Se abre la sesión. Señor secretario, damos una cuenta. Gracias, presidente.
Estamos esperando que nos den la señal en el Senado. Si quiere, abra la sesión nuevamente. Ah, perdón, se abre la sesión.
En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Gracias, señor presidente.
Corresponde informar respecto de los siguientes asuntos. En primer lugar, un proyecto de ley de los honorables senadores, señora Gatica y señores Piú y Saavedra, con el que inician un proyecto que modifica la ley que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores.
Para garantizar el uso voluntario de sistemas de pago digitales dispuestos por organizadores de espectáculos públicos y lograr su implementación, se presenta también una solicitud del presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quien solicita ser recibido por la Comisión con el fin de exponer la situación de las y los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor. Además, se presenta un informe de Nicole Morandé de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica, quien remite una copia del informe denominado “Chile Online Gambling Marketplace Size and Scale”, elaborado por la firma norteamericana.
Y finalmente, respecto de estos asuntos, se adjunta una carta de la Asociación Gremial de Marcas de Retail, con la que informan que en su última reunión de directorio se designó al señor Andrés Gómez Bogolasky como presidente de la organización, reafirmando su compromiso y posición para colaborar en la Comisión de Economía.
Presidente, en el marco del proyecto de ley en tabla, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, corresponde informar que se presentaron dos grupos de indicaciones. La primera, de su excelencia el Presidente de la República, fue ingresada a esta Secretaría con fecha 22 de marzo, remitida a los señores senadores mediante el oficio correspondiente y, antes del inicio de esta sesión, se formularon indicaciones por parte de usted, señor Presidente, respecto al mismo proyecto. Eso es todo, Presidente. También se repartió una copia física que ahora está en poder de cada uno de los senadores y del Ejecutivo.
Muchas gracias, Secretario. Aprovecho para dar la bienvenida a los secretarios y colegas senadores que nos acompañan: el senador Sangüesa y el senador Piu; también al ministro de Economía, don Nicolás Grau; a la coordinadora legislativa, la señora Virginia Rivas; a la coordinadora normativa y la división de fomento, la señora Camila Astorga; así como a los asesores Sebastián Galás y doña Valeria Donoso. Asimismo, saludo a todos los asesores de los senadores y al personal de la oficina.
Bien, corresponde dar inicio a la votación de este proyecto de ley, para lo cual se propone la siguiente pauta de votación, y posteriormente se cederá la palabra al ministro para que exponga sus opiniones. Este proyecto de ley, para quien no lo haya escuchado, consta de una ley inicial y de adecuaciones a dicha ley en el resto de las leyes sectoriales, que son bastantes —38, si mal no recuerdo— en relación con las materias que se abordan. Se trata de una ley que actúa de manera supletoria a las leyes sectoriales, y la Ley 19.880 actúa supletoria a esta ley, según se establece en la indicación número 323.
De esta manera, dada la complejidad de la votación, se propone lo siguiente: primero, votar las materias que ya han sido aprobadas dentro de la Ley Marco, para que queden reflejadas de la misma manera en las leyes sectoriales y así asegurar que no existan cambios o diferencias entre la Ley Marco y las leyes sectoriales. A continuación, se procederá a votar por artículos, en orden, procurando cerrar los temas como se lo he comentado a los senadores, lo que garantiza que las materias aprobadas en la Ley Marco queden debidamente representadas en las leyes sectoriales.
Posteriormente, se votarán aquellos artículos acordados por la mesa técnica, del 16 al 20 y del 41 al 52, aunque hay algunos artículos sobre los cuales aún no existe total consenso y que se dejarán para el final. Seguidamente, se abordará una indicación a referéndum —que no es exactamente lo mismo que se discutió en esta comisión—, para la cual se solicitará al Ejecutivo que comente todos los cambios realizados respecto a lo aprobado por esta Comisión cuando se le otorgó el mandato correspondiente. Finalmente, se revisará el antiguo título octavo (nuevo título noveno, si mal no recuerdo), los artículos transitorios y, al final, los últimos artículos sobre los cuales no se ha alcanzado acuerdo durante las conversaciones.
