Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor Presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar para sancionar las ofensas verbales, injurias y desacato a funcionarios policiales y de la gente de Chile en las circunstancias indicadas.
Se comunica pareo para esta sesión entre la diputada señora Pamela Giles y la diputada señora Camila Flores. También se informa pareo del diputado señor Raúl Soto con el diputado señor Jorge Alessandri.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor Jaime Gajardo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado de los asesores: señor Pedro Vega, don Max Loli, don Francisco León y don Francisco Maldonado.
Por División Jurídica, la señora jefa de la división jurídica, doña María Esther Torres, se encuentra acompañada de los abogados de la división: la señora María Florencia Draper y el señor Francisco Molina.
Mediante correo electrónico, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público se excusa de no poder asistir; por ello, asiste en representación del Ministerio Público el señor Héctor Barros Vázquez, Fiscal Nacional Subrogante, acompañado de doña Mónica Naranjo, Directora Ejecutiva Nacional; del señor Leandro Fuente Alba, Asesor Comunicacional; de la señora Ana María Morales Pellar, Gerente de la División de Estudios; del señor Gonzalo Droguet, Profesional de la División de Estudios; y de doña Sonia Flores Rullo, edecán, Teniente Coronel. Asimismo, se encuentra presente la señora Tania Gajardo, Subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de Drogas.
Por su parte, habiendo solicitado asistir como oyentes, se confirma la asistencia presencial del señor Manuel Muñoz.
de la Federación Nacional del Ministerio Público. La Corporación Coordinadora de Dirigentes Sociales de Viña del Mar solicita formalmente que, cuando se vea el proyecto de ley que modifica la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y el Código Penal, con el fin de aumentar las sanciones por delitos cometidos contra dirigentes sociales y sus parientes, sean convocados, señor presidente.
La Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur y Nacional confirma también su asistencia en calidad de oyente. Oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, mediante el cual se responde al oficio 136 de la Comisión referido a la incidencia de los delitos de robo y hurto de madera, se hará llegar por correo electrónico a todas y a todos los integrantes de la Comisión la respuesta de Fiscalía Nacional al respecto. También se ha recibido pareo de señor Leonardo Soto con el señor Gustavo Benavente para esta sesión, señor presidente.
Bien, muchas gracias, señor secretario. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras sobre la cuenta, voy a pedir el acuerdo para invitar a los dirigentes sociales de Viña del Mar a propósito de la ley que modifica la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, en relación con los delitos cometidos contra dirigentes sociales. ¿Se le parece a la Comisión? Todos los que hagan solicitud van a ser bienvenidos.
Diputado Ilovaca, le ofrezco la palabra.
Presidente, me preocupa sobre la cuenta. ¿Cuántos pareos al final hay? Porque tenemos que votar el segundo proyecto de ley y me parece que vamos a quedar al límite con el quórum. Sí, tenemos tres pareos. Tres pareos, tres pareos. Se ha ido el tributo. ¿Quién está? Sí, en la segunda parte de la sesión; pero estaría el tributo Leiva, el Longton y la vaca. Estamos cuatro... No, aquí hay cuatro. Cinco. Cinco. Tendríamos, tendríamos, tendríamos quórum, si es que nos mantenemos hasta el final de la sesión.
Muy bien.
Eh, sí, diputado Soto.
Sí, señor presidente, quisiera hacer una consulta sobre la tabla. Hasta anoche, y creo que hoy en la mañana, figuraba en segundo lugar de la tabla un proyecto de reforma constitucional patrocinado por la diputada Erika Oliveira, que tenía que ver con el deporte y su inserción en la sociedad. Eso ya había estado en tabla en dos sesiones, y yo entendía que hoy lo íbamos a votar. Sin embargo, alrededor de las 11 de la mañana me llevé una sorpresa; quedé estupefacto al ver que habían colocado el proyecto de responsabilidad penal adolescente, que es un proyecto súper complejo, ha sido muy polémico y se hicieron venir a los funcionarios prácticamente sobre la hora. Además, recuerdo que este día siempre queda reservado a los proyectos que tienen patrocinio del Gobierno, y no entiendo por qué se cambió la tabla de manera tan abrupta, inesperada, inconsulta y violenta.
