Entonces, en nombre de Dios y la patria, vamos a partir igual, vamos a partir en comité, como nos sugirió el senador Walker.
No tenemos cuenta, señora presidenta, y en la tabla estamos convocados para recibir a las organizaciones que han solicitado audiencia: la Fundación Ronda, representada por María José Escudero y Francisco Silva; Fundación Iguales, representada por María José Cumplío; y Comunidad Justicia, representada por Gustavo Páez. De la comunidad judía, no he llegado a aparecer todavía.
¿Con quién partimos? Partimos con...
¿Con qué? ¿Con Fundación Ronda? ¿Es que no? No, no, sí, con Fundación Ronda. María José Escudero. ¿Sí?
Ya, entonces, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Hoy vamos a tener cuatro agrupaciones para escuchar; vamos a comenzar con Fundación Ronda y la intervención de María José Escudero.
Sí, disculpe, antes de que comiencen a exponer, quisiera dirigirme a los senadores y diputados: ya tenemos 27 agrupaciones inscritas, así que podemos, si ustedes lo consideran, tomar la decisión de cerrar las inscripciones, porque son muchas; o sea, nos quedarían 23 agrupaciones para escuchar y ya se requerirían varias sesiones más.
De acuerdo. Ya, entonces se toma la… dígame.
Sí, de todas maneras, Presidenta, quería sugerirle a usted y a la Secretaría que, si es posible, se realice una selección o se establezca un calendario de las invitaciones que tenemos, quizás definiendo algunas a favor y otras en contra, estableciendo, no sé, una cuota de cinco y cinco, para poder darle un plazo razonable a este trabajo, ya que de todas maneras tenemos que sacar adelante este proyecto de ley, sea lo que resulte de esta Comisión Mixta. Creo que es importante escuchar a todas las organizaciones, agrupaciones y académicos que desean exponer, pero también resulta fundamental disponer de un tiempo razonable para ello. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias.
Sí, estábamos comentando con Jimenita la posibilidad de alargar un poco la sesión para poder contar con la presencia de más agrupaciones y organizaciones, o incluso sesionar otro día, para avanzar más rápido y sacar esto adelante, valga la redundancia. Diputado Kaiser, por favor.
Muchas gracias, Presidenta. Solamente quiero hacer presente que, si nosotros tuviésemos que elegir entre las agrupaciones que han solicitado articularse aquí o realizar su testimonio, estaríamos en esa situación.
Tomando una decisión arbitraria, puesto que tendríamos que elegir a una y dejar a las otras fuera, y creo que eso no sería en el sentido ni siquiera del proyecto, que supuestamente está en contra de la discriminación. Entonces, supongo que vamos a tener que escucharlas todas en los tiempos que sean necesarios para poder formarnos una opinión completa de la mano de los insumos que nos entreguen. Muchísimas gracias, señor presidente.
—¿Usted se refiere a que escuchar a todas las agrupaciones que ya tenemos, o dice dejar las inscripciones abiertas para las otras agrupaciones que puedan venir a exponer?
No, señora presidenta, yo considero que deberíamos cerrar ahora las inscripciones. Está bien que cerremos las inscripciones, pero los que se inscribieron tienen, por lógica, no podemos nosotros elegir entre unos u otros que se inscribieron. No, no, no; vamos a escuchar a todos. Por eso es la idea de poder –si bien, a lo mejor, algún día alargar la sesión o poder sesionar dos veces a la semana para avanzar más rápido con el tema de las personas que van a venir a exponer, de las agrupaciones, de los académicos, y avanzar más rápido también con SIPO–. Esa es la idea.
Senador Kaiser, pidió la palabra.
Senador Kaiser: "Yo estoy de acuerdo, hipotéticamente, en que pudiésemos de repente alargar las sesiones, pero se hace muy, muy difícil coordinar agendas. Si hacemos otra sesión más –porque tenemos las investigadoras, tenemos las que nos tocan en régimen– llega un momento en que el tiempo simplemente ya no acompaña la disponibilidad. Pero si quieren alargar la sesión, estoy dispuesto a hablar sobre el punto. Muchísimas gracias."
—Disculpe, Emilia, al tiro le doy la palabra.
