Sí, ya tenemos tomado razón el instrumento para poder hacer efectivas las transferencias a los gobiernos regionales. Y durante estos días ya estamos en condiciones de transferir; tenemos la caja para poder empezar a transferir en orden, digamos, no todo de inmediato, porque vamos solicitando caja al Ministerio de Hacienda, de IPRES, pero vamos a transferirlo de aquí al día 30 de marzo; vamos a tener todo eso transferido porque ya tenemos el visto bueno de la Contraloría, con los lineamientos que están claramente señalados.
Ahí contarles también, aprovechar de comentarles, que mañana tenemos una jornada intensiva con todos los SEREMIS de las regiones para poder coordinar cómo va a ser la fiscalización o el acompañamiento a los gobiernos regionales en estas materias para seguir los lineamientos que se han aprobado. Lo tenemos así de claro.
Gracias, subsecretario. Diputado Durán, sus 30 segundos.
¿30 segundos? Gracias, Presidenta. Ahora sí, saludar a la subsecretaria y al equipo que viene acompañándola.
Bueno, de alguna forma contento, por supuesto, con lo que está pasando con el Bafona. Fueron meses de esta agrupación, sino años, como lo dije en algún momento, de complicaciones, de discriminación, de malos tratos.
¿Cómo están? Buenos días. Son las 9:53 de la mañana de este miércoles 19 de marzo. Hasta ahí la transmisión de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, que usted puede seguir, obviamente, en nuestra página www.camara.cl y, en particular, en el canal cdtv.cl, donde hay una pestañita para que usted siga la transmisión, que le quedan pocos instantes, pocos minutos de la Comisión de Cultura, ya que en breves instantes habrá trabajo en la sala de sesiones.
Esta es la sesión de sala número 5 de la presente legislatura, que tiene, como es habitual, una extensa tabla con diversos puntos, que los invitamos a repasar de inmediato. En primer término se presenta la moción que aumenta el monto de los avalúos fiscales, con el objeto, bien digo, de regularizar los bienes raíces urbanos.
Luego se dará paso a la moción que faculta el retiro del cableado aéreo por parte de los municipios, y en tercer término se abordará una moción que establece la inhabilidad al ingreso de cónyuges y parientes de autoridades en cargos públicos. Esos son los tres primeros proyectos de esta jornada, que incluye una serie de puntos: ahí están el 4, 5 y 6.
El 4, moción que mejora la fiscalización en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.
El 5, moción que encarga al Servicio Médico Legal (SML) identificar los restos bajo su custodia de víctimas de violaciones a derechos humanos.
El 6, iniciativa parlamentaria que establece la caducidad de la acción ejecutiva del cobro de los derechos de aseo.
Hasta ahí son puras mociones, puras iniciativas de diputadas y diputados, o senadoras y senadores, las que se van a abordar este miércoles 19 de marzo, que además incluyen otros puntos: los 7, 8 y 9.
El 7, moción sobre protección de rompientes de olas para la práctica del surf.
Los últimos puntos de esta jornada son investigaciones parlamentarias. El 8, sobre las terapias y programas a sujetos cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral.
Y el 9, sobre el aumento de caudal a las asociaciones de canalistas, esto en las regiones de Ñuble y del Bío-Bío.
Investigaciones de comisiones especiales cierran, entonces, los nueve puntos en tabla de esta jornada en la sala de sesiones, y una vez que comience será la sesión número 5 de la presente legislatura, iniciada el pasado 11 de marzo.
Hay que hacer la salvedad, la precisión, de que el tiempo destinado tanto a los proyectos de ley, que en este caso son mociones, como a los dos informes de comisiones investigadoras es el denominado orden del día. Son 120 minutos y, por tanto, no siempre se alcanzan a abordar todos los proyectos en su integridad.
Como siempre, ahora los invitamos a profundizar en las materias que serán analizadas en la sala de nuestra corporación en esta jornada de 19 de marzo. Como los ilustramos al comienzo de esta transmisión, la Cámara va a iniciar el debate con el proyecto de ley fruto de una moción que busca modificar el decreto ley 2695 del año 1979, decreto ley que
Normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, todo con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal, lo que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos. Este proyecto, que ya fue aprobado por el Senado, se encuentra en segundo trámite constitucional y será informado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Tiene un artículo único que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para consignar que los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a ochocientas o a trescientas ochenta unidades tributarias, respectivamente, se modifica a que sean aquellos cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a mil unidades tributarias mensuales.
