En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Aquí está su equipo, el formato de él y nuestra querida, la primera Camus. Me falta alguien de los que van a exponer ahora, ¿no? ¿Dónde está Concha? Va a estar por allá. Bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a nuestra secretaria para que lea la cuenta.
Se lee una nota del Comité Republicano, por la cual se informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Agustín Romero por el diputado Estefan Chube. Otra nota procede del Comité Demócrata Independiente, mediante el cual se hace presente el reemplazo de la diputada Marta Bravo por el diputado Fernando Borges.
A continuación, se presenta un oficio del presidente de la República, en el que se hace presente la urgencia en carácter de discusión inmediata para el despacho del proyecto sobre enfermedades poco frecuentes, que ya fue despachado por esta comisión y ahora se encuentra en Hacienda.
Seguidamente, se introduce un proyecto iniciado en moción de varios diputados que modifica la ley 15.000 en lo relativo al período de práctica asistencial obligatorio de los becarios de especializaciones médicas.
Posteriormente, se recibe un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual se responde a uno de esta comisión e informa sobre una carta recibida por el subdirector de gestión de cuidados de enfermería del Hospital de Ancud al presidente de la República.
Luego, se expone un oficio de la directora de presupuesto, a través del cual se responde a uno de la comisión e informa sobre los alcances y motivos de la rebaja de recursos del Ministerio de Salud.
A continuación, se presenta un oficio del ministro de Energía, mediante el cual se invita a los diputados a determinar qué asesores legislativos de esta comisión podrían asistir a una reunión el día martes 2 de abril a las 11 de la mañana en las dependencias de Santiago, con el propósito de cooperar en el perfeccionamiento del proyecto de ley sobre personas con electrodependencia.
Se informan además seis oficios de diversas entidades públicas que dan cumplimiento a glosas de la ley de presupuestos del año 2024.
Finalmente, se deriva una solicitud de audiencia, mediante la ley del lobby, al diputado Lilayú, a fin de que se reciba a la Asociación de ISAPRES de Chile para la revisión de la actividad legislativa del sector salud; y se presenta una solicitud de audiencia del directorio del Colegio Nacional de Enfermeras de Chile para exponer sobre la gestión de recursos humanos desarrollada.
Ya desde la Subsecretaría de Salud Pública, en concreto con el programa de inmunizaciones. Una denuncia de un particular dirigida a varios organismos, por su caso, de listas de espera de tres años solo para la consulta inicial de especialidad traumatológica y de 12 años para una cirugía de cadera en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca del Servicio de Salud Valparaíso-Quillota. Una comunicación de otro particular sobre el estudio narrativo de la infodemia del COVID-19 y la censura en salud. Una reiteración de solicitud de un particular, el cual espera respuesta sobre su reclamo hacia la Superintendencia de Pensiones y otros organismos, por un problema de pensión que tiene con el organismo pertinente. Una nota que comunica el pareo acordado entre la diputada Danisa Zubillo y el diputado Andrés Celis para la sesión de hoy. Otra nota que comunica el pareo del diputado Hernán Palma y el diputado Schubert, también para la sesión de hoy. Eso es todo.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, saludos a nuestra ministra de Salud y a los que hoy día van a darnos su punto de vista sobre el tema de la reforma de la Superintendencia.
Los dos puntos que vamos a ver hoy: uno tiene que ver con la ley de refuerzo de la Superintendencia de Salud. Vamos a escuchar entonces al señor Óscar Arteaga, ex director de la Escuela de Salud Pública, consultor del Banco Mundial; al señor José Concha, ex intendente de prestadores, que va a participar de forma telemática; y a la señora Lorena Camus, consultora del Banco Mundial para estudio de la Superintendencia. Esa es la primera parte, en la que estamos recién abriendo los espacios para dialogar con distintos expertos.
El segundo punto es iniciar la discusión particular del proyecto de ley que da cumplimiento al inciso segundo del artículo décimo transitorio de la Ley Nº21.674, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica; pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes; elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud; y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional.
Hoy ya venció el plazo de indicaciones y vamos a conversar sobre las indicaciones y quiénes las hicieron para poder ponernos de acuerdo también en algunos aspectos. Probablemente, la votación la empezaríamos la próxima semana.
Así que, antes de comenzar la tabla de hoy, quiero abrir un espacio para varios. Ofrezco la palabra al diputado Gasmuri, al diputado Palma, al diputado Lagomartino, y a mí mismo. Inclúyanme, por favor.
Adelante, diputado Gasmuri.