En el resto de las materias hubo un consenso bastante profundo, aunque no total, pero sí acuerdos significativos. Esa es la forma en que se propone votar el día de hoy, en virtud de la facultad que me concede este Senado para evaluar la posibilidad de proceder a la votación.
Pauta de votación. Esa es la propuesta, ministro, tiene la palabra.
Sí, presidente, nosotros no conocemos la propuesta y no la hemos podido analizar porque no se nos mandó, digamos, la acabamos de escuchar ahora por primera vez. Entonces no puedo manipular. Lo que sí, nosotros hicimos, que por supuesto usted tiene toda la razón en su facultad, mandamos ayer a las 3 de la tarde una propuesta de cómo votar del orden en base a los artículos que ya habíamos enviado el martes pasado, para ese mismo día y también para el viernes. Nosotros hicimos un esfuerzo justamente de avanzar muchos artículos, algunos de ellos de exclusividad del Ejecutivo, para que se pudieran votar y existiera suficiente tiempo para el comparado. Ni siquiera usted puede ver ahí que nuestros equipos todavía están tratando de entender los cambios que se hicieron en lo que se votaría inmediatamente. El Ejecutivo no tiene ninguna condición de – o sea, no tenemos ninguna posibilidad, ni siquiera de opinar acerca de cómo va a dar la votación – y consideramos que, dado todo el trabajo que se ha hecho por meses, siempre de muy buena fe, esta forma de votar no corresponde a ese espíritu.
Bien, vamos a suspender cinco minutos para comenzar esta materia, si no se le parece a los señores senadores. Vamos a suspender por el tiempo que sea necesario, pero vamos a volver.
¿Ven las indicaciones que están relacionadas con el artículo 4, letra B? ¿Presidente? Sí, el senador Pío. Una consulta, presidente: ¿los senadores de gobierno van a venir? No veo ninguno. Presidente, la palabra. Sí, senador Pío. Muchas gracias, presidente.
En atención a la carga de trabajo, tendré que hacer algún minuto un receso para ver si es factible, además, que se puedan incorporar los senadores de gobierno, en caso de que podamos extender el término de la sesión. Eso nos permitiría trabajar de forma profunda, que es lo que queremos, para que la ley salga de la mejor forma posible.
Bien, vamos a proponer alargar la sesión hasta las 9 de la noche. Quiero contarles que a las 3 entiendo que no tendremos un sándwich para parar un segundo, y a las 5 creo que también tenemos una atención de la Comisión. Por eso, alargaremos la sesión hasta las 9, con esas dos suspensiones preagendadas para que se le avise también a nuestros senadores. Bien, acordado.
Avancemos entonces con la indicación número 13 del Presidente de la República. Esto está en la página 10 del nuevo comparado. Señor secretario, respecto, presidente: el artículo 4 se refiere a las exclusiones del ámbito de aplicación de esta ley; el encabezado de este artículo queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley. La indicación número 13 está referida al literal D, sobre los actos administrativos y demás trámites que versen sobre la acreditación, certificación y licenciamiento de títulos técnicos o profesionales, y se agregan los planes y programas de estudio. La indicación 13 propone agregar la aprobación de planes y programas de estudio y lo que está indicado ahí. La vamos a aprobar por unanimidad de los senadores presentes. Senador Sangüesa: ya, aprobada por unanimidad.
Procedamos a la indicación 14 del Presidente de la República, relativa a las patentes sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y otras, específicamente la letra G, para agregar al final lo siguiente: “y aquella regulada por el título cuarto del decreto ley número 2385 de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto 3063 de 1939 sobre rentas municipales.” ¿Le parece, presidente? Sí, el senador Sangüesa tiene opinión acá. Uno de los trámites que genera más problemáticas, sobre todo a los pequeños comerciantes, tiene que ver con las patentes.
