Cámara de Diputados - Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural - 24 de marzo de 2025

En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la Comisión dará lectura a la cuenta. Secretario: "Tiene la palabra." Secretario: "Muchas gracias, presidente. Se ha recibido un solo documento, que es un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual se informa que los comités parlamentarios determinaron no acceder a las solicitudes de esta comisión en orden a promover la creación de la Comisión Bicameral con el objeto de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación del avalúo fiscal de predios rurales, especialmente aquellos destinados a la producción agrícola. Eso es todo, presidente." Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Orador: "A ver, yo voy a opinar. Lamentable la decisión de los comités, en realidad, porque no sé cuál fue la justificación respecto a este tema. Yo creo que no se examinó el fondo del asunto, sino que, aparentemente, se expresaron algunos reparos. No logro entender que hayan existido comités que estén de acuerdo con el exceso de avalúo que hoy día tienen los predios agrícolas y con la serie de beneficios por los cuales han quedado excluidos en temas como el saneamiento de títulos, en la postulación de beneficios estudiantiles, en el arriendo de predios que pertenecen a bienes nacionales —cuyo monto de arriendo es un porcentaje del avalúo fiscal—, en el pago de contribuciones y del impuesto a la renta, así como en la postulación a beneficios en el ámbito agrícola, situación que ha ocasionado que algunos queden excluidos de programas como INDAP o PDTI, por la existencia de un exceso de avalúo fiscal. No logro entender esa lógica de no empatía."

Con los pequeños y medianos agricultores que están siendo afectados principalmente, ya que normalmente los grandes productores tributan por renta efectiva y no son los que quedan fuera de los beneficios escolares, ni tampoco son los que quedan fuera de los beneficios de INDAP, ni tampoco son los que quedan fuera de los beneficios de saneamiento de títulos, ni tampoco son los que arriendan bienes fiscales, sino que son los pequeños y medianos agricultores o campesinos. Espero conversar con algunos de ellos y tratar de revertir esta situación, porque existe la voluntad por parte de la Comisión del Senado de Agricultura, así como de la Sala del Senado, respecto a este tema que nos ha generado angustia, y que parlamentarias y parlamentarios de esta comisión han planteado en esta mesa, clamando por una solución. Se lo manifiesto a los demás integrantes, ya que considero que es una situación bastante injusta, y la haré pública por la implicancia que esta negativa genera para nuestro sector productivo y, en particular, para la vida del sector rural y campesino. Quiero ofrecer la palabra sobre otros temas. Diputada Paula Labra: Muchas gracias, presidente. El pasado 4 de marzo, y lo comentamos aquí en la comisión, presentamos junto al presidente, el diputado Radgett y el diputado Hugo Rey, un proyecto de ley para modificar lo que estaba establecido en la Resolución 243 del Ministerio de Agricultura, en la que se obliga a que el avisaje del uso plaguicida se realice con 48 horas en el caso de todos los predios agrícolas. Este proyecto de ley tiene por objeto modificar las normas que confieren esta atribución al SAC. Dado eso, está en control de admisibilidad aquí en el Congreso. Más allá de eso, creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa y podamos conversarlo, invitando desde ya a expertos en este tema, ya que afecta a todos los agricultores –pequeños, medianos y grandes. Por supuesto, este proyecto de ley no afecta la ley apícola, la cual ya está aprobada, sino que lo que buscamos es regular este avisaje, establecido de manera arbitraria para todos los predios agrícolas. Por ello, considero que, aun cuando el proyecto se encuentre en control de admisibilidad, debemos discutirlo en la próxima sesión del lunes –o en la próxima semana distrital–, para contar con invitados y abordar este tema, pues desde el Ejecutivo, es decir, desde el Ministerio de Agricultura y del SAC, no se han pronunciado, a pesar de las alertas y complicaciones que esta situación genera a los agricultores. No queremos que la medida no se ejecute, sino que se haga de una manera realista y práctica. Por ello, solicito al presidente que tomemos el acuerdo para que en la próxima sesión –no la de los martes, ya que sabemos que se tratará otro tema– podamos discutir esta complicación que afecta a nuestros agricultores. Sin perjuicio de que, como presidente, tengo la facultad de incorporarlo a la tabla, y teniendo presente que soy coautor del proyecto, solicito asimismo el acuerdo de los miembros de la comisión. Previamente, presidente, debo señalar que la diputada Labra no fue parte de la Comisión de Agricultura en la cual se aprobó aquel proyecto apícola, por lo que considero que no hemos escuchado suficientemente a los apicultores antes de iniciar este proyecto. En ese sentido, le solicito, antes de debatir el proyecto, que permitamos escuchar a las organizaciones de apicultores, ya que ellos manifestaron la necesidad de establecer plazos de 24 o 48 horas. No recuerdo exactamente dónde se originó la reclamación, pero aún este proyecto no cuenta con reglamento, y nos decían que generalmente son los agricultores grandes los que se fumigan, mientras que los pequeños, que fumigan con su bomba de espalda en espacios muy reducidos, no enfrentan este problema.