Esa es la modificación que propone este proyecto de ley, proveniente del Senado. En ese marco, es importante recordar que sus autores son los senadores José García, Fidel Espinosa, Rodrigo Galilea, Luis Ebensperger, Luz Ebensperger y María José Gatica. Los autores fundamentan su propuesta señalando que se orienta a regularizar el dominio de la propiedad raíz de familias vulnerables. Además, los patrocinantes abordan el incremento sistemático registrado por el avalúo de las propiedades, tanto agrícolas como no agrícolas, consecuencia de los procesos periódicos que realiza el Servicio de Impuestos Internos, y remarcan que en el período 2008-2023 estas valorizaciones han presentado diferencias significativas en las magnitudes de las alzas aplicadas en cada ocasión, sin guardar coherencia entre las variaciones experimentadas por los distintos inmuebles urbanos y rurales.
Por ello, se justifica la presentación de esta iniciativa legal, que inaugurará el debate esta mañana, miércoles 19 de marzo.
A continuación, se presenta en tabla una segunda moción para hacer enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones, facultando el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. El informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente a este proyecto en primer trámite constitucional, señala que, en caso de que la concesionaria o permisionaria no proceda al retiro, traslado u ordenación de los elementos de la red que le haya sido requerido dentro del plazo por la municipalidad o la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los municipios podrán retirar, trasladar u ordenar estos elementos a costa de las concesionarias o permisionarias, conforme lo disponga el reglamento. El municipio deberá notificar a la concesionaria o permisionaria, especificando la fecha en que ejecutará el retiro, traslado u ordenación y los costos asociados al mismo. En caso de tratarse de un elemento cuya propiedad no sea posible determinar, el municipio deberá notificar a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que se efectuará el retiro, traslado u ordenación, junto con los costos correspondientes. En este último caso, los costos deberán ser reembolsados por partes iguales entre las concesionarias o permisionarias que presten servicios de telecomunicaciones en la comuna. Para el reembolso de estos costos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto Supremo 2385 y en el Decreto Ley 3063, de 1979, sobre rentas municipales. El certificado emitido por el secretario municipal, que acredite el monto del retiro, servirá como título ejecutivo para exigir el reembolso correspondiente.
Finalmente, dará paso a una tercera iniciativa parlamentaria, también en primer trámite constitucional y con discusión pendiente, cuyo informe ya ha sido rendido, y que busca modificar la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Bases generales de la Administración del Estado, con el objeto de establecer una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de cónyuges y parientes de las autoridades que indica. ¿Cuáles son esas autoridades? Específicamente, se dispone que las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, que no cuenten con la idoneidad profesional acreditada para el cargo, respecto del Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, ministros y subsecretarios, con excepción de aquellos cargos que sean proveídos mediante el sistema de alta dirección regulado por la ley 19.882. Esos son los cargos, entonces, respecto de los cuales esta moción busca establecer una inhabilidad para el ingreso al servicio público.
Bien, damos paso entonces, en voz del Vicepresidente Gaspar Rivas, a esta jornada en la Sala de Sesiones.
El acta de la sesión centésimo trigésimo cuarta de la legislatura anterior se declara aprobada y el acta de la sesión centésimo trigésimo quinta de la legislatura anterior queda a disposición de los señores diputados. El señor prosecretario dará la lectura a la cuenta.
Gracias, Presidente. Buen día. La cuenta corresponde a la sesión de sala número cinco para hoy, 19 de marzo.
Se ha recibido oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado con enmiendas el proyecto iniciado en moción que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica.
Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto iniciado en mensaje que moderniza la oferta en la educación parvularia.
Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado una modificación a su reglamento para simplificar el procedimiento de reemplazo de senadores en las comisiones, en el caso que indica.
Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recabado en el proyecto iniciado en moción, que establece el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Glaciares.
