Secretario, vamos a mandar al comité de ética al diputado Leiva por falta de respeto con sus adultos mayores. Gracias. Por favor, dé la cuenta, por favor. Por ningún motivo. Gracias, señora Presidenta.
Hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal, Cornejo, Donoso, Fuenzalía, Lilayú, Ramírez, Don Guillermo y Solantay, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Romero, doña Natalia, que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud.
Un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados comunicó a la Comisión la asignación del proyecto que modifica la Ley 17.798 en materia de armas, basada en pulsaciones eléctricas y correspondiente a la Ley 17.422 asignada originalmente a la Comisión de Defensa.
Un correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional excusó a los señores Ignacio Castillo Val y Samuel Malamud, quienes por motivo de agenda no podrán asistir a la sesión de hoy; en representación, nos acompaña la señora Tania Cajardo Orellana.
Y hemos recibido, además, un justificativo del diputado don Andrés Joanet Valderrama por impedimento grave. Eso es todo, señora Presidenta.
Muchísimas gracias, señor Secretario. En esta comisión tan ordenada vamos a ofrecer la palabra sobre la cuenta.
Diputado Chal: Sí, Presidenta. El punto, si mal no recuerdo, es el número dos de la tabla, que habla de un proyecto de ley que fue dirigido desde la Comisión de Defensa hacia acá. Efectivamente, se trata de un proyecto de ley del cual somos autores varios. Yo le pediría, Presidenta, que ojalá lo pongamos en tabla pronto, porque básicamente ese proyecto de ley modifica la Ley de Armas para favorecer la posibilidad de que se pueda contar con armas eléctricas por parte de las policías, los guardias municipales e incluso la seguridad privada, siempre que ello esté debidamente regulado. Y yo creo que eso es extremadamente urgente, Presidenta, porque usted sabrá que en el proyecto de ley de seguridad municipal uno de los nudos en cuestión está precisamente relacionado con esto. No digo nada cuando afirmo que el Gobierno se opuso a la posibilidad de que los guardias municipales cuenten con armas no letales, por lo que, de manera transversal, estamos impulsando esta medida y esperamos que este proyecto sirva no solo para destrabar ese proyecto de ley, sino también para permitir que en el futuro contemos con las herramientas que se emplean en distintas partes del mundo.
Muchas gracias, Diputado Chal. Efectivamente, señor Secretario, le vamos a pedir que incorporemos en la tabla del lunes, a la vuelta de la distrital, el proyecto que está en el oficio 2275, que corresponde al número 17.
Diputado Leal: Señor Presidente, se ha ingresado un proyecto de ley de mi autoría que tiene que ver con esta posibilidad, y tengo dos peticiones. La primera es que se ponga en tabla ese proyecto lo antes posible, ya que es pertinente. Presidenta, mire, en nuestra región, en la Araucanía, se detectó el ingreso de armas de fuego a colegios; se identificó la misma situación en Angol, Temú, Freire y Pichusquén. Un alcalde instaló un pórtico de seguridad con detector de metales, consensuado con toda la comunidad educativa, obtuvo un 90% de apoyo y lo puso en funcionamiento mediante un protocolo acordado para evitar el ingreso de armas de fuego. Curiosamente, el Gobierno reaccionó de forma contundente: el subsecretario y el superintendente de educación se constituyeron con sumario y se difundió la noticia en prensa, siendo insólito. Entonces, para evitar que funcionarios con criterios escasos sigan cometiendo este tipo de fechorías, consideramos que se debe establecer por ley una facultad—no una obligación—para que los alcaldes, previa consulta con la comunidad educativa, puedan instalar detectores tecnológicos en los colegios y, en caso conveniente, también en consultorios, a fin de prevenir el ingreso de armas de fuego. Por ello solicito que se ponga en tabla este proyecto a la mayor brevedad posible.
En segundo lugar, dado que el epicentro de este tema surgió en Temuco, le pido que, en algún momento, podamos sesionar en esa ciudad para examinar el asunto con el alcalde o los alcaldes involucrados y escuchar a la comunidad educativa, de manera que se comprenda la importancia de esta medida y su posible replicación en todo Chile.
Muchas gracias, diputado Leal.