Muchas gracias por estar en medio también. Saludos a la ministra y a todos nuestros invitados de hoy. Un gusto verlos. Voy a intentar ser breve, Presidenta; usted sabe que cuesta un poco, pero nos vamos a empeñar.
En primer término, quisiera ser presente nuevamente la gravedad que implica poner en marcha el Programa Nacional de Inmunizaciones sin contar con el personal especializado ni con la indumentaria e infraestructura adecuada. Recordemos que la campaña llama a que vacunen primero a funcionarios y funcionarias en los mismos recintos hospitalarios, pero existen hospitales, como el Hospital Hernán Enrique, Jarabena, Temuco, que tiene 5.000 funcionarios y una sola persona a cargo del programa de inmunización.
Se realizó una reunión con la subsecretaria Albagli, por parte de las asociaciones de funcionarios, planteando esta problemática, pero no hubo una buena recepción. Por lo tanto, solicito que el ministerio en su conjunto genere una mesa de trabajo entre los funcionarios, la Subsecretaría de Salud Pública (entidad a cargo del programa) y también la Sociedad de Redes Asistenciales.
Me preocupa, además, que se nieguen las legítimas demandas de funcionarios y funcionarias, en especial en lo que se refiere a la necesidad de más personal capacitado, mientras que, por otro lado, se publican ofertas de compra de servicios para implementar el programa. La verdad es que, si bien hay recursos para comprar servicios a mayor costo, no se destinan recursos humanos y materiales para los mismos hospitales. Eso me parece un tanto extraño y, en ese sentido, solicito que se oficie a la subsecretaría.
Y a Salud Pública para que informe cómo se está implementando el programa, qué sucede con el déficit de recursos, de qué manera se da cuenta de la compra de servicios y cómo se está implementando en recintos militares, ya que nos ha llegado la observación de que en dichos recintos se está inoculando por personas que no tendrían la experiencia para hacerlo.
En segundo punto, quisiera hacer presente que la semana pasada realizamos un taller sobre la Ley Karin en el Hospital Sotero del Río, con una gran asistencia, donde fuimos testigos, incluso en este mismo conversatorio, de la cruda realidad que enfrentan funcionarios y funcionarias de salud. Ellos carecen de apoyo y contención, quedan a merced de la falta de actualización de protocolos, de la ausencia de personal capacitado para recepcionar denuncias, de las faltas fiscales, de la negativa de la mutualidad a prestar atención psicológica temprana conforme lo establece la ley y de jefaturas que, en ejercicio de su autoridad, desestiman denuncias, las dilatan y no realizan los nombramientos correspondientes de fiscales.
Presentaremos un proyecto de ley para mejorar la implementación de la Ley Karin en el sector público. No obstante, insisto: ¿qué hacemos hoy día? Un proyecto de ley tomará el tiempo que requiera, ¿pero qué hacemos con las denuncias que se están recepcionando en hospitales como el Sotero del Río, donde hay hacinamiento, falta de recursos, brecha histórica y escasez de personal, afectando claramente la salud mental y física de quienes luchan día a día por la salud?
Por favor, Presidenta, por su intermedio solicito que se incorpore esta materia, no como un oficio, sino como un punto de tabla en esta comisión, para dar cuenta del trabajo mancomunado que se está realizando con el Ministerio.
En tercer lugar, en mi equipo parlamentario tomamos conocimiento de la situación denunciada por pacientes de fibrosis quística, quienes deben gestionar y financiar de forma particular su tratamiento. Sabemos que se sostuvo una reunión con el Ministerio de Salud; por ello, solicito, Presidenta, que se oficie al Ministerio para que informe sobre la efectividad de esta gestión, considerando que la fibrosis quística forma parte de las patologías garantizadas por el GES.
En cuarto punto, vuelvo a insistir en esta comisión en la siguiente cuestión: ¿cómo se está implementando la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico? Desde Fibroacción, organización que reúne a pacientes con fibromialgia, se ha informado que se han mantenido reuniones con el Ministerio, específicamente con Constanza Píriz, jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, para estudiar la posibilidad de incorporar la fibromialgia al GES. Sin embargo, aún no han recibido retroalimentación ni información clara sobre los avances, generando la preocupación de que, en esta gestión, las personas menores de 45 años puedan quedar excluidas y se establezca un proceso diagnóstico poco estandarizado. Por lo tanto, solicito, Presidenta, que se oficie al Ministerio de Salud sobre este particular. Evidentemente, cualquiera de estos puntos que la ministra o quienes nos acompañen deseen referenciar es muy bienvenido.
