Senado - Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura - 26 de marzo de 2025

Gracias. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Bueno, la comisión está media dividida, mitad en la sierra, mitad en la tierra. Estamos viendo pesca en dos colchones. Exacto. Bienvenido, señor Rinaldi. Señor Sierpe. Valenzuela. Lamentablemente, perdimos el respaldo. Bueno, sucede que, como dice el senador Sandoval, estamos viendo fraccionamiento también en Hacienda en este momento y allá está el resto de la comisión, que somos cinco. Así que le ofrezco la palabra para que quede constancia y no pierda su viaje en comité. Gracias, señor don Juan Francisco Gali. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradezco la invitación de la comisión. Nosotros pudimos exponer como pivotes.

Primero me presento: Juan Francisco Gali, director ejecutivo de Pivote, y José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivote. Usted sabrá, presidente, que Pivote ha centrado mucho el interés en esta temática de los efectos que ha tenido la ley Lafkenche (Ley 20.249, que crea el espacio costero de los pueblos originarios). Quisiera empezar de manera general para, después, pedirle a José Antonio que exponga algunas observaciones precisas sobre las indicaciones del proyecto. En primer lugar, desde Pivote hemos tomado como una de nuestras principales prioridades impulsar políticas públicas orientadas a un crecimiento que sea dinámico, sostenible y fundamentado en nuestras riquezas naturales. Por eso mismo, el uso del borde costero se ha convertido en un tema fundamental. Creo que, si hay uno de los países en el mundo cuya riqueza reside en el mar, es Chile. Así, la industria de la acuicultura en el sur de nuestro país, la desalación y el aprovechamiento de las aguas en el norte permiten dar solución a distintos problemas: desde transformar a Chile en una potencia alimentaria hasta enfrentar la escasez hídrica en el norte mediante el uso de la tecnología, e incluso potenciar el desarrollo portuario para consolidarlo como potencia exportadora. En este contexto radica la relevancia de la ley Lafkenche, la Ley 20.249, la cual se ha transformado en un asunto prioritario para Pivote. ¿Por cuánto? Ese es el diagnóstico que tenemos. Existen documentos —los invito, presidente, a usted, a la comisión y a la secretaría a que visiten el sitio web de Pivote— que exponen de forma profunda, aunque menos específica, nuestro análisis de los efectos de la ley Lafkenche, algunos de los cuales no fueron previstos cuando se dictó y que se han convertido en obstáculos importantes para la inversión en el borde costero. A grandes rasgos, lo que hemos observado como efectos no deseados o imprevistos de la ley es un aumento de la conflictividad en la disputa de los usos del borde costero, evidenciado tanto en la conflictividad social como en los incentivos que perjudican las actividades económicas desarrolladas en esa área. Un ejemplo es la preocupación del mundo de la pesca artesanal, que constituye uno de los fundamentos del proyecto de ley que estamos discutiendo. Asimismo, consideramos que la moción original fue tímida en el abordaje de ciertos problemas, tales como los incentivos al mal uso y la instrumentalización de la ley por parte de grupos que no representan los intereses de los pueblos originarios o indígenas, sino que buscan la exclusión de amplias extensiones del borde costero y ralentizan o enlentecen las tramitaciones. Piense, solo algunos datos: los plazos legales que establece la ley no se están cumpliendo. Las solicitudes en trámite se demoran en promedio más de siete años, cuando, según la normativa, el plazo no debería exceder un año. Además, las solicitudes de espacios costeros marinos de los pueblos originarios ya alcanzaban, el año pasado, casi cuatro millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie total de la Región de Los Lagos. Asimismo, casi tres de cada cuatro solicitudes de concesión de acuicultura en esa región se encuentran paralizadas debido a incompatibilidades en la tramitación. En materia de relocalizaciones, contamos con 138 solicitudes en Aysén, 62 en Los Lagos y 5 en Magallanes, de las cuales, de un total de 205, solo se han relocalizado dos. Por otro lado, en el ámbito de las peticiones acuícolas, se observa que una de cada cuatro presenta inconvenientes. Dejo ahora el turno a José Antonio para que detalle algunas de las observaciones específicas relacionadas con las indicaciones del proyecto.

Imagínense, presidente, le hablo desde la experiencia de haber sido subsecretario para las Fuerzas Armadas, y tuve bajo la competencia de esa subsecretaría la tramitación de las concesiones marítimas. Presidente, efectivamente, hay una discusión técnico-jurídica respecto a las renovaciones y relocalizaciones: ¿se trata de una nueva solicitud o es la misma concesión que se relocaliza, por lo que no debería tramitarse como solicitud nueva? Esto aplica únicamente a las solicitudes nuevas de acuicultura, donde, efectivamente, tres de cada cuatro están suspendidas debido a que abordan un territorio en el cual existe una incompatibilidad. Perdone que lo interrumpa de nuevo: ¿tiene usted esa cifra desglosada en números? ¿Cuántas en Aysén, cuántas en Magallanes y cuántas en Los Lagos? No, esto es solo respecto a la Región de Los Lagos. Pero, presidente, yo no tengo ningún problema; permítanos revisar la base de datos que solicitamos por transparencia. Aunque puede que no esté completamente actualizada, los números que tenemos se pueden disponibilizar a la comisión, señor Sandoval. Aprovechando el impulso, sería bueno contar con esa información, ya que el tema de la acuicultura tiene una especial potencialidad en determinada zona, y la zona sur austral es fundamental. Por lo tanto, tener un detalle desglosado de la información es relevante para poder manejarla adecuadamente. En cuanto a la moción a la que fuimos invitados a participar, se trata de una propuesta que choca con una norma cuyas afectaciones van más allá de lo que ustedes señalan como tímido. Lo que ocurre es que no podemos profundizar en esa ley, pues tiene una complejidad muy grande y está sujeta a consulta indígena. Siempre hemos estado al límite de la factibilidad de impulsar acción en esta línea, por lo que, más que considerarla tímida, la tomé como un intento por corregir las afectaciones que, efectivamente, han sido significativas. Esto se evidenció en la última de esas solicitudes, en el caso de la Región de Aysén, donde prácticamente se pedía casi todo el territorio marítimo de la región. Cabe señalar también la salvedad y el espacio que han planteado las comisiones y la norma en particular: existe una señal potente, a pesar de que el presidente Boric, en su paso por Magallanes, no mencionó a la acuicultura. Sería bueno que lo analizaran, ya que la gente de la región considera que, en la zona austral —particularmente en Magallanes, epicentro de esta última reunión—, el hecho de omitirla priva al territorio de un factor importante de estímulo para el desarrollo y la atracción de inversiones. Cuando se señala, por ejemplo, que en la región de Aysén fue declarada la Carretera Austral como un hito relevante a nivel mundial en materia de turismo—destacado, pese a que no se encuentra completamente pavimentada y se transita en ocasiones por sendas en lugar de rutas—, el tema de la acuicultura también resulta significativo. En conclusión, lo que se puede hacer en el marco de una moción parlamentaria es limitado. Es una intervención, un intento bastante tímido, pero representa la iniciativa parlamentaria que, en este momento, podemos acometer. Coincido en que deberíamos separar el debate en dos líneas: una evaluación global que contemple no solo la aplicación de la ley, sino también sus fundamentos, y una discusión sobre si este es el método adecuado para compatibilizar los distintos usos del territorio, no solo del borde costero, sino del territorio en general. Esa es una cuestión en la que hemos diferido muchísimo.