La Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del Gobierno en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron a las regiones Metropolitana de Santiago, de Valparaíso, de O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, entre los años 2023 y 2024 (CEI N°59), celebrará sesión especial con el propósito de votar las conclusiones propuestas.
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Discusión de los señores diputados y diputadas. El acta de la sesión octava se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. Asimismo, el acta de la sesión novena queda a disposición de los señores y señoras diputados.
A continuación, el señor Secretario de la lectura de la cuenta: "Buenos días, señor presidente. No hay cuenta." Se ofrece la palabra sobre temas varios.
Diputado Arroyo toma la palabra en temas varios:
"La Secretaría del trabajo realizado, porque esta es nuestra última sesión, nos invita a felicitar el trabajo de la mesa y a destacar la gran convocatoria de los expertos que estuvieron acá entregándonos su opinión. Felicito al Presidente y espero que, al arribo de estas conclusiones, se logren alcanzar medidas que permitan modificar o superar algunos problemas evidenciados durante los apagones producto de la inclemencia del tiempo. Ojalá, en futuras oportunidades, nos podamos reunir y trabajar en otra comisión investigadora, igualmente orientada a atender los efectos del apagón. Mis felicitaciones para el Presidente y para los secretarios de la mesa."
Muchas gracias, diputado Arroyo.
Se había quedado aprobada la propuesta de consideraciones y conclusiones que se adjuntó en la sesión del pasado lunes. La diputada doña Marcela Riquelme había quedado en formular algunas proposiciones, junto con el diputado Brito y otros, que fueron presentadas a continuación.
Se propone eliminar, en la página 13, el último párrafo de la letra A. En el texto disponible, el párrafo a eliminar es el siguiente:
"Por todo lo anterior, es posible concluir que la evidencia recabada por esta comisión conduce a señalar que la SEC presenta responsabilidades claras e inequívocas en los déficits detectados, principalmente relacionados con una gestión insuficiente en materia preventiva, una fiscalización tardía y una respuesta institucional ineficaz frente a la crisis. Es por ello que resulta imperativo implementar cambios sustanciales en la organización, procedimiento y capacidades técnicas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a fin de garantizar que situaciones, como las vividas entre los años 2023 y 2024, no vuelvan a repetirse, asegurando así la protección efectiva de los derechos y la calidad de vida de todos los ciudadanos."
La diputada Riquelme se muestra de acuerdo con la eliminación de ese párrafo, pues considera que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no posee facultades preventivas. Sin embargo, propone complementar en la letra B con el siguiente planteo:
"Es evidente que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles debe tener un rol preventivo, lo que resulta imprescindible no solo en la coordinación interinstitucional con organismos como Senapred, sino también en lo que respecta a la relación que mantiene con las empresas eléctricas. En ese sentido, se ve urgente la necesidad del pronto despacho del Boletín 17.064-08, que modifica su facultad en dicho sentido y que se encuentra actualmente en el Senado de la República para su discusión.
Sin embargo, es difícil exigir a la SEC algo tan simple como un número determinado de cuadrillas de emergencia a las empresas distribuidoras, puesto que nuevamente se enfrenta el obstáculo estructural de la denominada 'empresa modelo', que limita el actuar de un órgano en esencia fiscalizador.
Es preciso, asimismo, abordar la necesidad de que la SEC adopte procedimientos claros y eficientes de comunicación con la ciudadanía en casos de emergencia, a través de la coordinación que realiza Senapred, aspecto que impacta fuertemente en la percepción de abandono y protección de los usuarios."
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Priorizar los canales alternativos de comunicación en las emergencias, desde radios comerciales o comunitarias hasta otros mecanismos a los que la población tenga acceso a través de internet u otros medios tecnológicos. De manera que la diputada Riquelme, que acaba de llegar, diga “muy buenos días”. Entonces se cambia el sentido al eliminar esa parte de la página 13 y complementarlo con esta proposición. Yo concuerdo con la propuesta de la diputada Riquelme, y si habría acuerdo, aprobamos esa parte y seguimos con lo otro. ¿Les parece?