Siguiente, solicito que se oficie al Instituto de Salud Pública respecto a la inquietud planteada a través de nuestro equipo parlamentario, sobre eventuales convenios que pudiera tener el Instituto con el Laboratorio Privado de Sinovac para el desarrollo y estudio de vacunas. Asimismo, requiero información sobre los contratos de prestación de servicios celebrados en los últimos dos años para la contratación de abogados que litigan en representación del Instituto en causas laborales, el valor de estos servicios y una explicación sobre la falta de personería del Consejo de Defensa del Estado en esta materia.
Sexto, reitero el oficio N°750 del 21 de enero del presente año, relacionado con la restricción de medicamentos y tratamientos financiados por CES. Al no haber respuesta, solicito que se complemente dicho oficio en su reiteración, ya que hemos tenido noticias sobre la restricción particular del uso clínico de BICTARVI para personas que viven con VIH en Chile. La subsecretaría de Salud, en circular de mayo de 2023, instruyó a los directores de servicios de salud la restricción de la programación, mediante SENAVAD, de la terapia antirretroviral basada en tenofovir, limitando su prescripción al 3% de las personas en tratamiento. Estas medidas son inconsistentes con la evidencia científica y las recomendaciones internacionales, afectando la calidad de vida de quienes viven con VIH. Cabe señalar que, a pesar de contar con registro sanitario e ICP como tratamiento para personas sin experiencia, sin exposición al tratamiento o sin resistencia a los componentes, esta terapia se incluye como opción de rescate en la canasta FIES mediante el decreto 72, resultando más económica que otras drogas antirretrovirales priorizadas para VIH. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Salud para que clarifique esta situación y se comprenda el fundamento de dichas restricciones.
Por otro lado, quiero manifestar, Presidente, que he recibido denuncias sobre la situación que presenta el Hospital Regional de Antofagasta, concesionado y encargado de atender a toda la macrozona norte. Anteriormente he manifestado nuestros reparos en seguir impulsando este modelo de negocio en los hospitales, pues se observan daños estructurales a poco más de 10 años de funcionamiento, suspensión de cirugías, fuga de aguas en el área de laboratorio del piso de la unidad de auge. ¿Hasta cuándo continuaremos con este modelo? Solicito que se oficie al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud de Antofagasta para que informen cómo se está procediendo en este caso en particular.
Y, por último, con esto concluyo, Presidenta, solicitando que esta comisión tome conocimiento del sensible fallecimiento de doña Nadia Macarena.
Que nace Chávez Mendoza, quien padecía de cáncer y falleció por falta de acceso a inmunoterapia no contemplada en nuestro país. En este sentido, solicito su oficio en el Ministerio de Salud para que se informe sobre las gestiones orientadas a la incorporación de este tipo de tratamientos en los cuidados de pacientes oncológicos. Muchas gracias, Presidenta.
Diputada Gasmuri, ¿hay acuerdo en que hagamos los oficios correspondientes? Ahora entiendo que, con el tema de VIH, hicimos un oficio en términos de los tratamientos y de las comparaciones, por lo que creo que en esa respuesta se abordará el asunto. Por ello, insistiremos en ello.
Adelante, diputado Rosa, con sus intervenciones, pero no más de una. Gracias, Presidenta.
Tomándome lo último que se mencionó en la sesión, cerca del 20 de enero se realizó el oficio respecto al anuncio del VITRA-VIR. Creo que probablemente existe un retraso en la respuesta, pero sí se trató el asunto y los doctores a cargo expusieron largamente sobre la ventaja de utilizar esa combinación, señalando que es más moderna, está autorizada por la FDA y resulta más económica.
Mi intervención se centra en dos temas. Primero, agradecer que se haya iniciado la alerta sanitaria y se haya anticipado, pues es un tema que estábamos esperando. Asimismo, felicito que a esta altura tengamos dos millones de vacunados, lo cual resulta fundamental considerando que este invierno se prevé muy complejo. Tenemos antecedentes del comportamiento viral en el hemisferio norte, donde una influenza muy fuerte se extendió más allá de las fechas habituales. Por ello, es importante que se concreten los convenios lo más pronto posible para efectuar las transferencias. Hasta ahora, los equipos han continuado con la operación de vacunación normal, acumulando dos millones de vacunaciones a la fecha, cifra que no logramos el año pasado. Espero que este avance permita sobrepasar los nueve millones de vacunados alcanzados anteriormente.