Diputado Leiva: Yo coincido con el diputado Leal en que es positivo que estas materias se regulen por ley. Ahora, entiendo que el señor superintendente—yo no soy experto en estos temas ni manejo la información—deberá única y exclusivamente aplicar la norma vigente. No creo que el superintendente opte por aplicar una norma distinta, lo desconozco. Además, respecto al fortalecimiento de los guardias municipales, ese proyecto de ley se encuentra actualmente en el Senado de la República y tiene por objeto reforzar el rol preventivo del municipio. ¿Por qué hago énfasis en el rol preventivo, Presidenta? Pues porque también existe una definición que quizás debamos discutir: si el uso de las fuerzas está concentrado de manera monopólica en el Estado, bajo un mando único—tal como entiendo la seguridad—no conviene tener 345 personas con criterios disímiles administrando la seguridad. Creo que es importante avanzar en el fortalecimiento del rol preventivo de los municipios y lo planteo en su oportunidad, tal vez no...
Con el resultado que hubiera querido, que efectivamente este rol preventivo en materia de seguridad, reconociendo a los guardias municipales y regulándolos de mejor manera, debiera, sobre todo, propender a liberar funciones de los policías en materia de notificación. Ya lo hace el proyecto de ley respecto de medidas cautelares por violencia intrafamiliar, cuando no hay un riesgo alto comprometido, y también lo hace el proyecto de ley respecto al resguardo del sitio del suceso. Pero yo creo que, definitivamente, tal como la ley CATI —que es una abreviatura, no un nombre—, en materia de tránsito, los funcionarios municipales debieran liberar a funcionarios policiales. Yo el otro día vi, y lo planteo de manera crítica, 14 funcionarios policiales, 14 carabineros haciendo control de tránsito, y eso transmitido en televisión. Me parece que los guardias municipales, debidamente capacitados, debieran tener la facultad para liberar funciones policiales, porque creo que se requiere mucho carabinero. Sin embargo, no podemos perder de vista —y en eso yo hago hincapié, hago el punto político, presidenta— que el uso de armas de cualquier naturaleza en materia de prevención no corresponde. Vamos a tener 345 criterios distintos, lo digo de forma directa, dado que alcaldes de distintos sectores políticos —incluso de oposición, algunos con arresto domiciliario— van a dirigir a los guardias municipales. Me parece un despropósito absoluto, sabiendo la problemática que hoy día existe en materia municipal. Por eso, aprobamos que los gobiernos regionales tengan facultades en materia de prevención, lo que fortalece también a nivel municipal; pero el monopolio del uso de la fuerza, en mi opinión y según la experiencia comparada, debe tener un mando único. Presidente, gracias, muchas gracias, diputado Leal.
Por tal como usted dice, eso debe darse en la discusión parlamentaria, y por lo tanto le voy a pedir al secretario que ponga en tabla para el día lunes el proyecto de ley que ya mencionamos, que es el que está en el punto dos de la tabla. También el proyecto de ley que está en el punto uno de la tabla, que es el que menciona el diputado Leal. Estaremos discutiendo para el día lunes, a la vuelta de la distrital, para ver cómo avanzan las discusiones parlamentarias, porque de eso se trata acá.
Además, hay un tercer proyecto de ley que me han solicitado poner, que es uno del diputado Mauro González, con el número 17.403-07, relativo al rayado de bienes públicos y privados. Estos tres proyectos estarán entonces para ser presentados a la Comisión, para lo cual le pido enviar la invitación al diputado Mauro González, para que venga a exponer el suyo. Acá tendremos al diputado Leal y al diputado Schalper exponiendo los otros dos proyectos el día lunes, a la vuelta de la distrital, que sería el lunes 7.
Entonces, vamos a proceder con nuestra tabla. En el primer punto tenemos “votar en general”. Sí, exactamente, porque, señor secretario, quiero que dé la explicación del error, por favor, ya que esto no fue lo dispuesto por mí, sino lo que usted puso. Yo había pedido discutir y presentar estos dos proyectos que están en los primeros dos puntos de la tabla, dado que no se pueden votar en general hoy sin haber sido antes presentados. Señor secretario, fue un error que estuvo en la tabla de una sesión pasada, pero esa sesión fracasó y, por lo tanto, no hubo discusión. Entonces, hoy día... eso sucede con el segundo. Por lo tanto, le vamos a pedir— a ver, son dos proyectos de ley que tenemos en tabla para hoy, para poder presentarlos a la Comisión de modo tal que se puedan votar en general en la próxima sesión.
El primero de ellos es el proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. Este es un proyecto originado en moción de los diputados Jaime Araya, Gonzalo De la Carrera, Johannes Kaiser, Andrés Longton, Gloria Naveillan y Diego Schalper, correspondiente al Boletín N°17.387-25.