Cuando estuvimos nosotros eligiendo al defensor de la niñez, un día estuvimos toda la tarde con exposiciones –creo que eran diez expositores postulando al cargo– y lo pudimos hacer. Entonces, por eso, podríamos ver un día, que no importa que no sea martes o miércoles, y siendo la mayoría en sesión, yo creo que podríamos escuchar.
Emilia, por favor.
Sí, presidenta, disculpe que insista, solamente seré muy breve. Yo creo que, de todas maneras, aquí hay que generar algún tipo de priorización, o si no este proyecto no va a salir adelante. Si hablamos de las víctimas de discriminación –si hablamos de la no discriminación– lo que tenemos que hacer es darles una herramienta concreta para resguardar a las víctimas de estos hechos. Además, quiero decir que, por lo que tengo entendido, esta es la primera mixta en la que yo participo, pero entiendo que en las Comisiones Mixtas no se reciben en general invitados e invitadas. Con ello no quiero decir que restringamos la participación ciudadana, pero sí que tengamos en cuenta que en los dos trámites legislativos hubo una participación amplia, amplísima, que pudimos escuchar también con quienes fuimos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y, me imagino, del Senado. Entonces, insisto para que usted lo evalúe y, si lo tiene a bien, podamos generar una priorización, porque creo que, si no, este proyecto nos tomará mucho tiempo y no me sorprendería que alguien estuviera interesado en que este proyecto no salga adelante. Eso lo digo muy claramente, haciéndome cargo de mis dichos. Muchas gracias, presidenta.
Sí, Emilia, lo que pasa es que nosotros tomamos un acuerdo la vez pasada de abrir el tema de las inscripciones. Yo entiendo que este proyecto, ojalá pudiese salir lo antes posible, pero hoy día no podemos dejar agrupaciones sin que expongan, porque ya están dentro de las seis inscritas, acuerdo que nosotros mismos tomamos. Ese acuerdo podríamos haberlo, no sé, reducido la lista, pero se tomó el acuerdo y, ya, yo creo que solo hay que responder a las agrupaciones y a los académicos, porque hoy día no podemos excluirlos.
Diputado Kaiser, por favor.
Sí, solo para cerrar lo siguiente: efectivamente, aquí había opiniones disímiles –incluso en la Cámara de Diputados– respecto del contenido del proyecto. Nosotros lo rechazamos. Rechazamos el proyecto completo, porque es un proyecto que se pasó 25 pueblos de la idea original y habría generado una situación absolutamente insoportable en tribunales y en la sociedad. Bueno, eso es porque estoy simplemente explicando lo siguiente: si ustedes quieren, podemos votarlo directamente y después pasa de nuevo a la sala.
Y veremos qué es lo que sucede con el proyecto, si se vuelve a repetir la votación de la Cámara de Diputados tal como está. Yo creo que sí o no. En el caso de que efectivamente en esta comisión mixta se quiera hacer un proyecto nuevo —porque en la práctica va a ser necesario elaborar un proyecto nuevo para lograr un respaldo de la Cámara de Diputados— habrá que tomarse el tiempo que se requiera para hacer la tramitación nuevamente y hacer presente que la última tramitación duró más de dos años. Muchas gracias.
Senador Walker, por favor.
Presidenta, nos quedan 45 minutos. Las organizaciones ya están acá; usted ordene según disponga: puede ser cinco minutos cada una, pero por favor escuchemos a todos nuestros invitados y sanjemos el tema. Les sugiero a todos… no, no, no, si no hay problema. Jimenita, Ronda. Por favor, María José y Francisco, adelante.
Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ser concisos; nos organizamos para 10 minutos, pero voy a poner X3.
Nosotros somos Fundación Ronda, nacimos en el año 2014, trabajamos en discapacidad, cuidados y equidad de género, y tenemos carácter consultivo ante Naciones Unidas en el ECOSOC desde el 2019; además, desde este año somos miembros también del ECOSOC Nacional. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, desde el año 2020 creamos una red para la reforma de esta ley, queriendo hacer visible que esta normativa obedece a muchos grupos de la diversidad, grupos de especial protección; por ejemplo, personas privadas de libertad, personas mayores, temas de religión, situación de migración, discapacidad, diversidad sexual, entre otros.
¿Cuál era nuestro objetivo? Demostrar que, finalmente, la discriminación es un problema de todos y todas, que todos podemos ser discriminados o hemos sido en algún momento por ser gordos, bajos, altos, chicos, por nacer en tal comuna o en otra, o por características de grupos de la diversidad.
