Cámara de Diputados - CEI 61 Fundación ProCultura - 24 de marzo de 2025

Señor Secretario, gracias. Señor Presidente, hemos recibido conclusiones y recomendaciones de la diputada señora Viviana Delgado Riquelme, de la diputada Giovanna Ahumada y del diputado don Cristian Araya Lerdo de Tejada, quien reemplaza al diputado don Harry Jurgensen que nos ha acompañado en la mesa en este momento. Acompañan la intervención del diputado Cristian Araya las conclusiones del diputado don Jaime Araya y las de los diputados don José Miguel Castro y don Andrés London. Señor Presidente, el documento más largo –si no me equivoco, de 14 páginas– es el que firman los señores Castro y London. Le propongo, salvo su parecer distinto, dar lectura a este documento. En la medida en que las y los miembros de la comisión extrañen alguna de las propuestas formuladas, márquenlas en sus respectivas propuestas y, una vez leídas, las que no sean compatibles se incorporen al documento. ¿Están de acuerdo? Ahora, el documento se está imprimiendo y procederá a leerlo el Secretario, quien tiene buena vista. Así, las consideraciones previas no serán leídas. 1. Sobre precios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos. La polémica gestión financiera de la Fundación Procultura. Uno de los aspectos más controvertidos identificados en el marco de la investigación realizada por esta Comisión Especial tiene relación con el uso de fondos públicos entregados a la Fundación Procultura y la evidencia concreta de situaciones que reflejan sobreprecios y gastos irregulares reiterados en diversos proyectos. A partir de los antecedentes oficiales aportados por la Contraloría General de la República y las auditorías efectuadas en distintos gobiernos regionales, se observa un preocupante patrón de utilización ineficiente y, en ciertos casos, negligente de recursos públicos asignados mediante asignaciones directas y convenios celebrados con esta fundación. De forma específica, se detectaron numerosos casos en los que los montos cobrados por la realización de servicios y actividades por parte de empresas relacionadas con la Fundación Procultura excedieron ampliamente los valores de mercado. Entre los casos más emblemáticos se encuentra la investigación realizada por la Contraloría en el Gobierno Regional de Ñuble, donde se constató que la Fundación Procultura efectuó compras de merchandising y regalos corporativos con evidentes sobreprecios, generando un perjuicio estimado en varios millones de pesos al patrimonio. Del mismo modo, en la Región Metropolitana, en el contexto del programa “Quédate”, se constataron serias irregularidades administrativas y financieras, tales como la rendición insuficiente de aproximadamente 1.000 millones de pesos de fondos transferidos; situación que derivó en el término anticipado del convenio y en la posterior activación de acciones judiciales para la recuperación efectiva de los recursos cuestionados. Además, según quedó documentado en la investigación, la Fundación Procultura incurrió reiteradamente en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y, en ocasiones, sin sustento documental adecuado o transparente. Entre estos, se destacan gastos excesivos en catering, eventos sociales y otros desembolsos cuyos fines de beneficio público resultan, como mínimo, dudosos. Asimismo, la reiterada externalización de servicios a empresas vinculadas directamente con integrantes de la Fundación Procultura levanta fuertes sospechas y ha impulsado un crecimiento en materia de investigación judicial aún en desarrollo. Estas situaciones no solo representan una potencial infracción administrativa y un eventual delito, sino que también constituyen una seria violación al principio de eficiencia, transparencia y austeridad en el uso de recursos fiscales, generando un profundo cuestionamiento sobre la probidad y el buen uso del patrimonio público. La detección reiterada de estos sobreprecios y gastos irregulares evidencia deficiencias profundas, tanto en la capacidad técnica y ética de la fundación, como en el organismo encargado de fiscalizar adecuadamente la ejecución de los recursos públicos entregados. 2. Cuando los controles fallan: el caso Procultura y la debilidad institucional. Otro punto importante se refiere a las profundas debilidades institucionales y administrativas detectadas en los mecanismos de control, supervisión y fiscalización de los recursos públicos entregados a la Fundación Procultura. A partir de los antecedentes recopilados, se ha podido identificar que no se trata de casos aislados y excepcionales, sino de un problema estructural que afecta de manera transversal a múltiples niveles.

