El nombre de Dios y la patria. Abre la sesión. Fuerte suena esa campana.
El acta de la sesión 147 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 148 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión.
Y ahora, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta.
Se han recibido los siguientes documentos:
Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Francesca Muñoz, Giovanna Humada, Roberto Arroyo, Sara Concha, Eduardo Cornejo, Enrique Ligui y Marcia Rafael, que modifica la Ley 20.370, General de Educación, para incorporar en las bases curriculares de la educación básica y media una asignatura obligatoria de ciberseguridad y educación digital.
Comunicación suscrita por la jefa del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independiente y el jefe del Comité de Sede Independiente, a través de la cual informan que el diputado Félix Pecamaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Boris Barrera.
Comunicación del jefe de bancada y diputado del Partido Socialista, por medio de la cual informa que el diputado Juan Santana será reemplazado en esta sesión por la diputada Danisa Astudillo.
Comunicación del jefe del Comité de Diputados del Partido Republicano, por la que informa que el diputado Stefan Schubert será reemplazado en la presente sesión por el diputado Benjamín Moré.
Oficio Folio E-44.696 del subjefe de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 581 de esta comisión, por el que se solicitó fiscalizar a la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo respecto de la cantidad de recursos obtenidos vía aprobación extraordinaria del Consejo Municipal, acerca de la cantidad de recursos recibidos por parte del Ministerio de Educación y respecto de la cantidad de recursos que han sido destinados al pago de los trabajadores de la educación.
Ordinario 7.215 de la Subsecretaría de Educación, ante el cual da respuesta a oficio 645 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la cantidad de estudiantes que a la fecha han solicitado seguir la modalidad de exámenes libres en comparación al año 2023, teniendo en especial consideración la falta de matrícula que se ha producido durante el año 2024.
Dos correos electrónicos enviados por las diputadas Elia Molina y Marcia Rafael, provenientes de las señoras Griselda Gaete y Patricia Garrido, quienes señalan que son profesionales de 50 y 59 años, alumnas de la carrera de Derecho de una universidad de la región de Valparaíso y que, a pesar de tener notas sobresalientes, han recibido la venganza de la jefatura de carrera, al ser detenidas por la misma universidad y haber sido reprobadas en la última asignatura de la carrera, teniendo promedio 5,5.
Obtenido el imperio del derecho. Relatan detalladamente su caso y solicitan audiencia con la comisión. Se recibió un correo electrónico derivado por la diputada Marcia Rafael, suscrito por la Presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras Comunal ANCUT, señora Pamela Carrasco, en el que se solicita audiencia con la comisión para referirse a la grave situación que enfrentan numerosos docentes por la deuda previsional pendiente, en el contexto del traspaso al Servicio Local de Educación Pública del Chiloé, y a la situación de 19 docentes que se vieron obligados a firmar sus finiquitos para poder recibir el bono de incentivo al retiro, debido a la presión ejercida por el administrador provisional, quien les dio un ultimátum indicando que, de no firmar, el voto sería devuelto al Ministerio de Educación.
Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por las asociaciones de docentes directivos de la Región de Valparaíso y la Asociación de Directivos de Aconcagua, en la que expresan profunda preocupación por la falta de avance en la tramitación del proyecto de ley sobre trayectorias directivas docentes, compromiso asumido por el Ejecutivo que debía incorporarse en la agenda legislativa de marzo de este año. Señalan que este proyecto ha sido postergado por los últimos tres gobiernos, por lo que solicitan el ingreso inmediato del proyecto al Congreso con carácter de suma urgencia para su pronta discusión y aprobación, la asimilación inmediata, en tramo avanzado, de aquellos directivos docentes que, encontrándose en tramos inferiores, han ejercido cargos directivos por cuatro años más, y que aquellos que se encuentran en tramo avanzado puedan ser asimilados en experto 1 o experto 2, en caso de estar en el tramo inmediatamente inferior. Además, solicitan una reunión con la presidenta de la Comisión para abordar esta materia y, a partir de su valiosa y equilibrada experiencia, impulsar el fortalecimiento del liderazgo directivo en el país.
Finalmente, se recibe un correo electrónico de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Silvia Silva, a través del cual solicita audiencia con la presidenta para tratar la crisis presupuestaria en JUNJI y los jardines infantiles en situación de abandono.
Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Se recuerda a las y los presentes que el día de hoy no hay puntos varios, sino que estos se tratarán en la sesión ordinaria de mañana. ¿Habría alguna palabra sobre la cuenta? De no haber, para iniciar el orden del día, la diputada Serrano tiene la palabra.
Diputada Serrano: Sí, respecto al correo que proviene desde ANCUT, creo que sería importante, a propósito de los compromisos asumidos como Comisión de Educación al sesionar, poder recibir a los profesores y profesoras que detallan en dicho correo graves vulneraciones. Considero que sería útil contar con su versión para, posteriormente, remitir toda esta información al Ministerio de Educación y así incorporarla entre las asistencias y audiencias pendientes. Muchas gracias.