La diputada Riquelme, en el fondo, señala que hace la propuesta de ponerle dientes a la Superintendencia, pero no castigarla por facultades que no tenía, por simplificar. Yo estoy de acuerdo con ese cambio. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias a todos.
Se aprobó ese cambio.
La segunda propuesta que hace la diputada Riquelme, siguiendo con su minuta, es eliminar la página 15, el último párrafo de la letra B. Le vamos a pedir al señor secretario que lo lea. Me dice así: “Por lo tanto, de los antecedentes recabados en el transcurso de las sesiones ordinarias de la Comisión Especial Investigadora, se puede concluir claramente que la Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene importantes responsabilidades en cuanto a los retrasos y falencias observadas en su tarea fiscalizadora, manejo de crisis, capacidad anticipatoria y coordinación institucional.”
Propone eliminar dicho párrafo. ¿Habría acuerdo en eliminar? Habría acuerdo; se acuerda entonces eliminar ese pago.
Además, hace una propuesta que no hemos leído, que es la propuesta A del documento que hizo llegar la diputada Riquelme. Dice “propuestas”: ya leímos la B y se aprobó. Ahora vamos a leer la A:
Conforme a lo señalado, esta comisión viene a realizar la siguiente propuesta:
A. A la Comisión Nacional de Energía.
El sistema eléctrico resulta estratégico para cualquier país y para cualquier economía. En lo que respecta a los Servicios Sanitarios Rurales, también se presenta una preocupante dependencia de estos, por lo que se requiere una intervención pública permanente y constante en la provisión de un servicio público eficiente y de calidad para los consumidores, coordinando el actuar público-privado con dicho objetivo final.
La experiencia de nuestro país – disculpen, la experiencia de nuestro país desde la privatización de los servicios de agua potable y energía eléctrica – es que estos se encuentran, en su gran mayoría, en manos de empresas públicas, pero extranjeras, lo que debe ser abordado hoy en día como un tema no solo de mercado, sino de seguridad pública, dadas las consecuencias que hemos visto por la falta de suministro en estos ámbitos.
De igual modo, el desarrollo de la llamada empresa modelo presenta cierto grado de obsolescencia, que, a juicio de los parlamentarios que integramos esta comisión, impide colocar exigencias mínimas a las empresas del rubro y se traduce en un modelo diseñado de forma diametralmente distinta a la realidad. Por ejemplo, considerando que la empresa modelo de energía eléctrica utiliza cables de aluminio, en circunstancias en que estos son mayoritariamente de cobre, se impide cubrir los reales costos de las empresas y se afecta a los consumidores debido a los robos de dicho material.
Es por esto que esta comisión propone a la Comisión Nacional de Energía un estudio del sistema de empresa eficiente, denominado “empresa modelo”, que permita actualizar sus parámetros o, derechamente, mutar a un sistema distinto que se ajuste a nuestra realidad, considerando la eventual intervención del Estado o de más competidores en el mercado, lo cual redundaría en un mejor servicio para los ciudadanos consumidores.
B. La sinceridad de costos y beneficios del sistema, que permita hacer un atractivo para las empresas en la inversión, especialmente en transmisiones y distribuciones eléctricas.
Y C. En la seguridad nacional, dadas las consecuencias que pueden ocasionar los masivos y prolongados cortes de suministro.
Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la diputada Riquelme. Los señores diputados – diputado Brito, de acuerdo; diputada Riquelme, así lo propuso; y los colegas Borte y Carroyo, estarían de acuerdo –. Esta es una propuesta que se adiciona a lo que ya tenemos. En el fondo, entiendo que se pide revisar el sistema de determinación de tarifa, que tanto las empresas como la autoridad señalaron que estaba obsoleto. Tampoco hace un juicio de valor respecto del modelo, digamos, de la propiedad, sino que más bien señala que hay que ver el mejor sistema, porque de repente se puede cuestionar esa parte, sea público o privado. Por lo menos, a mí me gusta la propuesta.