Instituciones públicas, revelando graves vulnerabilidades en el sistema de gobernanza de fondos públicos. Desde la etapa inicial de asignación y validación técnica, hasta la fase final de rendición de cuentas y control administrativo posterior, quedó evidenciada una clara incapacidad institucional para garantizar el correcto uso y gestión eficiente de los recursos fiscales. La validación institucional otorgada por cultura por parte de organismos técnicos, como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), durante el actual gobierno, careció de un análisis exhaustivo y profundo sobre la real capacidad técnica, financiera y operativa de la Fundación para ejecutar los proyectos financiados con fondos públicos. Este primer filtro institucional, concebido precisamente para prevenir irregularidades, se mostró débil, superficial e insuficiente, permitiendo que la Fundación obtuviera una legitimidad formal sin una adecuada evaluación sustantiva, lo que hace prever que existen elementos de cercanía política involucrados, como señaló el propio Alberto Larraín en una reunión por Zoom, donde estableció expresamente su cercanía con funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para dar celeridad en las autorizaciones. Durante la etapa de ejecución de los proyectos financiados mediante convenios directos, los gobiernos regionales involucrados —entre ellos la Región Metropolitana, Ñuble, Valparaíso, Magallanes, Vividía y Antofagasta— mostraron reiteradamente una grave negligencia en la supervisión efectiva del desarrollo de las actividades comprometidas. Se observaron retrasos sistemáticos en la fiscalización, falta de procedimientos efectivos para monitorear la ejecución de las iniciativas y ausencia generalizada de criterios uniformes para realizar controles internos efectivos. En la mayoría de los casos, estas instituciones públicas actuaron tardíamente o reaccionaron solo ante la emergencia de denuncias públicas o auditorías externas que revelaron irregularidades serias en la gestión financiera y en la administración de los recursos transferidos a Procultura. Especialmente preocupante resultó la ausencia o debilidad de controles preventivos internos que debieron haber sido implementados por los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, situación evidenciada también por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna, que detectaron retrasos significativos, documentos inexistentes o incompletos, omisión negligente en las revisiones administrativas, falta de respaldo documentado y, en algunos casos, completa opacidad respecto a la justicia. Una polola, está aquí, manda Don Hugo. Don Hugo. Perdón, discúlpenme, somos amigos. La etapa final de rendición y auditoría mostró la mayor fragilidad institucional, pues fue de ahí donde quedaron expuestas las consecuencias más graves de la ausencia de control y supervisión eficaz, incluyendo la desaparición de recursos públicos cuantiosos, gastos injustificados, sobreprecios y pagos indebidos. La reacción institucional ante estos hallazgos demostró ser tardía y reactiva, debiendo recurrir a mecanismos extremos como términos anticipados de convenios, acciones judiciales de recuperación de fondos y juicios de cuenta ante la Contraloría General, en lugar de contar con sistemas preventivos sólidos que hubieran impedido desde un inicio estos abusos y negligencias. Ahora voy a conectarnos aquí, no te preocupes, Hugo, para darles el número de página. Vamos al punto 3 ahora. Está en la página 4 de 18, no era en 14. El laberinto de recursos en la intrincada red de empresas tras Procultura. Se evidenció la existencia de una compleja e intrincada red de empresas relacionadas, directa o indirectamente, con integrantes cercanos o ex colaboradores de la Fundación ProCultura, situación que ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y posibles irregularidades en la administración de los recursos públicos transferidos. Según la evidencia proporcionada por la Contraloría General de la República y recogida por esta comisión, se constató que gran parte de las actividades contempladas en los convenios celebrados por ProCultura no fueron ejecutadas directamente por la Fundación, sino que fueron externalizadas hacia diversas empresas privadas, constituyendo en algunos casos situaciones altamente sospechosas debido a la estrecha vinculación que dichas empresas mantienen con personeros clave de ProCultura. Estos hallazgos apuntan claramente a una metodología recurrente, consistente en la presentación de cotizaciones que involucran empresas propiedad o vinculadas directamente a directivos, funcionarios o ex colaboradores de la misma Fundación. Un ejemplo ilustrativo y preocupante fue detectado en la auditoría realizada al Gobierno Regional de Valparaíso, donde dos empresas distintas presentaron cotizaciones aparentemente independientes para el mismo proyecto financiado con recursos públicos. La Contraloría verificó posteriormente que ambas empresas eran propiedad o estaban administradas por personas estrechamente vinculadas a ProCultura, revelando una clara triangulación de recursos públicos y manipulación indebida del sistema de contratación pública para, posiblemente, adjudicarse más recursos públicos de manera ilícita. De forma similar, en la Región del Bío Bío y Ñuble, las auditorías realizadas detectaron gastos injustificados e inconsistencias en la documentación.