¿Habrá acuerdo con esto? – De acuerdo. Acordado.
Con ello, no hay más palabras sobre la cuenta y se pasa a la orden del día. Se da la bienvenida al diputado Boris Barrera, quien nos acompaña el día de hoy en la comisión.
Entrando en la orden del día, se recuerda que esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la votación, en particular, del proyecto de ley originado en mensaje, que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma.
Para ello, nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, el señor Víctor Orellana Calderón, y los equipos del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría, a quienes damos la bienvenida. Asimismo, se informa que el ministro está en camino, por lo que se cuenta con la dotación completa de las autoridades del ministerio.
A continuación, se da la palabra a la diputada Molina:
Diputada Molina: Del otro lado, nos informan que se ha agendado una reunión de régimen interno a las 16:00 para discutir diversos asuntos relativos a los funcionarios. Yo esperaba coordinar con un diputado republicano que vendrá a reemplazar al diputado Schubert. Hasta las 16:00 estaré sin inconveniente, pero él también debe asistir a la sesión de Agricultura, tal como conversamos brevemente. La secretaria confirmó que no habría problema con ello. Muchas gracias por hacérnoslo saber.
Ahora, señora secretaria, ¿nos pone al día sobre la votación? Presidenta: Nos corresponde votar el artículo 5 del proyecto. Ya se habían votado todas las indicaciones al respecto y quedó pendiente la votación del artículo 5 en su forma original.
Se ofrece la palabra sobre el artículo 5. De todas maneras, se sostuvo discusión de manera latente en la sesión pasada. Si no hay palabras adicionales, procederemos a la votación.
No se registran intervenciones adicionales.
Procedemos, en votación, con el artículo quinto del proyecto. Se realiza la votación, contando con las intervenciones del diputado Barrera, el diputado Maya y la diputada Molina.
¿Pudiera votar al final? – Oye, no te puedo atender ahora.
– Diputada Serrano.
– A favor.
– Diputada Bobadilla, estamos votando el artículo 5 en su formulación original.
– Diputada Rafael.
– Abstención.
– Diputada Molina.
– A favor.
– Presidenta.
– A favor.
Por la afirmativa: cinco votos, uno en contra y una abstención. Aprobado el artículo quinto del proyecto.
Señora secretaria, ¿nos podría leer las indicaciones que corresponden al artículo 6?
Sí.
El artículo 6, “Arancel de referencia”, establece que el instrumento de financiamiento financiará un monto en pesos hasta el arancel de referencia de la carrera o programa de estudios. Un reglamento expedido por el Ministerio de Educación – el que deberá llevar además la firma del Ministerio de Hacienda – establecerá el método de cálculo del valor del arancel de referencia y señalará, normalmente, para cada carrera o programa de estudios dicho valor. Dicho método deberá considerar principalmente los valores reales de los aranceles cobrados por las instituciones de educación superior acreditadas.
La indicación 19, presentada por la diputada Rafael y el diputado Rey, es la siguiente: en primer lugar, eliminar en el epígrafe las palabras “las vacantes”; en la letra B, agregar antes de “las instituciones” la palabra “A”; en la letra C, eliminar la frase “se regirán por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4 del título 5 de la ley 21.091”; asimismo, en la letra D, reemplazar las palabras “se regirán por” por “le será aplicable”; y, por último, en la letra E, agregar después de la frase “beneficiarios del instrumento” la siguiente expresión: “solo por efectos del monto máximo a ser financiado por el Estado”.
Presidenta: ofrezco la palabra a la Diputada Serrano.
Diputada Serrano: Tengo la duda: ¿no sería inadmisible la indicación del diputado Badilla, ya que se adentra en atribuciones exclusivas del Presidente? Yo diría que la indicación 18 y la 19 son inadmisibles por involucrar asuntos que conllevan gasto público. Diputado Badilla, ¿qué es la palabra?
Diputado Badilla: Sí, yo voy a tener dos preguntas. Primero, me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo respecto a la indicación planteada, la del diputado Cornejo y la mía. Y, en segundo término, quiero saber la opinión de la Secretaría acerca de la admisibilidad, ya que, aunque en esta comisión la presidente es quien declara, considero importante también la opinión de la Secretaría Técnica respecto a lo planteado. Muchas gracias.
En términos de consulta al Ejecutivo: ¿qué opina de nuestras dos indicaciones, que pretenden mejorar sustantivamente este proyecto, y de la posterior opinión de la Secretaría?
Diputado Badilla: Muchas gracias. Primero le ofrezco la palabra a la señora secretaria, para que nos dé su opinión respecto a las indicaciones, y luego al subsecretario, para que resuelva las dudas planteadas.
Presidenta: Señora secretaria.
Secretaria: Presidenta, la Secretaría opina que las indicaciones son inadmisibles en virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Constitución, pues son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por tratarse de fondos públicos. Muchas gracias.
Presidenta: Despejado el asunto, tiene la palabra el subsecretario.