La esencia, sí, pero es que no he terminado ni siquiera de hablar. Pues, dele nomás, dele. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, saludar a la subsecretaria, a los equipos de Interior y de la Fiscalía. Presidenta, indicó en la introducción que estos proyectos de ley van a ser votados en general la próxima semana, en la próxima sesión. ¿Y cuándo vamos a escuchar opiniones de expertos sobre esta materia? Porque es lo que corresponde antes de la votación en general, y no en la votación en particular. Lo digo para que, en el fondo, no entremos en controversia en el momento en que tengamos que hacer la discusión en particular.
Diputado Leiva. Me gustaría pedirle, Presidenta, por su intermedio, que el señor Secretario nos aclare respecto a las votaciones en general, que yo entiendo deben verificarse una vez se hayan cumplido ciertos requisitos, pero principalmente agotada la discusión de la orden del día. Gracias, Presidenta.
Señor Secretario. Pero, Presidenta, por tratarse de una iniciativa que no tiene urgencia, requiere una audiencia pública de al menos dos horas, a la que hace referencia usted para pedir la clausura del debate, la orden del día de audiencia.
Diputado Cristian Araya. Sí, por de pronto, Presidenta, revisando el proyecto de ley, creo que es clave escuchar al Registro Civil. Es obvio que tienen mucho que decir y sería bueno dejarlo citado desde ya para la próxima sesión, de modo que puedan exponer y hacer algunas observaciones. Por ejemplo, lo que pasa es que queda excluido este proyecto de ley cuando hay robo o extravío de las patentes. ¿Qué pasa con esas patentes cuando te clonan una patente y queda dando vueltas ese auto en alguna otra parte? Claro, pero no porque… si usted lo lee, el proyecto dice otra cosa, ya que hace referencia a otro tipo de situaciones. Entonces, creo que es importante escuchar al Registro Civil y le sugiero, Presidenta, que lo convoquemos para la próxima sesión en el lugar que usted determine. Gracias.
Diputado Orsini. Sí, gracias, Presidenta. En el primer proyecto también sería adecuado invitar al Ministerio de Transporte y, en el segundo, al Ministerio de Justicia, además de contar con la participación de algunos expertos penalistas. Entonces, la sugerencia de los diputados es invitar al Registro Civil, al Ministerio de Transportes y al Ministerio Público.
Señor Secretario. Les quiero informar, estimados diputados, que el Ministerio Público está presente justamente para referirse a este proyecto. Por lo tanto, vamos a contar con la participación de la señora Tania Palma, del Ministerio Público, pero primero dilucidemos este tema de los invitados. Entonces, ya tenemos al Ministerio Público más dos invitados adicionales. ¿Usted quiere agregar algún invitado más, diputado Chalper?
Diputado Chalper. Solo muy breve, a mí me encantaría pedirle, Presidenta, que invite a la CECPRES, porque respecto al segundo proyecto, que adquiere cierta relevancia, se trata de un proyecto antiguo que presentamos hace bastante tiempo y que, en su momento, solicitamos al ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde Soto, para que se le asignara la calificación de urgencia, considerando lo sucedido en la comuna de Granero. Gracias, Presidenta.
Diputado Araya. Sí, Presidenta, para el primer proyecto creo que también es importante contar con la participación de la asociación de aseguradoras, dado que se impone una obligación a las compañías aseguradoras con penas de hasta 500 UTM por no informar la pérdida total de un auto. Esto resulta relevante, pues implica una obligación significativa. ¿No habría inconveniente en que los convoquemos? Asimismo, ¿deberíamos invitar al Automóvil Club o a alguna otra entidad? ¡Punto! Si se está presentando un proyecto de ley en el cual se exige a las aseguradoras asumir nuevas funciones, y la pena puede alcanzar hasta 500 UTM por automóvil, considerando que un tercio del parque automotriz se encuentra asegurado, espero que se tenga la responsabilidad legislativa de convocar a los actores pertinentes. Perfecto, entonces, invitemos también a la asociación de aseguradores para ambos proyectos. Y, en cuanto al segundo, propongo invitar a la Defensoría.
Gladia:
Una propuesta más de invitados para el segundo proyecto: diputado Leiva, diputado Orsini, que es el proyecto de ley sobre el delito de robo en lugar no habitado. Perdón, el de robo en lugar no habitado, sí. Quisiera proponer al académico Guillermo Oliver; ya puedo dejar ahí los contactos de un académico que ha escrito mucho sobre esta materia en particular. Señor secretario, por favor, pásenle el teléfono o el mail a la secretaría. ¿Alguna otra propuesta para este proyecto de ley, señores diputados?
