Cámara de Diputados - Trabajo - 24 de marzo de 2025

El acta de la sesión número 151 se da por aprobada y la sesión número 152 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos: 1. Un oficio de la señora Administradora Pública, por el cual se remite respuesta a oficio de la Comisión e informa acerca del cumplimiento de la normativa laboral y los contratos asociados, las acciones realizadas por ese Ministerio ante las denuncias presentadas por los trabajadores y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de sus derechos laborales, todo esto en el marco de la construcción del Puente Chacao. 2. El correo de la señora Angélica Blanca Vergara, en el que se exponen casos de vulneración de derechos fundamentales. En dicho correo se plantean los inconvenientes de plazos constatados en la aplicación práctica de la ley CARIN y se da a conocer algunos casos, solicitando que la Comisión realice una modificación a la ley para que los plazos puedan ser determinados a contar del incumplimiento de las medidas reparatorias pactadas, dado que en caso contrario ningún trabajador o trabajadora obtendrá los resultados que la ley CARIN quiso resolver. 3. Una carta de la Asociación Gremial de Marcas del Retail, que reúne más de 80 marcas del comercio minorista, en la que se comunica el designado del señor Andrés Bogolovsky como nuevo presidente de la organización. Asimismo, reafirman su compromiso y disposición para colaborar con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y esperan continuar trabajando de manera conjunta y colaborativa para abordar los desafíos que plantea la reactivación económica, el comercio electrónico, la seguridad del comercio y el combate al comercio informal, con el objetivo de dinamizar la economía y construir un mejor país para todos. 4. Por último, se recibe un pareo acordado para la sesión del día de hoy entre el diputado señor Juan Santana y el diputado señor Mauro González. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta; se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Sandón: "Gracias, Presidente. Como sugerencia, no sé si podríamos acordar que, dado que el Senado, a través de la Comisión de Trabajo, llevará a cabo una acción en la que la ministra Jara expondrá cómo será la implementación de la reforma de pensiones, el mismo ejercicio podría realizarse aquí. Esto, considerando las diferentes comisiones que se tienen que poner en marcha, los proyectos de ley que se deben presentar y la cantidad de instrucciones que hay que dictar. Me parece que, dado que tuvimos este tremendo proyecto, iríamos hacia el mismo ejercicio que está haciendo el Senado durante esta semana. Gracias, Presidente." Diputado: "Gracias, diputado Sandón. Me parece una buena idea para convocar a la ministra a vuelta de la semana, ya que efectivamente hay varios instrumentos infralegales que deben ser despachados para que se implemente la reforma. ¿No hay más puntos? Bien, entonces suspendemos unos minutos esperando al subsecretario. Gracias." Suspendemos.

¿Se reanuda la sesión? La presente sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas. Para estos efectos se ha invitado al señor Giorgio Boccardo Bosoni, subsecretario del Trabajo; a la señora Mónica Zalaquett Said, Presidenta Ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo Chile –quien comparece telemáticamente–; y al señor Alonso Gallardo, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile (AMTC), a quienes damos la bienvenida. En primer lugar, se tratará un tema reglamentario. Para comenzar la discusión de esta sesión, se ofrece la palabra al subsecretario de Trabajo, don Giorgio Boccardo Bosoni. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Como Ejecutivo, queremos exponer brevemente nuestro balance de un trabajo colaborativo realizado en los últimos meses a propósito del proyecto de ley de salvavidas que presentó el diputado Cuello, en conjunto con varios parlamentarios, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de nuestros salvavidas en Chile. En ese sentido, voy a presentar primero el trabajo que realizamos. Se trata de un esfuerzo similar al llevado a cabo en otros proyectos, como el de ley de buzos o el de ley de recolectores, proyectos que, aunque acotados a un sector en particular, evaluamos como pertinentes de abordar, ya que juegan roles relevantes para el país y están expuestos a riesgos y condiciones laborales particulares que ameritan, en ocasiones, una legislación especial. Posterior a la presentación del diputado Cuello, que buscaba abordar diversas condiciones laborales de los salvavidas, como Ejecutivo convocamos a una mesa de trabajo con organizaciones de salvavidas de distintos sectores del país, organizadas bajo diversas figuras: desde la figura sindical, como es el caso en la región de Valparaíso, hasta asociaciones de salvavidas profesionales. ¿Qué observamos en esa primera instancia? Se identificó la ausencia de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, así como el incumplimiento de normativas básicas en materia de contratos, jornadas e implementos de protección personal. En muchos casos, el sector se sentía desregulado, debiendo cumplir funciones variadas según el lugar en el que se encontraran e incluso asumiendo responsabilidades propias de la seguridad y el orden público. En ese contexto, nos comprometimos, primeramente, a revisar el proyecto de ley y, en segundo lugar, a abordar desde los distintos servicios del Ministerio del Trabajo y Previsión Social las cuestiones que correspondían ser tratadas de manera urgente.