Oficio de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, remite al archivo los proyectos iniciados en moción; boletines 8741-9016-10910-22 y 16274-07.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Medina, Arce, Delgado, Morales, doña Carla e Ibáez, y de los diputados señores Bobadilla, Borges y Yoyarzo, que modifica diversos cuerpos legales para diferir la eliminación de antecedentes penales en los casos que indica.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ñanco, Bello, González, doña Marta, Jerez, Rojas, Tello y Llamas, que modifica el Código Procesal Penal para proteger la integridad física y psíquica de personas gestantes y puérperas en la realización de diligencias investigativas y actuaciones procesales.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Veloso, Ñanco, Pérez, doña Catalina y Llamas, y de los diputados señores Barría, Bugueño, Jordano, Rosas y Sáez, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, para regular la provisión de cargos de planta en períodos previos y posteriores a una elección municipal.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, Ahumada, Concha y Rafael, y de los diputados señores Arroyo, Cornejo y Lee, que modifica la ley 20.370, general de educación, para incorporar en las bases curriculares de la educación básica y media una asignatura obligatoria de ciberseguridad y educación digital.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Undurraga, don Francisco, Alessandri, Becker, Berger, Borges, Fuenzalida, Guzmán y Mellado, don Miguel, que modifica la ley 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, para regular la subrogación del gobernador regional que sea candidato en segunda votación.
Finalmente, presidente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Manucheri, Bianchi, Camaño, Mellado, don Cosme y Melo, y de las diputadas señoras Chicardini y Nullado, que modifica la ley 18.290, de Tránsito, para eximir del examen teórico a quienes hayan poseído licencia de conducir profesional por el tiempo que indica. Esa es toda la cuenta para esta...
Sesión, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Moreno.
Gracias, presidente. Quería pedir el acuerdo a la sala para que el proyecto siete pase en vez de la Comisión de Mujeres a la Comisión de Seguridad, dado que modifica el Código Procesal Penal.
¿Hay acuerdo para la solicitud? No hay acuerdo. En votación. Les rogamos, colegas, que nos esperen un minuto porque la Secretaría está haciendo los ajustes necesarios para que la materia de la votación esté…
¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Por favor, es una falta de respeto no permitir que la diputada Marta González llegue a su voto. ¿Ah? ¿Cómo? Listo.
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 39 votos, 26 en contra, 2 abstenciones. Aprobado.
Sobre la cuenta, diputada Ñanco. Presidente, muchas gracias. Sobre la cuenta, quisiera solicitar que el número 7, el proyecto iniciado en moción, boletín número 17412-34, que pasó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, pudiese ser traspasado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
Sí, le doy la palabra al señor Secretario. Honorable Cámara, habiendo habido un pronunciamiento de la sala solo por unanimidad, podría cambiarse el trámite, porque se acaba de votar a pedido del diputado señor Benjamín Moreno. ¿Hay unanimidad para la petición de la diputada Ñanco? No la hay.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta.
Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica el decreto ley número 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto de avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, correspondiente al boletín número 16.270-14, que viene del Senado. Cada parlamentario que haga uso de la palabra dispondrá de tres minutos para ello. Brinde el informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, el diputado Luis Cuello.
Gracias, gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales pasa a informar el proyecto de ley que modifica el decreto ley 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto de avalúo fiscal que permita acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, correspondiente al boletín número 16.270-14.
Acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, el segundo trámite constitucional y primero reglamentario. La idea matriz consiste en elevar el valor máximo del avalúo fiscal que permite a los poseedores de bienes raíces solicitar su regularización. Resumen del contenido aprobado por el Senado. El texto aprobado por el Senado y por la Comisión de Vivienda, sin modificaciones, consta de un artículo único que modifica el inciso primero del artículo 1 del Decreto Ley 2695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, aumentando el monto del avalúo fiscal de los bienes raíces rurales y urbanos para acceder a su regularización.
Respecto de la síntesis de la discusión general, se hizo presente en la Comisión que el Decreto Ley 2695 es un proceso administrativo excepcional, aplicado por el Ministerio de Bienes Nacionales, diseñado para regularizar la posesión material de un inmueble. Otorga el título de dominio de la propiedad y, con ello, la seguridad y certeza de ser dueño legítimo del terreno. Se planteó que, producto del reavalúo que realiza el Servicio de Impuestos Internos cada cuatro años, el valor de los inmuebles, especialmente los rurales, se ha disparado considerablemente, lo que ha traído aparejada una disminución de las regularizaciones, sobre todo en áreas urbanas. Se remarcó que el 75% de los inmuebles regularizados son de carácter rural, mientras que sólo el 25% son urbanos, lo que evidencia las dificultades que el límite del avalúo fiscal exigido genera en el acceso a este mecanismo.