de manera aérea, sin siquiera entregar una información y lo hacían muy arbitrariamente. Y durante todo este tiempo los apicultores, ¿qué pasó con ellos? Fueron perdiendo toda su producción. Y en base a ese proyecto apícola, que estuvo durante mucho tiempo también durmiendo en una de estas dos cámaras, no avanzaba. Y por lo tanto, yo lo que creo es que es un proyecto que entra prontamente en vigencia. Y ya los grandes agricultores se ponen a gritar y a decir que le está afectando a ellos, que no pueden fumigar, pero ellos estaban acostumbrados a hacerlo sin siquiera colocar algún letrero, porque ellos no colocan avisos rodeales, ellos no sé cuál será el estado en el cual lo están publicando hoy día. Por lo tanto, a mí lo que me parece, Presidenta, en el ámbito de la justicia, también con los que son apicultores, es que podamos escucharlos. Escuchamos al SAG, escuchamos acá a las instituciones del Estado, pero a los verdaderos afectados, que son los apicultores, no los hemos escuchado, porque los otros están enojados, porque prácticamente tienen muy poco tiempo en los cuales tienen que avisar y tal vez la burocracia la tienen entre el SAG o las instituciones que en este caso les competen. Pero me gustaría saber cómo se está aplicando, ¿realmente se ha generado un conflicto? ¿O es alguna llamada en particular de alguna persona a algún parlamentario? Por lo menos, a mí no me ha llamado ningún gran agricultor, pero sí la preocupación de los apicultores, ellos la tienen latente, así que solicitaría eso. No es necesario estar acordando y decir, “mira, yo lo voy a colocar tal fecha”, sino que hay que escuchar y después usted, en sus facultades, tomará las determinaciones. Sí, perdón, antes de dar la palabra a los parlamentarios, la verdad es que... sí, debería escucharse a todas las partes, digamos, más que nada para darle un alcance respecto a la aplicabilidad de esta normativa. Sí, diputada Paula Labra y enseguida diputado Yurio. Muchas gracias, presidente. Con todo el cariño y respeto que le tengo a la diputada Nullado, lo dije en mi presentación: esto no afecta para nada la ley apícola. Y yo sí estuve presente cuando se discutió, diputada Nullado, y lo aprobé, lo aprobé también. Y cuando se discutió esto, escuchamos a todos los apicultores; estuvieron presentes. Y lo voy a volver a repetir para que quede más claro aún: este proyecto de ley lo que busca es que esto no se haga extenso a todos los predios agrícolas, no pasa a llevar lo que ya está aprobado en la ley apícola, y lo único que estamos planteando es que, antes de que el Ministerio de Agricultura, o que el SAC establezca estas medidas arbitrarias sin invitar a todos los que están involucrados, esto se discuta técnicamente mediante una ley, tal como se hizo con la ley apícola, que me parece perfecto y que esto no la viene a modificar. Y otro punto que quiero aclarar es que se insinuó: a mí no me ha llamado ningún gran agricultor, ninguno. Me han llamado pequeños, los más chicos, que están en la punta del cerro, en la cordillera, en la precordillera de Parral, y que no tienen cómo avisar en 48 horas porque no tienen cómo llegar o aquellos que no saben cómo usar el celular para mandar un correo electrónico y, peor aún, no tienen internet. Espero me entienda, diputada. Muchas gracias. Don Harry Jurgensen, adelante. Presidente, bueno, la diputada Labra dijo gran parte de lo que quería plantear. Primero, que efectivamente la ley apícola apunta a resguardar, obviamente, a todos los productores de miel, para que no se vean dañados con fumigaciones sus predios o los lugares donde tienen sus abejas. Pero esto es otro problema que plantean principalmente los agricultores pequeños, ¿no? Y la instancia para que puedan opinar, también si están a favor o en contra, se va a dar en la discusión de la ley que usted quiere poner en tabla. Yo quiero manifestar mi acuerdo con lo que usted está planteando, presidente, y ojalá se haga tal cual