El otro tema se relaciona con solicitar a la ministra de Obras Públicas que envíe información respecto de la concesionaria encargada de la construcción del Hospital de La Unión. Específicamente, se están edificando cuatro hospitales: en Puerto Varas, Río Bueno, Los Lagos y La Unión. Este último presenta un retraso debido a que se está realizando una consulta indígena. Se había acordado con la comunidad elaborar un informe cada 15 días para evitar la incertidumbre y las fake news que insinúen que se caerá el hospital o que no será construido, situación típica cuando abundan opiniones sin conocimiento. Por ello, es fundamental retomar esos canales de información, ya que en los últimos cuatro meses no se ha comunicado el avance. La población, muchas veces, desconoce que el proyecto del Hospital de La Unión, estando incluido en el contrato de los cuatro hospitales, se ejecutará, o se manipula la información para hacer creer que no lo será. Las empresas responsables únicamente buscan ejecutar el contrato para obtener su pago, dado que se trata de un contrato llave en mano, es decir, pago contra obras realizadas.
Eso es todo, Presidenta.
Quisiera también recalcar lo expresado por el doctor Rosa: felicitar al gobierno, ya que, aun cuando son frecuentes las críticas constructivas, es importante reconocer el esfuerzo por impulsar la vacunación. La ministra señaló que se habían alcanzado dos millones de vacunados, y en lo personal, también me vacuni, cumpliéndose así esa meta. Le agradezco y felicito al Ministerio por su política, e insto a todos, especialmente a quienes aún adoptan posturas antivacunas, a vacunarse, pues es fundamental comunicar adecuadamente la importancia de esta medida. Es destacable que se hayan logrado los dos millones de vacunados.
Gracias, doctor Lillayú. Ahora el doctor Lago Marcino tiene la palabra. No se peleen, aquí ahora… Muchas gracias, Presidenta.
Yo quisiera hacer presente que tomé conocimiento del oficio ordinario 517 del 24 de marzo de 2025, por el cual el director del Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, instruye la red de atención primaria de salud a contar del 1 de abril y hasta el 30 de septiembre a modificar el rendimiento de las atenciones de morbilidad por cada profesional médico, pasando de 4 pacientes por hora (es decir, 15 minutos por atención) a 6 pacientes por hora (es decir, 10 minutos por atención).
Yo creo que la mayoría de quienes están presentes aquí saben lo que significa una atención de 10 minutos, a pesar de estar circunscrita en la campaña de invierno, producto de que en ese tiempo uno tiene que, primero que todo, hacer pasear al paciente. En algunas ocasiones, pacientes con mayor dismovilidad tienen dificultad para ingresar al box, y ahí uno puede perder tres minutos, con mucha suerte. Después, se debe explorar el motivo de consulta, hacer la anamnesis, hacer pasar al paciente la camilla, examinarlo, obviamente hacer cuadrar todos los cables en el cerebro para llegar a una hipótesis diagnóstica, a partir de ello indicar un plan terapéutico, explicar al paciente tanto el diagnóstico como el tratamiento y, por supuesto, reportar en la ficha clínica electrónica toda la información recolectada, además de completar una serie de papelería. Diez minutos son impensados.
Entonces, yo oficié por esta materia a la Ministra de Salud aquí presente, consultando si era una instrucción o indicación desde el Ministerio de Salud o la Subsecretaría de Redes Asistenciales a todos los servicios de salud para cambiar el rendimiento de cuatro atenciones por hora a seis atenciones por hora, o si se trataba solamente de una iniciativa del servicio de salud. Producto de la situación, más que un plan de invierno, parece un plan un poco de hiatrogenia, por decirlo así, de hacer una atención de 10 minutos por paciente, porque no da. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, ya que trabajé en atención primaria de salud en el Cefalmar con Maldonado y Viñalmar, y 10 minutos son imposibles; ya 15 minutos no está al filo.
Aprovechando por su intermedio, Presidenta, y dado que está la Ministra aquí presente, quisiera saber si esta es una instrucción nacional o una iniciativa local, y si se encuentra dentro de los lineamientos del Ministerio de Salud. A mí, en lo personal, me preocupó bastante, por un lado, la situación de los pacientes que se ven expuestos al riesgo de una atención subóptima —donde pueden pasarse por alto muchos aspectos, sobre todo en una campaña de invierno en la que hay que examinar niños, niñas, lactantes y recién nacidos— y, por otro lado, la exposición de los facultativos a eventuales malas praxis por tener que realizar una atención muy rápida y a bajo presión.
Esa es mi inquietud. Yo ya lo oficié formalmente, pero, dado que usted tiene muy buenos oficios, Presidenta, agradecería que se consultara con la Ministra de Salud.
Muchas gracias.