Diputado Leiva:
Sí, mire, el primer proyecto incorpora una circunstancia cuarta nueva del 442 del Código Penal. El numeral cuarto se refiere a las zonas rurales, es decir, al hecho de haber ingresado al lugar del robo sin autorización del propietario. Me gustaría, en ese caso, contar con al menos un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que establezca qué es una zona rural, porque, ojo, me parece razonable. La ley general del organismo de construcción en zona rural define estas áreas como aquellas que no son urbanas, y dado que hay muchas, esto podría abrir una discusión en el fondo. Además, considero pertinente que el Ministerio Público entregue su parecer al respecto. Entonces, señor Secretario, solicito que tomemos el acuerdo para enviar un oficio al Ministerio, a fin de pedir esa información, y dado que tenemos cierto plazo (viene la semana distrital), ojalá se pueda contar con ello antes. ¿Pido el acuerdo? ¿Acordado? Acordado.
Diputado Cristian Araya:
Presidenta, se me da el no recuerdo, pero en la Comisión de Agricultura hoy se está examinando un proyecto con características similares, aunque no idénticas. Podría ser recomendable solicitar que ese proyecto quede erradicado en esta comisión y que se fundan ambos proyectos, para no estar tramitando iniciativas muy parecidas en dos comisiones y evitar lo sucedido con el proyecto sobre abogados de narco. Con diputado Lompton, que no me… por favor, prendan micrófono.
Presidenta:
Muchas gracias. Aprovechando que está la subsecretaria, su equipo y también el Ministerio Público –que, a raíz de una larga exposición realizada en esta comisión, propuso la idea del primer proyecto de ley–, considero importante, más allá de que este proyecto deba cubrir dos horas reglamentarias, aprovechar la presencia del Ministerio Público para que puedan exponer. En otra sesión expondrán los otros invitados, pero no desaprovechemos el valioso tiempo de los diputados. Los invitados: la diputada Ana Villán. Eso es exactamente lo que vamos a hacer.
(Intervención para ratificar)
¿Era para confirmar lo mismo? Solo para ratificarlo. Solo para ratificarlo.
Presidenta:
Muy bien, diputado Leiva, le pido la palabra.
Diputado Leiva:
Sí, solo un tema reglamentario que me cabe… Señor secretario.
Señor Secretario:
No, con micrófono, por favor, señor secretario. Es una hora por proyecto. Una hora por proyecto. Por lo tanto, alcanzamos perfectamente, entre hoy y la próxima sesión, a ver a los invitados del primer proyecto, y seguramente ahí vamos a ver si se ajustan las dos horas para el segundo proyecto, o dejamos una colita, digamos, de discusión para el día miércoles. Es cierto que en el proyecto de las placas patentes –o PPU–, a mí me gustaría también escuchar, porque creo que va muy de la mano con el hecho de que no contamos con un registro en línea o universal de los permisos de circulación. En este proyecto se habla solo de las placas patentes. Hay un proyecto al respecto, y eso le quería plantear: hoy, los permisos de circulación no están en línea; cada municipio posee su propio sistema. Entonces, si uno quiere saber dónde un vehículo tiene permiso de circulación, no se puede determinar solo por la placa patente, ya que no existe una base de datos única a nivel estatal y uniformada. Creo que sería importante incorporar este aspecto en el proyecto. Por eso, también, la opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades me parecería pertinente.
tecnología, me parece mínimo que los tenga, estén en línea; ahí la subsecretaria me podría ayudar, pero que estén en línea los permisos de circulación, que no lo están. Gracias, diputado Leiva.
Hay un proyecto que me parece que es del diputado Vinter al respecto, que según yo está en la sala; me pareció haberlo visto hoy en algún punto muy abajo, que por supuesto no alcanzamos a ver hoy. Estoy casi segura, pero no 100%. Lo vamos a revisar.
De nada, diputado Leiva. Entonces, hemos terminado con la propuesta de invitados para los dos proyectos. Está claro que vamos a citar el lunes a la vuelta, el día 7, a las personas que se ha determinado.
Señor secretario, con micrófono, por favor.
— Siéntese, que los acuerdos adoptados por la comisión importan citar para cinco proyectos. ¿Cómo? — A ver, explíquese en castellano, por favor.
Lo que se debe citar es: el boletín 17422-02 y el boletín 17424-25, el cual solicita además sesionar en Temuco para los efectos de ese proyecto.
No, no, no, no, no, no, no, no. La solicitud de sesionar en Temuco no tiene nada que ver; eso es aparte. No se está pidiendo, no se ha acordado nada con respecto a Temuco. No he pedido, no he pedido el acuerdo respecto de sesionar en Temuco, señor secretario.