¿La votamos entonces? ¿La votamos a favor? Se aprueba entonces la propuesta A.
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En el documento entregado por la diputada Riquelme se propone mantener íntegra la letra C y D, que está en la propuesta inicial, y agregar una siguiente letra E. Se aprueba la propuesta, manteniendo íntegra la sugerencia de agregar la siguiente letra E al Ministerio de Energía. A partir del estudio encargado a la Comisión Nacional de Energía sobre la llamada “empresa modelo”, se deberá analizar la procedencia, factibilidad y oportunidad de presentar un proyecto de ley que actualice la forma de regular el mercado eléctrico, considerando las actuales necesidades de los consumidores, la seguridad y soberanía nacional y la protección a la libre competencia.
De igual modo, ante situaciones de emergencia se sugiere al Ejecutivo instruir a los delegados presidenciales a no asignar determinadas comunas a los secretarios regionales ministeriales de la cartera de energía, de tal modo que puedan realizar un trabajo transversal en todas las comunas de su región en coordinación con los demás organismos, dadas las problemáticas planteadas respecto de las personas electrodependientes y su necesidad de comunicación segura y constante con las empresas. Se sugiere además dar urgencia al boletín 17425-08, originado en una moción parlamentaria que aborda dicha problemática.
En este mismo sentido es preciso que el Ejecutivo plantee un programa que permita a los servicios sanitarios rurales transitar a mecanismos de energía renovable, de modo que no dependan del suministro eléctrico del sistema, ya que la pérdida de ambos servicios básicos en zonas rurales afecta doblemente a la ciudadanía, sin tener que depender de fuentes no renovables o de la falta de mantención. Finalmente, y ante la necesidad planteada por las empresas y las autoridades competentes, se sugiere modificar legislativamente, por un lado, los procedimientos de compensación legal a los usuarios para que estos no demoren dos o más años –lo que aumenta la sensación de abandono por parte del Estado en el suministro de estos servicios básicos– y, por otro lado, enviar un proyecto de ley que aborde procedimientos y sanciones para aquellos particulares que no acaten el necesario corte de árboles o la poda respectiva con grave riesgo al suministro eléctrico.
Yo estoy de acuerdo.
Al tiro le doy la palabra. Diputado Arroyo: Estoy bien, estoy de acuerdo con eso, pero en la redacción me gustaría que se apunte que se imponen sanciones para aquellos particulares, es decir, para los dueños de los predios, cuando la responsabilidad legal es de la empresa. Lo que sucede es que algunos dueños no quieren que la empresa intervenga, a diferencia de que hoy día las empresas obligan al dueño del predio a hacerlo. Yo lo digo porque tengo un campo allá y, de mi padre que falleció, atraviesa completo, sin que jamás se haya dado autorización para colocar esos postes, lo que disminuye el valor de la propiedad y deja sin compensación, la cual, por ley, debiera existir. A nosotros nos exigen que, cada cierto tiempo, tengamos que podar los árboles, cuando la obligación legal es de la empresa. Entonces, en la redacción parece que la responsabilidad es sólo del particular, cuando en realidad es de la empresa, y las sanciones deberían aplicarse a aquellos particulares que, a lo mejor, no permitan que la empresa realice la poda, manteniendo así la responsabilidad sobre la empresa.
Gustavo Arricelme: Sí, dice, para aquellos particulares que no acaten el necesario corte de árboles o la poda respectiva con grave riesgo de afectación al suministro eléctrico, o que no autoricen el ingreso de las empresas con dicha finalidad. Es decir, se agregue esa frase –o que, justo al final, se indique que no autoricen el ingreso de las empresas respectivas con dicha finalidad–. Muchas gracias. ¿Con esta proposición de la diputada Riquelme? Ah, sí, se acuerdan.
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