Era una tremenda oportunidad para poder avanzar en ese sentido. De hecho, el trámite de patentes se hace dos veces al año, es bastante engorroso. Se pide la misma cantidad de documentos que al inicio. Es una burocracia tremenda. Y, como oportunidad para poder disminuir esa burocracia y establecer plazos factibles de cumplir, resulta necesario que este tipo de trámite esté efectivamente en esta plataforma. Por eso, invito a rechazar.
No sé si hay alguna otra palabra. Vamos a entonces rechazar por la unanimidad de los miembros la indicación 14. Vamos a ir a la indicación 15, que se refiere a los RS o no. No sé si el Ejecutivo nos puede clarificar la indicación 15.
Sí, sí. Yo entiendo que esto era parte del acuerdo, del protocolo de acuerdo, así que podemos aprobarla por unanimidad. Queda entonces aprobada por unanimidad, los senadores presentes, la indicación número 15, parte del protocolo de acuerdo. Presidente, suelo precisar que, dado la aprobación de esta nueva letra, hay que hacer una reeducación de los siguientes, porque es una nueva letra, la letra H.
Bien, vamos a pasar ahora a la indicación número 16 del Presidente de la República, que reemplaza el literal I, por el siguiente: los contratos especiales de operación y las concesiones administrativas para la exploración o explotación de sustancias o yacimientos no susceptibles de concesión minera, a lo que se refiere el artículo 8º del Código de Minería. También quedan fuera del ámbito de esta ley.
Vamos a pedirle al Ejecutivo que nos comente por qué, mejor la J, que la indicación de los senadores Sangüesa, Piú y Mía en la redacción.
En realidad, estaba pensando en Camila cuando estábamos. Presidente, por su intermedio, salude a los senadores presentes y a quienes están presentes en la comisión.
La razón por la que es preferible, respondiendo directamente a la pregunta de la redacción propuesta por el Presidente de la República, tiene que ver con que la indicación número 17 de los senadores acá presentes une en un mismo literal dos materias que son distintas. Esto fue tratado en la mesa técnica y hubo acuerdo respecto de la fórmula del Ejecutivo. Las dos materias que se confunden en el literal I tienen que ver con los procedimientos de concesiones, que son el resultado de concursos públicos, según lo aprobado en el literal H por la Cámara, y con aquellas concesiones administrativas para contratos especiales de operación, que son específicamente circunscritos a la explotación del litio.
La propuesta del Ejecutivo en la indicación número 16 es aclarar la redacción, ya que entendemos que pudo dar lugar, y de hecho dio lugar, a confusiones, tanto en las audiencias públicas como en esta comisión, readecuando la sintaxis para que quede claro que se refiere a los contratos especiales de operación y a las concesiones administrativas para la exploración o explotación de yacimientos no susceptibles de concesión minera, que es el litio. Esos son los mismos términos que establece hoy la Constitución Política de la República, y en el literal H dejaríamos aparte el otorgamiento de una concesión que se realice como resultado de un concurso público, cuyas reglas están definidas por las bases de licitación. De esa forma, se distinguen claramente ambas hipótesis y se deja clara la exclusión.
Yo entiendo, para los asesores, que estamos en acuerdo. Entonces, la propuesta va a ser retirar la indicación 17 y aprobar la 16 por la unanimidad de los senadores presentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, queda retirada la indicación 17 y se aprueba la indicación 16.
Vamos, entonces, con la indicación número 18 del Presidente de la República. Así es, es recaída la letra K para reemplazarla por la siguiente: las autorizaciones de competencia del Ministerio de Defensa Nacional y...
Entidades dependientes o relacionadas que tengan por objeto cautelar la seguridad nacional. También es la misma idea. Con la 19. La 19, claro. Sí, vamos a repetir, vamos a retirar entonces la indicación 19 y vamos a ver por la unidad de los senadores presentes la indicación 18 del presidente de la República.