Subsecretario: El Ejecutivo piensa –y concuerda con la Secretaría– que ambas indicaciones tratan materias de exclusiva atribución del Presidente de la República en materia legislativa y, por lo tanto, debiesen ser declaradas inadmisibles.
Ofrezco la palabra, diputado Abadía. Sí, Presidenta, yo le voy a pedir que, en forma separada, votemos la admisibilidad de ambas indicaciones.
Diputada Rafael, perdone, me la había saltado, es que el diputado Abadía ya tenía prendido el micrófono. No hay problema, Presidenta. Yo quiero justificar por qué estas indicaciones y demostrar que la indicación propuesta no es inadmisible. La norma de la regulación de aranceles tiene sentido en cuanto mecanismo de contención de costos para el Estado respecto al monto a financiar. Por ello, se propone mantenerla, pero solo para efectos del monto máximo del beneficio que será financiado por el Estado, pudiendo existir una diferencia entre el arancel real y el arancel regulado, que deberá ser cubierta por los estudiantes mediante otros medios, por ejemplo, becas estatales, o de la propia institución, pago directo, etc. Con esto se evita acrecentar y extender el desfinanciamiento de las universidades, que ya está sucediendo con la aplicación de aranceles en el marco de la gratuidad. En cambio, respecto a la regulación de vacante, se propone eliminar dicha referencia, ya que no es necesaria, toda vez que las instituciones de educación superior, para poder ampliar su matrícula, están de todas maneras sujetas a exigencias de calidad para obtener o mantener la acreditación. Y además, Presidenta, recordarle también al Ejecutivo que en algún momento se comprometió a mejorar este proyecto, lo que es una clara muestra de cómo podríamos perfeccionarlo. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Abadía. Damos la bienvenida a la diputada Anissa Estudillo, que nos acompañará también en la Comisión, y al ministro de Educación, don Nicolás Cataldo. Ofrezco la palabra sobre esta indicación.
Si no hay más palabras, entraríamos en tiempo de votación. Ah, no, tenemos que votar la admisibilidad solicitada por el diputado Abadía. Yo corroboro la posición que ha expresado tanto el Ejecutivo como la Secretaría Técnica de la Comisión. Ambas me parecen inadmisibles, así que, en votación... Diputado Abadía, un segundo.
En votación, se establece la inadmisibilidad de la indicación 18. Sí, diputado Abadía, antes de la votación, ahí la Secretaría lo va a explicar.
Diputado Abadía, micrófono.
Presidenta, a mí me queda clara la opinión que usted tiene respecto de la admisibilidad, pero me gustaría que, por favor, la Secretaría Técnica profundizara en por qué considera inadmisible la indicación, ya que afirmar que aquí involucramos la administración financiera resulta una argumentación muy liviana. Me gustaría que se explicara en detalle en qué falta de admisibilidad incurre la indicación que propongo. Le ofrezco la palabra a la señora Secretaria, y posteriormente procederemos a la votación.
Presidenta, la indicación del diputado Abadía señala que el instrumento de financiamiento financiará un monto en pesos hasta el arancel de referencia de la carrera o programa de estudios. Eso, evidentemente, significa un costo fiscal y, además, incide en la administración financiera del Estado. No solo implica una mayor cantidad de recursos, sino que afecta la administración financiera, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Muchas gracias, señora Secretaria.
Ahora, en tiempo de votaciones, damos la bienvenida también al diputado Benjamín Moreno, que nos acompañará el día de hoy. En votación, se realizará el escrutinio a mano alzada. La Presidenta ha declarado inadmisible la indicación 18 del diputado Abadía; por lo tanto, lo que se vota es lo que solicita el diputado Abadía, es decir, que dicha indicación sea considerada admisible. En consecuencia, los que votan a favor lo hacen en esa consideración.
Exacto. ¿A mano alzada? Entonces, ¿quiénes votan a favor? Se realiza el recuento: a favor, 1, 2, 3, 4; ¿en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Presidenta.
Queda declarada inadmisible la indicación 18. Ahora corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de la indicación 19. Con la misma lógica, los que votan a favor lo hacen por la admisibilidad y los que votan en contra, por la inadmisibilidad. ¿Quiénes votan a favor? 1, 2, 3, 4. En contra: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mismo resultado: se rechaza, o sea, se declara inadmisible la indicación. Por lo tanto, corresponde pronunciarse…
Sobre la indicación del diputado Cornejo, que como ya bien saben, se vota el artículo. Es decir, quienes votan a favor, votan a favor del artículo, y quienes votan en contra, votan por suprimirlo, que es lo que solicita el diputado Cornejo. ¿Ofrezco la palabra una última vez sobre este punto? No, no, no, el 5. Ahora vamos al artículo 6. ¿Ofrezco la palabra sobre el artículo 6 si no entramos en votación? En votación el artículo 6.
Bobadilla, diputado Barrera, diputado Cornejo, diputado Maya, diputada Molina, diputada Rafael.