Pero, además, logramos con esta red incidir en conversaciones con el gobierno, tanto en el entonces de Sebastián Piñera como con el actual gobierno del presidente Boric, y también logramos una alianza con CERVEL, generando visibilidad a estos grupos de la diversidad, capacitando vocales de mesa y realizando acciones de incidencia en el uso correcto del lenguaje, entre otras iniciativas que combaten factores que fomentan la discriminación. Además, fuimos parte de la Agenda de Buenas Prácticas, de la Agenda 2030 de Chile hacia Naciones Unidas, y estamos muy próximos a lanzar una campaña que, en su momento, se las haremos llegar y que tiene el mismo fin: hacer visible que esta ley y la discriminación son un problema nacional.
Dicho eso, quiero mencionar algunos datos que reflejan la magnitud del problema. Según el Observatorio del Envejecimiento, durante el período 2020-2021, Chile es el país en el que más se percibe que las personas mayores son incompetentes. El 28% del país lo piensa, superando a Estados Unidos (23%), a China (17%) y a Brasil (17%). Travesía 100, una de las organizaciones de nuestra red, visibiliza cómo día a día las personas mayores sufren el prejuicio, la percepción errada de sus competencias y la forma de caricaturizarlas como “abuelitos” o personas nobles y tiernas. Yo no me imagino que pensáramos lo mismo de Hitler o de cualquier otra persona mayor y que pudiésemos verla de forma tierna. Son caricaturas que hace la sociedad y que las personas mayores perciben como un ataque.
De la misma manera, se señala en el INE, durante el año 2021, que las mujeres en todos los grupos etarios reciben menores ingresos que los hombres, con una brecha aún más marcada en mayores de 65 años. Se estima que el promedio para ellas es de 395 mil pesos y para ellos de 591 mil, lo que implica una diferencia del 33,1%.
También queremos ser enfáticos en que hemos seguido esta discusión parlamentaria desde el año 2020, cuando ingresó al Senado y nos conformamos como red. Somos muchas decenas de organizaciones de distintos grupos de la diversidad sexual y de especial protección; hemos dado esta pelea, y fue muy doloroso y lamentable ver cómo, en la comisión y en la votación en sala, se dejó ver que esta ley obedece a una agenda ajena a las necesidades de la diversidad. Queremos dejar esto bien claro en esta comisión para que quede grabado para la posteridad. Si bien la diversidad sexual es uno de los grupos que mayor violencia recibe —y no lo digo yo ni Fundación Ronda, sino lo reporta la Subsecretaría de Prevención del Delito en su informe de 2021, indicando que el 89,3% de las personas LGBTIQ+ ha experimentado al menos un episodio de discriminación en su vida—, no son los únicos. También están a la cabeza, junto con las personas con discapacidad, quienes han recurrido más frecuentemente a la ley 20.609.
Muchas gracias.
Y también esto lo refuerzo con lo que dice la encuesta de Bienestar Social del año 2021, que señala que el 20,5% de las personas con discapacidad que participan en el mercado laboral han experimentado algún nivel de maltrato, y el 32,7% reporta que estas situaciones ocurren principalmente en sus trabajos. Con la ley 21.015, que varios de ustedes ayudaron a impulsar de inclusión laboral, se hace más necesario aún resguardar los espacios de interacción de las personas con discapacidad y apoyarlas para que puedan transitar libres de discriminación.
Y es por esta razón: ¿cuáles son nuestras mejoras? La que hemos venido diciendo desde el año 2020, sin cambiar el discurso, ha sido necesaria. Me encantaría no haber venido porque sé que esto retrasa una ley urgente para los grupos de especial protección de nuestra sociedad, pero era necesario dejarlo nuevamente. He enfatizado que para nosotros esta ley sí o sí debe contemplar una institucionalidad robusta, además de ampliar su objeto para prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.
A modo ilustrativo, legislación foránea ha otorgado situaciones similares en Alemania, Argentina, España y Francia, entre otros. No vamos a inventar algo nuevo, esto ya existe en el mundo. Nosotros, en Ronda, utilizando un lenguaje sencillo que facilite el entendimiento a las personas que nos siguen –porque sabemos que muchos de los grupos que representamos están siguiendo esta discusión–, lo describimos como un SERNAC de la discriminación, un lugar al que las personas puedan acudir en busca de apoyo, orientación y educación, para que la sociedad en su conjunto aprenda a distinguir qué es y qué no es discriminar.