Vamos entonces con la indicación número 20. Estas son nuevas letras. De su excelencia el presidente de la República, para agregar el siguiente literal nuevo: los pronunciamientos sobre los elementos a que se refieren los literales A, B, C, E, F y H del artículo 2 de la ley 17.798 sobre control de armas.
Una explicación, yo la verdad es que no comprendo bien. Y algo similar pasa en la indicación número 21 respecto del otorgamiento certificado sobre matrícula de aeronaves reglados. No entiendo por qué es que el Ejecutivo saca esto. Sí, estamos aquí viendo la ley en la que hace referencia, la 17.798, de control de armas. Entonces, puedo leer acá algunos: se refiere el literal A, que está considerado al material de uso bélico; el literal B, las armas de fuego (aunque lo expongo de modo más extenso); y el literal C, las municiones y cartuchos. Pero la idea del Ejecutivo es que no tengan plazo, o sea, la regulación está. ¿No? ¿Por qué sacarlo de acá? Yo puedo hacer un comentario general y después dejo a Camila algo más específico.
Si ustedes recuerdan, el cambio principal que nosotros hicimos en esta materia —que es lo que acaban de votar antes— es que, inicialmente, en los temas de defensa habían sectores enteros que se sacaban, o más bien, habían permisos que dependían de instituciones que se eliminaban completamente. Y lo que nosotros hicimos fue, dado que esto se planteó en muchas presentaciones y fue algo con lo que, de hecho, estábamos de acuerdo como Ejecutivo a partir de lo intervenido, que había que dejar únicamente los temas que realmente afectaban la seguridad nacional. Y eso es lo que vimos antes. Entonces, puede ser que eso lo tiene que ver y responder Camila, pero puede ser que, a propósito de aquello, después señaláramos algunos temas específicos que probablemente en nuestra conversación con Defensa se identificaron como algo que era mejor dejar fuera.
Pero, bueno. Perdón. Camila primero, y después el senador Pio para que termine la explicación del Ejecutivo.
Gracias, presidente, por su intermedio.
Efectivamente, esto se conversó profundamente con la Dirección General de Movilización Nacional, que queda comprendida dentro de los ámbitos de aplicación de la ley por tener dentro de su competencia autorizaciones que sí son relevantes para la inversión, pero se elimina, ¿no es cierto?, del ámbito de aplicación aquellas autorizaciones que son relevantes en materia armamentística y especialmente críticas para la seguridad nacional. El documento que estoy leyendo ahora está en manos también de los asesores. El literal A hace referencia a uso bélico y armas de fuego; el literal B, a dicho material; el literal C, a las municiones y cartuchos; y así sucesivamente. Entonces, no se incluyeron en esa exclusión los literales D y G, que se refieren a los explosivos y artefactos de uso industrial. Eso no queda excluido de la aplicación del ámbito de la ley y, por razones de seguridad nacional, se precisó lo que sí quedaba incluido.
Exacto. Sí, pero acá tenemos… Senador Pio, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el tema es que se incluye, no lo que se excluye. Se incluye aquello que ha sido sometido, bajo el sistema de control de autorizaciones sectoriales, a todo lo que está relacionado con explosivos —de higiene, que son materias que la industria, directamente vinculada a la minería, ha sometido a esta visualización— y no aquellas otras cosas que no tienen relación. O sea, hay una lógica detrás de centrarse en aquellas cosas que efectivamente son de competencia de esta ley. La nueva ley de control de armas tiene un sistema de trazabilidad, desde la importación hasta el control de la munición y de quiénes son los tenedores, y es un tema propio de la Dirección General de Movilización, y ya tiene el mecanismo previsto. Lo que pasa es que aquí están aquellas empresas que necesitan de medios que son controlados, por lo pronto para importar.