Así, la norma establece que los poseedores materiales de bienes raíces, rurales u urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a mil unidades tributarias mensuales y que carezcan de título inscrito, podrán solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes, a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que establece la presente ley. La Comisión, coincidiendo con los propósitos perseguidos por la iniciativa, especialmente la necesidad de perfeccionar la actual normativa, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad, con los votos de las diputadas Emilia Nullado y Marcia Raphael, y de los diputados Cristian Araya, Juan Fuenzalida, Tomás Hirsch, Jorge Zafirio y Ken Abla. Por los argumentos y las razones señaladas, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda a la Sala aprobar este proyecto con las modificaciones propuestas por la Comisión. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. Gracias.
Antes de iniciar el debate, se ha solicitado el ingreso del subsecretario de Bienes Nacionales a la Sala, don Sebastián Vergara. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo.
Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado Jaime Sáez y, con posterioridad, el diputado Jorge Radhiev.
Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días a toda la Sala.
El proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 2695 y que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objeto de aumentar el monto del avalúo fiscal que permite acceder a la regularización de bienes raíces urbanos, es un proyecto muy importante porque da solución a un conjunto no menor de chilenos y chilenas, particularmente en mi región, en Puerto Montt, en ciudades como Castro, en Ancud y en lugares aledaños a los centros históricos de las ciudades más importantes del sur de Chile. Se está produciendo un fenómeno de abandono de las propiedades; el pequeño comercio se ve dañado y el entorno urbano también se deteriora por el aumento excesivo de los avalúos, ya que el peso de las contribuciones se termina transformando en una carga imposible de sobrellevar.
Es importante que tengamos responsabilidad en el aporte que todas las personas en Chile debemos hacer en concepto de impuestos territoriales, pues ello contribuye al desarrollo de nuestras comunidades. Sin embargo, es fundamental que el Estado pueda hacerse cargo, no solamente con este tipo de proyectos de vigencia determinada, sino con medidas más estructurales que solucionen el problema de la carga financiera, sobre todo de los adultos mayores en distintos lugares de nuestro país, particularmente en zonas como Chiloé, Puerto Montt y Calbuco.
Muchas gracias, Presidente.
Tiene la palabra el diputado Jorge Radgev y, a continuación, el diputado Tomás Hirsch.
Gracias, señor presidente. Ya se señaló en la lectura del informe por el diputado Luis Cuello que esta modificación se debe, entre otras cosas, al excesivo y elevado avalúo que han tenido las propiedades, refiriéndose particularmente a las de carácter rural. Es un tema que hemos venido señalando desde hace bastante tiempo. Respecto a ese exceso de avalúo, cuya causa nadie sabe bien, ha impactado en el tema de las contribuciones; si bien se reduce la tasa y se pagan menos contribuciones, el avalúo del bien sigue siendo alto. Por ello, debe presentarse este proyecto, ya que muchas personas que tenían pequeños bienes y que no estaban regularizados —debido a sucesiones o porque en el linde no estaban claros los avalúos al aumentar— quedaban fuera del beneficio.
Vamos a solucionar de a poco este problema generado por el exceso de avalúo, porque tampoco los propietarios pueden impedir que sus hijos no postulen a beneficio de estudios por contar con un capital muy grande. Sucede lo mismo respecto de aquellas personas que arriendan propiedades de Bienes Nacionales, pues el arriendo es del 8% del avalúo; por lo tanto, al subir el avalúo, también aumenta el monto del arriendo. Tendremos que ir modificando cada ley de forma particular, ya que a la autoridad se le ocurrió, sin razón aparente, incrementar excesivamente el avalúo de los predios urbanos y rurales, lo que, lejos de pretender recaudar más, se traduce en una recaudación cada vez menor. Además, la subdivisión de propiedades provoca que muchas de ellas queden fuera del ámbito agrícola.
Por ello, aunque la moción que nace de los senadores tiene buenas intenciones para solucionar un problema, la situación que lo origina finalmente no se aborda con efectividad. Es por ello que, conjuntamente con la Comisión de Agricultura del Senado, se ha acordado conformar una comisión bicameral que, espero, en esta Cámara se apruebe para profundizar en este asunto y evitar soluciones particulares. De lo contrario, tendremos que modificar asimismo la ley que se refiere a las becas, la gratuidad o lo que incumbe al arriendo de los bienes fiscales. Aprobemos esta norma; sin embargo, reconozco que el problema se está abordando de manera poco seria y que tendremos que legislar uno a uno, perdiendo tiempo, por una decisión de aumentar artificialmente el avalúo de los bienes urbanos y rurales a lo largo de varios gobiernos.