Yo soy cristiana radical, leo la Biblia a diario, voy a la iglesia todas las semanas y predico donde se me cruza alguien. He vivido discriminación, tanto por ser mamá soltera como antes de crear Ronda, cuando era la única mujer subgerente, realizaba el mismo trabajo que mis compañeros y ganaba menos. He sentido discriminación en mi propia piel, pero sabemos que muchos otros grupos de la diversidad lo viven aún peor, sobre todo en zonas rurales o en regiones extremas de nuestro país.
El segundo punto, que es necesario en la reforma de la acción contra la discriminación, tiene tres aspectos fundamentales. Uno, la modificación de la carga de la prueba y la valoración de la misma, ya que en el proceso actual el peso probatorio recae sobre la víctima y eso claramente desincentiva las denuncias, pues muy pocas personas se atreven a denunciarlas a pesar de contar con hechos y pruebas, por miedo a que se les cuestione en ese aspecto.
Se debe también aumentar las sanciones: tanto elevar las multas a 500 UTM –como lo habíamos conversado hace unos días– como establecer la posibilidad de que el juez pueda decretar indemnización de perjuicios como medida reparadora, ya que en esta ley no existen medidas reparatorias que den soporte a las víctimas y a los sobrevivientes de discriminación. Además, pedimos la eliminación del inciso del artículo 12 que especifica que el denunciante será sancionado con multas cuando la sentencia determine que la denuncia careció de fundamentos, lo cual contribuye a la baja cantidad de denuncias.
Por último, la ley debe contemplar que se amplíe el mandato del inciso segundo del artículo 1 a todos los poderes del Estado, de modo que se exija la elaboración e implementación de políticas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna. Es importante reforzar que hoy existen grupos de especial protección, y la situación se vuelve aún más compleja si, por ejemplo, eres persona mayor, mujer y tienes alguna discapacidad. Por eso es tan necesaria esta institucionalidad, para que las personas no sean derivadas como una pelota que rebota de un servicio a otro y puedan contar con el apoyo, el acompañamiento psicológico y todo lo necesario.
Para poder darle el pase a mi compañero que me acompaña hoy, quiero citar a Nelson Mandela, quien dijo: «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Estamos convencidos y convencidas de que este tema está marcado por la ignorancia, y que es indispensable educar a nuestra ciudadanía en lo que se refiere a la discriminación. Desde la infancia, estamos acostumbrados a tratos peyorativos y a bromas de mal gusto que, lamentablemente, se han normalizado en nuestro país. Esta es la única legislación que tenemos actualmente para resguardar, en especial, a quienes más lo necesitan.
Para cerrar nuestra exposición, he traído hoy conmigo a un gran amigo y compañero, Francisco Silva, encargado de Desarrollo Institucional del Servicio del Patrimonio, quien vive en la región de Valparaíso y es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Él compartirá su testimonio y reflejará la experiencia de un grupo de personas ciegas, quienes han sido históricamente las que más han utilizado la ley 20.609.
Muchas gracias, María José, muchas gracias por su intermedio, Presidenta, por permitirme dar un poco de testimonio respecto de lo que vivimos las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad en Chile –y en el mundo– vivimos a diario desafíos enormes. Cuando escucho que más del 80% de las personas de la comunidad LGBTIQ+ han denunciado haber sido discriminadas al menos una vez en la vida, me doy cuenta de que esas cifras están claramente subvaloradas. Yo, como persona con discapacidad, me levanto cada día y sufro al menos uno, dos o tres tratos discriminatorios; eso cansa, eso revienta el alma.
Soy una persona con suerte: trabajo, me he educado y se me han brindado oportunidades. He sido activista y he participado en este congreso en varias ocasiones, colaborando con diputados, diputadas, senadores y senadoras en temas de cambios de ley, así como en el trabajo de las organizaciones que representamos. Somos expertos por experiencia, conocemos de primera mano lo que vivimos. Sin embargo, lograr denunciar estas discriminaciones es difícil y doloroso.
