¿Ya? Viene la unidad. Ah, perdón. En nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión. Las actas de la sesión 3 y 4 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 5 se encuentra a disposición de los señores y señoras Diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta.
Buenas tardes, presidente. Se ha recibido para la cuenta un correo de la jefa de gabinete de la Corporación de Fomento, de fecha 21 de marzo, mediante el cual se informa o confirma – perdón – la asistencia del representante legal y vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor José Miguel Benavente Ormazábal, a la sesión a la que fue invitado y que se celebrará el lunes 14 de abril.
¿Ofrezco la palabra respecto a la cuenta? Nadie.
Bueno, antes de que llegue el invitado – ya ingresó, señor Castro – y considerando que ya empezamos, vamos a tomar el acuerdo, ya que quedamos en sesionar en regiones. La primera salida o sesión de regiones debería ser en Calama, San Pedro de Atacama, lo cual coordinaré también con los parlamentarios de la región de Antofagasta para definir los invitados. Esta debería realizarse el día jueves 17 de abril, dentro del rango de la fecha que establece el plazo de origen.
¿Tomamos el acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Acuerdo.
lo que pasa es que se debería, no, yo no tengo ningún problema en el 24, pero recuerde que esta comisión termina el día 23 y de ahí tenemos que prorrogar los 15 días.
La pregunta para el secretario es la siguiente: ¿podemos darlo como aprobado? No se puede dar como aprobado, entonces siempre se da. Pero, sí, por favor, le damos la palabra.
No, tiene que darle.
Ya, vamos a llamar a informática. Sí, partimos diciendo eso.
Ahora, secretario, ¿cuándo nosotros deberíamos pedir esto? Porque no podemos antes del 27. O sea, deberíamos pedirlo, yo creo, la próxima semana.
¿Se puede pedir con mucha anticipación la prórroga? Sí, considerando el tiempo. Lo podríamos pedir a la vuelta de la distrital, es decir, el lunes 7. Ahí vamos a pedirla, y a la semana, para resolver y planificarnos bien, porque tenemos dos visitas: a la Región de Antofagasta y a la Región de Atacama, que debemos realizar.
Estamos resolviendo ahora el problema informático para dar la palabra al diputado Videla. ¡Adelante!
Diputado Videla: Gracias, presidente. Muy breve: los invitados, ¿hay fecha hasta cuándo se pueden formalizar las invitaciones para las sesiones de regiones? Ojalá lo más pronto posible, de vuelta de la distrital, idealmente el lunes 7, y que ya se traiga el listado de los invitados.
Mientras se prepara nuestro invitado con la… bueno, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Para estos efectos he invitado al ex vicepresidente de Corfo y actual director de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, el señor Eduardo Bitran Colodro, quien viene acompañado por la Dirección de Relaciones Institucionales, el señor Daniel Gómez. Bienvenido.
Eduardo Bitran Colodro, junto a don Daniel Gómez, agradece que puedan estar acá. Como ustedes saben, el objeto de esta comisión investigadora es presentar el máximo antecedente para llegar a una conclusión. Le damos una vez más la bienvenida y, si ya está en condiciones, lo dejamos con la palabra.
Ahora, Presidente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy tratando de prender el computador… Ok. Quisiera cerrar esta presentación breve y, después, estaré disponible para cualquier consulta que puedan tener los diputados. Denme un segundo para acceder acá.
Voy a ir un poquito hacia atrás en el tiempo para poder darle un contexto a la situación actual que enfrenta Chile en materia de explotación del litio, a lo que el país ha avanzado en los últimos años, y a los desafíos que tenemos por delante, los cuales son múltiples y afectan al mundo, diría yo, en esta materia.