Lo explico, lo explico, diputado. Primero, efectivamente hubo un cambio en la mañana respecto de la tabla, porque la diputada Erika Oliveira –y esto fue conversado con el Gobierno– no tenía la indicación terminada para la propuesta a la Comisión. No tenían la propuesta desde el Gobierno, es decir, en este caso con el Ministerio del Deporte y su equipo jurídico. Entonces, pidieron más tiempo para poder desarrollarla y socializarla con los parlamentarios de la Comisión, lo cual me parece razonable. Por ello, lo dejaremos para la próxima semana. ¿Y por qué concentramos hoy estos dos proyectos, uno de emoción y otro de iniciativa de mensaje del Ejecutivo? Es porque mañana, les pido, por favor, silencio, colegas, ya que mañana la sesión está suspendida. Entonces, por la acusación constitucional, esta es la única sesión de la Comisión de esta semana.
Diputado Benavente, le ofrezco la palabra.
No, aclaremos, que el secretario del reglamento nos aclare, pero si a nosotros nos llega la citación cuatro horas antes de la modificación y solo por la voluntad del presidente, no está bien. Está bien, está bien, pero deberíamos saberlo nosotros, porque es importante.
De aquí no se mueve una hoja sin que nosotros lo sepamos. Es atribución exclusiva del Presidente y hasta cuatro horas.
Sí, diputado Ilaveca; si no, sí, diputado Leiva. Gracias, Presidente.
Primero, independiente de que efectivamente es atribución suya, el segundo proyecto –la responsabilidad penal adolescente– es un proyecto importante y complejo, en el que necesitamos que el Ejecutivo se encuentre presente. Lamentablemente, el Ejecutivo no estaba invitado con anterioridad para poder organizarse, y tiene compromisos en paralelo. Además, contamos con seis parlamentarios que forman parte de la Comisión que tampoco estarán en el proceso de discusión, por lo que disponemos, con suerte, de una hora y cuarenta minutos para tramitarlo.
Por ello, pediría que, en definitiva, se reorganice la agenda y se posponga para otra oportunidad la discusión de ese proyecto, con mucho respeto al Ejecutivo presente. El Parlamento cita con el tiempo necesario; efectivamente, no de un día para otro, pero el Ejecutivo se podrá conectar vía telemática. Yo le ofrecí a los asesores, cuando me hablaron en la mañana y me dieron excusas por su inasistencia, que se conectaran telemáticamente para tramitar el proyecto con nosotros; no creo que sea complicación para nosotros que se puedan conectar.
Sí, pero bueno… ¿para qué no participa el Ejecutivo? Bueno, si ese es el tono. Mire, creo que cerremos el tema para poder avanzar.
Vamos al primer punto de la tabla.
Mire, de verdad, el proyecto de RPA es complejo y lo hemos discutido en profundidad. Tal vez, Presidente, lo que resulta urgente y muy importante es el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. En mi opinión, para no destinar solo 40 minutos a la tramitación de RPA, que es un proyecto tan complejo, podríamos dedicar en esta sesión el proyecto de fortalecimiento y citar otra sesión para la RPA, para lo cual se requeriría la unanimidad de todas las posiciones.
Sin embargo, a mí me parece mucho más importante el proyecto de responsabilidad penal de los adolescentes, que es totalmente legítimo, considerando la realidad que vivimos en nuestro país con respecto a los delitos graves cometidos por algunos de ellos. Propongo, entonces, dividir el tiempo de la sesión entre ambos proyectos. Recordemos que en la sesión anterior se había previsto dedicar una hora a la discusión, pero finalmente se destinó menos tiempo, precisamente por esta razón. Es razonable que se dedique una parte de la sesión a un proyecto que, si bien para algunos resulta complejo, para otros podría resolverse rápidamente si logramos ponernos de acuerdo en algunos elementos esenciales, como ya lo hemos hecho en otras comisiones –incluso con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo que vinieron especialmente desde Santiago para el segundo proyecto–. Por ello, me parece adecuado que se dedique una parte al fortalecimiento del Ministerio Público, sin desatender la importancia de la responsabilidad penal adolescente, que podríamos perfectamente tratar en aproximadamente una hora si hay disposición para ello.
Muy bien, también hablamos con el Ministro al inicio, y él me indicó que efectivamente su equipo está disponible para participar del debate en el segundo tema de manera presencial en esta Comisión.
Sobre ese punto, señor Ministro, voy a iniciar el orden del día y le ofrezco la palabra.
—Sí, Presidente, solo informativo. Efectivamente, como ustedes saben, en una sesión anterior se nos solicitó que yo estuviera presente en los proyectos o, eventualmente, que participara el subsecretario. No habíamos dividido ya las sesiones de la semana; yo iba a estar hoy en la primera parte, la de fortalecimiento, y luego tenía otro compromiso programado con antelación, por lo que debía retirarme tras esa parte. El subsecretario iba a participar mañana en la RPA. Como se cambió la tabla, de todas maneras vino el equipo asesor del Ministerio en materia de RPA, y podrán quedarse para la discusión; les solicitaría, sin embargo, que permanezcan efectivamente en la conversación.