Poseo un perro guía, lo cual me ha permitido ganar mucha más independencia, pero esa independencia tiene un costo altísimo. Hay muchos lugares en los que no puedo entrar –no porque la ley lo prohíba, ya que la legislación permite el traslado de perros de asistencia– sino porque algunas personas simplemente no quieren permitirme el acceso. Esto sucede en restaurantes, en vuelos nacionales y en otros ámbitos, al punto de que hemos perdido trabajo, vacaciones y momentos familiares debido a la ignorancia y la discriminación.
Insisto: tener un perro guía es maravilloso, pero implica enfrentar enormes obstáculos. Desde que estoy con él tengo menos accidentes y la gente suele respetar mi espacio en la calle, aunque también se acerca a acariciar a mi compañero, lo que evidencia otro problema de educación que debemos abordar. Todos estos pequeños desencuentros van minando nuestra confianza y ánimo, y al final del día, todo este maltrato termina por agotarnos.
Quisiera concluir dejándoles una reflexión que he compartido en otras ocasiones. Sé que a todos, en algún momento, nos ha pasado levantarnos en la noche, por ejemplo, para ir al baño con la luz apagada, somnolientos y desalentados, y que un mueble “asesino” nos golpee justo en el dedo chico. A todo el mundo le ha pasado. Vivimos esto todos los días, no solo porque el entorno no está preparado, sino también porque la gente carece de los incentivos para cambiar. Vivimos en un mundo agresivo, donde muchas veces los ánimos solo alcanzan para sobrevivir y no para vivir plenamente.
Para cerrar, quiero decir que, en el ámbito parlamentario, ustedes también han sufrido discriminación. Basta con observar cómo en las redes sociales se manifiesta la violencia, con rabia, insultos peyorativos e incluso involucrando a familiares. Queremos afirmar que esta ley es transversal y rogamos que esta comisión actúe con la celeridad que urgía ayer, además de abordarla de forma transversal, pues la discriminación no tiene color político.
Muchas gracias, muchas gracias; estamos siempre disponibles a colaborar.
Soy una persona con discapacidad que he recibido mucha discriminación y no tan solo por ser una persona con discapacidad, sino por ser mujer, porque también nos discriminan. Así es que ojalá esta ley, o sea, este proyecto pueda servir para todos, para todos, porque hoy no puede haber discriminación. Somos un país que ya ha avanzado muchísimo, sobre todo en la igualdad hacia las mujeres, y no queremos que esto retroceda. Así es que nos hace falta un proyecto, una ley como ésta, y de verdad que vamos a tratar de luchar por poderla sacar lo antes posible y que se pueda aprobar.
Fundación Iguales. María José, María José Cumplido. Fundación Iguales, adelante, por favor.
Muchas gracias por recibirnos. Como bien decía María José Escudero de Ronda, esta ley para nosotros, como Fundación Iguales, es muy importante y muy necesaria. Solo para contextualizar, esta ley se aprobó en 2012, tras el crimen de odio cometido contra Daniel Zamudio, quien además cumple 13 años de su muerte. Durante esos 13 años hemos visto justamente los problemas que tiene la ley, problemas que ese año advertimos, y por eso creemos que hay que reforzarla y mejorarla.
Ya lo comentaban: el 89,3 % de las personas LGBTIQ+ ha sido discriminada durante su vida y menos del 10 % de ellas ha denunciado estos hechos discriminatorios. Además, Naciones Unidas sostuvo, en 2024 –el año pasado– en relación a Chile, que preocupa el aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTIQ+, además de observar con alarma la falta de medidas de reparación y medidas preventivas en relación a la actual Ley 20.609.
Una de las conclusiones de estos 13 años es que justamente esta ley no previene la discriminación y hoy constituye una herramienta judicial difícil y poco accesible para las personas.
Por lo tanto, ¿qué creemos nosotros que mejora este proyecto de reforma? En primer lugar, nos parece muy importante la creación de una institucionalidad antidiscriminación preventiva que establezca medidas de reparación, porque consideramos central la prevención para combatir y erradicar la discriminación y no solo reaccionar ante estos fenómenos. Valoramos también el enfoque preventivo que se puso en la ley, el cual debe robustecerse y mejorarse para que sea eficaz.
