la comunidad.