La vía administrativa, como ocurre muchas veces en este tipo de proyectos de ley y en otros que abiertamente requerían de algunos elementos específicos para ser abordados. Dentro de estas materias, y durante el verano, y entiendo por su intermedio, presidente, que estuvo el Director del Trabajo la semana pasada exponiendo sobre planes de fiscalización que realizamos en el sector, donde se constató a lo largo de todo el país distintas infracciones. También una de las cosas que pudimos constatar fue que existían diferencias muy significativas dependiendo de si este tipo de trabajos estaban organizados por las municipalidades o bien por algunas concesionarias; variaba muchísimo de concesionaria en concesionaria la forma en que se llevaba a cabo la actividad. En general, lo que nos transmitían las organizaciones de salvavidas era que, cuando el servicio estaba administrado bajo la jurisdicción de un municipio, las condiciones laborales tendían a ser más ventajosas en comparación con aquellas organizadas por concesionarias. De todas formas, nosotros, pesquisando en terreno –y creo que cualquiera de ustedes que ha podido estar en los litorales durante el verano–, probablemente ha encontrado diversas dificultades en los lugares donde se desarrolla el trabajo. Entenderán que esto tiene un doble propósito: por un lado, garantizar condiciones de seguridad y salud para los trabajadores que exponen su vida al ejercer su labor; por otro, un buen o mal resultado de dicha labor incide también en la seguridad de los veraneantes y de las personas locales que hacen uso cotidiano de playas, lagos, piscinas, entre otros. Este es un sector laboral que, en general, ha tenido poco énfasis por parte de la normativa laboral y de los Servicios del Trabajo. Había un antiguo dictamen a propósito de un concesionario de piscinas en la Región Metropolitana, pero en general no es un sector que tenga la tradición de estar organizado laboralmente ni en el que se realicen fiscalizaciones de forma regular, en parte porque este ha sido un ámbito en el que generalmente se ha desarrollado Directemar, la entidad que vela por el cumplimiento de la seguridad en nuestras costas, pero también porque era un sector quizá no observado por otros actores. En ese contexto, como Ministerio constatamos que efectivamente este es un proyecto que genera una discusión necesaria en un sector que, si bien en términos de número es acotado y opera en meses específicos del año, nos parece fundamental establecer condiciones de seguridad y salud para el ejercicio de la labor de salvavidas. Además, tras el trabajo realizado en el verano, nos encontrábamos en condiciones de preparar a nuestro cuerpo de salvavidas para la próxima temporada. Por lo tanto, también estamos considerando la posibilidad de que, si avanza un proyecto como este, se garanticen ciertas condiciones de seguridad y salud, de capacitación y otras medidas de resguardo. En ese sentido, señalamos que el proyecto incluye, al menos, indicaciones que se orientan en tres direcciones: la primera, en una definición inicial de la labor del salvavidas –esto, en la misma lógica de que, si bien están sujetos a las condiciones generales del Código del Trabajo, entendemos que existen características específicas que posteriormente se complementarán con reglamentos dependientes de Directemar, similar a lo realizado en la labor de buzo, en la medida en que se definen en el Código del Trabajo medidas de protección personal y condiciones que deben cumplir quienes organizan y prestan el servicio de salvavidas. En segundo lugar, también creemos que es fundamental avanzar en el reconocimiento de la labor de salvavidas y para eso también…