Otro avance significativo es el establecimiento de medidas de reparación concretas. ¿Qué ejemplos tenemos en otros países? Por ejemplo, Bélgica en 1993, con su Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades; Alemania en 2006, con la Oficina Federal contra la Discriminación; y Francia en 2011, con el Defensor de los Derechos. Estas instituciones se dedican a crear y monitorear políticas públicas preventivas, reciben denuncias, acompañan a las víctimas, hacen recomendaciones vinculantes y realizan estudios e informes, lo que permite, en general, una respuesta estructural al problema y no solo un abordaje individual caso a caso, como ocurre hoy día.
¿Qué otras mejoras tiene este proyecto? Pensamos que refuerza el acceso a la justicia, mantiene la acción contra la discriminación arbitraria, incorpora una acción indemnizatoria que permite a la víctima exigir conjuntamente compensación económica directa por el daño sufrido, elimina la multa al recurrente vencido y sugiere aumentar el plazo para denunciar.
Por otro lado, ¿qué pasa con las disposiciones probatorias? El proyecto propone invertir la carga probatoria en procesos judiciales y antidiscriminación. Así se plantea lo siguiente: si el demandante presenta indicios suficientes de haber experimentado discriminación, el demandado deberá explicar los fundamentos y la proporcionalidad de sus actos. Para nosotros, el hecho de exigir indicios suficientes implica que no se presume la discriminación, pues se requieren ciertos elementos para ello; el demandado, por supuesto, mantiene su derecho a la defensa.
Esto no representa una novedad, sino una técnica procesal utilizada a nivel nacional en otras materias y en la legislación antidiscriminación comparada. Lo que hace esta figura es proteger a grupos vulnerables, reconociendo la desigualdad real de poder y de acceso a la prueba. Además, Chile ya aplica estas técnicas en ámbitos sensibles, como en el Código del Trabajo, por ejemplo en el artículo 493 en casos de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, en los que, si el trabajador presenta indicios, corresponde al empleador justificar que no discrimina. Otro ejemplo lo encontramos en la Ley de Violencia Intrafamiliar, mediante la cual, cuando la víctima presenta antecedentes e indicios de violencia, el tribunal puede adoptar medidas cautelares de protección y de alejamiento sin exigir la prueba plena, la cual, posteriormente, puede ser revocada.
¿Qué sucede en otros países? Contamos con esta misma figura en la Unión Europea, en Francia (en el Código del Trabajo y el Código de Igualdad), en Bélgica (en la Ley General de Antidiscriminación) y en Estados Unidos, a través del caso McDonnell Douglas Corp. vs. Green, de 1973. En dicho fallo se estableció la doctrina del burden shifting: una vez que el trabajador presentó indicios suficientes de haber sido discriminado, la empresa debió explicar sus razones; el trabajador, a su vez, tuvo la oportunidad de demostrar que tales razones no eran fundadas, evidenciando así la eficacia de la técnica.
Estos tres elementos nos parecen esenciales para que la ley funcione, protegiendo de manera eficaz y eficiente a las víctimas de discriminación. Si bien muchos diputados y diputadas señalaron que la ley incluía elementos superfluos o poco pertinentes, nos gustaría que, en esta Comisión, dejáramos como ley antidiscriminación aquella que realmente lo sea en todos sus aspectos. Por ello, en Fundación Iguales nos centramos en estos tres elementos, que entendemos constituyen el corazón del proyecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, María José.
Ahora le toca a Comunidad y Justicia, Gustavo Baer. Presidenta, si me permite unos segundos para proyectar la presentación. Mientras tanto, nuestro invitado se organiza; recordemos que contamos con un comparado en el cual, en lo formal, se observa que aparece la legislación vigente, el texto aprobado por el Senado y, en una columna, se rechaza la idea de legislar sobre un tema que está en blanco, obviamente.
Propuesta de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, que me imagino que los diputados y diputadas afines al proyecto van a tratar de defender. Tal vez sería bueno, solamente para efectos metodológicos, que podamos tener una cuarta columna con la propuesta que venía de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados – no sé si fue la Comisión de Derechos Humanos o qué comisión fue – y que se rechazó, simplemente, para saber cuál era la diferencia entre el texto aprobado por el Senado y el que aprobó la Comisión, solamente para efectos metodológicos. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Presidenta. La saludo a usted y, por intermedio suyo, a todos los miembros de esta Comisión, a las organizaciones y a Secretaría, que está siguiendo esta discusión.