Quiero justificar mi voto, Presidenta. Este proyecto establece que tendrán que someterse a la regulación de vacantes y pagos de aranceles regulados que actualmente existen. Hoy día es la gratuidad. Esto implica una reducción importante de los ingresos de las casas de estudio y un control sobre su expansión de nuevos cupos. Adicionalmente, casi la totalidad de los ingresos por matrícula van a pasar a depender del Estado. Debe liberarse la rigidez que impone la regulación propuesta sobre el flujo de ingresos. En el artículo original, la Subsecretaría pasaría a controlar tanto la matrícula como el precio de los programas. Esto necesariamente implica poner un techo a la calidad, en donde las universidades de más prestigio se verán fuertemente afectadas, pues no contarán con recursos para invertir en infraestructura o en investigación. Asimismo, si la institución depende en un 100% de los ingresos del fisco, su autonomía se ve fuertemente comprometida, si no anulada. Gracias.
(Rechazo) Diputada Estudillo. Diputado Moreno. En contra. Diputada Serrano. A favor.
Presidenta: Yo también voy a fundamentar mi voto. Quiero hacerme cargo de cosas que se han dicho aquí en el debate. Lo primero, cuando la diputada Rafael señalaba que la fijación y la regulación arancelaria depende del Estado, me gustaría corregir ello, porque eso depende de una comisión de expertos y expertas del sistema de educación superior. No es como que llegue el Ministerio de Educación y diga “esto cuesta X pesos”, sino que hay una comisión que estudia y se preocupa de la sostenibilidad de las instituciones, y eso es importante clarificarlo. Hay una comisión en la que participan distintas personas autónomas al Estado y que, durante la etapa de audiencias de este proyecto, nos entregó un informe del quehacer que mantiene dicha comisión; por eso, creo que es importante que lo reflejemos también en el debate.
En segundo lugar, me parece que la regulación arancelaria, si miramos los estudios que realizó la Superintendencia de Educación Superior, no ha significado un perjuicio financiero para las instituciones de educación superior, ni la gratuidad tampoco. Muy por el contrario, es una fuente importante de ingresos y a la vez un alivio para los bolsillos de las familias chilenas. Y eso es importante destacarlo. Por lo demás, la Contraloría también se ha pronunciado de forma contundente respecto a la legalidad de los procesos de regulación de aranceles, consagrando y ratificando que nada irregular existe en estos procesos, que se adaptan a la ley y están acordes a derecho. Por lo tanto, yo voto a favor de este artículo.
Presidenta: Por la afirmativa, 6 votos, 4 en contra. Aprobado el artículo número 6.
Artículo 7.
Diputada: ¿Quién de los dos primeros?
Subsecretario: Tiene la palabra. Muy brevemente, Presidenta, simplemente haré una aclaración desde el punto de vista ejecutivo. Lo que acababa de votar la Comisión se refiere al artículo que regulaba las materias, es decir, aplicaba el concepto de regulación arancelaria; pero no es en este artículo en el cual se circunscribe la posibilidad o no de cobrar por parte de las instituciones recursos adicionales del llamado copago. Eso corresponde al artículo número 13 y, en virtud de ello, nos lo discutiremos. Quisiera señalar que ninguna institución de educación superior nos ha planteado que no exista regulación. La discusión, como es de público conocimiento, con algunas universidades e instituciones privadas ha girado en torno a si, por encima de la regulación, es o no legítimo un cobro por parte de la institución a las familias que puedan pagarlo, y ello no está regulado en este artículo en específico. Por lo tanto, consideramos que esa discusión se dará cuando se debate el artículo número 13, para mantener la voluntad del Ejecutivo de llegar a un entendimiento en ese plano y, además, resaltar que nos estamos reuniendo y trabajando con las instituciones de educación superior de manera responsable y con un amplio diálogo para explorar en conjunto las necesidades de modificación que tenga este proyecto.
A la sostenibilidad financiera del sistema, por ende, quisiera separar la regulación y lo que se ha votado acá de la discusión que se vaya a dar en torno al artículo 13 y aquella prohibición, y también señalar, como hemos planteado en otras oportunidades, que en el estudio que hizo la Superintendencia de Educación Superior se establece que la salud financiera del sistema es positiva, nunca antes en la historia de la educación superior contó con tantos recursos como ahora, y que no se ha podido comprobar un impacto negativo de la gratuidad en la salud financiera del sistema. Por ende, nosotros creemos que es un debate que hay que dar, solo que queríamos separarlo de la discusión que se acaba de dar respecto al artículo.
Un segundito. Diputado Badilla, diputado Moreno y diputado Molina.
¿Sabe qué, Presidenta? Yo invitaría, lamentablemente, al ministro –que ya salió del recinto–, al Ejecutivo y, particularmente, al subsecretario que está presente, a sincerar las cosas, porque en toda la argumentación –y siempre está presente– hemos conversado y escuchado a distintos actores involucrados en la educación superior: hablan de los rectores, hablan de los académicos, y la verdad, Presidenta, yo le invito, con todo respeto, a que el subsecretario sincerara las cosas, pues han escuchado, pero no han acogido absolutamente nada.