A mí me tocó, en el año 2014, asumir la vicepresidencia ejecutiva de CORFO, y en ese rol, al llegar, era evidente que teníamos un problema en la política del litio. En ese momento, dos empresas privadas –las mismas que continúan hoy en día– explotaban el litio en el Salar de Atacama, con contratos de arriendo por parte de CORFO, contratos celebrados en los años 80. El contrato que es materia de discusión en esta comisión, el contrato con SQM, establecía un plazo de término en el año 2030. El contrato con la otra compañía era curioso, ya que no establecía fecha de término; básicamente, señalaba que mientras no se cumpliera la cuota establecida por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el contrato se mantenía vigente, lo que generaba incentivos perversos, pues bastaba con producir muy pocas toneladas para mantener ocupada la zona de arriendo.
Los contratos vigentes tenían una regalía a favor de CORFO y, por lo tanto, en beneficio del Estado chileno. A propósito de la discusión que ha habido por retiro, CORFO es parte del gobierno central, así que no existe ninguna ilegalidad en la transferencia de recursos; la discusión es de otro tipo, relacionada con el déficit presupuestario, o no, pero CORFO es parte del fisco y, en consecuencia, las regalías benefician a toda la nación. Si sumábamos los costos de transporte que había que asumir, las regalías representaban aproximadamente un 5,5% sobre la venta. Dadas las condiciones excepcionales de costo que tenía la explotación de litio en el Salar de Atacama, dichas regalías resultaban bastante bajas.
Yo mismo, como economista –en algunas épocas también académico– me dediqué a la economía de recursos naturales, y el principio es que, cuando existen recursos en los que el país tiene ventajas absolutas de costo muy significativas en relación con la oferta mundial, se produce lo que se conoce como renta económica, es decir, ganancias extraordinarias del capital.
Y la nación toda tiene el derecho de participar en forma importante y significativa de esas rentas económicas, sobre todo tratándose de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, que pertenecen a la nación y que se entregan a privados en concesión o algún tipo de arriendo, como es en este caso, ya que Corfo tenía propiedades previas al año en que se hizo no concesible el litio.
Por ello nos pareció que, junto con corregir las restricciones a la producción que establecía la Comisión Plena de Líquido Nuclear, dichas restricciones tenían su origen en un tema muy distinto, en el eventual uso nuclear del litio, lo cual obligaba a tener trazabilidad de las exportaciones para evitar que esto fuera mal usado a nivel global.
Las cuotas estaban fijas desde los años 80 y, ya en ese periodo, yo diría que a partir del 2011-2012 se observa un crecimiento muy significativo de la electromovilidad. Ya en 2014 se había consolidado como una tendencia mundial muy importante: la demanda mundial por litio derivado de la electromovilidad venía creciendo fuertemente, mientras que, por el desarrollo tecnológico, se reducía el costo de producción de baterías.
Tengo aquí datos, por ejemplo, que muestran que en 2010 el costo, o mejor dicho el precio por kilowatt hora, era del orden de mil dólares, y ya en 2014 estábamos en 320 dólares. O sea, en un periodo de cuatro años hubo un avance extraordinario a nivel mundial. De hecho, a mediados de 2015 se proyectaba que los costos de las baterías de litio llegarían a generar una paridad en el costo de compra de autos eléctricos en relación a autos de combustión interna en Estados Unidos para el año 2027.
Efectivamente, los costos siguieron cayendo, hasta que en 2021 se registró un precio en el mercado chino de alrededor de 110 dólares por kilowatt hora; sin embargo, se produjo un crecimiento muy significativo de los precios del litio, que llevó a una situación puntual en 2022, con precios de 80 mil dólares en el mercado actual.
Bueno, en 2014 nos propusimos entonces, dado este crecimiento de la demanda por litio, tratar de que Chile no pierda la posición de liderazgo que había tenido. Solo para dar un antecedente, en 2016, con una producción de 82.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, Chile contaba con el 41% del mercado mundial de litio, mientras que en 2008 tenía el 44%, pero con una producción de 27.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.