Sí, me parece una preocupación bastante natural y solo quisiera recordar que, en la época en que me recibía en atención primaria, eran 8 pacientes por hora. Cuando se bajó a 6, casi hicimos un carnaval de felicidad. Sin embargo, hoy día ha cambiado el perfil epidemiológico; ahora tenemos gran cantidad de personas mayores y, obviamente, 8 pacientes por hora era insoportable. Uno trataba de que le entregaran al paciente lo suficiente para tener algún avance y disponer de un espacio para una mínima anamnesis, pero tampoco existía el concepto actual de atención integral, de atención familiar. Entonces, creo que es importante saber cuál es la política real del Ministerio y de la atención primaria con respecto a los pacientes y al número de pacientes por hora.
Ahora, diputado Palma tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio y por saludar a la Ministra y al resto de las autoridades que nos acompañan. Presidenta, dos o tres cosas puntuales. Lo primero…
Yo quería refrendar lo que se comunicó en la lectura de la cuenta respecto a esta invitación que hace el ministro de Energía, Diego Pardo, a esta mesa, invitando a los asesores y asesoras. Eso es muy importante para fortalecer, digamos, el profesionalamiento del proyecto de ley de mi autoría para mejorar la ley 21.304.
Lo segundo, Presidenta: comentar que está el diputado de la Comisión, quien preside la Comisión Especial Investigadora de Líderes de Espera. Creo que ha sido importante señalar a esta comisión la relevancia de escuchar a los expertos que han venido a ilustrarnos sobre el origen, la génesis y cómo se podría abordar y solucionar el tema. Pero hoy día todos quedamos particularmente preocupados por el asunto que se denunció en esta comisión respecto a las deudas de los proveedores de los distintos servicios, que en algún caso sumaban, según el diputado y el presidente de la comisión, alrededor de 92 mil millones de pesos.
Entonces, creo que si eso no hace colapsar los servicios y no permite dar una respuesta oportuna, sabemos que hay hospitales en los que hoy día, por ejemplo, no existen dispositivos para hacer osteosíntesis y otros elementos fundamentales para la reparación de traumas graves. Quería aprovechar que está la máxima autoridad de salud del país para insistir en este tema, porque la lista de espera es un asunto que se ha ido abultando, ya estamos en 3.100.000, y es un tema no menor. Se agradece la exposición de la doctora Chomaly sobre la interoperabilidad de los sistemas informáticos, y creo que es un buen anuncio, ya que entiendo que hay un plazo hasta el 31 de diciembre para que entre en vigencia.
También destaco la campaña de vacunación que se anticipó este año, pues me parece una respuesta oportuna y adecuada que sin duda ayudará a frenar de mejor manera la propagación de las enfermedades de invierno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palma.
Ahora, voy a tomarme un momento para comentar otro tema. Tuve una reunión con el diputado y con el ministro Pardo, y él me solicitó especialmente la posibilidad de que el martes a las 11 de la mañana en el Congreso de Santiago se reunieran los asesores de todos nosotros. Hizo especial énfasis en que acudiera el máximo número de asesores, no nosotros, sino nuestros asesores legislativos, para poder discutir algunas áreas y consensuar ciertos aspectos técnicos que luego nos transmitan a nosotros. Le solicito de verdad que se integre al más amplio espectro político a esa reunión, de modo que no obtengamos conclusiones que provengan únicamente de un área política de esta comisión, que, si bien es muy transversal, muy pensante y muy cuerda –diría yo, ya que estoy en cuatro comisiones–, debe enriquecerse con diversas perspectivas.
Por último, me reuní, como han señalado casi todos, respecto al problema económico de los hospitales. Hoy mantuve una extensa reunión con el director de Servicio de Valparaíso y San Antonio, el doctor Cristian Gálvez López, y analizamos varios puntos en cuanto a cómo estaba funcionando, porque hay tantas cosas y tantas quejas de los trabajadores y de los usuarios, y tuvimos el año pasado la crisis económica, y él me dice que prácticamente todos los meses de junio se crea una crisis porque no siempre los flujos desde las...
Que son a DIPRES, que los flujos de la DIPRES no siempre son a tiempo y a veces se ven con varios problemas. A la vez, me comentó que había encontrado una acumulación de deudas no declaradas en el servicio, correspondientes a cinco años de boletas y facturas escondidas por aquí y por allá, que equivalen a una gran cantidad de plata, o sea, muchos miles de millones. Creo que este es el valor exacto que anotamos acá: 28 mil millones, que es una deuda de arrastre de cinco años.