como lo solicitó la diputada Labra y, también, obviamente, usted está impulsando el acuerdo para que así sea. Ahí se abrirá un período de visita y también solicitudes de invitados, como los productores de miel, en fin. El acuerdo, presidente, se lo doy yo para que se haga por cuanto antes. Gracias. Sí, gracias, diputado Jurgensen. A ver, sabemos de la relevancia que tiene la apicultura, y no tan solo en la producción de miel, sino también en la polinización. Sabemos, ¿no es cierto?, la importancia que tienen los polinizadores, particularmente las abejas, y, por lo tanto, la idea es que ambas actividades puedan convivir armónicamente sin que se genere el efecto de uno y de otro.

La propia ley apícola establece ciertas restricciones para los propios apicultores. En el tema de la transhumancia, por ejemplo, sabemos que el traslado de abejas de un lugar a otro altera a las abejas nativas que existen en esos lugares. Se genera un conflicto no menor, ya que puede producir el contagio de ciertas enfermedades que pueden traer las abejas de otra zona y, asimismo, el pillaje, que se refiere al robo de la miel de los cajones de las abejas nativas o de las que se encuentran en ciertos lugares. Esto también queda regulado, y la idea es que establezcamos una armónica convivencia entre distintas actividades, pues unas no sobreviven solas sin la otra. La normativa pretende justamente buscar su verdadero alcance, no imponiéndose de manera autoritaria, sino que se fundamenta en escuchar a los intervinientes y en buscar un término medio, dado que pueden existir errores que nosotros, como legisladores, podríamos cometer y para lo cual necesitamos que los distintos actores se presenten y expongan sus puntos. Así que, para su tranquilidad, diputada Nullado, invitaremos a la Asociación de Agricultores para que ellos también manifiesten su alcance respecto de esta situación. Dentro de la agricultura no solo contamos con los productores de huertos, sino también con agricultores cerealeros, aquellos que realizan otras actividades o que cultivan raps, por ejemplo, cultivos que se desarrollan en diversas zonas del país y que, entre otras cosas, sostienen el tema de la apicultura. Una y otra actividad son necesarias, y debemos buscar un sano equilibrio para que una actividad, o las restricciones o exigencias que se deriven de una, no perjudiquen a la otra. Sería conveniente que usted misma invitase a algunos apicultores para que expongan sobre esta situación y se pueda contar con su alcance; lo analizaremos ya el lunes, después de la distrital, para que cada uno pueda exponer. Se lo agradecería y podremos conversar con mayor tranquilidad. Sobre otros puntos, ¿qué ofrecía la palabra? Pues bien, no habiendo más intervenciones, pasamos al orden del día. La sesión tiene por objeto tratar los problemas ocasionados en razón de la aplicación de la nueva ley de fertilizante. Se encuentran invitados la gerente general de la Asociación Gremial de Importadores y Productores de Fitosanitarios, Fertilizantes y Bioestimulantes para la Agricultura, señora Susana Albarracín – señora Susana, muchas gracias por su presencia – y, de la Comisión de Fertilizantes, don Orlando Vega, a quien también agradecemos por estar presente. Le entregamos la palabra. Adelante. El micrófono no está encendido. Ahí sí, adelante, por su intermedio, presidente. Gracias, presidente Ratke, por esta instancia. Saludo a todas y a todos, diputada Labra, diputada Nullado, diputado Jürgensen y a todos los presentes. En nombre de nuestro gremio, INPA, quisiera exponer una presentación. Como gremio, hemos participado en diversas ocasiones, ya hace ya 17 o 18 años, aportando nuestro conocimiento de especialidad. Reunimos a productores de fitosanitarios, fertilizantes y bioestimulantes destinados exclusivamente al mundo agrícola, para uso agrícola. Agradecemos a la Comisión de Agricultura, Cibercultura y Alcaldía Rural por recibirnos hoy y por darnos...