En 2014–2015 la producción se mantuvo relativamente estable, pero las empresas que tenían contratos —una prácticamente indefinido y la otra hasta el 2030— no contaban con incentivos para expandir las inversiones. Era necesario realizar inversiones cuantiosas, de cientos de millones de dólares, para poder producir carbonato de litio de grado técnico, grado batería o hidróxido de litio, y no existía ese incentivo, si se tenía en cuenta el ritmo de producción que tenía SQM en ese momento.
Por el 2023 se iban a quedar sin cuotas y, por lo tanto, no iban a poder producir. Nosotros, desde esa posición privilegiada que teníamos en el mercado mundial, veíamos que Australia estaba invirtiendo a una tasa aceleradísima en la minería del litio. Para referencia, en 2016 Australia tenía una producción de 66.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, mientras que en 2019 alcanzaba las 223.000 toneladas; en tanto, Chile se mantenía en torno a los 90 y tantas mil toneladas. ¿Y por qué? Porque el proceso de inversión no es inmediato, toma tiempo.
Hicimos una estrategia para lograr dos objetivos: primero, aumentar nuestra producción y capacidad de procesamiento mundial en el mercado del litio; y segundo, apoyar el proceso de la electromovilidad, conscientes de que existía una relación muy directa entre el desarrollo de la electromovilidad y la electrificación en la demanda de cobre. De esta forma, al implementar esa política, también estábamos impulsando el aumento de la demanda de cobre, dado que Chile era demasiado importante en el mercado mundial de baterías.
Iniciamos las negociaciones con Albemarle, proponiéndonos dos metas: primero, establecer una fecha de término al contrato y condiciones que otorgaran a CORFO la facultad de decidir si renovar o licitar el contrato, condiciones que antes no existían; y, al mismo tiempo, definir regalías que, considerando que el costo de producción del litio en Chile era del orden de 3.000 dólares la tonelada, permitieran –en escenarios en que el precio ascendiera, por ejemplo, a 6.000 dólares la tonelada o incluso superara los 10.000 dólares en situaciones de escasez– que Chile pudiera participar significativamente de las rentas económicas.
Así se estableció una tabla o esquema de regalías que partía entre 0 y 4.000 dólares en 6,8, que era el nivel existente en ese momento. Este valor se aplicaba sobre un precio nominal de 10.000 dólares la tonelada, sin reajuste con el IPM de Estados Unidos, de modo que la regalía en términos reales iba aumentando con el tiempo, alcanzando hasta un 40% de incremento. Dicho 40% se aplicaba sobre el impuesto específico que existía en ese momento para la minería, siendo este un producto minero.
Negociamos primero con Albemarle, en una negociación compleja en la que uno de los temas importantes era generar posibilidades para desarrollar valor agregado en Chile. Por ello, se estableció una cláusula en la que CORFO podría determinar que hasta el 25% de la producción se asignara a productores especializados en productos de valor agregado.
En su oportunidad, realizamos un análisis comparativo de las regalías y de la tributación efectiva que implicaba el acuerdo generado con Albemarle, y posteriormente lo comparamos con la situación actual que se establece con Codelco, para precios de 10.000 dólares la tonelada, siendo la participación cercana al 53–54%.
Y eso se comparaba con los estándares internacionales, en que las tasas de tributación efectiva más altas en minería no superaban el 45%. Para precios de 20.000 dólares a tonelada, la tributación efectiva llegaba casi al 60%.
Una vez concluidas las negociaciones con Aldemarle, dicha empresa dio inicio a la construcción de una planta de 40.000 toneladas que tuvo un costo del orden de 300 millones de dólares, según recuerdo, lo que le permitiría aumentar su producción.