—Perfecto.
—Diputado Longton, le ofrezco la palabra.
—Muchas gracias, Presidente. En atención a lo acordado, si mañana se dedicara el día completo a la Comisión de RPA, me parece que podría ajustarse la agenda de modo que hoy se dedique al Ministerio Público y mañana, a la RPA. Sin embargo, debemos entender que, si se tramitan dos proyectos en un mismo día, eventualmente no se verían adecuadamente, ya que no habría comisión mañana.
—No hay comisión mañana, entonces.
Bueno, entonces retiro lo dicho, presidente. Mantengamos la tabla como es. Yo acabo de informar al inicio de la sesión que esta es la única sesión de la semana, ¿ya? Y mañana es la acusación constitucional. Estamos convocados solamente a ese tema durante todo el día.
Bien, vamos entonces a iniciar el orden del día para continuar la tramitación en general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional. Iniciamos un mensaje que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 16.374-07, urgencia suma). Para ello, agradecemos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que nos acompaña de manera presencial, así como a los asesores que nombró la Secretaría. Le consulto al señor Ministro si necesita que algún asesor esté con usted en la tramitación. Bien, ¿le parece a la Comisión? Le pido la anuencia para que María Esther Torres nos pueda acompañar en la discusión.
También quiero invitar a los representantes de la Fiscalía Nacional. En ese sentido, invito al señor Fiscal Nacional Subrogante, don Héctor Barros Vázquez, quien nos acompaña; ¿le pido la anuencia a la Comisión para que nos pueda acompañar? Perfecto. Asimismo, lo acompaña la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo López; solicito la anuencia a la Comisión para que se una a la discusión. Bien, señor Ministro, bienvenido. Tiene el espacio para contarnos y exponer sobre este proyecto presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, se realizará la exposición respecto al proyecto de ley que se inició a través del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y que, en términos resumidos, se denomina fortalecimiento del Ministerio Público, mediante un conjunto de modificaciones legales para aquello.
¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto? Este proyecto surge después de la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2023, en la que se acuerda, entre el Ejecutivo e integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos, la necesidad de instalar una mesa de trabajo para estudiar tres temas: primero, el aumento de la dotación de funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Nacional y del Ministerio Público en general; segundo, la creación de fiscalías especiales que permitan al Ministerio Público enfrentar las crecientes cargas de trabajo; y tercero, la modernización de los criterios de incentivo para que se cumplan las metas en materia de persecución penal y protección de víctimas y testigos.
En cumplimiento de dicho compromiso, se constituyó una mesa técnica de trabajo conformada por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para generar un diagnóstico de la situación de la institución y evaluar los ajustes de dotación necesarios para mejorar la gestión, de cara a las necesidades que tiene nuestro país en materia de persecución penal y de investigación criminal. Las conclusiones de esa mesa sirvieron de base para elaborar el proyecto de ley que presentó posteriormente el Ejecutivo.
El contenido de este proyecto, que ya se aprobó en primer trámite, es una ley que consta de tres artículos permanentes y ocho artículos transitorios. Por medio de él se introducen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley 20.240 – que perfecciona el sistema de incentivos del desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público – y a la Ley 19.346, que crea la Academia Judicial.
Los ejes de la propuesta son tres. Primero, se realiza el mayor incremento de dotación del personal del Ministerio Público desde su creación, un fortalecimiento sin precedentes en su historia. Segundo, se busca mejorar la persecución penal e introducir modificaciones al modelo orgánico del Ministerio Público. Y tercero, se modernizan los mecanismos de gestión institucional y los incentivos de remuneraciones del personal, con el propósito de mejorar las herramientas de persecución penal. El proyecto propone impulsar la labor que realizan los fiscales y funcionarios del Ministerio Público mediante un aumento de dotación, que es el mayor desde su creación, con un total de 810.000.
19 cargos que están distribuidos de la manera que se señala en la presentación: se aumentan los jefes de unidad en 4, 205 fiscales adjuntos, 333 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares, todo ello en un periodo de 4 años, realizándose de manera gradual desde la publicación de la ley.
Asimismo, se moderniza el modelo orgánico y los mecanismos de incentivos institucionales del Ministerio Público. Con este incremento de dotación se llegará a mil fiscales adjuntos, lo que, conforme a los antecedentes del proyecto, permitirá mejorar la persecución penal.