La Presidenta ha informado en reiteradas ocasiones que en la jornada que se realizó respecto de este tema, en la que participaron muchos actores, se escucharon diversas opiniones, y usted repite exactamente lo mismo: ¿cuánto de lo que han escuchado han recogido? Absolutamente nada. Y siguen con el cuento de que este proyecto no va a tener un impacto en la situación financiera de las universidades. Nosotros creemos que sí lo tendrá, y no en forma menor, porque al eliminar el copago, es este gobierno –y no el Estado, al que tratan de diluir la responsabilidad– el que está promoviendo esta política pública que tendrá, reitero, graves consecuencias de financiamiento para la educación superior. Si se elimina el copago, ¿quién se pone con las lucas? Las carreras tienen un costo, efectivamente. ¿Van a pagar las consecuencias la investigación, la implementación de las universidades, que se verán obligadas a dejar de desarrollar? Porque usted está fijando un precio y no les permite a las instituciones que aquellos alumnos que quieran aportar y endeudarse por menos plata lo hagan.
Lo que hemos venido planteando desde el principio, Presidenta, es que el Ejecutivo se haga cargo de lo que nosotros venimos insistiendo: divida este proyecto, este mal proyecto. Una cosa es la eliminación o condonación del CAE y otra es el financiamiento universitario. Y reitero, nuestros votos estarán disponibles en la medida en que el Ejecutivo –o el subsecretario– no tome tan nota, sino que escuche y también acoja, con todo respeto, nuestra propuesta. Lo invitamos, subsecretario, a dividir el proyecto en dos partes: una que responda a la condonación y otra que se enfoque en el financiamiento universitario; de lo contrario, reitero, mi voto no estará disponible.
Muchas gracias, diputado Abadía, diputado Moreno, diputada Molina y luego yo. La noto, la noto, la noto. Gracias, Presidenta.
Estas medidas no han tenido ningún impacto en la salud financiera de las instituciones. ¿Cómo lo miden? ¿Tienen algún tipo de indicador o cómo llegan a esa conclusión? No, hay un estudio, diputado, de la Superintendencia que revisamos también en la comisión, y ahí el subsecretario podrá responder.
Diputada Serrano, la anoté. Ahora viene la diputada Molina.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al subsecretario. Mis dudas tienen harto que ver con lo que se ha preguntado acá. Cuando usted dice, subsecretario, que han trabajado con las universidades, ¿se refiere al CRUNCH, al CUESH, esas dos instancias y otras? Porque se supone que en el CRUNCH están todas las universidades públicas, estatales y no estatales, y en el CUESH solo las públicas. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que, de esas reuniones, ¿queda algún acta, algún documento o algún tipo de acuerdo? Esa era una pregunta, un poco para terminar con los comentarios sospechosos.
Muchas gracias, diputada Molina. Vamos a acumular las preguntas. Al final le damos la palabra al subsecretario. Me toca la palabra a mí. Yo me quiero hacer cargo de algo que señalaba el diputado Badilla. Aprovecho de recordarle a todas y a todos que estamos dando la discusión del artículo 7, al cual no nos hemos referido, pero también hay otros temas que discutir. Me quiero hacer cargo, particularmente, de algo que ha salido mucho en el debate de dividir el proyecto: dividir por una parte el plan de condonación de deuda y de reorganización de la deuda, y el nuevo instrumento de financiamiento. Quiero decir por qué eso me parece que carece de toda lógica. Porque si vamos a condonar deuda educativa, ¿cómo vamos a seguir emitiendo deuda educativa? Eso es un sinsentido para las arcas fiscales, para la política pública y para las familias chilenas. Una incertidumbre para las familias chilenas. Entonces, separar el proyecto, creo yo, no tiene ningún sentido; más bien, sirve para no quedar mal en la votación, diría yo, pero realmente no responde a un objetivo, porque si, insisto, nos logramos poner de acuerdo respecto a la condonación, ¿cuánto tiempo va a pasar entre medio de eso para tener unos sistemas de financiamiento? ¿Cuántos intereses se van a acumular de los endeudados actuales y futuros? Se van a acumular intereses, se van a acumular más deudas, y por lo tanto vamos a tener que hacer otra política de condonación, otra política similar de reorganización de la deuda; entonces, carece de sentido.
Respecto al artículo 7, a mí me parece que está bien formulado; creo que es un artículo que es bastante poco controversial, porque habla de la renuncia al instrumento de financiamiento y también distingue estas disposiciones de las instituciones de educación superior estatales, a quienes no les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. La indicación número 21 del diputado Badilla se elimina, para que todas las instituciones de educación superior tengan el mismo trato. Yo creo... que el Estado tiene que darle un trato diferente a sus instituciones de educación superior pública. Por eso también estoy de acuerdo con el artículo. Así que eso es todo cuanto podía señalar. Ahora tiene la palabra la diputada Rafael. Gracias, Presidenta.