Respecto al proyecto que está en la cuenta, en los puntos 1 y 2, se acordó incorporarlo en la sesión del lunes 7 de abril. Sí, exacto. También se acordó contemplar el 17403 de Mauro González, solo para presentarlo, no para discutirlo. Ahí, recién se va a ver quiénes se van a invitar para ese proyecto.
Solamente estoy diciendo que son cinco proyectos y, para que no se produzca confusión, habría que ordenar por usted la tabla de ese día. Sí, mire, por eso, no se preocupe, lo podemos ver después del orden de la tabla con calma, pero ahora me parece importante avanzar con la sesión.
Me gustaría dar la bienvenida a los invitados y, en primer lugar, escuchar la exposición de la señora Tania Palma para que se refiera a lo planteado en el punto 1 de la tabla — que perdón, al punto 2 de la tabla —, que es el de las placas patentes, que efectivamente surgió después de una presentación que hizo acá el Ministerio Público. Señora Tania, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Nosotros, como Fiscalía, presentamos ante esta Comisión el informe de crimen organizado que publicamos en noviembre del año pasado, y a propósito de esa presentación expusimos el mercado, específicamente, de los vehículos robados, y la particularidad de este mercado era justamente que, para que funcione este negocio, las compraventas, las facturas y las actividades que realizan las organizaciones para poder vender los vehículos son actividades que pasan frente al Estado. Es decir, el giro se abre en el Servicio de Impuesto Interno, las facturas se obtienen en el servicio y la inscripción se hace en el Registro Civil.
Entonces, en esa ocasión, yo misma expuse esto y les decía: este mercado, a diferencia del de las drogas y de las armas, pasa por el escritorio de un funcionario público en varias oportunidades antes de concretarse el éxito del negocio. Les expusimos en esa ocasión también un caso que fue bastante conocido, que se llamó Industria del Portonazo mediáticamente, y que ahí fue un juicio de ocho meses en los que distintas víctimas – cerca de 300 personas – fueron afectadas entre los robos con violencia o intimidación, llamados encerronados o portonazos, más las víctimas de estafa, que son aproximadamente 100 personas que compraron vehículos pensando que eran nuevos, porque la verdad es que el precio era precio de mercado. No había ni siquiera cómo imaginar que los vehículos eran robados, porque se trataba de vehículos del año. Eso es muy importante, para poder ser inscritos con primera factura; ya, un poco para contextualizar cómo se produce este negocio.
Y hay dos puertas de entrada principales para este negocio. Una, son las primeras inscripciones con facturas de empresas que simulan ser automotoras, porque los nombres son muy similares a automotoras reales, pero, por supuesto, no tienen ninguna importación de vehículos, sino que solo simulan ser una automotora; esa es una fórmula. Y la otra es la compra de vehículos con pérdida total, para ocupar las patentes de los vehículos siniestrados con pérdida total en los vehículos robados. En ambos casos, los vehículos se compran a bandas, en general compuestas por…
Adolescentes que realizan los robos con violencia o intimidación y se encargan, además, de aprovechar la posibilidad de blanquearlos con la factura o de gestionar las patentes, similares a las que ya se obtuvieron por la compra de vehículos con pérdida total. Siendo estas dos las vías de acceso para poder generar este negocio, este proyecto de ley a nosotros nos parece que va en el camino correcto, porque de alguna manera intenta cerrar esas llaves.
Sí, hay que mencionar que esta obligación de las aseguradoras de informar la pérdida total existe desde el año 2023 en nuestra legislación, por la ley 21.601. Lo que pasa es que no tiene multa asociada; por lo tanto, la ley 21.601 no contempla ninguna sanción por incumplimiento. De hecho, antes de la ley 21.601 me parece que existía, y aquí puedo errar, algún instrumento reglamentario, un oficio o una circular de la Superintendencia que también obligaba a informar, y que, igualmente, era letra muerta.
Esto lo hemos conversado muchísimas veces con el Registro Civil; yo trabajo hace 15 años en este ámbito y ya hemos tenido esta conversación en numerosas ocasiones. Siempre esta obligación de informar no ha sido cumplida por parte de las aseguradoras, tal vez porque no tiene una multa asociada o porque no forma parte de su giro; en fin, el tema es que no contar con esa información y no dar de baja esas patentes, de alguna manera, da la oportunidad para que el negocio siga prosperando.
Otra cosa muy positiva del proyecto es que también involucra a los particulares, es decir, a aquellas personas que no tienen sus vehículos asegurados, pero que tuvieron un accidente y cuyo vehículo terminó en pérdida total. Cada ciudadano tendría la obligación de informar, y eso es importante para que esta llave quede cerrada por completo, no solamente en el caso de los vehículos siniestrados que tenían seguro.