posiciones especiales al reconocimiento del acceso a la certificación de competencias laborales. En tercer lugar, también nos parece que, en este caso, Directemar, que además está con la cual estamos trabajando, obviamente una propuesta como esta, es la que finalmente acepta o dota las plantillas iniciales, las dotaciones iniciales con las que se tienen que llevar adelante las concesiones, porque cuando un concesionario toma la concesión de un determinado litoral no solamente garantiza ciertos servicios mínimos que tienen que establecer para las personas que acuden a recrearse, sino que también determinadas dotaciones mínimas. Y esas tienen que estar garantizadas por el período, obviamente, que dura la temporada de prestación del servicio. Además, establecemos algunas condiciones y reglamentos que permitan diferenciar de manera muy clara algo que ya hemos contratado en otros sectores asociados al litoral; es decir, si bien Directemar tiene la posibilidad de fijar cuáles son las condiciones de los salvavidas, todos los aspectos laborales deben derivarse finalmente a la Inspección del Trabajo respectiva, generándose este círculo vicioso en el que ni Directemar ni la Dirección del Trabajo se hacen cargo de aquello. En ese sentido, y para finalizar, valoramos de manera muy positiva que se haya abierto la discusión a partir de este proyecto de ley. Hicimos, como les decía, un trabajo importante con las organizaciones de salvavidas, pero sobre todo un trabajo en terreno que nos ha permitido constatar que muchas de las denuncias sobre las condiciones en las cuales se desarrollan son efectivas. Hay varios hechos de connotación pública, acontecidos también en el verano, que así lo acreditan y donde, lamentablemente, la primera línea –la que finalmente pone el rostro y debe hacer cargo de estas condiciones– está compuesta en muchas ocasiones por los salvavidas, no solamente en el litoral costero, sino también en el lago, en el río o en piscinas. Por lo tanto, nos parece que es un sector que necesariamente debe ser protegido. En ese contexto, al menos como Ejecutivo, se cuenta con la disposición, en el momento que esta comisión lo estime conveniente, de poder establecer indicaciones que contribuyan de manera objetiva a los propósitos iniciales planteados en el proyecto y, sobre todo, que se articulen con distintos organismos del Ministerio y también del Ministerio de Defensa y de Trabajo, para abordar la situación que enfrentan nuestros salvavidas y, por ende, garantizar –a través de ciertos mínimos laborales– que puedan ejercer su trabajo en condiciones adecuadas, garantizando además la seguridad de nuestros bañistas en todo el país. Eso es, presidente, lo que puedo informar y quedo a disposición de la comisión para preguntas y detalles que así lo requieran. Gracias. Gracias, subsecretario, por su exposición. Ofrezco la palabra, en primer lugar, al diputado Héctor Ulloa y, posteriormente, al diputado Sandón. En la misma línea que consulté por su intermedio la semana pasada al director del Trabajo, si bien éste no quiso autoarrogarse las facultades del Ejecutivo propiamente tales, aprovecho para preguntarle hoy de manera directa a la autoridad política: en lo personal, soy partidario siempre de los contratos especiales de trabajo cuando las normas del derecho común no alcanzan, no se satisfacen y por tanto se hace necesario establecer un contrato especial de trabajo –lo vimos con los extractores de basura, los trabajadores recolectores de basura, los buses, etc.–. Entonces, esa es la primera pregunta: de acuerdo al criterio del Ejecutivo, ¿las normas del derecho común no alcanzan para regular el trabajo de los salvavidas y por ello se hace necesario un contrato especial de trabajo? Se debe dejar establecido eso para no crear una suerte permanente de contratos especiales, pues la idea, obviamente, no es esa. En segundo lugar, a propósito de ello, el director del Trabajo señaló la semana pasada que había establecido un programa especial de fiscalización cuyos resultados aún están en curso, aunque no se habló de una serie de multas que se estarían cursando, etcétera. Por lo tanto, mi otra consulta es: ¿la fiscalización va a mejorar –o los resultados de la fiscalización – mejorarán con el establecimiento de un contrato especial de trabajo para los salvavidas? Porque, si la fiscalización o sus resultados no mejoran producto de ello, ¿cuál es la necesidad de establecer un contrato especial de trabajo en esta materia? Y, en tercer lugar, respecto de las indicaciones que emitirá el Ejecutivo, de las cuales hizo mención el subsecretario por su intermedio en general, me llama también la atención…