Espacio para exponer. Básicamente, quisiéramos hablar de la ley de fertilizantes, ya que es distinto a lo que estaban recientemente conversando, que se refiere a fitosanitarios. Nuestro dolor a exponer hoy día es netamente de fertilizantes. El fertilizante es el producto que nutre, que aporta al crecimiento de las plantas, que da vigor, etc. Es un ámbito que fue normado con la nueva ley de fertilizantes del año 2021, ciento veintiún mil trescientos cuarenta y nueve. Básicamente, nuestro dolor como industria, representante de diez empresas y también en representación de la pequeña agricultura y de las pequeñas empresas, radica en la situación que afrontan las pymes, pequeñas y medianas empresas, como vamos a exponer en la presentación. Muy someramente, ¿cómo es la industria de fertilizantes y bioestimulantes, que es muy distinta a la de fitosanitarios? Se trata de un mercado de 160 millones de dólares a nivel nacional, el cual está muy atomizado, con cerca de 60 empresas. A mi lado tengo a una representante de una de las empresas de esta región, experta en las materias que estamos conversando. Esta atomización permite atender a todos por igual. Hoy día me vine en camioneta, paré en Curacaví, vi a un pequeño distribuidor y dije: "Qué importante lo que estamos haciendo y lo que vamos a conversar hoy, porque si no tomamos las mejoras posibles a la normativa, pueden sufrir complejas consecuencias". Estas 60 empresas –el 90% son pequeñas y medianas– evidencian lo llamativo que es este mercado. Las multas que quedaron en la ley –ley que nosotros apoyamos, promovimos y en la que participamos desde sus comienzos en el Ministerio de Agricultura– fueron concebidas para asegurar la calidad y trazabilidad de un producto específico, fundamental para proteger los suelos y campos chilenos. En ese cuidado, que es nuestro quehacer –queremos una agricultura sustentable, sostenible y cuidadosa– fuimos promotores de esta normativa, y hoy estamos aquí con el espíritu de que ese compromiso se mantenga. Lamentablemente, las multas establecidas pueden llegar a ser el 50% del margen de una empresa. Habitualmente representamos a dos empresas, pero al día de hoy somos 10. Una de las empresas, antes de que saliera la ley, visualizó el proyecto normativo en desarrollo y prefirió cerrar su portafolio y salir del mercado. Están pasando cosas. Todo lo que ustedes hacen acá es muy importante porque nos atañe a todos como ciudadanos de a pie –representa el 20% de los ingresos anuales– y, además de la multa, Orlando me precisó que vienen costos asociados, que detallaremos más adelante, los cuales creemos y entendemos son desproporcionados al tipo de producto del que hablamos. No se trata de fitosanitarios, de los que ya se venía conversando; estamos hablando de fertilizantes, que fertilizan, que nutren. Entonces, queríamos pasar a revisar qué está implicando esta situación a nivel de la industria. Diputado Lincoln, ¿qué implica eso? El dibujo habla por sí solo: una de mis empresas ya no existe, entre las nuestras, de nuestro gremio. Se han quebrado empresas pequeñas y pequeños distribuidores, y lamentablemente vemos una erupción del comercio ilegal. Van surgiendo empresas formales que se abren paso, y simultáneamente se generan espacios para que estos nichos de mercado sean ocupados por comercio ilegal, empresas sin domicilio establecido, que no pagan los permisos y compiten de forma desleal, sin productos de calidad ni trazabilidad, afectando así nuestro mercado. En el fondo, pareciera que nuestras empresas están enfrentando situaciones que no les corresponden: al desaparecer empresas, hay menos competencia, mayores precios, menor disponibilidad de productos y menos alternativas, lo que representa una gran complejidad para los usuarios finales, los agricultores. Por ello, quisimos exponer un análisis comparativo de las distintas normativas que recaen en el servicio agrícola y ganadero en esta ley en particular.