En cuanto al incremento de dotación, que es el primer eje, se refuerza el personal para la tramitación de causas y se crean y fortalecen las unidades especializadas dedicadas a la tramitación de causas de mayor complejidad y violencia. Se fortalece también la operación de los sistemas de turno y flagrancia, mejorando la respuesta en la primera hora siguiente al hecho delictual, lo cual es fundamental para la persecución penal. Además, se incrementan los fiscales dedicados a la tramitación de causas en los Juzgados de Garantía y en los tribunales orales en lo penal.
Asimismo, se fortalece la unidad de atención de víctimas y testigos, que constituye otra función constitucional del Ministerio Público. El proyecto de ley busca dotar con los medios necesarios para instaurar un modelo enfocado en proporcionar una atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios, especialmente en el caso de aquellas víctimas de delitos que, por su naturaleza, requieran un trato más personalizado, como los casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales e ilícitos que involucran a niños, niñas o adolescentes.
Este proyecto permite implementar varios aspectos: primero, mejorar la cobertura y oportunidad del modelo de orientación y protección, y avanzar en el diseño de respuestas diferenciadas para los grupos en situación de vulnerabilidad, equilibrando además las cargas de trabajo actuales de la unidad de atención de víctimas y testigos.
En tercer lugar, se crea la unidad de supervisión de la persecución penal, de gran relevancia para el Ministerio Público y la eficacia de la persecución penal. Se establece un sistema de supervisión a cargo de una unidad cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de las instrucciones generales y garantizar la calidad y oportunidad de la persecución penal, mejorando las investigaciones y generando un impacto directo en la confianza de la ciudadanía.
En cuarto lugar, se reestructuran las divisiones funcionales del ente persecutor, dotándose de cuatro nuevos cargos directivos: la División Jurídica; la unidad de academia fiscal y funcionario; la unidad especializada en delitos sexuales y explotación sexual; y la nueva división de planificación, control y supervisión.
En segundo lugar se identificaron tres ejes: el primero es el incremento de dotación; el segundo, las modificaciones al modelo orgánico del Ministerio Público; y, dentro de este último, se permite la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos, una vez que concluyan su lucha, con el objeto de no perder la experiencia acumulada tras el fin de su mandato. Además, se establece una asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos respectivos. Esta iniciativa contempla una modificación al artículo 76 de la Ley 19.640, extendiendo el derecho a percibir dicha asignación profesional. Para el personal del Ministerio Público, los estamentos administrativos y auxiliares deberán desempeñarse en jornada completa y contar con un título profesional otorgado por alguna universidad o instituto profesional reconocido por el Estado.
Por otro lado, se perfeccionan los mecanismos de incentivos institucionales de desempeño para los fiscales y funcionarios, reemplazando el actual bono por desempeño funcionario por un bono de desempeño colectivo, basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional. Este cambio representa un ajuste importante en el sistema de incentivos. Entre otras modificaciones surgidas durante las discusiones, se incorporó la obligación de someter a evaluación, cada tres años, el funcionamiento del Ministerio Público por una unidad externa, a fin de promover la mejora continua en la calidad de la persecución penal y en la atención de víctimas y testigos, aunque estas últimas modificaciones no estaban necesariamente en el mensaje original.
Asimismo se reguló también la ley orgánica del Ministerio Público, la Academia Fiscal con sede en la Fiscalía Nacional, que tendrá como objetivo diseñar e implementar programas y cursos para la formación y perfeccionamiento de los fiscales adjuntos y la capacitación de los funcionarios.
Se prescribe también la obligación del Fiscal Nacional de rendir cuenta pública anual a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentos del Senado y de la Cámara. Se regulan medidas generales y medidas específicas que podrá impartir el Fiscal Nacional a los fiscales regionales cuando se emita una instrucción general con el objeto de concordar o unificar la diligencia investigativa y las actuaciones procesales que se consideren pertinentes. También se faculta al Fiscal Nacional para autorizar permisos con goce de sueldo para fiscales y funcionarios, a fin de que ingresen a la Academia Judicial; estos dos aspectos se incorporaron durante la discusión en particular en el primer trámite.
Asimismo, se le otorga al Fiscal Nacional la facultad para distribuir anualmente la dotación de fiscales adjuntos y profesionales de cada Fiscalía Regional y de la Fiscalía Supraterritorial, de acuerdo con las necesidades de operación, y se establece la obligación de que las fiscalías unipersonales cuenten con una planta de al menos un fiscal adjunto y dos abogados.