Nos abocamos entonces a la negociación más compleja que estimábamos: la negociación con el CQM. En este proceso, nos esforzamos en que las condiciones acordadas con Aldemarle fueran similares a las que podríamos generar con el CQM. Y lo que ocurrió, en una situación compleja y difícil, fue que se descubrió el financiamiento ilegal de la política, donde la empresa SQM había tenido un rol especialmente activo en esa ilegalidad. Esto, sin duda, nos puso en una situación complicada, ya que debíamos negociar con una empresa cuestionada por su comportamiento ético y que, además, infringía normas tributarias constitutivas de delito.
El tema se complicó aún más porque los tribunales de justicia chilenos no actuaron, al requerir la emisión de las boletas respectivas, una decisión que correspondía al Servicio de Impuestos Internos. Teníamos una situación bastante extraña, en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por corrupción a esta compañía con aproximadamente 30 millones de dólares, generándose así una suerte de impunidad a nivel nacional. Esto hacía muy difícil el poder negociar.
Pero cuando las personas se encuentran en una situación de decisión política, deben ser capaces de sopesar el interés general de la nación y la visión de largo plazo del país, en contraposición a los aplausos de corto plazo. En ese momento, decidimos seguir adelante con la emergencia. Sin embargo, quisimos dar una señal en el sentido de que el infringir las normas éticas básicas en el funcionamiento de las compañías no era algo sin consecuencias, y que debía haber una sanción moral. Por ello, establecimos en el contrato —que fue el tema más difícil de negociar— la exclusión de que Julio Ponce Lerú siguiera siendo directivo de SQM. Dicha cláusula estará vigente en el contrato de arriendo hasta el año 2030.
Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Finalmente, llegamos a este acuerdo. Hubo un intento —ustedes deben acordar más de alguno— en el año 2018, cuando ya no estábamos en el gobierno, de volver a integrar a la empresa.
el cual fue drásticamente sancionado por el mercado, y eso no se hizo efectivo. Termino muy duro. Sí, ¿quién? ¿Dos minutos para echar la pregunta? Ya, sí, ok. No, pero es muy bueno este análisis. Tiene que ver con lo que viene.
Y lo que sabemos que ocurrió es que se implementó el contrato, lo implementamos en febrero del 2018, hubo un periodo de aumento de precios, en que el precio promedio de esta compañía llegó a 50 mil dólares la tonelada, y el ingreso del fisco pasó a ser 2% del PIB el año 2022 (1,9% del PIB si tomamos todos los iguales). Felizmente, previmos, digamos, una situación en que, si los precios subían, podíamos llegar a este caso.
El año 2023 me presenté a un concurso de directores independientes de Codelco. El nuevo gobierno corporativo le da al directorio una autonomía y lo hace, además, con directores independientes, y a través de la alta dirección pública fui nombrado director de Codelco.
El gobierno, una vez que ya estaba dentro de Codelco como director, a partir de marzo del 2023, anunció la Estrategia Nacional del Litio, con posterioridad, en abril del 2023. El presidente y el directorio llevaron a consideración del directorio el eventual contrato, que implicaba el poder de firmar un contrato con Corfo, el cual le daría a Codelco el rol de, en estos salares definidos como estratégicos en que el Estado debería tener el 50 más 1 de las acciones, ser el encargado de implementar esa política.
El directorio, por unanimidad, existiendo directores independientes que han sido cogidos en distintos gobiernos —incluso en el gobierno de Piñera II—, decidió que esto era beneficioso para Codelco, pero también para el país.
En primer lugar, yo mismo tengo mis notas y mis exeles, y calculo la tasa de tributación efectiva a distintos precios. Entonces, a un precio de 20.000 dólares la tonelada, que es un precio de largo plazo razonable, la tributación efectiva, que era de un 59% según el régimen vigente que a mí me tocó negociar, subía a un 79%, la más alta tributación efectiva de un recurso natural no renovable en el mundo. Por lo tanto, en mi opinión personal, cuando se llevó esto al directorio, no hubo duda de que era tremendamente beneficioso tanto para el Estado chileno como para Codelco.