A futuro va a haber control de exportaciones, pero eso va a ser una comisión de comercio estratégico la que se va a encargar. Y ese es, yo creo, el espíritu de lo que tuvo la Dirección General de Movilización al precisar sobre cuáles, efectivamente, esta ley tendría atribución. Esa es la forma de poder verlo al revés: más que los que se excluyen, son aquellos que están obligados a estar dentro del sistema de autorizaciones sectoriales.
La primera pregunta es por qué se excluyen, por qué, si estamos hablando de autorizaciones y de creación de juradas, la ley regulará cómo se entrega eso, nos guste o no nos guste, pero ¿qué tiene que ver eso con que el plazo sea…? Estamos viendo cosas distintas y eso es lo que no entiendo por qué hacerlo. Perdón, senador Sanhueses, puede ser, señor Pío. Gracias, presidente.
Lo que entiendo es que desde el Ejecutivo se conversó precisamente con la Dirección General de Movilización en el sentido de que las cosas que se excluyen son las que no tienen que ver en el fondo con productividad, sino con otro tipo de aspectos; y lo que sí tenga que ver con productividad se deja dentro de los permisos. Eso es correcto.
Bien, lo vamos a someter a votación. No sé qué el senador Saavedra quiera. Señor Saavedra, ¿podemos tomar la votación o quiere mayor explicación? Estamos votando la indicación 20 y, a continuación, la 20 del Ejecutivo. Tomemos la votación.
Senador Sangüesa, Senador Saavedra, Senador Piú, Presidente:
En contra.
Aprobado por mayoría, tres a favor, uno en contra.
Bien, indicación 21 del Presidente de la República que agrega una nueva letra N relacionada con los certificados de matrícula de aeronaves regladas en el artículo 32 del Código Aeronáutico. No sé si el Ejecutivo quiere explicarnos.
Estas son las exclusiones de la Ley Marco de Permisos y Autorizaciones Sectoriales. Son 21. Presidente, por su intermedio, esto fue conversado también profundamente con la autoridad competente y lo que se deja excluido, únicamente del ámbito de aplicación de esta ley, serían las matrículas de las aeronaves, eso pensando en la seguridad del tráfico aéreo y en la importancia de que la autoridad certifique o evalúe de manera adecuada y anticipada, en los tiempos que correspondan, atendiendo los riesgos que están en juego. Eso, precisamente.
Señor Pío, muchas gracias, presidente. No me queda de duda que aquí la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene que verse pronunciada. El Código Aeronáutico es muy claro: la nacionalidad —llamémosla así—, chilena de la aeronave, es el artículo 32; es como la bandera de las naves. Entonces, por eso han estimado dejarlo fuera por la naturaleza propia del acto que ello conlleva. Ese es el fundamento que creo tiene que ver con la naturaleza.
Es que el dar territorialidad a cualquier aeronave no es menor; o sea, hay un tema que efectivamente puede ser de seguridad nacional, si es que las aeronaves, bajo la protección de la bandera nacional, hacen cosas que no corresponden. El Código habla específicamente, incluso, de que cuando el Estado toma una aeronave comercial y la convierte en aeronave de Estado, vierte en territorio nacional, y eso se hace solo sobre aeronaves nacionales. Declarar una aeronave de Estado también es parte de la misma legislación.
Si la EGAC, la que está detrás, está pidiendo esto, yo creo que tiene todo el fundamento para que sea así. Es lo que podría decir, si el Ejecutivo no tiene alguna otra información que aportar. Yo creo que aquí hay que ir con los organismos competentes que manejan el Código Aeronáutico para tratar el asunto con ellos.