Me decía, y por eso, qué bueno que está la ministra aquí, que en este momento, con el flujo que llegó, hay para atender el período que corresponde de este flujo de caja para hacer la pega bien; pero, como ya declaró la deuda –porque no estaba declarada, era una deuda escondida–, eso significa que tiene que pagarla. Si paga la deuda, no tendrá plata para comprar los insumos, no le van a entregar las distintas cosas, y, por ello, está súper preocupado.
Entonces, a mí me gustaría de alguna manera oficiar al Presidente de la República y al ministro Marcel, o, no sé, directamente a la ministra de Salud, pero eso lo vamos a ver con nuestros asesores, para analizar si existe alguna posibilidad de que estas deudas –que son de arrastre y no forman parte de la gestión actual– sean revisadas en el marco de un análisis bien acabado sobre los distintos factores que están produciendo el déficit. Él reconoce que hay un factor muy importante de mala gestión y que, además, existen equipos técnicos no a la altura de la problemática del uso de flujos de caja, de gastos y de planificaciones financieras. También revela una debilidad en el servicio y hace mención de gastos muy grandes que tiene el hospital por asuntos de sociedades médicas.
Son varios puntos; discutimos mucho rato y yo traté de hacer un resumen muy breve. Estuvimos viendo todas las razones y, además, los trabajadores –con quienes también hemos tenido reuniones– tienen problemas para poder trabajar y hacer la pega, lo que se ve reflejado en un ánimo bajo cuando todo está funcionando mal. Quería dar cuenta de esa reunión que tuve solo con el director de servicios, en la que escuché sus problemáticas y se buscó alguna forma de ajustar y mejorar.
Una de las cosas que me comentaba –y que yo también comparto– es que hay una percepción de poco acompañamiento, control y fiscalización desde la Subsecretaría de Redes respecto a la gestión de cada servicio de salud, ya que estas situaciones se repiten en varios servicios. Yo solo cuento lo que escuché acá, pero es lo que quería plantear, porque no cabe ninguna duda de que, si este hospital tiene que pagar la deuda acumulada de cinco años, quedará en un déficit que no le permitirá hacer la pega; eso no aportará en nada a las listas de espera, a la atención en Ricardo Soto ni a realizar a tiempo los GES, pues, al pagar la deuda, no tendrá recursos para comprar los insumos.
Me preocupa también el tema de las sociedades médicas. Le comenté que me elaboraran un informe más acabado sobre qué estamos hablando en términos de cantidad, proporción y motivos, ya que uno entiende que los hospitales acuden a sociedades médicas en regiones donde las condiciones son más dificultosas, pero me llamó la atención que esto ocurriera acá, en Valparaíso.
No sé, ministra, si a usted le parece que se oficie por esto. En el país no hay engaño.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los parlamentarios.
Bueno, con respecto a este tema puntual que usted me consulta, efectivamente hay un problema en relación a la gestión del servicio de salud con el hospital, y en realidad la Subsecretaría ha estado interviniendo en esa relación, así que no sé qué posible falta de acompañamiento.
Puede haber cuando se le han entregado los recursos al servicio y el servicio no los ha transferido al hospital, cosa que nosotros estamos interviniendo directamente. Así que los hospitales tienen sus flujos financieros en este momento entregados a través de las entregas de la DIPRES. Ciertamente, el año pasado, ustedes recuerdan, tuvimos una situación compleja porque se produjo una mayor prestación de servicios, lo que significó una sobreejecución del subtítulo 22 y la acumulación de algunos pagos que se han estado regularizando este primer trimestre. Sin embargo, es distinto a lo que ocurre en el Hospital Bambiura, donde existe una deuda de arrastre, que, sin embargo, no impide que se entreguen los recursos para que el hospital siga funcionando. Y eso es lo que nosotros estamos observando, para que no vuelvan a ocurrir las situaciones denunciadas, ya que el Ministerio de Hacienda ha entregado los recursos y se han transferido al servicio. Es, por tanto, una situación más compleja, y la Subsecretaría de Redes está encima de todo esto para definir una forma de pagar justamente a los proveedores por la deuda no declarada, lo que ciertamente es una anomalía.
Gracias, Ministra.
Sí, él nunca dijo que no iba el subsecretario; me comentó que había tenido, sino que se refiere a una cuestión estructural, en cuanto a que no siempre los equipos dan el ancho. Además, me reuní con la directora del hospital. Quería hacer el punto y transmitir lo que conversé con el director de servicio y algunas preocupaciones que me gustaría plantear. Mejor vamos a oficiar a la Ministra de Salud para que nos conteste, ya que ella tiene más antecedentes; y, a lo mejor, no será necesario escribirlo. No, yo creo que eso lo haremos con la Ministra de Salud, y si no resulta, lo haremos con Hacienda. Entonces, sí, adelante.