...presentada y un preocupante nivel de sobreprecio. Gran parte de estos pagos se canalizaron hacia empresas privadas, cuyas estructuras societarias revelaron nuevamente vínculos directos e indirectos en la propia Fundación Procultura o en sus integrantes. La situación expone una dinámica preocupante en la gestión financiera de los proyectos, generando una notable pérdida de transparencia, dificultando la trazabilidad de los recursos públicos y debilitando significativamente la capacidad de fiscalización por parte de los organismos del Estado. La existencia de esta red de empresas relacionadas con Procultura no solo representa un riesgo, sino que también sugiere una intención deliberada de evitar la competencia abierta y transparente en el proceso licitatorio o en la asignación de recursos, lo que perjudica el interés público y favorece intereses particulares. Esto, además, pone en entredicho la real naturaleza —entre comillas, sin fines de lucro— de la Fundación, generando dudas razonables sobre eventuales objetivos comerciales encubiertos bajo la forma jurídica de una organización sin fines lucrativos. Cuatro. Presidente, yo no sé si les parece —quizá al secretario, él sabe mejor— que podríamos ir aprobando estos puntos y, de esa manera, después incluir los demás en cada uno de ellos, porque si los vamos aprobando desde ahora, en el fondo ya vamos concretando algo. No sé si corresponde o no hacerlo, secretario, o si es bueno o no para... Lo que pasa es que... Sí, perdón un segundo, para responderle: es que esa es la idea. Si están todos de acuerdo con los puntos, los aprobamos de una; no es necesario ir aprobando uno a uno. En general, los informes se aprueban completos. Es una anomalía aprobarlos por partes. Si hay algún diputado que esté en contra de algún elemento, que lo diga de inmediato, que lo deje marcado, y lo podremos discutir una vez que termine el informe. Gracias, señor presidente. Efectivamente, las propuestas se votan en bloque: propuestas y conclusiones. No hay. Cuatro. Convenios exprés, modo operandi recurrente y asignaciones directas cuestionadas a nivel nacional. También resulta relevante un aspecto que ha surgido en el análisis realizado por esta comisión, que es el patrón sistemático de asignaciones directas que favorecieron a la Fundación Procultura, evidenciando un claro modo operandi que la Fundación habría utilizado para obtener cuantiosos recursos públicos en distintas regiones del país. Los antecedentes recopilados y analizados indican claramente que la modalidad predominante mediante la cual Procultura accedió a los fondos públicos fue la denominada "asignación directa", comúnmente referida como convenio exprés. Este método, caracterizado por la rapidez de asignación y la ausencia de procesos licitatorios abiertos y transparentes, permitió a la fundación recibir importantes sumas de dinero público de forma ágil y expedita, evitando procesos competitivos que pudieran garantizar una asignación eficiente, objetiva y adecuada. El caso paradigmático fue el programa Quédate, impulsado en la Región Metropolitana, donde la asignación directa se concretó con inusitada rapidez, impulsada activamente desde el propio Gobierno Regional liderado por el gobernador Claudio Rego. Las actas analizadas reflejan una aprobación acelerada y sin cuestionamientos significativos, lo cual contrasta profundamente con los graves problemas posteriores de ejecución y rendición de cuentas observados en el proyecto. Este patrón de asignación directa, según lo documentado en diversas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, se replicó en las regiones de Antofagasta, Ñuble, Valparaíso, Villovío y Magallanes, configurando claramente un modo recurrente que permitió a Procultura acceder a una cantidad notable de fondos públicos en un breve periodo de tiempo y sin controles internos robustos que impidieran irregularidades o aseguraran el uso adecuado de estos recursos. En efecto, en diversas auditorías a nivel nacional se constató que la decisión de otorgar estos recursos públicos no siempre estuvo respaldada por un análisis técnico suficientemente riguroso ni por estudios previos sólidos sobre la real capacidad operativa y financiera de la Fundación Procultura para ejecutar las actividades comprometidas. Al contrario, en la mayoría de los casos, la decisión administrativa fue impulsada por factores