Presidenta, yo escucho y a mí me sorprende, de verdad, porque el subsecretario, siempre cuando se señala algo, dice: “sí, sí, estamos dispuestos a escucharlo, estamos dispuestos a cambiarlo”. Pero, Presidenta, el cambio que nosotros solicitamos, de alguna manera, y todos los invitados que estuvieron presentes, especialmente en la biblioteca, cuando tuvimos la reunión y había muchos rectores de universidades, el cambio era acá, en este, y aquí no hay ningún cambio; hay puro ajuste, no hay ningún cambio de los que se habló en esta sesión. Entonces, si no es aquí, ¿cuándo van a ser los cambios? Y, además de eso, muchos de los presentes aquí también han sostenido y han justificado, señalando que los rectores que estaban en aquella ocasión –porque se les hizo la pregunta, una pregunta perversa, que se les hizo, se les preguntó: “¿ustedes votarían este proyecto a favor o en contra? ¿Qué van a decir ellos? ¿No van a decir en contra?”–, pues, en general, votaron a favor, pero se olvidan de continuar el detalle cuando dicen: “sí, yo votaría a favor, pero hay que hacerle algunos cambios”. Eso nunca lo dicen, eso nunca lo señalan. Entonces, cambio profundo. Y, sobre todo, si nos vamos a la prensa, rectores expresan su inquietud por el impacto financiero que provocaría el proyecto del fin del CAE del gobierno, y nos vamos a un solo texto: se debe cuidar el financiamiento de las instituciones, la mantención del copago resulta clave para la sustentabilidad y la autonomía de las universidades, dicho por un rector. Entonces, no digamos que estamos escuchando tampoco a los rectores de las universidades, porque yo quiero insistir aquí: donde tendrían que estar las indicaciones profundas, Presidenta, no lo están. Hay solo puro maquillaje y ajustes mínimos. Pero la esencia del proyecto sigue siendo la misma y es la que preocupa, no solo a los diputados de oposición, sino que además le preocupa al CRASH y al G9, porque también se ha señalado aquí que el G9 está de acuerdo. No está de acuerdo; eso no es cierto. A mí me gustaría aclarar eso. No están de acuerdo. Tienen muchas dudas al respecto: muchas dudas respecto al financiamiento, al copago, a perder la autonomía, a no tener recursos para infraestructura y para investigación; tienen muchas aprehensiones. Entonces, no digamos que están de acuerdo. Y ahí tenemos que, por supuesto, lograr conversar con ellos y llegar a acuerdos, pero a través de indicaciones verdaderas, profundas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael.
Diputada Serrano. Presidenta, harto se ha hablado de que tuvimos audiencia y de que no escuchamos a los distintos rectores de las universidades que vinieron a exponer. En ese sentido, me gustaría al menos leer una parte del articulado que creo que recoge, al menos, el espíritu de los rectores que vinieron a exponer por parte del CUECH. Cuando se habla de las instituciones de educación superior estatales, no se les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo; ellos sí pedían un trato diferencial.
Principalmente, porque las universidades del Estado también tienen muchas pretensiones sobre qué se puede abrir con este proyecto; claramente, no es suficiente. Incluso, se habló de los aportes basales que deberían existir en las universidades del Estado, ya que se debe tener un comportamiento y una protección distinta para las instituciones de educación superior estatales.
Entonces, cuando se comenta que “no se escucha”, aparte de quienes vinieron a exponer en audiencia (por cierto, vinimos muy pocos diputados a escuchar aquellas exposiciones), únicamente se hace referencia a aquellos rectores en particular que se manifestaron en contra de la regulación de los aranceles y que plantearon la importancia de reponer, por ejemplo, aspectos recogidos en indicaciones anteriores, que abordaban el lucro en la educación, para no excluirlo de forma tajante y promover una reposición de leyes que, al menos, ya han salido de este Congreso Nacional y reflejan avances civilizatorios en materia de educación superior.
En ese sentido, cuando se dice “no, acá no hemos escuchado”, creo que, en particular, el reclamo es que no se han acogido algunas partes que algunos diputados consideran que deben disociarse de este proyecto. No se está hablando, pues, desde la voz de todos los rectores y rectoras de las universidades. Y en eso sería más honesto preguntar: ¿qué es lo que les incomoda a ciertos diputados, en lugar de poner a las universidades en el centro? Porque acá existe parte de la discusión que nosotros hemos expuesto y, en cuanto a las instituciones de educación superior dependientes del Estado de Chile, lo que se quiere eliminar —que ya está en el articulado— habría permitido escucharlas; y, a los diputados que defienden que sí se escucharon a los rectores, les recuerdo esto, ya que algunos están buscando justamente eliminar aquello.
Muchas gracias, diputada Serrano.
Le ofrezco la palabra al subsecretario, porque no tengo más palabras de parlamentarios.
(Depende de lo que diga, diputado… calma… ah, el diputado Rey. Perdón, ministro, el diputado Rey. Lo anoto para después. Muchas gracias, diputado Rey.)