Muchas gracias, señor presidente.
Diputado Cuello, de Reglamento.
Sí, presidente, gracias. Lo que sucede es que quedan muy pocos inscritos. Solicitaría a la sala reconsiderar el ingreso del subsecretario de Bienes Nacionales para que pueda intervenir en el debate, ya que es importante que informe la visión del Ministerio respecto a este proyecto de ley, que considero relevante para muchas personas. Gracias.
¿Hay acuerdo para la solicitud? No lo hay.
Diputado Tomás Hirsch tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Las políticas públicas de vivienda muchas veces están desactualizadas, especialmente en lo que respecta a la regularización de títulos de dominio tanto en zonas urbanas como rurales. ¿Cuántas veces hemos escuchado a familias protestar porque los loteos que con tanto sacrificio adquirieron no les permitían acceder a servicios de urbanización o a subsidios del Estado por no tener sus papeles al día? ¿Cuántas veces hemos oído a familias que llegan hasta nuestras oficinas digitales comentando que, con el tiempo, los avalúos de las propiedades han subido y ahora quedan fuera de la norma debido a montos desactualizados en los procedimientos? Este proyecto contribuirá a superar esa gran barrera para miles de familias que no han podido regularizar sus propiedades. Es bastante sencillo: antes, para poder regularizar los bienes raíces, los predios urbanos debían tener un avalúo menor a 800 UTM (y unos 53 millones de pesos), y los predios rurales, un avalúo menor a 350 UTM.
Muchas gracias, señor presidente.
El caso de los predios rurales. Hoy lo que hace este proyecto es que propone que exista un solo límite de avalúo, que es de mil UTM, es decir, alrededor de 68 millones de pesos. Esto significará que miles de familias podrán acogerse a las políticas públicas de vivienda. Especialmente, contribuirá al Plan de Emergencia Habitacional, un gran esfuerzo para que cientos de miles de familias puedan acceder a una casa propia, vivir de manera digna con los servicios básicos necesarios y optar por programas de mejoras de vivienda y de urbanización.
Este proyecto demuestra que, modificando a veces pequeñas normas –en este caso, un guarismo, un número– es posible realizar cambios sustanciales en la vida de las personas y de las familias más necesitadas. ¿Resuelve todos los problemas de vivienda? No, de ninguna manera. Sin embargo, es un avance importante en un aspecto específico y, por lo mismo, tal como se reflejó en la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, donde hubo unanimidad, llamo a aprobar este proyecto de ley. Ojalá por unanimidad en esta sala, dando una señal clara de que, con este pequeño cambio, se puede mejorar la condición de vida y el anhelo de cientos y miles de familias de nuestro país.
He dicho, presidente, gracias.
Tiene la palabra el diputado Jorge Zafirio y, con posterioridad, el diputado Juan Salidas.
Gracias, presidente. El proyecto que discutimos hoy es una actualización de los avalúos permitidos para hacer efectivo el decreto ley 2006-95, que tiene por objeto establecer un proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz, tanto urbana como rural, de nuestro país. Esto, señor presidente, es de todo sentido, puesto que dichos avalúos no han sido modificados desde 1989. Como sabemos, en este Congreso Nacional las propiedades incrementan sus avalúos constantemente y, desde esa última modificación, son muy pocas las propiedades que pueden ser afectadas a regularización por la vía de este decreto.
Pero, ¿qué importancia tendría esta regularización? Es fundamental para quienes, cumpliendo todos los requisitos que exige la legislación, no tienen certeza jurídica de los bienes que, por historia y cuidados, les son propios, ya que su avalúo es muy bajo. Así, 800 unidades tributarias mensuales equivalen a 54 millones de pesos, un avalúo que no se corresponde con los valores actuales de muchos inmuebles urbanos que podrían regularizarse mediante este decreto.