de conveniencia política o urgencia declarada, sin cumplir estrictamente con los estándares técnicos mínimos exigibles a la Administración Pública para el uso adecuado del patrimonio fiscal. Asimismo, este mecanismo exprés permitió, según los antecedentes obtenidos por esta comisión, que se dieran frecuentes situaciones de sobreprecio, gastos injustificados y externalización reiterada hacia empresas privadas relacionadas directamente con integrantes o cercanos a la Fundación Procultura, lo que aumentó aún más las sospechas y los cuestionamientos sobre la transparencia de estos convenios directos. Se observó un claro debilitamiento de las instancias de control administrativo, técnico y financiero, que en condiciones normales habrían debido ejercer un escrutinio riguroso y prevenir potenciales abusos. Este modo de operar pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos institucionales actuales para supervisar la asignación directa de fondos públicos. Más preocupante aún resulta el hecho de que este modus operandi aparece en la ley de la justicia.

Hace haberse transformado en una práctica extendida y habitual, cuyas consecuencias perjudiciales se reflejan ahora en múltiples investigaciones judiciales, procesos administrativos y casos emblemáticos de presuntos fraudes del fisco, negociaciones incompatibles y eventuales actos de corrupción. La reiteración nacional de este patrón exige la urgente adopción de medidas estructurales para limitar estrictamente las asignaciones directas a situaciones verdaderamente excepcionales y debidamente acreditadas. Es necesario asimismo establecer controles preventivos sólidos, con estándares rigurosos de evaluación previa, mecanismos transparentes para justificar plenamente la asignación directa y la implementación de auditorías obligatorias que monitoreen en tiempo real la ejecución efectiva de estos recursos. 5. Cheque en blanco: la insuficiencia de la evaluación institucional que benefició a la Fundación ProCultura. Un elemento central identificado por esta Comisión Especial Investigadora ha sido la notable debilidad institucional en los mecanismos previos de evaluación y validación técnica y administrativa aplicados a la Fundación ProCultura, lo cual facilitó significativamente su acceso a recursos públicos sin un control preventivo adecuado. Esta situación ha sido correctamente definida como la entrega institucional de un auténtico cheque en blanco, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto a la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la entidad beneficiaria. Según lo antecedente analizado por esta Comisión, el procedimiento administrativo utilizado principalmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, bajo el mando en su momento del exsubsecretario, señor Miguel Crispi, permitió validar institucionalmente a la Fundación ProCultura como entidad subejecutora mediante la asignación de un puntaje extremadamente alto, 97,1 puntos de 100, basándose en criterios aparentemente formales y superficiales, sin realizar una revisión efectiva y objetiva sobre la idoneidad técnica y la trayectoria real de la Fundación para administrar cuantiosos fondos públicos en múltiples regiones del país. La consecuencia directa de esta insuficiente evaluación previa fue que diversos gobiernos regionales, así como otras instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, confiaron plenamente en esta evaluación inicial, lo que significó que posteriores procesos de asignación directa de recursos se realizaran sin cuestionar la real capacidad operativa de la Fundación ProCultura, asumiendo erróneamente que la aprobación técnica e institucional previa era suficiente garantía para una adecuada ejecución y rendición de los fondos entregados. Tal insuficiencia de la evaluación inicial tuvo consecuencias particularmente graves. Por un lado, se omitió cualquier análisis riguroso de conflictos de interés potenciales, pese a la existencia de evidentes vínculos entre los directivos de la Fundación ProCultura y empresas privadas contratadas para ejecutar actividades financiadas con recursos públicos. Por otro lado, no se tomaron en cuenta adecuadamente las limitadas capacidades operativas reales de la Fundación en algunos de los proyectos adjudicados, como ocurrió con la recuperación de fechas en Antofagasta, el Programa de Prevención del Suicidio en