Por otra parte, respecto de la información al Registro Civil de las empresas que venden vehículos, en la ley 21.601 se aproximaba una norma a lo que señala este proyecto de ley, pero este proyecto es mucho más preciso, ya que obligaría a entregar datos específicos como el número de BIN, chasis y motor. De este modo, el Registro Civil, en el momento en que una empresa con un nombre parecido a una automotora intente inscribir un vehículo con primera factura, podría cotejar todos los detalles y negar esa patente, es decir, no entregar placas patentes. El Registro Civil, en muchas ocasiones en que hemos conversado, nos ha señalado: “bueno, no es nuestra función hacer eso”, y se entiende; pero la verdad es que este tema ha ido creciendo con los años y se multiplica, porque es muy sencillo vender vehículos como si fueran lícitos, adquiriéndolos a través de adolescentes que cometen robos con violencia o intimidación por 500.000 o 600.000 pesos y vendiéndolos por 15 u 18 millones de pesos. O sea, un negocio muy lucrativo.
Como Ministerio Público, la verdad es que nos parece que sería un gran aporte para tratar de cerrar estas dos vías que tiene este mercado de vehículos robados, este proyecto de ley.
Y para concluir, la pregunta que hacía el diputado, por su intermedio, señora Presidenta, respecto de las patentes duplicadas: ese es otro mundo. Porque si se ordenara inmediatamente la cancelación en el Registro Civil, ni podría circular quien tiene la patente legalmente ni quien tiene la patente duplicada en el vocabulario policial. Lo que se hace actualmente, y que tiene efecto, es que quede un encargo en los sistemas policiales y, una vez que se encuentra un vehículo con una patente clonada, se pericia y se retira de circulación la documentación del auto gemelo. Sin embargo, no podría tener el mismo tratamiento que el auto siniestrado, que en el fondo lo que necesita es una “muerte civil”, es decir, que nadie más pueda ocupar esa patente.
Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, Tania.
Ofrezco la palabra a los diputados.
Diputado Leiva: Yo estoy muy de acuerdo y agradezco la exposición del Ministerio Público. Sí, distingo varios escenarios.
Que son complejos. Uno, el que plantea con la modificación de la 21.601 del artículo 39 que efectivamente exista un correlato, una obligación, una sanción adecuada. El diputado Longton decía muy bien que, si una obligación no tiene sanción, no es obligación. Y esa es una materia, y estamos de acuerdo. El Ministerio Público también señalaba, Tania, respecto de aquellos vehículos que no tienen seguro comprometido y, por consiguiente, en caso de pérdida total, que también se dé de baja, pero de una manera menos engorrosa de lo que existe hoy día, porque dar de baja un vehículo no es un tema simple. Hay un reglamento también que debería adecuarse, pero ese es un tema.
Un segundo tema es respecto a lo que plantea usted del gemeleo de la clonación de vehículos, que generalmente se da en regiones distintas. Si nosotros tuviéramos una base de datos única, respecto a los vehículos, nos evitaríamos la clonación de patentes. Y lo que plantea el Ministerio Público tiene toda la razón, y es algo en lo que hemos hecho mucho hincapié en esta comisión, y yo particularmente también, respecto de los mercados secundarios. Hay que atacar los mercados secundarios, porque efectivamente eso es lo que genera el delito, ya que hay lucro. Entonces, en primer lugar estoy de acuerdo con eso.
Pero, en tercer lugar, respecto a la inscripción de vehículos nuevos, lo que debiera existir, a mi juicio –y puede ser objeto de una indicación– es que el Registro Civil solo reciba inscripción de vehículos de primer uso, es decir, vehículos nuevos, y que estén certificadas las empresas que puedan inscribirlos. Vale decir, no cualquier factura; el Registro Civil debe establecer: “Mire, usted quiere inscribir vehículos nuevos, tiene que certificarse primero”. Hoy día, cualquiera que se coloca “Honda Motora” en vez de “Indumotora” tiene una factura e ingresa al Registro Civil. Sería mucho más fácil, en mi opinión, que las empresas que puedan inscribir nuevos vehículos estén debidamente certificadas y acreditadas en un registro dentro del Registro Civil, y que solo esas compañías pudieran inscribir vehículos nuevos, de modo que se ignore el problema que se da con la inscripción de vehículos nuevos.