Y si efectivamente viene solicitada de esa manera, sus fundamentos y sus razones tendrán. Ya, vamos a dejarla, pero yo quiero hacer un… Senador Sangüesa, quería hacerle una consulta: a mi almirante. Lo que pasa es que la plataforma no le quita la atribución del otorgamiento, ¿no? Entonces, lo único que establece es que hay un plazo determinado y eso no tiene que ver con el otorgamiento; vaya a cambiar de quien lo otorga, va a seguir siendo la DGAC la que otorga, a no ser que haya aquí información reservada que no pueda ser pública, pero en cuyo caso la misma legislación la protege. Exacto. Esto es un sistema de aprobación. Yo no veo por qué hacer todo, porque después vienen también con la Comisión Chilena de Energía, el Mercado Financiero y la FNE; las propias leyes ya protegen la información. Entonces, ¿por qué sacarlos de un sistema que funciona más rápido y con menos burocracia, si la propia ley ya establece los criterios para entregarlo o no entregarlo, si simplemente lo rechaza? No sé de qué volumen… Además, estamos hablando, no sé de qué volumen, Señor Pío, Ministro.
Muchas gracias, presidente. El Código Aeronáutico tiene 203 artículos; este es exclusivamente el artículo 32, que da la nacionalidad. Esto, y le quiero recordar a las personas, tiene que pasar por el Senado para que se le otorgue la nacionalidad. No tenemos los fundamentos a la vista de lo que la DGAC haya estimado en su momento, pero si es efectivamente solicitado por ellos, no tendría problema. Ahora, si usted quiere, puede solicitar el fundamento por el cual ellos indican que este artículo no debe estar considerado.
Hacemos la votación. Perdón, ministro, es que su pregunta es pertinente, presidente, porque usted dice: bueno, ¿por qué vienen estas excepciones? Y, más allá de la explicación, nosotros tenemos una minuta en la que se va explicando cada una a partir de las conversaciones que hubo, pero quiero hacer una explicación general acá, que va muy en línea con lo que dice el Senador Piujo por su intermedio, presidente. El Ministerio de Economía tiene el afán de que la mayor cantidad de autorizaciones entre en este sistema; esa es nuestra visión. Y nosotros, al menos, hemos identificado del orden de 400, pero van a ser muchas más, porque efectivamente lo que hace la Ley Marco es que dice todas las autorizaciones que se requieran para distintos efectos y después hace una lista de exclusiones. La forma en la que nosotros hemos trabajado esto es que vamos conversando con cada uno de los sectores, con cada uno de los servicios, y siempre los instamos, los tratamos de empujar, en buena línea, a que se metan al sistema. También dejamos un inciso en el mismo artículo 4, que les permite a cada uno adherirse voluntariamente a la plataforma Super, en caso de que quisieran participar, y eso creo que es importante. Pero llega cierto momento en que, por las distintas instituciones, por razones bien particulares y a veces también por preocupaciones o sustos que puedan tener, prefieren –y no han manifestado con fuerza– que alguna parte no se considere. Lo que hemos hecho, desde lo que hicimos en la Cámara y lo que hemos hecho desde acá, es que en general hemos ido acotando las exclusiones; es cierto que agregamos letras, pero lo hicimos porque antes teníamos fuera a las instituciones. En términos generales, no digo que en todas las letras sea así. Entonces, nosotros vamos a defender cada una de estas letras, pero no somos los expertos para hacer esa defensa; más bien, nuestra defensa es al procedimiento, a cómo construimos esas exclusiones en conversación con los servicios expertos.
Bien, tomemos entonces la votación de la indicación número 21 del Presidente de la República.
Senador Sangüesa. Senador Saavedra. Mire, voy a votar a favor, porque estamos hablando de aeronaves que son particulares, que son de personas civiles y que pueden comprar en Miami una aeronave que, aunque pueda ser fabricada en Canadá, requiere una trazabilidad que también es importante tener. Por eso es válido que la institución pública encargada, que es la Dirección Aeronáutica, deba certificar esto. Esto está conectado con otras cosas y todos lo sabemos aquí en esta mesa, en cuanto que en este ámbito se presta para servicios que no son los más prístinos.
A favor, dice el Senador Pidú.