Sí, bueno, respecto al artículo séptimo —y nos vamos a seguir refiriendo a él— y, sobre todo, a propósito de las indicaciones presentadas, esta es una regla, creo, deseable, justamente porque lo que se busca es establecer claramente la voluntariedad de acceder a este instrumento por parte de las instituciones de educación superior, en el último inciso. Yo logro comprender cuál es el sentido de las indicaciones posteriores. El último inciso es precisamente porque se subentiende que las instituciones del Estado tienen la obligación de resguardar la política pública y adherir a todos los lineamientos que, en este caso, se derivan del Ministerio de Educación. Incluso, uno podría suponer que tener o no tener ese inciso podría dar lo mismo, ya que efectivamente ninguna institución de educación superior del Estado va a adoptar el régimen de financiamiento propuesto, sea cual fuere por su giro, orientación, etc.
Por otro lado, esta es una norma de características similares a las que hoy en día contempla otros instrumentos, como la gratuidad. Eso es relevante, pues se trata de normas que homologan reglas estándar para las instituciones, más allá del contenido del fondo del instrumento. Yo concuerdo, Presidenta, en que el artículo no resulta controversial, ya que se trata fundamentalmente de una regulación propia del instrumento de financiamiento, en donde pueden persistir diferencias.
Ahora, respecto a los otros comentarios, solo señalar que el diálogo no es estático, sino un proceso en movimiento. De hecho, esta semana tenemos reunión del Consejo de Rectores (CRUCH), en el que participan tanto el G9 como también el llamado G3 —las instituciones no tradicionales que se incorporaron para activar tanto el sistema y régimen de gratuidad como de admisión—, además de la estatal, el CUEC. Hay mucha institucionalidad en las universidades. Entonces, todas ellas se reúnen esta semana; estaremos allí con el subsecretario y, de hecho, en estrictor rigor, yo presido el CUEC. Esto formará parte de la conversación, la cual ha venido desarrollándose y seguirá desarrollándose, porque los rectores comprenden que la dinámica de esta discusión no comienza ni termina en esta sesión, sino que continuará en el tiempo.
En las etapas sucesivas de la tramitación legislativa y en cada momento habrá que abordar distintos temas, evidentemente, porque además, incluso, los elencos cambian. Me refiero a los elencos, a las comisiones donde nos va a tocar procesar esto. Después entraremos en la discusión en Hacienda y, por las características del proyecto, prácticamente todo el proyecto se va a volver a discutir en la Comisión de Hacienda. Y en el Senado nos va a pasar lo mismo. Este es un proyecto sui generis porque, a diferencia de otros, prácticamente el 100% de su contenido se va a ver cuatro veces en las salas respectivas. Y, eventualmente, en el tercer trámite, si depende de cómo ocurra, tendríamos mixta. Entonces, va a tener una amplia y profunda discusión, y hay que procesar, digamos, los acuerdos precisamente en la idea de esa trayectoria a la que, por cierto, seguimos disponibles y nunca vamos a dejar de estarlo.
Entendemos nosotros también que los rectores están bien. Y, ojo, nunca hemos dicho que esto tiene el acuerdo de los rectores. Hay una adherencia, evidentemente, a legislar, a discutir, a sentarse y a revisar, pero sabemos que hay opiniones muy diversas, porque incluso la forma en que cada rector evalúa el impacto de estas propuestas y esta política es distinta. Hay opiniones sueltas. De hecho, tan es así que no ha habido una declaración del Consejo de Rectores fijando una posición como Consejo de Rectores respecto al proyecto. Han habido pronunciamientos de rectores específicos de instituciones específicas. Me parece que solo el CUEC —es decir, la Universidad del Estado— ha emitido una declaración como CUEC, pero el resto de las instituciones no lo ha hecho formalmente. Y me parece que eso es parte de la construcción que está en desarrollo. Nadie podría suponer, por la complejidad política y técnica que tiene este proyecto, que todo esto va a estar resuelto en un solo momento. Va a ser una tramitación legislativa en la que cada día va a tener su afán.
Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Tenemos a la subsecretaria. Tome las palabras.
Después le damos la palabra a los parlamentarios. Muy breve, para responder por su intermedio a la pregunta del parlamentario que indicaba las cifras, es simplemente señalar que la Superintendencia, organismo independiente, lleva adelante un estudio de salud financiera que está ya en su segunda edición. Y en esta segunda edición, la Superintendencia puede hacer un análisis estadístico que vuelve a corroborar el hecho de que no hay un nexo entre la salud financiera de las instituciones y la política de gratuidad. Es decir, no es posible identificar un nexo positivo o una asociación. Yo sé que eso se discute, existe una narrativa que señala aquello, pero en virtud de esa opinión no puede verificarse de manera empírica.
También hay que recordar que responsabilizar a la gratuidad de las distintas dificultades económicas de las instituciones ha ocurrido muchas veces; eso ha pasado, pero no podemos encontrar, por ejemplo, en el propio caso de las dificultades experimentadas por la Universidad Austral de Valdivia, la primera declaración que hace el rector en la Comisión del Senado fue que la gratuidad no alcanzaba. Luego descubrimos que las razones de sus dificultades eran otras, como señaló el propio vicerector económico de esta casa de estudios, adelante. Y así ha ocurrido en otras ocasiones.