Hay que ponerlo aquí: Chile no es el mismo, de norte a sur. En el artículo 152, sección D, se establece que la duración del contrato será, como mínimo, de tres meses o por la temporada estival. Eso es normal en regiones habituales, pero, por ejemplo, en la zona sur –me refiero a Puerto Montt, Aysén y Magallanes– la temporada de verano, con suerte, dura dos meses. Entonces, coloco ese punto, porque, obviamente, Chile no es uniforme, sobre todo en materia de temporada estival. Gracias, diputado Boyúa; diputada Jiménez, gracias, presidente. Tengo entendido que esta conversación continúa todavía con Directemar; no vamos a estar presentes hoy a las indicaciones que estaría haciendo el Ejecutivo, sobre todo en cuanto al tema de las certificaciones de las competencias laborales, ya que ellos son los que, al final, tienen mucho que decir. Por eso, mi pregunta es si la conversación continúa antes de que tengamos un texto definitivo, sobre todo porque, de lo que conversamos, se resolvieron muchas preguntas, pero el tema era el tener distintas licencias de acuerdo a si eres de piscina, de lago, de playa cerrada o de playa correntosa, ya que se criticó que a todos los preparaban en el mismo lugar y luego se debían adaptar a distintas circunstancias, sin considerar además los años de experiencia. Gracias, diputado Sandón. Diputado Cristian Lave, gracias, presidente. Más allá de lo que manifesté la semana pasada –saludo al Ejecutivo, a las visitas y a quienes están en la sala, en especial a don Pedro–, lo que sucede es que pedí que la Biblioteca del Congreso Nacional hiciera un comparado, el cual entiendo se está trabajando rápidamente, para ver cómo se hace en otras partes del mundo. El tema de los salvavidas, como bien dice la palabra, literalmente salvan vidas. Pero hay que entender, también, subsecretario, por su término, presidente, que este proyecto, a buena hora, nos permite cuestionar la conversación en torno a que no se trata sólo del tema laboral –no es solo si van a trabajar 8 o 12 horas, o si van a estar en una playa o en otro lugar–. Yo creo que lo que abre este debate es la precariedad en la que se encuentran hoy día los salvavidas, en cuanto a sus condiciones y facultades. Cuando, en los años 90, se empezó a crear el cuerpo de seguridad municipal, hoy día ello es importante, pero también existen vacíos legislativos tremendos, sobre todo para resguardar la vida de estos trabajadores. Porque, actualmente, un funcionario municipal –ustedes, representantes de las municipalidades, ya sean de derecha o de izquierda–, encargado de la seguridad, básicamente no puede asumir esa responsabilidad, dado que entendemos que la seguridad está, en monopolio, en manos de la Policía. ¿Por qué? Porque, al hacerlo bien de una sola vez, se evitarían tantas desigualdades. Entonces, yo creo que este proyecto de ley, si al Ejecutivo le interesa, debería ser patrocinado en su totalidad, sentando un nuevo proyecto en el que no solo se incorpore en el Código del Trabajo, sino también se contemple en el tipo de capacitación, como lo manifestaba la diputada Sandón por su intermedio, considerando que hoy día son varios ejes. Salvar vidas es lo importante, y lo comenté en mi intervención de la semana pasada, cuando tuve ocasión de ver a tres o cinco salvavidas actuar, salvando a personas, desde una niña de cinco años hasta un señor. A mí me ha tocado salvar vidas; llegué a tener que pedir una tabla a una persona para poder entrar y ayudar, y luego se llama a la ambulancia, siendo todo un procedimiento. Además, existe otro tema: Chile es pura costa, distintas costas, pero pura costa. En el tema de las aguas confinadas, un salvavidas funciona de otra manera; en cada playa, en función del número de bañistas, debe haber un salvavidas asignado a un espacio específico, de modo que, si hoy es bandera roja, mañana sea azul, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué lo planteo de manera tan extensa? Porque finalmente, subsecretario, no sacamos nada con darle ocho…