Como corporación, se nos ha encomendado expresar nuestro análisis sobre el proyecto que modifica y fortalece la ley 20.609, la cual establece medidas contra la discriminación.
Algunos antecedentes sobre este proyecto de ley: como bien sabe la Comisión, por intermedio de la Presidenta, el proyecto tiene origen en una moción de 2019 de los senadores La Torre, Muñoz, Insulza y Elizalde. En el Senado fue aprobado en general por 24 votos a favor, 15 votos en contra y una abstención, mientras que en la Cámara de Diputados – lo digo con conocimiento de causa, pues se dio discusión tras discusión – el proyecto fue tramitado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y aprobado en general por seis votos a favor y cinco votos en contra. De hecho, el voto destacado fue el del parlamentario, el diputado Jorge Humán de Bópoli. Posteriormente, se discutió en particular en sala, rechazándose el proyecto por 63 votos a favor, 69 votos en contra y 13 abstenciones. Cabe señalar que el proyecto recibió votos en contra o abstenciones de partidos de centro y de centro izquierda, tales como Demócrata, Partido por la Democracia, Amarillos, entre otros, e incluso de Democracia Cristiana.
Producto de esta situación, se constituyó esta Comisión Mixta del artículo 70 de la Constitución. Y cuando me refiero al proyecto, lo hago en referencia al proyecto del Senado, ya que es el único que tenemos hasta el día de hoy que está aprobado en general y en particular, sin perjuicio de que podría responder también preguntas sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, realicé una comparación entre ambos, y en muchos aspectos la Comisión de Derechos Humanos mejoró este proyecto de ley; aún así, no se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados.
En cuanto a los nudos críticos respecto al proyecto, me gustaría analizar directamente su contenido. Estamos todos de acuerdo en que la discriminación es algo negativo que hay que erradicar; el problema radica en qué entendemos por discriminación y cuáles son los mecanismos que disponemos, como legisladores, para sancionarla.
El primer problema que veo en este proyecto de ley es que la discriminación se basa en distintos elementos fácticos. Uno de ellos es la incorporación, en el proyecto, de las preferencias. Es decir, bajo esta ley, cumplidos los requisitos que establece el artículo 2, las preferencias podrían ser consideradas como discriminación arbitraria. Pues bien, si acudimos al significado de una preferencia, el artículo 20 del Código Civil, según su redacción, nos señala que la preferencia es una ventaja o una consideración más favorable de una persona o cosa frente a otra. ¿Cómo puedo detectar esta ventaja? Evidentemente, y aquí el Ejecutivo fue muy claro al señalar – de hecho, lo expresó el asesor Esteban Miranda en una de las comisiones de derechos humanos – que esto permite sancionar o perseguir a un artista que emite una opinión, por ejemplo, considerada agresiva hacia un grupo de personas. Lo expongo parafraseando literalmente con el ejemplo del artista. Cabe señalar que ustedes son quienes deben ponderar si es justo o no sancionar a una persona por expresiones verbales, más allá de acciones u omisiones concretas que puedan ser catalogadas como discriminación.
Otro problema que me interesa y considero importante recalcar es la noción autónoma de discriminación. Actualmente, la definición de discriminación presupone un elemento: una distinción, exclusión, preferencia o restricción realizada, ya sea por un agente del Estado o por un particular, que carece de justificación razonable y que produce una afectación concreta a los derechos fundamentales de una persona. Sin embargo, la noción que propone el proyecto de ley simplemente requiere que se dé un hecho, omisión o acto, sin que necesariamente se produzca una lesión efectiva a dichos derechos. Es decir, en otras palabras, se activaría la jurisdicción de un tribunal de letras, un juez que – con todo respeto a los jueces – está habituado, en su mayoría, a tratar letras de cambio y pagarés, y no cuestiones de derecho constitucional y de derechos fundamentales.