Sí, sí, esa sería mi intervención, Presidenta. Esperen un minutito, Tania, porque el diputado Longton me ha impedido la palabra. Ya se acumulamos. Una pregunta, Presidenta, respecto al registro que mencionó el diputado por su término en Leyva: ¿cómo convierte esto con Carabineros? Porque los controles vehiculares los realiza Carabineros y, eventualmente, un vehículo puede presentar fallas. Hagamos que esto funcione de manera impecable. El Registro Civil tiene los datos; si un vehículo no se puede inscribir, es robado, o se han alterado los distintos elementos del vehículo, por lo tanto, no figura en el Registro Civil. Si Carabineros detiene un vehículo y este no está inscrito, pero se trata de papeles falsificados, la única manera de que Carabineros compruebe que está duplicada la patente, o que está fuera de circulación, o que efectivamente no ha sido robado, es que exista un registro en línea que le dé una alerta indicando: “¿Sabes qué? Este vehículo es robado” o “Este vehículo no está inscrito en el Registro Civil”. Porque hoy día la alteración o falsificación de permiso de circulación y de la revisión técnica es cada vez más usual. Hay algunos métodos que yo he conocido, por lo menos en la Casa Moneda (estuve hace algunos meses), respecto a los sellos de agua y otros elementos de seguridad, pero eso hoy día no se aplica en todos los municipios; por lo tanto, es un elemento también a considerar. ¿Lo han evaluado ustedes desde el punto de vista de que tiene que haber un registro único para que, al menos, las instituciones policiales —Carabineros— tengan acceso a esta información? Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Acumulamos un poco más.
Perfecto. Diputado Cristian Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero plantear una duda a propósito de la presentación del Ministerio Público, sobre el concepto previamente expuesto de cuándo quedan estos autos en el fondo irreparables o por el estilo. Porque, en el fondo, a diferencia de las aseguradoras que determinan, este auto es pérdida total. Claro, el dueño, dependiendo de cuánto esté dispuesto a pagar —que es una cuestión absolutamente circunstancial—, puede considerarse pérdida total o no; por ejemplo, si invierte 20 millones de pesos quizá lo puede arreglar, pero si con 10 no le alcanza, en verdad prefiere votarlo. Entonces, como dos tercios de los autos están en esa situación y va a depender del dueño, creo que se genera un espacio no muy claro, discrecional, y esa obligación que está asociada a una multa tampoco lo aclara: ¿quién va a declarar pérdida total si no lo aviso y me van a sancionar? Entonces, ahí no queda muy claro quién va a determinar que un auto está en situación de pérdida total o no.
Y lo segundo es, a propósito de lo que decía el Ministerio Público, es si el Registro Civil tiene y recibe esta información, o sea, si las aseguradoras informan —no sé cómo lo harán, quizá en algún caso lo harán—, porque uno de los problemas que puede estar pasando es que...
Llegué al correo
[email protected] y pasa el sueño a lo justo. No sé si existe un sistema, si esto se incorpora al Registro Civil, o si hace algo con esa información. Eso queda disponible para usted, eso no lo desconozco. Gracias, diputado Araya. ¿Hay alguna otra pregunta, o diputado Leiva? Yo estoy de acuerdo; hoy día ya la CMF o la compañía aseguradora informan al registro de pérdida total para ese tema que ya se avanza.
Pero en el mismo proyecto y en la misma discusión en general me gustaría que la Subsecretaría nos señalara si, efectivamente, el proyecto CITIA –por ejemplo, teniendo placas patentes en línea o permisos de circulación en línea, o temas tan básicos como asociar una placa patente a un color específico o a un modelo de vehículo–, contempla que los pórticos que hoy día existen, por ejemplo, en las autopistas, pudieran procesar efectivamente si viene con patente o sin ella, si tiene una asociación, es decir, si este vehículo corresponde a la placa patente registrada para generar alertas. Me parecería importante que se avanzara con el proyecto CITIA, que es un tremendo desarrollo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Muchas veces no se le reconoce el real alcance que puede tener ese sistema. Muchas gracias, diputado Leiva.
Tania, le doy la palabra, pero también me gustaría, aprovechando que está acá la Subsecretaría de Prevención del Delito, preguntarle si tiene alguna opinión respecto al proyecto. A usted, ¿prefiere? Entonces, señora Subsecretaria, me gustaría saber si la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene alguna opinión, porque hay ciertas cosas en este proyecto que podríamos mejorar, pero que podrían irrogar gasto público; y desde ese punto de vista tendríamos que tener el auspicio –por así decirlo– del Ejecutivo, ya que no podría ser una moción. Me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto. Gracias, Presidenta.