12 o 15 horas con los del caso correspondiente, etcétera. Tú tienes que ser profesional. Si nosotros recorremos partes del mundo en donde el turismo se basa en la playa, o sea, a la playa va el turista, hay comercio y también hay comercio ilegal, básicamente. O sea, hoy día en Bahía Inglesa pasan vendiendo mojitos; pasan vendiendo ceviche. Y eso, el salvavidas, de buena manera, le dice: “¿Sabe qué? Por favor, no; pero él no es la autoridad.” Entonces, le estamos entregando, estamos debatiendo sobre una entidad que, básicamente, hoy día está a un pato cojo, en donde después se puede transformar en un problema. Entonces, transformémoslo, secretario, o sea, subsecretario, ya que usted es ejecutivo, tome esto y hágalo más robusto, porque debería existir la escuela y Directemar no puede estar mirando por un ojo, por el otro. Además, el salvavidas, que no solo se usa para la temporada estival, sino también en invierno, debiera ser una oportunidad laboral en donde el gallo se profesionaliza, se educa, se perfecciona y, además, tiene trabajo. Entonces, tomando en cuenta que hoy día tenemos un gran problema en el mundo laboral, esto es una oportunidad. Pero si el Ejecutivo va a traer las indicaciones, en enero del próximo año fracasamos nuevamente. Entonces, creo que esto es de los pocos proyectos que el Ejecutivo puede traer para acá y podemos sacar un gran avance, pero en su máxima dimensión y no entre bosques, y saquemos esto porque el diputado Cuello a buena hora lo pone en la mesa con otros parlamentarios como moción. Pero esto, subsecretario, yo creo que de verdad debería ser un mensaje del Presidente de la República para poder generar mejor, más trabajo, más profesionalismo, más oficio y, a la vez, sacar a Chile también de la decadencia en la que está, y además es puro turismo. Gracias, diputado. Entonces le ofrezco la palabra al subsecretario. Bien, bueno, lo primero, por ese intermedio, presidente, agradezco las preguntas y la buena disposición de todos los diputados y diputadas. Si es que este proyecto hay que enriquecerlo, nosotros todavía no hemos, obviamente, presentado indicaciones porque aún no se abre el momento en la comisión para hacerlo, pero también transparentamos que había un trabajo previo, pues nos interesa que un proyecto como este avance. Por lo tanto, tenemos a bien, si así ustedes lo requieren, conversar esas indicaciones para que también el resto de la comisión sepa hacia dónde está apuntando el Ejecutivo y, si efectivamente hay elementos que a ustedes les parece que se pueden mejorar, expresar toda la disposición para trabajar en este diseño. Así que, ténganlo bien, porque creo que hay un consenso relevante respecto a que es un sector muy expuesto, en muchos casos con condiciones muy endebles de trabajo y que realiza una labor esencial en nuestras costas. Respecto a lo que preguntaba por su intermedio, presidente, el diputado Ulloa, efectivamente, nosotros al menos consideramos que hay tres razones que ameritan avanzar en un contrato especial de trabajo. La primera es que, entendiendo que este es un trabajo que, si bien está sometido a ciertas condiciones generales en materia de salud y seguridad en el trabajo, presenta características particulares al exponerse a condiciones de riesgo importantes, altas temperaturas, condiciones climáticas cambiantes, entre otras; en la medida en que se incorporen esos elementos en el Código Especial, se permite, por un lado, que los reglamentos que lo regulen especifiquen elementos en esa dirección y que organismos como Suceso y otros establezcan mecanismos particulares a partir de los cuales se puedan abordar las enfermedades laborales y los riesgos de accidentes profesionales, entre otros. En segundo lugar, y particularmente respecto a Chile Valor, efectivamente, esta es una propuesta que hemos estado trabajando con Directemar, en parte porque es Directemar la que establece los reglamentos técnicos en materia de matrícula, autorización y normativas. Sin embargo, al igual que ocurrió en el proyecto de BUSO, todo lo que tiene que ver con salud laboral y los riesgos asociados al trabajo no queda ajustado, ya que Directemar no tiene funciones en esa materia.