la Región Metropolitana y diversos programas culturales o turísticos en regiones como Ñuble, Bío-Bío y Magallanes. Además, esta deficiente evaluación institucional permitió una reiterada falta de rigurosidad en la posterior supervisión técnica y financiera de los proyectos ejecutados, contribuyendo al surgimiento de irregularidades significativas, tales como sobreprecio, gasto injustificado, pago sin respaldo documental suficiente y pérdida o extravío de recursos públicos considerables. Es indispensable señalar que la entrega de este auténtico cheque en blanco representa una falla profunda en el modelo administrativo y técnico utilizado por las UTRES y otras instituciones públicas para validar entidades receptoras de recursos fiscales. El procedimiento empleado hasta ahora no garantiza un mínimo estándar de transparencia, eficiencia ni probidad, permitiendo situaciones altamente cuestionables como las observadas en el caso de la Fundación ProCultura. En este contexto, esta Comisión considera urgente proponer cambios profundos en los procedimientos administrativos de evaluación institucional, tales como establecer criterios objetivos y rigurosos, efectuar análisis técnicos, verificar antecedentes comerciales y financieros, realizar entrevistas técnicas independientes y transparentar públicamente todos los antecedentes de validación. Del mismo modo, es necesario implementar mecanismos de efectiva fiscalización posterior, capaces de detectar tempranamente situaciones irregulares y asegurar la trazabilidad completa de los recursos asignados. 6. Recursos públicos. Las relaciones tras las asignaciones a la Fundación ProCultura: Uno de los elementos más delicados y relevantes que emergieron durante el desarrollo de esta investigación parlamentaria es el conjunto claro de indicios sobre posibles conflictos de interés en la asignación directa y reiterada de recursos públicos a la Fundación ProCultura, cuestión que compromete gravemente los principios de transparencia, objetividad e imprescindible.

Que deben regir cualquier gestión pública. ¿Se me perdió el presidente? Sí, no, no, si no es para entregar la campana. En el contexto del caso Procultura, la Comisión Especial Investigadora detectó múltiples instancias en las cuales las relaciones personales, políticas y comerciales entre integrantes claves de la Fundación y autoridades públicas encargadas de decidir, recomendar, autorizar o utilizar asignaciones de recursos generaron situaciones claramente cuestionables desde el punto de vista ético y administrativo. Estas circunstancias configuraron un escenario propio para la existencia de conflictos de interés que debieron ser identificados y prevenidos oportunamente por las instituciones encargadas. Un caso emblemático es el estrecho vínculo público-político entre autoridades regionales y directivos de la Fundación Procultura. Destacan, en particular, las situaciones identificadas en los gobiernos regionales de la Región Metropolitana, Magallanes, Ñuble y Antofagasta, donde altos personeros políticos, incluyendo algunos gobernadores regionales y otros funcionarios relevantes, manifestaron vínculos personales o profesionales cercanos con representantes de Procultura, especialmente con su director ejecutivo Alberto Larraín. Esta proximidad, claramente conocida y documentada, plantea interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad en la decisión de designar cuantiosos recursos fiscales a esta fundación en Valparaíso y Ñuble. La Contraloría detectó que personas con funciones operativas o administrativas en Procultura presentaron cotizaciones en representación de empresas privadas que finalmente fueron adjudicatarias de los servicios externalizados por la Fundación. Esta dinámica compromete la objetividad del proceso de selección y asignación, dificultando que las decisiones se orienten exclusivamente al interés público en lugar del interés particular de actores directamente relacionados con la Fundación. La ausencia de procedimientos claros para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente estos conflictos de interés constituye una grave falencia institucional que permitió el desarrollo reiterado de situaciones que podrían haber vulnerado principios fundamentales de transparencia y prioridad administrativa. La falta de registros públicos obligatorios sobre vínculos comerciales o societarios y la ausencia de declaraciones de interés público y exigible para quienes administran recursos fiscales profundizan aún más esta problemática. 