Sí, de forma breve, sobre el punto, Presidenta. En la reunión de lista de espera en la mañana, uno de los temas que me tocó plantear fue justamente el problema estructural en los servicios de salud, tanto por la forma en que trabajan como por la manera en que estructuralmente se planifica el presupuesto de la nación en salud. Por una parte, el componente del presupuesto que financia los sueldos –correspondiente al 21– se reajusta con IPC; mientras que el subtítulo 22, habitualmente, no se reajusta con IPC, resultando en un ajuste mucho más bajo. Y, por otro lado, el índice de costos de la salud (ICSA), que refleja el costo real de los insumos, es mucho mayor. Así, progresivamente, cada dos, tres o cuatro años se acumula una deuda en toda la red hospitalaria, y, según mi experiencia, a todos los gobiernos les toca enfrentar esta situación periódicamente. Hace 15 años eran 500 mil millones; en 12 años, 800 mil millones; y durante la pandemia, en octubre, se acumuló cerca de un billón. Posteriormente, el año pasado ascendió a unos 700 mil millones. Esto ocurre porque, si se presta más y los insumos se ajustan a precios bajos del IPC cuando su costo real es mucho mayor, se genera una acumulación que se suma año tras año. Y eso, estructuralmente, hay que corregirlo. Eso lo planteamos en la mañana, y por ello quería acotarlo.
Gracias.
Con respecto a este punto, le sugerí al director de servicio que realizara una auditoría profunda para poder revisar con detalle los flujos y hacia dónde se dirigen. Porque, obviamente, si no se efectúa una revisión exhaustiva de aquellos procesos que se están determinando, puede que se trate, en parte, de lo que menciona el doctor Rosa, pero también podrían existir otros problemas que hay que detectar para tener un panorama claro, un diagnóstico preciso, y así actuar con la solución adecuada.
Doctor Enago Marcino, ¿sobre el punto?
Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo creo que he expresado públicamente todo lo que pienso y no vale la pena reiterarlo en esta comisión. Solamente quiero decir...
Que puede ser una mirada un poco parcial desde el Servicio de Salud del Paraíso San Antonio. Creo que el problema es un poco más amplio y que, finalmente, podemos culpar a la estructuralidad permanente de los problemas. Sin embargo, hay cuestiones que no sucedían hace un tiempo y que ocurren hoy. Un factor es el término del pago automático en el año 2022, si no me falla la memoria, en la cual DIPRES pagaba a cada uno de los 75 hospitales autogestionados. Con este mecanismo, DIPRES pagaba la totalidad de los devengados, lo que permitía planificar mejor las compras, ya que el hospital autogestionado planificaba la totalidad de una compra para un año, licitándola, emitiendo la orden de compra y recibiendo el pago de DIPRES. Pero cuando se transfiere al hospital autogestionado el subtítulo 22, creo que todos estaban contentos con el pago automático, y este se terminó utilizando por el doble pago que se presentó en otra área.
Entonces, en ese sentido, cuando se empieza a trasferir a los hospitales autogestionados los montos del subtítulo 22 —solo por citar un ejemplo, en el Hospital Carlos Van Buren los montos son de 44.000 millones de pesos para el año 2025—, un tercio estaba aperturado a principios de año, es decir, cerca de 15.000 millones de pesos, de los cuales se había transferido efectivamente un tercio del tercio del total anual a la cuenta corriente del hospital. Si a los hospitales no les llega el monto del subtítulo 22 a la cuenta corriente, independientemente de la mayor gestión que se les exija, no podrán planificar las compras públicas ni, obviamente, ir resolviendo y devengando la deuda de arrastre de años anteriores.
Solamente quería aportar esto, pero considero que aquí hay un problema de fondo y es necesario reunirse con muchos más actores. Yo, Presidenta, dado que usted se ha reunido con el director del Servicio y la directora del hospital, creo que sería bueno reunirse también con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, quien tiene una mirada muy potente e imparcial sobre el tema. Gracias, Presidenta.
Para terminar con los puntos varios, me sumo a la valoración muy positiva sobre la campaña de vacunación. Invito a todos los colegas presentes a realizar videos; yo lo he hecho para reforzar y llamar a vacunarse, ya que existen muchas corrientes antivacunas y ciertos sectores se oponen a las campañas. Sin embargo, en este caso debemos ser muy contundentes. Asimismo, he recibido comentarios de varios gremios, enfermeras y otros, que han enviado cartas y se han reunido con la ministra, en relación a la sobrecarga laboral que han experimentado los TENC y las enfermeras durante la campaña de vacunación; y eso, creo, usted lo tiene claro. No sé si hay alguna iniciativa del Ministerio para responder a estas inquietudes.