Entonces, ahí, como el dibujo nos señala, ¿cierto? Protección agrícola, el decreto 3557. Cuando, por ejemplo, un agricultor vende una variedad distinta a otra, no sé, por el durazno blanquillo y vende un Andes Neck, una variedad chilena distinta, se impone una multa de 3 millones y medio de pesos. El rango va de 0 a 50 UTM, siendo 3 millones y medio de pesos el extremo superior, cuando, por ejemplo, se aplica un fitosanitario en una condición errónea. Estos son los rangos de multa que tiene el decreto 3557: de 0 a 50 UTM, hablamos de UTM, ojo, no de UF, que es el doble de costo. Ahí pusimos un animalito, ¿cierto? Protección animal. ¿Qué pasa en protección animal con el decreto 16? Cuando, por ejemplo, hay un animal infectado y no se realizan las desinfecciones, o cuando no se trata o no se informa, eso tiene implicancia con la salud humana, y el rango de las multas en el decreto 16 de protección animal va de 5 a 100 UTM. Entramos, a continuación, a lo que es la ley 21.349. En esta normativa referente a un producto que nutre y potencia el desarrollo de una planta, las multas van de 100 UTM, siendo el piso de 7 millones de pesos, hasta 35 millones de pesos. Es decir, lo mínimo es una multa de 7 millones de pesos por una infracción. Y lo que me es importante destacar, ¿cierto?, es que no estamos hablando de infracciones cometidas con dolo. Cuando hay alguien que engaña, que vende un producto por otro, que busca entregar un producto distinto, no estamos hablando de ese tipo de infracciones. Estamos hablando de empresas que se preocupan por el medio ambiente, que entregan productos de calidad y que se ven conflictuadas con esta normativa. Se debe, entonces, distinguir entre el comercio ilegal o empresas que sustituyen un producto por otro. Por ejemplo, aquí trajimos casos reales: expresar la densidad de un fertilizante en gramos por ml y no en gramos por litro. De esa forma, el agricultor no se ve conflictos en términos de calidad, ya que realiza la multiplicación y sabe exactamente lo que tiene. Obviamente, eso tiene una gradualidad que la norma señala, pero, al día de hoy, el SAC pasa una multa de 7 millones de pesos, de forma inmediata. Al lado tenemos una foto de una etiqueta con un adhesivo. Nosotros, cuando, por ejemplo, en el ámbito de la salud humana –como ocurre con galletas importadas–, se permite que en la composición nutritiva aparezca un sticker, planteamos que nos permitan usar un sticker igualmente, simplemente porque el costo duplica la multa y nuevamente recae sobre la empresa el cambio de etiqueta. Por estos temas se están pasando multas mínimas de 7 millones de pesos. Respecto al quehacer del servicio, que es el encargado de implicar y aplicar esta normativa, en el año 2023 –según las estadísticas– se registró un 100% de incumplimiento en casi 200 fiscalizaciones: un 30% cumplía y un 70% no cumplía; de este 70%, el 85% correspondía a materias pequeñas que no afectan la calidad del producto, aplicándose multas que oscilan entre 7 millones y 17 millones de pesos. Además, al Servicio Agrícola, dado que se trata de una ley, ya se le están acumulando las actas de citación, lo que implica que el producto queda retenido y no puede estar a disposición de los agricultores, tal como lo tenemos listado en otra diapositiva para no repetirlo. La realidad de nuestro mundo agrícola nos conduce a pensar que estas multas son desproporcionadas al tipo de producto del que se está hablando. No se está hablando de fitosanitarios, se está hablando de fertilizantes. Nuestro objetivo, obviamente, es resguardar los suelos, los campos, la sostenibilidad y asegurar que los productos sean de calidad; consideramos que este tipo de incumplimiento, de ninguna manera, pone en riesgo a la agricultura. Y, naturalmente, la normativa trae un período de adaptación tanto para la autoridad como para el mundo privado, cierto, pues si nos multan en una región el criterio es completamente distinto al de otra región, entonces ni siquiera la…