Varias cosas. Nosotros entendemos que el proyecto tiene como objetivo, digamos, mejorar el sistema para evitar, obviamente, la clonación de vehículos y que se genere una medida en el fondo, sometiendo a las personas –o a las empresas– a una inscripción previa de la que ya existe, ya que en la práctica hoy día los vehículos, para poder comercializarlos, deben inscribirse en el sistema del Registro Civil. En ese sentido, sí podría erogar gasto, porque implicaría generar un nuevo sistema de inscripción. En la práctica, cuando llega el vehículo, hay que preinscribirlo, por decirlo así; existe la obligación, claro, de generar un sistema que permita consultar la información luego de la importación. Alguien tiene que llevar ese sistema, porque si no, ¿dónde se va un registro? Hoy día el Registro Civil ya dispone de un registro en el que, cabe aclarar en respuesta a la pregunta, figura en la norma –de hecho, en el artículo 39 bis– la obligación de consultar, por ejemplo, en el sistema de ratificación en línea con el Servicio de Impuestos Internos, respecto de las facturas que se emiten, lo que permite validar que la factura que funda una primera inscripción exista en la empresa y esté debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Esa verificación ya se realiza al inscribir el vehículo; por lo tanto, no sería necesaria, a propósito de la pregunta –si no me equivoco, fue el diputado Leiva quien lo planteó– hacer cambios en ese aspecto.
Obviamente, es importante también contar con la opinión del Registro Civil, ya que, según conversaciones previas, ellos señalan que algunas de las cosas que se proponen en el proyecto ya están contenidas o se aplican en el registro que ellos manejan. En ese sentido, hay aspectos que es importante aclarar y precisar en este proyecto. Por ejemplo, aparece la obligación de devolver las placas patentes, pero no se distingue entre el propietario particular y la compañía aseguradora, ya que no se establece claramente cómo se debe proceder. Se indica, claramente, que no lo establece expresamente, por lo que habría que regularlo mediante un reglamento.
Algo en la práctica: se entiende que si un vehículo está bajo la custodia de una aseguradora, la ley no establece claramente si la obligación recae en el propietario o en la aseguradora; lo que interpreto es que, si el vehículo está en resguardo de la aseguradora, ésta deberá actuar en consecuencia, y si lo tiene el propietario particular, será responsabilidad del mismo. No queda expresamente definido en la ley.
Tengo una duda que estamos verificando respecto del tema de la multa, la cual oscila entre 10 y 50 UTM. Se puede entender que, para una compañía aseguradora, dicha multa es posible de pagar, pero para una persona natural —por poner un símil, hoy día la multa para quien no inscribe su vehículo varía entre 1 y 8 UTM— la sanción podría resultar desproporcionada. Además, se plantea si, al aplicarse siempre la multa máxima, ello deba ser de conocimiento del juzgado policial local o si se transformará en una multa civil, debiendo respetar el máximo que este juzgado puede determinar.
Otro aspecto a considerar es el plazo. Actualmente, la ley no establece uno, pero se propone fijarlo en 15 días. Este plazo puede parecer poco o suficiente, dependiendo de la cantidad de vehículos que se deban informar; si son miles, 15 días podrían ser insuficientes. Es necesario contar con el dato sobre el volumen de vehículos en esa condición para determinar la viabilidad del plazo.
En cuanto al registro, desde el Ejecutivo consideramos que hay que avanzar en esta línea. No obstante, según el Registro Civil, la ley actual ya contempla ciertos aspectos y se debe evitar la obligación de un doble registro, ya que ello podría afectar la venta y comercialización de los vehículos. Esto es un tema que requiere un análisis más profundo.
Muchas gracias, subsecretaria. Tania, le ruego, por favor, Dan, que nos ilumine respecto de estas cuestiones.
Respecto al sistema de consulta de Carabineros sobre autos con encargo de robo, que señalaba el diputado Leiva, el sistema se llama SWEV, confirmado con Carabineros, y además está unificado con la PDI. Se trata de un sistema unificado, cuya limitación es que se alimenta de denuncias; por ello, solo se conocen los vehículos que cuentan con un encargo o denuncia anterior. En cambio, aquellos casos en que la persona aún no se haya dado cuenta o no haya denunciado, no se registrarán. Esa es la limitación a la que se refería el diputado Leiva.
La tranquilidad es que el sistema existe y está disponible para ambas policías, ya que, según me confirmaba el jefe del OS9, la única situación en la que un carabinero no puede consultarlo es si sale a patrullar sin radio. En relación a lo que señalaba la señora subsecretaria, consideramos que no debiéramos tener un doble registro; y quizás, como Ministerio, sea necesario buscar una forma de evitarlo.