de que ocurra una situación que carezca de justificación razonable y no produzca una afectación concreta. Y por último, respecto a la noción de discriminación, creo que es importante también entender que el proyecto introduce un nuevo artículo en el que se consideran otras formas de discriminación. Me refiero al proyecto del Senado, insisto, en contraposición al proyecto de la Comisión de Derechos Humanos, que, a través de la presidenta del Senado, Walker, señalaba que sería ideal –y de hecho muy bueno– contar con ello como una cuarta columna; de esta forma, estas nociones quedan mejoradas. Sin embargo, los proyectos del Senado vienen tal cual como provienen de la Convención Interamericana, que radica toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención ofrece definiciones –por ejemplo, la de discriminación estructural– y dichas definiciones se incorporan al texto legal de la Ley 20.609. Aquí hay una diferencia: la convención hace responsable al Estado, en tanto que, según la jurisprudencia, la Ley antidiscriminación responsabiliza a personas de carne y hueso. Se han visto casos en que compañeros de trabajo se demandan; incluso, en un caso, el candidato presidencial actual, de hecho, José Antonio Kast, demandó a una organización sindical, como es la Central Unitaria de Trabajadores. Así, este proyecto no solo permite demandar al Estado –algo importante a tener presente–, sino también a personas y a organizaciones de trabajadores.
Bueno, podría referirme a otros aspectos, pero por razones de tiempo me centraré en la justificación razonable y en la desproporción que, a mi parecer, presenta este proyecto de ley en cuanto a las multas. Si bien no lo tenía contemplado en este espacio, y en razón de lo expresado por mis predecesoras en relación a la exposición e inversión de la carga de la prueba, es importante tener presente, por su intermedio, presidenta, que el proyecto de ley consagra lo que podríamos denominar una prueba indiciaria –o inversión de la carga de la prueba–. Me remonté a la historia de la ley que creó la tutela laboral, concretamente al artículo 493, el cual se copia literalmente e incorpora a la Ley antidiscriminación, siendo dicho artículo parte del Código del Trabajo. En primer lugar, considero necesario agregar un consenso: el presidente Ricardo Lago, a través de su ministro que tramitó esta ley y que fue promulgada en 2006, manifestó que se trataba de una inversión de la carga de la prueba, situación que en ese entonces no generó problemas. Por ello, sugiero que tengan en cuenta y evalúen este punto, ya que al tratarse de inversión de la carga de la prueba, podemos situarnos a favor o en contra.
Un segundo elemento es que, en materia laboral –de donde se extrae esta norma– siempre existe un desequilibrio entre las partes. El empleador generalmente cuenta con ventajas probatorias, por lo que la tutela laboral establece que si el trabajador aporta algún indicio, la carga se traslada al empleador para que éste deba explicar sus decisiones. Recuerden, por ejemplo, el caso del ex candidato presidencial José Antonio Kast contra la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Consideran justo que la CUT deba probar, por ejemplo, las razones por las que invitó al debate al candidato presidencial? ¿O que un compañero de trabajo, que no se encuentra en una posición de superioridad, tenga que justificar, en definitiva, las medidas que adoptó?
Esto es la Ley antidiscriminación; no se trata de lo que sentimos –yo sé que todos, en algún momento, podemos sentirnos discriminados, especialmente quienes viven situaciones diversas–, sino de una ley que establece definiciones con efectos concretos. A modo de conclusión, agradezco la invitación y afirmo que, al hablar de la reforma a la Ley antidiscriminación, el tema no es la prohibición de la discriminación arbitraria –puesto que todos estamos de acuerdo en ello–, sino la noción que el proyecto establece de discriminación arbitraria y los mecanismos para sancionarla, lo que deja un legítimo espacio para diferencias. No se trata de homofobia ni transfobia, sino de que existe un amplio margen de discrepancia en cuanto a la definición de discriminación y al proceso aplicado. Por ejemplo, no estamos de acuerdo en que se deba considerar como discriminación solo las preferencias de una persona, ni que se activen todos los recursos de un juzgado de letras –como aquel en Santiago, que mensualmente recibe más de 2.000 causas y se encuentra bastante saturado– para sancionar un hecho que, en muchos casos, resulta inocuo y no lesionaría derechos fundamentales.
Podríamos enumerar otros ejemplos, pero el problema es evidente: para fomentar la igualdad ante la ley y la no discriminación, necesitamos escudos más que espadas, y lamentablemente, el proyecto de ley opta por este último camino.
Muchas gracias, presidenta. Quedo atento a sus comentarios y opiniones.
No, no, ya está bien. Diputado Kaiser, ¿había pedido la palabra? Sí, señora presidenta, una pregunta, porque en el marco de lo que fue la discusión también en la Cámara de Diputados…