7. Grave vacío en procedimientos permitió la entrega irregular de recursos fiscales a la Fundación Procultura. Se han evidenciado importantes brechas en los procedimientos formales de selección y validación de las entidades ejecutoras. Según informes oficiales y declaraciones entregadas en distintas sesiones, la ausencia de mecanismos claros y rigurosos facilitó la entrega irregular y cuestionable de recursos públicos. La Contraloría General detectó que, en algunos gobiernos regionales, como el del Biobío, no existía el certificado de preadmisibilidad requerido para aprobar programas ejecutados por Procultura, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos. Asimismo, en la región de Ñuble se constató que los convenios firmados por Procultura carecían de claridad en cuanto a los objetivos específicos y no contaban con documentación suficiente para justificar debidamente los gastos realizados. En este contexto, múltiples denuncias y querellas por delitos como apropiación indebida, fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias han sido presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y otros actores, judicializando una situación que evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. Por otra parte, resulta importante establecer de manera categórica que el control y la fiscalización no requieren una norma específica que los habilite para obtenerse y entregar todos los recursos que permitan exigir garantías adecuadas. Estos aspectos se basan en principios generales consagrados en la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, particularmente en los principios de eficiencia, eficacia, control, responsabilidad y prohibición administrativa establecidos en sus artículos 3 y siguientes. Por tanto, cualquier acuerdo o convenio suscrito debe estar en conformidad con estos principios, que obligan a los organismos públicos a asegurar la correcta administración y resguardo de los recursos fiscales. 8. Sin fines de lucro, la opacidad tras la transferencia a Procultura. Existe una clara contradicción entre el carácter formal de la Fundación Procultura, constituida legalmente como una organización sin fines de lucro, y la evidente opacidad y tercerización en la administración de los recursos públicos transferidos por distintas instituciones del Estado. El concepto de sin fines de lucro implica, en términos jurídicos y éticos, que los recursos obtenidos por una organización deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de objetivos sociales, culturales, educacionales o comunitarios específicos y nunca al enriquecimiento particular, privado o empresarial. Sin embargo, los antecedentes revisados por esta Comisión revelan situaciones preocupantes donde las prácticas observadas en torno a la Fundación Procultura parecen desafiar directamente este principio fundamental, poniendo en cuestión el verdadero carácter social de la Fundación. La evidencia recopilada y entregada a esta Comisión por parte de la Contraloría General de la República, así como las investigaciones judiciales en curso, …

Indican que una proporción importante de los recursos públicos asignados directamente a Procultura fueron externalizados hacia empresas privadas relacionadas con directivos, asesores o funcionarios de la misma Fundación. Estas transferencias se concretaron a través de la contratación de servicios externos que presentaron recurrentes altos costos, cotizaciones duplicadas o triplicadas de empresas vinculadas entre sí, sobreprecios evidentes y gastos sin suficiente justificación técnica ni administrativa. El resultado práctico de esta dinámica ha sido la generación de una verdadera red de negocios y servicios comerciales que operan bajo el amparo formal de una fundación sin fines de lucro, generando así una profunda contradicción ética, jurídica e institucional. Estos procedimientos no solo representan una potencial vulneración de los principios básicos que sustentan la existencia legal de las fundaciones en nuestro país, sino que también generan legítimas dudas sobre si la entidad operó efectivamente como una organización sin fines lucrativos o si, en cambio, utilizó esta estructura para encubrir objetivos comerciales y de lucro. La Comisión de Procultura