El directorio le pidió al presidente conformar una comisión para supervisar la constitución y suscripción de un MOU, y se nombró a Pedro Pablo Razzuri y a mí como integrantes de esa comisión. Con cierta frecuencia, cada 15 días, nos juntábamos con el presidente del directorio, quien nos informaba del avance de las negociaciones en aquellos temas que eran sustanciales; además, informábamos una vez al mes al directorio del avance de dichas negociaciones. Finalmente, cuando se tuvo un borrador de memorándum de entendimiento suscrito, el directorio lo aprobó por unanimidad.
Ok. Creo que ha sido bastante clara su exposición. Me interesaba saber: usted tiene dos roles en este tema, uno como vicepresidente de Corfo y luego como director de Codelco, y en la actualidad, cuando se firma este contrato memorándum, vamos a hacer preguntas.
Yohana Humada, diputada, y después el diputado Calixto. Adelante.
La tecnología nos tiene mal, de a poco. Gracias, presidente.
Bueno, agradecer la ilustración, el recuento histórico de lo que nos acaba de hacer presente, don Eduardo Bitran Colodro. Creo que es importante que quede claro que esta Comisión Especial Investigadora busca, en particular, el acuerdo de SQM por el tema del litio. Y acá lo que necesitamos saber específicamente, sabiendo que llegamos tarde a la carrera del litio y que la tonelada de litio va a la baja, ¿por qué no hay una licitación? ¿Por qué el trato es directo con SQM, cuando no sabemos efectivamente si estos valores realmente son los correctos? Se ha hablado y se ha venido a exponer que se contrata a un banco especialista en estas transacciones y que, de acuerdo con ello, este es el mejor contrato. ¿Cómo puedo saber si es así? ¿Cuánto es lo que realmente SQM paga al Estado a través de Codelco por este acuerdo? Entre el beneficio que se obtiene por firmar el acuerdo, entre suma y resta, eso no constituye un neteo; en otras palabras, no le gana al Estado, sino que es SQM quien sale beneficiado. Por ello, es importante transparentar el origen de este acuerdo y determinar cuáles son, en definitiva, las ganancias, ya que ese es nuestro rol fiscalizador en materia de recursos públicos, de los recursos de todos los chilenos que están en COEX.
Por otro lado, se ha mencionado el tema del neteo y, si efectivamente hay ganancia, insisto, cuando hablamos de estos acuerdos uno tiende a pensar en la proyección que se extiende desde el año 2030 al 2060. Esa proyección, que hoy en día todavía no se concreta —porque estamos atrasados en el acuerdo y no tenemos certeza—, no nos cuadran los cálculos. Insisto, existe una baja en la tonelada del litio. Entonces, se nos cuenta una historia, pero falta lo más importante: el futuro de este acuerdo y su proyección. Yo creo que eso es lo esencial. Gracias, presidente.
Muchas gracias, presidente.
Primero, saludo a don Eduardo Bitran Colodro, a quien acompaña, y a quien todos conocemos por su vasta trayectoria en nuestro país, tanto en el servicio público como en las empresas del Estado. Agradezco que esté presente en esta comisión.
En segundo lugar, quisiera referirme a la parte final que él señaló, particularmente al rol que tuvo Corfo cuando cedió los derechos a Codelco, para que esta se convirtiera en la política de una mesa de extensión del contrato con SQM, que nosotros conocemos, a propósito de lo que mencionaba sobre los salarios estratégicos. La duda que tiene esta comisión –y por la cual nace– tiene que ver, en particular, con que hoy en día en Chile hasta para comprar sillas se deben realizar licitaciones públicas para adquirir café, muebles, computadoras, etc. Todo se licita, lo cual está muy bien, pero resulta que este criterio, tan bien aplicado en Chile, no se aplicó para el contrato más grande de la historia del país, a propósito del litio. Eso genera muchas dudas en nuestro Congreso respecto a cómo se abordó este tema: ¿por qué hubo ausencia de licitación? Hemos escuchado la opinión formal de Máximo Pacheco, quien indica que esto se argumenta, en definitiva, en dos aspectos: primero, en evitar un valle productivo entre SQM y una eventual adjudicataria; y, en segundo lugar, en las ventajas económicas, que fueron precisamente lo que se calcularon y las orientaciones que se entregaron.