Para terminar, Presidente, algunas conclusiones o principales características de la propuesta. En primer lugar, con el propósito de mejorar la persecución penal, el proyecto contempla –como ya se decía y siendo el objeto central del mismo– el mayor incremento de dotación de personal que tiene el Ministerio Público desde su creación, incluyendo un reforzamiento de 205 nuevos fiscales, hasta alcanzar 1.000 fiscales a nivel nacional. La implementación total del proyecto implica un mayor gasto fiscal, en régimen de 45.000 millones de pesos, lo que representa un incremento muy importante en los recursos del Ministerio Público. En tercer lugar, se mejoran las condiciones funcionarias de tratamiento administrativo y auxiliar, mediante la modificación que ya señalé del artículo 76 de la ley 19.640, con el objeto de extenderles el derecho a percibir esta asignación profesional en las mismas condiciones que rigen para el resto de los estamentos del Poder Judicial.
En términos generales, este es un proyecto que para el Ejecutivo resulta bastante importante. En conjunto, este proyecto, junto con el de la Fiscalía Supraterritorial, forman parte de la agenda priorizada de seguridad y son necesarios para que el Ministerio Público disponga de mayores capacidades –principalmente en cuanto a su dotación y musculatura institucional– para hacer frente a los desafíos político-criminales que tiene nuestro país. Muchas gracias, señor ministro.
Si le parece a la Comisión, antes de ofrecer la palabra para el debate, voy a ofrecer la palabra a la Fiscalía Nacional, a don Héctor Barros, fiscal nacional subrogante, para que también nos comente respecto a este proyecto y exponga las impresiones que tiene la Fiscalía. Por intermedio suyo, me haré cargo, básicamente, de los fundamentos de la solicitud de fortalecimiento institucional del Ministerio Público, mientras que la directora ejecutiva nacional se hará cargo del proyecto de ley propiamente tal.
En cuanto a los fundamentos de esta solicitud, se debe señalar en primer lugar que tenemos un déficit estructural en materia de aumento de dotación y un incremento en la carga de trabajo que enfrentan los fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Hemos registrado una tendencia al alza desde el 2006 hasta el 2023. Si se excluyen los años de pandemia, entre 2020 y 2021, los ingresos crecieron en promedio en 22.081 casos adicionales por año, con un ritmo del 3,2% anual. Si se incluyen los años de pandemia, la tendencia igualmente se mantiene, con un crecimiento promedio de 19.162 casos adicionales por año, lo que supone un crecimiento anual moderado del 2,9%.
Comparando los ingresos del 2006 con los del año 2023, el aumento es de un 61%, con una tendencia lineal al alza. Como referencia, debo destacar que en el año 2024 se registraron 1.639.743 casos ingresados, lo cual representa el mayor ingreso desde el inicio de la reforma procesal penal, que comenzó en diciembre del año 2000.
La tasa de fiscales que tenemos a nivel nacional, y si lo comparamos con la tasa a nivel mundial, es de 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. En Colombia es de 9,8%, en Perú es de un 18,9%, en Asia es de un 6,3% y en Europa es de un 12,7%.
En segundo lugar, tenemos un aumento sostenido en la complejidad de los casos que le toca conocer al Ministerio Público. Desde el 2006 al 2023, no solo ha aumentado la cantidad de delitos que ingresan, sino también la complejidad de los mismos. Como hemos señalado, los casos actualmente no deben contarse, sino evaluarse en función de su complejidad. El catálogo de delitos complejos –como el crimen organizado, delitos de alta complejidad, delitos violentos y contra la propiedad– ha crecido de manera sostenible. En cuanto a los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, han aumentado de un 19% a un 37% de los ingresos anuales. En el año 2023, los delitos violentos, contra la propiedad y de crimen organizado alcanzaron su máximo, mientras que los de alta complejidad registraron su segundo pico. Cada ámbito de la criminalidad compleja ha mostrado una tendencia al alza, especialmente en lo que corresponde a la alta complejidad. Quisiera señalar, señor presidente, que a modo de ejemplo, en la Fiscalía Metropolitana del Sur, el máximo histórico fue de 123.000 causas de ingreso al año; este año alcanzamos 136.000 ingresos y la proyección para el 2025 es de aproximadamente 145.000 casos.