Además, este proyecto no solo reconoce el alza de los avalúos fiscales de los inmuebles urbanos para aplicar el decreto ley 2006-95, sino que también pretende igualar los avalúos de los inmuebles rurales, dotando de la protección legal al dueño que regulariza predios rurales y reflejando el aumento de sus avalúos. Esto es particularmente relevante, considerando el gran flujo migratorio interno de personas que, durante décadas, se han trasladado de la ciudad al campo y no han podido regularizar sus propiedades, ya que actualmente el decreto solo permite regularizar propiedades de hasta 380 unidades tributarias mensuales, equivalentes a 25 millones de pesos.
Por esta razón, señor presidente, considero de todo sentido la propuesta que plantea este proyecto de ley, ya que entrega seguridad jurídica a las personas e iguala las condiciones para regularizar la pequeña propiedad de miles de familias de nuestro país, sin distinción entre zonas urbanas y ruralidad. Por ello, y por la protección de los bienes de las familias, hoy aprobaré esta iniciativa, instando a ustedes, colegas, por su intermedio, presidente, a aprobarla.
Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Juan Salidas y, con posterioridad, el diputado Cristian Araya.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero señalar que vamos a aprobar este proyecto, el cual proviene del Senado, y cuyos autores son la senadora Luis Perger, la senadora Gatica, el senador René García, el senador Espinoza y el senador Galilea. A través de este proyecto –y que fue acogido también por el Ministerio de Bienes Nacionales– se establecen mejoras en los procedimientos relativos a la regularización de la pequeña propiedad raíz.
Pero se establezcan dos condiciones. Primero, que se termine con esta división que se hacía entre inmuebles rurales e inmuebles urbanos. Y el segundo término, lo que hace es modificar el valor de avalúo fiscal para efectos de poder iniciar el procedimiento. La norma actual, que está siendo modificada por este proyecto de ley, establece un monto demasiado bajo, tanto para los bienes rurales como para los bienes urbanos. En cambio, acá lo que se hace es aumentar el monto de la tasación para efectos de ampliar que más personas puedan iniciar este tipo de procedimientos. Muchas personas hoy día tienen entrampada la regularización de su propiedad porque proviene de diversas sucesiones o herencias que no han sido tramitadas, u otras situaciones. Y, por lo tanto, creo que es un proyecto que va en la línea correcta, que no tendrá incidencia alguna en las contribuciones, porque simplemente amplía el marco en el que más propiedades, es decir, más personas, podrán regularizar a través del procedimiento del decreto ley número 2006-95.
En lo particular, voy a aprobar, presidente, he dicho. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya y, con posterioridad, el diputado Bernardo Berger.
Presidente, este proyecto generó un amplio consenso en la Comisión de Vivienda, porque viene sólo a aumentar el avalúo fiscal al que pueden estar sujetos los planes de regularización de la pequeña propiedad raíz. Yo creo que hay un solo punto —y por eso pedí la palabra—, porque es bastante obvio lo que representa este proyecto, pero hay un aspecto que quiero destacar de la discusión que se dio en la Comisión. Tanto el ministro como el subsecretario de Bienes Nacionales abordaron la dificultad que tienen, ya que el 20% de las solicitudes ingresadas —recordemos que el año pasado se recibieron 3.668 solicitudes de regularización de pequeñas propiedades raíces— fueron rechazadas porque el avalúo era superior a lo que permitía la norma. Y aquí hay un punto neurálgico, que es la nebulosa del avalúo fiscal. O sea, el Servicio de Impuestos Internos, con un criterio que nadie entiende y que todo el mundo desconoce, determina cuál es el avalúo de una propiedad. Hay lugares en los cuales representa el 20% del valor comercial, en otros el 40% y en otros el 60%. Nadie sabe cuál es el criterio. Creo que esto es algo que esta corporación debe enfrentar, porque se traduce, entre otras cosas, en el pago de contribuciones, contribuciones que asfixian a la clase media chilena y que hoy son un drama muy profundo y grave que atormenta a miles y miles de adultos mayores. Porque un señor, en una oficina —del que no sabemos quién es— determinó que su casa era una mina de oro. Bueno, ojalá se abra el espacio; esto no lo va a hacer. Esperamos que un gobierno futuro, el de José Antonio Kast, enfrente este tema. Lo hicimos en el proceso constitucional 2: hay que eliminar definitivamente el pago de contribuciones. Creo que es una forma muy antigua y abusiva de extrangular a los contribuyentes. Este proyecto de ley, que responde al problema que generan estos avalúos fiscales indeterminados —y por eso la conexión, para que algunos no se pongan nerviosos—, es un buen proyecto de ley, lo vamos a aprobar y estoy seguro de que generará un amplio consenso, como es parte del espíritu de esta corporación: generar puentes, llegar a consensos y acuerdos, ¿o no?
Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger y, con posterioridad, el diputado Daniel Lilayú.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Señor presidente, hoy apoyaré con fuerza esta moción porque toca un tema de sentido común: el derecho de las familias chilenas a regularizar sus viviendas y acceder a la certeza de ser dueños de lo que con tanto esfuerzo han hecho.
Han construido. La realidad es clara: miles de familias llevan años habitando sus terrenos, muchas veces heredados o adquiridos de buena fe, pero no pueden obtener su título de dominio porque el avalúo fiscal de esos predios se ha disparado, especialmente en los sectores rurales que, por el crecimiento de las ciudades, han visto cómo su valor se acerca al de las zonas urbanas. Esto solo es injusto. Es un castigo a la gente que ha hecho las cosas bien y que hoy se ve atrapada por una burocracia que no distingue la realidad social de la especulación inmobiliaria. Y, peor aún, esta situación no solo impide regularizar, sino que también excluye a estas familias de los subsidios y beneficios estatales destinados precisamente a los más necesitados. ¿Cómo puede el Estado negar la ayuda por culpa de un avalúo que no refleja la verdadera realidad de estas familias? Eso es lo que hoy estamos corrigiendo.
Sabemos que muchas familias, además, enfrentan otros problemas como títulos imperfectos o diferencias de superficie respecto al catastro oficial. Por eso, la reciente interpretación de la Contraloría, que permite avanzar dejando atrás trabas innecesarias, es un paso en la dirección correcta. No podemos seguir poniendo muros donde deberían haber puentes. La propuesta de fijar el límite de avalúo fiscal en mil UTMs es justa y necesaria. No estamos inventando la rueda, ya que existe un precedente en la ley de la reconstrucción tras los incendios en el Gran Valparaíso y Viña del Mar. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio para miles de familias que solo piden seguridad jurídica y la tranquilidad de saber qué es lo que les pertenece? Porque no hay libertad más básica que poder vivir seguro en lo que es propio. Y, como siempre he sostenido, cuando el Estado deja de proteger la propiedad y el esfuerzo de su gente, deja de cumplir su rol más básico.
Hoy tenemos la oportunidad de corregir esa injusticia y dar un paso real hacia la certeza jurídica y la dignidad que merecen estas familias. No hacerlo sería seguir dándole la espalda a los que más lo necesitan de este Congreso. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Daniel Lillayun.
Con posterioridad, toma la palabra el diputado Agustín Romero: Gracias, señor Presidente. Para hacer un poco de memoria, en el año 1979 se publicó el Decreto Ley 2695 para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, con el objetivo de enfrentar el deficiente proceso de planificación territorial y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz, tanto urbana como rural. Las disposiciones de dicho decreto han tenido gran aplicabilidad desde la fecha de su publicación y han sido modificadas en reiteradas ocasiones en virtud de ajustar su contenido a la realidad práctica de nuestro país.
Sobre el punto, señor Presidente, creemos necesario mencionar que actualmente los interesados deben cumplir con una serie de requisitos para poder ejercer el derecho que les confiere el decreto. Primero, estar en posesión del inmueble sin violencia ni clandestinidad por lo menos cinco años. En segundo lugar, acreditar que no existe juicio pendiente en su contra que tenga por objeto la declaración de dominio o posesión del inmueble. Además, se debe acreditar que no existe un juicio pendiente o sentencia condenatoria por el delito de usurpación. Asimismo, el decreto establece como requisito esencial que la propiedad que se intenta regularizar no puede tener un avalúo fiscal superior a 800 UTM. Tanto los mocionantes como representantes ejecutivos sostienen que el monto establecido ha dejado de ser representativo de los valores actuales de los predios, limitando así la posibilidad de ejercer el derecho que les confiere el decreto.