Morgan Stanley, para avalar una negociación directa. Por lo tanto, presidente, ¿cuál es la preocupación o las dudas razonables que tenemos en este Congreso? Que nosotros no conocemos, ni nadie conoce, las conclusiones, los detalles del contrato, la cifra, ni las sugerencias que realizó Morgan Stanley para el Estado. Hay que decir una cosa: un acuerdo, una asesoría pagada con fondos públicos. Entonces, yo quiero preguntar, lo primero, presidente, que don Eduardo, en su calidad de director de Codelco, si él tuvo acceso al informe de Morgan Stanley que permitió finalmente este acuerdo, o si este fue reservado o tampoco lo conocieron los directores de Codelco. Eso es lo primero que quiero que nos pueda responder: si él conoció los términos del contrato.
Ahora, también le pregunto, como destacado funcionario público, si, don Eduardo, ¿qué le parece que un prestador de servicio imponga a los mandantes, es decir, al Estado, la confidencialidad de los términos de este informe? Es lo primero, presidente, respecto de Morgan Stanley.
Y lo segundo, respecto del acuerdo Codelco-Sokimichi. Quiero consultarle, como integrante del directorio, si tuvo acceso a detalles del contrato completo, porque hoy día resulta que hay una gran oscuridad, por así decirlo, respecto de los términos de este contrato, que por lo menos el Congreso no conoce; no hemos tenido acceso a conocer sus alcances y detalles. Y ahora, cuando nos dicen respecto de Morgan Stanley, de las conclusiones, tampoco conocemos nada, por lo que nos parece todo tan raro, con una sombra de oscuridad, que finalmente no logramos entender. Entonces, para ver si usted nos puede esclarecer a los integrantes de esta comisión, don Eduardo, por qué tanto secretismo en algo que es tan estratégico y tan importante para el país.
Gracias, presidente.
Gracias, diputado Calixto.
Bueno, yo igual tengo algunas preguntas. Todos sabemos que usted fue impulsor de un buen acuerdo con Soquimich y Albert Marley, y es por eso que nos llama la atención, primero, cuando usted dice que participó en una mesa, integrante de otro directorio, pero no participó en la negociación propiamente tal. ¿A qué cree usted que se debe que no lo invitaran a esta negociación, cuando usted ya tenía una tremenda experiencia de haber realizado este acuerdo, este contrato, siendo vicepresidente de la Corte?
En segundo lugar, usted hablaba de los pagos de impuestos específicos a la minería. A Bermález se le paga sin problema, pero Soquimich declara dichos pagos y, a la vez, interpone una demanda de inmediato para que estos no sean cobrados. Y todos sabemos que hay cerca de mil millones de dólares que Soquimich le debe al Estado real.
Luego, dentro de su contrato, don Eduardo Vitrán —contrato que usted firmó— se establece: "Corfo se obliga a realizar su mejor esfuerzo para iniciar un llamado a licitación pública o el procedimiento de contratación que corresponda para la celebración de un acto o contrato destinado a la explotación de las pertenencias, a más tardar el día 30 de junio del año 2027 y resolverlo a más tardar el día 30 de julio del 2029. Salvo un evento de fuerza mayor, la sociedad se obliga a dar todas las facilidades y permitir el ingreso de tanto Corfo como de terceros interesados en el proceso de licitación." Es parte, estoy sacando un extracto. Entonces, cuando el señor Pacheco dice —lo dice acá, lo dijo la propia Comisión de Minería— que prácticamente Soquimich le puso una pistola en el pecho para decirle: "Si no negocia con nosotros, esto se transforma en un valle productivo y le dejamos seca la piscina", entonces, usted, siendo parte del directorio de Codelco, ¿cómo no alertó, diciendo que aquí había un contrato con Corfo? A lo mejor me van a decir que ahora ingresa Codelco, pero bueno, es el Estado, entregando en la misma potestad de lo que tenía esta base.