¿Qué quiero decir con esto? Hoy la educación superior cuenta con un financiamiento público superior a la media de países de la OCDE y con aranceles que son de los más altos del mundo, habiendo subido desde el año 2010 hasta ahora un 44% por encima de la inflación. De hecho, en otro reporte de la Superintendencia se estableció que las propias instituciones de educación superior no consideran que haya espacio para seguir incrementando los aranceles. Esto lo han declarado las propias instituciones; hay un estudio al respecto.
Eso era, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria.
Le ofrezco la palabra al Diputado Rey.
Gracias, Presidenta. A ver, yo solamente quiero, bueno, primero que todo saludar al Ministro, a la Subsecretaria y a todo su equipo que está presente el día de hoy. Junto con ellos, señalar que acá no estamos, y creo que hay que entender esto, no estamos hablando solamente de casas de estudio, ni de infraestructura o de espacios materiales. Estamos hablando de que se van a quitar beneficios estudiantiles a estudiantes, a jóvenes, a jóvenes que pueden estar en situaciones económicas —a lo mejor no como muchos de los que están aquí conocen, porque parece que conocen otra realidad del país—. Entonces, es que una universidad se adquiere o no se adquiere; perder beneficio a mí me parece lamentable. Yo creo que es una situación bastante compleja.
Esto es lo que se está señalando, porque yo considero que es muy grave. Y respecto de las diferencias que hay entre las universidades, hoy día están evidentes. Si quienes han ahondado o han profundizado un poco en cómo se financia la educación en Chile, podemos darnos cuenta de que las universidades estatales cuentan con los aportes basales. O sea, en el 2022, los 150 mil millones de pesos de la Universidad de Chile no son nada: ¿se los pueden quitar hoy día y no pasa nada? ¿O a todas las universidades en España les dan aportes basales? No, no. Esos 150 mil millones de pesos, que se entregan en menor cantidad en otras instituciones –obviamente, porque es la que más concentra a las universidades en Chile, y me parece bien, ya que es una de las más importantes del país y de Latinoamérica– son destinados al desarrollo de investigaciones, mejoras, infraestructuras y otras iniciativas propias del ámbito académico.
Entonces, cuando decimos a estas universidades “vamos a bajar el monto que se cancela por carrera”, está bien dicho; pero ¿qué sucede con el saldo que se iba a cubrir a través de los aportes basales? ¿Qué van a hacer estas instituciones de educación superior? A mí me parece, la verdad, complejo, por decirlo de alguna u otra forma. Justamente me refiero al copago, como me dice la Presidenta. No, no, no dije que me habías interrumpido; le agradezco la observación: justamente, al copago.
Y cuando hablamos de condonación, ¿cuántos son los condonados, cuántos son los deudores? Digo esto porque la promesa era de condonación total y eso no se está cumpliendo. Por otro lado, en todos los sistemas, el gobierno del presidente Piñera también condonó en su momento ciertos montos al término de situaciones especiales. Además, el proyecto que está hoy en el Congreso y en el Senado establece un plazo máximo de pago; si no se termina de pagar en ese plazo –que es mucho menor al actual–, se aplicará un interés del 2%, en contraposición a que hoy día es cero. Es un tema debatible que también se podría haber trabajado acá en la Cámara, dado que se termina condonando al resto. Por ello, no hablemos de que este es el único proyecto que contempla la condonación, o el único que va a condonar, ya que nunca antes se había realizado una condonación de esta índole.
Y si hablamos de 76.000 condonaciones, permítanme, por favor, lamentar que el compromiso no se haya cumplido. Presidente, usted lo acaba de señalar recién –no lo había tocado anteriormente, pero ya que lo mencionó–, se lo menciono. Gracias. Gracias, diputado Rey, diputado Abadía, diputado Cornejo y luego yo. Diputado Abadía, le di la palabra a usted.
Presidenta, veo muy contento al ministro, pero a mí me están llegando mensajes y no puedo dejar de transmitírselos. Ministro, por su intermedio –Presidenta, por supuesto, siempre por su intermedio–; nada más, voy a hablar directamente con el ministro.
Y la pregunta es recurrente: ¿qué es lo que consultan los estudiantes? Señor ministro, ¿voy a terminar pagando exactamente lo que el Estado me prestó o voy a pagar más de lo que el Estado me prestó? Porque me argumentan –y esto lo hemos planteado en otras sesiones–: ¿qué pasa si al año 5 termino de pagar y me dicen que tengo que endeudarme por 20 años? ¿O sea, voy a estar pagando 15 años por una plata que no recibí? Es decir, y lo he planteado así, esos 15 años el Estado va a estar lucrando a costa de los estudiantes más vulnerables que tuvieron que pedir plata para financiar sus estudios.
Entonces, la pregunta concreta que me hace llegar un centro de estudiantes es esa, señor ministro. ¿Usted puede asegurar, a través de este proyecto, que efectivamente los estudiantes pagarán lo que pidieron? Y reitero, si al año 5 o al año 10 pagaron...