En tercer lugar, como otro factor que evidencia la necesidad de fortalecimiento, se han dictado más de 30 leyes desde el 2005 a la fecha, sin que en ninguno de los casos se haya acompañado de la dotación de fiscales ni de funcionarios de apoyo. Solo mencionar una de ellas, que versa sobre la entrevista investigativa o videograbada realizada a niños, niñas y adolescentes, la cual ha supuesto una gran demanda de recursos sin un aumento en el personal. En este caso en particular, hubo que especializar a fiscales en la toma de declaraciones de niños, niñas y adolescentes, y se requirió asignar funcionarios de apoyo no previstos, lo que ha tenido consecuencias en su salud psicológica. Esta situación es especialmente preocupante, ya que lo que se busca con esa norma es mejorar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sin los recursos necesarios es muy difícil cumplir la función con la calidad exigida.
La directora ejecutiva continuará con el proyecto propiamente dicho. Muchas gracias, don Héctor Barros, fiscal nacional subrogante del Ministerio Público. Le ofrezco la palabra a la Directora Ejecutiva Nacional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Mónica Naranjo.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, me referiré al proyecto de fortalecimiento, destacando los principales ejes que constituye este proyecto de ley. En primer lugar, se incrementará la dotación de personal en 819 personas, lo que abordará tres áreas de trabajo: el reforzamiento de la tramitación de causas, el fortalecimiento de las unidades de atención de víctimas y testigos, y, por otro lado, la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal y la Unidad de Probidad, que forman parte integral del proyecto de ley.
Como segundo aspecto, se crea la asignación profesional para el personal administrativo y de apoyo que reúna los requisitos establecidos en el proyecto. Y en tercer lugar, se perfeccionan los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales, se modificará el modelo orgánico del Ministerio Público y se establecerán las disposiciones transitorias.
En cuanto al incremento de la dotación de personal, este tiene por objeto reforzar la tramitación de causas, implementando turnos de instrucción regionales o macrozonales para cubrir ingresos por flagrancia. Actualmente contamos con sistemas orientados a la flagrancia y con turnos interregionales entre macrozonas, pero estas medidas se han creado con un esfuerzo importante por parte de la Fiscalía y con el apoyo de personal contratado a honorarios. Asimismo, se busca reforzar los sistemas regionales en materia de crimen organizado y alta complejidad.
Pligía de delitos violentos. Esto básicamente es el reforzamiento de las unidades de análisis criminal, que en el fondo serán las que tendrán vinculación con la Fiscalía Supraterritorial. Se crearán unidades regionales de género y de delitos sexuales en cada una, por supuesto, de las Fiscalías Regionales. Se suplementarán también los abogados asistentes a las Fiscalías Unifiscales, de forma tal que, tal como señala el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, cada Fiscalía Unifiscal cuente con un fiscal adjunto y dos abogados asistentes. De aprobarse, la tasa de fiscales aumentaría a 5 por cada 100.000 habitantes; aunque aún quedamos bastante por debajo de la de varios países del sector, al menos registra un incremento en relación con la actualidad.
En cuanto al fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, tal como señalaba el Fiscal Nacional subrogante, actualmente un gran porcentaje de los profesionales que trabajan en esta área está destinado a realizar entrevistas investigativas videograbadas, labor a la que no se le otorgó mayor dotación en la Fiscalía Nacional. Por ello, alrededor del 50% del personal que integra las unidades regionales de atención de víctimas y testigos se dedica a esta tarea, quedando estos profesionales sobreexigidos. La idea es que, con este aumento de dotación, se puedan cubrir funciones que anteriormente estaban asignadas a URAVIT y, paralelamente, se implemente un nuevo modelo de atención de víctimas y testigos a nivel nacional, cuyo objeto es fomentar la contactabilidad universal y la atención temprana.
En un tercer aspecto que se reforzará con la dotación extra de este proyecto de fortalecimiento, está la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal. Esta unidad, nueva dentro de la División de Planificación, Control de Gestión y Supervisión, es un elemento clave y necesario para avanzar en la calidad de la orden, la investigación y la persecución penal, labores desarrolladas por los fiscales. Los resultados de la supervisión impactarán en el sistema de gestión del desempeño individual de los fiscales, aspecto que se regulará posteriormente mediante reglamento. Su objetivo central es velar por el cumplimiento de la normativa legal, las instrucciones generales dictadas por el Fiscal Nacional y la calidad y oportunidad de la persecución penal. La unidad estará compuesta por una dotación aproximada de 40 personas, con un jefe de unidad y cuatro fiscales supervisores, sumando en total cinco fiscales con dedicación exclusiva al cargo, que serán nombrados por un periodo máximo de cuatro años y, básicamente, serán fiscales adjuntos con experiencia en el manejo de la operación. Las suplencias correspondientes se generarán en sus respectivas unidades regionales.