Lo otro… eh… cuando se está hablando de Ponce Lerú, que es otro tema, usted lo dejó bien claro, que no podía hacerlo por razones éticas, por el financiamiento ilegal a la política.
Una condena a pagar 30 millones de dólares por parte de la justicia de Estados Unidos, ahora se cambia y ahora los familiares directos de Ponce Lerú, es decir, los nietos de Augusto Pinochet, pueden entrar al directorio, porque ahí no solamente decía que era Ponce Lerú quien no podía pertenecer al directorio, sino que tampoco sus descendientes directos, en este caso los hijos. Y ahora, con este nuevo acuerdo –porque el contrato sabemos que todavía no se firma y espero que no se firme–, se abren muchas interrogantes, como lo expresaron los parlamentarios.
Lo que más a nosotros nos llama la atención es el siguiente: ustedes pueden haber hecho cientos de análisis, considerando que, a lo mejor, la tributación implicaba que podíamos obtener más ingresos; pero, ¿con qué se comparaba lo que decía la diputada Ahumada? Ahora, Usted, siendo parte del directorio, ¿estas cosas no le llamaron la atención? ¿Este acuerdo de confidencialidad que firma con Morgan Stanley, o sea, por qué tiene que haber un contrato confidencial del que solamente tenga conocimiento una parte? Ustedes, como integrantes –y reitero la pregunta que ya formuló el diputado Calixto–, ¿sabían de este acuerdo? ¿No tenían idea del contrato? ¿Sabían cuánto Morgan Stanley le vendió realmente? Quiero dejar esta primera parte de la consulta, ya que después seguramente surgirán más preguntas.
Le damos la palabra a don Eduardo.
Ahí sí. En el año 2016 llegamos a la conclusión de que era urgente contratar un estudio hídrico de toda la cuenca de Florida. Se contrató a una empresa internacional, Amphos 21; no queríamos una empresa chilena por miedo a que hubiera influencia. Y se nos entregó, en 2017, un resultado extremadamente preocupante. Nosotros habíamos creado la comisión, el Comité Corfo Minería No Metálica y de Gobernanza de Salarios, donde participaban la DGA, el Ministerio de Medio Ambiente y otras reparticiones públicas, y se llegó a la conclusión de que existe un déficit en la cuenca del Salar de Atacama, al 2018 estimado entre 1.450 y 1.600 litros por segundo de extracción de agua.
Esto no solo tenía que ver con la industria del litio; más bien, la principal responsabilidad la tenía la minería de cobre. Es por ello que se inició toda una gestión por parte del Estado, primero con Escondida y luego con Saldívar, para extraer agua del Salar de Atacama. Y, efectivamente, el déficit se redujo en un poco más de mil litros por segundo, pero se mantiene debido a las actividades tradicionales que existen, sumado a que lo que se extrae se evapora, generando un déficit muy importante.
Disculpen, Eduardo, aquí tenemos tiempo limitado. ¿Sabe qué? Me gustaría que fuera directamente a contestar las preguntas.
—Sí, por favor.
Bueno, el tema es el siguiente. La actividad productiva del litio, tal como se viene desarrollando hasta ahora, no puede seguir siendo implementada de la misma manera. No puede seguir utilizándose estas tecnologías que son altamente intensivas en el uso de agua, y es necesario hacer un cambio tecnológico que permita ahorrar recursos hídricos significativos. Estamos hablando del desierto más seco del mundo, de la zona más extrema de escasez hídrica del planeta. El problema –y esto nos quedó claro de manera rápida– es que las tecnologías alternativas...