Ahora está la Comisión de Economía, no la de Seguridad. Presidente: A favor.
Bien, aprobada por unanimidad los senadores presentes. Vamos a pasar entonces a la indicación 22.
Que se refiere al artículo 8 de la ley que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para agregar la letra Ñ, del siguiente: las autorizaciones para realizar actos jurídicos sobre los materiales a que se refiere dicho artículo. Está acotado a eso. ¿No es cierto que no quiere hacer alguna explicación? Si usted me permite, presidente, muy breve: lo que recuerdo de esta exclusión es que no afecta las actividades productivas de extracción o exploración. Esto es importante, porque la SECEN tiene una función relativa a esos temas, pero se limita a la ejecución o celebración de actos jurídicos sobre materiales atómicos en etapas posteriores, donde la SECEN finalmente debe pronunciarse. Para quienes conocen el quehacer de la SECEN y estén preocupados de que esto podría estar excluyendo definiciones relacionadas con temas productivos o de inversión, queda aclarado que, más allá de lo atómico –por ejemplo, en el caso del litio–, la SECEN únicamente opina en materia de actos jurídicos sobre materiales atómicos.
Bien, vamos a tomar la votación, entonces, de la indicación 22. Senador Sangüesa. Senador Saavedra. Senador Piú. Presidente: "Me voy a abstener". Aprobado, presidente. Tres votos a favor, una abstención.
Bien, indicación número 23, similar con la CMF. Se trata, específicamente, de los actos administrativos y demás trámites que versan sobre personas, entidades o actividades sujetas a autorización o registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para el ejercicio de su giro o actividad que sean de su competencia. Sin embargo, se trata de una exclusión amplia; es decir, aquí se está excluyendo a la CMF, la cual tendrá en su ley la forma de proteger la información, y se contempla únicamente la tramitación en la Superintendencia de manera ágil. No entiendo muy bien esta exclusión.
Un comentario general del presidente; después paso la palabra a doña Camila. Efectivamente, la CMF es un regulador de temas sensibles y funciona en sus tiempos, sin detener la inversión ni generar problemas de plazo, lo que nos motiva a realizar todos estos cambios. Es un primer asunto importante para nosotros. En segundo lugar, dada la sensibilidad –que incluso puede tener consecuencias en materia, por ejemplo, de precios de acciones o en ciertas decisiones que pueda tomar la CMF– ella nos solicitó este asunto y, desde el Ejecutivo, lo consideramos técnicamente razonable, además de estar intermediado por el Ministerio de Hacienda. Se trata de afectar exclusivamente aquello que no impacta la inversión, cumpliéndose los tiempos y con la debida cautela. Es una medida, digamos, conservadora pero razonable, y por ello pensamos, como Ejecutivo, que era importante agregar esta exclusión.
Entiendo que quizá para la Fiscalía Nacional Económica será similar. Ah, no, es específica la otra. Sí, senador Piú, después tomaremos la votación.
Gracias, presidente, por su intermedio. La redacción que figura señala actos administrativos y demás trámites que versen sobre personas, entidades o actividades. ¿Y qué entonces queda? Porque la situación resulta algo confusa: ¿se excluye totalmente o queda incluido? Resulta más sencillo decir que la CMF no estará dentro del ámbito de esta ley de autorización sectorial. Me gustaría escuchar al Ejecutivo, señor presidente, si existe algo que efectivamente quedará bajo control de esta ley.
Tiene la palabra doña Camila. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, en este punto se hace referencia a todos los actos administrativos sujetos a autorización o registro de la Comisión, que en definitiva define el ámbito de competencias de la Comisión para el Mercado Financiero. Y, considerando que se trata de sujetos regulados de una actividad altamente sensible, cuyas acciones pueden provocar efectos sistémicos y reacciones en cadena, la CMF tiene una competencia claramente definida sobre dichos sujetos regulados.