Por otra parte, uno de los elementos importantes que contempla este proyecto de ley —y que ha sido una demanda histórica planteada por diversas asociaciones de funcionarios— tiene que ver con la asignación profesional para administrativos y auxiliares. Originalmente, la Ley Orgánica solo contemplaba la asignación profesional para técnicos, por lo que en este caso se equipara al sistema vigente en el Poder Judicial, estableciéndose la asignación profesional para administrativos y auxiliares. Cabe señalar que esta norma entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley.
En cuanto al perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales, tal como señaló también el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se efectuarán modificaciones a la Ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de fiscales y funcionarios. En este sentido, se ajustarán las instancias en que se fijan las metas, de modo que durante la etapa de evaluación se puedan ponderar las causas externas calificadas y no previstas —incluidas las reducciones presupuestarias externas al Ministerio Público— que afecten el cumplimiento de los objetivos de gestión. Es importante destacar que las metas institucionales, denominadas CGI, son fijadas por una instancia técnica integrada por el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda, y es la Dirección de Presupuestos la que otorga el visto bueno final. Asimismo, se establece una etapa de reclamación ante el Ministro de Hacienda en caso de que el Fiscal Nacional no esté de acuerdo con la evaluación externa de dichas metas.
Por otro lado, se reemplaza el bono de desempeño individual por un bono de desempeño colectivo, que estará asociado a las metas de los fiscales regionales y a la meta de la Fiscalía Nacional como unidad de gestión. Esta medida se considera fundamental, pues centra el cumplimiento de metas en objetivos estratégicos de la institución.
Gracias.
Y que también fue mencionado por el ministro, se establecen dos mecanismos adicionales durante la tramitación en el primer trámite legislativo, que son evaluaciones externas a las que se someterá el Ministerio Público cada tres años y que, básicamente, tienen por objeto fortalecer la capacidad institucional y de autoevaluación, además de promover la mejora continua en materia de persecución penal, así como en la atención de víctimas y testigos. Respecto a esta evaluación externa, se plantea la obligación del Ministerio Público de publicar el informe en su página web. Por otro lado, también se establece una cuenta anual que deberá ser rendida tanto ante esta Comisión como ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en el mes de mayo de cada año.
En cuanto a las modificaciones del modelo orgánico, para resguardar la experiencia acumulada, se ha planteado en el artículo 30 del proyecto de ley la posibilidad de que aquellos fiscales adjuntos, incorporados durante el primer trámite legislativo, y funcionarios que hubiesen optado al cargo de Fiscal Regional, puedan, una vez cumplido su período, volver a ocupar su cargo de fiscal adjunto o el cargo respectivo. Eso sí, esto no es automático, sino que dependerá, por supuesto, del Fiscal Nacional, y se efectuará mediante una designación basada en una resolución fundada en mérito de las evaluaciones de desempeño del fiscal regional en cuestión, teniendo a la vista también los informes de supervisión entregados respecto de la política de persecución en su región y las necesidades del servicio.
Asimismo, se reestructura la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, creándose la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos para apoyar principalmente la labor de investigación, análisis criminal y producción de información estadística. También se crea la División de Planificación, Control de Gestión y Supervisión, de la cual dependerán las unidades de supervisión señaladas.
Se regularizan tres cargos de gerentes o jefes de unidad: el director de la Academia Nacional del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual, y el director de la División de Asesoría Jurídica. Como parte de las modificaciones al modelo orgánico, se incorporó durante el primer trámite legislativo la creación de una Unidad de Integridad y Prioridad, que dependerá de la División de Prioridad, Integridad y Auditoría Interna (actualmente la unidad de control), a la cual se le agregarán funciones orientadas a proponer y supervisar políticas y procedimientos internos destinados a la prevención y detección de delitos y conductas contrarias a la prioridad en el interior del Ministerio Público, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y contribuyendo a la mejora de los procesos administrativos internos, la gestión de riesgos y su control.
También se reconoce legalmente a la Academia Nacional del Ministerio Público a través de la incorporación de un título, denominado título séptimo, en el que se establecen como parte de la academia labores de formación, perfeccionamiento y capacitación de fiscales y funcionarios.
Finalmente, se hace mención respecto a lo que contiene el informe financiero, en el que se señala que 819 personas en total se incorporarán en un período de cuatro años de forma gradual, con un gasto para el Estado de Chile de 45.363 millones en régimen.
Muchas gracias, señor presidente.