Que competir o hacer una suerte de matrícula alternativa, Directemar sigue y seguirá siendo el organismo que autoriza estas licencias que se establecen todos los años, pero justamente al incorporar el Sistema Nacional de Certificaciones se abren posibilidades, no solamente para reconocer trayectorias y experiencias, sino también para tener especificidades en sectores y en lugares específicos, y por lo tanto entender que, si bien hay un salvavidas, hay ciertas características que, a través del sistema de reconocimiento de competencias laborales, se podrían establecer y, por lo tanto, asociar la matrícula que establece Directemar a distintos cursos, a distintos niveles y también a distintos accesos a esos trabajos. Esto también permite cierta garantía por parte de los empleadores, ya sean municipalidades o, en este caso, concesionarias, de que pueden saber que, por ejemplo, hay ciertos salvavidas que, para determinadas características, requieren ver su otra. El litoral chileno tiene también heterogeneidad importante. Y el tercero es que, si bien, como señalaba el diputado Olloa, existe cierta dotación mínima que se debe establecer –en algunos casos ocurre, y eso fue lo que nos plantearon los propios salvavidas, al ser contratados tres veces a honorarios–, esto obviamente no quita las potestades que tiene cualquier empleador para finalizar el contrato de trabajo. Sin embargo, si una concesionaria tiene que asegurar una determinada dotación, también se espera que esa dotación de entrada cumpla con los tiempos necesarios para el establecimiento de la temporada. Creo que es relevante lo que usted señala respecto a que se podría dejar alguna redacción que se ajustara a las temporadas de los distintos contextos, porque evidentemente estos cambian, aunque el período de tres meses está muy asociado al período estival, propio principalmente del Chile central. Finalmente, a propósito de las fiscalizaciones y del plan de fiscalización que ha realizado la Dirección del Trabajo, la verdad es que este es un plan inédito que, a buena hora, alertó al conjunto de los actores que proveen este servicio sobre los cumplimientos e incumplimientos. Al menos, hasta la fecha, de manera tentativa se han realizado 104 fiscalizaciones, de las cuales 18 han terminado en multa, acumulando alrededor de cuarenta y tantos millones de pesos. Y solamente como botón de muestra, las principales sanciones tienen que ver con la no escrituración del contrato, la falta de registro de asistencia, la no entrega de comprobantes de remuneraciones, el exceder la jornada diaria y la falta de otorgar descanso dos domingos en el mes; son ejemplos de infracciones que se han encontrado en el plan de fiscalización, como, por ejemplo, no contar con servicios higiénicos de acuerdo con los requisitos mínimos legales, entre otras infracciones propias de la relación laboral regular. En ese sentido, al menos nosotros creemos que, con este piso, estamos muy abiertos a que se pueda complejizar y ayudar a que, efectivamente, la carrera del salario de vida quede mejor establecida. Nos parece que es una buena orientación, entendiendo además que el Sistema Nacional de Certificaciones establecerá un marco, pero que, evidentemente, se podrían dejar establecidos algunos elementos que posteriormente se manden al reglamento y fijen ciertas precisiones o cuestiones que se quieran profundizar. Gracias, subsecretario. Diputada, ¿quiere hacer un doble? Solo una pregunta, gracias, presidente. Al subsecretario: probablemente nuestro invitado de municipalidades nos va a responder, pero ¿hasta cuál va a ser el borde, perdón, cuáles serán los límites de este proyecto en la medida en que, si empezamos a exigir condiciones –no sé, estándares de lugares de trabajo–, la realidad de los municipios es muy diferente entre unos y otros? Entonces, ¿ustedes hasta qué punto van a indicar el proyecto? Porque, efectivamente, puede darse que, si exigimos muchas cosas, haya una diferencia muy marcada entre un municipio que sí puede y uno que no puede. Pero si yo le hago la… y esto se puede prestar, por ejemplo, a la creación de una empresa en torno a esto –¿no? – que consiga auspicio y después se lo venda al municipio, no sé. Ahí tenemos que tener… no, no, no. Acabo de nombrarlo, acabo de decirlo: dije, por intermedio del diputado Lade –pero él está tan concentrado en otra cosa, que parece estar viendo a Pamela Anderson, como si fuera de Baywatch–. Entonces, mi pregunta es: ¿hasta dónde?