ha realizado un estudio sobre la estructura empleada para encubrir objetivos comerciales y de lucro indirecto. La opacidad detectada en las operaciones financieras de Procultura resulta especialmente preocupante, pues ha dificultado enormemente la fiscalización efectiva y la trazabilidad completa del uso dado a los fondos públicos transferidos. Se detectó, además, la existencia frecuente de documentación incompleta, respaldo financiero insuficiente, falta de detalle en la ejecución efectiva de las actividades comprometidas y una notable resistencia institucional por parte de la Fundación a entregar información transparente y detallada ante solicitudes formales de fiscalización. En cuanto a la omisión de inhabilidades y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y la Fundación Procultura, existe una evidente negligencia en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a contar con claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación. Estas omisiones se traducen en decisiones administrativas tomadas sin que medie una adecuada declaración de inhabilidad, lo que pone en cuestión la transparencia y objetividad en el uso de recursos públicos. Destaca especialmente el caso del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuya relación personal, política y profesional previa con Alberto Larraín quedó claramente acreditada. Según los antecedentes revisados por esta Comisión, antes de recibir recursos del Gobierno Regional Metropolitano, Orrego habría contratado directamente a Larraín en la Corporación de Desarrollo Regional del mencionado Gobierno, en el contexto de iniciativas relacionadas con temas sociales y de salud mental. Adicionalmente, Larraín había trabajado en el consultorio de salud mental de Mealolén, en la época en que el actual gobernador era alcalde de dicha comuna. A esto se suma el hecho conocido de que Alberto Larraín participó activamente en la campaña electoral de primarias presidenciales de Claudio Orrego en 2013, fortaleciendo aún más el vínculo político y personal existente entre ambos. Este conjunto de relaciones laborales, profesionales y políticas configura, de forma objetiva, un conflicto de interés, según lo dispuesto expresamente en el artículo 12 de la Ley 19.880. Artículo 12, no lo voy a leer porque es conocido por todos. En razón de esta disposición legal, los antecedentes revisados permiten afirmar que Claudio Orrego debió haber declarado explícitamente la existencia de estas relaciones previas y haberse abstenido de intervenir en los procedimientos administrativos relativos al proyecto “Quédate”, ejecutado por Procultura con recursos del Gobierno Regional Metropolitano. Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por esta Comisión, dicha declaración formal de intereses no se efectuó de manera oportuna ni adecuada, lo que genera la sospecha fundada de que la asignación directa y expedita del proyecto pudo haber estado indebidamente influida por el vínculo personal, político y profesional previamente existente entre Claudio Orrego y Alberto Larraín. Respecto al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártida Chilena, esta Comisión ha constatado una situación preocupante relacionada con la asignación de recursos públicos a la Fundación Procultura, especialmente en lo que respecta a proyectos de puesta en valor patrimonial y cultural. La Contraloría General de la República, mediante auditoría específica al Gobierno Regional de Magallanes (Informe 428 de 2022), detectó graves omisiones y la falta de rendición de cuentas correspondiente a las asignaciones directas otorgadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En particular, se evidenció la existencia de proyectos en los cuales la Fundación Procultura recibió recursos públicos sin proporcionar detalles específicos sobre el destino final de los gastos realizados ni entregar oportunamente la documentación requerida que respalde el correcto uso de dichos recursos. Esta irregularidad constituye una clara violación de los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el uso de fondos públicos. A ello se suma otro elemento relevante: la comunicación directa entre el gobernador regional Jorge Flíes y Alberto Larraín, que revela un nivel significativo de cercanía personal y una gestión caracterizada por la fluidez en la asignación de recursos públicos a dicha fundación.