Bien, muchas gracias a la señora Mónica Naranjo, directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Vamos a abrir el debate y le voy a ofrecer la palabra a la diputada Camila Flores.
Muchas gracias, presidente.
Presidente, es un gusto saludar al señor ministro, al equipo del ministerio y, por cierto, saludar al Fiscal Nacional Subrogante, a quien aprovecho para felicitar públicamente por toda su gestión y por la inteligencia que está demostrando en el desempeño de sus funciones.
Presidente, tengo dos consultas muy específicas que son, a través de su intermedio, dirigidas al Fiscal Nacional Subrogante. Primero, a propósito del número de funcionarios en términos generales de las distintas plantas o unidades a las cuales se incorporarán, con la creación de estos nuevos cargos. Habla el señor ministro de 819, aproximadamente; a mí me gustaría saber la impresión del Fiscal Nacional de si este número es suficiente, insuficiente, si cubre al menos la media de lo que están solicitando o si está por sobre las expectativas. Sabemos que es bastante histórico por parte del Ministerio Público la solicitud de tener…
Más personal en distintas labores, no solamente específicamente como fiscales, sino que también en otras funciones como auxiliares de la justicia misma. Y por su intermedio, Presidente, a la… no recuerdo el cargo de quien acompaña – Directora Ejecutiva. A la Directora Ejecutiva, dentro de su presentación, ella habló de las unidades de género. No recuerdo bien si usó el término “unidades” u “oficinas”, pero me gustaría saber a qué se refiere la creación o el fortalecimiento de estas dependencias. ¿Qué vamos a tener, unidades de género regionales, que se encargarán de qué? ¿Cuál es su función, qué buscan y cuál es el aporte para el trabajo del Ministerio Público específicamente? Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada Camila Flores.
Le ofrezco la palabra al Diputado Hila Baca. Muchas gracias, Presidente. Primero, quiero reconocer la importancia de un proyecto de estas características, dada la gran falencia que tiene hoy día nuestro sistema penal, en particular en la persecución penal, más allá de las penas. Asimismo, reconozco al gobierno por traernos un nuevo proyecto relacionado con materia de seguridad. Estoy pidiendo también al Ejecutivo que nos dé el listado completo de los proyectos, pues en la discusión de un proyecto de ley esta mañana, un diputado de esta comisión señaló que el gobierno era una caricatura, ya que nunca ha presentado ningún proyecto. Resulta que este es un proyecto presentado por el Ejecutivo, lo que evidencia que dicho diputado se equivocó.
El gobierno ha presentado muchos otros proyectos enfocados en temas de seguridad, y este proyecto en particular, que viene unido además con la Fiscalía supraterritorial, aborda un tema que me complica y que creo nos obliga a ocuparnos rápidamente: la alta carga de trabajo que tienen los fiscales, especialmente los fiscales de causa. Me preocupa que, en el último capítulo de la presentación, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio Público hagan mención a las fiscalías unipersonales. En mi región, tengo todas las fiscalías unipersonales, excepto en Valdivier. De hecho, en la capital de la Provincia del Ranco, la comuna de La Unión – que atiende a una tremenda población y es la segunda comuna más importante de la región – opera de manera unipersonal. Esta es una anomalía que planteé hace tiempo y que no ha tenido ningún tipo de escucha. Es inaceptable, Presidente, que sigamos teniendo fiscalías funcionando de esa manera. Espero, por lo tanto, que este proyecto también aborde, entre otras características, el enfrentar la alta carga de trabajo, especialmente en aquellas comunas que hoy en día cuentan con fiscalías unipersonales.
Quisiera dejar para el último punto, en esta primera fase, algo que me preocupa y que me gustaría que se aclarara. El Ministro de Justicia nos dice algo que el Ministerio Público no comunicó. Sé que esto fue una modificación planteada en el Senado y, dentro de todas las cosas que considero positivas y que, en su gran mayoría, apoyaré, hay un aspecto que me resulta insólito, pues parece venir de contrabando: el Senado agregó que, de hoy en adelante, existirán funcionarios públicos de primera categoría y de segunda categoría, al autorizarse al Fiscal Nacional conceder permisos con goce de sueldo para fiscales y funcionarios que ingresen a la Academia Judicial. Entonces, ¿por qué no extender esa medida a todos los funcionarios públicos para que se hagan un doctorado y puedan postular a otro trabajo? El rol del Ministerio Público y de los fiscales es perseguir penalmente a los criminales, y lo que buscamos con este proyecto es facilitar la vida de los fiscales para que realicen su labor de la mejor manera posible.