¿Dónde el Ejecutivo se va a involucrar en este, dado que no existen municipios de iguales recursos? Pero, si bien tienen la misma necesidad, se puede dar una diferencia muy grande entre uno y otro. Y si nosotros exigimos, tal vez no van a poder tener, no van a poder cumplir con lo que nosotros les pidamos. Entonces quiero saber cuáles son los bordes hasta los cuales ustedes están dispuestos a llegar. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al secretario, si no hay más consultas. Tres cosas. La primera: señalar que, al menos del proyecto presentado por el diputado y el conjunto de diputados y diputadas que lo suscriben, hay aspectos relativos propiamente al Código del Trabajo que son reglas más generales, asociados, por ejemplo, a la jornada, al contrato y a ciertas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, que a nuestro juicio estarían resueltas a través del Código General del Trabajo. Nuestro énfasis va a estar más orientado a aspectos como, ya señalaba, especificar en materia de seguridad y salud en el trabajo, ciertos elementos de protección personal, fortalecer materias relativas a certificación y capacitación, la coordinación reglamentaria entre Directemar y Trabajo, así como aspectos relativos a la duración mínima de los contratos asociados a las temporadas. Eso es, en esencia, el piso de elementos que planteábamos, a propósito de lo que preguntaba por intermedio del presidente, el diputado Ulloa, sobre por qué un contrato especial de trabajo y la necesidad de definirlo en el Código del Trabajo. En segundo lugar, y esto obviamente ha sido expresado de manera cualitativa, pero al menos según lo que hemos podido registrar en las conversaciones con salvavidas, parece que, en el caso de las municipalidades, es el modelo al que los salvavidas aspiran, más que del que tienen preocupaciones. Por lo tanto, lo que nos han planteado de manera muy insistente es igualar las condiciones de los municipios a las de los concesionarios. Obviamente, siempre existe casuística, pero lo que hemos recogido del trabajo de las mesas va en esa dirección. Y tercero, algo que creemos muy importante: además de la salud y seguridad en el trabajo –y creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de garantizar estas condiciones–, en la medida en que un balneario o una comuna muchas veces experimenta algún accidente o se produce una desgracia, justamente por algunos déficits que hay en las playas, esto impacta en el conjunto de la comuna y en las orientaciones que tienen los propios veraneantes de ir o dejar de ir a un lugar, al encontrar que no existen condiciones mínimas para poder recrearse. En ese sentido, si bien nos parece muy relevante la opinión de la Asociación de Municipios –y no tenemos inconveniente en conversar con ellos para avanzar en esto–, nos parece que también debiera ser una preocupación compartida, entendiendo que es un valor generar condiciones de seguridad y salud para las personas que asisten a esos lugares. Así que, en ese sentido, entendemos que, por lo menos, eso es lo que vamos a proponer, reconociendo que los distintos diputados y diputadas puedan tener otras aproximaciones al proyecto de ley presentado por el diputado. Gracias, subsecretario. Yo solamente quiero reforzar un par de ideas antes de pasar a nuestros invitados. Lo primero es que, o sea, creo que lo principal acá –y coincido en ello– es reconocer que existe un problema mucho más global que requiere una mirada integral. Sin embargo, también hay que elegir por dónde avanzar, ya que si se opta por abordar todo al mismo tiempo, considerando el cúmulo de dimensiones que intervienen en el trabajo de los salvavidas, la situación se torna más compleja. Por lo tanto, considero que es un avance poder tratar en este contexto la dimensión laboral de los salvavidas, porque allí radica su fortaleza. Los salvavidas deben contar con condiciones mínimas laborales para desempeñarse adecuadamente y prestar el servicio tan esencial que ofrecen. Insisto, además, en la noción de que los salvavidas ejercen una función pública que consiste en salvar vidas; no existe una función pública más noble que esa. Y lo tercero, coincidiendo con lo que planteaba el subsecretario: el problema también tiene que ver con la dispersión de regímenes de los salvavidas. Es decir, hemos observado que, en general –no todos, pero sí muchos–, los concesionarios tienen condiciones que son peores o más bajas que las de los municipios. Por lo tanto, es necesario avanzar por un camino que tienda a uniformar esas condiciones. Esto involucra, además, aspectos materiales de financiamiento y recursos, pero al menos creemos que es importante uniformar algunos aspectos clave del contrato, un contrato especial.