Así es que terminamos los varios y pasamos al primer punto de la tabla. Palabra, en primera instancia, al doctor Oscar Arteaga, exdirector de la Escuela de Salud Pública, exdirector del Servicio de Salud Metropolitano Norte y, ahora, consultor del Banco Mundial para el estudio de la Superintendencia. Queremos entonces escuchar su opinión con respecto al proyecto de ley de fortalecimiento de la Superintendencia, dando respuesta a la continuidad de leyes que aporten en el marco de la ley corta de Isabel.
Gracias. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo la invitación para compartir mis reflexiones sobre el proyecto.
De ley que fortalece la Superintendencia de Salud. Si bien en la invitación que se me envió se me identificaba como consultor del Banco Mundial, por mi rol como jefe de un estudio desarrollado para esta entidad, debo explicitar claramente que las reflexiones que expresaré no representan la opinión del Banco Mundial, pues son opiniones estrictamente personales. Y en el mismo sentido, tampoco representan opiniones institucionales de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la cual soy académico, aunque sí debo reconocer que las bases que sustentan mis opiniones se han ido forjando a lo largo del tiempo en el debate con los colegas y las colegas de la Escuela de Salud Pública en el contexto del pluralismo que buscamos cultivar en nuestra comunidad académica.
Dado que el tiempo para la presentación es breve, he organizado esta en solo dos partes. En primer lugar, aspectos generales del proyecto y, en segundo lugar, algunos aspectos específicos que estimo relevantes.
Iniciando con los aspectos generales, debo indicar que el enfoque que subyace en el proyecto de ley que fortalece a la Superintendencia de Salud está alineado con dos importantes orientaciones que, desde hace varios años, ha venido planteando la Organización Mundial de la Salud: por una parte, fortalecer la función de rectoría de la autoridad sanitaria en los sistemas de salud y, por otra, el enfoque de derechos en salud.
Respecto a lo primero, ya en su informe de la salud en el mundo del año 2000, la OMS centró su análisis en el desempeño de los sistemas de salud, para lo cual planteó las cuatro funciones básicas que permiten alcanzar el objetivo final de los sistemas de salud, es decir, contribuir a mantener y mejorar el nivel de salud de la población. A las clásicas funciones de entrega de atención –la función prestadora y de financiamiento, que implica la recaudación y distribución de los recursos financieros en el sistema de salud–, la OMS agregó la función de generación o creación de recursos, que implica la formación y capacitación de recursos humanos (rol que desempeñan universidades y centros formadores), así como la creación de infraestructura y equipamiento, lo que corresponde a la inversión en estos ámbitos.
La cuarta función, y aquí nos conectamos con el proyecto de ley que analizamos, es la función de rectoría, denominada stewardship (cuya traducción literal sería función guardiana, en rigor). Respecto a esta última, la OMS nos indica que las otras tres funciones del sistema de salud pueden ser ejercidas por agentes públicos o privados –tal como ocurre en varios países, incluido Chile–; sin embargo, la función de rectoría solo puede ser ejercida por el Estado, pues es el ejercicio de esta función el que determina el alineamiento de las otras funciones en pos de los objetivos que impulsan dichas políticas públicas, definidos en el contexto del ejercicio de la democracia en nuestra sociedad. Cabe, entonces, señalar que el proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud encuentra su fundamento en el fortalecimiento de esa función rectora.
Respecto al enfoque de derecho, ya en el año 2010, en el lanzamiento del informe de salud en el mundo titulado "Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal", Margaret Chang, directora general de la OMS en ese momento, afirmaba –comillas– "la cobertura universal de salud es el concepto unificador más poderoso que la salud pública tiene para ofrecer, porque permite hacer realidad el sueño y la aspiración de salud para todas las personas, independientemente de su clase social". Es decir, ya sean mujeres o personas de bajos recursos. Se entiende por cobertura universal de salud que todas las personas tengan acceso al conjunto de servicios de salud de calidad que necesiten en el momento y en el lugar adecuados, sin sufrir dificultades económicas. Es un concepto que abarca toda la gama de servicios esenciales, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo del curso de la vida.
Sobre esta base, fortalecer la Superintendencia de Salud implica robustecer el rol de esta entidad como garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas respecto a los prestadores y aseguradores de salud, constituyéndose efectivamente en el núcleo de su misión, para que, consistentemente, la Superintendencia vele por el armónico funcionamiento del sistema sanitario y garantice que los usuarios puedan ejercer su derecho a la salud.