En ese sentido, señor Presidente, la iniciativa propone aumentar dicho monto a 1000 UTM, con la finalidad de ajustar los requisitos del decreto a la realidad territorial del país. Por todo esto, creo que es un buen proyecto y anuncio mi voto a favor. He dicho. Tiene la palabra el diputado Agustín Romero y, con posterioridad, el diputado Juan Carlos Beltrán.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán y con posterioridad el diputado…
Fernando Borges. Muchas gracias, señor Presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la Corporación. Inicio mi intervención, señor Presidente, lamentando que no se permita el acceso, el ingreso del Subsecretario de Bienes Nacionales, quien creo que es importante que se le pueda escuchar y, sobre todo, responder algunas consultas. Este proyecto, señor Presidente, permite, entre otras cosas, modificar el Decreto Ley 2695 de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio.
En mi permanente recorrido por las comunas del Distrito 22, que componen la provincia de Malleco y la provincia de Cautín de la región de la Araucanía, en donde los vecinos y, particularmente, el sector rural me manifiestan que no pueden postular a los beneficios del Estado, a una serie de beneficios a los que todo ciudadano tiene derecho, y particularmente a la postulación a un subsidio habitacional, la casa propia, el sueño de toda familia, y que evidentemente los sectores rurales también lo requieren. Recordemos que, generalmente en los campos, señor Presidente, los padres entregaban de palabra un terreno a sus hijos como una manera de apoyar a sus seres queridos. Así me lo han manifestado algunos vecinos de los sectores rurales de Lonquimay, cuando recorro permanentemente mi comuna de Curacautín, Lumaco, entre otros lugares, y Tallén. Razón por la cual, señor Presidente, creo que este proyecto efectivamente beneficia a la gente y, en forma muy especial, a los sectores rurales. Pido a mis colegas parlamentarios poder aprobar y votar favorablemente, idealmente por unanimidad, porque es la manera como podemos ayudar a la gente del sector rural.
Muchas gracias, señor Presidente. He dicho.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra a continuación el diputado Agustín Romero.
Agustín Romero. Gracias, Presidente. Hoy debatimos un proyecto que atiende una realidad concreta para muchos chilenos que viven en la incertidumbre jurídica respecto a sus hogares. La regularización de la pequeña propiedad raíz no es un mero tecnicismo legal, es un acto de justicia que permite a miles de familias consolidar su derecho de dominio sobre terrenos que han poseído por años, muchas veces por generaciones, sin contar con la seguridad que otorga el título de propiedad. Actualmente, el Decreto Ley 2695 de 1979 establece límites de avalúo fiscal irrealistas que han quedado obsoletos frente a la evolución del mercado inmobiliario y al crecimiento de las ciudades. Con avalúos fiscales en constante aumento, miles de chilenos han visto frustradas sus solicitudes de regularización, simplemente porque su propiedad, sin haber cambiado en su esencia, ha sido revalorizada artificialmente por un Estado que cobra impuestos pero no otorga certeza.
El corazón de este proyecto es sencillo y necesario: aumentar el umbral de avalúo fiscal a mil unidades tributarias mensuales, eliminando una traba arbitraria que ha impedido que muchas familias accedan al dominio legítimo de sus propiedades. No estamos hablando de grandes latifundios ni de especulación inmobiliaria; hablamos de viviendas modestas, de pequeños terrenos en comunas que han crecido sin planificación estatal y donde los habitantes han debido abrirse camino por su cuenta, enfrentando burocracia y desigualdad ante la ley. Regularizar la propiedad no es un favor del Estado, señor Presidente, es un derecho. El derecho a la propiedad privada es un pilar fundamental de una sociedad libre y ordenada, y es precisamente la inseguridad jurídica la que perpetúa el abuso, la ocupación ilegal y el clientelismo político de quienes lucran con la precariedad. Presidente, si de verdad queremos un país donde el esfuerzo tenga recompensa y donde la ley sea instrumento de justicia y no de discriminación, debemos votar a favor de este proyecto. De lo contrario, seguiremos condenando a miles de familias a vivir en la informalidad, sin acceso a servicios básicos y bajo la amenaza constante de la incertidumbre legal. Este es un avance concreto hacia la estabilidad y la certeza jurídica, principios que han sido bandera de lucha de quienes creemos en un Chile de propietarios y no de dependientes del Estado.
He dicho, señor Presidente.
A continuación, tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
Sergio Bobadilla. Presidente, valorar esta iniciativa que tiene como único fin facilitar la regularización de la propiedad. Regularizar la propiedad, sin duda, trae tranquilidad.