Se estimó apropiado excluirlo así. Y, tal como plantean, no respondiendo directamente a la pregunta, con esto quedarían fuera todos los actos de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, pero yo no creo que sea correcto, si me permite decir, que con esto toda la información de la CMF va a salir a la luz. Lo único que deberá hacer la CMF es asegurarse de cumplir con los estándares de esta ley, estándares de tramitación de procesos y no de entregar información. Entonces, yo no veo por qué estarían fuera, a no ser que usted me diga que la ley no tiene la posibilidad de proteger la información, pero me imagino que la ley posee esa facultad.
Bueno, vamos a tomar la votación. Voy avanzando. Indicación número 22.
23… no, no, no. 22, 23. Estoy medio ciego. Estaba mirando y veía 22, 22: Senador Sangüesa, Senador Saavedra, Senador Piu; Presidente: en contra. Empate, Presidente. Es necesario repetir la votación. Vamos a repetir entonces la votación de la indicación 23. Ahí sí la veo, si estoy aquí, la veo. Senador Saavedra… perdón, Senador Sangüesa, perdón. Senador Saavedra: voy a votar a favor; voy a retirar mi voto.
La pregunta es: ¿esto también involucra o está relacionado con la trazabilidad de la inversión? ¿Podría ser? Ministro… No, nosotros… Déjeme decirlo de esta manera: a propósito de la agenda de crecimiento y empleo, yo he estado, creo, en las 16 regiones acelerando proyectos de inversión. Nunca me he topado con un permiso de la CMF. O sea, entiendo lo que usted ha dicho, señor senador; yo también daría un argumento de ese tipo, porque la medida parece excesivamente conservadora. Si se quiere, estoy de acuerdo en eso; es muy laxa. Es cierto, es una solicitud que hizo la CMF y nosotros evaluamos que era razonable, porque también, a propósito de los principios que usted ha incorporado, hay un tema de costo-beneficio: ¿por qué vamos a hacer un trámite con la CMF si funciona bien y, en lo que a mí me ha tocado, no hay ninguna inversión detenida? No quiero ser taxativo al respecto. Esa es la postura del Ejecutivo.
Bien, entonces: votos favorables del Senador Saavedra. Secretario, ¿puede continuar con la votación? Senador Piu; Presidente: en contra. ¿Qué pasa ahora? ¿Tenemos votado a tercero? Tengo acá presente el artículo 182 del Reglamento del Senado. Doy lectura: "Producido en una…" El empate se resolverá… ¿Cómo sigue? Producido en una votación, esto se repetirá de inmediato, como se hizo. Si nuevamente se produce, se hará la proposición por desechar, si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la siguiente sesión. La Secretaría entiende que la sesión termina, la urgencia vence mañana y la discusión inmediata vence mañana. Entonces, en este y en los demás casos, ¿qué hacer para definir el tiempo de votación o la primera hora de la sesión ordinaria siguiente? Vamos a dejar esto como primera votación para mañana. Perfecto. No sé que no me guste nada de la primera votación… Sí. Bien, a ver: votación mañana, lamentablemente.
Ya, indicación número 24, señor secretario, si puede leerla, respecto a la Fiscalía Nacional Económica. Se trata de una nueva letra que queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley: las operaciones de concentración notificadas a la Fiscalía Nacional Económica, de conformidad con el Título Cuarto del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211 de 1973. Muchas gracias, secretario.
Le damos la palabra al Ejecutivo.
Presidente: Esto se refiere a operaciones de concentración, respecto a las cuales —bien parecido a lo anterior, que debe revisar la Fiscalía Nacional Económica— nunca han sido parte del diseño de nuestro proyecto. Y esa es la razón: están, digamos, fuera del foco de nuestro proyecto, que se centra en autorizaciones de inversión. ¿Algún senador quiere hacer uso de la palabra? ¿En votación? A favor: Senador Saavedra, Senador Piu. Aprobado por unanimidad.