Este vínculo personal y directo, sumado a la falta objetiva de cumplimiento en la rendición de recursos contratada por la Contraloría, configura una situación preocupante desde el punto de vista legal. La cercanía y la fluidez en la comunicación, especialmente cuando implican intervenciones para acelerar o influir en el proceso administrativo de asignación de fondos, debieron haber activado de inmediato los mecanismos establecidos en la ya mencionada Ley 19.880, que obliga a la abstención administrativa en casos donde exista un interés directo, indirecto o una relación personal que comprometa la imparcialidad. Así, la ausencia, en ambos casos, de dicha abstención y de una declaración formal y transparente sobre estos vínculos constituye una omisión administrativa grave que puede generar la percepción fundada de falta de imparcialidad y potenciar el conflicto de interés en la asignación y posterior supervisión de los recursos públicos involucrados. 10. Recursos públicos en riesgo. La incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a Procultura. Una de las conclusiones más preocupantes obtenidas por esta comisión se relaciona con la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cantosos recursos públicos asignados regularmente a la Fundación Procultura. Los antecedentes recopilados revelan la existencia de severas deficiencias administrativas, jurídicas y procedimentales que han dificultado notablemente la posibilidad real de defender y rescatar oportunamente su patrimonio fiscal. La lentitud institucional para activar mecanismos judiciales y administrativos adecuados, así como la débil eficacia de las garantías exigidas y la ausencia de protocolos específicos para la recuperación de fondos públicos asignados irregularmente, generaron condiciones ideales para que la Fundación Procultura pudiera administrar sus recursos sin control efectivo durante largos períodos, debilitando significativamente la posibilidad real de recuperación íntegra. Asimismo, la falta de trazabilidad adecuada, la documentación insuficiente y la carencia de mecanismos preventivos rigurosos para anticipar estos riesgos agravaron considerablemente la situación, limitando drásticamente las acciones legales y administrativas emprendidas para recuperar los recursos cuestionados. En vista de lo anterior, esta Comisión Especial e Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente. Es imprescindible contar con garantías sólidas y exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante las irregularidades, y mecanismos institucionales capaces de actuar de manera preventiva frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado. En definitiva, el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos. 11. El silencio de Irina Caramanos. La ausencia que impide aclarar vínculos con el caso Procultura. Dentro de las conclusiones obtenidas por esta comisión, merece especial atención la figura de Irina Caramanos, quien no compareció ante la instancia investigadora pese a las invitaciones formales cruzadas con el fin de aclarar su eventual conocimiento o involucramiento indirecto en las decisiones relacionadas con la Fundación Procultura y, adicionalmente, la relevancia que tuvo al interior de la actual administración del Gobierno. La eventual comparecencia de Irina Caramanos podría haber contribuido significativamente a despejar dudas sobre posibles influencias, intervenciones informales o recomendaciones en favor de dicha fundación, y habría permitido aclarar públicamente su grado de conocimiento o participación indirecta en estos hechos. La ausencia voluntaria de Caramanos ante esta comisión constituye un hecho preocupante que debe ser criticado, ya que representa una oportunidad perdida para ejercer la transparencia y aportar información relevante sobre cuán enquistado se encontraba el mecanismo de Procultura en el actual Gobierno. Este silencio perjudica la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados y genera incertidumbre sobre la real dimensión política del caso Procultura, dificultando el cierre definitivo y satisfactorio de esta investigación parlamentaria. Por lo tanto, su negativa a asistir se convierte en un cuestionamiento legítimo a su compromiso con la transparencia pública, dado que su testimonio habría podido aportar elementos de juicio necesarios para delimitar responsabilidades políticas y éticas en uno de los casos más controvertidos en materia de transferencias directas de recursos públicos a fundaciones privadas. La Comisión expresa así su crítica institucional por esta ausencia y lamenta profundamente que una figura pública relevante haya optado por mantenerse en silencio en un momento en que se requería plena disposición para esclarecer hechos sensibles para el interés público. Se hace un llamado a que, en el futuro, todas las autoridades o personas públicamente relevantes colaboren activamente con las investigaciones parlamentarias, fortaleciendo la confianza ciudadana y la transparencia en el país.